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Tribunal echa abajo versión de la PGR sobre la desaparición de normalistas
La investigación del caso Iguala no fue independiente ni imparcial
No se exploraron las líneas que apuntaban a la participación del Ejército y la Policía Federal
Magistrados ordenan reponer el procedimiento y crear una comisión para la verdad y la justicia
Emir Olivares Alonso y César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 5 de junio de 2018, p. 3
En una sentencia inédita, un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura. Cabe aclarar que no se trata de procesos presentados por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
Con este fallo, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.
El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución en la que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez consideraron que las indagatorias del caso, dirigidas por la PGR, son irregulares y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
Tortura a detenidos
Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, señaló.
Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. Los magistrados determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, defensoras de las garantías fundamentales.
Exhortaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el contexto de sus respectivas atribuciones, presten el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión para lograr su cometido.
El fallo de los magistrados hace énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación, por lo que llaman a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. Y es que se obtuvieron declaraciones mediante coacción y las alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente.
En los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia se apuntó lo siguiente: La investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan y “…de esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
En cuanto a la parcialidad y autonomía con la que debe actuar la PGR, los colegiados indicaron, entre otras observaciones, que no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina.
Recomendaron que se abra un nuevo periodo de participación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque originalmente se había acordaron que su mandato podría extenderse el tiempo necesario hasta conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas, de lo que a la fecha no existe plena certeza.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió, hace más de un año, no extender las opciones para que esta instancia continuara sus labores.
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Los integrantes de ese tribunal colegiado desconocen la división de poderes, afirma
La PGR descalifica a magistrados que le aplicaron un revés en el caso Ayotzinapa
Dennis A. García
Periódico La Jornada
Martes 5 de junio de 2018, p. 4
La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que el tribunal colegiado que ordenó reponer el procedimiento a unos quejosos (detenidos por la desaparición de los normalistas) por el caso Ayotzinapa, y crear una comisión de la verdad, desconoce la división de poderes.
No se comparte el criterio de los magistrados que integran el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación, enfatizó.
Luego de que los magistrados del tribunal colegiado resolvieron que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación por la desaparición de los 43 estudientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la dependencia que encabeza Alberto Elías Beltrán indicó que no ha sido notificada, hasta el momento, de la resolución; sin embargo, realiza un análisis sobre la versión pública dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación, para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho.
Respecto de las acusaciones de tortura para obtener confesiones de imputados por la desaparición de los normalistas, la dependencia señaló que se tienen abiertas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.
En un comunicado que responde a los magistrados, la dependencia dijo que las investigaciones continúan y se abordan diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, además de tomar en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso, agregó.
Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el tribunal colegiado determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.
A más de tres años de los hechos ocurridos en Iguala, los magistrados puntualizaron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia.