Mundos alterativos y subversión de la praxis. Potencia y trama política

Potencia y trama política
Mapa de la potencia social

Raúl Prada Alcoreza

La potencia social no es la organización, tampoco el movimiento; es lo que se expresa en el movimiento, en la movilización, en las composiciones de sus dinámicas. La organización es una creación de la potencia social, en el movimiento y la movilización se manifiesta la potencia como fluido gigantesco de la energía social. Los saberes puestos en juego al momento de la movilización son composiciones cognitivas e interpretativas del colectivo social. Los objetivos que se plantea, en el momento del movimiento, el conjunto o el conglomerado social involucrado, es consensuado por las singularidades y composiciones de la potencia social. La potencia es la capacidad inventiva social, es la capacidad asociación, de articulación, de participación social.

La potencia social es capacidad de asociación, así como la fuerza y la acumulación de la fuerza social, fuerza inmediatamente vinculada con la capacidad intelectiva de crear. La potencia social es posibilidad, también condición de posibilidad histórica; deviene fuerza social, fuerza histórica, cuando las asociaciones múltiples acumulan una disponibilidad de fuerzas capaces de afectar en el curso de los acontecimientos.

La potencia social efectiva se da cuando las múltiples asociaciones, las múltiples composiciones, se orientan a cruzar los umbrales del mapa institucional dado. Esto equivale no sólo a una integración de fuerzas, sino también de voluntades, así como de apreciaciones e interpretaciones compartidas, de saberes activistas, que inciden, a través de las acciones, en las coyunturas de procesos.

Potencia social en Bolivia

La potencia social efectiva en Bolivia tiene que visualizarse teniendo en cuenta distintos periodos, distintos contextos, escenarios y coyunturas. Podríamos hablar de la genealogía de la potencia social; empero, esta tesis supone un nacimiento, una emergencia, un momento constitutivo, además de su desplazamiento en el tiempo histórico. ¿Es así? ¿Hay continuidad? ¿No es más bien discreto? Distintos nacimientos, distintas emergencias, distintos momentos constitutivos, manteniendo todavía este concepto zavaleteano[1].

Los hombres y mujeres que hicieron la revolución de 1952 no son los hombres y mujeres que se movilizaron de 2000 al 2005, durante la movilización prolongada. Hay una memoria social, es cierto; pero la memoria social tampoco es continua, no se da en un sujeto, llamado pueblo, como si fuese el mismo, además de suponer un sujeto. El supuesto de sujeto es una pretensión insostenible, aunque lo nombremos como sujeto social. No hay tal persona, salvo en el imaginario político. Se trata de multitudes, conformadas por singularidades subjetivas y corporales. La memoria social se reconstruye colectivamente, mediante la recuperación de lo acontecido, recurriendo a remembranzas, orales o escritas, incluso ahora, audiovisuales. La memoria social se reconstruye en el debate, en la interpelación, retomando el pasado como referente. Se trata de un pasado representado, de la representación del pasado. Es imposible sostener que se habla del pasado, como una entidad ontológica perdurable. Ese acontecimiento, que tuvo su presente, ya no está. Lo que se trae a escena es su representación, cuyo valor es servir no sólo como argumento, no sólo como ejemplo y referente, sino como artefacto representativo en las luchas del presente.

Si esto pasa con dos acontecimientos modernos, la revolución de 1952 y la movilización prolongada de 2000 a 2005, lo mismo pasa, con mayor relevancia, cuando nos remontamos a un pasado más lejano; por ejemplo, la guerra federal, así como los levantamientos indígenas del siglo XVIII. No son, con toda certeza, ni los mismos hombres ni las mismas mujeres. La memoria social de estos acontecimientos se reconstruye en otras luchas, acudiendo a las representaciones forjadas de estos pasados, para comprender mejor las luchas del presente en cuestión. Hay pues una invención del pasado; invención en pleno sentido, como recreación representativa, como constitución de una memoria social, selectiva y creativa. Esto significa que lo que tienen a mano, por así decirlo, los y las combatientes, es el presente. Lo que hacen es dilatar este presente en el espesor rescatado por la memoria social.

No hay pues, precisamente, una genealogía de la potencia social. Lo que hay es una constante reproducción de la potencia social, la que recurre a la invención y recreación del tiempo histórico, del pasado. Lo que hace la memoria social es construir un pasado constitutivo para lograr dilatar un presente, haciendo de este momento el lugar y la perspectiva desde donde se abre un nuevo horizonte.

El asenso

El análisis de la movilización prolongada de 2000 al 2005 debe efectuarse a partir de su propio estallido, su campo de singularidades, de sus propios mecanismos y engranajes conformados. En relación a la historia, lo que interesa es comprender cómo los movilizados se reinventan el pasado, como espesor representado de su propio presente, como imaginario social y como recurso en la formación discursiva de la movilización.

Los insurrectos son los que defienden el bien común del agua, los que defienden la tierra, los que defienden los recursos naturales, los que defienden los hidrocarburos, los que se levantan en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, los que se levantan contra el proyecto y el modelo neoliberal, cuyo costo social destruyó parte de la cohesión social y parte del aparato productivo. Este conglomerado social, de organizaciones, de multitudes, de masas, de pueblos, articuló un bloque popular e indígena capaz de lograr la secuencia de victorias políticas durante los seis años de luchas[2].

La potencia social derrotó al modelo neoliberal, si se quiere, al Estado neoliberal, expresado en la mega-coalición conservadora; derrotó la forma de dependencia extrema ocasionada por el neoliberalismo. Abriendo el camino a un “proceso” politico, llamado “proceso de cambio”. ¿Qué viene después? La potencia social es capturada por el Estado-nación. ¿Cómo ocurre esto? Para responder esta pregunta requerimos de una digresión sobre el Estado[3].

Límites del Estado y transición

El Estado-nación es el Estado moderno. Bolivia es este Estado-nación, desde la independencia. Hablar de Estado aparente, para distinguir la condición de más Estado de la condición de menos Estado, no es otra cosa que diferenciar, si se quiere, grados y formas del mismo Estado. En todo caso, lo aparente, la condición de aparente, es el mismo Estado. El Estado como tal, como sujeto, como unidad, como entidad trascendente, no existe; lo que existe es el campo institucional, el campo burocrático, el campo político, el campo social, el campo escolar, que reinventan la institución imaginaria del Estado.

Una tesis sugerente es la que define el Estado como campo de luchas. Como si distintas formas de Estado se disputaran la hegemonía, la definición del perfil. Esta tesis es ilustrativa; empero, de ahí a creer que una de las formas de Estado es la que va a liberar al pueblo, a la sociedad, a los pueblos indígenas, no es más que “ideología”. Pueden, algunas formas de Estado, mejorar las condiciones sociales, mejorar las condiciones de las relaciones de intercambio del país con el sistema-mundo capitalista; empero, de ninguna manera puede quebrar los límites del Estado, la estructura nuclear del Estado; no puede modificar la función estatal. El Estado, como campo institucional, como campo burocrático, como campo político, no puede sino reproducir su mapa institucional, que no es otra cosa que la reproducción de los diagramas de fuerzas, de las relaciones de dominación y de las estructuras de poder, inscritas en el programa de esta fabulosa maquinaria. El problema en las sociedades periféricas, en los Estado-nación subalternos, es que están, en el marco del orden mundial, en el contexto del sistema-mundo capitalista, para administrar la transferencia de recursos naturales a los centros y potencias emergentes del sistema-mundo. Aún cuando sean más progresistas los gobiernos de los Estado-nación, no pueden romper los límites impuestos por la dependencia. Para hacerlo, están obligados a trastrocar no sólo los perfiles de los términos de intercambio, sino las mismas estructuras y la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Este trastrocamiento no puede efectuarse en las condiciones de Estado-nación. Se requiere de una transición política que vaya más allá del Estado-nación.

La potencia social, desplegada en la movilización prolongada, no pudo atravesar los umbrales del Estado-nación. El gobierno progresista preservó el Estado-nación como defensa; usó el Estado para efectuar reformas, logró mejorar los términos de las relaciones de intercambio, al nacionalizar los hidrocarburos, a su modo. Empero, al ser una forma “progresista” del Estado-nación, no podía cumplir con la Constitución, que establece tres condiciones de transición: las condiciones de plurinacional, comunitaria y autonómica. En términos de transformaciones institucionales, esto equivale a la destrucción del Estado-nación y a la construcción del Estado plurinacional. El gobierno progresista hizo lo que estaba en su “instinto” político, preservar el Estado-nación, optando por el camino de las reformas.

Esta es la contradicción del gobierno progresista con la Constitución. Para los movimientos sociales, la Constitución es un ideal plasmado, que debe realizarse. Para el gobierno la Constitución es un texto de propaganda. Esta es la contradicción del gobierno con los movimientos sociales, por lo menos con los movimientos sociales efectivos, que se dieron desde el 2000 hasta el 2005. Estas dos contradicciones son como generadoras, por así decirlo, del resto de contradicciones, que se dan proliferantemente en las dos gestiones de gobierno.

La potencia social, mejor dicho, la composición lograda por la potencia social, tal como se plasmó, de acuerdo al alcance de su irradiación, al no atravesar los umbrales del Estado-nación, fue capturada por este mismo Estado. Sus fuerzas sirvieron para reproducir la nueva forma de Estado-nación. Una forma populista investida con simbología indígena. Se puede decir, con cierta aproximación, que la composición histórico-política plasmada de la potencia social, las fuerzas de los movimientos sociales, fueron capturadas por su propio “producto”. Fueron capturadas por el Estado-nación, por mediación, de un gobierno progresista, que también fue un “producto” de los movimientos sociales, aunque también lo haya sido del mayoritario voto electoral.

Ciertamente, la potencia social no desaparece, aunque parte de sus fuerzas sean capturadas y sirvan para la reproducción del poder. La potencia social sigue generando su energía vital, sólo que ahora se encuentra en otra parte, generando resistencias a la política económica del gobierno, que optó por el modelo extractivista. Generando alteratividades minuciosas, detalladas, en la filigrana del campo politico y del campo social. Desplegando nuevas fuerzas, todavía no articuladas, en la consecución de alternativas. Resistiendo desde lo comunitario, lo común, a la expropiación privada y pública. ¿Cuándo se dará lugar una nueva articulación, un nuevo bloque popular, aprendiendo de esta experiencia dramática, que repite la trama política? No lo sabemos. Lo que se sabe, no se puede perder de vista, es que las tareas del momento corresponden a articular las nuevas resistencias, buscando una nueva composición de la potencia social, capaz de atravesar los umbrales del Estado-nación.

Las gestiones de gobierno

En el polo del poder, el gobierno es la acción política del Estado. El gobierno es la ejecución, es el ejercicio de poder como institucionalidad concentrada. El gobierno es la administración y la conducción de la nave del Estado. Es el lugar donde se definen las políticas públicas. Se toman las decisiones sobre la coyuntura y el periodo; se enfrentan los problemas, los conflictos, de una u otra manera. Aunque la política económica se encuentra condicionada por el sistema financiero internacional, de todas maneras, el gobierno, puede definir márgenes de maniobra o entregarse de brazos llenos a las determinaciones del sistema financiero mundial. Hablamos no del gobierno de sí mismo, no del gobierno del hogar, tampoco del gobierno de la ciudad, sino del gobierno del país, del gobierno del Estado.

La primera gestión de Evo Morales Ayma se hizo cargo de un Estado en crisis. Seis años de luchas sociales desnudaron la crisis múltiple del Estado-nación. El gobierno, resultado de una victoria electoral contundente, al asumir el lugar vacío del ejercicio institucional del poder, se vio ante el dilema inicial. ¿Qué hacer? ¿Qué clase de gestión efectuar? ¿Administrar el Estado? ¿Efectuar cambios radicales, desde el inicio? Seguramente la decisión ha sido difícil, incluso si no había mucha “conciencia” respecto a la implicación de las opciones. De todas maneras, la cúpula adivinaba lo que se jugaba, desde las primeras decisiones de gobierno. Sabemos que la opción se inclino por el realismo político. Se entiende que había más argumentos a favor de esta alternativa; se corría menos riesgos y se ganaba tiempo.

Esa primera decisión ya muestra la psicología de los gobernantes. Hombres cautos, excluyendo de antemano toda audacia. La audacia quedó para el discurso, no para la acción. En un ambiente de alta legitimidad social, con movimientos sociales que salían victoriosos de una lucha de seis años, contando con una movilización que ya había ventilado la autogestión, que había mostrado vigorosos movimientos, capaces de sitiar y tomar ciudades, la cautela de los gobernantes, es un síntoma de debilidad, no de firmeza. Seguramente el temor de gobernar sin tener experiencia en la administración pública influyó también en la decisión.

Digan lo que digan al respecto los voceros, sobre todo el ideólogo del gobierno, no se puede ocultar esta primera ambigüedad. Todo lo que se pueda decir a favor del realismo político, se lo hace argumentando a favor de esta tesis; pero, no explica, de ninguna manera, el por qué se optó por continuar con un forma de administración liberal, continuando la gestión institucional del Estado, en un momento favorable de correlación de fuerzas. Este primer paso, direcciona los siguientes.

Ciertamente no se puede explicar la primera gestión de gobierno sólo a partir de las estructuras de poder heredadas, haciendo abstracción de los individuos que conforman el gobierno. Como tampoco se puede explicar de manera inversa, sólo atendiendo a los perfiles individuales de los gobernantes. Ambas perspectivas pecan de sesgo; la primera, porque convierte al gobierno en la ejecución antelada de lo establecido en las estructuras de poder; la segunda, porque convierte al gobierno en una comedia de conspiraciones banales. Aunque la primera perspectiva tenga, sin lugar a dudas, más peso, sea más consistente analíticamente, no se puede obviar la incidencia de las personas influyentes. En este sentido, vamos a intentar interpretar la secuencia de la primera gestión a partir del la visualización del periodo desde ambas perspectivas.

Evo Morales Ayma es el caudillo, el mito, la convocatoria del mito. El constructo del imaginario colectivo. El símbolo carnal del gobierno, convertido por la propaganda gubernamental en el símbolo del “proceso de cambio”. De máximo dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba pasó a ser el primer presidente indígena de la Republica de Bolivia, después del Estado plurinacional de Bolivia, que de plurinacional sólo tiene el nombre. Las decisiones políticas las toma el presidente, en primera o en última instancia. Su carácter imperativo, su carisma, influyen mucho en el comportamiento de su gabinete, incluyendo al mismo vicepresidente. Es difícil hablar de él como un estratega, más es la espontaneidad, muchas veces improvisada, y la intuición, algunas veces equivocada, acaecida erróneamente cada vez más seguido en el segundo periodo de su gestión. Como en todo caudillo, su imagen atrayente no es perdurable, se desgasta; es mantenida con desesperación con publicidad y propaganda, como si estos medios restituyeran el ánimo de la gente.

La persona de más influencia en el gobierno, después del propio presidente, es Álvaro García Linera. Por su formación política y académica, por venir de la experiencia de una organización que se propuso la guerrilla como medio para resolver la cuestión del poder[4], por venir de un colectivo de interpelación radical, de investigación y activista[5], tenía plena “consciencia” de lo que estaba en juego en la decisión inicial del gobierno. El vicepresidente se convirtió de radical en el ideólogo del realismo político. Es muy probable que haya sido él quien más haya influenciado en la inclinación por la decisión inicial, fuera de ser el responsable de la argumentación y justificación de la opción tomada. Vamos a dejar las conjeturas sobre por qué lo hizo, por qué se convirtió en un “pragmático”, pues esto nos llevaría a la especulación. A partir de este momento, el vicepresidente asume el rol de ideólogo del gobierno, pretendiendo también ser el teórico del “proceso”, que es otra cuestión. Sus discursos, sus libros, publicados por la Vicepresidencia, sus intervenciones, son la más clara expresión de una ideología “pragmática”, que persigue sostener la justificación del decurso de un gobierno, que optó, desde un principio por el reformismo y no por la transformación.

Los ministros fueron un resultado de la composición de las fuerzas, aunque el presidente sea el que tome la primera y la última palabra al respecto. No se puede decir que había una pugna de tendencias, como el apresuramiento de los medios de comunicación hicieron entender, recurriendo a esquemas acostumbrados. En un ambiente confuso, donde había primero que orientarse, es difícil hablar de pugna de tendencias. Menos decir que había una tendencia “alvarista” y otra tendencia “evista”. Estas hipótesis hablan de la carencia del periodismo y de los medios de comunicación. El consenso sobre el realismo político fue compartido por todos.

Los celos individuales y mezquinos que pudiera haber habido no pueden tomarse en cuenta para explicar el decurso de este gobierno popular. Eso queda en los pasillos y nada más. La autoridad del presidente era indiscutible; se acataba por consenso compartido o por decisión del presidente. La relación de los hombres más influyentes con el presidente ciertamente no es la misma, hay variedad y jerarquías. Empero, todos, sin excepción, anteponían, en primer lugar, su voluntad para satisfacer las demandas del presidente. No había, entonces tendencias, lo que había es una adecuación de todos en el escenario institucional. Además de la necesidad de aprendizaje y ganar experiencia.

En relación a la medida más importante de las dos gestiones de gobierno, que es la nacionalización de los hidrocarburos, se puede decir que el hombre de influencia en la formulación del Decreto “Héroes del Chaco” fue Andrés Solíz Rada. Sobre todo por su formación en la izquierda nacional, viniendo de un grupo político de características marxistas nacionalistas, que tenía como estrategia y convicción política la defensa de los recursos naturales, la recuperación soberana de los mismos a través de las nacionalizaciones[6]. El ministro de la nacionalización salió del gabinete, cuando se tuvo que tomar nuevas decisiones “pragmáticas”, en relación a PETROBAS. En una coyuntura cuando se comenzó a ceder ante esta empresa trasnacional del país vecino, el ministro nacionalizador estaba demás.

Un paso dado condujo a otros. Del no cobro, como corresponde, a PETROBRAS, por el excedente calorífero del gas húmedo, se llegó a contratos de operaciones desnacionalizadores, entregando el control técnico de la producción de hidrocarburos a las empresas trasnacionales. La ventaja del gobierno, al nacionalizar fue mejorar los términos de las relaciones de intercambio, mejorar notoriamente los ingresos del Estado, por concepto de la explotación de los hidrocarburos. Este incremento repercutió en la disponibilidad del Tesoro y de las instituciones involucradas en el reparto. El problema es que esta mejora no puede ser el fin de una nacionalización, que debería continuar dando pasos urgentes hacia la industrialización. Sin embargo, el gobierno prácticamente se contentó con este logro. Las plantas separadoras no pueden considerarse como el inicio de la industrialización, son sencillamente plantas separadoras de la composición de los hidrocarburos.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente fue la otra medida crucial de la primera gestión del gobierno. Esta convocatoria fue planteada, en primer lugar por las organizaciones indígenas, CIDOB y CONAMAQ, apoyadas por el Pacto de Unidad, que incluye a las tres organizaciones campesinas, CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB. Aunque una versión de los dirigentes de las juntas de vecinos de El Alto dicen que la convocatoria a la Asamblea Constituyente no estaba incluida en la Agenda de Octubre, la verdad es que la Agenda de los movimientos sociales del país si la incluyeron. Por lo tanto, llegar a la Asamblea Constituyente recogía el anhelo de las mayorías por fundar o refundar el Estado.

No vamos a entrar al detalle de la dramática historia de la Asamblea Constituyente. Nos remitimos a los textos que han tratado el tema[7]. Lo que interesa, en este balance, es anotar que cuando por fin se promulga la Constitución Política del Estado (2009), la segunda gestión de gobierno no la cumple. No aplica la Constitución. Prefiere continuar por el camino optado en la primera gestión, el camino de las reformas, ocultando la distancia de sus políticas con la Constitución con una abrumadora propaganda. ¿Por qué ocurre esto?

Hipótesis

La Constitución es lo que constituye normativamente, legalmente, jurídicamente; es la composición jurídica y política de un Estado. Son los cimientos jurídicos y políticos, si se puede hablar así, del Estado. El que se haya elaborado una nueva Constitución, después de la de 1826, considerando todas sus reformas constitucionales, es la manifestación clara y la voluntad determinante de construir un Estado en transición sobre nuevas bases. La principal inquietud constituyente tiene que ver con la colonialidad, la herencia colonial, el haber dejado de lado a las naciones y pueblos nativos al momento de la primera Constitución. En la república no se incluyeron a las mayorías nativas. Ahora se trataba que las mayorías plasmen su voluntad en la Constitución y en la construcción del nuevo Estado.

El Estado que establece la Constitución de 2009 es un Estado plurinacional comunitario y autonómico, integrado por la interculturalidad, en la perspectiva del sumak Kausay/sumaj qamaña[8]. Para construir este Estado plurinacional se tiene que demoler lo que sostiene al Estado-nación y al Estado-nación mismo: la institucionalidad moderna, homogénea, única. Un Estado plurinacional se construye sobre el pluralismo institucional. Frente a este requerimiento, el gobierno progresista retrocedió, “consciente” o “inconscientemente”. Vaya a saber cuántos del gobierno entendían la significación histórica y política del Estado plurinacional, las implicaciones y consecuencias de asumirlo y construirlo. Lo cierto es que prefirieron desgañitarse en la publicidad y propaganda de que ya somos un Estado plurinacional, como arte de magia de la promulgación de la Constitución. Era muy cómodo cambiar el vestido a la misma persona, que cambiar de persona, que dejar nacer a otra persona. Como dijimos en otros escritos, el gobierno progresista cayó en el mal de la época: la inclinación desesperada por la simulación[9].

Para el gobierno, cuyo contenido “ideológico” es el nacionalismo, cuya composición redefine populistamente el perfil reformista, cuya retorica izquierdista repite el discurso de un anti-imperialismo del siglo pasado, es inaplicable la Constitución, pues su aplicación implica la destrucción del Estado-nación. En otras palabras, dejar de ser gobierno bajo los códigos liberales y la gestión pública institucionalizada. Ser otra clase de “gobierno”, como establece la Constitución, en el marco del sistema de gobierno de la democracia participativa y pluralista, era también la desaparición de los privilegios, de las jerarquías, de la burocracia. Después de conquistar el poder, lo menos que quería era perderlo. Al optar por conservar el poder, en vez de destruirlo, decidió por el camino de la reproducción del Estado-nación, optó por la misma trama de todas las “revoluciones”, que cambian el mundo; empero, se hunden en sus contradicciones.

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