¿Puede ser fértil la noción de “(re)formismo desde abajo”? Reflexiones desde algunas experiencias de lucha en Venezuela

¿Puede ser fértil la noción de «(re)formismo desde abajo»?
Reflexiones desde algunas experiencias de lucha en Venezuela

En el presente trabajo me propongo reflexionar sobre algunas de las dificultades que el chavismo ha encarado en su ya larga experiencia en el gobierno de Venezuela, para lograr empujar transformaciones sociales, políticas y económicas de fondo. Valga mencionar que por «chavismo» estoy entendiendo el complejo, variopinto y por momentos contradictorio proceso de subjetivación y activación de posibilidades políticas que se abrieron en el país caribeño en el amanecer del siglo XXI, y cuyo contenido antagónico a los afanes del capital transnacional y de lucha social generalizada tuvo un momento de extrema intensidad durante 2003, con ocasión de las movilizaciones y levantamientos contra el golpe de estado. Por lo demás, en relación con las transformaciones sociales, políticas y económicas de fondo me refiero, en primer lugar, a aquellas modificaciones de las relaciones sociales, económicas y políticas que tiendan, más allá de la retórica, a erosionar-diluir o disolver la concentración de la producción de la decisión política en los estados-nación, en tanto organizadores de la reproducción general del capital en sus propios países y en tanto mediadores de las relaciones de sus «poblaciones nacionales» y de los capitales nacionales con el capital transnacionalizado. Esto es, transformaciones que no sólo amplíen y democraticen el ámbito de producción de las decisiones políticas sobre cuestiones generales que a todos incumben porque a todos afectan,
87
sino que disputen los términos generales que organizan las relaciones económicas —y por tanto las relaciones políticas— en territorios específicos (Gutiérrez, 2009; Salazar y Gutiérrez, 2015).
En segundo lugar, indago en las modificaciones posibles tanto de las instituciones como de las leyes que garantizan la permanencia del orden heredado; alteraciones que, para ser capaces de subvertir dicho orden del capital, necesitan limitar-erosionar-diluir o disolver la concentración tanto de la riqueza material socialmente disponible, como de las condiciones de producción de nueva riqueza material susceptible de ser creada.
Estos dos grandes ejes de transformación social que ambicionan poner bajo control de la población «sencilla y trabajadora» —o de heterogéneas y polimorfas tramas comunitarias cuya actividad se concentra en garantizar la reproducción material de la vida social más allá, en contra y más allá del capital (Gutiérrez, 2015)— tanto la producción de decisiones políticas de gran alcance,  
como la reapropiación social de la riqueza material disponible —que incluye, por supuesto, la manera y la escala en la que se habita y se interactúa socialmente con el entorno— para detonar nuevos y distintos procesos de producción de riqueza material concreta son las dos principales ideas-fuerza que han alumbrado, a mi juicio, los contenidos de la transformación social posible durante los momentos más álgidos de las luchas recientes ocurridas en diversos territorios de América Latina.
Desde esta perspectiva, considero que las luchas más enérgicas, tumultuosas y radicales que se han desplegado durante la última década y media justamente han buscado transformar las relaciones sociales —y por tanto, las relaciones políticas y económicas— a partir de establecer potentes vetos colectivos a los planes de acumulación de capital (Gutiérrez, 2009, 2015) —casi siempre transnacionalizado— mediante levantamientos y movilizaciones y, al hacerlo, han abierto posibilidades de reapropiación colectiva de la riqueza material disponible a través de la regeneración de renovadas capacidades políticas para intervenir colectivamente en la vida pública, disputando las prerrogativas de mando y producción de decisión política tradicionalmente concentradas en expertos y «políticos profesionales». Estos dos ejes son los contenidos más íntimos de lo que llamo horizonte comunitario-popular de transformación social —económica y política.
Desde tales claves teóricas la presente reflexión busca sortear una aparente paradoja expresada de la siguiente manera por algunos compañeros ecuatorianos: «Nunca fuimos más débiles —como organizaciones sociales e indígenas— que cuando participamos en el gobierno» (Gutiérrez y Escárzaga, 2006). La paradoja es sencilla de entender: quien ocupa el gobierno con afanes de transformación política tiene que gobernar y habrá de hacerlo a partir de las reglas e instituciones heredadas, por lo cual los límites a la acción política son inmediatos y rígidos, más allá de los procesos constituyentes que han ocurrido en diversos países. La tragedia —y ya no paradoja— consiste en que las sociedades movilizadas y las asociaciones múltiples y polifónicas de hombres y mujeres en lucha pierdan fuerza y capacidad de intervenir en cuestiones públicas, cuando son algunos de sus propios cuadros más formados o personas cercanas a ellos quienes «se ocupan del gobierno». En relación con esta inmensa dificultad, la experiencia del Ecuador es paradigmática; la de Bolivia es más bien dramática y la de Venezuela, a mi juicio, muy esclarecedora, pues en este último país, los plurales y heterogéneos entramados comunitarios en lucha, insubordinados, movilizados o levantados no han atravesado un proceso de expropiación de sus esfuerzos y de los resultados de sus luchas (Salazar, 2015).
En Venezuela las transformaciones económicas y políticas se han ido produciendo en la mayoría de los casos desde arriba hacia abajo, sin dejar de considerar, por supuesto, que en momentos álgidos de la confrontación social y política en ese país, la movilización «en aluvión» de miles y miles de hombres y mujeres de las ciudades venezolanas ha sido decisiva (como en la lucha contra el golpe de estado de 2002 que restituyó a Hugo Chávez). Uno de los principales problemas de estos intentos de «transformación desde arriba» consiste en que no ha sido posible alterar ni subvertir, de fondo, la columna vertebral de las relaciones sociales capitalistas: la separación entre los que trabajan, producen y obedecen y los que deciden y mandan con base en su calidad de «profesionales expertos» o de «miembros del partido gobernante».
Parafraseando a Hannah Arendt (2013): si el problema de la alteración de la «textura social» ha sido encarado de forma más o menos exitosa en Venezuela, en cambio, no ha sido posible modificar las condiciones más rígidas del mando político concentrado, ni en relación con la oligarquía venezolana ni en relación con determinadas instituciones estatales y coaliciones de gobierno. Mucho menos ha sido exitosa, según la mirada que sostengo, la tarea de auspiciar la construcción de autogobierno. Más allá de reiteradas afirmaciones gubernamentales sobre la disposición central a alentar y promover el «protagonismo social» en los ámbitos político y económico, en Venezuela el protagonismo del proceso de transformación política y económica ha estado concentrado en la figura de Hugo Chávez y su entorno más inmediato. Lo que han logrado en todos estos años de esfuerzos por recuperar y redistribuir partes sustanciales de la llamada «renta petrolera» es muy significativo, pero claramente insuficiente si lo que se proponen es alentar la generación y expansión de otras formas de relaciones sociales que «superen» las relaciones capitalistas, o que al menos limiten, erosionen o disuelvan la centralidad de la acumulación del capital como eje organizador de la vida pública y, con mayor generalidad, de la reproducción material de la vida.
De ahí el contenido del presente ensayo como ejercicio de reflexión política sobre las posibilidades de transformación social anidadas en la sociedad venezolana y sobre los límites que a ella impone la acción estatal de reorganización política. No es de mi interés —ni estaría capacitada para— hacer un análisis exhaustivo sobre lo que el gobierno venezolano de Chávez y post-Chávez ha o no ha hecho, para después intentar algún tipo de «caracterización» del régimen político; me concentro, más bien, en indagar en algunas de las posibilidades políticas que se han abierto desde la sociedad, que podrían contribuir a hilar una agenda a mediano plazo para una política no estado-céntrica fundada en la producción y reproducción de lo común. Mi interés se concentra en pensar tales posibilidades y, simultáneamente, en ir dotándome de argumentos teóricos —y políticos— para abonar en tal reflexión.
Algunos hilos de la historia venezolana reciente
Lo que se mira de inmediato en Venezuela —y lo que más se conoce— son las diversas iniciativas gubernamentales para intentar disputar poder político a ciertos grupos oligárquicos locales fuertemente enlazados con intereses capitalistas-corporativos transnacionales; poder político, por lo demás, que estos grupos detentan tanto a partir de su importancia y fuerza económica local como por sus vínculos con intereses capitalistas todavía de mayor escala. Tales iniciativas se han plasmado, sobre todo, a través de los esfuerzos gubernamentales por consolidar un estado centralizado —presidencialista— muy sólido, atento a auspiciar y cultivar el «apoyo» de la población a sus políticas, para lo cual realiza transferencia de una parte importante —cifras oficiales hablan del 70 %— de la renta petrolera a la sociedad para propósitos múltiples. Sin embargo, no es esto únicamente lo que desde el estado el chavismo gobernante se ha propuesto impulsar, pues también ha realizado diversos esfuerzos de construir una institucionalidad paralela que, teóricamente al menos, le permitiría «trasladar» ciertas capacidades de decisión política a la población organizada de diversas maneras.
De manera sinóptica, en el siguiente cuadro enumero esquemáticamente algunas de las medidas políticas más relevantes de la confrontación social y política en Venezuela durante la última década y media, a fin de contextualizar los argumentos posteriores.
Cuadro 1. Relación sinóptica de momentos de aguda confrontación social y relación de algunas de las principales disposiciones gubernamentales para garantizar cambios políticos y económicos (1998-2010)
Fecha/año Sucesos principales

Diciembre de 1998 Chávez gana las elecciones
1999 Periodo constituyente.
Contenidos relevantes del debate constituyente:
1) Prohibición de venta de las acciones de
PDVSA, es decir, freno a la privatización paulatina de la principal empresa pública del país.
2) Legislación sobre cooperativas como sujetos centrales de la producción económica. 3) Reforma de la Seguridad Social.
Diciembre de 1999 Aprobación de la nueva Constitución
2001 Se dictan las 49 «Leyes especiales» entre las que se encuentran la Ley Orgánica de Hidrocarburos
—conocida como «reforma petrolera»— que comienza la reversión de la apropiación privada
de los hidrocarburos y la Ley de Expropiación de Tierras Ociosas, que se orienta hacia la reforma agraria.
Abril de 2002 Golpe de estado fallido. La lucha callejera
protagonizada por los habitantes de los barrios de Caracas es decisiva en la derrota al golpe de estado.
Diciembre de 2002 – Febrero de 2003 Paro petrolero —y lock-out empresarial— de dos meses en rechazo a ciertas disposiciones de
la Constitución del ‘99. De acuerdo con Edgardo
Lander el paro petrolero fue impulsado, muy masivamente, por parte de la amplia
capa gerencial y los ingenieros y técnicos de la propia petrolera estatal. Por su parte, la
medida de lock-out empresarial tenía como protagonistas a diversos partidos políticos de la derecha venezolana, a los medios de
comunicación corporativos, la jerarquía de la
Iglesia y, por supuesto, contaba con el apoyo del Departamento de estado de EEUU. Quienes más hablaban públicamente sobre todo esto, durante aquellos tensos meses, a modo de voceros de todas estas fuerzas, eran la Federación
de Cámaras Empresariales de Venezuela y la cúpula de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Este fue quizá el momento más intenso de la confrontación social, durante el cual se exhibieron, incluso, profundas fisuras en el ejército.
Agosto de 2004 Referéndum revocatorio en el cual Chavez es ratificado en la presidencia con el 59 % de los votos de la población.
2005 Creación de las milicias populares
2006 Creación de los Consejos comunales
2007-2010 Expropiación de algunas empresas productivas y fundación del PSUV.
Elaboración propia con base en información de Ellner, 2014 y Terán, 2014
En resumen, es claro que el chavismo estatal ha delineado una estrategia paulatina de recuperación y concentración de capacidades políticas y económicas para regular e intervenir en la vida colectiva, limitando hasta cierto punto la influencia del capital privado tanto local como transnacional. El protagonista de este proceso ha sido, sin lugar a dudas, el poder ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo ello ha sido posible dada la gran riqueza petrolera disponible en el país caribeño y a los altísimos precios de las materias primas durante varios años. Es decir, desde 2004 a la fecha, el gobierno central ha contado con una fuente enorme de recursos monetarios —que además continúa siéndolo y, por lo tanto, vuelve ahora a ser disputada por el poder transnacional apoyado por EEUU— para echar a andar sus planes y proyectos de «alteración de la textura social». Sin embargo, la relación establecida con el conjunto de la población trabajadora o, con más precisión, con las diversas organizaciones y asociaciones de hombres y mujeres en lucha bajo distintos formatos y fines ha tenido, a mi juicio, alguna de las siguientes formas: «seducción», tutelaje o cooptación y, con frecuencia, una combinación de ellas. Por relación de «seducción» me refiero a la insistente búsqueda de apoyo social a través de la entrega intermitente o regular de apoyos y regalos, concesiones y recursos; la relación de tutelaje se exhibe claramente, por otra parte, en la manera en la que se concibieron y se echaron a andar tanto los llamados Consejos comunales como ciertas «empresas sociales»; finalmente, la relación de cooptación se evidencia en la conformación del PSUV y en los vínculos que se establecen desde los distintos ministerios que conforman el poder ejecutivo con los segmentos de la población «a su cargo».
Lo que acá me interesa enfatizar es que, si de lo que se trata es de pensar la transformación social, uno de los pilares centrales de la posibilidad misma de emprender un camino de subversión de las relaciones heredadas es la alteración radical de las formas asimétricas y jerárquicas de la relación entre sociedad y estado a fin de abrir paso a la construcción de formas renovadas y no liberales de gobierno. Esto no ha sido el fuerte de la Revolución bolivariana y de ningún otro gobierno progresista en América Latina. Sobre este punto volveré más adelante.
Por otra parte, pese a todos sus esfuerzos —y esto es algo sobre lo cual se discute constantemente en Venezuela— el gobierno chavista no ha logrado consolidar un auténtico «capitalismo de estado», como en alguna época existió en ciertos países de América Latina, produciendo bajo pautas capitalistas —de estado— lo necesario para abastecer en gran medida el consumo interno y ensayando incursiones acotadas en las actividades de la industria pesada. Una gran dificultad que existe en este país es su conocida dependencia de los productos importados (tal y como se está mostrando durante los últimos meses), la cual, además, alienta la relación cada vez más estrecha del país caribeño con el gobierno chino.
Las preguntas que me hago —una vez descritas muy esquemáticamente ciertas trayectorias de la disputa entre el gobierno y diversas fracciones del capital local y transnacional— giran en torno a lo que sería posible transformar o, incluso, de lo que habría sido posible subvertir en determinados momentos de esta historia reciente. Esta forma de pensar las cosas no pretende una indagación especulativa sobre contrafácticos, sino que es un esfuerzo por pensar cómo se detiene-disuelve-supera al capital y sus bucles incesantes de acumulación, desde las propias lucha protagonizadas desde abajo; y cómo, simultáneamente, se puede pensar la tendencial desconcentración de la producción de decisión política desde el poder ejecutivo del estado central. Este conjunto de cuestiones es pertinente pues, considero, se sitúa en el nudo más problemático que ha atrapado a casi todas las revoluciones llevadas a cabo durante el siglo XX —y que nos persigue en el siglo XXI—: la imposibilidad de consolidar formas de autogobierno social estables en el tiempo cuyas decisiones y acciones guíen la subversión y tendencial «desacumulación» del capital y su proceso incesante de valorización que trastoca la riqueza concreta, heredada y recreada, una y otra vez, en abstracciones mercantilizadas.
I. Para esclarecer la reflexión planteada, en primer lugar, rastrearé una notable insconsistencia de la política gubernamental venezolana, no tanto con el afán de juzgar actitudes o exhibir «desviaciones» —¡a título de qué me correspondería hacer tal cosa!— sino para encontrar —y quizá entender— los límites que ellos mismos confrontan y que inhiben el despliegue de una política de lo común impulsada desde abajo que, al tiempo que transforma paulatinamente las relaciones sociales cotidianas, puede tener alcances económicos y políticos de mayor envergadura si no se ve saboteada, una y otra vez, desde arriba. A este conjunto múltiple de iniciativas y esfuerzos desde abajo es a lo que me refiero cuando aludo a un posible «(re) formismo desde abajo» que bien podría ser entendido, cuidado y reforzado no únicamente por quienes protagonizan tales acciones sino, también, por quienes eventualmente ocupan cargos públicos. Aunque esto, claramente, exigiría un esfuerzo sistemático de los gobernantes para, paradójicamente, «gobernar» lo menos posible.
Venezuela es un país donde la mayor parte de la población —casi el 90% según Censo Nacional, 2011— se concentra en las ciudades. Existen siete ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes, las cuales han crecido abrumadoramente en los últimos cincuenta años. Esto lleva a que la vivienda sea uno de los bienes más escasos y codiciados y a que, en torno a la vivienda, a su construcción, obtención y usufructo exista una aguda, antagónica y profunda disputa, llevada adelante desde varios flancos.
En primer lugar, aquellos hombres y mujeres organizados en familias de diversas clases y formas que carecen de una vivienda, o bien que, teniéndola, no cuenta con una construcción adecuada o requiere modificaciones y refacciones importantes para albergar satisfactoriamente la reproducción cotidiana de la vida. Muchos de estos hombres y mujeres en lucha por la vivienda se han organizado en el Movimiento de Pobladores y Pobladoras (MPyP). El MPyP, a principios de 2015, está conformado, por las siguientes agrupaciones:
a. Campamento de Pioneros – Nuevas Comunidades
b. Frente organizado por el buen vivir
c. Ocupantes de Edificios Organizados
d. Red Metropolitana de Inquilinos
e. Comités de Tierra Urbana
f. Organización de empleadas —y empleados— del
hogar
El origen de las distintas agrupaciones que conforman el MPyP es diverso: algunos, como el Campamento de Pioneros cuentan con más de una década de experiencia de lucha que comenzó con «ocupaciones o tomas» de terrenos para «producir vivienda de manera autogestionaria». Otros, como los Ocupantes de Edificios Organizados, antes de 2010 comenzaron a ocupar edificios abandonados principalmente en Caracas, reacondicionándolos colectivamente y gestionando, no sin contradicciones, la vida colectiva interna de tales inmuebles. Por otro lado, los Comités de Tierra Urbana —que pertenecen a ciertos Consejos comunales— han impulsado la llamada Ley de Tierra Urbana y coordinan de manera cercana con el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Y finalmente, el Frente organizado por el Buen Vivir, de formación más reciente, congrega a personas desplazadas por el desastre ocasionado por la vaguada de 2010, quienes también se lanzaron a ocupar inmuebles abandonados en la ciudad de Caracas contando con el aliento del gobierno central.
El discurso político de los participantes del MPyP está altamente estructurado: señalan que mediante la ocupación (o recuperación de tierra, inmuebles y viviendas disponibles) se debilita el negocio inmobiliario que es la base de un segmento relevante de la oligarquía local (familias Mendoza, Machado y Capriles, entre otras). Además, argumentan que si bien casi todas las agrupaciones que conforman el Movimiento nacieron como organizaciones reivindicativas para exigir el «derecho a la vivienda», entablando complicadas y, en ocasiones, difíciles negociaciones con dependencias estatales, ahora se proponen impulsar la «Revolución urbana» disputando palmo a palmo el usufructo de riqueza material —en su forma de viviendas y terrenos— al capital inmobiliario; enfatizan que la generación y cuidado de nuevos vínculos o formas de relación entre las familias que habitan los inmuebles recuperados es crucial para su proyecto de transformación social; y dan una gran importancia a las formas asamblearias de gestión de los asuntos colectivos.
Esta ejemplar lucha desde abajo, promovida por hombres y mujeres asociados para resolver un problema común —la carencia de lugares adecuados para las tareas cotidianas de reproducción material de la vida— mantiene hilos de comunicación con diversas dependencias gubernamentales, las cuales a veces alientan sus propósitos y propuestas, y otras estorban sus acciones, sobre todo cuando pretenden «administrarlas».
Uno de los mayores impedimentos o problemas con los que han chocado quienes participan en el MPyP es, justamente, el Art. 471 inciso a) del Código Penal que penaliza la «ocupación ilegal de inmueble», considerándolo un «delito grave» y castigándolo con penas de entre 5 y 15 años de prisión. El Art. 471 inciso a) del Código Penal quedó diseñado de esa manera en 2005, es decir, en medio de lo que diversos estudiosos consideran la «etapa radical del chavismo». Esta es una auténtica inconsistencia si de lo que se trata es de alentar transformaciones sociales desde abajo, esto es, desde una posición no estado-céntrica. El Art. 471, limita las posibilidades de lucha de las familias organizadas en el MPyP, colocándolas ante el peligro de ser encarcelados si continúan con sus actividades de recuperación de riqueza material, en forma de viviendas, edificios y tierra, para convertirla en bienes concretos —viviendas— para ser usufructuados por familias específicas.
Existe, por supuesto, la así llamada «Gran Misión Vivienda Venezuela», una de las principales políticas públicas gubernamentales ejecutada por los ministerios del ramo. Sin embargo, las relaciones que se entablan desde la «Misión Vivienda» con los posibles habitantes de las casas y departamentos construidos o por construir, no tiene absolutamente nada que ver con la autogestión para la solución de un problema común. Son viviendas cuyos planos son diseñados —en dos modelos— por un equipo central, que también se ocupa de gestionar los materiales e, incluso, en ocasiones, supervisa o desarrolla el trabajo de construcción.
Organizar y administrar centralmente la satisfacción de una necesidad material muy sentida y urgente, no produce, desde ningún punto de vista, ni experiencia de autogestión ni consolida tendencialmente formas de autogobierno. A lo más, generaliza maneras «amables» o «generosas» de administración de la población. Cuestión cuya importancia no es mi intención soslayar, sino dar cuenta de que es «otra cosa», distinta, a la tendencial construcción de autogobierno.
Señalado lo anterior, vuelvo al argumento que estoy desarrollando: mi interés al exhibir las inconsistencias entre lo que el gobierno chavista dice y lo que hace, en algo tan relevante como la vivienda, busca mostrar la posibilidad —no plenamente desplegada por los argumentos expuestos— de caminos y formas colectivas, tendencialmente autogestivas de solución de problemas comunes que son una fuente inmejorable de politización de quienes participan en tales experiencias. Es decir, tales posibilidades existen… y no se despliegan plenamente porque de distintas formas —en una conducta de apariencia neurótica— el propio gobierno las boicotea. Me vienen a la mente los versos de Sor Juana Inés de la Cruz cuando para criticar las relaciones jerarquizadas entre las mujeres y los varones en el siglo XVII decía: «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis».
Con estas ideas en mente abordemos algunos de los intentos promovidos desde el estado por construir «instituciones paralelas», a modo de palancas para impulsar ciertas transformaciones políticas; en particular, discutamos la construcción de Consejos comunales.
II. La Reforma a la Ley Orgánica de los Consejos comunales (Reforma-LOCC), publicada en la Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2009 señala, en su Art. 1:
La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los Consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.
En la misma Ley, el Art. 2 aclara que
Los consejos comunales […] son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, las ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permitan al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones.
Esto es, los Consejos comunales son una institución de gobierno local, llamados a realizar actividades de gestión de determinadas «políticas públicas» y, a través de ellos, se propone «articular» a los distintos elementos que habitan un territorio determinado: ciudadanos, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, etc.
En los capítulos II a VI de la LOCC se establecen detallados términos de funcionamiento de los Consejos en tanto que, al ser «instancias de participación» para la ejecución, control y evaluación de las «políticas públicas», deben ceñirse a un conjunto muy puntilloso de procedimientos y registros. Así, tanto por el ámbito territorial de su competencia —lo estrictamente local— como por las funciones asignadas y los procedimientos a los cuales deben ceñirse, los Consejos son auténticos órganos capilares del gobierno central insertos en el cuerpo social. Escuché una broma popular que exhibe con precisión el principal problema de esta estrategia para lo que se suele llamar «construcción de poder popular»: se dice, sobre los Consejos comunales que «primero se construye un calzado y luego se busca un pie». Es decir, se construye dificultosamente todo un andamiaje de «participación» para ejecutar políticas no decididas localmente y se establecen rígidamente los procedimientos a través de los cuales hacerlo. Resulta pues muy contradictorio e inconsistente que justamente tal cosa se conceptualice como «ejercicio directo de la soberanía popular».
El problema es muy complicado pues la «soberanía popular» a ser ejercida por los Consejos, insisto, es absolutamente limitada y local. ¿Sobre qué van a decidir los

Consejos? Sobre cuestiones inmediatas claramente rele vantes por un lado, pero, por otro, desde la propia Ley se fija una escisión acerca de aquello sobre lo cual los consejos no están llamados a decidir: los asuntos más generales del interés público.
Resulta pues que, más allá de la buena voluntad o de los empeños de algunos militantes locales del chavismo de base, los Consejos comunales no logran convertirse fácilmente en espacios de politización colectiva para ensayar nuevas y prolíficas formas de intervención sobre asuntos generales que a todos incumben porque a todos afectan. Así, si bien el hecho de que existen tales Consejos, puede habilitar, en ocasiones, la generación de otros procesos de producción de decisiones, nuevas capacidades y fuerzas colectivas, por lo general, su misma existencia tal y como está diseñada empuja hacia la reducción de los significados posibles que pudiera tener la reunión de ciudadanos y ciudadanas para fines políticos. Desde este punto de vista, los Consejos comunales constituirían, paradójicamente, una reducción de las posibilidades políticas de la población y no su ampliación.
Así, en tanto son organismos para gestionar localmente lo que centralmente se les vaya asignando, en forma de recursos o de tareas, es imposible que los Consejos comunales encaminen la colectiva construcción tendencial de autogobierno local y supralocal. En la Comuna Ataroa (estado de Lara), tuve oportunidad de presenciar ciertas discusiones entre consejeros comunales que asistían a un Diplomado en Planificación, cuyas preocupaciones versaban específicamente sobre la relación entre la Comuna y los Consejos comunales —como órganos políticos locales— y los habitantes de la localidad. La discusión versaba sobre la «apatía» de la población local a participar en las actividades a las que ellos, como consejeros, convocaban. Se lamentaban, además, de que no lograban rebasar el carácter clientelar de los vínculos efectivamente producidos con los habitantes de la Comuna y que estos últimos se relacionaban con los consejeros únicamente para presentarles «demandas» variadas que, encima, no estaba en sus manos satisfacer.
Más allá de que la construcción de los Consejos comuna les en tanto organismos de gobierno territorializados se superpone y confunde, en sus funciones y prerrogativas, con la institución municipal o alcaldía, los Consejos no convocan a la población a resolver por sí mismos problemas compartidos decididos por ellos mismos, como por ejemplo el caso de la limpieza de los barrios y de la basura acumulada en muchas de las esquinas, por ser esto un asunto que compete a la alcaldía. Más bien, convocan a la población, con grandes dificultades, a «participar» en las ofertas y proyectos elaborados desde el gobierno central que, posteriormente, son «bajadas» al nivel local. Resulta muy claro que el diseño «participativo» de esta forma política no tiene ninguna relación ni con la autonomía política de las organizaciones de base ni con la tendencial construcción de autogobierno.
De ahí que, a mi juicio, la superación del «paternalismo», es decir, del tutelaje gubernamental sobre la población, y/o del «clientelismo», como relación asimétrica de intercambio de apoyo político por beneficios materiales, sea imposible de lograr a través de nuevas «herramientas de planificación», tal y como era la aspiración de los participantes en el Diplomado. El problema del autogobierno local y el de la autonomía material y política de las diversas asociaciones de habitantes de los barrios no puede ser ni encaminado ni resuelto por la vía de la inclusión de algunos miembros del barrio —consejeros— en la gestión local de decisiones y proyectos de cuyo diseño y producción no han formado parte. Autogobierno como ejercicio directo de «soberanía social» para resolver en común ámbitos específicos de problemas y asuntos de incumbencia colectiva es, pues, algo contrapuesto a «participación» como ejercicio de inclusión para ejecutar decisiones heterónomas. La confusión de estos dos bloques de problemas, el del autogobierno y el de la «participación», es decir, la no distinción clara del estatus diferenciado de contenidos y formas en ambas propuestas, conduce a una discusión que empantana y dificulta, a mi juicio, las posibilidades colectivas de transformación social anidadas en los diversos barrios y asentamientos.
III. En contraste con las dificultades —apenas delinea das— que enfrentan los Consejos comunales, existe una rica experiencia cooperativa en Venezuela sobre la cual valgan algunas reflexiones.
El movimiento cooperativo en Venezuela tiene una larga tradición de construcción de capacidades sociales productivas y de gestión para garantizar la disposición colectiva tanto de algunos recursos monetarios —riqueza en su forma abstracta— como de ciertos «medios de existencia» —riqueza en su forma concreta— a los asociados o asociadas que conforman tales unidades cooperativas. En particular, en el estado de Lara, el movimiento cooperativo comenzó a desarrollarse a partir de 1965 auspiciado, en aquel entonces, por sacerdotes de diversos centros religiosos. La experiencia más amplia y lograda de este movimiento es la Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara (CECOSESOLA) que, de acuerdo a su propia autodefinición, es una muy amplia «organización en movimiento» que ha rebasado los cuarenta años de existencia, siendo una y otra vez capaz de autotransformarse adaptándose a los cambios económicos y políticos en el país (CECOSESOLA, 2003). Pese a que el «éxito» y la perdurabilidad de CECOSESOLA es la excepción y no la regla en Venezuela, considero muy valioso bosquejar algunos rasgos de este empeño colectivo.
Resulta un tanto difícil describir exteriormente en qué consiste CECOSESOLA, dada la amplia variedad de sus actividades y la flexible plasticidad de sus iniciativas. En tal sentido, su autodefinición como «organización en movimiento» es precisa: son un movimiento muy amplio que de manera diversa y variada propicia enlaces entre productores y consumidores a través de sostener, con esfuerzos cooperativos, un amplio mercado de abasto en la ciudad de Barquisimeto; un mercado que se ha expandido-replicado generando al menos otros dos centros de intercambio de menor tamaño en otras zonas de la misma ciudad. También es un movimiento de enlace entre población y profesionales de la salud a través de exitosos y actualizados servicios cooperativos de salud.
Lo más interesante de CECOSESOLA es su funcionamien to interno y el sistemático esfuerzo realizado por no ser únicamente una «organización» en el sentido rígido que suele asignarse a tal noción: propósitos explícitos —y por lo tanto acotados—, estatutos definidos rigurosamente, modos de funcionamiento instituidos como procedimientos generales, etc. Son «organización en movimiento» en tanto una de las actividades internas que con más cuidado cultivan y cuidan es la reunión colectiva y la conversación.
A lo largo de todos los años de existencia de CECOSESOLA, el conjunto de sus asociados han producido de forma cooperativa un conjunto amplio de riqueza material concreta —el predio donde está el mercado, las construcciones que hay en él, una gran cantidad de vehículos para realizar las actividades, un hospital, etc.— y, más importante aún, han sedimentado una vasta experiencia en gestionar todos esos recursos producidos colectivamente a través de reuniones cotidianas periódicas de distintas escalas para decidir, entre todos, las modificaciones y ajustes en la gestión inmediata y estratégica de lo que es poseído cooperativamente, para establecer los términos de usufructo de aquello que se posee y se genera colectivamente, así como para decidir el destino de los excedentes generados a través de la actividad compartida y el rumbo general de su asociación. En tal sentido, CECOSESOLA es un caso emblemático de un esfuerzo cooperativo y autogestivo de mediano alcance, estable en el tiempo, que no ha precisado institucionalizarse —en el sentido liberal-estatal del término— aunque, eso sí, requiere de cotidianos y persistentes esfuerzos para seguir produciendo su existencia con base en refrendar acuerdos colectivos una y otra vez, establecer límites internos y externos de las prácticas admisibles, mejorar y perfeccionar prácticas de colaboración y «resolución» de conflictos internos, etc.
CECOSESOLA, tal y como intento describirla nutriéndome de lo que fui capaz de entender en una breve visita y con base en la revisión de lo que ellos dicen de sí mismos, es algo así como un organismo vivo. De ahí la pertinencia de su autodefinición como «organización en movimiento», que sería el rasgo general compartido de cualquier proceso vivo: su capacidad de (auto)organiza ción y (auto)re-organización dúctil, flexible, plástica y, por lo mismo, en constante movimiento.
La experiencia acumulada, la capacidad material disponible en su forma de riqueza concreta, la amplitud y densidad de los vínculos con otras cooperativas de producción locales así como el tamaño mismo de CECOSESOLA constituyen un raro ejemplo de un grupo grande de hombres y mujeres que consiguen construir, cooperativamente, condiciones de cierta autonomía material estable en el tiempo para allegarse los medios de existencia necesarios en contextos de gran adversidad; y que, por lo tanto, aseguran para sí mismos mejores condiciones de autonomía política.
Con el conjunto de elementos brindados sobre CECOSESOLA resulta pertinente la pregunta: ¿es posible entender —y aprender de— esta experiencia con las categorías analíticas y los pares clasificatorios de lo político y lo económico canónicos tradicionales? Una y otra vez, los asociados expresan que su capacidad de solucionar problemas — que es una manera muy distinta de pensar la noción más tradicional de «éxito»— está fundada en la autonomía de su hacer y en las capacidades de autogestión desarrolladas a lo largo de años. De ahí que sea una reducción de la comprensión de esta experiencia el querer identificar a CECOSESOLA únicamente como un esfuerzo cooperativo tradicional o, más aún, como un ejemplo de creación colectiva de un orden meramente privado.
Sin embargo, CECOSESOLA no es una entidad pública. ¿Cómo realizar la comprensión fértil de esta inmensa red de vínculos móviles y estables entre cientos o miles de personas, que al realizar intercambios mercantiles generan excedentes que se convierten en nueva riqueza concreta para ampliar los términos colectivos del usufructo de los resultados producidos entre todos? ¿Se trata únicamente de auspiciar procesos de intercambio mercantil simple, o están dando a luz a otra cosa? ¿Estamos ante un ejercicio de distorsión-deformación, hasta ahora exitosa, de ciertas relaciones capitalistas para sujetarlas al control colectivo? ¿CECOSESOLA tiene en sí misma la amenaza

cierta de convertirse en una empresa capitalista? ¿Lo es en la actualidad? ¿Es CESOSESOLA, más bien, una experiencia de creación colectiva de condiciones para la autonomía material que garantiza la autonomía política de sus asociados? ¿Por qué la insistencia en no «tomar partido» en términos políticos bajo las rígidas pautas de distinción política instituidas?
Todas las preguntas anteriores, a mi juicio, son irresolubles si se conserva el marco de intelección moderno que establece los pares estado/mercado, público/privado, como fundamento de la organización del pensamiento político. A decir de quienes han compartido la experiencia de CESOSESOLA y de lo que puede observarse al visitar y conocer su red de vínculos, ellos estarían produciendo riqueza común ensayando una y otra vez formas renovadas de generación de vínculos de co-usufructo y autogestión de la riqueza material de la que disponen; al tiempo que afirman que están «tejiendo comunidad» y plantean reflexiones colectivas sobre las formas de relación imperantes en la sociedad actual. De ahí su enorme capacidad creativa de formas cotidianas renovadas de lo social que desbordan las clasificaciones canónicas. De ahí, también, su amplia capacidad de sortear problemas, de relanzar fines decididos por ellos mismos en infinitas y recurrentes acciones deliberativas.
Al igual que en el acápite anterior, es posible documentar una serie de inconsistencias y contradicciones en las relaciones inmediatas entre la experiencia de autoproducción y autogestión relatada y las acciones emprendidas por diferentes oficinas gubernamentales, justamente en la dirección de «construir y consolidar» estado. Uno de tales ejemplos es la decisión pública de «reglamentar» en mayor detalle las actividades de las cooperativas, instituyendo un conjunto de reglas generales a las que todas las asociaciones de esta clase deben adecuarse. En palabras de ellos mismos: «[De ceñirnos estrictamente por los parámetros legales] se sometería a la organización a una especie de camisa de fuerza. Al imponer una estructura jerárquica que particulariza —por un lado a los de “arriba”— que asumen responsabilidades y [por otro a] los de “abajo”, que acatan sus lineamientos y decisiones» (CECOSESOLA, 2003: 85). En la experiencia cotidiana de la CECOSESOLA claramente no todos son iguales. No parten de un principio de horizontalidad rígida, si bien el eje de la gestión de la diferencia entre socios no es ninguna jerarquía establecida de antemano sino la experiencia acumulada en la participación en las actividades colectivas. De ahí que ellos mismos puedan organizar procedimientos siempre variados, siempre dúctiles y renovados para «horizontalizar», a partir de hacer circular la experiencia singular depositada en cada asociado antiguo hacia los nuevos que, de entrada, son considerados y tratados como iguales en tanto comparten cargas de trabajo y de remuneración similares.
La «creación de estado», entonces, expresada en este caso en la voluntad normativa, o en la búsqueda compulsiva de procedimientos generales impulsados desde arriba, no sólo estorba lo que desde abajo se hace y se continúa haciendo, sino que puede convertirse en un mecanismo para obligar a experiencias exitosas como ésta o bien a «quedar fuera de la ley» o bien a gastar parte de su energía en realizar —o al menos en aparentar— los ajustes no decididos internamente. Así, CECOSESOLA puede —y lo ha hecho en ocasiones— objetar, incidir y negociar las leyes y reglamentos, aunque claramente esa no es su actividad principal. Siguiendo con la metáfora del «organismo vivo» que existe en un medio independiente, CECOSESOLA tiene no sólo capacidad de adaptación para su autopreservación sino que, en ocasiones, tiene también capacidad de influir en las condiciones del medio. La pregunta acá es, sobre todo para los cuadros dirigentes que desde el aparato de gobierno establecen normas y dictan reglas, si de lo que se trata es de construir un «medio» — esto es, un espacio-tiempo social y político— que favorezca el desarrollo de iniciativas autónomas y autogestivas o si, más bien, se estorba y obturan tales posibilidades. La respuesta a esta pregunta puede iluminar una «medida» propia —desde las iniciativas de abajo impulsadas fuera del estado— que oriente de manera más fértil las relaciones con los gobernantes.
Un caso muy parecido al anterior del «estorbo» de la ley que fácilmente se convierte en una amenaza para experiencias cooperativas igual de antiguas y sólidas aunque no tan extensas como la de CECOSESOLA, lo registré en la Cooperativa 8 de mayo. Esta cooperativa, establecida en la localidad de Sanare en el estado de Lara, tiene más de 30 años de funcionamiento y se ha especializado en la producción de pasta de alto valor nutricional, organizada y gestionada por un grupo amplio de mujeres donde se entretejen relaciones familiares con lazos cooperativos. En la actualidad, esta cooperativa está amenazada por cierta norma sanitaria que establece que el local que ellas han construido con incontables esfuerzos y donde realizan su trabajo cotidiano no «cumple» con el conjunto de características requeridas para obtener una «certificación como local adecuado para la producción de alimentos». No importa la pulcritud del espacio, el cuidado en el almacenamiento de las materias primas y de los productos ya envasados, ni la meticulosidad con que utilizan aquello de lo que disponen y que ha significado el esfuerzo de todas ellas o de sus madres y parientes; para la mirada pública es relevante que ellas no se ciñen a un «diseño» de construcción de locales apto para producir alimentos decidido de forma ajena. Las mujeres de la 8 de marzo ignoran quien estableció tal norma que en la actualidad resulta una amenaza para sus recursos disponibles.
A manera de conclusión
Vuelvo ahora, para cerrar este trabajo, a la discusión sobre los dos puntos que fueron planteados al inicio. En primer lugar, qué elementos nuevos nos aportan ciertas experiencias de lucha cotidiana y desde abajo en la Venezuela contemporánea más allá de los «cambios» en ciertas dinámicas estatales. En segundo lugar, abordaré la cuestión de si poner el acento en las «nuevas instituciones» comunitarias o comunitario-populares realmente alimenta la reflexión sobre los caminos de las luchas anticapitalistas y antiestatales más fértiles del continente.
En relación con el primer asunto, en este ensayo me he concentrado en lo que a mi juicio es la médula y el corazón de la expresión «transformación social». Es mucho más convencional discutir sobre los «cambios» económicos y políticos ocurridos en los diversos países del continente durante los últimos años, y existen abundantes y útiles materiales sobre dicha temática. La mirada que sostengo, sin embargo, propone enfatizar la transformación social desplegada desde abajo, sus posibilidades y límites, como medida para conducir la reflexión sobre el conjunto de modificaciones y alteraciones de antiguas relaciones de fuerza en países donde están ocurriendo cambios a nivel político y económico. La intención es problematizar y dotar de contenido a la expresión «protagonismo social» en países donde el mando político nacional no es ocupado inmediata y directamente por representantes directos de las élites dominantes tradicionales. ¿Para qué hacer esta inversión del punto de partida de la reflexión? ¿Para qué tratar de encontrar otra medida que nos permita comprender y evaluar lo que acontece?
En primer lugar, considero que si se piensa como prioritaria la «transformación social» es posible descentrar la mirada del estado-centrismo que impregna la comprensión contemporánea de los asuntos políticos y económicos. Es decir, si la cuestión políticamente más relevante consiste en visibilizar y entender las posibilidades y capacidades sociales i) para la consolidación y expansión de procesos colectivos de producción de decisiones políticas de largo alcance y ii) de (re)apropiación social de ámbitos crecientes de riqueza material, entonces el punto de partida tiene que ser la transformación-regeneración de relaciones sociales que den cauce a tales esfuerzos, al modo como se desbroza un camino intrincado y difícil de transitar.
Sin desconocer ni la importancia que los cambios a nivel del estado central tienen en la estructuración política de los países, ni la relevancia e influencia que determinadas orientaciones en política económica adquieren en la organización general de la vida cotidiana de las distintas sociedades, considero que lo que las luchas más profundas de los últimos años han puesto en el tapete de la discusión política es la superación del capital y del capitalismo como forma central de producción ampliada y reiterada de riqueza abstracta y, por lo tanto, la erosión-disolución tendencial de la forma estatal de concentración y monopolización de las decisiones políticas que le es funcional.
La cuestión de la transformación social, por lo tanto, abarca prácticamente todas las dimensiones de la vida cotidiana, política y económica de las sociedades en tanto se refiere, en primer lugar, a las luchas por (auto)garantizar y (auto)expandir satisfactoria y colectivamente las condiciones de existencia (De Angelis, 2012) de la mayoría de la población; ya sean luchas contra los agresivos cercamientos y despojos de tales condiciones de existencia que tienen lugar en algunos países, ya sean luchas y esfuerzos más bien destinados a reapropiarse colectivamente de la riqueza material disponible para relanzar procesos renovados de regeneración y creación de riqueza concreta.
En segundo lugar, las luchas contemporáneas también se centran en la recuperación de tiempo, a fin de desarmar su condición escindida entre tiempos de trabajo cada vez más largos, exigentes y agotadores y tiempos de ocio que, en realidad, son tiempos de y para el consumo de más y mas mercancías. Se trata pues de la transformación general de las relaciones sociales cotidianas y más inmediatas como único modo de subversión y trastocamiento de las relaciones sociales más abarcadoras y generales. De ahí que sea tan relevante no sólo la realización de, por ejemplo, procesos constituyentes que disputen los marcos generales que han de orientar el curso de los hechos sociales, sino también el trastocamiento de los formatos legales y procedimentales a distintas escalas espacio-temporales. Y esto último es justamente lo que no es posible hacer desde los gobiernos hacia y sobre las sociedades, si no es a riesgo de reproducir tecnocracias o burocracias que conduzcan, reglamenten, administren y disciplinen a las diversas tramas colectivas que conforman un cuerpo social, suprimiendo sus iniciativas, acotando sus posibilidades y estrechando los términos de su potencial «protagonismo».
En relación con el segundo asunto planteado en esta conclusión, son claros los hilos que tejen la postura que sostengo. Mucho más importante que poner la atención en el diseño general de «instituciones comunitarias» —no estoy siquiera realmente segura de que tal cosa sea posible— considero que la cuestión más relevante es poner atención en las diversas experiencias de lucha cotidiana en marcha, autoproducidas dificultosamente en condiciones de gran adversidad, para construir y consolidar vínculos diversos entre hombres y mujeres para satisfacer en común —al menos parte de— las variadas necesidades de la reproducción colectiva de la vida (necesidades como vivienda, alimento, espacios para intercambiar) o para echar a andar otros proyectos y dar cuerpo a otros deseos imaginados en común. Estos vínculos y ensayos son los que permiten ir, en lapsos largos de tiempo, más allá, contra y más allá del capital y del estado.
Mientras no tengamos un arsenal teórico, una plataforma epistémica, un marco de intelección crítico para entender este conjunto de esfuerzos en su auténtica dimensión subversiva y por tanto trans-formadora, no podremos superar un conjunto de límites que lo instituido, el estado moderno y su hibridación con el relanzamiento de nuevos ciclos de acumulación de capital imponen a nuestros pensamientos. En tal dirección, ensayar categorías como la noción de re-formismo desde abajo para aludir a la multidimensional y compleja manera en que diversas tramas de hombres y mujeres asociados solucionan problemas cotidianos y se dotan de fines más allá y en contra del estado y el capital, para referirnos a las iniciativas y actividades sistemáticas, perseverantes y reiteradas protagonizadas por muy diversos y heterogéneos colectivos humanos, por tramas comunitarias, por familias extendidas y redes de afinidad, por grupos de paisanaje y otras figuras agregativas que somos todavía incapaces de nombrar… me parece un camino fértil aunque dificultoso y a veces angosto y peligroso para pensar las posibilidades de transformación social anidadas en cada uno de nosotros y nosotras.
Si no amplificamos la abdicación de puntos de vista estado-céntricos, no podremos dar paso a la comprensión de otras formas de autogobierno, de autoproducción de lazos y vínculos y obturaremos una vez más los torrentes de rupturas más hondas con el capital y su forma estatal moderna de reducir, gobernar y administrar el mundo social. La noción de «organización en movimiento» que brota de los esfuerzos de los miembros de CECOSESOLA por explicar su saber acumulado resulta, bajo esta clave, mucho más útil para otras luchas que los esfuerzos por reglamentar los Consejos comunales.
Si la ley fue la mediación para articular históricamente violencia y propiedad, desatar este nudo histórico entre violencia y propiedad, ¿podría ser una tarea para quienes ocupen gobiernos que enuncien su ánimo de contribuir a transformar el mundo social? En tal sentido justamente Venezuela y sus esfuerzos por confrontar las fuerzas más obscuras del capital global, por ensayar una y otra vez nuevas —a veces con cierto éxito, a veces no tanto, pero intentándolo siempre— formas de redistribución de renta —que no de riqueza tal como insiste Víctor Álvarez— es un extraordinario laboratorio donde aprender sobre las posibilidades y peligros de la transformación social. Las tareas y fuerzas principales, sin embargo, para asegurar dicha trans-formación social, están únicamente en todxs nosotras, fuera del estado, ensayando con perseverancia e imaginación, maneras de destotalizar (Tischler, 2013) las relaciones del capital. Las instituciones que acá se generen serán siempre dúctiles —que no frágiles— siempre móviles —que no inciertas. Serán, casi seguro, esfuerzo por la autoorganización reiterada y en movimiento.
Puebla (México), abril de 2015