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agosto 27, 2018
La guerra gubernamental contra los Yungas
Raúl Prada Alcoreza
El gobierno clientelar y corrupto, cabeza política de la República del Chapare, ha desatado la guerra contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas, tradicional y amarilla. Es impensable esperar que el “gobierno progresista” erradique las zonas del cultivo de la hoja de coca excedentaria, es más, zonas de la “industrialización” ilícita de la coca, zonas que se encuentran en el Chapare y en el Polígono Siete. El mismo gobierno, que emitió versiones contradictorias del asesinato de Jonathan Quispe, el estudiante de la UPEA, que obstruyó las investigaciones, boicoteando cualquier avance en el esclarecimiento de esta muerte, es el mismo que se adelanta, sin investigación alguna, de emitir una interpretación antojadiza de la muerte del oficial policial, el teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) Daynor Sandoval Ortiz, en un enfrentamiento con cultivadores y comunidades campesinas de la Asunta. Su versión deja mucho que desear desde la perspectiva de un mínimo de objetividad; estamos nuevamente ante las narrativas estrambóticas del gobierno. Lo que hace el gobierno clientelar es adelantar versiones, sin sustento, para justificar su ataque descomunal contra las zonas del cultivo de la hoja de coca tradicional, defendiendo las zonas excedentarias del cultivo y de la “industrialización” ilícita de la coca.
La guerra esta declarada contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas. El ministro del gobierno ha tenido el tupe de decir que no enfrentan a organizaciones sociales sino a grupos armados, que responden al narcotráfico y que están defendidos por “colombianos”. Parece que el ministro es ciego a todo lo que ha acontecido y acontece en el Chapare y en el Polígono Siete. Otra vez las extravagancias perversas de la política gubernamental; un secreto a voces que aparenta ignorar el gobierno; todo el mundo lo sabe menos los altos personeros del gobierno. En esta recurrencia contradictoria del gobierno a la represión contra organizaciones sociales, que lo interpelan y denuncian, se convierte a las víctimas de la represión en los enemigos endemoniados, investidos, por la versión de gobierno, con las graves estigmatizaciones a su alcance. No es la primera vez que lo hace, tampoco es el único gobierno que lo hace. Es el estilo del poder, sea de “izquierda” o de “derecha”.
¿Por qué la guerra contra los Yungas? No solo por lo que podemos considerar una competencia entre las zonas del cultivo de la hoja de coca; esta podría ser una hipótesis general teórica. Otra hipótesis, menos general, tiene que ver con el entendimiento que, ante los límites establecidos al cultivo de la hoja de coca, no pueden tolerarse o privilegiarse a las zonas de cultivo en competencia. Tiene que escogerse a las zonas que pueden privilegiarse por parte de la tutoría estatal; en cambio, convertir a otras zonas como las prohibidas, por lo tanto, convertidas en objeto y materia de poder, sobre todo objeto y materia de la represión estatal. Sin embargo, esta segunda hipótesis, aunque no sea tan general como la anterior, sigue pecando de cierta versatilidad, pues falta visualizar las dinámicas moleculares y molares sociales y políticas. No parece posible llegar a comprender la problemática del cultivo de la hoja de coca en Bolivia sin tomar en cuenta los alcances de la ilícita “industrialización” de la coca, es decir, sin tomar en cuenta los alcances de la economía política de la cocaína.
La hipótesis interpretativa que proponemos considera esta incidencia, la de la economía política de la cocaína y la economía política del chantaje, que la contiene. No se trata solamente de la defensa gubernamental de las zonas del cultivo de la hoja de coca excedentaria, el Chapare y el Poligono Siete, contra las zonas del cultivo tradicionales y otras declaradas “amarillas”, de los Yungas, sino de la defensa del lado oscuro de la economía por parte del gobierno clientelar, al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se trata de la malla institucional del lado luminoso del poder, es decir, institucionalizada, atravesada por las redes y circuitos del lado oscuro del poder. El gobierno clientelar no solamente esta al servicio de lo que hemos llamado el super-Estado de la República del Chapare, sino al servicio del lado oscuro del poder.
Desde la perspectiva de esta tercera hipótesis, hay necesidad de sugerir una explicación a propósito del discurso de gobierno que dice que lucha contra el narcotráfico, que erradica cultivos de coca y que se enfrenta a grupos armados en los Yungas. Tampoco debería ser una sorpresa, salvo a los que lo ocultan, que los gobiernos del mundo, salvo excepciones que confirman la regla, blanquean los flujos dinerarios de uno de los negocios, por cierto, ilícitos, más grandes. El gobierno clientelar lo hace, no porque sea un atributo de su endilgado carácter “progresista” ni de su supuesta inclinación de “izquierda”, como algunas versiones de la rabiosa “derecha” lo dice, sino porque también los gobiernos neoliberales lo hacen. O los gobiernos, bajo cualquier perfil o forma de gubernamentalidad, se inclinan a este blanqueo por pragmatismo, o lo hacen porque ya están tragados por las formas paralelas del poder, no institucionalizadas, del expansivo lado oscuro. Por informes de organismos internacionales, de la ONU, especializados en el tema, se sabe que la mayor parte de la producción de hoja de la coca del Chapare está destinada al narcotráfico; se habla de un 92%. También se sabe que una gran parte de la producción del cultivo de coca de los Yungas está destinada al acullico y otros usos tradicionales; sin embargo, parte de la producción también parece desviarse al narcotráfico. Ahora bien, la pregunta pertinente es: ¿por qué el “gobierno progresista” solo ataca a las zonas “amarillas” de los Yungas y no lo hace con las zonas excedentarias del Chapare y del Polígono Siete?
Si se partiera, momentáneamente y provisionalmente, de la premisa gubernamental, de que lucha contra el narcotráfico y sus fuentes de cultivo excedentarias, no es congruente lo que hace, en efecto; ataca a unos y no a otros, erradica en unas zonas y no otras; lo más grave, ataca a las zonas menos problemáticas respecto a las fuentes del narcotráfico, en cambio, no toca para nada a las zonas más problemáticas, vinculadas a los circuitos y la producción “industrial” de la coca. En consecuencia, se puede derivar otra hipótesis interpretativa: el gobierno no solo defiende a la región leal y afín al oficialismo del cultivo de la hoja de coca, no solo ataca a la región que lo interpela y denuncia, sino que usa el ataque a los Yungas para encubrir sus concomitancias, complicidades y articulaciones con el lado oscuro de la economía.
Descripción del itinerario de la represión a los Yungas
De acuerdo a los noticiosos de los medios de comunicación, se puede observar un desencadenamiento de la guerra del “gobierno progresista” contra los Yungas. El comandante general de la Policía, Faustino Alfonso Mendoza, corroboró que un contingente de 505 efectivos permanecerá en La Asunta, para garantizar la erradicación de coca excedentaria e ilegal. “El contingente policial se quedará en esa región de Yungas para brindar seguridad a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tiene la misión de erradicar la coca excedentaria e ilegal que hay en esa zona”. Mendoza detalló que el contingente está integrado por 100 agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 15 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, 10 de la Dirección Nacional de Inteligencia, 230 del Comando de Policía de La Paz, 50 de Oruro y 100 de Cochabamba. Aseveró que la Policía coadyuvará en el cumplimiento de la planificación y los objetivos trazados por el Gobierno, a través del Comando Estratégico Operacional, para erradicar la coca ilegal en La Asunta. “Este contingente policial no porta armas letales, sino equipos antimotines”. “La Policía en cumplimiento de las normas ejecutará las operaciones policiales de apoyo a la erradicación de hoja de coca excedentaria e interdicción al narcotráfico, orden y seguridad, prevención y auxilio”, remarcó el jefe policial[1].
En otro reporte informativo se dice que el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, descartó “por el momento la militarización” de La Asunta (Sud Yungas), después del enfrentamiento entre policías y cocaleros, cuando murió un teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). “Descartamos la entrada o cualquier presencia militar en el lugar (La Asunta), más allá de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tenemos, que están exclusivamente dedicadas a la erradicación de coca. No hay ninguna instrucción por el momento de involucrar a los Fuerzas Armadas en este tema. Zavaleta dijo que los responsables de la muerte del oficial de UMOPAR están vinculadas al narcotráfico. Aseveró que los mismo ya fueron identificados; prevé que las próximas horas sean capturados para ser entregados a la justicia, aunque evitó dar nombres de dirigentes cocaleros que estarían siendo buscados. “Está claro de que hay presencia de narcotráfico en el lugar. Creemos que esta reacción tan fuerte de parte de los tiradores, que han ocasionado estas bajas, a la policía es gente vinculada al narcotráfico”. Adelantó que enviarán grupos especializados de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como los “Diablos Negros” y los “Diablos Rojos”.
En contraposición, el dirigente cocalero de La Asunta, Freddy Quispe Mamani, informó a ERBOL que dirigentes de los productores de coca se declararon en la clandestinidad”, después de la represión policial. Señaló que, en el Cabildo de las tres provincias, que se lleva adelante, las bases determinarán las medidas a asumir frente al Gobierno. “Estamos viviendo una situación muy difícil. Ni siquiera ni tiempo de dictadura habíamos vivido una situación así. La verdad hay gente que nos está siguiendo, por eso hoy hay dirigentes que se han declarado en la clandestinidad”. El dirigente cocalero dijo que “desconoce el paradero del presidente la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklín Gutiérrez”. Dijo que “todos los líderes cocaleros se sienten perseguidos por el Gobierno”. Un enfrentamiento entre policías y cocaleros de La Asunta dejó un saldo de un oficial muerto, varios heridos y desaparecidos. El Gobierno informó de la existencia de “grupos irregulares”, que atacaron a los policías, quienes tienen obligación de erradicar los cultivos ilegales; en tanto que los productores de coca denunciaron atropellos. Por otro lado, el dirigente cocalero Freddy Quispe denunció que el Gobierno; los efectivos policiales gasificaron una asamblea que se realizaba en La Asunta, incluso saquearon los domicilios de los comunarios de la zona. Informó que existen varios cocaleros heridos y desaparecidos producto de la represión policial[2].
Otro noticioso informativo dice que el Comandante General de la Policía Boliviana, el general Faustino Mendoza, presentó unos videos para constatar que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron “emboscados” por cocaleros en el municipio paceño de La Asunta; incidente que dejó un policía muerto y siete heridos. Mendoza dio a conocer el listado de uniformados heridos. Estos son: El teniente Miguen Ángel Silva, que sufrió lesiones en la pierna izquierda; el teniente Esteban Molina Dávila, con herida expuesta en la pierna derecha; el sargento primero Martín Mamani Nina, con herida en el glúteo cerca a la cadera y otra en el tobillo derecho; el sargento primero Rubén Trujillo Mamani con herida contusa en la parte superior del rostro por la sien y ceja; Wilfredo Layme Flores, con herida en la pierna izquierda; el sargento segundo Rodrigo López Chumacero, con herida en el hombro izquierdo y tobillo derecho; el policía Willy Huanca Quispe, con herida en la ingle y fractura del fémur derecho. Todas las lesiones fueron causadas con disparos de armas de fuego. El Comandante General enfatizó que los uniformados no estaban con algún armamento letal. “(Ellos sólo portaban) cascos, chalecos antibalas, antifragmentarios, escudo balístico, rifle lanza gases y escopeta con temblor”[3].
Otro noticioso informa que a las 16:05 de hoy, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklin Gutiérrez, se entregó a la Policía. Llegó hasta la sede de esa organización, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, luego de ser sindicado como el autor intelectual de la violencia en el municipio yungueño de La Asunta. Gutiérrez convocó a una conferencia de prensa en ADEPCOCA, ocasión en la que negó ser el autor intelectual del enfrentamiento entre policías y cocaleros en La Asunta. La Policía llegó hasta el lugar y Gutiérrez, que se encontraba con los periodistas fuera de la ADEPCOCA, decidió ingresar y atrincherarse por unos minutos, mientras la Policía cercaba esa instalación. Pasaron menos de 30 minutos hasta que Gutiérrez decidió entregarse a la Policía - eran alrededor de un centenar de efectivos -; inmediatamente fue conducido por los efectivos, a empujones y gritos de por medio, a una camioneta policial. Los socios de ADEPCOCA salieron en defensa de Gutiérrez, pero poco pudieron hacer para evitar que la Policía se lo lleve. “De parte del Gobierno han hecho hacerme ver como si fuera una persona que ha causado ese conflicto en La Asunta. No es así”, explicó el dirigente en entrevista con FM Bolivia, luego de ser acusado por el Gobierno como el autor intelectual de lo que la Policía considera “una emboscada” a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Para Gutiérrez, no se trata de una emboscada, como pretende hacer ver el Gobierno, sino de un enfrentamiento que se suscitó debido a que los efectivos de la FTC gasificaron y dispararon en contra de los comunarios, quienes defendían sus cultivos de coca del operativo de interdicción. “Han entrado con todo (los efectivos de la FTC). Han gasificado, han disparado, ha habido un enfrentamiento; debido a esa intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta ha habido heridos, un hermano teniente llega a fallecer”, explicó el dirigente en rueda de prensa en inmediaciones de la ADEPCOCA. Para la Policía, fueron los cocaleros quienes con armas de fuego emboscaron a los policías en La Asunta. El comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, presentó unos videos que muestran los disparos que tuvieron que afrontar los efectivos policiales. El ministro Romero confirmó hoy que se presentó una querella criminal contra Gutiérrez por la muerte del teniente[4].
Esta secuencia de hechos y dichos, que, obviamente, son seleccionados arbitrariamente, recogiendo de lo que nos ofrecen los medios de comunicación, de todas maneras, nos muestra ya el estar involucrados en una coyuntura de enfrentamientos. La atmósfera del enfrentamiento ya nos copa, estamos dentro de ella, padeciendo su clima tormentoso. En este tipo de enfrentamiento, cuando se usan armas, sobre todo de parte de las instituciones de emergencia del Estado, hay pues muertos y heridos. No es que se mata a propósito, sino que la tragedia emerge del drama mismo de las contingencias. No busquemos culpables, pero hay responsables; el principal responsable es el gobierno, pues atiza una guerra contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas.
Criminalizar la protesta y las movilizaciones sociales es un procedimiento harto conocido en la historia política de los gobiernos y los estados. El “gobierno progresista” lo ha hecho o lo ha venido haciendo sistemáticamente desde la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma (2009). Inculpar de lo que acaece a los enemigos del gobierno no es más que la repetición maniqueísta del señalamiento al monstruo e infiel, que perturba la paz de los que gobiernan. Los gobernantes creen que, de esta manera, efectuando esta catarsis, aquilatan su angustia; de ninguna manera. Al contrario, la consciencia desdichada ensancha sus desgarramientos, sus contradicciones que la atormentan. Lo que hace es profundizar el drama y hacer emerger más tragedia.
Llama la atención que las formas de gobierno, en su crepúsculo – pues toda forma de gubernamentalidad lo tiene, padece su ciclo -, pierda el instinto de sobrevivencia y se encamine apresuradamente a su propio abismo. La manera como lo hace el gobierno clientelar es exaltando todo aquello que ha caracterizado a las formas de violencia desprendidas, sean simbólicas o físicas, sean matizadas o descarnadas. Ocurre como si quisiera llevarse todo en su caída inevitable.
[1] La Policía ratifica que 505 efectivos se quedarán en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/la-policia-ratifica-que-505-efectivos-se-quedaran-en-la-asunta-191954.html.
[2] La Asunta: Dirigentes se declaran en la clandestinidad. https://erbol.com.bo/noticia/seguridad/26082018/tension_en_la_asunta_dirigentes_se_declaran_en_la_clandestinidad.
[3] Policía muestra videos de la “emboscada” de cocaleros en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/policia-muestra-videos-de-la-emboscada-de-cocaleros-en-la-asunta-191945.html.
[4] Franklin Gutiérrez se entrega a la Policía; niega ser el autor de la violencia en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/franklin-gutierrez-se-entrega-la-policia-niega-ser-el-autor-de-la-violencia-en-la-asunta-191950.html.