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Crece en Italia polémica sobre decreto ley Dignidad
Por Frank González
Roma, 15 jul (PL) A sólo unos días de su evaluación por el parlamento, crece hoy en Italia la polémica sobre el denominado decreto ley ‘’Dignidad'’, la primera disposición colegiada sobre temas económicos y sociales del actual gobierno.
La disposición criticada por la oposición política y el sector empresarial, es impulsada por el ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, quien es además viceprimer ministro y líder del Movimiento Estrellas (M5E), cuya alianza con la Liga permitió la formación del actual gobierno.
El aspecto central de la norma, la cual necesita la aprobación del parlamento para convertirse en ley, es el enfrentamiento a la precariedad laboral una de cuyas manifestaciones visibles es la proliferación en los últimos años de los contratos a tiempo determinado.
El decreto incluye también otras medidas como la prohibición de la publicidad sobre los juegos de azar, penalización a las empresas que abandonen el país después de recibir financiamiento público por cualquier vía y eliminación de regulaciones para prevenir la evasión fiscal, consideradas ineficaces y burocráticas.
Para Di Maio, con esas acciones el M5E comienza a cumplir desde el gobierno sus promesas de campaña, en lo que definió como otra era política para Italia.
Expresó, asimismo, que la aprobación del decreto ley ‘Dignidad’ representa la derrota de la precariedad laboral y su fin sin ninguna razón, al tiempo que destacó el impacto social del resto de los temas presentes en el estatuto.
La versión original del documento aprobada por el Consejo de Ministros a principios de este mes fue rechazada de plano por la principal organización empresarial italiana, Cofindustria, que la calificó de ’señal muy negativa para el mundo de las empresas’.
En evidente referencia a la gestión de los gobiernos anteriores del Partido Democrático, la influyente organización expresó que mientras los datos oficiales muestran un mercado laboral en crecimiento, el gobierno retrocede respecto a innovaciones que contribuyeron a esa mejoría.
Además, indicó, las nuevas reglas serán poco útiles para lograr el objetivo declarado de enfrentar la precariedad, porque la incidencia de los contratos a término respecto al total de los ocupados en Italia está en línea con la media europea, por lo que el resultado será tener menos puestos de trabajo.
Cofindustria se opuso también al castigo anunciado para las empresas que abandonen el país después de recibir apoyo financiero del estado en un período de cinco años, por estimar hace más incierto e imprevisible el marco reglamentario para los inversionistas.
Con anterioridad criticaron la aprobación del decreto ley dirigentes del ex gobernante Partido Democrático (PD) y las organizaciones de derecha Hermanos de Italia y Fuerza Italia,, las tres opuestas al gobierno respaldado por la mayoría parlamentaria del Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga.
Por su parte, el ministro del Interior, viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, respaldó la emisión del decreto promovido por sus aliados en la coalición de gobierno, el cual catalogó de ‘un buen comienzo’ y añadió que ‘después el parlamento tratará de hacerlo aún más eficiente y productivo’.
En tal sentido, Di Maio reconoció la soberanía del legislativo, donde se debatirá el decreto entre los días 24 y 26 del presente mes, y aseveró el M5E será receptivo al diálogo si las propuestas de modificaciones son para mejorarlo, pero bloqueará cualquier intento de diluir los objetivos del estatuto.
Desde su aprobación por el Consejo de Ministros hasta su publicación en la Gaceta Oficial, la disposición sufrió modificaciones, como aceptar el pago con bonos a trabajadores de sectores específicos como la agricultura y el turismo, decisión criticada por la Central General Italiana del Trabajo, por considerarla un retroceso.
Para el M5E todo parecía avanzar según lo previsto, hasta la publicación en la versión final del texto, de una advertencia técnica sobre la eventual pérdida de ocho mil puestos de trabajo anuales y 80 mil hasta 2028, como resultado de la aplicación del decreto.
La inesperada aparición del comentario, provocó una protesta airada de Di Maio quien dijo esos datos carecen de validez y fueron insertados en el documento la noche antes de su envío a la presidencia de la República para su firma, en lo que denominó un ‘golpe bajo’.
Al referirse a quienes desde posiciones en estructuras del estado se oponen a las políticas promulgadas por su organización, tildada por sus críticos de populista, Di Maio afirmó que con gestos como éste le dan la ‘bienvenida’ al gobierno y alertó, que se debe esperar mucho más.