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febrero 25, 2018
Crisis de la máquina del chantaje
Raúl Prada Alcoreza
El gobierno clientelar quiere seguir controlando a las organizaciones indígenas y campesinas; se desespera por hacerlo, bajo el mismo mecanismo de cooptación clientelar de la dirigencia; sin embargo, al haber tocado al señorío aymara de Achacachi ha tocado el avispero, así como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada cuando perpetró la masacre del Altiplano en el entorno de Warisata. Al hacerlo ha despertado a otro de los movimientos sociales antisistémicos de la movilización prolongada (2000-2005), que ahora se reactiva, retomando el proceso truncado por el “gobierno progresista”. La movilización de Achacachi contra el Gobierno Municipal corroído y contra su Alcalde corrupto se prolongó a lo largo de casi dos meses. Conformó un pacto con las comunidades indígenas amazónicas del TIPNIS; lo que convierte a la movilización social anti-sistémica contra el gobierno clientelar en una confederación andino-amazónica.
Ante la pérdida de control del MAS de lo que consideraba eran sus bases fundamentales en el Altiplano, intenta preservarlo; empero, de la manera menos aconsejable, mediante la maniobra, el montaje y la imposición de minorías clientelares. La reacción de los veintisiete cantones contra el montaje de un Congreso manipulado es la muestra patente de la resistencia aymara ante la escandalosa usurpación del sindicalismo campesino y de las organizaciones indígenas.
Más de 20 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre Ponchos Rojos durante un Congreso, que se efectuó en Huarina. Congreso donde se eligen a los máximos representantes de la provincia Omasuyos. En dicho Congreso se hicieron presente el canciller Fernando Huanacuni, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas y el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos. La intentona gubernamental derivó en trifulca; petardos y piedras se lanzaron en la pelea, donde estaban involucrados los conocidos Ponchos Rojos de Warisata y Achacachi. Los veintisiete cantones se oponen a que se posesione a dirigentes afines al MAS en el cargo de Ejecutivo Provincial; máxima autoridad de la provincia Omasuyus. El periódico Página Siete informa que el ejecutivo cantonal de Achacachi, Freddy Tallacagua, relató a ANF, que el Congreso auspiciado por Huanacuni y Rojas se realizó de forma ilegal con solo 10 cantones, pretendiendo desconocer a los representantes de 27 cantones. “Este congreso ha sido encabezado por Eugenio Rojas y otros exdirigentes como Édgar Ramos Laura que pretenden separar a la provincia Omasuyus, eligiendo un ejecutivo provincial para 10 cantones, que es la minoría, y a los otros 27 cantones, que somos la mayoría, no quieren escucharnos. Nosotros somos los verdaderos Ponchos Rojos sindicalistas y no éstos que se han vendido por dinero para aliarse al MAS”. Tallacagua añadió que, tras las agresiones sufridas, la provincia Omasuyos se declaró en estado de emergencia y dijo que los campesinos heridos de gravedad fueron trasladados al hospital del Norte de la ciudad de El Alto. “En el sector Ancoraimes tenemos 10 heridos; en Tacamara, tres; Achacachi, tres; en el sector del lago Titicaca, dos; y en Franz Tamayo otros dos lesionados, aunque hay más. Mañana (hoy-domingo 27 de febrero-) nos vamos a reunir; ahora estamos en emergencia y ya se definirá si se toma acciones legales contra los agresores. El dirigente explicó que antes del enfrentamiento pidieron una reunión con el canciller Huanacuni, que participaba en el Congreso de los Ponchos Rojos, a quién le solicitaron que intervenga en el conflicto para que se elija a un solo representante a nivel provincial. “En ese momento estaba el hermano canciller Fernando Huanacuni y como es autoridad máxima, conversamos y le pedimos participar del evento y nos dijo que nos organizáramos por comisiones para instalar el diálogo y elegir una sola autoridad”. Explicó que una vez conformadas las comisiones, los representantes de los 27 cantones ingresaron al Congreso y el otro bando de Ponchos Rojos junto con las autoridades de Estado solicitaron un cuarto intermedio de 10 minutos, tiempo en el que Huanacuni “escapó” desatando el enojo de los comunarios[1].
Este recuento de los hechos muestra la gravedad del problema y del conflicto. Estamos ante no solo la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, sino de manera más específica, ante la crisis de la maquinaria del chantaje y de cooptación del Estado-nación subalterno y colonial. La maquinaria del chantaje ya no puede lograr sus objetivos, la cooptación, la captura mediante las redes clientelares; no solo rechina, sino que ya no funciona eficientemente. Se enfrenta a la resistencia del pueblo aymara. La gravedad tiene el alcance de la crisis múltiple del Estado-nación, investido demagógicamente como “Estado Plurinacional”; la gravedad adquiere los perfiles de enfrentamientos, a los que azuza el “gobierno progresista”. Esto se debe a que no quiere ceder, no quiere hacerlo, a pesar de que la correlación de fuerzas ya no está a su favor. Visto en perspectiva esto es un suicidio gubernamental. Ahora bien, la gravedad también tiene que ver con la proyección de la movilización anti-sistémica renovada y retomada. ¿Cómo retomar el proceso de transformaciones truncado por el gobierno clientelar? ¿Cómo diseñar la proyección nacional, incluso continental, de liberaciones y emancipaciones? ¿Cómo canalizar los descontentos generalizados contra la farsa populista? ¿Cómo articular e integrar las movilizaciones en una perspectiva política que salga del círculo vicioso del poder, que no se detenga en la decadencia populista, tampoco retroceda al ignominioso pasado neoliberal? Estos son los grandes desafíos de la coyuntura.
Han emergido colectivos ciudadanos, que articulan y motivan la movilización ciudadana urbana; colectivos ciudadanos que no tienen que ver, como ellos mismos lo han dicho, con los partidos de oposición, a pesar de la cantaleta trivial del gobierno de culparlos por su incumbencia con los partidos de la llamada “oposición”. Estos colectivos ciudadanos se han irradiado nacionalmente, en varias ciudades capitales del país. Haciendo un balance rápido de las movilizaciones del 21 de febrero de 2018, que defienden el voto popular del 2016, a pesar de su contundente manifestación ciudadana, que intenta negar la propaganda gubernamental, no se ha articulado con las movilizaciones sociales anti-sistémicas renovadas; por ejemplo, del TIPNIS, de Achacachi, de los Yungas. Para lograr lo que se persigue, la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución, además para que esta defensa se realice como victoria política, es indispensable que los colectivos ciudadanos se articulen e integren con los movimientos sociales anti-sistémicos. La perspectiva política de transiciones consensuadas se encuentra en esta articulación e integración. Ahora bien, para que ocurra esto, es condición indispensable reconocerse, además, claro está, de conocerse; de despertar empatías. Algunos comportamientos, no de los colectivos ciudadanos, sino de algunos ciudadanos movilizados, llaman la atención, pues demuestran el retorno a prejuicios raciales, haciendo lo mismo que los que interpelan, discriminar y descalificar. Obviamente este comportamiento no coadyuva a la integración potenciadora de las movilizaciones en curso. Hay que aprender, sobre todo, que el pueblo combativo no está dispuesto a volver al pasado oprobioso neoliberal, si bien está en contra de seguir manteniendo la esperanza en una ilusión montada por el montaje espectacular y del teatro político de la crueldad del gobierno clientelar, expresión del populismo desgarbado del siglo XXI.
[1] Leer Enfrentamiento de Ponchos Rojos deja más de 20 heridos. http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/25/enfrentamiento-ponchos-rojos-deja-heridos-171046.html.
Notas