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“Mandar obedeciendo” … ¿a la poderosa agroindustria?
Dic 23, 2017
El País on Line
Esta misma semana, el martes 19 de diciembre, el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo de varios puntos con los “Barones del Oriente”, representados por poderosas instituciones y organizaciones empresariales, otrora enemigas a muerte del “proceso de cambio”, y que hoy en día son las principales beneficiarias del “gobierno de los movimientos sociales”.
No sólo la poderosa Cámara Agropecuaria el Oriente (CAO) firmó el acuerdo, sino también con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio cruceña (CAINCO), la Cámara de Exportadores (CADEX), la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA), y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA).
La prensa en general solamente se centró en uno de los aspectos del acuerdo: la libre exportación de soya, sorgo, carne de res, azúcar, alcohol y subproductos. Y, acríticamente, celebraron la noticia como un acierto, sin reparar (o quizás notando y socapándolo) que aquella es la medida neoliberal que siempre soñaron los agroempresarios. Aunque este quizá es uno de los puntos que menos controversia debería generar el acuerdo.
Los puntos 1 y 3 de las conclusiones de la Mesa 1 (sobre Tierras y Reservas Integrales), se refieren a la casi eliminación de Reserva Forestal de Guarayos, de más de un millón de hectáreas (más grande que el TIPNIS), con el fin de reconocer “asentamientos” e “inversiones” que hasta ahora estaban al margen de la ley, es decir que son ilegales, fruto de penetraciones irregulares a lo largo de varios años.
El punto 2 de la Mesa 1 legaliza las quemas ilegales de bosques de los últimos 8 años. Para vergüenza del MAS de los primeros años, y orgullo del MAS actual, el punto dice textualmente: “Se acuerda regularizar las quemas accidentales y no autorizadas, conforme a la propuesta presentada por la ABT. Esta reglamentación considerará las gestiones 2009 para adelante, incluyéndose también a la reserva de Guarayos”.
El punto 4 de la Mesa 1 le quita sus atribuciones al Viceministerio de Tierra “para iniciar procesos contenciosos administrativos de revisión de títulos ejecutoriados (…), por lo que se elimina la posibilidad de impugnar títulos por esta vía”.
En otras palabras, los agroempresarios estarán “blindados” para que sus títulos de propiedad agraria con vicios de nulidad no sean objetados y revisados jurídicamente por el Viceministerio de Tierras y otras instancias de control.
Recordemos que ya el año 2015, la Fundación TIERRA –una de las ONG amedrentadas y acusadas de “derechistas” por el gobierno de Morales- denunció públicamente la existencia de 126 predios titulados con una extensión por encima de 5 mil hectáreas cada uno, es decir por encima del límite máximo establecido en la Constitución Política del Estado.
El punto 6 de la misma Mesa 1 también adelanta un futuro provisorio para la importación y uso de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas cada vez más cuestionados en el mundo), para lo que promete “se establecerá una mesa de trabajo”.
Finalmente –aunque el acuerdo da para más-, el punto 5 de la Mesa 2 (Exportaciones y Biotecnología), refiriéndose al uso de semillas transgénicas y agroquímicos, establece que “el sector privado presentará una propuesta hasta fines de marzo”.
Algunos analistas han advertido que esta redacción esconde el compromiso del gobierno de aprobar el uso extendido de semillas transgénicas y de agroquímicos sin registro ni control, y que además de soya, se ampliará el uso de semillas transgénicas a los cultivos de maíz, algodón y caña de azúcar.
Ante tantos privilegios -inconstitucionales y/o ilegales-, cabe preguntarse si los agroempresarios de repente representan la agenda del “Vivir Bien”, o si hay una nueva definición para esa noción, o si al final el gobierno ha decidido enterrar ese postulado definitivamente, salvo, claro está, para los discursos.