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14-04-2018
El “ajuste” silencioso del Gobierno de Lenin Moreno
Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa
Rebelión
Es momento que el régimen de Lenin Moreno rectifique el sesgo empresarial y neoliberal de su política económica y evalúe las probables consecuencias de su Programa Económico, sobre todo para los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad que serán quienes, para variar, asuman directamente los costos de este programa económico de ajuste blando.
Pronunciamiento del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa a propósito del Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva del gobierno de Lenin Moreno
El 2 de abril de 2018, el Presidente Constitucional del Ecuador, Lenin Moreno, ha dado a conocer el “Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva”, en el que propone cuatro ejes y 14 medidas y acciones de política económica, entre las cuales cabría destacar, entre las más importantes, a las siguientes medidas:
El compromiso de reducir el déficit fiscal del 5.64% en el 2018 al 2.47% en el 2021
La reducción anual del gasto del Estado en 1.000 millones de USD por año
El incremento temporal de techos arancelarios para bienes de consumo
La amnistía tributaria para pequeñas, medianas y grandes empresas y en plazos diferenciados
La eliminación gradual del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)
Un programa de exenciones tributarias para las nuevas inversiones
La renegociación de la deuda externa
La flexibilización laboral
La eliminación del anticipo al impuesto a la renta
La consolidación de las Alianzas Público-Privadas para varios sectores económicos
La liberalización de la balanza de capital por la vía de la apertura a la banca financiera transnacional
Y el impulso al fomento de la economía popular y solidaria.
Este conjunto de medidas se contextualizan en un ambiente en el cual la sociedad ecuatoriana resiente del modelo político y económico instaurado en el periodo 2007-2017, y que utilizó al Estado y a la institucionalidad pública para consolidar la dominación política sobre la sociedad por un solo partido político (el partido político Alianza País), y que generó un ambiente de autoritarismo, corrupción y abuso de poder.
En esas circunstancias, el discurso que pregona la reducción del tamaño del Estado, la disciplina fiscal, y la privatización, entre otros conceptos, y que hacen referencia al Consenso de Washington y las reformas neoliberales que le son inherentes, suscita acogida en la sociedad y empieza a convertirse en hegemónico en los medios de comunicación y en el debate público.
Así, el actual gobierno, para distanciarse del anterior régimen político y crear condiciones propias de gobernabilidad, ha considerado conveniente adscribirse a la crítica neoliberal del Estado y buscar alianzas políticas con los grandes grupos empresariales y sectores financieros a quienes considera como los actores fundamentales para la reactivación económica y, de esta manera, contradice su discurso político, su adscripción ideológica, su programa electoral y sus promesas de campaña.
Ante ese escenario, el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa considera conveniente realizar las siguientes críticas y puntualizaciones al Programa Económico presentado por el gobierno de Lenin Moreno:
Las medidas expuestas no están articuladas de forma coherente con la necesidad de liquidez, reactivación económica e impulso de la demanda, porque no contemplan aspectos fundamentales de toda estrategia de reactivación, como por ejemplo: (i) políticas de tasas de interés; (ii) políticas de mercado interno; (iii) políticas de articulación sectorial entre agricultura, industria, servicios, y desarrollo científico-tecnológico; (iv) políticas selectivas de tributación directa e indirecta; (v) políticas salariales; (vi) políticas de balanza comercial; (vii) políticas de seguridad social, entre otras.
El programa económico de estabilización fiscal no es realista con la meta anunciada de reducción del déficit fiscal, porque no considera el hecho que una economía dolarizada no tiene instrumentos de política monetaria para amortiguar los efectos de la balanza de pagos sobre la economía y, al mismo tiempo, la necesidad de liquidez interna. En efecto, la meta de déficit fiscal que se ha propuesto el régimen (2,47% del PIB para el año 2012), es incompatible con la dolarización de la economía, porque la dolarización se sostiene, al menos desde el año 2014, en el endeudamiento público externo.
El Programa Económico presentado por el gobierno, convierte a los grandes empresarios en los sujetos fundamentales de la reactivación económica, en un contexto en el cual los grandes grupos económicos se han caracterizado por su débil responsabilidad tributaria (los grandes grupos económicos aportaron, en promedio, con el 2,29 % del PIB en impuesto a la renta, a pesar de haber obtenido ingresos por cerca del 57,8% del PIB); por su poder de dominancia de mercado (casi todas las ramas productivas son controladas por monopolios y grupos económicos); por su permanente afán de búsqueda de rentas (la deuda de los diez principales grupos económicos al SRI y por contribuciones fiscales no pagadas fue, en el año 2017, de 1.776, 5 millones de USD); por las externalidades negativas que generan y por su escaso aporte en generación de empleo, innovación tecnológica y mitigación del cambio climático.
El Programa Económico propone una amnistía tributaria para todos los sectores económicos en un contexto de reactivación económica y crecimiento del PIB, lo que genera riesgo moral para todas las actividades económicas, en virtud de que aquellas empresas que cumplieron adecuadamente con sus responsabilidades fiscales reciben una señal contradictoria que premia el incumplimiento tributario.
El Programa Económico no considera el hecho que la economía ecuatoriana está saliendo de la recesión económica del periodo 2015-2016, gracias al consumo de los hogares y el impulso de la demanda agregada interna. En efecto, la reducción anual de 1.000 millones de USD por la vía de la disminución del gasto público tiene efectos directos sobre la demanda agregada interna y, por tanto, sobre el crecimiento de la economía. En este sentido, la propuesta gubernamental tiene un sesgo recesivo sobre el crecimiento y el empleo.
El gobierno ha cedido a la presión de los grandes grupos empresariales en su demanda de eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); sin embargo, este es un impuesto de comportamiento que busca disuadir la fuga de capitales y conservar niveles adecuados de liquidez interna para sostener la dolarización. Una eliminación del ISD implica menores costos de transacción para la fuga de capitales y crea una situación de riesgo moral sobre la liquidez interna porque se convierte en una amenaza inminente sobre la dolarización.
El gobierno de Lenin Moreno ha cedido, asimismo, a la presión de los grandes conglomerados empresariales que consideran fundamental la flexibilización laboral. En ese sentido, el régimen dice acoger las necesidades en materia laboral de los sectores agrícola, turismo, pesquero, que tendrían necesidades propias de contratación laboral. No obstante, los sectores señalados por el gobierno se caracterizan por mantener una alta dominancia de control de mercado de los grupos económicos. En efecto, para el sector turismo se puede constatar la posición dominante del grupo Futuro S.A., (familias Sevilla, Navarro, entre las más importantes); para el sector agrícola de los grupos Pronaca (familias Bakker, Klein, Vilaseca, entre las más importantes) y el grupo transnacional Nestlé; y para el sector pesquero del grupo Omarsa (familia Vanoni Darquea). La flexibilización laboral perjudicaría directamente a los trabajadores mientras que beneficiaría a grupos económicos que mantienen posiciones de monopolio y de dominación de mercado. A través de la flexibilización laboral, estos grupos pueden obtener mayores excedentes económicos que los consolidan en sus posiciones de monopolio.
En virtud de que en el año 2018 el gobierno utilizó como variable de ajuste la inversión pública que descendió del 14% del PIB en el año 2014, al 5% del PIB en el año 2018, es de suponer que la estrategia de Alianzas Público-Privadas que propone el gobierno se sustentará en una transferencia de infraestructura y servicios públicos hacia el sector privado, bajo modalidades de concesión de servicios o administración compartida o única, y que implican, de hecho, la privatización de la infraestructura pública, bajo la argumentación que el Estado no dispondría de recursos para su mantenimiento y reinversión.
La liberalización de la balanza de capitales por la vía de la apertura a la banca financiera transnacional, no considera el hecho de que las crisis financieras y monetarias de fines del siglo pasado, y las crisis de las hipotecas sub prime en EEUU y Europa, se suscitaron, precisamente, por la desregulación financiera y la apertura indiscriminada de las cuentas de capital. La banca financiera internacional necesita sustentos en la economía real para consolidar sus niveles de apalancamiento. La industria financiera internacional ha desarrollado complejos productos financieros como los derivados financieros, o las transacciones de alta frecuencia, y está íntimamente vinculada a la denominada shadow bank. Con esta medida, el régimen expone al país a los riesgos de la globalización financiera. Existe una ingenuidad, por decirlo de alguna manera, por parte del régimen que cree que la apertura de la cuenta de capital implicaría disminución de la tasa de interés, cuando las experiencias históricas demuestran justamente lo contrario.
El programa económico carece de una visión social y es incompatible con la propuesta “Toda una Vida”, presentada por el actual gobierno como eje central de la política pública. En efecto, al existir altos costos de transacción para la desvinculación laboral en el sector público, lo más probable es que el ajuste y la reducción del tamaño del Estado impliquen la desarticulación de programas sociales, programas de vivienda, programas de educación y salud. El régimen, de esta manera, sacrifica su política social para salvar los equilibrios fiscales y proteger los ingresos de los grandes grupos económicos.
Las medidas propuestas por el régimen de Lenin Moreno están plenamente sintonizadas con las demandas de las grandes empresas y de los sectores neoliberales. A pesar de su forma y de su discurso en el cual ratifica su voluntad de no imponer “paquetazos económicos” (como se conocen a las medidas económicas de shock), en realidad el programa presentado por el gobierno puede ser calificado como un programa de ajuste silencioso, o ajuste blando. En ese sentido, este programa prefigura nuevos programas de ajuste macrofiscal que se irán radicalizando a medida que la sociedad procese sus consecuencias sin mayor resistencia y oposición.
Este programa de ajuste blando o silencioso, en realidad va a concentrar el ingreso y va a acentuar la desigualdad social. La disminución del tamaño del Estado tendrá como variable de ajuste la supresión de programas de atención social para poblaciones pobres y vulnerables. La flexibilización laboral acentuará la precarización del empleo. Las excesivas concesiones tributarias a los grandes empresarios acentuarán sus impulsos de búsqueda de rentas instaurando desequilibrios e injusticias tributarias que castigan a los más pobres y que incentivan a los empresarios a incumplir con la normatividad vigente. La paulatina supresión del ISD instaurará un ambiente de incertidumbre sobre la dolarización. Empero, el país sigue necesitando políticas de reactivación económica y redistribución del ingreso, habida cuenta de los altos niveles de subempleo y desempleo abierto existentes.
Es momento que el régimen de Lenin Moreno rectifique el sesgo empresarial y neoliberal de su política económica y evalúe las probables consecuencias de su Programa Económico, sobre todo para los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad que serán quienes, para variar, asuman directamente los costos de este programa económico de ajuste blando. Además, el programa económico de estabilización fiscal presentado por el gobierno afecta la frágil gobernabilidad existente en el país y contribuye a crear un ambiente de incertidumbre política, conflicto social, al tiempo que acentúa la brecha del ingreso entre los más ricos y los más pobres.
Como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, le hemos entregado al Sr. Presidente, un conjunto de medidas económicas que, lamentablemente, ni una sola de ellas fueron consideradas como parte de una estrategia de reactivación con equidad y sustentabilidad. No obstante, esas medidas económicas presentadas y discutidas con el Presidente de la República y su gabinete económico, son el referente que es posible otra economía y que existen alternativas viables y posibles a los ajustes silenciosos.
Quito, 9 de abril de 2018
Por el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa
Pablo Dávalos A. (Siguen más firmas)