Si se puede: Pueblos frenan minería en Perú

Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.



Raúl Zibechi
13 agosto 2018 0
Desinformémonos

Sí se puede: Pueblos frenan minería en Perú

La carretera entre Cajamarca y Celendín viborea montaña arriba, en una sucesión interminable de curvas cerradas. El veterano dirigente campesino Hugo Blanco, con sus 83 años, ni se inmuta. Los demás vamos dando tumbos en el carromato, apenas distraídos por un paisaje de montañas y valles de tonos verdes, gracias al clima suave del norte del Perú.

A escasa distancia de Celendín, un pueblo grande de unos 25 mil habitantes, se yergue el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer oro y otros metales ubicados debajo de las lagunas. Conga consiste en el secamiento de todo el sistema hídrico que integran cuatro lagunas, cinco ríos, unos 700 manantiales, 103 hectáreas de humedales, 18 canales de riego y 102 fuentes de agua para consumo humano.

El Estado buscó imponer el proyecto aurífero mediante la declaratoria de dos estados de emergencia, la militarización de la zona, convenios entre el Ministerio del Interior y la minera Yanacocha y la criminalización de las rondas campesinas. Hubo cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados, además de medio centenar de encauzados por la justicia.

Como el 80% de la economía de a región consiste en la agricultura y la ganadería familiares, la oposición a Conga fue siempre contundente y maciza. A fines de julio el encuentro de movimientos regionales en Celendín, convocado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, mostró tanto el rechazo a la minera como la diversidad de actores en los pueblos.

Nicanor Huaipata de la Junta de Vecinos de Chonta denunció la escasez de agua para riego, la contaminación que provocan las reservas turísticas y la compra de dirigentes comunitarios por las empresas. Varios miembros de frentes de defensa y de las rondas campesinas recordaron que las regalías mineras que pagan las empresas son ridículas, apenas del 1%, y que nadie fiscaliza lo que se llevan.

Alan Arguedas representa a los trabajadores de Yanacocha. Enseñó estudios de contaminación en sangre y orina con metales pesados, luego de 15 años de trabajo en la mina, que afectan a decenas de empleados.

Las comunidades llevan casi una década resistiendo el proyecto Conga, en un país donde la minería ha causado estragos. Sólo Conga espera extraer oro por valor de 5.000 millones de dólares, lo que permite comprender el empeño de la empresa y de las autoridades en la continuidad del proyecto.

El principal símbolo de la resistencia a Conga es una mujer menuda, campesina y pobre: Máxima Acuña. En 1994 compró una parcela cerca de las lagunas donde Yanacocha pretende extraer oro. Desde 2011 viene siendo agredida. La empresa destruyó su casa de adobe y su huerto, pero el empeño en permanecer y resistir le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Milton Sánchez pertenece al colectivo Guardianes de las Lagunas y es el referente de la plataforma de Celendín. Carga con varios juicios interpuestos por la empresa y el municipio. Acusan a Sánchez y a otros 15 vecinos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios, por haber interrumpido una reunión y retener a los directivos.

Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones.

La primera es que sólo una fuerte resistencia y organización comunitarias son la base de su resistencia. Hay fisuras y debilidades, mucha pasividad y comuneros que se pasan al lado de la empresa por necesidades, pero predomina la conciencia de que la minería es su condena a muerte como campesinos.

La segunda es que sólo la acción directa pacífica y masiva les permite avanzar. Los costos son muy altos, en presos y en juicios, pero no conocen otro camino que bloquear con sus cuerpos el trabajo de las multinacionales mineras y de sus socios locales. En ocasiones apoyaron candidatos en las elecciones, pero saben que eso no es solución sino apenas alianzas para defenderse.

La tercera es que la empresa y el Estado volverán a intentar poner en marcha la mega-minera. La lucha será muy larga para lo cual necesitan prepararse y formarse en el debate colectivo, el estudio y la construcción de alianzas. Para eso pusieron en pie la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos, como un espacio para articular las luchas en el que participan 31 comunidades que resisten a Conga y a las mega-represas en el río Marañón a cargo de la brasileña Odebrecht.