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El CIG y Marichuy: honestidad y congruencia
Magdalena Gómez
La Jornada
Está en curso el análisis y valoración de la experiencia inédita, de postular a una mujer indígena como aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República. Para ello, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dirigieron a las personas, grupos, colectivos y organizaciones, pueblos, comunidades del campo y de la ciudad, indígenas y no indígenas, barrios, tribus y naciones que, en México y en otros países, hicieron suya la iniciativa de conseguir el registro de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez. Las próximas semanas se conocerán los balances colectivos que dejó la importante tarea de recabar firmas y también dolores, como han señalado los zapatistas, frente a las amenazas o consumación de despojos sufridos.
Ciertamente sabemos que entre el 16 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de este año se obtuvieron limpiamente, y no es dato menor: 281 mil 955 firmas. De ellas, 10 mil 624 fueron capturadas en papel, no en aplicación digital, de las cuales, la inmensa mayoría corresponden a asambleas comunitarias. Más de 93 por ciento de las firmas recabadas fueron reconocidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como válidas. Institución a la que además de enviar las firmas, se reportaron, por la asociación civil mencionada, cada una de las operaciones que permitieron llevar a cabo sus tareas.
Mientras se realizan las valoraciones, desde abajo, en la sesión ordinaria del Consejo General del INE, del pasado 28 de marzo, al presentarse el dictamen de fiscalización de los ingresos y egresos de aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, el caso de María de Jesús Patricio Martínez fue destacado por su ejemplar cumplimiento en la rendición de cuentas. El consejero Ciro Murayama señaló: “Ella reportó ante esta autoridad 375 operaciones. Ella sólo cargó 16.5 del total registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por todos los aspirantes a la Presidencia. En promedio, mientras los aspirantes registraron una operación por cada 22 mil pesos de gasto, ella, en cambio, cargó una operación por cada mil 482 pesos.
Esto demuestra un nivel de rendición de cuentas muy por encima del promedio y me parece que el INE no puede ser indiferente a las condiciones propias en que trabajó cada uno de los sujetos que se presentaron a la búsqueda de apoyo. Y, en este caso, fue claro que existió un ánimo de cumplimiento, por lo que propongo que las observaciones a su dictamen sean sancionadas sólo con amonestación pública y no con multa económica y esperemos que la participación de distintos sectores y voces de la población indígena en este país pluricultural sigan teniendo expresión en nuestros procesos electorales.
Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aparte de acompañar esta propuesta, como hicieron los demás consejeros, señaló: “estamos frente a un caso que me parece vale la pena subrayar como un caso paradigmático no solamente por alguien que pertenece a comunidades indígenas que son comunidades desaventajadas (sic) por una serie de razones incluso históricas, sino además por la disposición a jugar con reglas en su momento, en lo que tenía que ver con la captación de los apoyos ciudadanos exigidos por la Ley… fue un ejercicio honesto que hoy me parece debe volver a subrayarse y enfatizarse”. Para quienes participamos en este proceso resulta obvio y natural el proceder honesto y, sin embargo, dado el contexto fraudulento en que se obtuvieron las firmas, por la y los aspirantes que de independientes no tienen nada, es muy alentador el reconocimiento de que la vocera del CIG asumió con seriedad y rigor el cumplimiento de unas normas elaboradas desde la óptica de la clase política partidista.
Y, sobre todo, que se dé constancia pública de que el intento de aparecer en la boleta electoral se hizo con seriedad, pese a que se entró a una cancha que no considera a sujetos colectivos que tienen derechos. En ese sentido, no se pueden pedir peras al olmo. El lenguaje de los consejeros omitió toda consideración a los derechos que están en juego, o a las modificaciones normativas necesarias. No es sólo con declaraciones de buena voluntad como se logrará superar la exclusión y racismo, plasmado en la legislación y aplicado ciegamente por sus operadores: esperemos que sigan participando integrantes de este país pluricultural, o muy desafortunadas como calificar de desaventajadas a las comunidades. Con todo, fue positivo el consenso del INE en torno a la excepcionalidad, la honestidad y la congruencia en la rendición de cuentas, de la hoy ex aspirante Marichuy. Continúa el caminar del CIG, porque la violencia no tiene tregua, ahí está la agresión priísta a integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, opositores a la eólica en Oaxaca.