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27-06-2018
Nicaragua
El “diálogo nacional” y los planes de Ortega-Murillo
Oscar-René Vargas
Correspondencia de Prensa
1. Al 24 de junio de 2018, Diriamba, Masaya, Jinotepe, Nagarote, León y otras ciudades del país están sin autoridades tras cruentos enfrentamientos entre policías, parapoliciales y delincuentes armados los que constituyen el ejército irregular creado por Ortega-Murillo contra los manifestantes. Estos municipios no tienen alcaldes y tampoco funciona ninguna entidad del gobierno central.
2. El 23 de junio, policías, parapoliciales. paramilitares y delincuentes armados encapuchados lanzaron ataques en Managua, Masaya, Diriamba, Estelí, León y Jinotepe, dejando al menos 7 personas muertas y decenas de heridos. El objetivo era el desmantelamiento de las barricadas levantadas desde hace varias semanas. Las represiones en las distintas ciudades han alcanzado niveles de brutalidad sin precedentes.
3. De acuerdo al Informe Oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 18 de abril al 19 de junio de 2018, la “acción represiva del Estado ha producido, al menos, 212 personas muertas, 1337 han sido heridas y 507 detenidas en forma arbitraria”. Ortega-Murillo han creado un sistema de terrorismo de estado con los grupos paramilitares y con ayuda de la Policía para sembrar el terror en varios puntos del país. El Gobierno implementa medios ilícitos para imprimir terror entre la población pues su objetivo es “el dominio político-social”. Al fin y al cabo, el binomio Ortega-Murillo sigue ejerciendo un control absoluto sobre las fuerzas armadas.
4. En la semana del 19 al 24 de junio de 2018, a simple vista Ortega-Murillo se puede considerar victorioso por el despliegue, fuerza y terror que imponen sus paramilitares y sicarios. Pero esta semana que finaliza tuvo dos grandes hechos, uno de ellos de un gran simbolismo e impacto mediático. El logro de los obispos católicos de detener una masacre en curso en Masaya por las fuerzas paramilitares. La pareja presidencial ha acumulado más odio y resentimiento al imponer la fuerza bruta, la tortura, la cárcel y la muerte en diferentes ciudades del país. En el campo internacional, tuvo otro tanto. La sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la presentación de un informe de 91 páginas de la CIDH que narra las más flagrantes violaciones a los derechos humanos, lo dejó desnudo y solo ante el mundo.
5. Después de siete semanas de haberse tomado las instalaciones de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua), el 22 de junio, los universitarios fueron atacados por grupos parapoliciales y francotiradores hiriendo de bala a 15, secuestraron a 3 y asesinaron a dos estudiantes.
6. Jóvenes secuestrados durante las distintas protestas y liberados más tarde, por la presión de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), aseguran que fueron detenidos por civiles armados pro-gobierno, que los golpearon y después los llevaron a la delegación policial El Chipote. Los golpearon con las culatas de los fusiles. Los amenazaron de matarlos y con abusarlos sexualmente.
7. La economía nicaragüense es más frágil de lo que parece. Lo económico es importante, pero no es el problema central. Nadie quiere pagar los platos rotos por un grupo de corruptos. A la obstinación de conservar el poder político, se agrega el interés de proteger el dinero mal habido por parte de Ortega-Murillo y sus allegados.
8. La economía va en picada y así lo informó el Banco Central de Nicaragua (BCN) con un dato revelador: en el mes de abril la actividad se redujo 26 por ciento. El levantamiento popular comenzó el 19 de ese mes. A junio la desaceleración económica se ha profundizado. Los bancos privados han perdidos, por retiros de los ahorrantes, US$ 563.4 millones de dólares. El gobierno ha retirado US$ 107 millones de dólares de las reservas internacionales del BCN para enfrentar la caída de impuestos. Si no se restablece la paz sociopolítica la economía pronto entrará en estado de coma.
9. El sector turismo ha sido impactado negativamente al cerrarse unos 60 mil puestos de trabajo, el 50 por ciento que genera esa actividad. La mayoría de los hoteles y restaurantes han suspendidos sus actividades.
10. La Cámara de Exportadores de Costa Rica dice que la crisis sociopolítica de Nicaragua afecta sus exportaciones, ya que Nicaragua es su quinto socio comercial y es el país de tránsito terrestre para las exportaciones hacia Honduras, El Salvador y Guatemala.
11. En Nicaragua, de los diez productos con mayor valor exportado en el primer cuatrimestre, hasta abril 2018, seis mostraron reducciones de acuerdo a un informe del Banco Central de Nicaragua.
12. Entre el 19 y 21 de junio, cerca de 600 hombres armados, entre policías, militares del ejército y partidarios gubernamentales armados contratados para matar y aterrorizar se dispusieron a entrar a Masaya, por la carretera principal. Botaron 3 barricadas para llegar a la Rotonda San Jerónimo, ahí tomaron la calle principal de acceso y se enfrentaron a unos centenares de pobladores, que con morteros, piedras y tiradoras se defendían, pero se tuvieron que replegar a punta de balas.
13. Un ejército irregular armado hasta los dientes contra un pueblo desarmado tuvo que luchar 7 horas para avanzar 12 cuadras, solo tomaron 2 calles, no pudieron entrar a los barrios, sus barricadas ahí siguen intactas, inmutables. Asesinaron a 6 e hirieron a 43 personas, por la misma calle que entraron, salieron. El histórico y aguerrido pueblo de Monimbó, ellos quedaron esperando lo que nunca llegó, el ataque. Obispos, el Nuncio Apostólico y sacerdotes van a Masaya para detener la masacre, logrando detenerla. Nada que celebrar para el gobierno.
14. En esos mismos días, entraron a la ciudad de Granada camionetas Toyota Hilux llenas de antimotines y paramilitares para destruir los tranques. Los reportes indican que León, Matagalpa y Estelí vivieron situaciones límite en esas ciudades del país, la ciudad de Estelí fue atacada como Masaya.
15. El Ejército sigue en los cuarteles sin intervenir en la crisis sociopolítica. Pero nadie les cree. Ortega-Murillo han creado un ejército irregular que tiene mando, tiene estructura, tiene avituallamiento, tiene cuarteles, tiene armas de guerra, tiene vehículos para movilizarse y despliegue territorial. El Ejército Nacional sigue diciendo que no interviene, pero demuestra, al menos, una complicidad pasiva con el ejército irregular.
16. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitó al Gobierno de Nicaragua apoyar a los obispos de la CEN, para frenar represión en Masaya. “Exigimos se frene inmediatamente la represión en el pueblo indígena de Monimbó ubicado en Masaya. Solicitamos al Gobierno de Nicaragua apoyar a los obispos que buscan la pacificación de la ciudad”, escribió Almagro. Dura declaración de Almagro lo que indica un distanciamiento del plan Penco-Ortega que señalaba las elecciones para el 2021, ahora está a favor del aterrizaje al suave, elecciones 2019, por “sugerencia” de Estados Unidos.
17. El 20 de junio, presionado por los acontecimientos el gobierno Ortega-Murillo oficializó la invitación a los organismos pro derechos humanos de la ONU, la OEA y la Unión Europea para que visiten el país la próxima semana, desde el 25 de junio en adelante. En su táctica de ganar tiempo, el gobernante recibió también al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
18. El 23 de junio estaba programada a realizarse en Managua una marcha, fue suspendida por los organizadores ante la ocurrencia de los violentos ataques que parapoliciales y delincuentes armados por el gobierno realizaron en muchos barrios de la capital durante la madrugada y la mañana de ese día.
19. El mismo 23 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) convocó a reanudar el diálogo el 25 de junio y expresaron que se necesita una respuesta de Ortega al planteamiento de adelantar las elecciones.
20. El Secretario Ejecutivo de la CIDH confirmó que la llegada a Nicaragua de un equipo de la CIDH para asesorar desde el lunes 25 de junio a una de las Comisiones del Diálogo Nacional.
21. Comisión de Verificación y Seguridad tendrá la tarea de contemplar que exista seguridad y que la vida de las personas que protestan en los tranques, barricadas en las ciudades y carreteras y manifestaciones, no corran peligro.
22. Los criterios expresados de manera individual por los principales líderes de la burguesía nicaragüense, fueron expresados de manera conjunta, no solo por ellos, sino también por todos los presidentes de las cámaras afiliadas al COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada).
23. Un inusual documento que reunió a todos los empresarios, incluidos la oligarquía financiera se hizo público el 30 de mayo 2018. La carta está dirigida a Daniel Ortega y pretende convencerle de la necesidad de adelantar las elecciones e implementar un conjunto de reformas democráticas.
24. En su parte medular, la carta de los principales empresarios, publicada en el diario La Prensa, expone lo siguiente: “(…) consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional. (…) para procurar la agilización de los mecanismos de diálogo y negociación y salvar a nuestra nación, creemos conveniente invitar a que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea (…)”.
25. En concreto, las intenciones de los empresarios son: no quieren la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y los Estados Unidos, aplique un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, para evitar que triunfe la insurrección popular sobre el régimen. Quieren cambios graduales que no pongan en riesgo sus negocios, no desean el triunfo de una verdadera revolución democrática, y en este punto vuelven a coincidir con el gobierno Ortega-Murillo.
26. El Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington el viernes 22 de junio, conoció el informe oficial de la CIDH de la visita realizada a mediados de mayo, el cual fue ampliado con las últimas atrocidades cometidas por el gobierno Ortega-Murillo. Todos los discursos de los cancilleres latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, salvo Nicaragua, Venezuela y Bolivia, aprobaron el informe y fueron coincidentes en condenar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
27. Pero esta condena simbólica al gobierno Ortega-Murillo, –porque no tomaron ni una sola acción vinculante–, no fue desinteresada. Detrás de los discursos críticos, se esconde la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que expresa que es necesario convocar a elecciones anticipadas en Nicaragua permaneciendo en el poder Ortega-Murillo.
28. Las elecciones anticipadas, según el secretario General de la OEA, Luis Almagro, deberían realizarse “(…) en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y en un plazo máximo de catorce meses”.
29. La impresión que tengo es que la elección adelantada para marzo 2019 ya estaba previamente negociada, por lo tanto, no hubo ningún país que condenará abiertamente al gobierno Ortega-Murillo. Todos apoyaron el informe de la CIDH y la realización de las elecciones en el primer trimestre de 2019. Mientras tanto, la represión selectiva continuará. El gobierno continuara quitando barricadas y tranques en diferentes ciudades y carreteras del país.
30. La jerarquía católica mantiene un duro lenguaje hacia Ortega: “El diálogo no se reanudará como estaba previsto, pues el gobierno tiene que demostrar voluntad política. Esto no es un juego, esto es serio para el futuro de Nicaragua. Aquí no se pueden seguir asesinando más personas”, declaró monseñor Silvio Báez, obispo Auxiliar de Managua.
31. La demanda general del pueblo de Nicaragua exige, como primer paso, antes de convocar a elecciones democráticas, terminar inmediatamente con el gobierno Ortega-Murillo. En condiciones normales, una crisis política deber resolverse por medio de elecciones, pero en el caso de Nicaragua, el sistema electoral y el conjunto de las instituciones del Estado son corruptas hasta la medula.
32. El plazo de nueve a catorce meses, propuesto por Almagro, coincide con la propuesta de adelanto de las elecciones generales que los obispos, como mediadores del Dialogo Nacional, presentaron en su oportunidad a Ortega-Murillo. Esta propuesta, de materializarse, le daría meses más de vida política al gobierno Ortega-Murillo, cuando la mayoría del pueblo exige la renuncia inmediata.
33. Es decir, el gobierno Ortega-Murillo sería el encargado de convocar y organizar las elecciones anticipadas. Evidentemente, un gobierno con antecedentes de sucesivos fraudes electorales y con las manos manchadas de sangre, no sería idóneo para un asunto tan crucial como convocar y organizar elecciones anticipadas. Una verdadera reforma democrática jamás se logrará bajo el gobierno Ortega-Murillo.
34. En una conferencia de prensa el mismo día 22 de junio, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) se mostró contenta por la resolución de la OEA en torno al informe de la CIDH, pero en relación a la propuesta de Almagro, en el sentido de convocar a elecciones anticipadas, no se oponen a la propuesta de elecciones anticipadas. Poco a poco van acercándose a la coincidencia total con la OEA.
35. La ACDJ es una coalición formada por grupos empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) y grupos estudiantiles más algunas importantes organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino y los estudiantes. A pesar que la lucha democrática la iniciaron los estudiantes, al final los empresarios son quienes llevan la voz cantante y conducen las negociaciones, respaldados por la Iglesia Católica.
36. Los grupos estudiantiles y los movimientos sociales han venido perdiendo su independencia política y la beligerancia, en la medida que aceptaron que se quitara como primer punto de la agenda la renuncia inmediata de Ortega-Murillo. Los empresarios han tomado el control de las negociaciones, aunque no dirijan la lucha de los tranques y las barricadas.
37. Desde el inicio de la crisis, los líderes de los principales grupos empresariales se pronunciaron por un adelanto de las elecciones, y nunca han dicho o insinuado que el gobierno Ortega-Murillo debe renunciar inmediatamente. Al contrario, trabajan discretamente para que en el Dialogo Nacional se adopte la decisión de convocar a elecciones anticipadas para marzo del 2019, dándole una bocanada de aire al gobierno Ortega-Murillo.
38. El gobierno Ortega-Murillo maneja otro mecanismo de disuasión para debilitar a los empresarios, caso concreto en el sector agropecuario. Se suceden invasiones de tierras de propiedades privadas en diferentes departamentos del país por personas claramente identificadas con el partido de Ortega y Murillo. Las denuncias se suceden día tras día, pero las autoridades no actúan so pretexto de la emergencia nacional que les obliga atender asuntos más importantes.
39. Los empresarios se inclinan por el adelanto de las elecciones porque temen profundamente al proceso de revolución democrática en curso. El miedo a los luchadores de los tranques los lleva a aceptar la prolongación de la vida política del gobierno Ortega-Murillo, se niegan a exigir la renuncia inmediata del gobierno asesino. De esta forma, las piezas de la negociación comienzan a coincidir en un solo punto: elecciones anticipadas bajo el gobierno Ortega-Murillo. Mientras tanto, el gobierno aprovecha para continuar su ofensiva militar para desmantelar los tranques a balazos.
40. La estrategia de Ortega no abandona el poder para nada, el escenario uno que formulé hace algunas semanas atrás: Ortega se queda en el poder, sofoca y vence la rebelión. No le importa las amenazas, ofertas y arreglos con la comunidad internacional. Se queda y recompone o estructura un nuevo modelo de gobernanza de cara a las elecciones de marzo 2019. Para eso necesita terminar de desarmar los tranques a nivel nacional, por lo tanto, continuar la represión indiscriminada.
41. A partir de las 10:00 de la noche del domingo 24 de junio el ejército irregular, creado por Ortega-Murillo, ha comenzado atacar las ciudades de Nagarote, Tipitapa, Matagalpa, Masaya, Estelí, Jinotepe y Wiwilí. Ciudades que han sido activa y organizada en la insurrección cívica. Estos ataques sincronizados se producen el mismo día que la CIDH y otros organismos llegaron, por la tarde, a Nicaragua. Para estos organismos será una prueba de fuego, ya que su función es no tolerar esta violencia gubernamental.
42. En paralelo, puede negociar con Estados Unidos y el gran capital un nuevo modelo y oxigenar a los partidos políticos comparsas para dividir a las fuerzas de la oposición de cara a las elecciones de marzo 2019. Él tiene en mente el ejemplo el caso venezolano, lo tiene claro. Cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE), talvez en algunas otras instituciones, pero él se queda en el poder organizando las elecciones.
43. Tomando en cuenta que la Huelga General del 14 de junio fue un éxito total. Se debe escalar la presión social contra el gobierno genocida. Para detener la ofensiva criminal contra los tranques, para obligar a Ortega-Murillo a detener a sus huestes criminales, los organismos de la sociedad civil y quienes están luchando en los tranques demanda la convocatoria de una nueva Huelga General de 48 horas, única forma de parar la represión y avanzar hacia el objetivo central: la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo. La ACDJ declaró: “tomamos notas de la propuesta de Huelga General”.
44. Frente a este espeluznante panorama, el régimen y sus secuaces se han quedado virtualmente solos. Únicamente los sostienen el control del aparato represivo (oficial e irregular) y algunos grupos, la nueva clase, que se han visto puntualmente beneficiados por ellos. La conclusión es clara: por el bien de Nicaragua, Ortega-Murillo deben cesar de inmediato la represión y abandonar el poder.
45. A lo anterior debe sumarse la investigación de los hechos por parte de organismos independientes de derechos humanos y la apertura de procesos judiciales inmediatos contra los responsables, mediante tribunales constituidos por jueces probos y sin vinculaciones con el poder Ortega-Murillo.
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