Sudamérica rural I - Una mirada regional basada en ocho países advierte un contexto de retroceso para el desarrollo rural en Sudamérica

ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PARAGUAY
PER Ú
VENEZUELA

INFORME 2017
Acceso a la tierra y territorio
en Sudam�rica
Argentina · Bolivia · Brasil · Colombia
Ecuador · Paraguay · Per� · Venezuela
Coordinación y edición general
Ruth Bautista Durán
Oscar Bazoberry Chali
Lorenzo Soliz Tito
Autores
Juan Wahren, Argentina
Tomás Palmisano, Argentina
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Bolivia
Carlos Walter Porto-Gonçalves, Brasil
Danilo Pereira Cuin, Brasil
Julia Nascimento Ladeira, Brasil
Marlon Nunes Silva, Brasil
Pedro Catanzaro da Rocha Leão, Brasil
Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz, Colombia
Juliana Millán Guzmán, Colombia
Milson Betancourt Santiago, Colombia
Billy Ávila Sánchez, Colombia
Stalin Herrera Revelo, Ecuador
Esteban Daza Cevallos, Ecuador
Idalina Gómez Hansen, Paraguay
Pedro Castillo Castañeda, Perú
Vladimir Aguilar Castro, Venezuela
Mayo de 2018

El IPDRS y el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio cuentan con el
apoyo de Pan para el Mundo (PPM), Organización Intereclesiástica para la
Cooperación al Desarrollo – ICCO, el Comité Catholique Contre la Faim et pour
le Développement - CCFD-Terre Solidaire y Fastenopfer, Acción Cuaresmal.
Bautista Durán, Ruth
Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica / Ruth Bautista Durán;
Oscar Bazoberry Chal; Lorenzo Soliz Tito. – La Paz: Instituto para el Desarrollo
Rural de Sudamérica, 2017. 298 p.; il.; maps.; grafs.; tbls.; 16 x 21 cm.
D.L.: 4-1-1600-18
ISBN: 978-99974 -320-1-8
Acceso a la tierra y territorio/ Organizaciones campesinas/ Territorios indígenas / Conflictos
por la tierra/ Políticas agrarias /Movimientos campesinos / Movimientos indígenas /
Argentina / Bolivia/ Brasil / Colombia/ Ecuador / Paraguay / Perú/
Edición en portugués: Katyussa Veiga
Edición en español: Martín Zelaya
Diseño: Martín Sánchez
Colaboraciones institucionales:
GER-GEMSAL, UBA, Argentina
CIPCA, Bolivia
LEMTO-UFF, Brasil
Programa Geografía –UEC, Colombia
ATI, Colombia
IEE/OCARU, Ecuador
RED RURAL, Paraguay
CEPES, Perú
GTAI - ULA, Venezuela

©Instituto para el Desarrollo
Rural de Sudamérica - IPDRS,
abril de 2018
Av. 20 de octubre # 2396,
casi esq. Belisario Salinas.
Edif. María Haydee. Piso 12
Telf. (591 - 2) 2115952
Casilla N° 9052
www.sudamericarural.org
Impreso en La Paz, Bolivia

�NDICE
Siglas 9
Presentación 15
La resistencia campesina indígena en Sudam rica 18
Introducción: hacia una lectura sudamericana
sobre el acceso a la tierra y territorio 21
Opción metodológica 37
ARGENTINA 45
1. Marco general del país 47
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 49
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 51
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio 55
5. Propuestas 59
6. Normas 61
7. Instituciones 63
8. Publicaciones 63
Argentina en movimiento 67
BOLIVIA 73
1. Marco general del país 75
2. Avances en el acceso a la tierra 77
3. Conflictos en el acceso a la tierra 79
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio 85
5. Propuestas 89
6. Normas 91
7. Instituciones 95
8. Publicaciones 96
Bolivia en movimiento 99
BRASIL 109
1. Marco Geral 111
2. Avanços no acesso à terra e ao território 114
3. Conflitos no acesso a terra e ao território 119
4. Açôes camponesas e indígenas de acesso à terra e ao território 125
5. Propostas - Novos Horizontes de Sentido 130
6. Normas… ou quando a regra a exceç o 134
7. Instituiç�es sem legitimidade 136
8. Publicaç�es 137
Brasil en movimiento 139
COLOMBIA 147
1. Marco general del país 149
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 154
3. Conflictos por el acceso a tierra y territorio 157
4. Acciones campesinas e indígenas
para el acceso a la tierra y el territorio 160
5. Normas 162
6. Instituciones 164
7. Publicaciones 165
Colombia en movimiento 167
ECUADOR 179
1. Marco general del país 179
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 181
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 183
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio 188
5. Propuestas 192
6. Normas 196
7. Instituciones 196
8. Publicaciones 197
Ecuador en movimiento 199
PARAGUAY 207
1. Marco general del país 209
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 210
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 213
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y al territorio 216
5. Propuestas 218
6. Normas 219
7. Instituciones 220
Paraguay en movimiento 221
PERÚ 231
1. Marco general del país 233
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 234
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 236
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio 238
5. Propuestas 241
6. Normas 242
7. Instituciones 243
8. Publicaciones 244
Perú en movimiento 245
VENEZUELA 255
1. Marco general del país 257
2. Avances en el acceso a la tierra y al territorio 258
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 261
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio 266
5. Propuestas 267
6. Normas 269
7. Instituciones 269
8. Publicaciones 271
Venezuela en movimiento 273
SUDAMÉRICA EN MOVIMIENTO 285
Casos inspiradores sobre acceso a la tierra y territorio 287
¿Qué hace el movmiento regional por la tierra y el territorio? 299
ANEXOS 301
HERRAMIENTAS PARA LA COMPARACIÓN
1. Marco general 301
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio 302
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio 303
4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio 304
5. Propuestas 305
6. Normas 306
SIGLAS
SUDAMÉRICA
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CAF Corporación Andina de Fomento
COP23 23ª Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
OFID Fondo para el Desarrollo Internacional
OIT Organización Internacional de Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
PIB Producto Interno Bruto
UPA Unidad Productiva Agropecuaria
ARGENTINA
AACREA Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola
AAPRESID Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
AMPAP Asambleas Mendocinas por el Agua Pura
CAI Consejo Asesor Indígena
CAREM Central Argentina de Elementos Modulares
CARTEZ Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
CODECI Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTEP Central de Trabajadores de la Economía Popular
ENCE Empresa de Energía y Celulosa de España
FERCOA Federación Riojana de Cooperativas y Autogestionadas
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
PRONTAR Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UTT Unión de Trabajadores de la Tierra
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
BOLIVIA
AAR Asociación Accidental Rositas
ABT Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
AEVIVIENDA Agencia Estatal de Vivienda
AFD Agencia Francesa de Desarrollo
ALDT Asamblea Legislativa Departamental de Tarija
AOP Actividades, Obras o Proyectos
BOCINAB Bloque de Organizaciones Campesinas
e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
CAPPO Cámara de Pequeños Productores del Oriente
CBHE Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía
CENAMIB Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CITRMD Central de Pueblos Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios
COPNAG Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos
COPNAG Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos
CPE Constitución Política del Estado.
CPEM-B Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CSCIOB Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales Originarios de Bolivia
CWE China International Water Electric Corp.
ENDE Empresa Nacional de Electricidad
ENDE Empresa Nacional de Electricidad
FONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
FSUTCLPTK Federación Única de Trabajadores Campesinos
de La Paz Tupac Katari
FSUTCSC Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de santa Cruz
GANPI Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas
IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS Movimiento Al Socialismo
RETFA Programa de Recuperación de Tierras Fiscales Avasalladas
RR Round Up Ready
SERNAP Servicio Nacional de Aéreas Protegidas
TCO Tierras Comunitarias de Origen
TGN Tesoro General de la Nación
TIMI Territorio Indígena Mojeño Ignaciano
TIOC Territorio Indígena Originario Campesina
TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
BRASIL
AGU Advocacia-Geral da União
ANQ Articulação Nacional dos Quilombos
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres
ATER Assistência Técnica e Extensão Rural
BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento
CAR Cadastro Ambiental Rural
CNA Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento
CPI – SP Comissão Pró-Índio – São Paulo
CPI Comissão Parlamentar de Investigação
CPT Comissão Pastoral da Terra
FCP Fundação Cultural Palmares
FUNAI Fundação Nacional do Índio
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IPI Imposto sobre Produto Industrializado
MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário
MPA Movimentos dos Pequenos Agricultores
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
PAA Programa de Aquisição de Alimentos
PEC Projeto de Emenda Constitucional
PEC Proposta de Emenda à Constituição
PLANAPO Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual
PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNARA Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos
PRONERA Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
STF Supremo Tribunal Federal
13 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
COLOMBIA
ADR Agencia de Desarrollo Rural
ANT Agencia Nacional de Tierras
ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
ANZORC Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
ASCAMCAT Asociación Campesina del Catatumbo
COCCAM Coordinadora Nacional de Cultivadores
de Coca, Amapola y Marihuana
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca
DANE Encuesta Nacional de Calidad de Vida
ELN Ejército de Liberación Nacional
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INDEPAZ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia
PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PISDA Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y
Desarrollo Alternativo
PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos
PSA Pago de servicios ambientales
RESO Registro de los Sujetos de Ordenamiento
RRI Reforma Rural Integral
SIRA Subsidio Integral de Reforma Agraria
ZDE Zonas de Desarrollo Empresarial
ZIDRES Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social
ZIDRES Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
ZRC Zonas de Reserva Campesina
ECUADOR
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CNC EA Coordinadora Nacional Campesina – Eloy Alfaro
COPISA Conferecia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria
MAG Ministerio de Agricultura
14 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
ASOMAC Asociación de Montubios de Colimes
AGD Agencia de Garanías de Depósitos
C-CONDEM Coordinadora Nacional para la Defensa
del Ecosistema Manglar del Ecuador
RAAM Reglamento Ambiental de Actividad Minera
ENAMI Empresa Nacional de Minería
CODELCO Corporación Nacional del Cobre de Chile
FOA Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas Azuay
CLOC-VC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo - Vía Campesina
FENOCIN Confederación Nacional de organizaciones
campesinas, indígenas y negras
ASTAC organizaciones de campesinos trabajadores agricolas
PARAGUAY
CIPAE Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia
CNI Coordinadora Nacional Intersectorial
EPP Ejército del Pueblo Paraguayo
FNC Federación Nacional Campesina
FNC Federación Nacional Campesina
FTC Fuerza de Tarea Conjunta
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico
SENAVE Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
SIRT Sistema de Información y Recursos de la Tierra
PERÚ
ACODECOSPAT Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación
San Pablo de Tipishca
AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
APIP Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados
CCP Confederación Campesina del Perú
CENAGRO Censo Nacional Agropecuario
CNA Confederación Nacional Agraria
CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CUNARC Central Única Nacional de Rondas Campesinas
EIA Estudio de Impacto Ambiental
FECONACO Federación de Comunidades Nativas del Corrientes
FEDIQUEP Federación de Pueblos Indígenas Quechuas del Pastaza
FENMUCARINAP Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú
FP Fuerza Popular Frente de Defensa de Cuenca Cañón del Apurímac
FUCAE Federación Única de Campesinos de Espinar
FUDIE Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar
INDECI Instituto Nacional de defensa Civil
ITS Informe Técnico Sustentatorio
MEM Ministerio de Energía y Minas
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
ONAMIAP Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas
y Amazónicas del Perú
OPIKAFPE Organización de Pueblos Indígenas Kichwas,
Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador
PPK Peruanos Por el Kambio
PTRT3 Proyecto de Titulación de Tierras Rurales
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú
SER Servicios Educativos Rurales
SPCC Southern Perú Copper Corporation
UNCA Unión Nacional de Comunidades Aymaras
VENEZUELA
ABRAE Áreas Bajo Régimen de Administración de Especial
AMO Arco Minero de Orinoco
ANC Asamblea Nacional Constituyente
CIADI Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a inversiones
CRBV Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
CVA Corporación Venezolana Agraria
GTAI Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
INDER Instituto Nacional de Desarrollo Rural
INTI Instituto Nacional de Tierras
MINPPI Ministerio para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas
Presentación
Muchos de los históricos conflictos y de las mayores disputas en vigencia en la región
tienen que ver con la tierra. Varios países sudamericanos están atravesados por
los Andes y la Amazonía, y disponen de una serie de recursos y bienes que son el
caro objetivo de un modelo económico que, ya todos sabemos, es insostenible. Lo
que debe llamarnos la atención es que con toda la violencia desatada, las cifras de
muertos, desaparecidos y desplazados, siguen siendo los campesinos e indígenas los
demandantes y defensores, los primeros en apostar por la paz, renovar la democracia
y perseguir un mejor vivir.
El campo, la ruralidad y las formas de vida indígena y campesina deben considerarse
como construcciones sociales, políticas y económicas que salen a flote precisamente
porque sus agentes –protagonistas, les decimos– insisten en reproducir sus relaciones
en colectividad; por el apego que tienen por su cultura, por su libre determinación y
por el sostenimiento de la vida. Es así que el esfuerzo positivista que concibe a la vida
rural como pre-moderna y naturaliza la descampesinización y la enajenación cultural,
siempre encuentra sus excepciones, sus detractores: los movimientos por la tierra y
el territorio.
Las voces e imágenes recopiladas en innumerables acciones de resistencia y movilización,
no reemplazan la posibilidad de un diálogo, una amistad de largo aliento,
un compromiso político; la investigación militante nos señala muchos rostros con voz
propia, con propuestas e interpelaciones profundas. No aceptamos la pasividad de
las y los sujetos rurales, queremos oírles y al menos, reunir las secuelas de sus movilizaciones.
Por ello afirmamos que un ciclo anual contiene información sustantiva,
novedosa y oportuna de recolectar para enriquecer los estudios y la información sobre
la dinámica rural.
El Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, iniciativa enmarcada en
las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, presenta su tercera
versión por tercer año consecutivo. Se han superado las 170 sistematizaciones de
experiencias inspiradoras de acceso a la tierra y territorio en 10 países de la región. La
plataforma www.porlatierra.org, además de los casos, cuenta con documentos técnicos
y dispone de información de actualidad de los principales movimientos por la tierra
y defensa territorial de la región.
17 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
El avance es sustancial, se ha acelerado el ritmo, tanto en la construcción de alianzas
como en el registro de casos y la organización de actividades en diferentes países.
Bolivia, Ecuador y Paraguay están a punto de cumplir con la expectativa de
cantidad de casos sistematizados; tenemos el gran desafío de acrecentar alianzas y
sistematizaciones en Perú, Colombia y Uruguay; creemos que en Brasil y Argentina
hemos construido alianzas sólidas y comprometidas; debemos persistir en Chile y
Venezuela.
Este Informe Anual tiene la característica de no difundirse, como otros, solo en sitios
restringidos y a partir de ciertos esquemas que no suelen ser los escenarios más
acogedores para hablar sobre el retorno al campo, el apego a la tierra y las luchas
campesinas e indígenas. La muestra audiovisual itinerante Voces e imágenes por la
tierra y territorio, que ha sido escenario de lanzamiento de este Informe al momento se
expuso en nuestra oficina en la ciudad de La Paz, en la Universidad Indígena Boliviana
Quechua “Casimiro Huanca” en la región campesina de Chimoré, en el atrio de la
Universidad Mayor de San Andrés y en una feria urbana dominical en la ciudad de La
Paz; llegó parcialmente a Ecuador y se la instaló completa en la Subcentral Campesina
de Huancapampa en Bolivia, Curitiba de Brasil y Asunción del Paraguay.
Esta muestra que presenta el total del avance de sistematización de casos, expone
fotografías, líneas de tiempo que ordenan los hitos más importantes de 170 historias
familiares, comunitarias y territoriales de acceso a la tierra y retorno al campo; y además,
al menos cinco películas documentales sobre diferentes casos. Es un esfuerzo
por traducir en imágenes lo que Luís Rojas en su aporte al Instituto para el Desarrollo
Rural de Sudamérica (IPDRS), explica como metodología de la investigación-acción:
“dar la palabra y el protagonismo a actores rurales, rescatar los aspectos positivos e
inspiradores de las comunidades y generar articulaciones epistemológicas; son aportes
metodológicos innovadores que refrescan el conocimiento y la mirada del desarrollo
rural en su estadio actual”1
.
La difusión del informe nos visibilizó y aproximó ante diversos actores, gracias a la disposición
de compañeros en países como Colombia, Paraguay y Brasil, donde logramos
conformar diferentes escenarios plenos de reflexión sobre las luchas por la tierra, pero
además, plenos de fraternidad y complicidades. Tenemos pendiente visitar otros países
como Argentina, Chile y Venezuela, que nos plantean el gran desafío no solo de comprender
sus estructuras agrarias, sino también de construir alianzas y aprender a mirar
lo inspirador entre sus muchas experiencias de resistencia.
Junto a la muestra y la presentación del informe, continuamos con la entrega de reco1
Rojas V., Luis (2017). Evaluación de Proceso Área de Investigación Acción/IPDRS.
18 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
nocimientos a los protagonistas de los casos que fuimos encontrando y conociendo. Y
estos momentos han sido realmente gratificantes, pues es tan cierta la demanda y la
movilización por la tierra que nunca sobrarán los reconocimientos a mujeres, hombres,
jóvenes, familias y colectividades que no son de interés mediático, y poco se sabe de
su quehacer cotidiano, sus recorridos y novedades en sus vidas.
A diferencia del primer informe, este se ha ampliado a ocho países, tiene autorías individuales
e institucionales, un trabajo arduo de articulación de parte de la coordinación
del equipo del IPDRS. Esperamos que este esfuerzo colectivo siga fortaleciéndose y
consolidándose en los siguientes años.
La intención de este trabajo, así como de otros esfuerzos del Movimiento, es proporcionar
herramientas e insumos a líderes sociales, investigadores, académicos, activistas,
operadores políticos, gestores de desarrollo y cooperación para sus tareas de análisis,
propuesta e incidencia. Nuevos aportes, propuestas de articulación, casos inspiradores,
documentos técnicos, espacios de debate, paredes para exponer la muestra Voces e
imágenes por la tierra y territorio y más encuentros son bienvenidos.
Movimiento Regional por la Tierra y Territorio
Mayo de 2018
La resistencia campesina indígena en Sudam�rica
1. Marco Tóxico “La verdad nos hará libres” (2011), Bolivia. El Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y su población indígena
continúa siendo agredido por campesinos colonizadores apoyados
por el gobierno y por la inminente construcción de la carretera
que atravesará su corazón. Disponible en: https://goo.gl/jxaxuJ.
2. “Pequeñas voces” (ilustración), Colombia. La imagen expresa el conflicto
que supone para las familias campesinas el desplazamiento
forzado por causa de la violencia armada. E-nnovva/ RCN Cine, Cachupedillo
Cine, Jaguar Taller Digital (2011). Disponible en: https://
goo.gl/1QqFPb.
3. Sebastián Ruíz (2017) “Putumayo, territorio amazónico frente al extractivismo”
(portada), Colombia. Disponible en: https://goo.gl/2WivNN.
4. Fernando Pinilla (2017) “Huella en la faja del Orinoco, Venezuela.
Desde hace más de 80 años, la región circundante al río Orinoco es
considerada el mayor reservorio de petróleo del mundo. La imagen
expresa una crítica a la reciente cesión de 111.843 km2, 12% del
territorio nacional para la explotación intensiva de minerales. Disponible
en: fernandopinilla.blogspot.com
5. Iris Illustration, Chile. La Machi Francisca Linconao es una autoridad
mapuche perseguida, criminalizada y judicializada en Chile. Disponible
en: https://goo.gl/gMm7ZB.
6. Liliana Gutiérrez (2017), Ecuador. Portada del libro “La herida abier-
ta del Cóndor. Vulneración de derechos, impactos socioecológicos y
afectaciones psicosociales provocados por la empresa minera china
EcuaCorriente S.A. y el Estado ecuatoriano en el Proyecto Mirador”,
de Acción Ecológica y el Colectivo Investigación Acción Psicosocial.
7. Acción Ecológica “Fuerza Shuar”, Campaña #CóndorsinMinería, Ecuador.
En el sur de la cordillera del Cóndor, el Estado ha militarizado la
zona, pues el pueblo Shuar intenta resistir la construcción y avance del
campamento de la minera china EXSA. Disponible en: https://goo.gl/
Y7oLMd
8. Daniel Castrillón (2017) “Paz deteriorada”, Colombia. Expresa el
desaliento en el proceso de paz por la enorme distancia entre la expectativa
y la realidad. Disponible en: https://goo.gl/6E6SoE
9. Iconoclasistas (2017), gráfica de la campaña por la aparición con
vida de Santiago Maldonado, quien fue asesinado por ser activista y
defensor de los derechos y el territorio mapuche en Argentina. Disponible
en: https://goo.gl/4tHXgb.
10. “Máxima no está sola”, Amnistía Internacional. Máxima Acuña es
una campesina peruana múltiplemente agredida por la transnacional
minera Yanacocha, su lucha ha trascendido varios espacios y se
ha ganado la solidaridad y reconocimiento del resto de la sociedad.
11. Fernando Pinilla (2016) “Ningún proyecto de minería sin consulta”,
Venezuela, disponible en: https://goo.gl/6KcWhc.

22 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Introducción
Lectura sudamericana sobre acceso a la tierra y
territorio, democracia, institucionalidad y sociedad civil
Resulta siempre complejo, y por tanto arriesgado, presentar una lectura regional sobre
cualquier materia. En un mundo donde priman los Estados-nación como principio de
organización política, social y económica, y se supone que su situación se encuentra
determinada por condiciones más internas que externas, de lo contrario, el Estado y la
pugna política por su conducción, perderían sentido.
Desde el surgimiento del IPDRS y el impulso del Movimiento Regional por la Tierra y
Territorio postulamos la necesidad de ser arriesgados. No sólo por comprender complejos
territoriales nacionales, cuyo estudio está reservado a grandes transnacionales
y multilaterales, sino porque efectivamente encontramos condiciones materiales e influencias
que al margen de la voluntad de los Estados se van imponiendo como condición
de desarrollo. Esto no quiere decir que hayamos perdido de vista el beneplácito de
los gobernantes con estas imposiciones, así lo muestra el extractivismo agroindustrial y
transnacional con las consecuencias que se tratarán a lo largo de este Informe.
En América Latina y en Sudamérica, en particular, han primado en los estudios sobre
la tierra y el territorio, como en los estudios sobre la democracia y la ciudadanización,
las comunidades campesinas y los movimientos étnicos, un acercamiento político caudillista
gubernativo, de ahí el origen de la dificultad de pensar la región y la reducción
del análisis basado en las empatías o antipatías políticas y personales de sus líderes.
Al mismo tiempo, insistimos en que sin dejar de lado la política y a las/los políticos,
existen agentes y actores transnacionales que tienen influencia decisoria sobre lo que
acontece en el campo, con los recursos naturales y sus pobladores. Insistimos también
en que son cotidianos los procesos de resistencia, aunque dispersos y diversos
por las condiciones ecológicas, culturales e institucionales de cada uno de los países
y territorios.
Un aspecto fundamental del Movimiento Regional por la Tierra es no renunciar a
pensar y actuar regionalmente, de ahí la persistencia en buscar una estructura común
para presentar los países, basados en evidencias con un itinerario temporal
anual. Y adicionalmente intentar comprender la multiplicidad de manifestaciones
de lo campesino, indígena y afrodescendiente; la pequeña agricultura, la agricultura
familiar, las instancias asociativas, comunitarias, en todas sus expresiones y orientaciones.
23 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
En esta versión, en esta introducción, tomamos la decisión de incorporar junto a los
procesos que resultan “comunes” a los países de la región, algunas particularidades
por país que dan cuenta con mediana claridad, de aspectos que son útiles de estudiar
y analizar en perspectiva a la comprensión global. En este año tomamos como relevantes
la situación de Bolivia y Venezuela, como dos ejemplos que si bien sus procesos no
ocurren simultáneamente, muestran las contradicciones entre los procesos políticos,
las expresiones partidarias, la movilización del campo, la representación del campo, y
su continuada inserción subordinada a los ciclos económicos estatales.
Con ese antecedente, criterios y advertencias de contenido, en la presente introducción
iniciamos una serie de apuntes, que se respaldan en la información de los capítulos
que ponemos a su disposición y otros aspectos que recomendamos prestar
atención, para abordar estudios rurales, orientar los discursos, las demandas sociales
y los procesos de comunicación en términos de agenda y opinión pública.
2017, contexto de retrocesos
Lamentablemente, abundan los ejemplos de descoordinación y falta de colaboración a
nivel sudamericano, tanto desde los Estados, como desde las organizaciones de la sociedad
civil, que no presentan ni representan acciones consecuentes con un rumbo de la
región alejada de su incorporación mundial como simple proveedora de materias primas.
La fractura del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la pereza de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y la desintegración, esperemos temporal, de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) muestra el desinterés de los gobiernos de establecer
un mínimo de acuerdos regionales. Compitiendo ciegamente cada uno por
conseguir mejores beneficios en otras latitudes, especialmente créditos y mercados,
socios de corto plazo, en clara contradicción con el beneficio del crecimiento armónico,
sostenible y soberano de la región.
Las organizaciones de la sociedad civil que se han visto fortalecidas en la última
década, en su relación y representación con alianzas partidarias, hoy circulan huérfanas
de bases sociales en los eventos internacionales, cada vez más disminuidos en
número, a la vez que dependientes de agendas y patrocinios de gobiernos, empresas
y agencias multilaterales.
Situación parecida a la de las organizaciones sociales viven los intelectuales y académicos
de las ciencias sociales y humanas, sumergidos en crisis institucionales, y con
un patrocinio intermitente de gobiernos sobre los que han basado sus propuestas, y
además, sus esperanzas por un cambio en la conducción y orientación de los países,
muchos anclados a doctrinas valorativas que no ayudan necesariamente al ejercicio
crítico y constructivo de la política y la movilización social.
Los grandes avances en términos de democracia constitucionalizada, el pluralismo, la
descentralización, el reconocimiento de derechos de las minorías -o mejor dicho, las
24 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
mayorías minorizadas en algunos países-, la protección de bienes naturales, la consulta
previa y directa, entre otros, son puestos en duda y descalificados, incluso por la
propia población, temerosa de la inestabilidad y el desconcierto.
La pérdida de las agendas reivindicativas de las organizaciones sociales tiene una relación
directa con una rutina burocrática-estatal embargada por liderazgos cortoplacistas
y complacientes con el capital financiero, las industrias de servicios, infraestructura y
tecnología de origen transatlántico. Una muestra de esto es que China ha incrementado
sus intereses comerciales notablemente en la región, con una desproporción de al menos
decenas de veces a la capacidad de reacción e intercambio en los países de Sudamérica.
La coyuntura de Sudamérica abona en terreno fértil para dar legalidad y protección a
las políticas extractivas industrialmente, que compiten en recursos básicos con las poblaciones
locales, principalmente rurales. La ampliación de los cultivos transgénicos,
los paquetes tecnológicos y agroindustriales que conllevan, la permanente amenaza
del fracking, la deforestación creciente, el uso de aguas subterráneas, el incremento
de la violencia y desocupación forzada del campo, son ejemplos del esquema de crecimiento
y explotación vigentes. Las empresas privadas transnacionales han ganado
presencia, no solamente bajo contrato con los Estados, sino en la demostrada manera
de vulnerar las soberanías nacionales a través de sobornos y otras formas de corrupción
que han llevado a la cárcel a gobernantes de Brasil, Ecuador y Perú.
Un contexto que bordea la crisis y los retrocesos de políticas sociales, imponen una difícil
situación para los más pobres, y en especial, para la población rural campesina indígena
y afrodescendiente. Las políticas tradicionales desde al menos la segunda mitad del siglo
XIX, vuelven a mirar las ciudades, la urbanización y la infraestructura como mecanismo
de crecimiento y alternativa para la reducción de costos para atención de la población.
En condiciones de desempleo estructural y de creciente violencia, inseguridad, angustias
individuales y grupales esta focalización por la vida (peri) urbana están lejos de favorecer
la construcción de sociedades que alcancen mayor satisfacción de vida.
Desde la perspectiva del Movimiento por la Tierra y Territorio, el campo con todas sus
características y dinámica actual es una alternativa, no solamente transitoria y culturalista,
sino contemporánea para una buena porción de la población mundial, donde se dispone
de bienes naturales e inmensos territorios rurales habitables, como es el caso de Sudamérica.
No obstante, las condiciones estructurales que dan viabilidad a experiencias inspiradoras
como las sistematizadas por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, así
como las condiciones institucionales que las facilitan, estatales y privadas, se encuentran
en el año 2017, uno o varios pasos atrás en comparación a los años anteriores.
Democracia para pocos, corrupción y fragilidad estatal
El momento que atraviesan los gobiernos nacionales de la región es peculiar, las prontas
–o ya maduras- expresiones de reprobación popular señalan un riesgo en la forma actual
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de vivir la democracia. La fragilidad gubernamental tiene que ver con varios temas, por un
lado, el sostenimiento de sectores sociales privilegiados que corresponden a estructuras
empresariales que concentran la tierra y otros bienes naturales; por otro lado, el reencauzamiento
del discurso progresista hacia un modelo extractivista primario exportador, como
único camino y soporte de la modernidad y prosperidad; y además, un autoritarismo que
se impone a los mecanismos de la democracia representativa e intenta prorrogarse y
reelegirse a nombre de la continuidad gubernamental como requisito de estabilidad, postergando
el debate, incorporación y ampliación de las otras formas democráticas como la
comunitaria y la profundización del autogobierno en los territorios rurales.
La rigidez de las estructuras de desigualdad y privilegios se expresa concretamente,
por ejemplo, en que la Sociedad Rural Argentina (SRA) dirija el ministerio de Agroindustria,
en tanto que, los campesinos e indígenas, con menor representación política
y sectorial, sean relegados a una Subsecretaría de Agricultura Familiar que no cuenta
con presupuesto y su dirección se encontraba vacante por varios meses. Mecanismo
similar al que se aplica en varios países de la región como Uruguay, Chile y Paraguay.
En el caso de Colombia, pese a lo significativo del Acuerdo de Paz, cuyo avance y
construcción es muy importante para toda la región, la consulta ciudadana que arrojó
una negativa, pareciera expresar las múltiples contradicciones que vive una sociedad
con marcadas desigualdades. Pese a toda la discursiva generada por la paz, se incrementó
la violencia, los asesinatos a líderes sociales, y puede constatarse que el sistema
político se reproduce con candidatos, partidos políticos y propuestas tradicionales.
Otro caso particular es el de Brasil, cuyo proceso posterior al forzoso cambio de gobierno,
imprimió un clima de deslegitimación gubernamental paralela a la normalización
de las altas cifras de asesinatos por causas y persecución política. Esta situación afecta
la economía del país y especialmente a los más pobres, con lo que el milagro brasilero
ha dejado de brillar en el mundo.
Cuando un país alberga a la ciudad con mayor acumulación de glifosato en el mundo
–Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, Argentina-, y además, cuando su gobierno
nacional y sus instancias provinciales extienden múltiples brazos para acallar las resistencias
que se suscitan en los territorios, estamos hablando de la afirmación de un
modelo en específico, y no es aquel que defiende la seguridad y soberanía alimentaria.
La relación población rural (territorios indígenas, comunidades campesinas, periferias
urbanas) - Estado, muestra que los sujetos rurales, sus proyectos y potencialidad no
son estratégicos para sus naciones, y a su vez, esto puede explicar la recurrente deslegitimación
de los circunstanciales gobiernos, así como los métodos que tienen que
adoptar para mantenerse vigentes.
En todos estos países ocurren conflictos por los múltiples contratos entre empresas
multinacionales y los gobiernos centrales, concesionando, cediendo e interviniendo
áreas protegidas, reservas y territorios indígenas demarcados y hasta titulados. A la
26 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
actualidad, podría aseverarse que la consulta previa, libre e informada, debería ser
uno de los mecanismos que demuestren un madurado proceso democrático, no obstante,
imperan las consultas amañadas, la práctica del clientelismo y persecución a
los defensores territoriales.
Los electos Lenín Moreno (Alianza País) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio
– PPK) sorprendieron a la región pues muy pronto salieron a relucir varios hilos que
articulaban su gobierno a enormes redes de corrupción como es el caso de la constructora
Odebrecht. Ecuador presenció cómo su entonces vicepresidente fue condenado
a prisión y en Perú, varios ministros fueron destituidos por corrupción, y finalmente,
presenciaría una sucesión constitucional forzosa ante la renuncia de Kuczynski. Moreno
hizo un gran esfuerzo, pese a corresponder al mismo partido, por diferenciarse de su
antecesor, mejoró los escenarios de diálogo y volvió a acercarse a las organizaciones
sociales nacionales, no obstante, su propuesta de saldar la “deuda agraria” no alcanzó
mayores repercusiones, se sostiene el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea
y se impulsa un Acuerdo Comercial Bilateral con Estados Unidos.
Si bien preocupa que la deslegitimación reduzca la consistencia de los gobiernos y
sus instituciones, también es preocupante que varias personas, fórmulas y proyectos
políticos, intenten menoscabar las normas constitucionales –incluso recientemente
transformadas-, por aspirar a prorrogándose hasta 20 años en el poder. Horacio Cartes,
quien tras un historial importante de corrupción fue electo en 2013, intentó implementar
la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional y recibió el
rechazo ciudadano y mediático. Otra suerte tuvo Evo Morales, quien en su apuesta por
reelegirse por tercera vez se sometió a referendo y al ser rechazado, presentó una interpretación
propia al “derecho humano a elegir y ser elegido” establecido en el Pacto
de San José de Costa Rica, consiguiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional
de paso a la reelección indefinida. Y finalmente, Nicolás Maduro en Venezuela, donde
el Tribunal Supremo de Justicia en 2013, pese a la constitución, declaró procedente la
juramentación de Maduro como “presidente encargado” insiste en reelegirse pese al
desconocimiento interno y externo de sus acciones y decisiones.
En general, los avances en las democracias, especialmente de los países que han hecho
cambios radicales de constitución, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, han generado
grandes movilizaciones sociales, y cambios importantes en la administración del Estado.
Sin embargo, en los últimos años, en los tres países el debate y la contienda política ha
llegado a modificar e interpretar aspectos sustanciales de la constituciones vigentes,
convirtiéndose, con una creciente base teórica de soporte, en una herramienta más de
las estructuras y contiendas partidarias, lo que hace suponer que las organizaciones
sociales tienen aún grandes retos en la defensa de sus derechos constitucionalizados.
El proceso post constituyente en Bolivia y el anuncio de la plurinacional abrió la posibilidad
a las autonomías indígenas, a más de 10 años de estas transformaciones, sólo
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dos procesos han avanzado y sobrellevado la rigidez del centralismo y la burocratización
estatal. Sin dejar de reconocer el arduo trabajo de las organizaciones indígenas,
originarias y ancestrales por su autodeterminación, las señales que emiten los Estados,
no dejan ver que los mecanismos democráticos se hayan profundizado, o afianzado en
el caso de su relación con los pueblos indígenas, la distribución de la tierra o existe, un
aliento por superar los esquemas de inclusividad tutelada e interculturalidad subordinada
que dejó el multiculturalismo.
Venezuela, una actuación principalmente política
Si vemos tras las máscaras mediáticas de Venezuela, se puede aprender que sin una
acción sostenida en el campo, con colectividades fuertes y autogobiernos experimentados,
cualquier acción desesperada queda corta para resolver problemas estructurales
como la alimentación y el empleo rural dignificado.
Desde Sudamérica, y desde el campo político, tarde o temprano se impondrá la necesidad
de un balance sobre la actual conducción de Venezuela, más allá de la figura de
Maduro –y Chávez-, ha resultado en una influencia positiva en unos casos, y negativa
en otros, para el avance de las políticas y acontecimientos reivindicados por los sectores
más pobres y alternativos de la región. Entre otros aspectos, como las rupturas de
los procesos e instituciones de integración regional, también sería importante conocer
en cuantos procesos electorales de la región, Venezuela inspiró una posición empática
de la población, y en cuentos una reacción adversa, y cuando ocurrió lo uno y lo otro.
Demás está recordar la importancia que concentró Venezuela, en la figura de Hugo
Chávez, en los intentos de consolidación de los bloques regionales, su interés en consolidar
la UNASUR y su esfuerzo sostenido de ingresar al MERCOSUR, luego de alejarse
de la CAN, lo que hacía pensar en una dinámica agropecuaria y de mercados que
reconfiguraría la región.
Sin embargo, en los últimos años, Venezuela se ha convertido en un factor limitante
para el diálogo regional, la polarización a la que ha sometido a los países y gobiernos
de la región, así como los ataques que ha tenido que resistir han culminado prácticamente
con su expulsión del MERCOSUR, la fractura de la OEA, y en un grado menor,
pero igualmente importante, la fractura de UNASUR.
Lo que puede verse en este proceso es una combinación de la mala administración
interna y la deliberada intervención de los EEUU y el bloque Europeo. No es posible
desconocer es que la crisis que atraviesa Venezuela tiene una alta significación para
la región, para los intereses de los campesinos e indígenas, y que al momento debería
dar importantes lecciones para la construcción de las democracias y las maneras de
administrar los países.
Precisamos algunos datos de contexto, de acuerdo a información del Censo del año
2011, la población indígena en Venezuela representa 2,7% de la población total, lo
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Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
que equivale a 724.592 habitantes, de ellos 36,8% se encontraría en el área rural
(con la medida de densidad en centro poblado en el umbral de 2.500 habitantes). Dos
datos adicionales significativos: uno, que en todo el siglo XIX la población indígena se
calculó entre 50.000 y 136.000 habitantes, y desde los censos de 1982, 1992, 2001 y
2011, el crecimiento ha sido exponencial, pasando de 1982 de 140.000 a los actuales
724.000 habitantes indígenas censados; y otro, que la distribución en el territorio no es
homogénea, de acuerdo a la entidad federal existe una concentración muy importante
en Amazonas, Bolívar y en el Delta de Amaruco, de la misma manera, en estos territorios
existe una predominancia de la población indígena en condición de ruralidad1
.
Con la población rural sucede una tendencia similar, si bien en términos porcentuales se
ha mantenido e incluso disminuido en los últimos 20 años, llegando al 2011 alrededor del
11%, en términos absolutos ha tenido un repunte importante revirtiendo la tendencia de
disminución a partir del año 2000, superando en el censo del 2011 al menos 500.000
habitantes a la cifra reportada en el censo del 2001, haciendo un total de 3.300.000
personas, número mayor a los últimos 60 años con los que se cuenta con información2
.
Lamentablemente no conseguimos información sobre la población negra, afrodescendiente
y morena en el área rural, suponemos que es significativa dados los asentamientos
agrícolas a los que originalmente llegaron estas poblaciones en Venezuela. Sin embargo,
es conocido el proceso, igual que la población indígena y rural, de desplazamientos urbanos
y la gran importancia que tienen en todo la estadística poblacional del país. Para tener
un punto de atención, en el censo del 2011, 2,9% de la población se autoidentificaba
como negra, 0,7% afrodescendiente, 51,6% morena, 43,6% blanca y 1,2% como otras.
Desde el año 2001 cuando se decretó y entró en vigencia la “ley de tierras y desarrollo
agrario” el país viene implementando políticas favorables a la distribución de
tierras a campesinos, sistemas de abastecimiento de insumos, mercados, programas
de empleo de jóvenes rurales, asentamientos humanos, entre otros. Lo que, entre otras
circunstancias, en determinado momento, 2013, le llevó a merecer el reconocimiento
de la FAO, por lograr reducir el hambre y la subnutrición de acuerdo a las meas de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de la Cumbre Mundial de la Alimentación3
.
Sin embargo, los resultados aparentemente siguen siendo pobres o poco sostenibles,
el índice de percepción de la alimentación, el desabastecimiento y los permanentes
conflictos por la tierra, la propia dificultad y contradicciones en los distintos niveles
e instancias del Estado, hacen ver que existen problemas serios, y que el país no ha
logrado revertir su dependencia alimentaria de las importaciones y de los sistemas de
distribución industriales.
1 Censo 2011, INE Venezuela, disponible en: https://goo.gl/TAzdHe
2 Banco Mundial, disponible en: https://goo.gl/siWDVK
3 FAO, disponible en: https://goo.gl/gt1BAH
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Una respuesta fácil, a toma de mano, es la guerra de los intereses privados y la asfixia
extranjera, un cause político global. Y por tanto, la respuesta es también política.
Una otra respuesta, sobre la que no hemos encontrado estudios es la exploración y
evaluación ordenada de las políticas rurales y agrarias del gobierno de Hugo Chavez
y Nicolás Maduro, incluidos los gobiernos subnacionales, para determinar el impacto
de lo realizado, las limitaciones y los obstáculos encontrados en todos los sentidos,
en la hipótesis de revertir el abandono / expulsión del campo, y una dinámica urbana
rentista que ha caracterizado a ese país en los últimos 40 años.
Una hipótesis, dados los distintos ejemplos de los países, es que una vez que se desactivan
las dinámicas productivas campesinas, el papel de la pequeña producción,
relativamente autónoma de insumos e influencias externas, y se ha deteriorado la colectividad
y el autogobierno territorial, resulta muy difícil reactivarla en el corto y mediano
plazo, y que esa reactivación pase por un alto protagonismo y mediación del estado.
Venezuela, en cualquier contexto político tiene que resolver su deuda con el campo y
los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Lo que ocurre no es más que una advertencia
para otros países como Argentina, Uruguay y Paraguay, y también otros, que
ven con admiración su modelo, que sostienen un modelo de dependencia financiera
y de mercado exacerbado y contraproducente para la población rural. El tema, como
lo muestra Venezuela, no es el auge de precios o posibilidades de expansión, sino
más bien la capacidad de recuperación en momentos de crisis y soberanía que no es
correlativo con los intereses globales, por tanto, curarse en salud es la mejor forma de
desarrollo que podrían adoptar el resto de países sudamericanos.
Discursos proindígenas y territorios de la otredad
Hace por lo menos un siglo, el discurso oficial por el desarrollo sostenía la noción de
la “tierra baldía” e impulsaba proyectos de “colonización”. Actualmente, esta forma
de entender la tierra y a sus habitantes, no sólo está viva –y en franca reproducciónsino
que en muchos casos ha marcado la identidad campesina, y su relación con los
pueblos indígenas.
Existe una gran y fecunda tradición desde los estudios postcoloniales que observan
las relaciones jerárquicas y hasta antagónicas entre la racionalidad occidental y las
racionalidades indígenas y afrodescendientes. Aquí no vamos a repasarla, pero sí quisiéramos,
al menos intentar no pasar por alto el hecho de que estas estructuras de
otredad, silenciamiento y omisión están vigentes, y se plasman en políticas agrarias y
concepciones territoriales que son una barrera para la plurinacionalidad, la interculturalidad
y la democracia.
Entre las grandes contradicciones que se presentan en la región, tenemos dos Estados
plurinacionales –Ecuador y Bolivia- cuyas organizaciones indígenas y campesinas
han alcanzado representación política en diversos ministerios y ámbitos públicos; se
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Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
ha incorporado los símbolos del imaginario indígena a la discursiva estatal y se han
encumbrado los enunciados del “vivir bien” y el “sumaj kawsay” como planes de
desarrollo. A la vez que los Estados de Argentina y Chile persisten en caracterizar al
pueblo mapuche como “enemigo interno”, reproduciendo entre su población urbana
y occidentalizada, una estigmatización de larga data y justificando así, el intensivo uso
de la violencia.
Lo preocupante es que ésta no es una diferencia política y de profundidad, al contrario,
si observamos el avance de los derechos colectivos en diferentes ámbitos, vemos
que no se trata una diferencia antagónica, sino más bien de un matizado en el que
los discursos, la parafernalia y símbolos se van disolviendo entre políticas agraristas,
en retrocesos en la concepción del territorio y barreras a la libre determinación de los
pueblos indígenas. En Ecuador, ha retornado el debate sobre la explotación petrolera
en Yasuní, con una pregunta en la Consulta popular que fue ampliamente cuestionada
por su ambigüedad respecto a la reducción del área de explotación petrolera y la ampliación
de la zona intangible, sin recaer en qué espacios, la intensidad y modos de la
explotación, y principalmente, la intangibilidad favorable o no a los pueblos indígenas
y no contactados de la zona. En Brasil se hizo una enmienda constitucional con la que
las decisiones sobre la demarcación de los territorios indígenas ya no son competencia
de los gobiernos federales, sino del Congreso Nacional, espacio donde tienen gran
peso los terratenientes con intereses contrarios a las demandas de las tierras indígenas
y quilombolas. Y más claro, la anulación de la intangibilidad en el Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia, nos muestran diversas estrategias
de manipulación desde el Estado y la presunción de políticas que quieren mostrarse
como condescendientes y hasta proteccionistas respecto a la histórica reivindicación
territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En las últimas décadas muchas organizaciones campesinas se han repensado en términos
identitarios y se han reforzado las identidades colectivas e incluso nacionales
originarias y ancestrales, la relación campesinos e indígenas puede ser conflictiva. Las
diferencias y disputas entre campesinos e indígenas se presentan en varios lugares, no
sólo como producto de la lógica de colonización ya mencionada, las sobreposiciones
territoriales son abaladas por las instituciones responsables de la distribución de la
tierra y los conflictos estimulados, pues la prioridad es la productividad y no los tejidos
sociales y comunitarios. En este plano, se observan conflictos en la conformación de
zonas de reserva campesina en Colombia y en la titulación –o respeto a los títulos- de
territorios colectivos en Bolivia, donde la justicia ordinaria tiene poca efectividad, en la
comprensión y resolución de los problemas, mientras que las jurisdicciones indígenas
se ven debilitadas u omitidas. Toda esta conflictiva expone una tensa relación entre
los pueblos indígenas y los Estados, pues no dejan de ser estos últimos, mediadores y
hasta representantes de grupos de poder, concentradores de tierra y hasta actores del
mercado global y transnacional.
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Bolivia: “la madre tierra es generosa”
Con mucha más claridad que años anteriores, el discurso oficial sobre la madre tierra
se ha convertido en sinónimo de recursos naturales, y el Estado, en su expresión central
y nacionalista, se presenta como administrador y gestor de su aprovechamiento;
la población y los territorios, como objeto de redistribución económica, mediada por el
Estado central, unas veces en proyectos, y otras, en recursos para las administraciones
desconcentradas y descentralizadas. La autonomía es limitada a la disposición de los
gobernantes nacionales.
Sobre la relación madre tierra como proveedora de recursos naturales es destacable la
constante interpretación del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga: “A la fecha podemos garantizar ya de una de las
formaciones objetivo que es la formación Icla más de 10 MMpcd de producción y
cuando logremos llegar al objetivo profundo que son 3.000 metros vamos a sumar por
lo menos entre 10 a 15 MMpcd más. Esa es una buena noticia para todos los bolivianos
y para todos los que amamos a este país. Nuestro corazón late cuando realmente
la madre tierra nos responde de esa manera”4
. En otra oportunidad y en televisión nacional,
la misma autoridad explicaba los distintos planes de explotación y expansión de
los hidrocarburos, concluyendo que: “la madre tierra es generosa con nosotros, vamos
a poder incrementar la explotación de hidrocarburos”.
Y sobre los “obstáculos” que suponen las organizaciones de la sociedad civil, el Ministro
de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en comunicado de prensa difundido por
el ministerio, señalaba que “por culpa de los activistas políticos, porque ambientalistas
no son, el departamento de Tarija podría perder 2.877 millones de dólares por concepto
de regalías, si no se desarrolla el proyecto en las áreas San Telmo y Astillero, que
tienen hectáreas sobrepuestas en la región de Tariquía en 0.3%; ingresos que podrían
ser invertidos en proyectos de desarrollo para Tarija en salud, educación, caminos,
deporte, entre otros”5
.
Éstos son solo ejemplos de un sinnúmero de situaciones en las que los territorios
indígenas, áreas protegidas, reservas, cauces de ríos, comunidades y poblaciones podrían
resultar siendo afectadas por el apuro y la necesidad del gobierno de Bolivia, de
continuar con una política económica centralizada y de mano abierta a los ingresos
de explotación y exportación de recursos naturales. Estas premuras se anteponen a
cualquier cálculo, aunque sea somero, de los daños e impactos sobre la naturaleza,
incluida la humana, y sobre el derecho a la información y consulta con la población
habitante y estante en las regiones afectadas.
4 Disponible en: https://goo.gl/U68nfu
5 Disponible en: https://goo.gl/86GHu6
32 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Lo alarmante del ejemplo boliviano, no son las contradicciones entre el discurso y la
práctica, que hasta hace poco se estudiaba como la característica central de la última
gestión de Evo Morales, sino la porosidad del aparato estatal y del partido de gobierno a
los intereses del capital articulado al extractivismo, pues no encuentran reparo en plantear
abiertamente la penetración de modelos de desarrollo sustancialmente opuestos a
la voluntad constitucional largamente discutida y puesta en escrutinio por la población.
El cambio de escenario estatal se acompaña de una transformación de los grupos sociales
en los que se asienta el gobierno de Bolivia. Mientras han pasado a segundo plano
los originales representantes de campesinos e indígenas movilizados en el ascenso
del MAS, hoy los protagonistas de la movilización social son funcionarios públicos y
empleados de empresas estatales, transportistas de toda cilindrada, mineros cooperativistas
y las comunidades interculturales (antes denominados campesinos colonizadores)
articuladas a la expansión de la frontera agrícola en el país. Un trasfondo muy
complejo de intereses internacionales empresariales, que dejan de lado los principios
de internacionalización y creación de un bloque regional razonable, para favorecer un
ambiente de inversiones extranjeras transoceánicas, y cuyo impacto de largo plazo no
ha sido estudiado apropiadamente.
Los gobernantes de Bolivia continúan recibiendo halagos de algunos sectores académicos
y políticos de la región, pero no se pueden ocultar los acontecimientos que
pueden dejar un profundo deterioro en los logros del discurso indígena campesino
originario que dio origen al movimiento político transformador de este país.
Recrudecimiento de la violencia hacia los protagonistas del campo
Los capítulos por país muestran que la violencia no es la sumatoria de hechos aislados
en la región, la violencia en el campo actualmente es un tema estructural y permanente,
no se puede permitir que las instituciones y estructuras de poder nieguen lo
sistemático de las persecuciones a campesinos e indígenas, sus acciones y proyectos.
La movilización popular y solidaridades suscitadas expresan la enorme indignación,
sin embargo, no se encuentran los canales para enjuiciar a los agresores y autores
individuales e institucionales, responsables de esta escalada.
Puede verse que hay ciertas condiciones que permiten este recrudecimiento, como
veíamos antes, por un lado, la visión positivista de progreso y desarrollo que reproduce
un racismo estructural, una necesidad de superar las formas de vida indígena y afrodescendiente
que desde hace siglos, no descarta el exterminio para darse paso. Por
otro lado, momentos críticos como el que dejó el resultado al referéndum de consulta
para la paz en Colombia, la “victoria” del no contenía un mensaje de fondo que hoy
podríamos comprender como una inconformidad a la conducta estatal, a la persistencia
de la vigilancia militar y policial, y un desaliento acumulado por casi medio
siglo de permanente amenaza y poca credibilidad hacia las instituciones que deberían
garantizar el bienestar.
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Las cifras de líderes campesinos, indígenas en la región son alarmantes, aunque no
siempre existen registros exactos, y la atención, además de observar a campesinos e
indígenas en algunos casos incluye también a ambientalistas, activistas y defensores
del territorio y los derechos humanos. Sólo durante el 2017, en Colombia 173 líderes
ambientales, indígenas y sociales fueron asesinados6
, en Brasil fueron 68 casos registrados,
en ambos países, incluyendo masacres de grupos de personas, y descontando
las amenazas, persecuciones y heridos. Según organismos de derechos humanos, al
menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en América Latina
en 2017, entre Brasil y Colombia, suman 1567
. Y a su vez Mongabay identifica que
durante 2017, 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus
tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente8
.
Según ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, en los últimos cinco años más
de 70 líderes indígenas han sido asesinados en Perú9
, en varios casos se trata de asesinatos
colectivos en zonas remotas de la Amazonía. Como en varios países, no siempre
son las fuerzas militares las que asesinan, sino también grupos armados, paramilitares,
para quienes, los indígenas y campesinos, no son más que obstáculos en su intervención
territorial, el saqueo -ilegal- de recursos naturales o la práctica del narcotráfico.
No se ha encontrado, para Argentina una cantidad exacta de asesinatos o desaparecidos,
sin embargo, la desaparición y luego hallazgo del cuerpo del joven Santiago
Maldonado, ha conmocionado a la región entera. La criminalización se ha endurecido,
Amnistía Internacional afirma que, “las autoridades emplearon procedimientos judiciales
para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas,
de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio”10, situación
muy similar a Chile, donde se debate la creación del Ministerio de Asuntos
Indígenas, y muchos procesos judiciales a indígenas viven momentos contenciosos
donde se absuelven a líderes procesados -como a la Machi Francisca Linconao-, pero
luego se vuelven a montar los recursos para seguir persiguiéndolos.
Las cifras de los feminicidios también son bastante observadas en la región, según la
CEPAL al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región por el hecho de
ser mujeres11, sin embargo, no se dispone una lectura que muestre este fenómeno en
el ámbito de las mujeres rurales, sus desventajas como fuerza de trabajo poco calificada,
su falta de acceso a la educación y salud, y principales víctimas de la problemática
social que trae consigo el extractivismo en sus territorios.
6 Disponible en: https://goo.gl/HWsrtd
7 Disponible en: https://goo.gl/5CZhW5
8 Disponible en: https://goo.gl/5sZ4CC
9 Disponible en: https://goo.gl/myd6hF
10 Informe 2016/2017, Amnistía Internacional, disponible en: https://goo.gl/PZxUPb
11 Disponible en: https://goo.gl/kHSojk
34 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
A este recrudecimiento de la violencia deben sumarse los impactos del fracking tan
denunciado en países como Argentina y Colombia, y recientemente incorporado en
Bolivia. La contaminación que deja la megaminería tiene altos costos humanos, la minería
a cielo abierto y la exploración hidrocarburífera, no sólo deja huellas geológicas,
son los seres vivos los más afectados. Las fumigaciones tóxicas de cultivos extensivos,
el uso de transgénicos y el resto de “habilidades” de este modelo económico deberán
dar cuenta de todos los daños y enfermedades que está causando a mucha población
humana y especies animales y vegetales.
En el Informe, sólo Ecuador señala que existe una disminución en la presión y judicialización
de dirigentes indígenas y campesinos, lo cual habría que seguir observándolo,
el gobierno atenuó su control a las organizaciones y ONGs.
Amazonía tierra mía
“Amazonía Tierra Mía: Modelos de desarrollo en disputa” es el título de un documental12
que muestra los avances en la titulación de la tierra, las dinámicas de
crecimiento poblacional de la región, y concluye preguntando ¿Qué Amazonía queremos?
Esta propuesta documental refleja en gran medida las disputas y tensiones
en la región más biodiversa de Sudamérica, incluyendo las centenas de grupos étnicos
que allí conviven con la naturaleza, no sin grandes dificultades y resistencias,
incluso a procesos que terminarán con la extinción de población y pérdidas para la
humanidad entera.
Quizás uno de los aspectos más importantes a resaltar en el 2017 es la convocatoria
del Papa Francisco a un Sínodo extraordinario de Obispos con el tema central de la
Amazonía, para octubre de 2019. En el sentido, que se trata de una organización global
con influencia a nivel microterritorial en todos los países involucrados, lo que activó
un mecanismo muy importante, como es el liderazgo de la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM) para preparar los documentos de discusión y culminar con una expresión
consensuada dentro de la Iglesia Católica.
El llamado del Papa Francisco muestra el interés por escuchar a los pueblos indígenas
y las comunidades que viven en la Amazonía, y al mismo tiempo pensar en la conservación
y reproducción de la biodiversidad existente en la región. El tema convocado lleva el
título de “Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Si bien
éste es un evento interno de la Iglesia católica, su peso específico en las comunidades
rurales y los pueblos amazónicos trasciende a su propia estructura. Se espera que se
superen las visiones paternalistas y desarrollistas que existen en algunos sectores de
la Iglesia, que se convoque a otras iglesias, y que los pueblos indígenas fortalezcan su
protagonismo orgánicamente y en su liderazgo hacia el resto de la sociedad.
12 BOCINAB, IPDRS, CIPCA y OXFAM (2018), disponible en: https://goo.gl/wWC11V
35 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Los espacios no estatales y no gubernamentales retoman importancia con el anuncio
de los gobiernos de la región de acelerar y legalizar la explotación de los recursos de la
Amazonía o modificar el paisaje a fin de proyectos agrícolas e hidroeléctricos, principalmente.
Esto conlleva nuevos movimientos poblacionales y mayor presión sobre sus
recursos. Se debe recordar que el gobierno de Brasil aprobó con un decreto, suspendido
por la justicia brasilera, la apertura de restricciones de concesiones mineras a la
empresa privada en la Amazonía; el gobierno de Bolivia anuncia el interés de modificar
el plan de uso de suelos de la Amazonía norte e inicia pruebas de campo para la
agricultura industrial en la Amazonía Sur; en Colombia la región amazónica continuó
presentando la mayor extensión de deforestación del país; Perú perdió 143.000 hectáreas
en el 2017, etc.
No todo en el campo rural son cultivos industriales y mega empresas privadas. Investigaciones
realizadas o promovidas por el IPDRS revelan que la disputa por la ocupación
de la Amazonía, cuya raíz histórica se basa en la idea de tierras de conquista, se ha
desarrollado bajo una alta identidad republicana nacionalista, mientras que las poblaciones
locales, muchas recién asentadas, se alejan de la naturaleza ecológica, sus
cosmovisiones13; y por tanto, desciende la escala de sostenibilidad que podría favorecer
una adecuada convivencia entre los seres vivos e inanimados en el territorio. Todo
este complejo refleja lo que Carlos Walter Porto-Gonçalves expone como tensiones
territoriales y encrucijada civilizatoria14.
Los casos sistematizados por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, muestran
las particularidades y las prácticas alternativas a la devastación que son viables y
esperanzadoras en la Amazonía, sin embargo, siguen siendo pequeñas luminarias y no
logran cambiar las estructuras vigentes.
Las distintas experiencias y alternativas que sistematiza el Movimiento, muestran con
gran nitidez que sería un error poner a la Amazonía como único centro, de conflicto
o alternativa para la vida rural. Si bien tiene características importantes como los
390 pueblos autóctonos y 137 pueblos “no contactados”, 240 lenguas de 49 ramas
lingüísticas, existen otras regiones con continuas amenazas y resistencias. Más de
medio siglo de intervención, pero con nuevos avances y amenazas en los últimos
años, como es el caso de la región denominada MATOPIBA en Brasil y el Chaco
Americano. Igualmente importante, para las dinámicas y reivindicaciones campesinas
son la Patagonia, el Altiplano, la costa, los valles y serranías, todos los espacios
de reproducción de la vida.
13 IPDRS (2015) “Amazonía transfronteriza. Dinámicas poblacionales, identidades y disputa por los recursos
naturales”, disponible en: https://goo.gl/7pUKYm
14 Carlos Walter Porto- Gonçalves (2018) “Amazonía: encrucijada civilizatoria. Tensiones territoriales en curso”,
disponible en: https://goo.gl/ktE2E6
36 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Organizaciones debilitadas y agendas pendientes
En la versión anterior de este informe, observábamos que el debilitamiento de las
organizaciones se debía en buena parte a su condicionada relación con los gobiernos
de turno e incluso porque sus dirigencias se incorporaban a las instituciones públicas
con el objetivo de cumplir las agendas de sus organizaciones, pero luego, se veían
envueltos en redes clientelares y pugnas político-partidarias. En países en los que los
gobiernos representan claramente a las clases minoritarias y dominantes, y las organizaciones
sociales no alcanzan mayor participación de sus líderes o logran alianzas
para negociar sus agendas reivindicativas al ámbito público, estas organizaciones se
muestran activas y creativas. Con la búsqueda de reelección y prórroga, los escándalos
de corrupción y otros eventos deslegitimadores del gobierno central, puede decirse
que las relaciones de correspondencia o no a los gobiernos, no es estática. Las organizaciones
se están fortaleciendo desde su ámbito territorial, el desafío será encontrar
mejores formas de control social interno y el ejercicio de sus propias jurisdicciones en
materia de justicia.
En Bolivia, los pueblos indígenas mojeño, tsimane y movima, movilizados por los crecientes
asentamientos campesinos que promueve el gobierno en su territorio, decidieron
realizar un nuevo tipo de marcha, una “Caminata de reafirmación de nuestro
derecho histórico sobre el área de bosque tsimane”, en la que por varios días representaron
la búsqueda de la Loma Santa, como afirmación de su memoria histórica.
Este hecho, no tuvo el impacto que las históricas marchas indígenas, desde el territorio
indígena hasta la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, sin embargo, muestra una
inventiva novedosa en un contexto sumamente adverso para re aglutinar a las organizaciones.
Paradójicamente, se celebró la XVII Gran Asamblea Nacional de los Pueblos
Indígenas (GANPI) de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con
el auspicio del gobierno y se eligió a Pedro Vare como presidente, quien otrora participó
de la defensa del TIPNIS y ahora promueve la construcción de la carretera que lo
atraviesa. Persiste la división de las principales estructuras organizacionales, el sector
campesino está comprometido al MAS y el sector indígena, ha generado estructuras
paralelas –como es el caso de la CIDOB- con dirigencias no reconocidas, y algunos
dirigentes se mantienen “orgánicos”, pero sin apoyo sustancial, ni de sus bases, ni de
las instituciones de apoyo.
Otra dinámica es la que siguió Ecuador que de forma dicotómica, muestra diferencias
entre la izquierda y la derecha, aunque el gobierno de Moreno ha abierto el diálogo con
organizaciones que habían sido críticas al gobierno de Alianza País. Y en sus primeros
meses de mandato incorporó a la FENOCIN, a la CNC y a ex dirigentes de la CONAIE
a las secretarías de agricultura familiar y campesina, relacionamiento productivo y del
agua, respectivamente. Esta apertura podría luces para incorporar y tratar los temas
reivindicativos, sin embargo, también existe el Acuerdo Nacional por el Cambio, que
aglutina a sectores críticos de izquierda, extendiendo las tensiones y discrepancias.
37 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Al 2017, las plataformas organizacionales que convocan y movilizan las luchas campesinas
como la Coordinadora Latinoamericana del Campo Vía Campesina – CLOC VC tienen
un trabajo consolidado, su identificación con la izquierda y partidos progresistas sudamericanos
ha sido importante, y como puede verse en Ecuador, sus miembros suscritos
tienen participación activa y posicionamiento determinante en la dinámica organizacional
nacional. Siendo así, su visión crítica será fundamental para la renovación de estas
organizaciones. Por otra parte, en varios países la reducción de fondos de cooperación
ha restado actividad y posibilidad de convocatoria a organizaciones y otras plataformas,
la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, por ejemplo, ha renovado
su dirigencia, pero el impacto de sus acciones es limitada. Similar suerte corre la
Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica – COICA, no obstante, la
apremiante agenda de sus miembros la mantiene visible y activa, y fue notable su convocatoria
a las organizaciones, el día 22 de septiembre, día de la defensa de la Amazonía,
a emprender acciones en cada uno de los 9 países que la integran.
Como no se ha visto antes, la resistencia ha calado profundamente en las sociedades.
Es significativo que cada vez más jóvenes rurales y urbanos se sientan sensibilizados
y se movilicen por la defensa de los territorios. Las malas noticias sobre el cambio
climático, el agotamiento del planeta en la insistente producción de energía, los daños
a zonas protegidas y el sistemático exterminio de líderes del campo están haciendo
que muchas poblaciones busquen alternativas a la vida urbana y a la forma de consumir
que ordena el capitalismo. Muchas son las imágenes que invaden las ciudades,
imágenes de selvas, de líderes campesinos y autoridades indígenas, de animales que
están en extinción y rostros de personas desaparecidas. Lo que más deseamos es
poder comunicar todas estas inquietudes y solidaridades, propagar la idea de que los
movimientos por la tierra y territorio estamos por todas partes, y podemos contrarrestar
los embates del colonialismo y la agresión directa a nuestros territorios, a nuestros
cuerpos y a nuestros modos de vida.
38 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Opción metodológica
El Informe 2017 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica tiene el objetivo de
mostrar la dinámica contemporánea del acceso a la tierra y al territorio y estimular
procesos de diálogo e incidencia en favor de la población campesina, indígena y
afrodescendiente de la región. Este apartado metodológico busca explicar la forma
en que se ha afrontado la elaboración, la identificación de autores y el proceso de
consolidación de información, y además, algunos aprendizajes de la tercera versión
de esta iniciativa.
Las dos versiones anteriores (2015 y 2016), la primera elaborada por el equipo del
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), revisada y ajustada por instituciones
aliadas del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, y la otra, encargada
a autores aliados, tuvieron gran difusión y reconocimiento en diversas plataformas y la
propuesta de construir una lectura sudamericana sobre el acceso a la tierra y territorio
fue visiblemente valorada.
Varios desafíos sobre la perspectiva de ejercitar el análisis regional sobre esta problemática,
merecen una amplia reflexión. Uno de ellos es la opción de sobrepasar la
barrera del Estado-nacional para explicar el acceso a la tierra en términos señalados
por los ecosistemas, las formas de aprovechamiento y formas de vida; a primera
vista pareciera lo más necesario y adecuado, no obstante, reiterados tropiezos de investigadores
por la dispersión de datos, dificultad de acceso a fuentes y métodos de
construcción de información, nos indican que tenemos insuficientes insumos y que
pese a que no son pocos los esfuerzos investigativos en ámbitos transfronterizos1
, el
acceso a la tierra y territorio de parte de campesinos, indígenas y afrodescendiente
como objeto de estudio, requiere una aproximación más extensa y costosa que está
aún pendiente de realizar.
La plataforma de casos inspiradores que el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio2
está dinamizando en la región, podría ser el insumo principal para actualizar
las categorías respecto al tema agrario, dejando ver las estrategias contemporáneas
de los demandantes de tierra y defensores de territorios, por lo que persistiremos en
esa tarea.
1 Véase, Bazoberry, O. (2012) “Chaco boliviano paraguayo. Desafíos en perspectiva transfronteriza”, disponible
en: https://goo.gl/Yte8Bk ; e IPDRS (2016) Amazonía transfronteriza: dinámicas poblacionales,
identidades y disputa por los recursos naturales, disponible en: https://goo.gl/F2uWmP
2 Disponible en: www.porlatierra.org/casos
39 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Queda vigente, en esta versión, el ingreso analítico a través de los Estados-nacionales,
el ordenamiento territorial que han establecido y sus burocracias correspondientes:
estructuras no estáticas y largamente interpeladas y disputadas por los pueblos indígenas,
afrodescendiente y la población campesina.
Para esta tercera versión del Informe sostenemos la idea de la fotografía social, afianzando
más todavía la intención de disponer de un documento que muestre la dinámica
actual y proponga una síntesis de lo ocurrido durante el año de referencia. Muchos son
los trabajos que abordan y repasan los hitos históricos que determinan las estructuras
agrarias y actuales procesos organizativos del campo. Esta tarea no es menor si consideramos
que son las instituciones no gubernamentales y académicas las que asumen
la tarea frente a la ausencia de información completa y actualizada sobre la tierra, los
territorios, la disposición de recursos, las decisiones institucionales respecto a la distribución
y aprovechamiento de recursos naturales, la dinámica agropecuaria, el aporte
de los campesinos e indígenas a las economías nacionales, etc.
Esta nueva versión reúne una diversidad interesante de miradas y posicionamientos
que emergen de formas de acompañamiento comprometido a los movimientos por
la tierra y defensa de territorios en ocho países de Sudamérica. Mantenemos un criterio
y una estructura común, que da paso a los autores a compartir información actualizada
sobre 2017 o, en su defecto, los últimos datos disponibles bajo su lente y
posicionamiento propio. Se trata de investigación y experiencia, pero también de una
contribución pedagógica para estudiar, transmitir y proponer acciones desde miradas
multidimensionales, críticas, afirmativas y propositivas, sobre un tema fundamental
como es el acceso a la tierra y el territorio.
1. Aportar a una din�mica actual
Apostamos a no reproducir el clásico abordaje que establece periodos y estabiliza los
procesos en discursos historiográficos “oficiales”, funcionales a los proyectos nacionales
dominantes; no porque sea un objetivo prescindir de ellos, pues como ya se
mencionó, se dispone de un gran bagaje al respecto. Este informe plantea la flexibilidad
suficiente para no restringir el trabajo de los autores en la medida que propongan
información actual a comparar.
La intención es visibilizar categorías y prácticas que operan o se están gestando en
la reivindicación de los derechos, cuidado y rehabilitación de los recursos naturales,
las luchas colectivas por el territorio y una permanente confrontación con los estados
y otros actores imperantes. La lectura de esta multiplicidad de datos, prácticas, propuestas
y normas, permitirá generar aprendizajes sobre la relación de los gobiernos
nacionales, los intereses privados y transnacionales y la situación de los campesinos e
indígenas en nuestros países.
40 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
En la anterior versión, con la incorporación de capítulos sobre Argentina y Brasil, el
informe sobrepasó la región andina y en el presente texto, sumamos a Venezuela. Además
de una dinámica común frente a un mismo modelo de producción hegemónico, la
experiencia del informe sirvió para medir el pulso de la institucionalidad abocada a lo
agrario y lo rural, y en definitiva a una peculiar conducta respecto a la población campesina,
indígena y afrodescendiente. Si bien la ideas es disponer de datos puntuales,
su identificación –o ausencia– y forma de presentación no dejan de ser una propuesta
de sus autores.
2. Procedimiento y construcción del documento
Al parecer, la construcción de un enfoque regional supone más que el esfuerzo de
sumar propuestas de lectura de diferentes situaciones y fenómenos. La tarea de
identificar similitudes o un modelo general que permita la observación y comparación
de cómo las tendencias globales, en cuanto al mercado, la producción ideológica
y simbólica y las necesidades de energía y alimentos repercuten en ámbitos
locales y territoriales, tendrá que ver también con una apertura intelectual que se
materialice en la voluntad y la capacidad de participar de un equipo y sujetarse a un
cronograma colectivo.
Este proceso metodológico es complejo, pues la voluntad personal o la disposición
institucional tropiezan con la dificultad de acceso a información actualizada. No todas
las instituciones públicas abocadas al desarrollo rural y agropecuario, a la distribución
de tierras o producción de información demográfica especializada disponen de estadísticas
o catastros. Si pudiéramos acceder a esta información, la población debería
evaluar mejor –en contextos electorales, por ejemplo– las propuestas de políticas y
ofertas que les hacen los políticos.
Entonces, el esfuerzo de los autores en la búsqueda de evidencias –o en su defecto,
la evidencia de la ausencia de información– reunidas en avances, conflictos, acciones,
propuestas, etc. nos sirve para construir una mirada panorámica de lo que tendría que
formar parte de complejos y actualizados sistemas de información abiertos a consulta.
La estructura del documento y perfil de investigación, han sido propuestos por el IPDRS
y se ha encargado la elaboración de cada capítulo a especialistas aliados en cada
país. Luego de un proceso de revisión, observación y algunas sugerencias absueltas3
,
se pasó a la edición general del texto y a la elaboración de los cuadros resumen que
creemos, son herramientas útiles a intereses de comparación.
3 No se hizo este proceso en todos los casos, pues varios de los capítulos se entregaron con bastante retraso,
por ese motivo, si bien la coordinación y edición general cobija sus propuestas, son los autores los directos
responsables de la información.
41 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
La estructura desarrollada por las instituciones de acompañamiento y los académicos
invitados, es la siguiente:
Información situacional
1. Marco general del país
Describe las principales problemáticas y sucesos ocurridos durante el año y que repercuten
en decisiones o políticas específicas, favorables o no, al desarrollo rural, a la inclusión
participativa de la población rural a la legislación agraria y al ejercicio pleno de sus
derechos, y otros temas que permitan tener un marco de comprensión para observar la
dinámica del acceso a la tierra y territorio y la viabilidad de la vida en el campo.
2. Avances en el acceso a la tierra y territorio
Expone la concreción de las políticas de distribución de la tierra y consideraciones respecto
a los territorios indígenas en cada país. Este acápite apunta a visibilizar tipos de
propiedad, tipos de propietarios, otras formas de acceso y cifras sobre la disponibilidad
y distribución de la tierra.
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Consiste en visibilizar las principales controversias que aquejan a las poblaciones rurales.
Al parecer en Sudamérica los conflictos, de acuerdo a la peculiaridad de cada
país, suelen concentrarse en dificultades en el acceso a la tierra, afectación de territorios
y derechos colectivos, conflictos socioambientales y minería, y conflictos en la
producción agropecuaria.
4. Acciones campesinas e indígenas
Enumeración y descripción de las movilizaciones, encuentros, redes y estrategias que
asumieron las organizaciones campesinas e indígenas para avanzar en su acceso a los
recursos naturales.
5. Propuestas
Iniciativas en cuanto a demandas y temas polémicos que se busca concretizar en
declaraciones, normas, proyectos de ley u otros.
6. Normas
Políticas públicas, decretos supremos, leyes, modificaciones a la Constitución que tienen
que ver con el desarrollo rural e intervienen en el acceso a la tierra y territorio.
7. Instituciones
Desglosar la dinámica de la gestión pública en cuya responsabilidad se asienta la viabilidad
de las demandas por tierra y territorio, y exponer el tipo de política que los gobiernos
aplicaron al desarrollo rural, a la distribución de la tierra y las poblaciones rurales.
8. Publicaciones
Dar cuenta del material producido en un año, documentación y fuentes de información
física y electrónica de relevancia. Es probable que presentemos listas incompletas de
42 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
la producción intelectual, no obstante, se consigna todo a lo que se pudo acceder vía
páginas web o información de instituciones aliadas.
Información ilustrativa
A manera de complementar los capítulos mostramos algunos insumos recopilados por
el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, en cuanto a las diversas experiencias
inspiradoras de acceso a la tierra y lucha territorial, expresadas en testimonios, fotografías
y líneas de tiempo que evidencian las dificultades y logros de campesinos e
indígenas en su acceso a la tierra.
Información adicional
Listado de 170 casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio de la plataforma
www.porlatierra.org.
Cuadros comparativos que sintetizan y recuperan datos precisos de los capítulos de los
siete países de aproximación.
3. Los autores
Capítulo Argentina
Contamos con el aporte del Grupo de Estudios Rurales y Estudios de los Movimientos
Sociales en América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto Gino Germani de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), representados por Tomás Palmisano y Juan Wahren,
ambos científicos sociales especializados en temas territoriales, la caracterización del
modelo extractivo de recursos naturales y los movimientos sociales.
Capítulo Bolivia
En esta versión, la aproximación a Bolivia fue encargada al equipo del Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), institución abocada al acompañamiento
agropecuario y político a diversas organizaciones, territoriales y regionales,
campesinas e indígenas en nueve regiones del país, y cuya labor impulsa procesos
autonómicos indígenas y la construcción de modelos de desarrollo campesinos.
Capítulo Brasil
El Laboratorio de Investigación de los Movimientos Sociales y territorialidades (LEMTO)
de la Universidad Federal Fluminense y su coordinador Carlos Walter Porto-Gonçalves,
fueron los encargados de aproximarnos a la realidad de su país. Su labor investigativa
desde la geografía crítica acompaña diversos procesos de resistencia en diferentes regiones
de Brasil y Sudamérica.
43 IPDRS
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudam�rica
Capítulo Colombia
Luego de su participación crítica en la difusión de la anterior versión de este Informe,
Flavio Rodríguez, director del Programa de Geografía e investigador del área Conflicto
y dinámica social de la Universidad Externado de Colombia, conformó un grupo de
trabajo junto a Milson Betancourt, docente del Programa de Geografía y al historiador
Billy Ávila; El equipo contó además con el aporte de Juliana Millán Guzmán de la Asociación
de Trabajo Interdisciplinario (ATI).
Capítulo Ecuador
Desde el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y el Observatorio del Cambio Rural
(OCARU), Stalin Herrera y Esteban Daza, explican la dinámica de ascenso y descenso
del movimiento indígena y campesino, así como las coincidencias y tensiones entre
estos y el actual gobierno ecuatoriano.
Capítulo Paraguay
Contribución de Idalina Gómez Hansen, abogada por la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción, actualmente responsable de la Red Rural de Organizaciones
Privadas de Desarrollo. Gómez encarga de mostrar la compleja situación de los campesinos
y la viabilidad de su modelo de vida y producción en Paraguay.
Capítulo Per�
El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) a través de Pedro Castillo Castañeda,
realiza un aporte que señala al Pacto de Unidad de organizaciones indígenas como
nuevo interlocutor ante un Estado que, en sus sucesivos gobiernos, prorroga el tema
de la distribución de tierras y resguarda la inversión extranjera en la extracción de
recursos naturales.
Capítulo Venezuela
Vladimir Aguilar Castro, docente y coordinador del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas
de la Universidad de Los Andes se encarga de trazar una aproximación a la
situación de los pueblos indígenas en la etapa post constituyente de su país.
4. ¿A qui�n est� dirigido este informe?
La propuesta de este informe, al igual que la iniciativa de articulación del Movimiento
Regional por la Tierra y Territorio, es producto de la articulación de diversos actores que
trabajan desde distintos roles en el ámbito del desarrollo rural. El IPDRS promueve que
todo el material que se produce transite entre la rigurosidad del dato, la pertinencia de
las reflexiones y la apertura a nuevas miradas; pero al mismo tiempo, que sea considerado
como una herramienta adecuada y solidaria para quienes participan activamente
de los procesos reivindicativos, luchas por la tierra y restitución de territorios.
44 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
El Informe está dirigido a organizaciones, instituciones y personas –hombres y mujeres–
con intereses que varían entre el activismo, la academia, el desarrollo y la política;
a gente, finalmente, de mente abierta, no satisfecha con lugares comunes o zonas de
confort que otorgan los pasillos academicistas, la tecnocracia acomodada en función
a la pobreza de l@s otr@s; la dirigencia discursiva y sin base social o la capitalización
personal del discurso activista.
El objetivo del Informe se cumpliría si los lectores accediesen a una interlocución enriquecida
con los autores, entre ellos y, a la vez, con más sujetos que están pensando
en el campo, en términos de lograr mejores perspectivas de vida, estudio y trabajo.
Si las dirigencias que mencionamos a lo largo de los capítulos pueden identificar
las problemáticas y fortalezas comunes, a nivel regional, ojalá este impulso sirva
para fortalecer y renovar sus sentidos de articulación horizontal y movilización por
agendas propias.
5. Limitaciones y oportunidades
La aspiración por construir un Informe regional y recurrir a la sumatoria de partes, no
hace más que poner en manifiesto el disciplinamiento en la forma de leer y explicar,
siempre a partir del ordenamiento administrativo nacional, cuyas fronteras físicas y
políticas significan obstáculos para la comprensión de diversas problemáticas, pero
además imponen limitantes para asimilar la larga reivindicación territorial de los pueblos
campesinos e indígenas.
No obstante, es imprescindible comprender la política agraria nacional, para así poder
observar la disponibilidad de la tierra, el carácter y estrategias de quienes la disputan
y las movilizaciones por tipos de conflicto territorial en toda la región. Esta tarea es útil
para la generación de mayores insumos analíticos, alertas y argumentos reivindicativos
sobre los recursos naturales. Resulta oportuno reunir evidencias del impulso de
la economía campesina e indígena como una gama de nuevos y mejores modelos de
producción y reproducción de la vida.
Una restricción importante tiene que ver con la disponibilidad de recursos para solventar
la realización permanente de este Informe, y esto recae en que unos capítulos
tienen una vocación mayormente cualitativa y de reflexión socio-histórica y otros en
cambio, aportan en el análisis cuantitativo y en registrar los hechos detalladamente.
Existe una diferencia en cuanto al alcance o rigor entre los capítulos y sus peculiares
narrativas dan cuenta de inclinaciones personales y políticas. Pese a que en el IPDRS
hacemos esfuerzos por diferenciar y valorar el trabajo de jóvenes y mujeres, la autoría
de los capítulos sigue estando concentrada en la perspectiva masculina. Profundizando,
la perspectiva de género del informe –cuando se menciona– recurre a datos
desactualizados con los que reiteramos, una vez más, las desventajas que atraviesan
las mujeres en el campo y en su acceso a la tierra. Los casos inspiradores, en cambio,
muestran a muchas mujeres protagonizando historias y logros en las luchas por la
tierra y en la producción agroecológica. El aporte y perspectiva de las mujeres deberá
ser un tema a trabajar en la siguiente versión.
Argentina
Juan Wahren
juanwahren@gmail.com
Tomás Palmisano
tomaspalmisano@hotmail.com
Grupo de Estudios Rurales
Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina
(GER-GEMSAL), Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad
de Buenos Aires.
Foto portada: Pueblo Mampa
1. Marco general del país
Durante 2017 el Producto Interno Bruto de Argentina tuvo una leve recuperación tras
la caída de 2,5 % que se registró entre 2015 y 2016, pero esta situación no necesariamente
impactó positivamente en el bienestar social. Si bien hubo una reducción de los
niveles de pobreza (de 32,2 % en el segundo trimestre de 2016 a 28,6 % en el segundo
semestre de 2017), es importante remarcar que se mantuvo el nivel de personas
en indigencia (6,3 % en el segundo trimestre de 2016 y 6,2 % en el segundo semestre
de 2017), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
(INDEC), a septiembre de 2016 y septiembre de 2017, respectivamente.
La persistencia de altos niveles de inflación anual (24,8 %) continuó influyendo negativamente
en el poder adquisitivo de diversos sectores sociales, situación que se vio
potenciada por una serie de políticas estructurales que afectaron el acceso a los servicios
públicos básicos a partir del aumento de las tarifas de electricidad, agua, transporte, etc.,
y porque los arreglos salariales fueron generalmente inferiores a dicho nivel inflacionario.
Además, a lo largo del año se produjeron despidos, cesantías y restricciones de diversos
programas sociales nacionales y una importante modificación regresiva del sistema previsional
nacional, cuya aprobación en el Congreso, a mediados de diciembre de 2017,
se dio en el marco de una masiva movilización social y episodios de enfrentamiento entre
diversas organizaciones y las fuerzas represivas. Por lo demás, se mantuvo un acelerado
ritmo de endeudamiento externo en paralelo a una “fuga de divisas” para atesoramiento
y turismo en el exterior, que se sumó a un creciente déficit de la balanza comercial
nacional generado, principalmente, por el aumento de las importaciones de bienes de
consumo y automóviles.
En cuando a la política partidaria, en octubre se celebraron las elecciones legislativas
nacionales. En la Cámara Baja (Diputados), el oficialismo, encabezado por la Alianza
Cambiemos, ganó en 13 provincias, mientras que las fuerzas opositoras, principalmente
expresiones del Partido Justicialista, triunfaron en las otras 11. Paralelamente,
ocho provincias eligieron senadores cuya distribución entre las fuerzas políticas fue
similar a la de los diputados. Si bien este escenario implicó un fortalecimiento relativo
del oficialismo de cara a los proyectos de reformas regresivas que aún permanecen
en cartera, a los fines de este informe es importante destacar la persistente ausencia
de la discusión acerca del problema de la tierra, su acceso y posible distribución en
la agenda partidaria de la amplia mayoría de las fuerzas políticas.
La expansión del modelo del agronegocio mantuvo e incluso incrementó su ritmo
en 2017 en Argentina. Diversas políticas públicas permitieron el incremento de los
niveles de ganancia de los sectores agrarios orientados al mercado externo que
concentran su producción principalmente en los cultivos de soja, maíz, girasol y
trigo, con una masiva utilización de insumos químicos y energía fósil. En la campaña
2016-17 se sembraron 19,2 millones de hectáreas (ha) de soja y 5,1 de maíz
49 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
(ambos casi exclusivamente transgénicos), y 1,7 millones de ha de girasol. Estos
tres cultivos cubrieron aproximadamente el 70 % de la superficie sembrada a nivel
nacional. Además, la frontera agropecuaria continuó su expansión y, como muestra
de ello, durante 2017 se desmontaron casi 130.000 ha en las provincias norteñas
de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Casi la mitad de esta superficie fueron
áreas protegidas por la Ley de Bosques Nº 26.331 (según datos de Greenpeace,
a enero 2018).
En relación al fracking y la megaminería, las otras dos actividades extractivas más
importantes, si bien no hubo nuevas normas y regulaciones que las favorecieran,
desde el gobierno nacional y las provincias se desarrolló una intensa campaña de
promoción. La búsqueda de grandes capitales internacionales incluyó, en el caso
del fracking, nuevas inversiones de la petrolera anglo-holandesa Shell, la estadounidense
Chevron (que ya tenía una fuerte presencia en Vaca Muerta, el principal
yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Sudamérica) y la incorporación
como socio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, empresa estatal) de Stat Oil,
la empresa estatal de hidrocarburos de Noruega, experta en la explotación de hidrocarburos
“off shore” (plataformas marinas) e hidrocarburos no convencionales.
Esta asociación compromete una nueva ampliación de la frontera hidrocarburífera
tanto en la provincia de Neuquén, principal región de explotación bajo la técnica del
fracking, como en la de Río Negro (donde se avanza sobre las producciones frutícolas
tradicionales de la zona) y el sur de Mendoza donde se encuentran los primeros
pozos exploratorios que ponen en riesgo la producción ganadera, frutícola, hortícola
y vitivinícola de la zona.
Algo similar ocurrió con la megaminería, pues las empresas del sector recibieron un
fuerte respaldo gubernamental. El ejemplo más claro fue la propuesta del gobierno
nacional de acortar los alcances de la Ley de Protección de Glaciares Nº 26.418,
que prohíbe la actividad minera en particular y extractiva en general en las áreas
glaciares y periglaciares. Por último, desde el sector empresarial y el poder político
existe una renovada presión para ampliar la frontera productiva de la megaminería,
por ejemplo, con el relanzamiento a fines de 2017 del Proyecto Río Colorado para
explotar potasio en el sur de Mendoza, provincia que ha prohibido las técnicas mineras
a “cielo abierto”. La técnica de explotación de este proyecto se anuncia como
convencional, pero organizaciones ambientalistas y campesinas denuncian que por
la escala del proyecto, los impactos sociales y ambientales serían similares a los de
la megaminería a cielo abierto.
Con la profundización y territorialización de estas actividades extractivas, las fuerzas de
seguridad nacional y provinciales registran un avance en la criminalización, represión
y hostigamiento a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones
sociales que se oponen al extractivismo en sus diferentes facetas.
50 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio
El Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (ProntAR) es el ámbito formal de
aplicación de políticas agrarias de acceso a la tierra en el país. Según la Dirección
Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias, durante 2017 se avanzó sobre ocho
proyectos de titulación en diversos puntos del país:
• Pórtico Norte de la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy), que tuvo
por objetivo final financiar la entrega de títulos de 27.813 ha distribuidas a un
promedio de 751 ha entre 37 productores, que también recibirán recursos para
cercamiento y cultivo de pasturas.
• Provincia de Chaco, uno en el departamento de San Martín, que tiene por objeto
distribuir 1.169 ha entre 22 productores; y otro en San Lorenzo, donde 15
familias recibirán 609 ha.
• Departamento de Rosario Vera Peñaloza, en la provincia de La Rioja, donde se
trabaja en titulación y arraigo en la localidad de El Potrerillo, donde 20 productores
recibirán la propiedad de 4.754 ha.
• Provincia de Misiones, uno en el departamento de San Ignacio –que incluye la
titulación de 348 ha distribuidas entre 348 personas–, y otro, en el departamento
de Guaraní, que incluye la entrega de títulos a 201 beneficiarios por un área
de 1.517 ha.
• Departamento de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero, donde el
ProntAR impulsa el saneamiento de la propiedad de 3.833 ha que beneficiará
a 529 familias.
• Provincia de Catamarca, donde se lleva adelante un proyecto para la titulación
de 266 ha que alcanzaría a 130 productores de los departamentos de Tinogasta
y Belén.
Según información suministrada por la Dirección, los proyectos tienen un tiempo de
desarrollo de al menos 12 meses y son establecidos por las jurisdicciones provinciales,
por lo que la entrega de títulos, en la mayoría de los casos, se concretará en el transcurso
de 2018. Cuando se concreten estos avances, a las 1.040 personas que tendrán
la propiedad de la tierra a su nombre, se sumarán otros 2.400 beneficiarios indirectos,
miembros de los hogares de los productores y productoras titulares de los predios.
Finalmente, como cierre de un proyecto iniciado en 2017, a comienzos de 2018 se
realizó la entrega de títulos de dominio de 425 ha distribuidas entre 23 familias de
pequeños productores tabacaleros, ganaderos y horticultores de la localidad de Pozo
Azul en la provincia de Misiones.
Por otro lado, durante 2017 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó seis
relevamientos territoriales en los que se reconoce la ocupación actual, tradicional y
pública de las siguientes comunidades indígenas:
51 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
• Comunidad aborigen Las Capillas, perteneciente al pueblo Ocloya; asentada
en la localidad Las Capillas, departamentos Palpalá y General Belgrano de la
provincia Jujuy: 14.592 ha.
• Comunidad misión El Algarrobo de la comunidad grupo étnico Wichi, situada en
el departamento General San Martin de la provincia Salta: 4.074,5 ha.
• Comunidad originaria Ayllu Valle del Sol, perteneciente al pueblo Tastil; ubicada
en el departamento Rosario de Lerma de la provincia Salta: 4.113 ha.
• Comunidad aborigen Kapií Yvaté del pueblo Mbya Guaraní, asentada en el departamento
San Pedro de la provincia Misiones: 2.369 ha.
• Comunidad Tekoa Tupa Mbae del pueblo Mbya Guaraní, situada en el departamento
Libertador General San Martín de la provincia Misiones: 77 ha.
• Comunidad Indígena Pukara del pueblo Fiscara, ubicada en el departamento
Tilcara de la provincia Jujuy: 234,4 ha.
En el noreste de Argentina se registran dos casos interesantes de acceso a la tierra. En
primer lugar, luego de un largo proceso de movilización y lucha, la organización campesina
de Productores Independientes de Piray de la provincia Misiones logró la titulación
de parte de las tierras de la comunidad. En 2013 consiguieron una ley provincial para
expropiar 600 ha a la multinacional Alto Paraná del Grupo Arauco, pero el gobierno de
Misiones tardó cuatro años en entregar las primeras 166 ha en medio de los reclamos de
la organización. Sin embargo, solo la mitad del área entregada (83 ha) es de uso agrícola,
mientras que el resto son barrios populares con más de 40 años de instalación y caminos
vecinales. A pesar de estos problemas, las familias comenzaron inmediatamente a
cultivar maíz, zapallo, mandioca y poroto para autoconsumo y venta de excedentes. En
paralelo, la organización mantiene el reclamo para que se complete la entrega de tierras
que ha sido dividida en parcelas de entre 10 y 20 metros de frente y 70 metros de fondo,
destinadas a la producción de alimentos (Aranda, 21 de septiembre de 2017).
En segundo lugar, en la provincia de Corrientes y con la Ley provincial 6211 de regularización
dominial como marco, se entregaron a lo largo del año varios títulos de
propiedad. A comienzos de año en la localidad de San Miguel, 27 familias1
recibieron
los títulos de sus tierras; en octubre lo obtuvieron 33 personas de Tres de Abril2
y seis
en San Cosme3
; en noviembre se concretó la entrega de seis títulos de propiedad en
el Paraje Boquerón de Mercedes4
. En paralelo, el programa incluye la concesión de
subsidios a las familias para afrontar los gastos de mensura.
1 Disponible en: https://goo.gl/cj29eV
2 Disponible en: https://goo.gl/KQq8xB
3 Disponible en: https://goo.gl/5vMeAU
4 Disponible en: https://goo.gl/TYWoFy
52 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
En términos de conflictos territoriales, el pueblo mapuche fue el más afectado debido
al constante asedio de las actividades extractivas y las abiertas expresiones de violencia
física y simbólica por parte de diversas fuerzas represivas estatales. A lo largo
del año, una serie de acontecimientos de alta repercusión mediática evidenciaron la
capacidad de resistencia de las comunidades, pero también la sistemática represión,
amedrentamiento e incluso asesinato de sus miembros.
Diversas dependencias estatales, en especial el Ministerio de Seguridad, difundieron
una caracterización del pueblo mapuche como un enemigo interno, reproduciendo su
estigmatización y justificando con ello el uso extremo de la violencia. En respuesta, cientos
de comunidades mapuche repudiaron el avance represivo del gobierno a partir de
diversas declaraciones públicas firmadas, entre otros, por la Confederación Mapuche de
Neuquén, autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Chewelche en Río
Negro, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), las comunidades
Vuelta del Río (Cushamen), Santa Rosa Leleke (Cushamen), Lof Cayun (Lago Puelo), Lof
Cañio (Buenos Aires Chico), Lof Ñiripil (Buenos Aires Chico), Ñamkulawen Lof (Comodoro
Rivadavia), Newen Mulfuñ (Pico Truncado), Calfu Nao (Trelew), y el Consejo Asesor
Indígena (CAI) de Río Negro. Este hecho da muestra no solo de la cantidad de comunidades
y organizaciones, sino también de la diversidad de sus formas representativas. En
este contexto, las provincias patagónicas fueron el escenario de diversos conflictos que
merecen destacarse específicamente.
Neuqu�n
Un centenar de gendarmes ingresaron en junio al territorio de la comunidad Campo
Maripe, situado en la provincia Neuquén, a fin de garantizar el trabajo que la empresa
YPF. A pesar de los reclamos de los miembros de la comunidad, YPF desarrolla
la extracción de hidrocarburos con la técnica de fracking. A este conflicto se sumó
una denuncia por “usurpación” de parte de la familia Vela que había usado los títulos
de propiedad de esas tierras como pago a un préstamo financiero, a pesar de que
estaban habitadas por los miembros del lof Campo Maripe5
.
A escasos kilómetros de allí y tras una larga resistencia, 21 integrantes de la comunidad
mapuche de Futa Xayen fueron acusados de usurpación y desalojados a
mediados de septiembre. En ese marco se detuvo a tres personas, a las que, según
un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, les “plantaron pruebas”
(armas y drogas) para legitimar el proceso de expulsión. Este conflicto se enmarca
también en la disputa por territorio entre las poblaciones mapuches y las empresas
5 Disponible en: https://goo.gl/DMbw6g y https://goo.gl/evamDW
53 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
de hidrocarburos que avanzan sobre el mismo a través de la exploración de nuevos
pozos de gas y petróleo no convencionales (fracking)6
.
Chubut
Tras la violenta represión sufrida en enero de 2017, el 27 de junio fue detenido en las
cercanías de Bariloche (Río Negro) Facundo Jones Huala, lonko (líder) de Pu Lof en
Resistencia de Cushamen quien, a raíz de su participación en la defensa territorial de
las comunidades mapuche en el sur de Chile, tenía una orden de captura internacional
a pedido del gobierno de ese país. A finales de julio se realizaron diversas movilizaciones
de la comunidad en demanda de la liberación de Jones Huala, en las que fueron
agredidos varios de sus miembros; hubo además un corte de ruta cerca del territorio
comunitario y el 1 de agosto, para desalojar a los bloqueadores, la Gendarmería Nacional
protagonizó una dura represión e ingresó ilegalmente al territorio del Pu Lof
Cushamen donde detuvo a nueve personas.
En ese contexto desapareció Santiago Maldonado, un activista libertario de 28 años que
participaba del proceso de resistencia. Según diversos testimonios, fue visto por última
vez intentando escapar de la represión hasta que finalmente fue capturado por las fuerzas
policiales. Su desaparición generó una extensa red de solidaridad que se manifestó
con masivas marchas y movilizaciones en diversas localidades de Argentina y varias ciudades
del mundo. Hubo además medidas judiciales, como el pedido de habeas corpus
y diversas declaraciones de organismos nacionales e internacionales como la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas Contra la
Desaparición Forzada, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En contraste, el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos intensificaron
la campaña de deslegitimación y criminalización del pueblo mapuche, utilizando
definiciones como “guerrilla terrorista” y “secesionismo”, a la vez que pergeñaban las
más inverosímiles hipótesis para negar la presencia de Santiago Maldonado en el lugar.
Tras dos meses y medio, el 17 de octubre durante un rastrillaje con orden judicial se
encontró su cuerpo sin vida, 300 metros aguas arriba del lugar por donde había cruzado
el río Chubut el día de la represión.
Luego de un mes de labores forenses, los peritos determinaron que la causa de su
muerte fue asfixia por sumersión agravada por un cuadro de hipotermia. Utilizando
tres métodos diferentes, determinaron que el cuerpo estuvo sumergido entre 53 y 73
días en el agua. Hasta el momento de redacción de este informe, la causa penal para
saber qué sucedió, identificar a los responsables del hecho y otorgarles la pena que les
corresponda no demostraba mayores avances. La familia de Santiago Maldonado y las
comunidades mapuche mantienen sus denuncias y sospechas en contra del accionar
de la Gendarmería Nacional.
6 Disponible en: https://goo.gl/DsZJc1 y https://goo.gl/xFPNu5
54 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Si bien el conflicto en Cushamen fue el más difundido, en la misma provincia sucedieron
otros acontecimientos que muestran la gravedad y sistematicidad de los hostigamientos
contra el pueblo mapuche. Un ejemplo son los ataques contra la comunidad
Vuelta al Río donde se incendiaron viviendas de miembros que participaron activamente
en los reclamos territoriales. Otro caso fue el de la comunidad mapuche Pïllan
Mahuïza, un territorio recuperado desde 1999, cuya referente, Moira Millán, sufrió
amenazas de muerte y tortura tras una toma pacífica del juzgado federal de Esquel
como protesta por los violentos allanamientos en el marco del conflicto de las comunidades
de Cushamen y Vuelta del Río7
.
Río Negro
En noviembre se intensificó el conflicto en la Lof Casimiro Antimil en la zona de Pichi
Leufu Abajo. La comunidad denunció que una persona se instaló en su territorio hace
unos 10 años a partir del engaño a una persona mayor que no sabía leer ni escribir y
le hizo firmar un contrato de alquiler por 30 años, sin pagar nunca el monto acordado.
Tras la muerte del anciano, sus descendientes le exigieron a la persona que se retire,
quien se negó y los denunció.
A finales del mismo mes, diversas fuerzas policiales y de Prefectura Nacional llevaron
adelante un intento de desalojo del Lof Lafken Winkul Mapu en las cercanías del Lago
Mascardi, un territorio recientemente recuperado por algunas familias mapuche. En
ese contexto, varios miembros de la comunidad (hombres, mujeres y niños) fueron
detenidos y otros tres resultaron heridos con balas de plomo. Uno de ellos, Rafael
Nahuel de 22 años, murió a raíz de los disparos recibidos en la espalda por parte de
miembros de un grupo de élite de la Prefectura Nacional, mientras escapaba de la
represión en una zona montañosa cerca de la comunidad. Sus dos compañeros que
lo llevaron hacia la comunidad para recibir ayuda médica fueron detenidos por las
fuerzas represivas. Esta nueva escalada de violencia despertó numerosas manifestaciones
de solidaridad popular en diversos puntos del país, algunas de las cuales
fueron también reprimidas, como en el caso de Córdoba. Hasta la fecha, el asesinato
de Rafael Nahuel, crimen perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado, sigue sin
resolverse y la investigación continúa abierta.
También se dieron otros casos relevantes de conflictos territoriales que involucraron a
pueblos indígenas en diversos puntos del país. El 14 de abril, en Formosa, fue detenido
Agustín Santillán, un joven maestro bilingüe y referente de las comunidades wichí
de la localidad de Ingeniero Juárez, que había denunciado públicamente los atropellos
contra su pueblo, la falta de acceso a la educación y las adversas condiciones socioe7
Consideramos que la fuente más certera y completa es la página web que la familia de Santiago Maldonado
ha construido, disponible en: www.santiagomaldonado.com; otras fuentes disponibles en: https://goo.
gl/qe2uu7 y https://goo.gl/MeUcxR
55 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
conómicas y sanitarias que sufren los miembros de su comunidad, expulsados de los
territorios y relocalizados en los barrios carenciados de las ciudades y localidades al
oeste de la provincia. Con el correr de las semanas fueron detenidos otros cuatro wichí,
algunos de los cuales permanecieron incomunicados, y luego aparecieron con signos
de maltrato y en malas condiciones de salud. El líder comunitario estuvo preso más de
siete meses sin ningún procesamiento judicial que pruebe las denuncias en su contra,
presuntamente falsas. Por ejemplo, la justificación de su última detención era una
acusación de haber participado en un robo a mano armada en un poblado en el que
estaba probado que él no se encontraba cuando había sucedido el hecho delictivo.
De esta manera, además de haber sido torturado reiteradas veces por la Policía local,
Agustín Santilllán sufre un permanente acoso judicial que lleva ya más de 25 causas
penales con diversas figuras, una práctica usual en los procesos de judicialización de
la protesta social que suele utilizarse para perseguir a diferentes líderes sociales, sobre
todo en las provincias más alejadas del centro del país.
A finales de junio, en la provincia de Tucumán, se produjo el desalojo de la comunidad
Indio Colalao integrada por 16 familias diaguitas. El Poder Judicial provincial
dictó el desalojo de las tierras fiscales sobre las que la comunidad poseía una tenencia
precaria, a fin de otorgarlas a empresarios para la extracción de recursos áridos.
Un par de meses después, en la misma provincia, fue desalojado de su tierra uno
de los integrantes de la Comunidad Indígena Pueblo Tolombón Base Gonzalo quien
perdió sus pertenencias y su casa fue derrumbada por desconocidos que respondían
a un empresario que reclamaba la propiedad de la parcela. Algo similar ocurrió en la
localidad de San Ignacio (provincia Misiones) donde un grupo de personas destruyó
las viviendas ubicadas en el territorio ancestral de la comunidad Tekoa Kokuere’i del
pueblo mbyá.
En otro caso, en la localidad de Volcán (provincia Jujuy) la familia de Paulina Laurean,
perteneciente a la comunidad indígena de Tilián, sufrió agresiones por parte de integrantes
de una familia terrateniente de la zona, quienes mataron su ganado y amenazaron
a la comunidad. Estas estrategias de amedrentamiento y destrucción de espacios
y materiales también se dio en el partido de Tigre (distrito de la provincia Buenos
Aires) en el marco de un conflicto territorial entre un empresario y la comunidad Punta
Querandí, a raíz del pedido de desalojo del Museo Autónomo de Gestión Indígena y
otras construcciones. Desde la empresa se acusaba a la comunidad, conformada por
miembros de diversos pueblos indígenas, de reiterados episodios de violencia, amenazas
y robos, aunque más bien fue la comunidad la que sufrió la destrucción de algunos
de sus espacios. El territorio se emplaza sobre el frágil ecosistema de humedales que
rodean el área metropolitana de Buenos Aires, y en los últimos años ha sido profundamente
afectado por el avance de la urbanización. A finales de agosto, familias de Tigre,
Escobar y otras localidades se acercaron al lugar para celebrar a la Pachamama en un
gesto de solidaridad con la comunidad.
56 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Las familias campesinas también vieron asediados sus territorios desde diversos puntos.
En Santiago del Estero, a mediados de año, se produjo un intento de desalojo a
una familia campesina por parte de empresarios, incidente en el que falleció Carmen
Lobo de Quiroga. En otro caso, la familia Sosa, de la cooperativa “El Fuerte” ubicada
en la localidad de La Maravilla (provincia La Rioja), sufrió amenazas de desalojo de la
tierra en la que viven y trabajan autónomamente desde hace más de 30 años, cuando
el antiguo dueño de la finca dejó de pagarles el salario y se ausentó definitivamente. En
las 14 ha donde producen pasturas y ganado ovino, la familia se organizó desde 2012
como una cooperativa con la ayuda de la Secretaría de Agricultura Familiar y la participación
en Federación Riojana de Cooperativas y Autogestionadas (FERCOA), hoy
miembro de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El desalojo se
basó judicialmente en una deuda hipotecaria contraída en 1996 por el antiguo propietario,
de la cual la familia Sosa se enteró en 2008 sin que se les otorgue la posibilidad
de renegociar el empréstito. Frente a este contexto, la FERCOA presentó un recurso
de amparo para detener el desalojo que obtuvo una respuesta favorable y se inició un
proceso de posesión en la Jurisdicción Provincial, para asegurar la tenencia de la tierra
a la familia campesina.
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio
Jornadas de discusión y debate
Una de las acciones más importantes en las que participaron colectivos campesinos,
indígenas y de agricultores ocurrió en diciembre durante las jornadas de repudio a la
reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en Buenos Aires.
Luego de varios encuentros preparatorios, se coordinó una agenda de trabajo que
conformaría una contra-cumbre de base popular con espacios asamblearios, foros,
talleres sobre educación, soberanía alimentaria, bienes comunes, matriz energética,
etc. La participación de la Vía Campesina fue muy importante en el encuentro.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizó diversos encuentros entre colectivos
y asambleas socio-ambientales de todo el país. Este espacio organizativo es una de
las instancias de encuentro y coordinación de luchas y resistencia contra los avances
del extractivismo, principalmente minero, pero también del agronegocio, hidrocarburos,
pasteras, forestales, represas y otros avances territoriales de la gran capital.
El primer encuentro del año, en marzo, reunió a las UAC de la región Litoral en la
ciudad de Posadas (Misiones), donde más de 20 organizaciones de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones (con presencia de una organización uruguaya) discutieron estrategias
conjuntas para afrontar los múltiples conflictos ambientales de la región y
hacer “propuestas orientadas a la protección de los bienes comunes naturales, ante
un modelo que entiende a estos bienes como recursos sujetos de explotación para
57 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
incrementar la concentración de riquezas en pocas manos y afianzar la desigualdad
social en el marco de un sistema capitalista cada vez más voraz” (Prensa UAC)8
.
Unos meses más tarde, entre el 28 de abril y el 2 de mayo, se desarrolló el XXVIII Encuentro
de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia Entre Ríos. A esta reunión del movimiento socio-ambiental asistieron cientos
de colectivos y organizaciones de distintas regiones, miembros de grupos y asambleas
de Uruguay, Chile y Brasil. Además de las denuncias del avance del extractivismo (deforestaciones,
desmontes, luchas por la tierra, residuos urbanos y nucleares, represas,
megaminería, pueblos fumigados, parques industriales) en la cita se propusieron líneas
de acción colectiva por la defensa los ríos, la soberanía alimentaria, la práctica de la
agroecología y la propuesta de una Universidad de la Tierra.
Un importante aporte en este encuentro fue la asimilación de expresiones artísticas que
aportaron herramientas para la concientización y difusión. La realización de un mural
colectivo, proyecciones de audiovisuales y un festival de música, enriquecieron la agenda.
Los asistentes participaron, además, en una movilización sobre el puente General
San Martín que une Argentina con Uruguay, organizada por las Asamblea de la ciudad
anfitriona, en rechazo a la instalación de plantas pasteras de celulosa (se logró frenar la
implementación de infraestructura de la empresa ENCE) y denunciando la contaminación
de la empresa Botnia-UPM en la región.
Entre el 8 y el 10 de diciembre se realizó el XXIX Encuentro UAC en la localidad de
Villa 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza, donde cientos de miembros de diferentes
colectivos y asambleas que componen la UAC se dieron cita para debatir en torno a
la soberanía alimentaria y las alternativas agroecológicas al modelo de agronegocio, y
para denunciar el avance del fracking y la megaminería. Desde diversas comisiones
o círculos de trabajo consensuaron realizar un relevamiento nacional de productores
agroecológicos así como llevar a cabo diferentes campañas de visualización de las
distintas luchas y propuestas alternativas.
En un marco similar se realizó, en el mes de agosto en la localidad de San Andrés
de Giles (Buenos Aires), el VIII Encuentro de Pueblos Fumigados y el I Encuentro de
Agroecología de la provincia de Buenos Aires, donde diversos colectivos compartieron
experiencias y propuestas alternativas al agronegocio. El evento fue organizado por el
espacio Ambiente Saludable que surgió a partir de la problemática de las fumigaciones
en cercanías de las escuelas rurales.
En septiembre se realizó la III Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas de Jujuy en
la cual participaron alrededor de 20 organizaciones (comunidades, organizaciones
indígenas y de derechos humanos), que analizaron los impactos de la Ley 26160
(ver siguiente apartado) y la necesidad de su prórroga, así como la participación en
instancias de movilización nacional
8 Disponible en: https://goo.gl/tWPtzG
58 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Ciencia y justicia popular
A partir de las denuncias de organizaciones y pobladores afectados por los impactos
del paquete tecnológico del agronegocio, el Espacio Multidisciplinario de Interacción
Socioambiental de la Universidad Nacional de La Plata realiza periódicamente estudios
sociales, sanitarios y ambientales en diversas localidades de la región pampeana. Le
tocó el turno a la ciudad de Urdinarrain en la provincia de Entre Ríos donde encontraron
la mayor acumulación de glifosato, a nivel mundial, tras el análisis de 15 campos
de la localidad. Estas herramientas son un insumo fundamental para los colectivos que
surgen al calor de las luchas contra los impactos del agronegocio.
En una línea similar, a mediados de año se realizó en la ciudad de Resistencia (Chaco)
el I Seminario de reflexión sobre el Genocidio Indígena en el Chaco Argentino donde se
analizó, desde las comunidades y las organizaciones, la construcción de un discurso
histórico y político propio, rescatando la utilización de idiomas nativos como forma
adecuada de registro y transmisión.
En la provincia de Neuquén la venta inconstitucional de 140 ha en el cerro Chapelco por
parte del gobierno provincial desencadenó una profunda oposición. Tras reiterados impedimentos
para participar en la audiencia pública informativa sobre el hecho, diversas organizaciones
sociales de San Martín de los Andes (Asamblea Socio Ambiental y de Alerta
Angostura, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
y de la Asociación de Trabajadores del Estado, la comunidad mapuche Curruhuinca,
entre otras) realizaron una asamblea en la puerta de la legislatura provincial en la que
participaron algunos diputados de la oposición. La movilización logró la reprogramación
de la audiencia y su traslado a la zona afectada para facilitar la participación popular.
Creación de espacios organizativos
En el marco de la creciente represión y estigmatización hacia el pueblo mapuche, en
diciembre se impulsó la creación de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural
en la que participan numerosos intelectuales, referentes sociales y políticos
y organizaciones indígenas (Confederación Mapuche de Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche
de Río Negro y Parlamento Plurinacional). Esta instancia tiene por
objeto propiciar el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas, discutir
sobre el avance del acaparamiento de tierras y el extractivismo como eje central de los
conflictos territoriales e impulsar el cese de la represión y de la campaña de hostigamiento
hacia los pueblos indígenas9
.
Comunicados y posicionamientos p�blicos
Frente a la militarización y ocupaciones ilegales de territorios ancestrales de las comunidades
mapuche, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió diversos comu9
Disponible en: https://goo.gl/VX3zxa
59 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
nicados y denuncias responsabilizando al gobierno nacional por las violaciones a los
derechos territoriales y el uso de violencia. A ello se sumaron acciones de protesta que
incluyeron la movilización de las comunidades hacia la capital provincial, más puntualmente,
al cuartel de la Gendarmería. También Amnistía Internacional hizo eco de
la situación en la formación Vaca Muerta, el epicentro de la expansión de la extracción
de hidrocarburos mediante el fracking. A lo largo del año, la localidad de Vista Alegre
(Neuquén) fue el epicentro de diversos bloqueos de ruta para exigir la prohibición en
todo el ejido municipal de la extracción hidrocarburífera no convencional. En junio se
firma en la localidad de Vista Alegre una declaración contra los impactos socioambientales
de esa actividad, que fue refrendada por numerosas organizaciones sociales
indígenas, ambientales, feministas, vecinales, estudiantiles, sindicales, de derechos
humanos y partidos políticos.
Frente a la posibilidad de explotación de minerales en el humedal Laguna Brava, la
Asamblea Ciudadana de la localidad de Vinchina (La Rioja) se declaró en estado de
alerta. La Asamblea Riojana Capital presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, 2.500 firmas de vecinos de la provincia expresando el rechazo de la población
riojana a la minería uranífera a cielo abierto en la audiencia conciliatoria por el amparo
presentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica en contra del Municipio de La
Rioja Capital, por haber impedido en 2013 la exploración en búsqueda de uranio en la
localidad de El Cantadero, cercana a la capital provincial.
Movilizaciones
La Coordinadora en Defensa del Monte Nativo de Córdoba que nuclea diversos colectivos
(la Comunidad Ticas del pueblo comechingón, el Movimiento Campesino de Córdoba,
la Organización Vecinal San Roque Despierta, la Mesa Apícola del Noroeste, etc.)
que se oponen al proyecto de ordenamiento territorial provincial que permitiría amplios
desmontes para el avance de la frontera agropecuaria y proyectos de infraestructura,
realizó diversas acciones a lo largo del año. En primer lugar, reclamó la apertura de
un proceso de consulta participativa avalada por la firma de 15.000 personas; realizó
denuncias penales contra exfuncionarios públicos y un abogado de la Confederación
de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) por el probable incumplimiento
de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita; organizó, a comienzos de marzo
y finales de junio, dos movilizaciones bajo el lema “El monte que marcha”, en las que
participaron decenas de miles de personas y se efectuaron lecturas de documentos de
posición y espectáculos musicales que daban cuenta de las problemáticas regionales.
El 10 de diciembre, en Entre Ríos, se realizó la segunda marcha contra el cáncer en
Gualeguaychú, denominada “Stop Cáncer”, donde miles de ciudadanos se manifestaron
denunciando el creciente número de casos de cáncer que existen en esa ciudad
y cuyas causas probables se deban, según los voceros de los manifestantes, a las
fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación del aire y el río por parte de las gran-
60 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
des empresas pasteras asentadas alrededor de la ciudad. Esta marcha fue impulsada
por la ONG Fundación Ángel de la Eternidad, y se sumaron diversas organizaciones
sociales de Gualeguaychú y otras regiones de la provincia de Entre Ríos también afectadas
por estas problemáticas.
A comienzos de año los pobladores de Fiambalá (Catamarca) realizaron un bloqueo de
la Ruta Nacional 60 en protesta a las tareas de exploración minera por parte de NEO
LITHIUM (proyecto Tres Quebradas) en humedales de importancia internacional. En
agosto se produjeron diversas marchas y concentraciones en la provincia de Río Negro
en contra de la instalación de una central nuclear en la provincia; las acciones fueron
impulsadas por la Asamblea Contra la Energía Nuclear de Río Negro.
Frente a las nuevas posibilidades de avance de la extracción de hidrocarburos mediante
fracking, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) realizaron movilizaciones
y concentraciones en espacios públicos para visibilizar los problemas de dicha actividad.
El escenario se complejizó a partir de la autorización –a través de una resolución
de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial– de un proyecto extractivo en la porción de la formación Vaca Muerta ubicada
en Mendoza, al sur del departamento de Malargüe.
En al menos dos ocasiones la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó “verdurazos”,
una innovadora forma de protesta en la que pequeños productores de alimentos
regalan grandes cantidades de verduras y frutas en el centro de la ciudad de
Buenos Aires. Esta estrategia les otorga gran visibilidad y cercanía con los sectores
populares amplificando la posibilidad de ser escuchados en sus reclamos. En abril se
solicitó la sanción de una Ley de Emergencia para las economías regionales y el avance
de del pre-proyecto de ley de Acceso a la Tierra presentado en 2016. En diciembre
replicaron la acción en solidaridad con los afectados por las medidas oficiales que
recortaron el sistema jubilatorio.
5. Propuestas
Uno de los puntos más destacados en el ámbito legal fue la prórroga de la ley 26160,
norma promulgada en 2006 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad
de las tierras de comunidades indígenas, suspendiendo la ejecución de sentencias,
actos procesales o administrativos con fines de desalojo o desocupación hasta
tanto no se cumpla con el relevamiento de las comunidades y sus tierras. Este trabajo
sufrió diversas dilaciones y su última fecha de vencimiento era el 22 de noviembre de
2017, pero para entonces aún faltaba relevar más de 60 % de los territorios como paso
previo a la concesión de los títulos de propiedad comunitaria, lo cual motivó el reclamo
de diversos colectivos, organizaciones, referentes políticos, intelectuales, etc. A ello deben
sumarse las más de 500 comunidades que pidieron su reconocimiento después
de la sanción de la ley. Las estrategias de presión consistieron en la presentación de
61 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
documentos públicos, solicitadas, movilizaciones, acampes frente al Congreso de la
Nación, entre otras. Finalmente, las acciones dieron resultado favorable y se aprobó
una nueva prórroga de la ley por tres años.
Por otro lado, se presentaron tres proyectos de ley: S-609/17, D-1723/17 y D-4727/17
para prohibir en todo el país el uso de sustancias químicas y/o tóxicas aplicadas a
la explotación minera metalífera a gran escala (modalidad a cielo abierto) en todos
los estados del proceso productivo (cateo, prospección, exploración, explotación y/o
industrialización). Los tres proyectos, presentados por diversos espacios políticos, retoman
en sus fundamentos diversas luchas en contra de los efectos contaminantes de
las actividades extractivas en todo el país, como las asambleas socioambientales de las
provincias Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza, La Rioja, Salta y Catamarca.
Además, el proyecto de ley D-3169/17 busca establecer que el Estado solicite
la licencia social de los habitantes en cualquier territorio donde funcionen industrias
que produzcan o transformen material radiactivo.
Por último, el senador Fernando “Pino” Solanas, reconocido político y cineasta y comprometido
con diferentes causas socioambientales, presentó un proyecto de ley (S-793/17,
redactado con la asesoría del abogado ambientalista Enrique Viale) que busca el reconocimiento
del derecho de la naturaleza a que se respete integralmente su existencia y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos y funciones vitales; y que toda persona,
comunidad, organización o pueblo se encuentra legitimada para exigir la protección de
esos derechos. Los dos primeros artículos resumen el espíritu del proyecto en el que
resalta la idea de la naturaleza como sujeto de derecho, reivindicación ligada a diversos
movimientos indígenas y campesinos de América Latina:
Art. 1º - La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos y funciones vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Art. 2° - El ejercicio de los derechos de la Naturaleza requiere del reconocimiento, recuperación,
respeto, protección y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos,
prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y
normas de todas las culturas que buscan convivir en armonía con la Naturaleza10.
Si bien estos proyectos no fueron impulsados directamente por los movimientos sociales
rurales, queda claro en los fundamentos de cada iniciativa la influencia de las
diferentes acciones colectivas de estos movimientos para que la agenda parlamentaria
retome el debate en torno al medio ambiente, la tierra y el territorio.
En el segundo semestre del año, la multisectorial contra el agronegocio Vecinos/as de
Luján, Carlos Keen, Villa Ruiz y Open Door del partido de Luján (provincia de Buenos
10 Disponible en: https://goo.gl/j7fngc
62 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Aires) iniciaron una campaña de recolección de firmas para legitimar la presentación
de un proyecto de ordenanza para la promoción de la agroecología que complemente
la normativa local (Nº 5953) que regula el uso de agroquímicos desde 2011. Diversos
colectivos han hecho repetidas denuncias de violación de esta última ordenanza que
prohíbe las fumigaciones a menos de 100 metros de los centros escolares, sanitarios,
casas aisladas, reservas naturales y cursos de agua. Por ejemplo, en septiembre los
campos inmediatamente aledaños a la Escuela Primaria 22 y al Jardín de Infantes 902
fueron fumigados en pleno horario escolar.
6. Normas
La normativa que se ha promulgado a lo largo del año incluye participación directa o
indirecta de los colectivos campesinos, indígenas y socioambientales que llevan adelante
diversas luchas. A continuación detallamos algunos ejemplos provinciales y locales.
Catamarca
En junio se promulgó la ordenanza 10/17 que prohíbe en el ejido municipal de Ancasti
las actividades extractivas que empleen técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas
o explosivos.
Río Negro
En septiembre se aprobó la Ley Provincial 5227 que prohíbe en el territorio de la provincia
la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia,
exceptuando la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología
de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).
En las localidades de General Conesa, General Fernández Oro y Lamarque se aprobaron
ordenanzas municipales que prohíben la actividad hidrocarburífera no convencional
con fractura hidráulica en áreas urbanas, suburbanas, rurales y en tierras productivas
bajo riego en la ciudad.
En junio, en la localidad de Viedma se aprobó la Ordenanza 7882 que prohíbe durante
la realización de actividades mineras en todo el ejido del municipio el empleo de cualquier
técnica que requiera el uso de explosivos e insumos tóxicos.
Buenos Aires
En el partido de Rauch se promulgó la Ordenanza Municipal 1122/17 que prohíbe la
exploración y explotación de gas y petróleo no convencional en todo el ejido municipal.
Similar contenido tiene la Ordenanza Nº 2230 del partido de Daireaux.
En el municipio de San Antonio de Areco se logró modificar la ordenanza local que
regulaba las pulverizaciones con agroquímicos, tomando como referencia el relevamiento
de un campamento sanitario realizado por la Universidad de Rosario. En con-
63 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
traste, la nueva norma no extiende el área de prohibición de fumigaciones terrestres
circundante de 100 metros de agrupamientos urbanos y escuelas. Además a partir de
las gestiones de docentes rurales se contó con el asesoramiento de la Universidad de
La Plata que realizó análisis medioambientales en agua de lluvia, de pozo y en suelo.
Entre Ríos
Se promulgó en abril la Ley 10477/17 que prohíbe en todo el territorio de la provincia
la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por
métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica. Esta ley aparece
como el corolario de una fuerte lucha llevada adelante por diferentes movimientos
sociales y organizaciones ambientalistas que habían logrado la prohibición de esta
técnica en más de 30 municipios de la provincia. Según el activista contra el fracking,
Oscar Villanova, de la Asamblea Ciudadana Concordia, esta ley “fue debatida desde
las asambleas hacia los diputados y senadores para que saliera lo mejor posible. No
logramos todo lo que creíamos conveniente, pero es un gran paso que hemos dado,
que seamos la primera provincia que le dice no al fracking”. (Prensa UAC).
Por otra parte, en octubre el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a tres
personas (el dueño del campo que contrató la fumigación, el presidente de la empresa
fumigadora y el piloto) a 18 meses de cárcel en suspenso por fumigar sobre la Escuela
Nº 44 de Santa Anita. La lucha fue llevada adelante por las docentes del establecimiento
y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos que coordinó la campaña Paren de
Fumigar las Escuelas.
Santa Fe
Se promulgó la Ley 13740/17 que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica para
labores accesorias en trabajos de exploración o explotación de recursos minerales e
hidrocarburíferos.
Córdoba
En noviembre se aprobó en la localidad de Dique Chico una ordenanza local de restricción
de fumigaciones. El colectivo Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico realizó
numerosas acciones en favor de esta legislación que contó con la oposición de productores
rurales de pueblos aledaños. Sin embargo, la Comisión Comunal de Dique Chico
emitió la Resolución 242 que fija una zona de resguardo ambiental de 1.000 metros
de la planta urbana, núcleo poblacional o casa habitada, y de las escuelas donde se
prohíbe la utilización de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario
destinado a la pulverización y/o fumigación o a la fertilización agrícola y/o
forestal, excepto los productos debidamente autorizados para la práctica de agricultura
orgánica o agroecológica. Además, la normativa se compromete a impulsar Sistemas
de Producción Agroecológica y estimular la transición hacia la producción agroecológica
a nivel comunal tanto en la zona de resguardo como por fuera de ella.
64 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
7. Instituciones
A lo largo del año, el Ministerio de Agroindustria sufrió diversos cambios en su organigrama
lo que, según testimonios de diversas organizaciones, debilitó las instancias institucionales
de articulación con las poblaciones campesinas, indígenas y de pequeños chacareros.
Por otro lado, según las mismas fuentes, la Subsecretaría de Agricultura Familiar
no contó con el presupuesto, los programas y los proyectos suficientes para el sector en
un contexto de apertura de las importaciones y aumento en el precio de los insumos. Es
sintomático que durante gran parte de 2017, y hasta el cierre de este informe en marzo
2018, la Subsecretaría seguía vacante y sin capacidad operativa en los territorios.
A finales de octubre Miguel Etchevehere, hasta entonces titular de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), la más antigua institución representativa del empresariado rural tradicional
del país, fue nombrado ministro de Agroindustria. Esta designación despertó la
oposición de numerosas organizaciones populares urbanas y rurales, que convocaron
a movilizaciones de rechazo. El ministro tiene denuncias judiciales por mantener a trabajadores
en condiciones precarias y por evasión impositiva, entre otras11. Por último,
gran parte de los funcionarios más importantes de dicho ministerio provienen de las organizaciones
empresariales agrícola-ganaderas, (tanto sectoriales como de las cadenas
de valor; además de la mencionada SRA, se encuentran referentes de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (AACREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(AAPRESID), Fundación Exportar, Maizar, Argentrigo, etc.
8. Publicaciones
Bernhold, C. y Palmisano, T. (2017). Relaciones sociales, concentración de capital y
construcción de consenso en el agronegocio. Un caso de estudio. Revista Interdisciplinaria
de Estudios Agrarios, (46), 105-140. Disponible en: https://goo.gl/gmEZeJ
Caligaris, G. (2017). Transformaciones recientes en el proceso de trabajo y en la acumulación
de capital en la producción agraria argentina. Regional and Sectoral Economic
Studies, 17(1), 83-96. Disponible en: https://goo.gl/QQ8xYj
Caligaris, G. (2017). Las grandes empresas agropecuarias en Argentina: los casos de
Cresud y El Tejar. Cuadernos de Economía, 36(71), 469-488.
Castillo, P. R. (2017). Estructura social agraria y agroindustrial del Nordeste de la Argentina:
desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador
y excluyente. Mundo agrario, 18(37), 00-00.
11 Disponible en: https://goo.gl/RXtn4s y https://goo.gl/pGPo6S
65 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
Cowan Ros, C. (2017). Política, modos de vida y sociabilidad en una pequeña sociedad
rural. Mundo Agrario, 18(37), e046. Disponible en: https://goo.gl/Hm1m8j
Cruz, R. D., & Morandi, J. L. (2017). Valorizaciones de los recursos locales y disputas
socio-territoriales en los valles calchaquíes (Argentina). Ciência & Trópico, 41(1).
Feito, M. C. (2017). Visibilización y valorización de la agricultura familiar periurbana.
Intervenciones de políticas públicas en el partido de La Matanza. Mundo Agrario,
18(38), e055. Disponible en: https://goo.gl/c6jZ6S
Fernández, D. (2017). Un análisis sobre distintas estrategias de persistencia de las
unidades de producción chacareras en la región pampeana argentina. Agrociencia
Uruguay, 21(2), 105-115.
Freytes, C., & Farrell, J. O. (2017). Conflictos distributivos en la agricultura de exportación
en la Argentina reciente (2003-2015). Desarrollo económico, 57(221), 181-196.
Garay, A., Krapovickas, J. y Mikkelsen, C. (2017). Transformaciones territoriales en
ámbitos rurales del noroeste argentino y la región pampeana hacia finales del siglo XX
e inicios del XXI. Mundo Agrario, 18(38), e054. Disponible en: https://goo.gl/UR8YYY
Giarracca, N. (2017). Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el Sur.
Antología esencial. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en: https://goo.gl/psrDz3
Gómez Lende, S. (2017). Usos del territorio, acumulación por desposesión y derecho
a la salud en la Argentina contemporánea: el caso de la soja transgénica; Geographia,
19(39), 3-15. Disponible en: https://goo.gl/dtmnvS
Gorenstein, S. y Ortiz, R. (2017). El nuevo ciclo de primarización en el Cono Sur latinoamericano.
Aportes para una aproximación crítica. Revista Interdisciplinaria de Estudios
Agrarios, 0(46), 141-160. Disponible en: https://goo.gl/zJdEca
Gras, C. (2017). Expansión sojera y acaparamiento de tierras en Argentina. Desarrollo
económico, 57(221), 149-163.
Guzmán, S. M. V. (2017). Law as an instrument of struggle and a space of conflict:
the experience of the Cordoba’s Peasant Movement (Argentina). Revista Direito e Práxis,
8(1), 413-448.
Lapegna P. (2017). The political economy of the agro-export boom under the Kirchners:
Hegemony and passive revolution in Argentina. Journal of Agrarian Change,
17(2), 313–329.
Lemmi, Soledad. (2017). Realidad laboral, derechos y sindicalismo en los trabajadores
hortícolas del Gran La Plata (Buenos Aires, Argentina a) 1990‐2009. Trabajo y sociedad,
(29), 139-155. Recuperado en 06 de abril de 2018. Disponible en: https://goo.gl/tVb1cu
Lende, S. G. (2017). Usos del territorio, acumulación por desposesión y derecho
a la salud en la Argentina contemporánea: el caso de la soja transgénica. Geographia,
19(39), 3-15.
66 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Mangonnet, J., & Murillo, M. V. (2017). El boom sojero y la protesta fiscal de los productores
rurales. Desarrollo económico, 57(221), 165-179.
Manzanal, M. (2017). Desarrollo, territorio y políticas públicas. Una perspectiva desde
el desarrollo rural y territorial. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 0(46),
5-31. Disponible en: https://goo.gl/VEFwrp
Manzanal, M. (2017). Territorio, poder y sojización en el cono sur latinoamericano.
El caso argentino. Mundo Agrario, 18(37), e048. Disponible en: https://goo.gl/vAJ1Jt
Marasas, M., Blandi, M. L., Berensztein, N. D., & Fernández, V. (2017). Transición
agroecológica: características, criterios y estrategias. Dos casos emblemáticos de la
provincia de Buenos Aires, Argentina. Agroecología, 10(1), 49-60.
Nogueira, M. E., Urcola, M. A., & Lattuada, M. (2017). La gestión estatal del desarrollo
rural y la agricultura familiar en Argentina: estilos de gestión y análisis de coyuntura
2004-2014 y 2015-2017. Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, 2(4). Disponible
en: https://goo.gl/3ggNmh
Patrouilleau, M. M., Martínez, L. E., Cittadini, E. y Cittadini, R. (2017). Políticas públicas
y desarrollo de la agroecología en Argentina. En E. Sabourin, M. M. Patrouilleau, J.
F. Le Coq, L. Vásquez & P. A. Niederle (org.), Políticas Públicas a favor de la Agroecología
en América Latina y el Caribe. Porto Alegre: Evangraf/Criação Humana, Red PP-AL/
FAO. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i8067s.pdf
Pengue, W. (2017). El vaciamiento de las pampas. La exportación de nutrientes y el
final del granero del mundo. Buenos Aires/Santiago de Chile: Heinrich Böll Stiftung.
Seibane, C. y Ferraris, G. (2017). Procesos organizativos y políticas públicas destinadas
a productores familiares del sur del Área Metropolitana (provincia de Buenos
Aires, Argentina), 2002-2015. Mundo Agrario, 18(38), e060. Disponible en: https://
goo.gl/WoVs42
Toledo López, V. (2017). La política agraria del kirchnerismo. Entre el espejismo de la
coexistencia y el predominio del agronegocio. Mundo Agrario, 18(37), e045.
Trpin, V., & Pizarro, C. (2017). Movilidad territorial, circuitos laborales y desigualdades
en producciones agrarias de Argentina: abordajes interdisciplinares y debates conceptuales.
REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 25(49). Disponible
en: https://goo.gl/XvioQE
Vázquez, A., & Sili, M. (2017). Dinámica espacial del proceso de extranjerización de la
tierra en la Patagonia. Journal of Latin American Geography, 16(2), 117-137.
Vila Seoane, M., Marín, A. (2017). Transiciones hacia una agricultura sostenible: el
nicho de la apicultura orgánica en una cooperativa Argentina. Mundo Agrario, 18(37),
e049. Disponible en: https://goo.gl/Tvj7SU
Rossi, L. (Octubre de 2017). “El monte que marcha”, desafiar al desarrollo, reinventar
mundos. Disponible en: https://goo.gl/3Qv6si
Bibliografía
Aranda, D. (21 de septiembre de 2017). Una apuesta para limpiar la tierra de agrotóxicos.
Buenos Aires: Página 12. Disponible en: https://goo.gl/h8CQXQ
Greenpeace (enero 2018). Deforestación en el norte de Argentina. Informe Anual
2017. Buenos Aires: Greenpeace. Disponible en: https://goo.gl/4bKznN
INDEC (septiembre de 2016). Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados
urbanos. Buenos Aires: INDEC. Disponible en: https://goo.gl/viD1Rs
INDEC (septiembre de 2017). Condiciones de vida. Vol. 1, nº 12 Incidencia de la pobreza
y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2017. Buenos
Aires: INDEC. Disponible en: https://goo.gl/mFmidW
Fuentes
Agencia de Noticias RedAcción
Biodiversidad en América Latina y el Caribe
Bolsa de Comercio de Rosario
ContrahegemoníaWeb
Cooperativa Voces
Dirección Nacional Electoral
Ecos Córdoba
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Huerquén. Comunicación en Colectivo Indymedia
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
La Izquierda Diario
LaVaca
LaVoz
Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes
Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales
Observatorio Petrolero Sur
Página 12
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
Rebelión
Red Nacional de Medios Alternativos
Revista Crítica
Revista NAN
Subsecretaría de Agricultura Familiar
www.santiagomaldonado.com
Argentina en Movimiento
La aproximación a la ruralidad en Argentina es compleja como las muchas expresiones de resistencia
al agronegocio y extractivismo, que emergen de sus territorios. Una fuerte afirmación identitaria
viene manifestándose en el permanente reclamo de varios pueblos indígenas e históricas disputas
por tierra y territorio frente a gigantes como Benetton, entre tanto, una creciente población urbana
y activista, se va solidarizando y emprendiendo acciones de apoyo y confrontación a la política de
despojo y depredación mediambiental. Muchas personas hacen correlativo este respaldo a la población
rural e indígena, a sus proyectos de vida. De pronto, las opciones en la vida urbana no son
atractivas, pareciera más coherente rehabilitar las condiciones de cultivo, hacerse de riego y producir
alimentos propios en el campo. Las experiencias a las que asoma el Movimiento en Argentina
muestran subjetividades contemporáneas que apuestan por la transición, de un modelo de vida a
otro, de proyectos individuales a colectivos, de la ciudad al campo.
69 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
141
caso
Línea de tiempo
La Cooperativa Cuchiyaco
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/141
2009
Adquisición
de terrenos.
2012
Reflexión sobre las
prácticas colectivas
de producción
2010
Construcción
de viviendas.
70 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
PROVINCIA LA RIOJA,
SANTA VERA CRUZ
“El paisaje, los antepasados y la tierra nos llevó a unir
manos para trabajarla, abrazarla y vivir de ella y a presentarnos
como Cooperativa Cuchiyaco: Un círculo abierto
de personas, de familias pueblerinas con fuertes convicciones
y ansias de trabajo, pero de trabajo digno, de ese
trabajo que es genuino que surge de luchas particulares y
transforma a las personas.”
(Clara Larisgoitia, Cooperativa Cuchiyaco)
En el relato de Clara, indica que todos habían pensado
alguna vez en migrar al medio rural para alejarse del estilo
de vida y los ritmos de Buenos Aires. Menciona un
“efecto contagio”; el hecho de que hayan migrado en un
grupo compuesto por familiares y amigos, hizo que la
decisión de migrar fuera mucho más fácil y, sobre todo,
que se sintieran acompañados en el nuevo hábitat. Una
de las causas por las cuales Mariana migró se debe al
estilo de vida que quería que sus hijos tengan, Catalina
de 9 años, Ernesto de 8 y Candela de 5 años, que nació
en una piedra que se encuentra dentro de su casa.
Créditos
Cooperativa Cuchiyaco
Sistematización realizada por Cristina Esteban
Fotografías de Cristina Esteban.
2014
Creación de la
Cooperativa
Cuchiyaco.
2017
Aprobación de
plan “Línea Dos”
Proyecto para adquirir
maquinarias
para producción
vitivinícola
2016
Producción y
comercialización
de aceitunas,
nueves y
derivados. Dulces
y cosméticos.
Foto portada: Cooperativa Cuchiyaco
71 ARGENTINA
GER-GEMSAL, Universidad de Buenos Aires
157
caso
Línea de tiempo
2014
Firma un comodato, la
Estancia Yucat cede 60
ha a la comunidad de
Pueblo Mampa, inicia la
comercialización, ferias y
cultura en el territorio.
2015
Se alquila una casa para
hospedar a los voluntarios
y un almacén para
vender los productos en
la ciudad de Villa María.
(Junio).
2013
Presentación del proyecto
“Pueblo Mampa”. Primer
grupo con huertas urbanas
y árboles frutales.
Ocupación de tierras
cerca al río Calamuchita.
Pueblo Mampa: Liberar la
alimentación, alimentar la libertad
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/157
72 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
PROVINCIA CÓRDOBA
SAN MART�N
“Vamos trabajando de a poquito, con las cosas que
tenemos, con las cosas que podemos, pero que sea un
convencimiento absoluto de lo que queremos”
(Leandro Menaldi, Miembro Del Proyecto Pueblo Mampa).
Pueblo Mampa es un proyecto iniciado en septiembre
de 2013, por un grupo de jóvenes huerteros/as provenientes
de la ciudad de Villa María (Córdoba, Argentina)
que buscaban tierras para producir de forma agroecológica.
Luego de un proceso de ocupación de tierras en
la ciudad, frustrado por una inundación ocurrida en febrero
del mismo año, estas jóvenes conocen y acuerdan
con los administradores de la Estancia Yucat un permiso
de uso de una parte de las tierras -a través de la figura
legal de un comodato-, para desarrollar su proyecto.
Créditos
Comunidad de Pueblo Mampa
Sistematización realizada por Paula Reinoso,
Sabrina María Villegas Guzmán y María Mercedes Ferrero.
2016
Todos/as los/as
mamperos/as se mudan
definitivamente al campo
y consolidan el proyecto.
2017
Se crea la Red Regional
Abya Yala de granjas
ecológicas. El territorio
crece 5 ha.
Foto portada: Pueblo Mampa

74 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
Bolivia
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
cipca@cipca.org.bo
Foto portada: Irene Mamani
1. Marco general del país
El escenario político boliviano en 2017 estuvo marcado por movilizaciones y discusiones
en torno a la reelección del presidente Evo Morales. Los resultados del referendo de 2016
en los que la población rechazó esta posibilidad, no sosegaron la pretensión del partido
oficialista de continuar en el gobierno; por el contrario, el Movimiento al Socialismo (MAS)
y organizaciones afines plantearon una serie de estrategias jurídicas para persistir en el
cometido.
Al finalizar el año, con una interpretación sustentada en el “derecho humano a elegir y
ser elegido” establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, el Tribunal Constitucional
Plurinacional1
dio luz verde a la reelección indefinida de los mandatarios en diferentes
instancias de gobierno, decisión que generó una serie de críticas, movilizaciones y
polarización en la sociedad. En este contexto se desarrolló la elección de magistrados
al Tribunal Agroambiental, en la que el voto nulo sobrepasó el 51 %, el voto blanco
fue de 14 % y el válido solo de 35%. Los magistrados, entonces, fueron elegidos con
escasa legitimidad, y así fueron posesionados en sus cargos.
Pero además de este debate, la coyuntura estuvo signada por políticas y acciones
públicas en torno a la generación de mayores ingresos estatales para compensar la
caída de los ingresos por la exportación de los recursos naturales, principalmente de
los provenientes de impuestos y regalías de hidrocarburos, no obstante que el precio
de estos productos tuvo una relativa mejora respecto a la gestión pasada. Según los
datos oficiales, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2017 fue
de 4,42 %, el más bajo del último lustro, lo que no impidió que Bolivia siga liderando
a la región en este rubro. La disminución de los ingresos por exportación de recursos
naturales generó –según estimaciones– un déficit fiscal de 7,4 % respecto al PIB y un
déficit comercial en la balanza de pagos que alcanzó con un saldo negativo de 1.302
millones de dólares: 1,2 % más respecto a los 1.287 millones de 2016.
Con la finalidad de incrementar los ingresos del Estado, desde hace varios años el
gobierno prioriza la explotación de recursos naturales, así como la exploración de nuevos
yacimientos, sobre todo de hidrocarburos. Este modelo de desarrollo, además de
causar dependencia, impacta negativamente en territorios indígenas, áreas protegidas
y reservas forestales, hábitat natural de pueblos y naciones originarias y reservorio
ecológico cada vez más amenazado por actividades de prospección.
Las actividades más comunes son la explotación de hidrocarburos, los proyectos hidroeléctricos,
la apertura de carreteras y la ampliación de la frontera agrícola. En los
últimos meses, el gobierno nacional retomó el proyecto de construir una carretera por
el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y abrogó
1 Esta instancia es una de las novedades que trajo la nueva Constitución, no obstante, aún está ocupada en la
materia agraria y no asumió control en materia ambiental. Disponible en: http://www.tribunalagroambiental.bo/
77 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
la Ley 180 de intangibilidad, hecho que desató una serie de movilizaciones sociales e
incluso una denuncia al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que
recomendó la moratoria del proyecto.
Organizaciones indígenas de las áreas protegidas desarrollaron diferentes prácticas de
resistencia y movilización social en defensa de sus tierras, territorios y modos de vida,
exigiendo el respeto a sus derechos; la consulta previa, libre e informada ante medidas
que tienden a afectarles y el acceso a la autonomía administrativa para ejercer su derecho
al autogobierno. Presentaron, además, numerosas acciones jurídicas y denuncias
nacionales e internacionales.
La ampliación de la frontera agrícola es una prioridad de acuerdo al Plan de Desarrollo
Económico y Social 2016-2020; actualmente no pasa de cuatro millones de hectáreas,
pero la intención es duplicarla. Varias han sido las políticas de los últimos años
para fomentar el modelo agroindustrial, entre las principales se puede mencionar:
la ampliación del tiempo de control de la función económica social2
de dos a cinco
años; incentivos a la agroindustria, proporcionando créditos que salen de los fondos
de pensiones de los trabajadores; permisos de exportación de los productos, principalmente
los commodities; aranceles cero para la importación de maquinaria agrícola
y compromisos para la legalización de propiedades privadas. Estas medidas también
generan conflictos entre campesinos e indígenas, principalmente por la presión sobre
reservas forestales como la de Guarayos, en Santa Cruz, y otras en el norte de La Paz
y en el bosque Tsimane del Beni.
El gobierno justifica estas acciones argumentando la necesidad de generar mayores
ingresos económicos, lograr la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza; pero paradójicamente,
la importación de productos agrícolas no deja de crecer. El primer trimestre
de 2017 se importó papa por un valor de 2.635.000 dólares y cebolla por 296.000
dólares, solo por poner un ejemplo, y sin contabilizar el contrabando de alimentos que,
según estimaciones, supera el valor de las importaciones legales.
Hay una serie de programas y proyectos de fomento a la producción de la agricultura
familiar, pero su alcance es limitado pues 94 % de las unidades productivas agropecuarias
del país son pequeñas, no mejora la productividad de los rubros en los
que incursionan y no hay medidas efectivas contra el contrabando y la importación
irrestricta de alimentos. Pese a ello, todavía gran parte de la población rural en el país
vive de actividades agrícolas pecuarias y forestales, mediante prácticas de producción
campesinas e indígenas, alternativas al modelo agroindustrial y más amigables con la
sostenibilidad de los recursos naturales y la naturaleza.
2 Según la Ley INRA, “la función económico social en materia agraria, establecida por el Artículo 169 de la
Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias,
forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la
biodiversidad, la investigación y el ecoturismo conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la
sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”.
78 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
En relación al tema tierra, en 2017 destaca el anuncio de conclusión del proceso de
saneamiento de tierras en Bolivia, a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) que inició el proceso en 1996, con la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma
Agraria, y cuyo plazo había sido ampliado en dos ocasiones. Sin embargo, como
veremos más adelante, todavía falta titular el 20 % del área objeto de saneamiento,
correspondiente a alrededor de 20 millones de hectáreas.
Por otro lado, se avanzó en el proceso de regularización de la propiedad sobre la tierra:
45 millones de hectáreas fueron tituladas a favor de pueblos indígenas originarios y de
comunidades campesinas, beneficiando a 800.000 de los primeros y 1,7 millones de
los segundos. Este proceso permitió el acceso a la tierra y el territorio principalmente
a indígenas de tierras bajas, bajo la figura de tierras comunitarias de origen (TCO), en
propiedad colectiva.
2. Avances en el acceso a la tierra
Pasaron 21 años desde la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) en 1996, y 11 de su modificación a través de la Ley de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria (2006) para acelerar el proceso de saneamiento y
entregar las tierras fiscales, expropiadas y revertidas de los latifundios a campesinos
e indígenas bajo la dotación comunitaria. El 31 de octubre de 2017 feneció el plazo
para el saneamiento de tierras y ya no sería necesaria una nueva ampliación puesto
que, según el INRA, el proceso concluyó y además de que ya estaría mensurado todo
el territorio nacional, no habría más superficie por intervenir, sino solamente pequeñas
porciones en proceso y conflicto. Los resultados presentados por el INRA, a diciembre
de 2017, son los siguientes:
Cuadro 1. Resultados del proceso de saneamiento
Saneamiento Hectáreas %
Superficie total de Bolivia 109.858.100
Manchas urbanas, cuerpos de agua y otros 6.343.562
Superficie objeto de saneamiento 103.514.538
Superficie saneada y titulada 82.987.873 80%
Tierras fiscales 26.486.113 25,5%
Tierras tituladas y certificadas 56.501.761 54,5%
Superficie pendiente de titulación 20.526.664 20%
Superficie en proceso 13.674.909 13%
Superficie en conflicto 6.851.755 7%
Superficie por intervenir - 0
79 BOLIVIA
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Número de títulos emitidos 1.000.000
Número de beneficiarios 2.199.325
Fuente: Informe del INRA, a diciembre 2017
En el informe presentado por el INRA, como se puede ver en el cuadro anterior, llama
la atención la disminución de la superficie objeto de saneamiento de 106.298.775
hectáreas (ha) a 103.514.538 ha, debido a que 2.784.237 ha fueron declaradas como
manchas urbanas, cuerpos de agua y otros, después de concluida la mensura de predios
en territorio nacional. En función de esta nueva superficie objeto de saneamiento,
se habría saneado y titulado el 80 % de lo previsto, de los cuales 26,3 millones de
hectáreas son tierras fiscales y 56 millones de hectáreas fueron saneadas a favor de
personas individuales y colectivas.
Cuadro 2. Avance comparativo del proceso de saneamiento
Categoría Avance a 2016 (ha) Avance a 2017 (ha) Diferencia
Comunidades campesinas
e interculturales 21.100.000 21.700.000 600.000
Empresarios y medianos 6.300.000 10.900.000 4.600.000
TCO*
tierras alta y bajas 23.900.000 23.800.000 -100.000
Tierra fiscal 24.500.000 26.500.000 2.000.000
* Según la CPE y los procedimientos administrativos establecidos, la tierra comunitaria de origen (TCO)
se convierte en territorio indígena originario campesino (TIOC) y, a la vez, es una vía de acceso a la
autonomía indígena originaria campesina.
Fuente: elaboración propia en base a los datos del INRA.
Durante 2017, como se puede apreciar en el cuadro anterior, tuvo mayor avance el
saneamiento de derechos propietarios de empresarios y medianos propietarios, con
4,6 millones de ha; se identificaron dos millones de ha de tierras fiscales, las comunidades
campesinas e interculturales recibieron títulos para 600.000 hectáreas y el saneamiento
de tierras comunitarias de origen se paró en seco desde varios años atrás;
es más, el INRA reporta para el 2017 100.000 ha menos, dato que no obstante no se
desagrega por zonas en su informe.
Beneficios del proceso de titulación y superficie pendiente por titular
Según el INRA 23,8 de los 56,5 millones de hectáreas saneadas y tituladas a 2017
se titularon en beneficio de 484.000 indígenas y originarios de tierras altas y bajas, en
calidad de tierras comunitarias de origen (TCO); 21,7 millones de hectáreas a favor de
1,7 millones de campesinos e interculturales y 10,9 millones a favor 12.000 empresarios
y medianos propietarios. Del proceso de titulación se benefició a un 43 % de
mujeres y un 46 % de hombres, generando cierta equidad en cuanto a género en el
derecho propietario.
80 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
El proceso de saneamiento también identificó 26,5 millones de hectáreas de tierra
fiscal, de los cuales 8,1 millones de ha están disponibles y otros 3,2 millones de ha ya
habrían sido distribuidos a favor de 42.073 familias campesinas e indígenas concentradas
en 1.273 comunidades.
La superficie pendiente de saneamiento y titulación todavía sería de 20,5 millones de
ha, de las cuales 13,7 millones estarían en proceso y 6,8 en conflicto. Esta situación
se aplica a tierras en las que, aunque ya se inició el proceso de saneamiento e incluso
la medición del predio, aún resta la revisión de títulos ejecutoriales y la finalización de
diferentes trámites y procesos agrarios. Estas tierras están ubicadas en su mayoría en los
departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba. Finalmente, está la superficie
en conflicto, que está paralizada por litigios por linderos y sobreposición de derechos.
3. Conflictos en el acceso a la tierra
Entre los conflictos en torno a acceso a la tierra y el territorio, encontramos las disputas
entre originarios y campesinos sobre la forma de saneamiento; el avasallamiento de
tierras por parte de campesinos interculturales a territorios indígenas y propiedades
privadas; tráfico de tierras; amenazas a territorios indígenas y reservas fiscales por
megaproyectos y explotaciones petroleras; y conflictos en áreas urbanas en relación a
las áreas verdes y ecológicas.
Conflictos por tierra entre indígenas originarios y campesinos
a) Santa Cruz: disputa por tierras entre indígenas y campesinos3
La disputa por tierras en la población de Ascensión de Guarayos generó enfrentamientos
entre indígenas de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG)
y campesinos de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Santa Cruz (FSUTC), según denuncias, se quemaron varias casas y se agredió a mujeres
y personas mayores. Según funcionarios del INRA, las tierras en disputa están dentro de
la reserva forestal de Guarayos y son de propiedad del Estado. Los indígenas guarayos
defienden un área que consideran está dentro su territorio, los campesinos –pequeños
productores de soya, arroz, sorgo y ganado de engorde– se disputan tierras y fuentes de
agua que, según algunas versiones, habrían sido contaminadas con agroquímicos, en
desmedro de la producción de peces en los ríos.
b) Chuquisaca: conflicto entre originarios y campesinos por saneamiento de tierras4
En la comunidad Picachulu del municipio de Sucre se enfrentaron comunarios de sindicatos
campesinos y originarios del ayllu Quila Quila, en disputa por la modalidad de
3 Disponible en: https://goo.gl/RTQnru
4 Disponible en: https://goo.gl/y1oCF9; https://goo.gl/n6R4xu
81 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
saneamiento de tierras. Los primeros plantean la titulación individual y los segundos
exigen un saneamiento como tierras comunitarias de origen para que se respete el territorio
ancestral de la nación originaria Qhara Qhara. En 2015 el INRA de Chuquisaca, a
través de resoluciones determinativas, anuló el proceso de saneamiento de tierras de tres
polígonos por la presión de sindicatos campesinos que serían mayoría en la mencionada
comunidad. El ayllu de Quila Quila inició una demanda jurídica al INRA por afectar a sus
derechos colectivos y territoriales; una juez dio curso a sus demandas, pero el Tribunal
Constitucional Plurinacional revocó esta resolución por no tomar en cuenta a los terceros
interesados. El conflicto sigue sin resolverse.
c) La Paz: reclamos por saneamiento de tierras5
Comunarios del ayllu Ch’alla de la parcialidad Aransaya de la Isla del Sol (provincia
Manco Kápac) se movilizaron para recabar documentos del Archivo de Indias de Sucre,
en busca de probar su certificación como pueblo pre existente a la república, esto con
el objetivo de demostrar al Estado que corresponden a la categoría de nación originaria
ancestral. También rechazan cualquier intento de saneamiento de sus tierras por parte
del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ya que se consideran tierra comunitaria
de origen (TCO). Esta movilización se desarrolló en un contexto de conflicto con otra
comunidad vecina, con la que se disputan espacios en cercanías a las ruinas turistas de
la Isla del Sol. Para tener mayor legitimidad sobre el sector, plantean titulación colectiva,
autonomía indígena y autoidentificación originaria.
Avasallamiento de tierras
Se presentaron casos de avasallamiento en La Paz, Pando y Santa Cruz, como se
explica a continuación.
a) La Paz: campesinos avasallan tierras indígenas6
Afiliados a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”
(FSUTC-TK) y a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias
de Bolivia (CSCIOB) avasallaron tierras de indígenas tacanas de la provincia Iturralde
y procedieron a la quema de al menos seis casas con el fin de apoderarse de tierras
forestales. Este grupo ingresó al sector de Tarene Chico, cerca de la comunidad Tahua
donde existe un área forestal denominada exProinsa, una concesión forestal abandona
hace muchos años. El área es objeto de interés no solo de colonizadores, sino también
de mineros que están detrás de la explotación de recursos forestales y la tala de árboles
maderables. Los representantes del pueblo tacana denunciaron el hecho al INRA y
a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
5 Disponible en: https://goo.gl/Xq3qDt
6 Disponible en https://goo.gl/ZQCSaa
82 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
b) Pando: extranjeros avasallan tierras de indígenas7
A través de cientos de kilómetros de frontera expugnable entran súbditos extranjeros
(peruanos y brasileños) para explotar recursos naturales. En 2017, representantes de
la comunidad Tajibos del municipio Santos Mercado de Pando denunciaron los constantes
abusos y avasallamientos de parte de brasileños a más de 30 familias bolivianas
que habitan en la zona fronteriza. El ingreso de extranjeros se intensifica en la época
de recolección de castaña, que es cuando llegan en grandes cantidades a comprar la
producción a bajo costo. El director de la ABT en Pando, Aldo Chávez Ávila, ratificó que
recibieron varias denuncias de comunarios quienes manifestaron su preocupación por
y temor ante el peligro de avasallamiento a sus propiedades.
c) Santa Cruz: familias campesinas denuncian avasallamiento de colonos8
Familias campesinas de la comunidad Motacú del municipio de Pailón en Santa Cruz,
denunciaron el avasallamiento de más de mil hectáreas productivas, por personas
que ingresaron violentamente a sus propiedades y los agredieron hasta desalojarlos.
Las familias afectadas cuentan con títulos ejecutoriales de sus tierras, dotados por el
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y solicitan a las autoridades pertinentes
ayudarles a recuperar sus predios que actualmente están en manos un grupo liderado
por dirigentes de los campesinos colonizadores.
d) Avasallamiento de tierras fiscales9
A mediados de la gestión, el INRA informó de la existencia de 117 predios de tierras
fiscales que fueron tomados ilegalmente en Santa Cruz, donde 105.502 ha estarían
en manos de grupos de avasalladores, ante lo cual el Programa de Recuperación
de Tierras Fiscales Avasalladas (RETFA) informó que iniciará acciones de desalojo
y procesos penales por avasallamientos, asentamientos ilegales y ocupaciones de
tierras fiscales. También informó que en el departamento de Pando se identificó la
mayor superficie de tierra fiscal tomada ilegalmente: 210.203 ha; luego vine Santa
Cruz, con 105.502 ha; seguido de Beni, 11.468 ha; La Paz, 3.695 ha; Tarija, 960
ha; Cochabamba, 274 ha; Chuquisaca, 186 ha y Potosí, 55 ha.
e) Tráfico de tierras en La Paz10
La Central de Pueblos Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) se declaró
en estado de emergencia ante nuevos intentos de avasallamiento de sus territorios
ubicados en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. Campesinos del
occidente identificados como miembros de la Federación Túpac Katari se habrían trasladado
en buses hasta Chivé con la intención de tomar el puerto Heath. En respuesta
7 Disponible en: https://goo.gl/2Xn36G
8 Disponible en: https://goo.gl/QGvEWn
9 Disponible en: https://goo.gl/sFJWKt
10 Disponible en: https://goo.gl/6GoCtS
83 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
a esta denuncia la directora nacional del INRA, Beatriz Yuque, confirmó el traslado de
personas con fines de tomar tierras en la provincia Iturralde e informó de una oficina
ilegal que operaba en la ciudad de El Alto a nombre del INRA.
Amenazas a territorios indígenas
a) Gobierno retomó el proyecto de construcción de carretera por el TIPNIS11
El proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesaría
el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue retomado
a través de la promulgación de la Ley 969 de Protección, desarrollo integral y sustentable
del TIPNIS que abroga la Ley 180 que lo declaraba como intangible y prohibía la
construcción de la carretera.
Organizaciones indígenas cooptadas por el gobierno demandaron levantar la intangibilidad
sobre el TIPNIS argumentando que era un óbice para el desarrollo del territorio.
Las organizaciones indígenas afiliadas a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
(CPEM-B) anunciaron medidas de resistencia y una comisión liderada por Marqueza
Teco y Fabián Gil efectuó una denuncia ante la cuarta sesión del Tribunal Internacional
de los Derechos de la Naturaleza, realizada en Bonn, Alemania, en simultáneo con la
23ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-23);
esta instancia internacional recomendó al gobierno paralizar la construcción de puentes
y comprometió la visita de una comisión en 2018, para verificar in situ las denuncias.
b) Santa Cruz: gobierno dejó sin efecto proyecto sobre reservas forestales12
El gobierno determinó dejar en suspenso el proyecto de Decreto Supremo, impulsado
por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), orientado
a establecer la gestión y el manejo integral de las reservas forestales El Choré y Guarayos.
Según el director de la ABT la propuesta de gestión integral pretende establecer
consensos entre los actores privados y públicos para salvaguardar y restaurar el bosque
deforestado ilegalmente en los últimos 40 años, además de normar actividades
que se realizan de manera caótica al margen de la ley. La socialización del mencionado
decreto generó tensiones y conflictos en uno de los sectores de la organización indígena
de Guarayos por el riesgo de legalización de asentamientos irregulares al interior
de la reserva. Este sector indígena anunció que hará respetar las tierras de la reserva
forestal e inició acciones de resistencia.
c) Santa Cruz: delimitación de la reserva forestal de Guarayos13
El presidente Evo Morales se reunió el 19 de diciembre con representantes de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Cámara Agropecuaria
11 Disponible en: https://goo.gl/ZVZ6jY
12 Disponible en: https://goo.gl/p7XDe4
13 Disponible en: https://goo.gl/JMurtJ; https://goo.gl/ct93kt
84 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
del Oriente (CAO) y acordaron delimitar o afectar la zona F de la reserva forestal de
Guarayos, con el fin de regularizar asentamientos y combatir la deforestación e inversiones
ilegales dentro de la reserva que está titulada como propiedad colectiva del
pueblo indígena guarayo.
Actualmente, la reserva está ocupada por colonizadores / interculturales, extranjeros
y agroindustriales que producen arroz, soya, maíz, frijol, sésamo, trigo y girasol. Estos
arguyen que ya no hay bosque y pretenden su afectación o cambio de uso de suelo.
Los indígenas guarayos, una vez solucionados sus conflictos orgánicos, como se detalla
más adelante, reafirmaron que la reserva les pertenece, exigieron la anulación de
dichos acuerdos y anuncian movilizaciones.
d) Gobierno subastó 100 áreas para la explotación petrolera14
Durante el Congreso de Gas y Energía realizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos
y Energía (CBHE), el gobierno anunció la subasta o concesión de 100 áreas de exploración
hidrocaburífera con el propósito de impulsar e incentivar la inversión extranjera.
Estas áreas son bastante sensibles ambientalmente, como el bloque Madre de Dios en
Pando, donde se encuentran la reserva natural de vida silvestre amazónica Manuripi; o
en el norte de La Paz donde corren peligro la reserva de biósfera y tierra comunitaria de
origen, Pilón Lajas, y el Parque Nacional Madidi que además de su importancia estratégica
a nivel ambiental, son el hábitat de comunidades indígenas.
e) Beni: indígenas de la comunidad Fátima denuncian a empresa China15
Indígenas de la comunidad Fátima del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI),
iniciaron un bloqueo de caminos para denunciar a la empresa China International
Water Electric Corp. (CWE), contratada por el gobierno para construir el tramo II de la
carretera San Ignacio de Moxos-Trinidad, por la ruptura de las cañerías que dotan de
agua a dicha comunidad, afectando a 45 familias. Dicha empresa se niega a resarcir
los daños producidos. Los denunciantes afirmaron que esta y otras firmas chinas violentan
sus territorios y contaminan suelos y aguas.
f) Santa Cruz: indígenas guaraníes reclaman compensación por actividad petrolera16
Indígenas guaraníes de la comunidad Caraparicito del municipio de Lagunillas, junto
con trabajadores de la empresa Total bloquearon el ingreso al campo petrolero Incahuasi
exigiendo la indemnización a 62 familias de esta localidad por la afectación y
retiro de sus terrenos agrícolas al momento de construir el megacampo gasífero. Los
comunarios piden el pago de 1,5 millones de bolivianos por los daños ambientales
ocasionados en la zona.
14 Disponible en: https://goo.gl/Uw15kg
15 Disponible en: https://goo.gl/PKCGR5
16 Disponible en: https://goo.gl/fc32dS; https://goo.gl/4tWj2k
85 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
Conflictos por la defensa por �reas verdes y ecológicas
a) Santa Cruz: activistas rechazan construcción de puentes17
Activistas de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida ratificaron su rechazo y
reclamaron por el derecho a la consulta previa del proyecto de ley que busca autorizar
la construcción de varios puentes en el cordón ecológico del río Piraí, que unirá
la ciudad de Santa Cruz con el municipio de Porongo, donde se encuentra la zona
de residencias de lujo Urubó. El proyecto de ley ya fue aprobado en comisión en la
Cámara de Diputados.
b) Cochabamba: conflicto por áreas verdes y agua potable en Sipe Sipe
Pobladores de la comunidad de Caramarca, municipio Sipe Sipe bloquearon la carretera
Cochabamba-La Paz para anular una resolución del Concejo Municipal que
favorece a un sector de esta zona que pretende crear otra organización territorial de
base (OTB) y busca apropiarse de 15 ha de áreas verdes de pastoreo y del sistema de
agua potable comunal.
c) Cochabamba: disputas por agua para riego
Campesinos de la comunidad de Lincupata del municipio de Tiquipaya y del Sindicato
Agrario Taquiña del municipio de Cercado protagonizaron un enfrentamiento por el
acceso al agua para riego, hecho que derivó en la muerte de una persona. Sucedió en
inmediaciones de la laguna Santa Rosa ubicada cerca al municipio Colcapirhua, en
donde se realizan trabajos de ampliación y limpieza de canales de riego.
Afectaciones a producciones agropecuarias
a) Santa Cruz: introducción de maíz transgénico18
Maíz transgénico de la variedad Round up Ready (RR) fue introducido al país desde
Argentina de manera legal, mediante la importación aprobada vía D.S. 2857 del 2 de
agosto de 2016, y de manera ilegal, vía contrabando. Según denuncias de activistas
medioambietales, se estaría comercializando sin ningún control en mercados y centros
de abastecimiento como grano y semilla a precios accesibles, lo que conlleva dos
efectos negativos: se pone en riesgo la salud de los consumidores y se da pie a la
masificación de este tipo de cultivos, pues ya se detectaron cruces artesanales para
obtener el grano a un bajo costo de producción. El presidente de la Cámara de Pequeños
Productores del Oriente (CAPPO), Isidoro Barrientos, manifestó que 50 % del
maíz sembrado por sus asociados es transgénico.
17 Disponible en https://goo.gl/HJbXnP
18 Disponible en: https://goo.gl/osS1kk
86 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
b) Tarija: incendio en la reserva biológica Cordillera de Sama19
Varios incendios forestales en la reserva biológica Cordillera de Sama arrasaron con
10.600 hectáreas, 10 % de la superficie de la misma. El fuego cobró la vida de muchos
animales silvestres y domésticos y degradó una amplia superficie de suelo destinado
a la producción agrícola. En esta cordillera se originan las cuencas de los ríos La victoria
y Tolomosa, dos de las principales fuentes naturales de agua que abastecen a la
población de la ciudad de Tarija y a unas 20 comunidades aledañas. Las causas del
fuego se deben a la pérdida de humedad y los fuertes vientos, que son producto de la
creciente deforestación que aqueja al país desde hace años. Los efectos inmediatos
serán la disminución y contaminación del agua, y por consiguiente, la disminución de
áreas de cultivo.
4. Acciones campesinas e indígenas
de acceso a la tierra y el territorio
Diferentes organizaciones indígenas y campesinas desarrollaron una serie de acciones
en demanda de acceso a tierra y territorio que consideran les corresponde y, en otros
casos, para la defensa y consolidación de sus territorios. Varios pueblos se movilizaron,
también, ante la amenaza de megaproyectos carreteros, hidroeléctricas, explotación
petrolera, ampliación de la frontera agrícola impulsada por agroindustriales y campesinos
con lógicas mercantiles. Pero también hubo movilizaciones de pueblos indígenas
y originarios en torno a la consolidación y acceso a las autonomías como vía para la
consolidación de sus territorios ancestrales.
Defensa de territorios indígenas
a) Tarija: rechazo a la exploración y explotación petrolera en la reserva de Tariquía20
Comunidades campesinas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el
departamento de Tarija, marcharon en defensa de esta superficie y en rechazo de la
exploración y explotación petrolera que pretende desarrollar YPFB Chaco en asociación
con Petrobras; además demandan proyectos de desarrollo social para la región.
Las comunidades se oponen al proyecto por el impacto ecológico que podría generar
en una de las principales fuentes de agua del departamento, los cambios en la vida
social y la afectación de los pasivos ambientales. El gobierno nacional comprometió
varios proyectos (agua potable, construcción de viviendas, paneles solares) para lograr
la anuencia de la población campesina.
19 Disponible en: https://goo.gl/6nprDp; https://goo.gl/uEzQc4
20 Disponible en: https://goo.gl/eBvwEn
87 BOLIVIA
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b) Santa Cruz: guaraníes y campesinos rechazan proyecto Rositas21
En 2016 la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el consorcio Asociación Accidental
Rositas (AAR), conformado por tres empresas chinas, firmaron contrato para
la instalación de la hidroeléctrica Rositas en Santa Cruz, con una inversión de mil
millones de dólares provenientes de un crédito del Eximbank chino, proyecto que
generará al menos 400 MW. Se prevé, no obstante, que su infraestructura anegará
más de 40.000 hectáreas de bosques húmedos de la cuenca del río Grande y afectará
a la flora y fauna del área protegida municipal Parabanó en el municipio Cabezas.
Agricultores y ganaderos de Vallegrande, Postrervalle, Cabezas, Gutiérrez y Lagunillas
e indígenas de las capitanías de Iupaguasu y Kaaguazu crearon un Comité de Defensa
de Tierra y Territorio, mediante el que efectuaron diversas actividades para informar y
concientizar a la población sobre los impactos negativos que ocasionará este proyecto.
A finales de la gestión emitieron un voto resolutivo de “rechazo unánime y total del
proyecto inconsulto y la afectación directa e indirecta de las poblaciones aledañas”.
Pese a estas acciones, ENDE y la autoridad competente realizan medidas de socialización
e información en defensa de la hidroeléctrica a la que califican como un importante
proyecto de desarrollo para el país, a la vez que minimizan los impactos negativos.
c) Resistencia a la construcción de la carretera por medio del TIPNIS22
Indígenas del TIPNIS también se movilizaron para rechazar la construcción de una
carretera por el medio de su territorio: sacaron resoluciones contra el proyecto y exigiendo
respeto a su territorio, informaron a la población urbana sobre su posición y
realizaron denuncias ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las y los representantes de la Subcentral TIPNIS que defienden el territorio y
cuestionan la construcción de la carretera presentaron una querella al Tribunal Internacional
de Derechos de la Naturaleza, acusando al gobierno de violar derechos de
los pueblos indígenas y de la Madre Tierra; esta instancia solicitó al gobierno de Bolivia
que imponga una moratoria a la construcción de la carretera y los puentes, pero el
Ejecutivo desconoció su autoridad y competencia.
d) Beni: caminata de reafirmación del bosque Tsimane23
Los pueblos indígenas mojeño, tsimane y movima resolvieron, en un pronunciamiento
conjunto, exigir la restitución de su territorio ancestral y consiguiente desalojo de los
asentamientos individuales y colectivos en el bosque tsimane. A consecuencia de la
Marcha por el territorio y la dignidad de 1990, el gobierno de entonces emitió el Decreto
Supremo 22611 que establece la restitución de esta área una vez que concluyan
21 Disponible en: https://goo.gl/yMhucU y https://goo.gl/R63bv5
22 Disponible en: https://goo.gl/NP4F5P
23 Disponible en: https://goo.gl/agLm1D; https://goo.gl/XxpPTJ
88 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
los contratos de concesión forestal con empresas madereras. Sin embargo, del 30 de
junio de 2010, el INRA a través de la resolución 0530 declaró tierra fiscal disponible al
área de las antiguas concesiones forestales de bosque tsimane, obviando el acuerdo
histórico de 1990.
Al no tener respuesta del gobierno a sus demandas, estos pueblos indígenas protagonizaron
una marcha peculiar al interior de su territorio, denominada “Caminata de
reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área de bosque tsimane”. Recorrieron
varios días sendas que sus antepasados habían recorrido en busca la Loma Santa, en
pos de reafirmar su derecho sobre la región y recuperar la memoria histórica.
e) Santa Cruz: indígenas guarayos rechazaron legalización de asentamientos en su
territorio24
El presidente de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques (ABT) planteó
un proyecto de Decreto Supremo para permitir el asentamiento de 5.000 familias
de colonos y campesinos en las reservas forestales El Choré y Guarayos en Santa Cruz.
La socialización del proyecto generó descontento de un sector de la Central de Organización
de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), lo que generó un enfrentamiento
en la localidad de Ascensión entre indígenas que apoyan el decreto y otros que se
oponen. Las comunidades indígenas de guarayos que se oponen al decreto son las
que realizan uso tradicional sostenible de subsistencia en dichos bosques y ven amenazados
sus derechos con los eventuales asentamientos de colonos.
f) Santa Cruz: indígenas guarayos rechazaron afectación de reserva forestal25
La Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) con derecho
propietario sobre la TCO y del área de Reserva Forestal de Guarayos resolvió, en una
asamblea extraordinaria, exigir la anulación total del acuerdo entre el gobierno y los empresarios
privados agroindustriales, rechazando cualquier otra acción que pueda afectar
a la reserva. Además, se declararon en estado de emergencia y solicitaron al INRA continuar
con el proceso de saneamiento de acuerdo a la demanda inicial de más de 2,2 millones
de ha; por otro lado, demandaron el inmediato desalojo de los asentamientos ilegales.
g) Beni: gobierno entregó tierras recuperadas a indígenas26
El gobierno recuperó tierras fiscales usadas de forma ilegal por súbditos brasileños
en Beni, y las entregó a 43 familias de dos comunidades indígenas de colonizadores
de Gosen y el Encanto del municipio de San Andrés de ese departamento. El Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuenta con resolución de asentamiento humano
que faculta a los indígenas a habitar y cultivar los terrenos.
24 Disponible en: https://goo.gl/yMJMBr
25 Disponible en: https://goo.gl/p7XDe4
26 Disponible en: https://goo.gl/uyLFRf
89 BOLIVIA
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Avances en la consolidación de las autonomías indígenas
a) Santa Cruz: posesionaron a autoridades de la primera autonomía indígena27
Los primeros días de enero tomaron posesión las autoridades del gobierno de la autonomía
indígena de Charagua Iyambae y se inició así la implementación de una nueva
gestión pública en base al estatuto autonómico aprobado en 2015. En las jurisdicciones
indígenas la elección de autoridades se realizó por mecanismos y procedimientos
propios, mientras que en el área urbana, donde viven menos guaraníes, la elección
fue mediante voto. La novedad en este gobierno indígena es el Órgano de Decisión
Colectiva como máxima instancia de decisión, además de la distribución de recursos
públicos a través de territorios o zonas tradicionalmente organizados.
En esta etapa inicial se procedió a la construcción de normas internas para el funcionamiento
del gobierno indígena, como la Ley de Aprovechamiento de Explotación de
Áridos y Agregados y otras normas de fiscalización, procedimiento administrativo y legislativo;
están en tratamiento la Ley de consulta previa para las actividades extractivas
que tienen lugar en su territorio. Esta modalidad de gobierno indígena autonómico o de
entidad territorial autónoma no sustituye a la organización tradicional o natural guaraní;
más bien se da una articulación virtuosa entre ambas, y las decisiones se toman de
“abajo hacia arriba” en los distintos niveles de la organización indígena.
b) Cochabamba: la TIOC de Raqaypampa eligió a autoridades de gobierno indígena28
El Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de Raqaypampa eligió a sus autoridades
por normas y procedimiento propios, sin intervención de partidos políticos ni
campañas electorales. Fueron elegidos cinco representantes al Consejo de Gestión
Territorial y Autoridad Administradora de la Autonomía que se encargarán de la gestión
administrativa y pública. En cambio, la Asamblea General de Comunidades, en sus
distintos niveles (comunal, subcentral y regional), es la máxima instancia de decisión,
participación y control social con facultades deliberativas, legislativas, fiscalizadoras
y de administración de justicia dentro la jurisdicción autonómica. Raqaypampa es el
primer gobierno indígena constituido por la vía TIOC.
c) Oruro: la nación uru chipaya eligió autoridades de gobierno indígena29
Las autoridades de los órganos de gobierno de la autonomía indígena uru chipaya
fueron elegidas por normas y procedimientos propios, de acuerdo a lo establecido en
su estatuto autonómico. La estructura de gobierno se basa en tres órganos: Chawkh
Parla o máxima instancia de deliberación y de ejercicio de la democracia comunitaria
27 Disponible en: https://goo.gl/j7qKQd
28 Disponible en: https://goo.gl/Q3UirX
29 Disponible en: https://goo.gl/umwxs8
90 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
de los cuatro ayllus; Laymis Parla u órgano Legislativo, integrado por ocho representantes,
dos por ayllu y Lanqsñi Paqh mä eph u órgano Ejecutivo. En la asamblea de
la instancia de deliberación se eligió por mayoría al representante del Ejecutivo. Del
mismo modo, los ocho representantes al Legislativo fueron elegidos por nomas y procedimientos
propios en las asambleas de cada ayllu.
d) Chuquisaca: guaraníes de Macharetí accedieron a la autonomía indígena30
Las capitanías guaraníes de Macharetí e Ivo, demandantes del derecho al autogobierno,
accedieron a la autonomía indígena a través de un referendo en el que el
51,3 % de la población tomó la decisión de transitar de municipio a autonomía indígena.
Está en proceso de organización el órgano Deliberativo, con representación
de todos los sectores sociales, para la elaboración de su estatuto autonómico.
5. Propuestas
Las propuestas de leyes y políticas públicas impulsadas por organizaciones campesinas
e indígenas son sectoriales e, incluso, locales; no existe una agenda estratégica
de reivindicaciones de tierra y territorio, sino más bien de defensa de territorios conquistados.
Los agroindustriales también tienen propuestas para ampliar la producción
agropecuaria e incluso para afectar reservas forestales; es más, tienen una agenda
elaborada en la Cumbre Productiva de 2015, y esta es atendida por el gobierno nacional
con mayor rapidez que las demandas de otros sectores.
a) Tarija: indígenas presentaron proyecto de ley para redistribución de regalías31
Familias indígenas de los tres pueblos originarios tarijeños –weenhayek, tapieté y guaraní–,
presentarán a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) un proyecto
de ley para que las subgobernaciones de la Región Autónoma del Gran Chaco destine
un 5 % del 45 % de las regalías que recibe como compensación ambiental por la explotación
petrolera. Estos recursos serían invertidos en proyectos y programas ambientales
destinados a mitigar los problemas de contaminación petrolera. A consecuencia de la
actividad petrolera, cultivos agrícolas y fuentes de agua para el consumo humano y
animal de la región se redujeron en un 90 %, según los comunarios. Al momento, muchas
necesidades de los pueblos indígenas no son atendidas, pese a la constitución del
gobierno autónomo de la región del Gran Chaco.
b) Pando: campesinos exigen seguro agroforestal32
Familias campesinas e indígenas de Pando demandan un seguro agroforestal en previsión
de los efectos de fenómenos naturales como sequías, inundaciones e incendios,
30 Disponible en: https://goo.gl/TbtsaQ
31 Disponible en: https://goo.gl/4y2fXJ
32 Disponible en: https://goo.gl/yQZ6oC
91 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
que ocasionan cuantiosas pérdidas a los productores. El seguro del Instituto Nacional
del Seguro Agrario (INSA) no incluye a los departamentos de Beni y Pando y, según
su diseño, responde a características de cultivos tradicionales en monoproducción, no
siendo adecuado para reconocer pérdidas de producción diversificada por recolección
de bosques o en sistemas agroforestales propios de la región. El Bloque de Organizaciones
Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) emitió
resoluciones y pronunciamientos para exigir la ampliación del seguro agrícola al norte
del territorio nacional, mediante una norma que incluya el denominativo de seguro
agroforestal amazónico.
c) Pando: BOCINAB demandó aprobación de la Ley del Desarrollo Integral de la
Amazonía33
El BOCINAB demandó a los asambleístas nacionales la aprobación de la Ley de Desarrollo
Integral de la Amazonía, diseñada y presentada por organizaciones del norte
amazónico, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 391 de la CPE, donde se establece
que se priorizará el desarrollo integral sustentable de la Amazonia boliviana. La
propuesta presentada hace cuatro años no recibió respuesta alguna, por lo que las
organizaciones advierten con iniciar acciones legales por incumplimiento de la Constitución
Política del Estado.
d) Cochabamba: regantes plantean la recuperación de áreas de recarga hídrica34
La Asociación de Regantes de Cochabamba propuso la recuperación de al menos
3.000 hectáreas de áreas de recarga hídrica que se encuentran en playas y playones
de ríos ubicados en los valles Central, Bajo y Alto, y que fueron tomados por loteadores
en los últimos años. Se estima que en Cochabamba hay más de tres mil pozos profundos
que producen agua para el consumo humano y para riego, y todos se abastecen
de las áreas de recarga hídrica.
e) Santa Cruz: sector privado tiene propuesta para desarrollo de biotecnología35
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
manifestó que cuentan con un proyecto para aplicar biotecnología en el país y que solo
depende de los mandos medios del poder Ejecutivo para hacerla viable y aumentar
la productividad y rendimiento del sector productivo. Sostuvo que, además, sería una
buena respuesta al cambio climático y disminuiría los costos por el uso de plaguicidas
en los cultivos. Representantes de los empresarios agrícolas, en el marco de un convenio
firmado con el gobierno el 19 de diciembre, se comprometieron a presentará esta
propuesta en un plazo de tres meses.
33 Disponible en: https://goo.gl/dRVt1R
34 Disponible en: https://goo.gl/MR9ofG
35 Disponible en: https://goo.gl/FVt6tg, https://goo.gl/mjoN1U
92 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
f) Producción de urea ampliará la frontera agrícola36
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que con la producción de
urea en la planta de Bulo Bulo, se fortalecerá la agricultura ampliando ocho veces la actual
frontera agrícola, hasta llegar a 17 millones de ha. Agregó que en el caso del arroz,
una hectárea sin urea produce 1.712 kilos, con urea 3.658 kilos, casi el doble; en la
producción de trigo sin urea 1.579 kilos, con urea 2.300, y en el caso del maíz, dijo que
la producción con urea se incrementará al menos 200 %. La planta mencionada funciona
desde septiembre de 2016, al momento produce 1200 toneladas métricas por día.
6. Normas
Se promulgaron varias normas (leyes y decretos supremos) relacionados con la tierra
y el territorio, la mayoría de los cuales tienen que ver con la exploración y explotación
petrolera en áreas de reserva, agua y riego, producción y seguridad alimentaria, recursos
naturales y cambio climático.
Exploración y explotación petrolera en �reas reservadas
• Ley 918 del 27 de marzo: aprueba la adenda al contrato de servicios petroleros
para la exploración y explotación de áreas reservadas a favor de YPFB correspondiente
al área Huacareta; contrato que inicialmente fue autorizado mediante la ley
420 del 1 de octubre de 2013, suscrito el 23 de octubre de 2013 y aprobado por
la ley 468 del 26 de diciembre de 2013.
• Ley 958 del 9 de junio: aprueba el contrato de servicios petroleros –suscrito el
16 de enero de 2017 entre YPFB y YPFB CHACO S.A– para la exploración y
explotación de áreas reservadas correspondiente al área Itacaray, ubicada en el
departamento de Chuquisaca.
• Ley 957 del 9 de junio: aprueba el contrato de servicios petroleros –suscrito el 16
de enero de 2017, entre YPFB y la Empresa YPFB CHACO S.A. – para la exploración
y explotación de áreas reservadas a favor de YPFB correspondiente al área
Aguaragüe Centro en el departamento de Tarija.
• Ley 955 del 9 de junio: aprueba el contrato de servicios petroleros –suscrito el 16
de enero de 2017 entre YPFB y la Empresa YPF Exploración & Producción de
Hidrocarburos de Bolivia S.A. – para la exploración y explotación de áreas reservadas
a favor de YPFB correspondiente al área Charagua en el departamento de
Santa Cruz.
• Ley 969 del 13 de agosto: protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
36 Disponible en: https://goo.gl/hSaZ57
93 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
• D.S. 3398 del 20 de noviembre: reglamenta contrataciones para operaciones petroleras
en el marco de los contratos de servicios petroleros necesarios para llevar
adelante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
• Ley 1015 del 26 de diciembre: autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) suscribir el contrato de servicios petroleros –con las empresas YPFB
CHACO S.A. y PETROBRAS BOLIVIA S.A. – para la exploración y explotación en
áreas reservadas, correspondiente al área San Telmo Norte ubicada en el departamento
de Tarija.
• Ley 1014 del 26 de diciembre: suscripción del contrato de servicios petroleros
–con las empresas YPFB CHACO S.A. y PETROBRAS BOLIVIA S.A. – para la
exploración y explotación en áreas reservadas, correspondiente al área San Telmo
Norte ubicada en el departamento de Tarija.
Agua y riego
• Ley 901 del 13 de febrero: aprueba el contrato de préstamo N° BOL-28/2016
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) el 18 de diciembre de 2016,
por hasta $US 10.000.000 para el financiamiento del Programa “Cosechando
Agua-Sembrando Luz”.
• Ley 907 del 8 de marzo: aprueba el contrato de préstamo suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la CAF el 27 de enero de 2017, por un monto de hasta
$US 70.000.000, para financiar parcialmente el “Programa Más Inversión para el
Riego II - Mejora del Riego Tradicional y Tecnificado (MI RIEGO II)”.
• Ley 908 del 8 de marzo: aprueba el contrato de préstamo suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) el 27 de enero
de 2017, por hasta $US 61.000.000, para financiar parcialmente el “Programa de
Presas”.
• Ley 911 del 15 de marzo: aprueba el contrato de préstamo suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) el 6 de enero
de 2017, por un monto de hasta $US 30.000.000 para financiar parcialmente el
“Programa Más Inversión para el Agua (MIAGUA) IV-Fase 2”.
• D.S. 3186 del 17 de mayo: autoriza al Fondo de Desarrollo Indígena transferir
recursos para la ejecución de programas y proyectos de obras de infraestructura
y/o adquisición de bienes: a) productivos; b) riego; c) puentes; d) maquinaria y
equipo para producción.
• Ley 956 del 9 de junio: aprueba el acuerdo de préstamo N° 12601-P, suscrito
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional
(OFID) el 21 de abril de 2017, por un monto de hasta $US 61.000.000
para cofinanciar el “Programa de Presas”.
94 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
• Ley 961 del 23 de junio: declara de prioridad nacional, el Proyecto de Agua y
Riego Cachimayu en el departamento de Chuquisaca.
• D.S. 3407 del 29 de noviembre: autoriza la contratación directa para atender las
afectaciones por sequía en Chuquisaca.
• Ley 1004 del 13 de diciembre: aprueba el convenio de crédito N° CBO-1014 01
E de apoyo presupuestario a la política pública sobre la gobernanza del sector
de agua en Bolivia, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) el 6 de octubre de 2017, por un monto de hasta
EUR 102.000.000.
Producción y seguridad alimentaria
• D.S. 3056 del 18 de enero: autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo,
suscribir con la CAF, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia,
el contrato de préstamo por un monto de hasta $US 70.000.000 destinados a
cumplir lo establecido en el contrato de préstamo referido al “Programa de Apoyo
a la Gestión de Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria”.
• Ley 896 del 26 de enero: aprueba el contrato de préstamo N° 3797/BL-BO suscrito
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) el 20 de diciembre de 2016, por un monto de hasta $US 25.000.000 para
contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria II”.
• Ley 912 del 15 de marzo: aprueba el contrato de préstamo suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la CAF el 27 de enero de 2017, por la suma de hasta
$US 70.000.000 destinados a cumplir lo establecido en el contrato de préstamo
referido al “Programa de Apoyo a la Gestión de Políticas Públicas para la Seguridad
Alimentaria”.
• D.S. 3144 del 12 abril: autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
transferir recursos del Tesoro General de la Nación al Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras y autorizar de manera excepcional la contratación directa de bienes y servicios
a través de la institución pública desconcentrada “Soberanía Alimentaria”.
• D.S. 3144 del 12 de abril: autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
transferir recursos del TGN al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y autoriza de
manera excepcional la contratación directa de bienes y servicios a través de “Soberanía
Alimentaria”, para: a) el proyecto Apoyo a la producción nacional de papa
en siembras de invierno y temprana, por la suma de hasta Bs 100.000.000.; b) el
programa Desarrollo sostenible de la ganadería bovina en Bolivia, por la suma de
hasta Bs 26.915.062 destinados al Centro de Mejoramiento Genético y Desarrollo
Tecnológico y al Centro de Confinamiento de Ganado Bovino.
• Ley 931 del 3 de mayo: declara de prioridad nacional la producción, industrialización
y comercialización del sinini (Annona muricata) y del asaí (Euterpe oleracea)
95 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
dentro de las políticas de desarrollo productivo y soberanía alimentaria para el Vivir
Bien del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Ley 938 del 3 de mayo: de pesca y acuicultura sustentables.
• Ley 952 del 23 de mayo: establece el plazo de registro al Programa de Producción
de Alimentos y Restitución de Bosques para las propiedades señaladas en los numerales
1, 3, 4 y 5 del Artículo 8 de la ley 337 del 11 de enero de 2013, de Apoyo a
la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, modificados y ampliados por
la ley 502 del 26 de febrero de 2014 y la ley 739 del 29 de septiembre de 2015.
• D.S 3319 del 6 de septiembre: establece las entidades encargadas de determinar
la lista de productos, selección de proveedores y la distribución de los subsidios
prenatal, de lactancia y Universal Prenatal por la Vida; así como la entidad encargada
de su control y fiscalización.
• D.S. 3366 del 18 de octubre: autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
transferir recursos del TGN a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
por el monto de hasta Bs 6.000.000 para la ejecución de proyectos de dinamización
de la economía –mediante la mejora del acopio de castaña y la producción
de plantines agroforestales–en el municipio de Riberalta de Beni, a través de la
Unidad Desconcentrada Sustentar.
• D.S. 344 del 27 de diciembre: excluir de la lista del Anexo 2 del D.S. 29460 del
27 de febrero de 2008, las siguientes subpartidas arancelarias: 02.01 carne de
animales de la especie bovina, fresca o refrigerada; 02.02 carne de animales de
la especie bovina, congelada.
Recursos naturales y cambio clim�tico
• Ley 906 del 8 de marzo (ley general de la coca): tiene por objeto la revalorización,
producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización,
promoción, control y fiscalización de la coca bajo la concepción de
recurso natural renovable de por vida.
• Ley 949 del 23 de mayo: aprueba el contrato de préstamo N° 3921/BL-BO “Programa
de Fortalecimiento de la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”,
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID el 31 de marzo
de 2017, por un monto de hasta $US 140.000.000 destinado a cumplir lo establecido
en el contrato de préstamo N° 3921/BL-BO para apoyo presupuestario
D.S. 3197 del 31 de mayo: faculta a la Autoridad Ambiental Competente Nacional
(AACN) a otorgar, de manera excepcional a lo establecido en la normativa ambiental,
la licencia ambiental a actividades, obras o proyectos (AOP) cuando cumplan
las siguientes condiciones: A) se enmarquen en una declaratoria de situación
de desastre y/o emergencia a nivel nacional; B) emerjan de una declaratoria de
interés social, utilidad pública o de interés del nivel central del Estado establecida
mediante ley o Decreto Supremo; y C) sean de responsabilidad del nivel central
96 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
del Estado, o en concurrencia con las entidades territoriales autónomas, cuya
ejecución podrá ser delegada a una entidad privada o pública.
• D.S. 3247 de 12 de julio: autoriza a la ministra de Planificación del Desarrollo suscribir
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco
Mundial (BM), en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia,
el convenio de préstamo N° 8735-BO por un monto de hasta $US 100.000.000
destinado al “Financiamiento Adicional del Proyecto de Alianzas Rurales II”.
• Ley 969 del 13 de agosto: de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
• D.S. 3318 del 6 de septiembre: Reglamento de la Ley 906.
• Ley 978 del 28 de septiembre: aprueba el convenio de crédito CBO 1009 01 J,
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo
el 21 de julio de 2017 por un monto de hasta EUR 66.000.000. para financiar parcialmente
el “Programa de Apoyo a la Inversión en Energías Renovables en Bolivia”.
• D.S. 3419 del 6 de diciembre: autoriza a la ministra de Planificación del Desarrollo,
suscribir con el BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional
de Bolivia, el contrato de préstamo 4403/BL-BO por un monto de hasta $US
40.000.000 para contribuir a la financiación y ejecución del “Programa Bolivia
resiliente frente a los riesgos climáticos”.
• D.S 3431 del 13 de diciembre: autoriza a la ministra de Planificación del Desarrollo,
suscribir con el BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia,
el contrato de préstamo 4414/KI-BO por un monto de hasta $US 25.000.000.
para contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de ampliación y mejora
para abastecimiento sostenible y resiliente de agua en ciudades”.
7. Instituciones
Diferentes entidades relacionadas con la temática de tierra, áreas protegidas, autonomías
y organización indígena fueron creadas o renovadas en la gestión 2017.
Nuevo viceministro de Tierras37
En cumplimiento a la normativa vigente, y según artículo 127 del D.S. 29894 y en el
marco de la reestructuración de esa cartera de Estado, el ministro de Desarrollo Rural y
Tierras, César Cocarico, posesionó a Juan Carlos León Rodas como nuevo viceministro
de Tierras en reemplazo de Valentín Ticona. La nueva autoridad fue miembro de la
Comisión Agraria Departamental del INRA en Chuquisaca.
37 Disponible en: https://goo.gl/tK39Aa
97 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
Nombramiento de directora nacional del INRA38
Mediante Resolución Suprema 21102, firmada por el presidente Evo Morales, Eugenia
Beatriz Yuque Apaza fue posesionada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras,
César Cocarico, como directora nacional del INRA. Antes, Yuque dirigió la Secretaría
Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2013-2015); también ejerció el cargo de jefa de Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras.
Nombramiento del director del SERNAP39
Abel Mamani fue posesionado como director del Servicio Nacional de Aéreas Protegidas
(SERNAP) por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño. En 2004 Mamani
fue presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto. En 2005 dirigió la
movilización para la salida de la transnacional “Aguas del Illimani” y la promulgación
de la nueva Ley de Hidrocarburos. En 2006 fue nombrado como Ministro del Agua y
en 2016 fue director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).
El Ministerio de Autonomías fue asumido por el Ministerio de la Presidencia40
A través del D.S. 3058 del 22 de enero se modificó el D.S. 29894 del 7 de febrero
de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo, y desapareció el Ministerio de Autonomías.
La implementación y consolidación de las autonomías fue asumida por el
Viceministerio de Autonomías que pasa a depender del Ministerio de la Presidencia.
La CIDOB eligió un nuevo directorio41
La XVII Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) eligió a Pedro Vare como presidente
de la CIDOB, cargo que ejerce en paralelo al de presidente de la Central de Pueblos
Étnicos de Beni. En 2011 Vare fue uno de los actores principales de la VIII marcha en
defensa del TIPNIS pero ahora es afín a la construcción de la carretera por medio del
territorio indígena.
8. Publicaciones
Albarracín, Jorge (2017) Influencias e impactos de los procesos de urbanización en los
sistemas de producción agropecuaria. La Paz. FAADR/CIDES-UMSA.
Campanini, Jorge (2017). Deliberar º 1: “Dependencia de los capitales chinos en Amé38
Disponible en: https://goo.gl/Q9JVeV
39 Disponible en: https://goo.gl/6DbL15
40 Disponible en: https://goo.gl/BFyCxg
41 Disponible en: https://goo.gl/hCnNAD
98 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
rica Latina y Bolivia”. Cochabamba. CEDIB.
CIDES – UMSA (2017) Umbrales. Revista de Posgrado en Ciencias del Desarrollo Nº
32. “Los dilemas de la metropolización: Procesos urbanos en Europa y Bolivia”. La
Paz: CIDES – UMSA.
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CENAMIB); Consejo de
Mama Tallas y Programa NINA (2017). Informe IWGA 25. Derechos humanos de los
pueblos indígenas. Informe situación 2015. La Paz: CENAMIB- Consejo de Mama
Tallas y Programa NINA.
Fundación Jubileo (2017). Serie debate público Nº 54. Litio. La Paz: Fundación Jubileo.

Heredia, Fernando (2017). Teko kavi, el Vivir Bien del pueblo guaraní. La Paz. CIPCA.
IPDRS (2017) Memoria del seminario: Autonomías y gobiernos indígenas. La Paz:
CIPCA.
Tierra (2017) conferencia: Repensando el modelo agrario boliviano, situación actual y
dinámicas de cambio (Memoria). La Paz. Tierra.
Tierra (2017) Cuestión Agraria. Revista Boliviana de Estudios Agrarios y Rurales Nº 3.
Autonomías indígenas, mujeres rurales y “transformismo” de la revolución agraria. La
Paz: Tierra.
Torrico, Juan Carlos; Peralta, Carmelo; Cartagena, Pamela y Pelletier, Elice (2017) “Capacidad
de resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi-intensiva y agricultura
bajo riego. Beneficios alcanzados por la PEP del CIPCA”. Cuaderno de Investigación
nº 84. La Paz. CIPCA.
Tribunal Electoral plurinacional (2017). Andamios: Revista del Órgano Electoral Plurinacional
de Bolivia para la deliberación pública Nº 3. Autogobierno indígena hoy. La
Paz: Bolivia.
Urioste, Miguel (2017) Pluriactividad campesina en tierras altas: “con un solo trabajo
no hay caso de vivir”. La Paz. FAADR.

Bolivia en Movimiento
La legislación boliviana suele ser vista como una de las más avanzadas y con más logros en cuanto a
los derechos agrarios y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las experiencias inspiradoras
nos indican que los territorios amparan una serie de problemáticas, que el debate legislativo no
puede resolver, éste sería el caso de las mujeres, que todavía tienen el desafío de lograr el respeto a
sus posesiones y su trabajo en los contextos comunitarios que al igual que el resto de la sociedad,
son patriarcales; y además, la conflictiva relación entre campesinos e indígenas, marcada por la
lógica estatal de la “colonización de baldíos” que afecta a indígenas contemporáneos que afirman
sus identidades en los territorios que recuperan. La verdadera disputa refiere a la concepción estatal
de la distribución de tierras y su capacidad por comprender las demandas territoriales.
101 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
125
caso
Línea de tiempo
Las mujeres de Patarani y
sus luchas por el acceso a la tierra
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/125
1953
Regina Mamani,
Viviana Quispe y Jacoba
Quispe nacen en
Patarani y Yanamani,
en el contexto de la
reforma agraria.
1985
Incursionan en
la producción
de sus tierras
y emprenden
otros negocios
comerciales.
1969
Contraen matrimonio a
temprana edad. Acceden
a la tierras por sucesión
hereditaria de sus conyugues
o bajo compromiso
verbal de sus padres.
102 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
MUNICIPIO DE GUAQUI
“…dejé mis tierras a cuidado de otras familias, no
pude aguantar, hay mucha presión, enseguida retorné
y recuperé mis pertenencias…aquí se puede llevar una
vida tranquila y saludable, sin muchas preocupaciones
de la plata como en la ciudad, allí para todo se necesita
plata y hay mucho caos… aquí me siento libre” (Viviana
Quispe).
La experiencia de lucha por el acceso a la tierra de tres
mujeres viudas de la comunidad Patarani: Regina Mamani,
Viviana Quispe y Jacoba Quispe, quienes acceden a
sus tierras a través de la sucesión hereditaria de los conyugues
o bajo compromiso verbal de sus padres. Al contraer
matrimonio virilocal (residencia con o cerca a la familia
del hombre), las parcelas asignadas a los esposos pasaron
también a ser usufructo de ellas, pero ante el deceso
del cónyuge, pierden la garantía para validar sus derechos
sobre estas posesiones ante la comunidad, por lo que fue
importante su acción y movilización. Cada una de ellas ha
empleado diferentes estrategias, desarrollar habilidades de
liderazgo, tomar el control de sus tierras o lograr acuerdos
familiares para su acceso y tenencia de la tierra.
Créditos
Viviana Quispe, Jacoba Quispe, Regina Mamani y Jesusa Mamani.
Sistematización realizada por Martha Irene Mamani Velazco.
2000
Asumen la vida comunal
en condición de chulla, sin
la necesidad de recurrir a
una segunda pareja para
hacer respetar su derecho
a la propiedad agraria.
2003
Se constituyen en propietarias
legales de sus tierras a través
del proceso de saneamiento
interno y reafirman su disposición
de autorepresentarse y
realizar las tareas comunales.
Foto: Irene Mamani
103 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
148
caso
Línea de tiempo
Los Weenhayek, en camino a
la consolidación de su territorio
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/148
1992
Reconocimiento
del Territorio
Indígena Weenhayek
mediante
DS 23500.
1990
Primera marcha
Indígena
por la Tierra
y Territorio.
1996
Promulgación
de la Ley INRA
e inicio de la
demanda.
104 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE TARIJA,
VILLA MONTES Y YACUIBA
“La importancia del territorio es mantener la unidad
del pueblo, que no se disgregue.” (Moisés Sapiranda,
Capitán Grande de Orcaweta).
Los weenhayek habitan el bosque cercano al río Pilcomayo.
Tradicionalmente nómadas y con vocación
recolectora y pesquera. Desde mediados del siglo XX,
diferentes procesos los llevaron a la sedentarización y al
despojo de su territorio.
Si bien, la Primera marcha Indígena por la tierra y el
territorio (1990) dio paso al reconocimiento del Territorio
Indígena Weenhayek, el proceso de saneamiento de
tierras fue lento y discontinuo. El desdoblamiento de las
comunidades fue una estrategia de ocupación y defensa
del territorio por parte de los weenhayek frente al asecho
de los ganaderos que ocuparon tierras. Durante el tortuoso
proceso de titulación, los weenhayek reconocieron
los espacios vacíos donde antiguamente habitaban sus
abuelos y lograron una recuperación territorial.
Créditos
Sistematizado por Karen Gil, con la colaboración de Franco Durán
y Milton Borda (CERDET).
2009
Avances
parciales de
la titulación
del territorio
discontinuo
hasta 2014.
2017
A espera
de nuevas
titulaciones.
2008
Primera dotación
al pueblo
weenhayek.
2001
Paralización
del proceso
y conflicto
con los
ganaderos.
Foto: Karen Gil
105 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
154
caso
Línea de tiempo
Retornar al campo: Opción de vida
de la familia Aquino Poma
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/154
2004
La familia Aquino realiza
cargo comunal en la
comunidad e impulsan
la electrificación de la
comunidad.
2005
Diego y Gioconda deciden
retornar al campo. A la
muerte de los padres de
Diego los hermanos/as
deciden entregar todo el
terreno a Diego y Gioconda
106 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
MUNICIPIO DE COROCORO,
COMUNIDAD PHIA SALLATHIJI
“Ahora nosotros estamos seguros de que aquí [en el
campo] vamos a quedarnos a vivir, estamos seguros de
que vivimos mejor que algunas familias en la ciudad,
tenemos calidad de vida, nuestras necesidades básicas
están cubiertas, tenemos un margen de ahorro, hablamos
con nuestros hijos y nuestra hija, todo el tiempo, sabemos
qué piensan, sabemos qué sueñan, sabemos cómo se
sienten cada día y eso ya es una ganancia.” (Gioconda
Poma, Comunidad Phina Sallathiji, 2017)
La historia de Diego Aquino y Gioconda Poma es un
testimonio vivo e inspirador para todas las familias que
en este momento se encuentran frente al dilema de la
permanencia en la ciudad y el retorno al campo. Nos
muestran que en base a la combinación de esfuerzo, la
inversión de conocimientos técnicos formales adquiridos
en la formación universitaria es posible vivir y trabajar en
el campo dignamente. ¿Cómo? Buscando e implementando
estrategias e innovaciones al sistema productivo
tradicional.
Créditos
Dina Gioconda Poma y Diego Aquino Calderón,
Comunidad Phina Sallathiji
Sistematización realizada por Rosmery Villca,
Wilfredo Plata, Janneth Quispe y Miriam Huacani.
2005
2009
Durante este periodo
realizan diversos experimentos
con cultivos en
la huerta, invernadero,
con animales menores
y mayores
2010
2017
Se especializan en la producción
quesos y leche con vacas pardos
suizos, y con este fin realizan
cosecha de agua. Actualmente
la familia tiene 10 qotañas para
garantizar agua en su terreno.
Foto: IPDRS
107 BOLIVIA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
158
caso
Línea de tiempo
Pananti APG: La decidida lucha de
las mujeres por acceder a su territorio
Disponible en: http://porlatierra.org/casos/158
2000
El hacendado Oriel
Lea Plaza, sin
contar con un título,
vende sus tierras,
entre ellos a familias
guaraníes.
2006
Pananti
guaraní
obtiene
titulación
colectiva.
2001
M.S.T. ocupa Pananti
y se enfrenta
con campesinos
del lugar, quienes
eran apoyados por
terratenientes.
1998
Reconocimiento
y articulación
de los indígenas
guaraníes.
Nace la APG en
Yacuiba.
108 Informe 2017
Acceso a la tierra y territorio en Sudam�rica
DEPARTAMENTO DE TARIJA,
YACUIBA
“Mi sueño mío era que los compañeros tengan tierra,
casa, que los niños tengan escuela, hemos logrado todo
eso” (Paula Valdez, Pananti APG).
Pananti es una comunidad del Chaco boliviano que alberga
a indígenas guaraníes que hasta los años noventa
de la década el siglo XX estuvieron empatronados. La
hacienda ahora está fraccionada en tres partes: Pananti
APG (Asamblea del Pueblo Guaraní), Pananti Movimiento
Sin Tierra - Bolivia y Barrial, por ese entonces ocupaba
1.000 ha. Cuando el patrón quiso vender sus tierras,
provocó un enfrentamiento entre campesinos e integrantes
del MST-B, por su parte los guaraníes comenzaron a
reclamar su derecho al territorio de sus ancestros. Alrededor
de 20 familias guaraníes, lideradas por mujeres,
defendieron sus tierras a partir de trámites de titulación.
Luego de una disputa jurídica con el MST-B, lograron la
titulación colectiva de 310, 7 ha.
Créditos
Comunidad Pananti APG
Sistematizado por Karen Gil, Lorenzo Soliz (IPDRS)
y la colaboración de Máximo Gonzales (CERDET).
2006
Crean la Asociación
de mujeres productoras
de Munduvi,
que cultivan, maní y
producen derivados
de este producto.
2017
La Asociación
de mujeres
productoras de
Munduvi produce y
comercializa derivados
de maní.