Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua

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Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia principalmente con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Amnesty International 2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 5
2. HECHOS Y MOMENTOS CLAVE 6
3. ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN Y ATAQUE 9
3.1. DISCURSO OFICIAL DE NEGACIÓN 10
3.2. UTILIZACIÓN DE GRUPOS PARAPOLICIALES 11
3.3. USO EXCESIVO DE LA FUERZA 14
3.4. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 18
USO LETAL DE LA FUERZA 20
LOCALIZACIÓN Y TRAYECTORIA DE LOS DISPAROS 20
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN 21
3.5. DENEGACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA 26
3.6. INTENTO DE CONTROL DE LA PRENSA 28
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31
DISPARAR A MATAR
ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN
DE LA PROTESTA EN NICARAGUA
AMR 43/8470/2018
AMNISTÍA INTERNACIONAL

1.INTRODUCCIÓN
Nicaragua ha estado gobernada durante tres mandatos consecutivos por el presidente Daniel Ortega. Su esposa, Rosario Murillo, ostenta el cargo de vice-presidenta desde enero de 2017.

Durante los últimos años, los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos han sido cada vez más visibles. Al respecto, en la víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el retroceso que Nicaragua estaba experimentando “rápida y peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios”.

La violación del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica ha sido una acción reiterada del gobierno del presidente Daniel Ortega, que la organización ya había documentado con anterioridad a los hechos que se analizan en este informe. La represión violenta de marchas y el hostigamiento sufrido por representantes, líderes y lideresas de las comunidades campesinas que se oponen al mega-proyecto del Gran Canal Interoceánico, fueron y siguen siendo objeto de reiteradas denuncias de organizaciones nicaragüenses y de Amnistía Internacional.

A raíz de protestas sociales ocurridas durante los meses de abril y mayo de 2018, el gobierno de Nicaragua llevó a cabo una estrategia de represión violenta, como hacía años no se vivía en el país. Más de 70 personas fueron asesinadas presuntamente a manos del Estado y cientos gravemente heridas. En este contexto, y con eventos de represión todavía ocurriendo en el país, a fecha de mayo de 2018, Amnistía Internacional redacta este informe.

Para tal efecto, la organización llevó a cabo una misión en Nicaragua del 4 al 13 de mayo de 2018, con el fin de investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Durante esos días, un equipo de expertas y expertos de la organización visitaron las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí. El presente informe está basado en más de 30 entrevistas personales, estudio y documentación de 16 casos, de los cuales nueve se refieren a personas fallecidas, examen de material audiovisual, y análisis del contexto en el cual sucedió la represión. Para este fin, se contó con un equipo de expertos en análisis de vídeo y fotografía, así como en armas y municiones. Las imágenes que se citan como posible evidencia han sido previamente analizadas y corroboradas por estos equipos.

De igual manera, para la documentación de los casos, se llevaron a cabo entrevistas con víctimas directas y familiares de víctimas, sus representantes legales, y en varios casos, personal médico y testigos de los hechos. Amnistía Internacional cuenta con los expedientes médicos de las personas gravemente lesionadas, así como las constancias de defunción y causa de la muerte de todas las personas fallecidas que se citan en este informe. Adicionalmente, la organización obtuvo copia de las “actas de desistimiento de denuncia” que se mencionan, así como de las denuncias formales que se realizaron ante la Fiscalía. En todos los casos documentados en relación a personas fallecidas, la organización pudo acceder a material audiovisual.

2. HECHOS Y MOMENTOS CLAVE

El 16 de abril de 2018 el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó la reforma al sistema de seguridad social, la cual fue ratificada al día siguiente por el presidente Daniel Ortega a través del Decreto Presidencial 03-2018, publicado en La Gaceta Oficial de 18 de abril del
2018.

Entre otras modificaciones, la reforma suponía un aumento en las cotizaciones al seguro social de las personas empleadoras y trabajadoras, y una contribución adicional del 5% en el caso de las personas pensionistas. Estas medidas fueron consideradas por los sectores afectados como un agravio a sus derechos. La falta de consulta y de transparencia en la negociación de las modificaciones al esquema de la seguridad social acrecentó el descontento. Como consecuencia, miles de personas se manifestaron en señal de protesta en Managua y otras ciudades del país como Bluefields, León, Estelí, Ciudad Sandino y Masaya.

Desde el primer día de protestas, el 18 de abril de 2018, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y las acciones de violencia ejercida por grupos afines al gobierno o parapoliciales contra los manifestantes, mayoritariamente estudiantes, fueron denunciadas a través de las redes sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Ese día se registró un ataque por grupos parapoliciales contra estudiantes en la Universidad Centroamericana, (UCA). Además, las imágenes de la agresión en la ciudad de León contra Nicolás Palacios, pensionista de 64 años, agredido por ese mismo tipo de grupos, elevaron rápidamente el nivel de descontento, lo que dio inicio a una ola continuada de protestas7. Sin embargo, como se verá, esta oleada de manifestaciones fue reprimida por el gobierno de manera desproporcionada y violatoria de los derechos humanos.

El 19 de abril de 2018, estudiantes de diversas universidades se sumaron a las protestas. El día finalizó con un saldo de al menos tres personas fallecidas, entre las que estaban un estudiante y un agente policial, y decenas de heridos. Las marchas se multiplicaron en otros departamentos de Nicaragua y se reportó que las autoridades bloquearon la transmisión de al menos cuatro medios de comunicación. Universidades como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Agraria (UNA) se tornaron en bastiones desde los cuales cientos de jóvenes se protegieron de las agresiones de la fuerza pública y grupos parapoliciales.

El 21 de abril de 2018, se informó del asesinato del reportero Ángel Gahona en Bluefields, y otros nueve periodistas heridos. Al día siguiente se reportaron ataques de la Policía Nacional contra estudiantes resguardados en la UPOLI. Como resultado, seis personas fueron lesionadas y una más muerta.10 Ese mismo día, el presidente Daniel Ortega anunció la revocación de las reformas al sistema de seguridad social, sin pronunciarse sobre la muerte de las personas manifestantes.

Debido a la gravedad de los hechos, varios organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron. El día 24 abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de al menos 25 muertes en el marco de la represión de las protestas y solicitó la anuencia del Estado para realizar una visita de trabajo en Nicaragua. Además, la CIDH llamó a las autoridades a investigar la conducta policial durante las manifestaciones y a establecer las respectivas sanciones penales.

El día 27 de abril de 2018, cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas expresaron su consternación ante la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad a las protestas y pidieron a las autoridades respetar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. De acuerdo a los Relatores, a la fecha, se tenían reportes de al menos 30 personas muertas y decenas de personas heridas.12

“Estamos consternados por la respuesta de las fuerzas de seguridad. La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, pues sólo allana el camino para un violencia mayor, lo que desemboca en disturbios sociales y políticos”.
Comunicado de prensa de Relatores Especiales de Naciones Unidas, de 27 de abril de 2018.

Después de más de tres semanas de protestas, se informó de la muerte violenta de al menos 76 personas en el marco de la represión ejercida contra las personas manifestantes. Además se reportaron más de 860 personas heridas; y la detención de más de 400 personas entre ellas estudiantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

3. ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN Y ATAQUE

Es aceptado que la protesta y la manifestación pacífica forman parte del derecho a la libertad de expresión y de reunión . Sin embargo, a partir de la documentación de los casos y el análisis del contexto, Amnistía Internacional ha concluido que existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta.

Entre los elementos que Amnistía Internacional considera que son parte de esta estrategia de represión se hallan: el discurso oficial de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, así como de la estigmatización por parte de los niveles más altos del gobierno de las personas que se manifiestan públicamente; la utilización de grupos parapoliciales con el fin de cometer ataques, ampliar su capacidad represiva, y operar con mayor facilidad al margen de la ley; el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de sus cuerpos antimotines; la posible ejecución extrajudicial de personas, tanto a través de la Policía como de grupos parapoliciales; los posibles actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma; la denegación de la atención médica en hospitales públicos; así como los intentos de control de la prensa, con el fin de ocultar la realidad y limitar la libre expresión.

3.1 DISCURSO OFICIAL DE NEGACIÓN

El día 19 de abril de 2018, tras reportarse las primeras tres personas fallecidas a manos de las fuerzas del Estado, la vice-presidenta Rosario Murillo, expresó ante los medios de comunicación que los grupos de personas que se manifestaban, eran grupos “minúsculos” que atentaban “contra la paz y el desarrollo con intereses y agenda política, egoísta, tóxica, (y) llena de odio, […]” los cuales habían fabricado las muertes denunciadas ese día, como estrategia contra el gobierno. Expresó también que “estos corazones enfermos, cargados de odio, y pervertidos, no pueden sembrar el caos y negar a todas las familias nicaragüenses la tranquilidad que gracias a Dios tenemos”. Asimismo criticó la manipulación de los medios de comunicación expresando que eran “los promotores de violencia, que con cobardía y premeditación se ocultan de las cámaras que ellos mismos llevan”, y alertó que el gobierno no permitiría provocaciones.

“Imagínense hasta qué extremo llega la maldad… ¡Fabricar muertos! Eso es como inventar enfermedades, eso es como inventar sufrimientos. […] Parecen vampiros, reclamando sangre, para nutrir sus agendas políticas, para alimentarse, porque el vampiro se alimenta de sangre y cree que con eso logra avances en sus agendas políticas.
[…] Y estamos condenando también los muertos falsos […] fabricar muertos. ¡Es increíble! También es un pecado, mentir es un pecado, cometer fraudes jugando con la vida, es un pecado. […] Noticias falsas, y también falsas personas, falsos seres, falsas conciencias, falsas propuestas… Falsos, falsos, falsos, así son estos minúsculos grupos alentadores de odio”.
Extractos de los discursos de la vice-presidenta de la República Rosario Murillo, el 19 de abril de 201819
Un día después, la misma vice-presidenta inculpó a las personas manifestantes por la muerte de uno de los dos policías fallecidos en el marco de la protesta, alabó la actuación policial y omitió pronunciarse sobre los jóvenes fallecidos hasta ese momento.20

El día 21 de abril, el presidente Ortega, se pronunció por primera vez de manera pública sobre las protestas refiriendo “que estos asesinos, que andan con armas de guerra, cuando caen en combate con el Ejército o con la Policía, entonces, pobrecitos, hay que ir a los Derechos Humanos, para pedir por ellos”. Y sentenció que las protestas estaban siendo manipuladas por “grupúsculos políticos que aprovechan cualquier pretexto para sacarle provecho político”.21
A pesar de que el número de personas fallecidas en el marco de la represión policial aumentaba cada día, ni el presidente Ortega ni la vice-presidenta Murillo lamentaron las muertes de los participantes de la protesta. Ello, hasta el día 30 de abril de 2018, cuando el jefe de Estado expresó su solidaridad con las personas que perdieron a un ser querido en los actos de violencia, y llamó a guardar “un minuto de silencio, recordando a los fallecidos, […] pero sobre todo, comprometiéndonos a que la violencia no vuelva a instalarse en nuestra Patria”.22

No obstante, la represión continuó y el día 12 de mayo de 2018 (fecha de corte para este informe) el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reportó al menos 51 personas muertas en el marco de las protestas.23 Como mencionado, a 21 de mayo de 2018, la cifra aumentó a 76 personas.

3.2. UTILIZACIÓN DE GRUPOS PARAPOLICIALES

Amnistía Internacional ha recibido información confiable que indica que el gobierno nicaragüense ha utilizado grupos de personas particulares armados o grupos parapoliciales, que actúan en coordinación, o con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, en especial la Policía Nacional. Según tal información, el gobierno estaría utilizando esta táctica “de choque” a través de particulares, como una estrategia de ataque que dificulta la posterior identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos y multiplica su capacidad represora.

Nicaragua. 19 de abril de 2018. Ver en http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-04-19/declaraciones-de-la-companera-rosariomurillo-vicepresidenta-de-nicaragua-19-4-2018-texto-integro/. Última visita el 17 de mayo de 2018.
19 La Voz del Sandinismo. Declaraciones de la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua. 20 de abril de 2018. Ver en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-04-20/declaraciones-de-la-companera-rosario-murillo-vicepresidenta-de-nicaragua-enedicion-especial-de-la-noche-19-04-2018-texto-integro/. Última visita: 17 de mayo de 2018.
20 La Voz del Sandinismo. Declaraciones de la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua. 20 de abril de 2018. Ver en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-04-20/declaraciones-de-la-companera-rosario-murillo-vicepresidenta-de-nicaragua20-4-2018-texto-integro/. Última visita: 17 de mayo de 2018.
21 La Voz del Sandinismo. Declaraciones del Presidente-Comandante Daniel al Pueblo Nicaragüense. 21 de abril de 2018. Ver en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-04-21/mensaje-del-presidente-comandante-daniel-al-pueblo-nicaraguense-21-42018-texto-integro/. Última visita: 17 de mayo de 2018. Ver también: Europa Press. Daniel Ortega denuncia una conspiración y relaciona las protestas con el narcotráfico. 21 de abril de 2018. Ver en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-daniel-ortega-denunciaconspiracion-relaciona-protestas-narcotrafico-20180421211539.html. Última visita: 19 de mayo de 2018.
22 La Voz del Sandinismo. Declaraciones de la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua. 30 de abril de 2018. Ver en:
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2018-04-30/la-patria-esta-de-duelo-un-minuto-de-silencio-por-los-fallecidos-en-lasprotestas/. Última visita: 17 de mayo de 2018.
23 Entrevista de Amnistía Internacional con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CENIDH de 12 de Mayo de 2018. La fecha de corte utilizada para la realización de este informe es 12 de mayo de 2018.

DISPARAR A MATAR
ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN
DE LA PROTESTA EN NICARAGUA AMR 43/8470/2018
AMNISTÍA INTERNACIONAL

10
Académicos y personas defensoras de derechos humanos definen estos grupos parapoliciales (comúnmente conocidos como “turbas sandinistas”) como grupos de simpatizantes del partido en el gobierno de composición diversa, conformados entre otros, por integrantes de la actual “Juventud Sandinista” y grupos de los llamados “motorizados”, debido a que se transportan en motocicleta y realizan agresiones portando casco. Estos grupos se identifican en ocasiones con camisetas u otras prendas de vestir alusivas al gobierno.

A través del análisis de imágenes y vídeos, la recolección de más de 30 testimonios de testigos y víctimas de hechos de violencia, y de la documentación de casos, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que estos grupos parapoliciales, habrían sido utilizados por el gobierno para generar caos, llevar a cabo amenazas y agresiones y operar al margen de la ley a la que está sometida la fuerza pública en el marco del control de manifestaciones, incluyendo el posible asesinato de personas.

La aquiescencia estatal con la que estos grupos actúan se manifiesta, en primer lugar, en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos y, en segundo lugar, en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva, sino que permite su huida y dispersión.

Uno de los primeros ataques reportados de este tipo, tuvo lugar el día 18 de abril de 2018 en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) donde una multitud se había congregado para protestar. Amnistía Internacional posee fotografías y copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del acceso a dicha universidad. Las imágenes confirman que desde el inicio de la protesta, estos grupos parapoliciales fueron utilizados por la Policía para atacar a decenas de manifestantes que ahí se encontraban.

Según la información analizada, dos camiones cargados de piedras habrían llegado ese día hasta las inmediaciones de la UCA, donde habrían sido repartidas por policía antimotines a miembros de los grupos parapoliciales. Las cámaras de seguridad registraron como posteriormente, estos grupos atacaron con piedras y palos a las personas manifestantes que huyeron a resguardarse al interior de las instalaciones de la UCA. Varios individuos de estos grupos iban identificados con camisetas alusivas al gobierno al momento de perpetrar el ataque.

Grupos parapoliciales, algunos de ellos identificados con camisetas blancas, atacan la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. Imágenes del día del ataque. 18 de abril de 2018.

Según la información obtenida, este tipo de agresiones y modus operandi continuó a lo largo de las semanas siguientes.

Un vídeo publicado el día 21 de abril de 2018 captó a un grupo de policías de las fuerzas antimotines deteniendo a varias personas en la ciudad de Masaya. En las imágenes, se muestra cómo los policías golpean y sujetan por el cuello a varios jóvenes, mientras un supuesto “motorizado” de los grupos parapoliciales los golpea.

Policías antimotines, detienen a varios jóvenes y permiten que supuestos “motorizados” los golpeen. 21 de abril de 2018.

Igualmente, el día 12 de mayo de 2018, se identificó a un grupo de parapoliciales con al menos un arma letal y operando en presencia de la Policía, en una de las calles de la ciudad de Masaya. En las imágenes analizadas se confirmó la presencia de un sujeto disparando un fusil de asalto tipo AK, junto a un supuesto “motorizado” y otra persona con pasamontañas portando un mortero. A escasos metros se evidenciaba un policía antimotines contemplando el ataque.

Grupos parapoliciales operan con un fusil de asalto en presencia de la policía en Mayasa. 12 de mayo de 2018.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana), ha considerado que la creación y la utilización de grupos de autodefensas o paramilitares por parte del Estado constituye un gran riesgo para la población, por la cual el Estado es responsable en casos de privación arbitraria de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal.

ANA QUIRÓS: VICTIMA DE UN ATAQUE PERPETRADO POR GRUPOS PARAPOLICIALES

Ana Quirós es una reconocida defensora de derechos humanos de Nicaragua. © Foto personal

Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), fue agredida por parte de grupos parapoliciales cuando participaba en las protestas del 18 de abril de 2018 en Managua. En entrevista con Amnistía Internacional, Ana relató que buscó la ayuda de la Policía cuando un grupo de hombres en moto y con cascos de vidrio oscuro empezó a atacar a los manifestantes y periodistas con palos y barras de hierro. Al ver la inacción de la fuerza pública, Ana quiso ayudar a una estudiante que, por estar grabando con su teléfono, estaba siendo agredida por un grupo de “motorizados”. En ese momento, otra persona, - que habría identificado a Ana por ser una conocida defensora de derechos humanos en el país - la atacó con una barra de metal, hiriendo su cabeza y una de sus manos. Ana, junto a otras personas agredidas, tuvo que esperar escondida más de una hora, antes de poder ir a un hospital. Posteriormente, su mano fue intervenida quirúrgicamente y recibió puntos de sutura en la cabeza. Para Ana Quirós resulta indiscutible que estos grupos actúan bajo la orden y de manera coordinada con la Policía Nacional.

3.3. USO EXCESIVO DE LA FUERZA
“El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales (…) De confirmarse, esto calificaría las muertes como ejecuciones ilegales incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional”

Relatores Especiales de Naciones Unidas, comunicado de prensa de 27 de abril de 2018.

El uso de la fuerza por parte de la autoridad debe estar basada en criterios de proporcionalidad y necesidad en relación con amenaza que se pretende repeler , buscando en todo momento reducir al mínimo los daños y proteger la vida.

Los instrumentos internacionales en materia de uso de armas señalan que las “menos letales”, como balas de goma, deberán ser utilizadas de forma que no causen graves lesiones y que respeten la vida e integridad física de las personas. Debido a que este tipo de proyectiles pueden causar lesiones graves, sólo deberían dispararse hacia la parte inferior del cuerpo, a cierta distancia, y en situaciones donde sea factible efectuar disparos dirigidos contra personas concretas.

El uso de armas de fuego conlleva un resultado potencialmente letal, razón por la cual su utilización en el marco de actividades de control de manifestaciones está limitado a situaciones excepcionales. Es por ello que las fuerzas de seguridad están autorizadas a utilizarlas únicamente en situaciones extremas, cuando otros medios resulten ineficaces y su uso sea inevitable.

La Corte Interamericana ha establecido que cuando el Estado usa fuerza excesiva toda privación de la vida es arbitraria.35

El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación (como en este caso donde se reportó que algunos manifestantes utilizaron piedras o morteros), no vuelve per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza, y mucho menos con fuerza letal.

Según la información que dispone la organización, al 12 de mayo de 2018 se registraba un saldo de 51 muertos como consecuencia de los eventos descritos. De esos 51 muertos, 47 eran personas que se encontraban en el contexto de la protesta pacífica, dos más eran policías y las restantes eran dos personas que fallecieron presuntamente al incendiar una radio en León.

Sólo en los cinco primeros días de protesta, la Cruz Roja Nicaragüense habría atendido a más de 400 heridos, de los cuales 235 ameritaron ser trasladados a unidades de salud. Asimismo, 311 del total de las atenciones habrían sido brindadas en Managua, principalmente en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), una de las zonas que registró el mayor número de agresiones contra manifestantes en todo el país .
CÉSAR NOÉ CASTILLO: FALLECIDO POR UNA BALA EN SU MÉDULA ESPINAL

César Noé Castillo, de 42 años, meses antes de fallecer. © Foto dada por la familia

Amnistía Internacional entrevistó con vida a César Noé Castillo de 42 años, en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, pocos días antes de fallecer, a causa de una bala en su médula espinal. Cesar Noé relató que el día 19 de abril de 2018 iba de regreso a su casa cuando se vio atrapado en las protestas que estaban teniendo lugar en el parque central de la ciudad. A pesar de que intentó escapar al ver la escalada de violencia, una bala alcanzó su columna, e hizo que inmediatamente cayera al suelo inmovilizado. Según los doctores del hospital donde fue internado durante siete días, César Noé fue disparado con un arma 9 milímetros. En la cirugía que le practicaron para frenar la hemorragia interna que presentaba, no le pudieron extraer el proyectil. César Noé comentó indignado, que vio a un agente de policía a su lado al momento de caer al suelo paralizado, pero que no le asistió.

A pesar de que en dicho hospital los médicos le diagnosticaron que no volvería a andar, un médico privado le aseguró que todavía tenía posibilidades de recuperarse. En entrevista con Amnistía Internacional, César Noé expresó que tenía todavía muchas esperanzas, y que confiaba que algún día volvería a caminar. El día 12 de mayo de 2018, César Noé falleció producto de las lesiones de una herida por arma de fuego, en el marco de una protesta, en la que él ni siquiera participaba.

La organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y videos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas.

Por ejemplo, Amnistía Internacional corroboró y analizó imágenes de la protesta del día 20 de abril de 2018 en la ciudad de Estelí, donde los agentes antimotines, sin justificación alguna, habrían comenzado a disparar con lo que parecen ser armas menos letales contra los manifestantes que se encontraban de manera pacífica frente a ellos y a escasos metros de distancia.

Así mismo, se corroboró y analizó las imágenes del día 20 abril en la zona cercana al sector universitario en la ciudad de Managua, donde se observa a un policía nacional disparando indiscriminadamente de pie desde una moto en movimiento, que es conducida por otro oficial. El arma era una escopeta de acción de bombeo que puede contener carga letal o menos letal, dato que la organización no ha podido confirmar.

Policías disparan desde una motocicleta en movimiento hacia la zona universitaria de Managua. 20 de abril de 2018.

Con base en material audiovisual, se corroboró igualmente el uso de armas de fuego por parte de la policía los primeros días de la protesta en las inmediaciones de la UPOLI. Las imágenes muestran a un grupo de policías (fuerzas antimotines y Policía Nacional) con escopetas y dos armas de fuego. Al menos en una ocasión la Policía detonó munición letal, a pesar de que no se percibe ninguna amenaza en contra de ellos. Este hecho habría ocurrido durante la noche.

Miembros de la policía usan armas letales en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Abril 2018.

Amnistía Internacional recibió información y testimonios de varias personas, entre ellas menores de edad que sufrieron lesiones graves provocadas por balas de goma y perdigones, que fueron disparadas a la cabeza o tórax, y causaron secuelas irreparables, y en ocasiones la privación arbitraria de la vida.

La organización documentó el caso del menor de edad Axel Blanco, quien perdió la visión total de su ojo izquierdo, debido al disparo que habría perpetrado un policía antimotines a escasos 10 metros de distancia. El día 19 de abril de 2018, Axel se encontraba en la UNI levantando una barricada para protegerse de los disparos de la autoridad, cuando vio a un policía agazapado apuntándole directamente y disparando. Según el informe médico al cual Amnistía Internacional tuvo acceso, el ojo de Axel sufrió un trauma ocular contuso con estallamiento (sic) del globo ocular y daño palpebral.

Durante los primeros días de protesta, al menos 9 jóvenes fueron reportados con lesiones o pérdida de uno de los ojos, en su mayoría por impacto directo de bala de goma.

AXEL BLANCO: ESTUDIANTE PIERDE LA VISTA DE UN OJO POR EL DISPARO DIRECTO DE UNA BALA DE GOMA

Axel Blanco, estudiante de 17 años, tras la entrevista con Amnistía
Internacional. © Amnistía Internacional

El 18 de abril de 2018, Axel Blanco, de 17 años de edad y estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), recibió con indignación y descontento la reforma al sistema de seguridad social y los reportes de la violenta represión que sufrieron quienes se manifestaron en su contra. Al día siguiente, decidió participar en las actividades de protesta en su universidad. El joven relató a Amnistía Internacional que mientras los policías lanzaban gases lacrimógenos y balas de goma contra los estudiantes, él se dispuso a construir una barricada con unas mesas. En ese momento, un policía de las fuerzas antimotines le disparó en la cabeza a una distancia de aproximadamente diez metros, y lo impactó en el ojo izquierdo.

Según el informe médico, al cual Amnistía Internacional tuvo acceso, Axel sufrió un estallamiento (sic) del globo ocular, daño palpebral y trauma ocular contuso en su ojo izquierdo. Estas lesiones profundas en su globo ocular causaron la pérdida total de la visión. Como consecuencia, sus posibilidades de recuperar la visión en el futuro son limitadas. Producto de las lesiones, Axel pasó seis días en el hospital y fue sometido a dos cirugías, una para restaurar su párpado y otra para la reconstrucción de su ojo. Su cornea sufrió un daño irreversible y los médicos le recomendaron una tercera cirugía para tratar otras zonas que resultaron dañadas. A pesar de que las posibilidades son pocas, Axel no pierde la esperanza de volver a recuperar la visión en su ojo.

3.4. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
“La policía empezó tirando bala de goma. Pero esa violencia escaló al día siguiente. El 19 de abril hubo varios muertos. Daniel (Ortega) pudo haber parado la represión ese día. Pero no lo hizo. Al día siguiente la policía tiró balas de fuego. La orden era matar”.
Dra. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

La prohibición de privar arbitrariamente de la vida es una norma fundamental del derecho internacional, y se encuentra recogida en tratados internacionales vinculantes para Nicaragua, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, el Estado nicaragüense tiene la obligación de impedir que sus agentes transgredan este derecho, y prevenir y castigar a aquellos responsables de privar arbitrariamente de la vida.

Amnistía Internacional, con base en la información recopilada durante su misión de investigación, considera que entre los días 19 de abril al 12 de mayo de 2018, no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales.

Esta grave violación de derechos humanos, que es también un crimen de derecho internacional, hace referencia a las muertes causadas intencionalmente por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por éste.

La Corte Interamericana ha recalcado que la prohibición absoluta de las ejecuciones extrajudiciales y el deber de investigarlas y juzgar y sancionar a sus autores, constituye una norma imperativa de Derecho Internacional (jus cogens).

Asimismo, el derecho internacional en la materia establece la responsabilidad del superior civil o militar por los hechos cometidos por las fuerzas bajo su mando y control efectivo, cuando el superior hubiere sabido o hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, y el superior no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. En otras palabras, el superior está obligado a adoptar “medidas razonables, concretas y eficaces para prevenir y hacer cesar violaciones de derechos humanos cometidas por los subalternos”.

Después del análisis de la información y evidencia disponible, Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de personas de manera intencional, en un significativo número de casos.

Dado el contexto en el que sucedieron estas muertes y tomando en cuenta la arquitectura institucional que organiza a las fuerzas de seguridad en el país, la organización considera que existen razones para pensar que dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la República. Además, Amnistía Internacional ha podido documentar actos de obstaculización y encubrimiento por parte de algunos funcionarios gubernamentales, llevados a cabo con el ánimo de impedir la exhaustiva investigación de los hechos.

A través de la documentación de nueve casos de personas fallecidas, la organización ejemplifica los patrones encontrados en la comisión de posibles ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la autoridad con la participación de grupos parapoliciales.49 Los elementos de dicho patrón, se enumeran a continuación.

 

En relación a la conducción de las autopsias, de los nueve casos documentados, en cuatro no se habría practicado la autopsia . Dos de los casos en los que sí se llevaron a cabo (Orlando Pérez y Franco Valdivia), sus autopsias fueron realizadas 13 días después de su asesinato, tras la exhumación de los cuerpos, y gracias a la insistencia de las familias. Éstas señalaron que mientras estuvieron en la morgue, el personal médico explicó que la Policía no había girado la orden para que fueran practicadas inmediatamente tras el deceso.

Para la realización de estas dos autopsias, participó un médico forense independiente a solicitud de las familias de Orlando Pérez y Franco Valdivia. Según éstas, el forense refirió que los disparos que mataron a los jóvenes provinieron posiblemente de una posición de altura y fueron dirigidos con intención letal. A pesar de que el 10 de mayo de 2018 la Fiscalía debería haber entregado el examen final del Instituto de Medicina Legal a las familias, el fiscal a cargo de la investigación, se habría negado.

JUAN CARLOS LÓPEZ Y NELSON TÉLLEZ: RENUNCIAS DE INVESTIGACIÓN

Graciela Martínez sostiene una imagen de su hermano Juan Carlos López, asesinado en Ciudad Sandino. © Oscar Navarrete/Amnistía
Internacional

El 20 de abril de 2018, Juan Carlos López y Nelson Téllez se encontraban juntos cuando fueron heridos por arma de fuego en Ciudad Sandino mientras tenía lugar una protesta, en la que ellos no habrían participado. Juan Carlos López perdió la vida ese mismo 20 de abril en el hospital Monte España. Por su parte, Nelson Téllez no falleció inmediatamente, y le expresó a su esposa antes de morir en el Hospital Lenin Fonseca tras 12 días de hospitalización y varias cirugías, que había visto quién había disparado contra ambos con un arma de fuego. Se trataba de un policía nacional de la estación de Ciudad Sandino, que iba vestido de civil en una moto. Nelson falleció el día 2 de mayo.

Ambos presentaban disparo de arma de fuego en el tórax superior. En el caso de Juan Carlos, el personal médico de la morgue le comentó a su familia que lo mejor era que se lo llevaran cuanto antes, para evitar problemas debido a que se trataba de un hospital privado y le habían brindado el servicio a pesar de no contar con seguro médico. Sus familiares tuvieron que llevarse el cuerpo en brazos a casa, sin que se le practicara un examen de medicina legal. Además, la Policía Nacional de la estación de Ciudad Sandino les presionó para firmar un “acta de desistimiento de denuncia” por los asesinatos, como condición para la entrega del certificado de defunción. En el caso de la familia de Nelson, la Policía le solicitó a su madre que redactara una carta, estableciendo que se llevaba el cuerpo de su hijo a casa y que renunciaba a denunciar los hechos. Sin embargo, la familia de Juan Carlos puso una queja ante la organización CENIDH el 3 de mayo y la familia de Nelson en la organización CPDH cuatro días después, las cuales fueron dirigidas como denuncias formales a la Fiscalía. Según la información recabada, hasta entonces la Fiscalía no había iniciado una investigación por las muertes.

B) FALTA DE EXHAUSTIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA
Resguardar y preservar correctamente la escena del crimen es uno de los aspectos más importantes para asegurar una investigación imparcial y efectiva. El estándar internacional señala que en este tipo de casos, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. Igualmente, se ha señalado que la debida diligencia en la investigación de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense.

Sin embargo Amnistía Internacional observó que en la mayoría de los casos documentados, la escena del crimen no habría sido preservada (cuando ello era posible), ni se habría levantado evidencia de forma pronta, exhaustiva ni garantizando la cadena de custodia.

En al menos dos casos, las familias denunciaron a Amnistía Internacional que se había eliminado la evidencia en la escena del crimen. Según los videos analizados por la organización, a la mañana siguiente de los asesinatos de Orlando Pérez y Franco Valdivia, varias personas limpiaron con una manguera y cubos de agua los rastros de sangre y demás evidencia.

Varias personas limpian la evidencia de los asesinatos de Orlando Pérez y Franco Valdivia. 20 de abril de 2018.

En el caso del joven Cristhiam Cadenas, cuyo cuerpo habría sido hallado al interior de un edificio incendiado en la ciudad de León, la Policía no habría preservado la prueba (las vestimentas), ni garantizado la cadena de custodia. Al momento de la entrevista con Amnistía internacional, su hermano Alexander Sarria Cadenas, explicó que la policía le mostró el pantalón de su hermano semi-quemado por un lado, y un cuerpo quemado e inidentificable por otro. A pesar de que Alexander Sarria identificó la ropa, no estaba plenamente seguro de que se tratara de su hermano, ya que no se le practicó un examen de ADN para verificar la identidad. Además, según Alexander, el cuerpo se encontraba sin piernas, brazos, ni dentadura. Sin embargo, el médico forense le refirió que había fallecido por inhalación de humo sin ofrecer mayor explicación.
ORLANDO PÉREZ Y FRANCO VALDIVIA: EXISTEN INDICIOS DE LA POSIBLE PRESENCIA DE UN FRANCOTIRADOR

Una de las fotos muestra a Franco Valdivia cuando denunció a través de redes sociales la agresión policial y de grupos parapoliciales, minutos antes de ser asesinado.

El 19 de abril de 2018, Franco Valdivia y Orlando Pérez fueron asesinados por disparos de arma de fuego en la ciudad de Estelí, mientras participaban en las protestas en contra del gobierno. Franco, además de estudiante de derecho, era compositor y cantante de rap de conciencia social. Orlando, era una persona muy comprometida con el medio ambiente y estudiaba energías renovables. Según el testimonio de los familiares y los videos analizados por Amnistía Internacional, tras ser disparado y quedar inmóvil en el suelo, Franco fue arrastrado presuntamente por un grupo de “motorizados” (grupo de parapoliciales), que lo habrían abandonado en una cuneta mientras se desangraba. En la grabación se escucha que las personas que lo arrastran expresaron: “esto era lo que querían”.

En el caso de Orlando Pérez, fue asesinado mientras entregaba agua a los manifestantes. Según la constancia de defunción ambos fueron heridos por arma de fuego: Franco presentó trauma cráneo encefálico severo; y Orlando, impacto en tórax.

La familia de Franco narró a Amnistía Internacional que pese a que solicitaron a la Policía el oficio para que el Instituto Médico Legal realizara el peritaje forense, éste habría sido denegado bajo la premisa de que se iniciaría una investigación de oficio basada en expediente del hospital. Debido a que Franco llegó al hospital sin signos vitales, ese expediente no habría existido. Su familia retiró su cuerpo de la morgue, tras la presión de la Policía de llevárselo a casa y enterrarlo.

Según información recibida, al día siguiente de la muerte de ambos, una decena de personas “limpiaron” la escena del crimen con cubos de agua y mangueras. Tras la activa denuncia pública llevada a cabo por las familias de ambos jóvenes, la Fiscalía acordó realizar la exhumación de los cuerpos. Las familias pusieron como condición que un médico forense privado estuviera presente durante la exhumación y autopsia. El 10 de mayo de 2018, fecha acordada para la entrega del resultado del examen, la Fiscalía se negó a entregar el dictamen forense y de criminalística (balística), sin mediar explicación. Ambas familias relataron a Amnistía Internacional, que una de las conclusiones preliminares del médico forense independiente, era que probablemente las armas de fuego, habían sido accionados por una persona que se encontrada en una situación de altura y visión privilegiada, y que dirigió los disparos con intención letal. Los familiares creen que los disparos provenían de la alcaldía de Estelí.

C) OBSTÁCULOS AL ACCESO A LA JUSTICIA Y ACOSO A FAMILARES DE LAS VÍCTIMAS
Corresponde a los órganos competentes dirigir la investigación y encauzarla de acuerdo a las estrategias o líneas de investigación determinadas por ellos para el esclarecimiento de los hechos, sin que sean las víctimas o sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa. Sin embargo en al menos seis casos de los nueve documentados, las familias denunciaron que la Fiscalía estaba imponiendo en ellos la carga de la investigación.

Por ejemplo, en el caso de Orlando Pérez, la familia denunció que la Fiscalía les exigió buscar a los testigos y convencerlos para prestar declaración así como buscar fotografías y vídeos de los hechos. En entrevista con Amnistía Internacional, la hermana de Orlando afirmó que lo único que la Fiscalía tenía, era la evidencia que la familia había aportado.

Asimismo, algunas familias denunciaron una alarmante pasividad y desinterés por parte de las autoridades policiales en las diligencias iniciales de investigación, y expresaron que algunas de las pocas acciones implementadas ni siquiera les fueron notificadas debidamente. La familia del joven asesinado en Estelí Franco Valdivia, relató a que las autoridades nunca les informaron de manera oficial sobre los planes para la reconstrucción de la escena del crimen y que se enteraron de ella a través de amigos.

“Llevamos siete días de haber interpuesto las respectivas denuncias; sin embargo no hemos obtenido ningún avance en el proceso investigativo que ya debió haber iniciado la Policía Nacional. No vemos la intención, ni el interés en iniciarlo”.

Extracto de la denuncia interpuesta por familiares ante el despacho del Fiscal Departamental del Ministerio Publico de Estelí, con fecha de 27 de abril de 2018.

De estos testimonios también se desprende la falta de respeto al derecho que tiene la familia de la persona fallecida a participar en el proceso de investigación. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que las víctimas de las violaciones de derechos humanos o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos lo cual incluye, hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y hacer valer sus intereses.

Además, al menos tres familias, sufrieron actos de intimidación. La familia de Moroni López habría sido víctima de tales actos por parte de la Policía luego del asesinato de su hijo, Moroni López. Según su testimonio, durante la velación, agentes de la Policía Nacional llegaron a su casa armados y encapuchados para preguntar a los presentes la razón por la que se encontraban en el lugar. Posteriormente, la familia registró más rondas y visitas de la Policía.

“Llegaron uniformados a la iglesia donde lo estábamos velando. Se metieron hasta dentro […] y comenzaron a hacer preguntas […]. Días después llegaron unos señores a la casa […] me dijeron que me iban a dar una indemnización, pero que tenía que firmar una declaración. Nunca llegaron a explicar en qué consistía su declaración porque inmediatamente les dije: mi hijo no es un perro, y no voy a firmar nada por dinero. Me lo mataron ustedes mismos”.

Entrevista con Alba del Socorro García, madre de Moroni López.

La familia de Álvaro Conrado denunció que el carrito de venta ambulante de su tío, fue destruido días después de los hechos. Los padres de Álvaro consideran que es un acto intimidatorio para que desistan en su denuncia pública. Igualmente, familiares del periodista Ángel Gahona reportaron haber recibido una llamada amenazante por parte de un desconocido con relación al caso de su asesinato.

Al respecto, las directrices internacionales señalan que “las familias deben ser protegidas de cualquier maltrato, intimidación o sanción a raíz de haber participado en una investigación o buscado información sobre una persona fallecida o desaparecida.”

MORONI LÓPEZ: POLICÍA NACIONAL LLEGA A SU VELORIO E INTERROGA A VARIAS PERSONAS PRESENTES

Familiares de Moroni López, tras la entrevista con Amnistía Internacional. © Amnistía Internacional

Moroni Jacob López García, de 22 años, falleció el día 20 de abril de 2018, en las inmediaciones de la UNI. Según la familia, varios testigos de los hechos refirieron que la lluvia de disparos provenía del estadio de béisbol Denis Martín. Cuando su familia llegó al Instituto de Medicina Legal, pocas horas después, el personal no les permitió la entrada, y tuvieron que identificar a Moroni a través de una foto. Una vez que se confirmó la identidad del joven, permitieron entrar a dos familiares únicamente a recoger el cuerpo y no se les entregó el examen de la autopsia, ni obtuvieron mayor información.
En entrevista con Amnistía Internacional, la madre de Moroni expresó que el día del entierro, 22 de abril, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional a la iglesia donde lo estaban velando y comenzaron a interrogar a varios de los familiares. Así mismo, el día 8 de mayo, dos personas que se identificaron como representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), le ofrecieron “una indemnización” a cambio de la firma de una declaración a la cual se negó. Ella consideraba estas visitas como un acto de intimidación para no seguir denunciando.
A día 9 de mayo de 2018, la familia todavía no había conseguido inscribir en el registro civil de la alcaldía de Ciudad Sandino la defunción de Moroni, debido a que la alcaldía se habría negado a escribir la causa completa de la muerte de acuerdo a la constancia de defunción. Según esta constancia, Moroni falleció por proyectil de arma de fuego penetrante en tórax, que le causó taponamiento cardiaco y laceración pulmonar derecha y de arteria pulmonar.
A pesar de haber interpuesto denuncia formal el día 27 de abril, más de una semana después, la Fiscalía no había solicitado las cámaras de vigilancia del estadio desde el que se cree que Moroni fue disparado, ni había solicitado el análisis de la bala. Además temían, que sus declaraciones de denuncia fueran el único testimonio recabado hasta entonces en el expediente de investigación.
3.5. DENEGACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana.74

Los Principios Básicos sobre Uso de la Fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben prestar, lo antes posible, asistencia y servicios médicos a personas heridas, y deben notificar, a la brevedad, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. Sin embargo, lo ocurrido en Nicaragua dista de lo enunciado por el derecho internacional. Los testimonios documentados dan cuenta de numerosos casos en los que personas gravemente heridas durante las manifestaciones no fueron auxiliadas por los agentes policiales que estaban en las cercanías.

Durante la noche del 20 de abril de 2018, varios hospitales públicos como el Hospital Cruz Azul, el Hospital Alemán, y el Hospital Lenin Fonseca, habrían denegado la atención a manifestantes heridos . Amnistía Internacional documentó el caso de Álvaro Conrado, de 15 años, quien falleció el día 20 de abril en el Hospital Bautista debido a que el personal de seguridad le habría denegado el acceso en el hospital público Cruz Azul. Personal médico del hospital privado que lo atendió, expresó a la organización que de haber sido atendido a tiempo, posiblemente hubiera salvado la vida.

ÁLVARO CONRADO: DENEGACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA

Álvaro Conrado sostiene una imagen de su hijo de 15 años, fallecido por un disparo en el cuello durante una protesta en Managua. © Oscar Navarrete/Amnistía Internacional

El 20 de abril de 2018, el joven de 15 años Álvaro Conrado fue asesinado con un disparo de arma de fuego en el cuello mientras distribuía agua a los manifestantes en Managua. Según los testimonios de los familiares y personal médico del Hospital Bautista donde fue atendido, la negación de atención médica en el hospital público Cruz Azul, donde había sido trasladado previamente, hizo que Álvaro llegara con escasas probabilidades de sobrevivir al Hospital Bautista donde fue sometido a una cirugía por más de cuatro horas.

Álvaro Conrado fue enterrado sin la realización de un examen médico forense, y sin que se le extrajera la bala que causó su muerte. El 25 de abril de 2018, la policía intentó impedir que su familia interpusiera una queja por el asesinato de su hijo en el CENIDH, y horas después el carrito de comida ambulante de su tío materno, fue destruido. Sus padres consideran estas acciones como una amenaza debido a la constante denuncia pública que han realizado ante los medios de comunicación. Asimismo, consideran la actuación de la Fiscalía “una farsa”.

En la ciudad de León, la prensa reportó la visita de la Ministra de Salud Sonia Castro, quien junto con la dirección del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello habría amenazado al personal médico, con expulsarlos del sistema si brindaban atención médica a estudiantes y demás manifestantes .

Asimismo, varias familias relataron a Amnistía Internacional “el calvario” que tuvieron que pasar para encontrar a sus seres queridos en los hospitales. Una de las familias reportó que visitó tres hospitales para poder dar con el paradero de su familiar asesinado.

3.6. INTENTO DE CONTROL DE LA PRENSA

El Comité de Derechos Humanos considera que el respeto de la libertad de expresión y la libertad de opinión “constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”. Este derecho “[…] incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La censura, los ataques y las amenazas a los medios de comunicación y periodistas, por parte de las fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, fueron reportadas reiteradamente durante las protestas. En ese sentido, el 19 de abril de 2018, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telecor), habría ordenado sacar del aire el Canal 100% Noticias, el Canal 12, el Canal 23 y el Canal 51. Asimismo, una radio en León, Radio Darío, fue incendiada el 20 de abril. Su propietario señaló a simpatizantes del gobierno como los responsables de estos hechos.

ANÍBAL TORUÑO Y RADIO DARÍO “DANIEL ORTEGA ES RESPONSABLE DE PONER NUESTRA VIDA EN PELIGRO, Y DE LO QUE NOS PASE, PORQUE LAS AMENAZAS Y PRESIONES CONTINÚAN”

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, en la estación de radio que fue incendiada la noche anterior a esta fotografía en el contexto de las protestas en la ciudad de León. © Oscar Navarrete

En entrevista con Amnistía Internacional, Aníbal Toruño, director y propietario de la radio “Radio Darío” relató que el 20 de abril de 2018, alrededor de una docena de personas encapuchadas amenazaron e hirieron al guardia de seguridad de las instalaciones, entraron por la fuerza y esparcieron combustible por todo el edificio, y finalmente incendiaron la radio disparando un mortero. Esta radio, de actitud crítica hacia el gobierno, fue fundada por su padre en 1949, lo cual significa que para Aníbal “Radio Darío” es algo más que un oficio. En al menos cinco ocasiones, que coincidieron con mandatos gubernamentales diferentes, la radio fue igualmente destruida. Es por ello que muchas personas en la ciudad de León, desde donde retrasmite, la consideran un “símbolo de resistencia”.
Sin embargo Aníbal expresó que esta vez había sido “un acto terrorista de dimensiones aberrantes”, ya que “quemaron la radio cuando todavía doce personas estaban dentro de las instalaciones, quienes por poco lograron salvar su vida”. En el evento, dos de los atacantes se habrían prendido fuego al disparar el mortero con el que incendiaron el edificio, y fallecieron debido a las graves quemaduras. En sus declaraciones públicas, Aníbal Toruño indicó que reconocía a las dos personas como simpatizantes del partido en el gobierno, y señaló directamente a un diputado sandinista por los hechos. Terminó mandándole un mensaje al gobierno: “cualquier cosa que me suceda, es culpa de Daniel Ortega”.

Además, las restricciones a la libertad de expresión se plasmaron en ataques físicos, amenazas, robos y daños sufridos por equipos de grabación sonora y audiovisual de las y los periodistas que cubrían las protestas.

El día 18 de abril, varios de ellos fueron agredidos mientras cubrían las protestas. Carlos Herrera, del medio “El Confidencial”, fue agredido por un Policía Nacional mientras reportaba en la zona Camino de Oriente. El oficial lo tiró al suelo, le dio varias patadas e intentó robarle su equipo fotográfico. Carlos fue auxiliado por otros colegas periodistas y logró proteger su equipo. En ese mismo contexto, el reportero de “APF” Alfredo Zúñiga, habría sido agredido y su cámara fotográfica robada por un miembro de los grupos parapoliciales .

ÁNGEL GAHONA, ASESINADO MIENTRAS REALIZABA UNA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS PROTESTAS.

El 21 de abril de 2018, el periodista Ángel Gahona recibió varios disparos que causaron su muerte mientras transmitía en vivo las protestas en la ciudad de Bluefields. Ver a Ángel cayendo al suelo con un balín atravesado en la cabeza casi en directo, estremeció al país. El gremio periodístico denunció que el asesinato de Ángel Gahona, respondía a una estrategia del gobierno para censurar el periodismo, debido a que aparentemente, las únicas personas armadas en ese momento, habrían sido Policías Nacionales y antimotines.81 El 30 de abril su hermano Juan Carlos Gahona interpuso una denuncia en la Fiscalía.1 Según su testimonio, hasta entonces la Fiscalía no había iniciado una investigación, y lamentó que al momento de la entrevista con Amnistía Internacional, 13 días después de los hechos, la Fiscalía todavía no había solicitado “ni siquiera” las imágenes de las cámaras del cajero frente al cual lo mataron.

Días después de interponer su denuncia, la Fiscalía acusó formalmente a dos jóvenes por este crimen.1 Los familiares de Ángel Gahona tienen serias dudas sobre esta investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, y consideran que es una estrategia para esconder la responsabilidad estatal.81

Es de señalar que dentro de este caso cobró especial relevancia el rol activo de denuncia de la periodista Ileana Lacayo. A raíz de que condenara los hechos ante los medios de prensa,81 donde acusaba a la Policía por la muerte de Ángel Gahona, la periodista informó a Amnistía Internacional que su casa fue allanada el 23 de abril de 2018 por personas desconocidas, posiblemente como represalia a sus denuncias.1 Ileana teme por su vida y su libertad individual, razón por la cual introdujo un recurso de amparo el pasado 8 de mayo ante los juzgados de Bluefields en contra del Jefe de la Policía Nacional de la delegación de Bluefields y de la fiscal regional. En entrevista con Amnistía Internacional Ileana expresó que tenía miedo pero que no quería quedarse callada. “Me siento vulnerable por la policía, no sé por qué la policía nos está matando, pero hay que denunciar”, expresó.

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Amnistía internacional concluye que ante el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, manifestado mediante protestas de personas en diferentes partes del país, la respuesta del gobierno nicaragüense ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional.

La organización también concluye que la estrategia elegida por las autoridades nicaragüenses, que ha tenido como resultado, entre otros, un alarmante número de personas fallecidas y personas gravemente lesionadas, tenía la finalidad de castigar las voces disidentes, desincentivar la continuidad de la crítica ciudadana y encubrir las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos. Tras el análisis de hechos expuesto, Amnistía Internacional considera que los elementos de esta estrategia represiva fueron:

1. Discurso oficial de negación
A través de diversos medios de comunicación, el presidente y la vice-presidenta de la República promovieron un discurso de “negación de la realidad” (i.e. de omisión y negación de los hechos que a todas luces estaban ocurriendo) y estigmatizador hacia las personas que protestaban.

Este discurso no sólo negaba e ignoraba la realidad de violencia que estaba ocurriendo bajo su mando directo, en concreto graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, sino que además, en un contexto de conflictividad social, pudo haber incitado a la confrontación. Ello, debido a que tanto el presidente Ortega, como su esposa, la vice-presidenta Murillo, los más altos mandatarios del Poder Ejecutivo, señalaron a estos grupos de “violentos”, “criminales”, o “vampiros reclamando sangre”, lo cual los estigmatizó como promotores de violencia. Este discurso es un indicio claro de que, a pesar de que el mando superior, en este caso el presidente de la República debió haber tomado medidas concretas y efectivas para poner fin a las graves violaciones y crímenes que se estaban cometiendo por agentes de la fuerza pública o por particulares que contaban con su anuencia, no sólo no lo hizo, sino que justificó su actuación a través de un discurso criminalizador de las personas manifestantes.

2. Utilización de grupos parapoliciales
La información recabada indica que las autoridades utilizaron grupos parapoliciales, conformados en gran medida por personas simpatizantes al gobierno, con el ánimo de cometer ataques (en ocasiones armados), incitar a la violencia, multiplicar su efecto represor y operar al margen de la ley. Este tipo de estrategias, permitió al sembrar miedo en la población, dificultar la identificación de los atacantes, y por tanto generar narrativas que evadieran la responsabilidad del gobierno.

3. Uso excesivo de la fuerza
El alarmante número de muertes, así como de personas lesionadas en el marco de la protesta, indica que el gobierno empleó la fuerza de manera desproporcional, excesiva, y en algunos casos, de manera innecesaria, permitiendo que las personas que se manifestaban fueran deliberadamente atacadas. La evidencia y los patrones analizados en este informe indican que las fuerzas policiales y cuerpos antimotines directamente atacaron a manifestantes.

4. Ejecuciones extrajudiciales
La mayoría de las muertes que tuvieron lugar durante los días de protesta fueron por herida de arma de fuego, a pesar de que el uso de este tipo de armas de forma letal por parte de la autoridad sólo debe estar autorizado en la situación más extrema de amenaza para la vida. En ocho de los nueve casos de personas fallecidas documentados por Amnistía Internacional, las personas habían fallecido por herida de arma de fuego.

Además, se identificó que los orificios de entrada de los proyectiles, en numerosos casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos. En los ocho casos mencionados arriba, las heridas estaban en la cabeza, en el cuello, o en la parte superior del tórax. En al menos cuatro casos, la trayectoria de la bala habría sido de arriba hacia abajo, lo que sugiere la posibilidad de francotiradores o personas disparando desde una posición privilegiada. Amnistía Internacional considera que estos elementos, junto con el uso de grupos parapoliciales, parecen señalar el propósito de ejercer una política represiva de naturaleza letal, es decir, que existió la intención no sólo de controlar las expresiones de protesta, sino más bien de privar intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes o a quienes fueron percibidos como tales.

5. Irregularidades en la investigación
Desde el inicio del proceso de investigación se identificó una cadena de irregularidades que impactan de forma directa en el futuro éxito de la investigación y por tanto en el acceso a la verdad y a la justicia.

El Estado, a través de la negación de realizar autopsias en algunos casos, trató de evitar que los cuerpos de las personas fallecidas fueran examinados por personal médico forense que pudiera determinar aspectos clave para la investigación. Asimismo, a través de la presión a varias familias para que firmaran “actas de desistimiento de denuncia”, agentes estatales trataron de evitar que éstas acudieran a la Fiscalía para solicitar el inicio de una investigación penal formal, y por tanto poder dar inicio a un proceso necesario para llevar a los responsables a la justicia.

La falta de debida diligencia en el levantamiento de evidencia, la adecuada protección al escenario del crimen (cuando era posible), así como la falta de garantía de la cadena de custodia, fueron irregularidades que afectan gravemente la exhaustividad de la investigación.

Estas irregularidades, junto con el acoso y amenaza a algunas de las familias de las víctimas con el fin de mermar sus esfuerzos en la búsqueda de justicia, suponen una violación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de dichas familias.

6. Denegación de atención médica
Varios hospitales públicos negaron el acceso a personas lesionadas en el marco de la protesta durante al menos un día, en el que fallecieron varias personas y hubo decenas de heridos. Esta decisión habría sido tomada con el ánimo de afectar la integridad personal de las personas que se manifestaron. En al menos uno de los casos documentados por Amnistía Internacional, esta falta de atención médica habría contribuido significativamente a la muerte de una persona.

7. Intento de control de la prensa
A través del bloqueo de transmisión a varios canales que reportaron sobre los hechos, y del ataque directo a personas periodistas por medio de grupos parapoliciales y Policía, el Estado trató de ocultar o minimizar las demandas ciudadanas, así como encubrir los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía Nacional, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales que actuaban con su aquiescencia. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas periodistas agredidas en el marco de la protesta y considera que el control y hostigamiento a la prensa en este tipo de contextos, es frecuentemente utilizado como una forma de imponer el discurso oficial, restringir el acceso a la información y limitar la libertad de expresión.

Como consecuencia, Amnistía Internacional recomienda: AL PRESIDENTE DE NICARAGUA
• Garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública y pacífica de quienes utilizan la protesta para denunciar y pronunciarse sobre las políticas públicas.
• Implementar medidas efectivas para asegurar que las fuerzas policiales detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza e iniciar una investigación interna de aquellos episodios de represión violenta de manifestaciones públicas, en los que ha sido denunciado el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
• Asegurar que la corporación policial se abstenga de realizar actos que constituyan intimidación, hostigamiento y represalias contra las familias de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos.
• Detener el discurso estigmatizador y criminalizador de las personas que protestan en contra de las políticas públicas, y garantizar la protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
AL MINISTERIO PÚBLICO
• Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen aquellas presuntamente cometidas por grupos parapoliciales.
Dichas investigaciones deben incluir no sólo a quienes cometieron los crímenes o los ordenaron, sino también a sus cómplices. Es decir, las investigaciones judiciales, deben incluir a aquellos funcionarios que sabiendo o debiendo haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo tales actos no hicieron nada por impedirlos o reprimirlos. En el caso de hechos atribuibles a agentes de la Policía, la investigación debe referirse a cualquier jefatura policial u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas policiales estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes, directamente o a través de terceros, y que no hizo nada para impedir ese crimen ni para someter a los presuntos responsables bajo el conocimiento de las autoridades.
• Asegurar la debida diligencia en el levantamiento de evidencia, la adecuada protección al escenario del crimen, así como garantizar la cadena de custodia.
• Garantizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en las diligencias de investigación, en cumplimiento con los estándares internacionales.

AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
• Asegurar que las y los médicos forenses que participen en las investigaciones actúen con independencia e imparcialidad y en cumplimiento de las mejores prácticas forenses, entre otras, aquellas detalladas en el Protocolo de Minnesota.
• En el caso de muertes arbitrarias o de ejecuciones extrajudiciales, el Instituto de Medicina Legal deberá realizar las autopsias y emitir los respectivos informes.
A LAS AUTORIDADES JUDICIALES
• Garantizar la independencia e imparcialidad de las juezas y los jueces, de manera que sus funciones sean ejercidas libres de toda injerencia, presión o influencia indebida.
AL ESTADO DE NICARAGUA
• Cumplir con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el marco de su reciente visita de trabajo e instaurar, junto con la CIDH, un mecanismo de seguimiento de dichas recomendaciones.

• En algunas circunstancias los Estados recurren a mecanismos especiales para el cumplimiento de su deber de investigar hechos criminales. Luego de evidenciar serios obstáculos en las investigaciones documentadas en este reporte, Amnistía Internacional insta al Estado de Nicaragua a dar cumplimiento con celeridad a la creación de un mecanismo de investigación especial sobre los hechos de violencia ocurridos, tal y como lo recomienda la CIDH.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS.
LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA
PERSONA NOS AFECTAN A TODAS LAS DEMÁS.