Ni Una Más – El derecho de nuestras hijas a estudiar sin violencia

Ni Una Más – El derecho de nuestras hijas a estudiar sin violencia

Careashaninka
7 de febrero, 2018

La Central Ashánika del Río Ene se solidariza con la familia de Jimena, una niña de sólo 11 años, con sueños y aspiraciones, y que lastimosamente se incorpora en la larga lista de víctimas de la violencia de género en nuestro país. Queremos aportar, desde nuestra posición, como representación de los Asháninkas del río Ene, al debate en torno a la violencia contra la mujer, especialmente las menores, en la esperanza que la tragedia de Jimena no degenera en simple espectáculo mediático, sino que sirve como símbolo e impulso para una lucha frontal contra toda clase de violencia de género.

La integración de las comunidades asháninkas a la sociedad nacional ha sido una sucesión de actos de violencia; madereros, invasores, narcotraficantes y terroristas son sólo algunos peligros que nuestras comunidades han sabido confrontar durante las últimas décadas. Sin embargo, desde muchos años, CARE lucha contra un peligro especialmente complejo y triste; la violación sexual de niñas asháninkas por docentes.

Sólo la semana pasada hemos recibido la lamentable noticia de una alumna de nivel primaria de la comunidad Quempiri, que ha quedado embarazada a raíz de una violación sexual. El agresor fue su profesor de aula, ABEL SORIO SOTO. El docente la violó en el camino a casa, y en otro momento fue empujada al baño de la escuela, donde Abel Sorio abusó de ella durante el horario de clases.

Sólo tres meses atrás, en octubre del año pasado, habíamos informado sobre la violación de dos alumnas de nivel primaria en la comunidad de Unión Puerto Asháninka. Las chicas señalaron haber sido violentadas por el docente JULIO QUENTIMARI VILLANES en diversas oportunidades. La denuncia penal se originó a raíz de tocamientos indebidos en las partes íntimas de la alumna durante las clases por parte de Julio Quentimari, a quien se le encontró en flagrancia por parte de la especialista de la DIGEIBIRA, quien se quedó perplejo ante el hecho que estaba presenciando.

CARE asumió la defensa legal de la menor. La fiscalía, sin embargo, intentó en todo momento separar los abogados de CARE del caso, indicando falsamente que el asunto era un caso entre agresor y víctima, y que una organización indígena no tendría derecho a interferir en el proceso, desconociendo así el Convenio Internacional 169 de la OIT, que asegura a la población indígena una representación especial, tanto en términos políticos como legales.

Ya en el 2015, CARE denunció la violación sexual de dos menores en la comunidad Centro Caparocia por parte de su profesor WANDER CUEVA MISHARI a raíz de la cuál resultaron embarazadas dos alumnas. El Ministerio Público ya archivó el primer caso por insuficiencia probatoria y está a punto de archivar el segundo caso por la misma razón; supuestamente no existen pruebas contundentes.

Nuestras niñas son víctimas de una violencia sexual generalizada. Y esta violencia sexual se ha naturalizado. Para las autoridades de las distintas instituciones, desde los Municipios, UGEL o Poder Judicial, el abuso sexual de las niñas es el precio que los Asháninkas tienen que pagar si quieren “gozar” de los servicios públicos, como Educación, Salud, etc. Siempre hay comprensión para el agresor. En una conversación con un especialista de la UGEL Satipo, aquél nos reprochó; “¿Pero qué quieren que hagan los docentes ahí, si están solos?” La víctima, en cambio, siempre es culpada y difamada. Nos dicen que las chicas de la comunidad son “mentirosas” y “bien regalonas”, o, como dijo últimamente Federico Zalazar, que ahí “hay un tema hasta cultural”.

Las niñas asháninkas del río Ene tienen derecho de gozar de una buena educación. Nuestras escuelas deben ser espacios de aprendizaje, donde nuestros hijos e hijas pueden experimentar, divertir y desenvolverse libremente, sin temor ni miedo de sufrir violencia.

CARE exige al Poder Judicial de poner más énfasis en la lucha contra la violencia sexual, colaborar con las autoridades comunales y las organizaciones indígenas en la resolución de los casos. Exigimos a la DREJ y a la UGEL Río Tambo y UGEL Ene-Mantaro de no adjudicar docentes con denuncias, acelerar los procesos administrativos y mejorar su data con información policial e información de las comunidades y organizaciones indígenas.

Unamos nuestras fuerzas en la lucha contra la violencia de género. ¡Defendamos nuestras hijas!