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DUEÑOS DEL AGUA
Los despojados
Por: Nelly Luna Amancio Fotos: Leslie Searles
https://duenosdelagua.ojo-publico.com/los-despojados.html
[Con la colaboración de la Red Investigativa Regional en Cusco y Apurímac]
Decenas de comunidades indígenas en la región sur andina del Perú ven pasar la riqueza de la extracción de minerales desde sus hogares sin luz ni agua. Comuneros enfrentados, derechos de explotación del agua sin estudios previos, ineficacia en el gasto público, pérdida de la propiedad comunal y derechos a la consulta previa vulnerados. Estas son las historias de los habitantes de las alturas de Apurímac y Cusco.
28 de agosto del 2018
¿Con quién vienen?, pregunta Rogers Ccoropuna, presidente de la comunidad Chuicuni.
El viento helado se burla del sol en las alturas de Apurímac, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es tiempo de cosecha en los andes y las plantaciones de trigo brillan más que nunca en la chacra del líder de Chuicuni, la comunidad indígena apurimeña que se encuentra ubicada al costado de uno de los proyectos mineros más grandes y millonarios del Perú: Las Bambas, operada por la transnacional china MMG Limited. La luz del mediodía delata los gestos duros del dirigente quechua. Se aproxima lento y con duda. Calma los ladridos de su perro. Saluda. Tiene las manos frías.
- ¿Con quién vienen?, insiste.
- Solo nosotros.
- No lo creo. Aquí la mayoría de los periodistas viene con la mina.
La desconfianza se ha convertido en la regla de convivencia en Chuicuni. La influencia de Las Bambas atraviesa todas las comunidades ubicadas en el distrito de Challhuahuacho, la localidad más importante en tamaño y comercio de la zona. Las radios y sus programas son patrocinados por la mina; en los restaurantes, los comensales son trabajadores de la mina; en los hoteles, los huéspedes son consultores, ingenieros o más empleados de la empresa; lo mismo en los bares, discotecas y clubes nocturnos que proliferan todos las semanas.
Chuicuni es vecina del proyecto minero y está a 10 minutos de Challhuahuacho. A diferencia de esta, Chuicuni no tiene ni luz eléctrica, ni tiendas, ni viviendas de más de un piso. El agua que tienen la captan sin ningún tratamiento desde un manantial y la llevan a través de un tubo hacia una pileta en el centro del pueblo.
- Para esta obra cada comunero ha aportado entre 10 y 15 soles para cubrir los gastos. Eso lo hemos hecho nosotros, no la Municipalidad de ni el Gobierno. Nosotros.
Todo en Chuicuni ha sido construido por ellos mismos. La única forma de llegar hasta aquí es a través de un puente peatonal levantado sobre un río que construyeron “sin expediente técnico”, aclara con fastidio el presidente de la comunidad. “No sabemos en realidad cuántas personas o peso puede soportar”. Pero la principal preocupación de Rogers Ccoropuna en estos días no es el puente, sino el agua. ¿Qué pasará si el manantial que abastece a todo el pueblo un día desaparece o si el proyecto minero afecta su calidad?
“Vienen periodistas, pero nunca van a informar lo que pasa, ni ustedes van a informar eso”, dice Rogers Ccoropuna.
A esta franja que une Challhuahuacho (Apurímac) y Espinar (Cusco) se la conoce como el corredor minero sur por la cantidad de megaproyectos extractivos concentrados aquí: Las Bambas (de la china MMG Limited), Antapaccay (de Glencore, con sede en Suiza) y Anabi (del grupo peruano Aruntani) se encuentran en esta zona. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Y se estima que el 40% de la producción nacional de cobre proviene de este corredor.
El líder de Chuicuni tiene miedo del futuro, teme que ocurra lo mismo que en otras zonas mineras cercanas, como Espinar, en Cusco, donde las comunidades denuncian la pérdida de manantiales y afectaciones a la calidad del agua.
- Nos lamentamos de vivir en esta comunidad. De nada sirve vivir pegadito a la mina. Vienen periodistas, pero nunca van a informar lo que pasa, ni ustedes van a informar esto.
CHUICUNI
[Mirar la riqueza desde una casa sin agua]
La vida en Chuicuni comienza antes de las 5 de la mañana y a 4 grados de temperatura. Arriba, desde una de las lomas más altas de la comunidad se ve, hacia la derecha, los camiones y volquetes en movimiento de la operación minera, y al otro lado, un enorme cerco de metal devorándose las cumbres: las mallas dividen las tierras privadas de la compañía de las tierras comunales. El eco de los camiones quiebra el silencio de las montañas. Abajo, en el pueblo, las mujeres se levantan para obtener agua de la pileta comunal, preparan los desayunos de sus hijos, los hombres (algunos) sacan a pastar al ganado.
Javier Huillca Puma es vicepresidente de Chuicuni. Desde esta loma alta a la que nos ha traído -donde el viento no encuentra más trabas que las torres de alta tensión y el oxígeno parece desaparecer en cada respiración- señala los linderos de la comunidad. “Antes nuestro vecino era la comunidad Fuerabamba, nuestro ganado iba de un lugar a otro sin problema. Nos entendíamos. Eso no ocurre ahora”, dice.
El 2004 el gobierno de Alejandro Toledo otorgó los derechos de exploración de Las Bambas y el 2014, con el inicio de las operaciones, Fuerabamba fue reubicada a una zona urbanizada en los alrededores de Challhuahuacho con todos los servicios básicos. Chuicuni permaneció en el mismo lugar, sin agua ni luz, y así recibió al nuevo y gigante vecino minero.
Desde entonces, los comuneros conviven con el ruido, el polvo y los pequeños temblores que dejan las explosiones para la extracción de minerales. Las 200 familias de esta comunidad han visto también cómo la mina instaló una planta para tratar el agua que usarán sus trabajadores y cómo luego enormes cables surcaron los cielos de sus casas para llevar la energía eléctrica a la mina, dejándolos a ellos a oscuras.
La ANA otorgó durante los últimos cinco años 38 derechos de uso minero en Cotabambas: 14 de aguas subterráneas y otras 17 a manantiales y quebradas.
A pesar de su proximidad a las operaciones, Chuicuni no está considerada dentro de la zona de influencia directa de la minera. “La municipalidad nos dice que debemos negociar con la mina, y la empresa nos dice que debemos exigirles obras a la municipalidad porque nosotros no somos influencia directa”, se queja del maltrato Rogers Ccoropuna.
Lo que el presidente de la comunidad demanda es agua y saneamiento. “Tememos que cambie el caudal del manantial y nos quedemos sin agua. A veces no sale mucha agua y tenemos que estar haciendo cola porque no alcanza”, dice.
La explotación de Las Bambas comenzó el 2014. Actualmente no existe evidencia sobre su impacto en los recursos hídricos. Los funcionarios de la Autoridad Local del Agua reconocieron en una reunión con Ojo-Publico.com, que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería y cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.
Los estudios más actuales que existen -aclararon con timidez los mismos funcionarios- los hicieron las mismas compañías mineras como parte del procedimiento para solicitar una licencia de uso del agua con fines mineros.
Un estudio de Priorización de Cuencas para la Gestión de Recursos Hídricos del 2016, estableció zonas de bajo, medio, alto y muy alto riesgo respecto al uso y disposición del agua. Rogers Ccoropuna no lo sabe, pero este documento califica a la Intercuenca Alto Apurímac, donde se encuentra el territorio de su comunidad, con un nivel de riesgo hídrico muy alto. Las conclusiones se basan en el análisis de estas variables: la demanda y oferta de agua, sequías, explotación de acuíferos y estudios sobre disponibilidad, calidad, contaminación, conflictos por el agua, población y pobreza.
Solo en la provincia de Cotabambas, a la que pertenece Challhuahuacho y Chuicuni, la Autoridad Nacional del Agua, otorgó durante los últimos cinco años 38 derechos para la explotación del agua con fines mineros: 14 de estas corresponden a aguas subterráneas y otras 17 a manantiales y quebradas.
Los inventarios de la Autoridad Nacional del Agua sostienen que el 89% de la demanda de dicho recurso está en manos de la agricultura, el 9% en el consumo de población, el 0,95% en la industria, y 1% en el sector minero. Sin embargo, estos grandes totales de millones de metros cúbicos esconden realidades locales en situaciones críticas. Por ejemplo, las que viven las poblaciones de Cusco y Apurímac, asentadas cerca de las cuencas en donde se concentran los megaproyectos mineros del sur.
Los habitantes de uno de los distritos más ricos del Perú no tienen agua potable y arrojan sus deshechos al río.
A ocho horas de Chuicuni y Challhuahuacho, en Abancay, capital del departamento de Apurímac, un grupo de funcionarios de la Autoridad Local del Agua (ALA), explica cómo se gestiona el agua en la cuenca. En la reunión participan Carlos Moreno Huayhua y Reynaldo Pizarro Muñoz, del área técnica. No nos permitieron grabar la entrevista, solo aceptaron que tomemos fotos.
Las ALA son las entidades encargadas de fiscalizar que las empresas cumplan con la extracción de los volúmenes de agua autorizados y en los puntos establecidos. Sin embargo, los técnicos reconocen que no han hecho hasta el momento este tipo de supervisiones porque “los grandes proyectos mineros los aprueba y los revisa la sede central”. Es decir, Lima.
Los funcionarios señalan que actualmente en Apurímac no hay un problema de acceso al agua, sino de propiedad de las tierras. Pero, cuando preguntamos sobre los impactos de los cambios en el clima en un plazo más amplio, los mismos funcionarios sostienen que “la intensidad y la frecuencia de las lluvias ha variado” y que esto eleva la incertidumbre sobre el futuro del agua en las comunidades altoandinas, que en gran parte -como Chuicuni- dependen de los manantiales y quebradas para su uso doméstico.
Y es precisamente en estas fuentes de agua donde actualmente existe mayor presión en su explotación.
Solo en las cuatro provincias del corredor minero del sur (Cotabambas y Antabamba, en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar, en Cusco) el gobierno ha otorgado 147 derechos de explotación del agua con fines mineros. De estas, el 40% corresponde a aguas subterráneas, considerada por expertos como un recurso no renovable.
El número de derechos otorgados para fines agrícolas y domésticos es mucho mayor, pero la concentración de los puntos de captación de agua para la minería se encuentra en zonas consideradas cabeceras de cuenca, espacios estratégicos para la generación del agua y considerados por la actual legislación como espacios vulnerables.
La anemia y la desnutrición son los principales problemas de salud en los distritos del corredor minero sur.
La entrega de estos derechos de explotación de aguas limpias para uso minero, no ha ido de la mano con la ejecución de obras públicas que garanticen el acceso a agua segura para las poblaciones urbanas e indígenas colindantes a las operaciones mineras. Una revisión de la ejecución presupuestal impulsada por los gobiernos locales y regionales detalla que se han construido más edificaciones o mantenimientos de vías que obras de saneamiento.
Rogers Ccoropuna reconoce que al inicio en su comunidad vieron con entusiasmo el proyecto minero: “Hemos estado totalmente a favor de la minera pensando que iba a traer ese impacto positivo, porque ellos dijeron que va a haber colegio, saneamiento básico, luz, todo eso, entonces apoyamos, pero no tenemos nada”. Sobre las casas de barro de Chuicuni los enormes cables rayan el cielo para llevar energía eléctrica a la mina.
El día en Chuicuni acaba cuando el sol se oculta. En su casa, la pequeña Nadith de 8 años -sobrina de Rogers- enciende una vela para alumbrarse. Lee un libro Coquito roto en todas sus esquinas, heredado de otros primos mayores. La habitación es una cocina-sala-comedor-dormitorio. Afuera, solo hay sombras. Sabemos que son personas porque llevan linternas.
Pero podría ser cualquier cosa, como algunos de esos personajes embrujados que los comuneros dicen que se aparecen en la oscuridad para llevarse a las ovejas.
CHALLHUAHUACHO
[Las contradicciones del distrito más rico]
Una de las primeras cosas que te dicen al llegar a Challhuahuacho es que te fijes en el número de camionetas que circulan por sus calles sin asfaltar y sepultadas en charcos de agua. El tamaño de estas 4×4 -todas de marcas y modelos costosos- contrasta con la estrechez y laberíntica forma de sus vías. Estos poderosos vehículos todoterreno fueron los primeros bienes que los campesinos se compraron con el pago por las ventas de sus tierras o compensaciones del proyecto minero Las Bambas.
El distrito más rico de los andes del sur tiene probablemente una de las tasas más altas de camionetas para un distrito de 7 mil habitantes, pero no tiene servicio de agua potable y sus residuos y desperdicios son arrojados al río. Challhuahuacho tiene 38 comunidades campesinas quechuas y un presupuesto estimado de 140 millones de soles este año. Un monto similar al de distritos con mayores ingresos en la capital: San Isidro y Miraflores. En solo 6 años esta municipalidad multiplicó casi 30 veces su presupuesto.
Para que el agua sea segura debe tener 0,5 mg/L de cloro, pero en las muestras analizadas no llegaban ni al 0,1 mg/L
Challhuahuacho parece haber sido poseída por la misma maldición de otros distritos mineros del Perú: millonarios presupuestos, deficiente ejecución en obras públicas, indicadores sociales estancados y corrupción. El actual alcalde Antolín Chipana Lima (del Movimiento Popular Kallpa) está preso e investigado por lavado de activos y malversación de fondos. Antes de ser elegido el 2014, fue una de las voces más críticas contra la minería. Cuando lo detuvieron, en marzo de este año, en su vivienda encontraron doce mil soles de dinero en efectivo. La investigación alcanza a su entonces secretario general, Dionisio Maldonado, también detenido, en cuya casa decomisaron, otros 50 mil soles.
Hay tanto polvo en Challhuahuacho que resulta ocioso limpiar las ventanas de autos, viviendas y tiendas: una gruesa cáscara de tierra lo cubre todo, todos los días. Al tránsito de las 4×4 en el pueblo se suman los autos y taxis colectivos, y, sobre todo, las decenas de gigantes camiones que diariamente trasladan toneladas de cobre procesado.
Otro desfile de camionetas se repite al interior del Centro de Salud de Challhuahuacho. Son unidades averiadas o en mal estado. “Nos envían vehículos que no se ajustan a la realidad de esta zona y se malogran al poco tiempo, y en otros casos nos han donado unidades ya obsoletas”, explicaron integrantes del personal de salud que prefirieron no identificarse.
Los vehículos malogrados no son el principal problema del Centro de Salud. El biólogo Hubert Firata dice que la anemia y la mala calidad del agua están amenazando la salud de la población de Challhuahuacho y de las decenas de comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia minera. “El agua no es segura, la que llega a las viviendas es entubada, y solo a veces le echan la dosis necesaria de cloro”, dice.
Una semana antes de nuestra visita, Hubert Firata analizó varias muestras del agua que llega a las viviendas de la zona. “Para que sea segura debe tener 0,5 mg/L de cloro, pero en las muestras que analizamos de varios sectores de Challhuahuacho las cantidades de cloro llegaban ni al 0,1 mg/L. Con esa cantidad es imposible eliminar la carga bacteriológica del agua. La municipalidad debería hacer la limpieza y la cloración pero no lo hacen”, sostuvo.
Las cifras de la Dirección Regional de Salud señalan que entre el 2016 y el 2017 la desnutrición crónica en la zona se incrementó en un 30%. “Hay incluso personal médico que tiene desnutrición y anemia. Aunque los casos más graves los hemos encontrado en gestantes”, detalla. El biólogo ha laborado antes en un centro de salud del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) – el corazón de la producción nacional de cocaína- y dice que los indicadores de salud en Challhuahuacho son más alarmantes. “Hay más acceso al trabajo, pero no hay mejor calidad de vida”.
Challhuahuacho tiene 38 comunidades campesinas quechuas y un presupuesto de S/140 millones este año. Un monto similar al de distritos como San Isidro y Miraflores.
El incremento de la desnutrición y la anemia está relacionada a los cambios del hábito alimenticio en las comunidades. Como ha sucedido con otras zonas impactadas por actividades extractivas, la inversión dinamiza la economía local, hay más empleo y comercio. “Los niños y adultos comen ahora más carbohidratos y alimentos procesados. Se está abandonando el consumo de productos de la zona”, dice Firata. Cada día el centro de salud recibe en promedio 30 pacientes niños.
Por su naturaleza el centro de salud no tiene todas las especialidades. Si se trata de una emergencia los pacientes tienen que acudir a Tambobamba, ubicado a una hora de distancia, y en casos más graves, a Cusco, a ocho horas en auto.
Por falta de ambulancias los pacientes no pueden ser trasladados a hospitales especializados. Si los familiares tienen recursos económicos, costean los gastos del traslado, pero las familias más pobres se quedan. Uno de los médicos del centro de salud cuenta el caso de una paciente menor de edad que tiene las manos quemadas porque las sumergió en agua hirviendo. “Aunque necesite atención especializada no puede viajar al Cusco porque sus padres no tienen dinero para cubrir el traslado”.
Los contrastes económicos en esta zona son visibles. Hay dos formas de entender Challhuahuacho: desde la falta de servicios básicos en comunidades como Chuicuni; o desde todos los servicios que la compañía minera ha garantizado a Nueva Fuerabamba, el sector a donde fue trasladada la comunidad cuando se halló la enorme veta de cobre.
Fuerabamba es un enorme complejo residencial de 500 casas. Las casas son todas iguales, tienen tres pisos, un huerto y están enrejadas. Las pistas son asfaltadas, tienen energía eléctrica, agua y saneamiento permanente, escuela con todos los servicios y un completo centro de salud. Muchos de los comuneros que viven aquí se dedican ahora al comercio. Pero el entusiasmo de la mudanza se agotó solo al primer año para varios comuneros. “No me acostumbro”, dice la mujer que vende golosinas en la puerta del colegio. Estamos todos juntos, no hay espacio, a veces nos estresamos”.
PATAHUASI
[La disputa entre comunidades]
A cuatro horas de Challhuahuacho se encuentra el distrito de Haquira, y a tres horas más, luego de una zigzagueante carretera, Patahuasi. A Ricardo Astuhuillca, vicepresidente de esta comunidad quechua, lo encontramos en su vivienda de este bucólico lugar encerrado entre montañas, en el límite con la región Cusco. Sentado en el patio de su casa alza la voz cuando habla de sus temores por la instalación de una planta procesadora de la minera Anabi SAC en la cabecera del río que abastece a todo Patahuasi. “Eso nadie nos consultó, de ese río dependemos todos aquí”.
En mayo del 2017 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa (perteneciente al Grupo Aruntani) a paralizar de manera inmediata las actividades de construcción y operación de la planta de beneficio denominada Utunsa. La autoridad identificó que la compañía había instalado zonas de trabajo (entre pozas, planta de destrucción de cianuro y una subestación eléctrica) en lugares distintos a los que había reportado inicialmente.
Estos cambios –según la autoridad ambiental- no contaban con una evaluación del impacto ambiental y por lo tanto puso en “riesgo potencial de afectación de la calidad del agua de la quebrada Huayllani, que a su vez podría afectar la salud de las personas y el ambiente”.
La instalación de la planta fue solo uno de los problemas que -según Ricardo Astuhuillca- llegaron con la mina el 2016. El inicio de las operaciones de la minera Anabi SAC en esta parte de Apurímac y la discusión sobre qué comunidades iban a ser consideradas de influencia directa (y por tanto, ser compensadas) generó un enfrentamiento entre integrantes de la comunidad y familias enteras. Algo que Rogers Ccoropuna, presidente de la comunidad de Chuicuni, ha definido como “contaminación social entre comuneros”.
Ambos presidentes de comunidad no se conocen, pero entienden las secuelas de estos enfrentamientos. La capacidad de negociación con la empresa se debilita y los miembros de las comunidades comienzan a disputarse compensaciones y linderos de sus predios, sobre todo cuando gran parte de estas poblaciones no tiene sus límites georeferenciados o adecuadamente inscritos. Las concesiones mineras tienen más claros sus linderos que los territorios indígenas.
La OEFA identificó que la minera había instalado la planta de destrucción de cianuro en un lugar distinto al reportado inicialmente.
Astuhuillca cree que la influencia minera incentivó que un grupo de miembros de la comunidad de Patahuasi impulsara la creación de Piscocalla, centro poblado colindante al proyecto Utunsa, de Anabi SAC. “Piscocaya se ha creado recientemente, antes éramos solo uno solo. Ahora la mina nos ha dividido. Antes trabajábamos en faenas para arreglar el templo o la carretera, pero ahora nadie lo quiere hacer. Ahora ni nos hablamos”. Dice que incluso esas disputas han afectado las relaciones entre las familias.
Los enfrentamientos fueron también la consecuencia de una serie de derechos vulnerados. Más de la mitad de las comunidades indígenas quechuas no tienen adecuadamente georeferenciadas sus límites de tierras comunales, y estas no están tituladas e inscritas en los Registros Públicos. En estas condiciones, entre el 2012 y el 2015, gran parte de los proyectos mineros impulsados en esta zona del corredor minero sur fueron aprobados.
En ese mismo contexto se discutía la publicación de la base de datos de comunidades indígenas con derecho a los procesos de consulta previa. El mecanismo obligaba al Estado a consultar a las comunidades los proyectos o iniciativas que puedan afectar sus vidas, territorios y derechos.
Durante aquellos años -como reveló una investigación anterior de Ojo-Publico.com- el gobierno de Ollanta Humala tuvo acceso a una base de datos preliminar que identificaba comunidades indígenas quechuas en el corredor minero del sur, pero decidió no hacer pública esta información. La nueva lista completa solo se conoció el 2016, cuando varios inversiones mineras ya estaban en marcha.
Entre Cotabambas y Antabamba, ambas en Apurímac, la Base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura identificó a 26 comunidades indígenas. Patahuasi es una de ellas y es además una de las comunidades más antiguas de dicha región. Fue reconocida en 1928 pero hasta el año pasado las coordenadas de los límites de sus tierras comunales no estaban inscritas, ni habían sido georeferenciadas. El 61% de sus 500 familias se encuentran en extrema pobreza, el 99% habla quechua.
Nunca hubo consulta previa en Patahuasi, pero tampoco lo hubo en Chuicuni. A pesar de que esta última aparecía en la bases de datos preliminar de pueblos indígenas a la que el gobierno tuvo acceso cuando aprobó el inicio de operaciones de Las Bambas. En la publicación del 2016 de la información final de la lista de comunidades indígenas con derecho a la consulta previa, Chuicuni ya no aparece como indígena. Rogers Ccoropuna no lo sabía: ni que estuvieron antes, y ni que ahora están considerados como tal.
¿Por que antes sí aparecían y ahora no? ¿Quién es indígena en el Perú? Los andes concentran más del 70% de los pueblos indígenas de todo el país. En la base de datos preliminar -filtrada y luego difundida por Ojo-Publico.com el 2015- en Apurímac se registraron 436 comunidades indígenas quechuas. Sin embargo, en la actual lista que administra el gobierno aparecen solo 279.
La comunidad de Chuicuni está inscrita en Registros Públicos, pero sus límites comunales tampoco están adecuadamente georeferenciados e inscritos. La comunidad fue reconocida como tal en 1986 y ahora tiene un tamaño de 854 hectáreas. En su momento el argumento del Estado para no realizar la consulta previa en las comunidades indígenas próximas a Las Bambas fue que no se conocía la base de datos y que además estas no tenían sus límites geográficos claros.
Rogers Ccoropuna explica que en su comunidad no han podido hasta ahora georeferenciar sus linderos porque elaborar los expedientes técnicos requiere de un presupuesto alto. “No tenemos el dinero para hacer todo eso”. Los escasos montos que la comunidad logra juntar lo utilizan para construir, por ejemplo, una improvisada red de tubos que traslada el agua desde el manantial hasta el corazón del pueblo.
A las comunidades ubicadas en la zona de influencia de Las Bambas tampoco se les consultó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, que eliminaba la instalación de un ducto subterráneo para el traslado de minerales (mineroducto), con el objetivo de transportarlos en adelante por la carretera. “Nunca estuvimos al tanto”, dice el líder de Chuicuni.
Hasta el 2014, Las Bambas le pertenecía Glencore Xtrata, el gigante suizo de la minería. Ese año vendieron el proyecto a un consorcio de empresas chinas lideradas por MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals. Al inicio de las operaciones mineras, la comunidad de Chuicuni, como otras de la zona, estaban de acuerdo con el proyecto minero. “Muchos apoyamos, creíamos que íbamos a tener trabajo. [Glencore Xtrata] nos ofreció de todo. Ahora cuando les reclamamos nos dicen que esos tratos los hizo la dueña anterior”.
Nunca hubo consulta previa en Patahuasi, tampoco en Chuicuni, a pesar de que ambas aparecían en las Bases de datos preliminar el 2014
Javier Huillca, vicepresidente de la comunidad de Chuicuni, dice que cuando Glencore Xtrata era la dueña de Las Bambas, esta se había comprometido a pagarles un monto por el uso de su territorio para el pase del mineroducto, pero con el cambio del Estudio de Impacto Ambiental, y el reemplazo del ducto por la carretera, Chuicuni se quedó sin esa compensación. Hace tiempo que en las ferias dominicales de Haquira y Patahuasi la gente no quiere comprar trucha. “Tienen miedo que esté contaminada”, dice.
ESPINAR
[La pérdida de la propiedad comunal ]
A ocho horas de Challhuahuacho, un ruido sediento escapa de las mangueras que llevan agua a la casa de Francisco Merma, en la comunidad Alto Huancané, Espinar, Cusco, a casi 4000 metros de altura. Es un ruido violento, como si un monstruo estuviera atrapado dentro. La manguera debería llevar agua bombeada desde un pozo, pero no hay agua. Treinta y siete años después de las primeras operaciones mineras en Espinar, la zona en la que se han reportado elevadas cantidades de metales tóxicos, las comunidades quechuas próximas a la compañía no tienen acceso a agua segura.
La comunidad indígena de Alto Huarca fue reconocida como tal en 1928. El 90% de su población habla quechua. La actual base de datos de comunidades indígenas también la reconoce como tal.
No muy lejos de ahí, a unos 15 minutos en auto, se encuentra la vivienda de Olimpia Huillca, presidenta del sector Sol Naciente, también en Alto Huarca. Para llegar hasta aquí hay que atravesar vías controladas y predios adquiridos por la compañía minera.
Un proyecto de inversión desarrollado por la municipalidad de Espinar el 2017 instaló en varias casas de este sector piletas y duchas. Pero cuando las obras concluyeron, el manantial de donde iban a extraer el agua se había secado. Olimpia utiliza ahora la ducha como un depósito de basura.
Hemos llegado a su casa y detrás de nosotros han llegado dos personas de seguridad en una camioneta. No nos dicen nada. No se identifican, solo aguardan a unos 50 metros de donde estamos. “No les hagan caso. Lo hacen solo para asustar. Uno de estos días van a terminar echándonos a todos”, dice Olimpia.
Todos los predios con los que colindan las tierras de Olimpia han sido comprados por la mina. Su casa es una isla rodeada de parcelas compradas por la compañía. Para que su ganado no salga de su pequeño terreno ella colocado un cerco eléctrico que funciona con un pequeño panel solar. Al menor intento de salir del predio las ovejas y vacas son expulsadas con una leve descarga del perímetro prohibido.
Han instalado piletas de agua en la comunidad de Alta Huarca, pero el agua nunca llega. Les han dicho que el manantial se ha secado.
Uno de los habitantes de Alto Huarca y guía en estas laberínticas carreteras que atraviesan zonas de la mina y comunidades fragmentadas es Víctor Alvarez. Cuenta que entre las promesas de empleo y beneficios, la compañía minera los ayudó a realizar el expediente técnico para georeferenciar los límites de la comunidad, y luego, también a solventar algunos gastos de la parcelación de las tierras comunales para entregarles a cada comunero una cantidad determinada. Así, cada uno era dueño de su propiedad, ya no la comunidad.
“En una asamblea la comunidad aceptó la parcelación y con eso cada uno comenzó a negociar individualmente con la mina. Eso nos ha debilitado”. Víctor Alvarez dice es más difícil dialogar con la mina, porque hay demasiado individualismo. “Todos están vendiendo”, señala. Por eso, viviendas como la de Olimpia, parece islas sin salida.
La notaría que más trámites de este tipo ha realizado en Espinar se llama Gaona, de Oswaldo Gaona Chacón. Conversamos con él en su oficina de Espinar sobre cómo realizan estos procesos de compra y venta de terrenos entre la comunidad y la empresa minera. “No es una compra-venta con las comunidades, se realiza directamente con los propietarios que han sido beneficiados con la adjudicación de tierras por parte de la comunidad. Ellos ya no son comuneros”, dice el notario.
En su interpretación, sostiene que “desde el momento en que la comunidad les otorga a cada uno el título de propiedad, automáticamente este deja de ser comunero, y pasa a ser un propietario particular independiente. Los tratos se realizan directamente con la empresa minera, sin intervención de la comunidad, el trato es directo”.
El comunero pierde esta condición cuando la comunidad le otorga el título de propiedad de sus tierras.
- ¿Quién paga por estos procedimientos?, preguntamos.
- La empresa minera.
- ¿Cuántos casos de compra-venta ha atendido su notaria este 2018?
- En lo que va el año tengo un promedio de 30 ventas. El tema pasa por un proceso de saneamiento legal, acuerdan un precio por el terreno y la forma de pago, y una vez que tengan todo me traen la minuta. Mi trabajo solamente consiste en elevar el acuerdo a escritura pública nada más. El estudio de abogados que contrato la compañía me envía la minuta por fax y solicitan que sea elevada a Registros Públicos.
El Proyecto Antapaccay extrae principalmente cobre, y en menor medida plata y oro. En Espinar, Glencore es actualmente titular de 114 concesiones mineras, cuya extensión alcanzan 97.374 hectáreas. De este total, las operaciones en Antapaccay corresponden a 7.944 hectáreas. Durante los últimos años esta zona ha protagonizado uno de los mayores conflictos ambientales por la escasez de agua y elevada presencia de metales en el entorno.
En el papel, existe una mesa de diálogo con compromisos asumidos por el gobierno central en sus áreas de Minería, Salud, Desarrollo, Transportes y Ambiente. Pero la percepción de los comuneros es que nuevamente los han olvidado. Espinar no tiene siquiera un sistema de agua potable permanente. Una de las denuncias más frecuentes de las comunidades en esta zona tiene que ver también con la calidad y la explotación del agua con usos mineros.
“Yo solo quiero vivir como viven ellos”, dice don Francisco
Según los informes de sostenibilidad de Glencore, Minera Antapaccay capta alrededor de 15 millones de metros cúbicos de agua cada año de los ríos Salado y el Tajo. Datos proporcionados por la Red de Observadores de Glencore indican que la compañía pasó repentinamente de reutilizar 2,4 millones de metros cúbicos de agua el 2013 a 55 millones el 2015.
La empresa justificó este enorme crecimiento debido a que tenían agua almacenada en la presa de relaves y que tienen la capacidad de reciclar el 78 del agua utilizada por la mina y no realizar ningún vertimiento sobre cuerpos de agua cercanos a sus operaciones. Sin embargo, no existe forma de verificar estas cifras, porque la ANA no supervisa la explotación del recurso por parte de las mineras.
“Hay varios manantiales que se están secando”, dice Víctor Alvarez. Pero no existen estudios integrales ni entidades del Estado que estén reportando y documentando estas desapariciones. La vista desde la casa de Francisco Merma detalla los avances del proyecto minero. Un enorme tajo ha devorados lo que antes era un cerro. Dice que están cansados de exigir. “Yo solo quiero vivir como viven ellos”, dice don Francisco. Se refiere al agua. Al campamento minero que está frente a su casa nunca le falta agua.
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Cuatro puntos para entender las protestas en Las Bambas
CooperAcción
(1) Se trata de conflictos diferentes, que no se explican todos por una única razón y que, por lo tanto, requieren también abordajes y soluciones diferentes:
En el caso del fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas de Fuerabamba han ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas. Ellos señalan que el fundo ha sido una compensación que les dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es propiedad privada. Como una manera de reafirmar su posesión sobre el terreno, la comunidad incluso ha procedido a realizar cultivos y construcciones sobre la carretera.
Sectores de Fuerabamba también están reclamando nulidad de los contratos celebrados hace varios años sobre tierras.
En el caso del distrito de Velille, la población solicita que éste sea reincorporado como área de Influencia del proyecto minero Las Bambas, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados.
En el caso de la comunidad de Pisacasa, por ahora, el conflicto no es con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.En todos estos casos, existen demandas ambientales y sociales así como expectativas para que la minería se convierta en un elemento dinamizador de la economía local. Junto a ello, en algunos casos específicos existen actores ajenos a las comunidades que promueven demandas inviables motivados por intereses particulares.
(2) En las demandas legítimas existe un factor común: los vacíos legales y los problemas institucionales que requieren ser atendidos con urgencia. A lo largo del corredor minero se realiza el transporte terrestre de concentrados sin que se haya determinado las zonas afectadas por esta actividad, sus impactos y las medidas de mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se realiza la fiscalización correspondiente que permita corregir los problemas existentes. Además, la carretera se construyó sin saneamiento físico legal de los predios, pasando en muchos casos por tierras de propiedad de comunal.
(3) En este marco, es importante reconocer los esfuerzos de diálogo que han venido realizando el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales. Pese a esto, los problemas no se han solucionado. Consideramos que ello tiene que ver con una problemática de larga data y con la necesidad de reformas profundas en la gobernanza, con instituciones más eficaces, que realmente nos conduzca a una convivencia pacífica y duradera.
(4) Consideramos que el estado de emergencia no es una salida, pues el descontento permanece y se puede agudizar si es que no se resuelven los problemas de fondo. Además, si bien existen protestas sociales, en algunos tramos, creemos que no tienen la gravedad para justificar un estado de emergencia y menos para extenderlo a todo el corredor minero. Además, creemos que la estrategia de criminalización social que se materializa mediante la presentación de denuncias y la apertura de largos procesos de investigación contra dirigentes y dirigentas no debe continuar pues constituyen una amenaza a los derechos a la libre asociación y organización.
Creemos que el actual gobierno tiene el enorme desafío de emprender un camino nuevo, con una institucionalidad que sea capaz de procesar los conflictos sociales, garantizando los derechos humanos y conciliando de manera adecuada y justa los diversos intereses existentes en la sociedad.
03 de setiembre de 2018
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Restablecen el tránsito en el corredor minero hacia Las Bambas
Policía Nacional reabrió la vía hacia la mina Las Bambas que fue bloqueada por comuneros. Estado de emergencia seguirá vigente en la zona de conflicto social.
Restablecen el tránsito en el corredor minero de Las Bambas
Unos 230 vehículos transitaron entre el domingo y ayer por el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, luego de que se restableciera el tránsito (Foto: Difusión)
Fernando Alayo Orbegozo
03.09.2018 / 10:55 pm
Unos 240 agentes de la Policía Nacional restablecieron el tránsito de vehículos en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa (conocido también como corredor minero), luego de que este fuera bloqueado desde el 22 de agosto en dos sectores adyacentes a la mina Las Bambas.
El sábado último, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días a lo largo de los 480 kilómetros de la vía. Tras ello, durante el domingo por la tarde el personal policial fue desplegado en dos puntos críticos: el sector de Yavi Yavi (distrito de Santo Tomás) y en el distrito de Velille. Ambas localidades se ubican en la provincia de Chumbivilcas (Cusco).
En el primer punto, unos 70 comuneros de Fuerabamba (comunidad apurimeña que pertenece a la zona de influencia de Las Bambas) habían bloqueado la ruta con piedras y palos, e incluso cavaron zanjas para impedir el paso de los camiones que transportan el mineral desde la mina. Una situación similar se registró en Velille.
El coronel PNP Wilfredo Mar Pérez, jefe de la Región Policial Cusco, explicó a El Comercio que, además de desbloquear la vía, la policía procedió a tapar 12 zanjas para permitir el paso de hasta 230 vehículos entre el domingo y ayer por la tarde. “Sin embargo, hoy [ayer] llegaron 100 efectivos del Ejército para reforzar el resguardo. La situación aún es bastante tensa a lo largo de la vía”, dijo.
—Posiciones—
Las comunidades locales iniciaron la protesta porque
–aseguran– la reclasificación de la ruta (que en mayo pasó de vía regional a vía nacional) afectó varias propiedades comunales. También consideraron que así el Gobierno priorizaba el uso de la carretera a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.
La consejera regional de Apurímac, Evelin Cavero, solicitó ayer que el Ejecutivo establezca una plataforma de diálogo, a fin de restituir el orden en el corredor.
Pastor Paredes, director general de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a este Diario que en años anteriores la compañía minera “no hizo de manera adecuada” el reconocimiento de las afectaciones prediales en la zona. “La empresa pagó, pero ese pago no implicaba una transferencia de la propiedad de los terrenos a favor de MMG o de los gobiernos regionales”, indicó.
El funcionario precisó que como resultado no existió “un convenio entre MMG y los gobiernos regionales [de Cusco y Apurímac] para gestionar la carretera”. Recordó que en mayo pasado la ruta fue reclasificada como vía nacional –precisamente– para que el ministerio pueda asumir la gestión y el saneamiento del corredor vial.
Ante ello, MMG Las Bambas respondió: “Conforme a la legislación vigente las vías públicas deben ser administradas por el nivel de gobierno correspondiente, ya sea local, regional o nacional”. Sobre la reapertura de la vía señaló que reitera su invocación al diálogo “como único mecanismo para promover la paz social”.
Paredes también anunció que esta semana viajará un equipo del MTC a la zona para conversar con los dirigentes. En esta ocasión, dijo, no participarán los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes asesoraban legalmente a los comuneros y habrían coordinado las acciones de protesta. “Yo me he reunido con ellos hace seis semanas, a solicitud suya, y les he explicado el proceso […]. No comparto los mecanismos que usan de azuzar a la gente para el bloqueo de las carreteras […]. Creo que la información que les transmito como abogados no llega bien a las comunidades”, afirmó.
En tanto, el estado de emergencia continuará en el plazo previsto.
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Cronología desde las primeras protestas hasta cavar zanjas y bloqueos masivos en diferentes lugares
Las Bambas: cronología de los conflictos en toda la historia del proyecto minero
Desde el año 2004, cuando se abrió la convocatoria del proyecto Las Bambas, la situación no ha estado exenta de tensiones
Las Bambas
Desde el año 2004, cuando se abrió la convocatoria del proyecto Las Bambas, la situación no ha estado exenta de tensiones. (Foto: cortesía)
Redacción EC
31.08.2018 / 06:00 pm
Desde el miércoles 22 de agosto, el corredor minero que conduce a la mina Las Bambas se encuentra bloqueado por un sector de la comunidad de Fuerabamba.
Según Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad campesina Fuerabamba - Callhuahuacho, propietarios del Fundo Yavi Yavi (distrito de Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco), habrían vulnerado la propiedad privada de la comunidad debido a la resolución ministerial N°372-2018-MTC/01.02, de fecha 25 de mayo del presente año, mediante la cual se reconoció como Ruta Nacional las rutas departamentales o regionales y, en este caso, la ruta N°CU-135, en la cual se encuentra dicha propiedad privada.
Desde el año 2004, cuando se abrió la convocatoria del proyecto Las Bambas, la situación no ha estado exenta de tensiones. En estos 14 años de historia del proyecto minero, cinco personas fallecieron durante enfrentamientos.
El 20 de marzo del 2004, se abrió la convocatoria pública para el proyecto Las Bambas y tres días después de anunció oficialmente el proyecto durante la designación de René Cornejo como nuevo director de Pro Inversión.
(13/6/2004) El congresista Michael Martínez (GPDI) denunció que trabajadores y hasta 60 matones ligados al gobierno de la región Apurímac intentaron obstaculizar el diálogo e impedir el normal desarrollo de una asamblea pública sobre el megaproyecto minero Las Bambas.
(3/3/2005) Cientos de personas salen a las calles de la capital de Apurímac, Andahuaylas y Cotabambas para exigir la transferencia al gobierno regional de 141 millones de soles del fideicomiso que se pagó por la explotación del asiento minero Las Bambas.
(16/7/2012) El alcalde de Cotabambas, Guido Ayerve, denunció que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Apurímac programaron movilizar a personas desde Cajamarca y Espinar (Cusco) para generar disturbios y protestar contra el proyecto Las Bambas.
(25/7/2012) El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, firmó la resolución que instaura una mesa de trabajo en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Esta mesa se encargó de promover la ejecución de obras en dicha región con los fondos del canon minero que proviene del proyecto Las Bambas.
(7/2/2015) Un grupo de comuneros –unas 400 personas- retuvo durante cinco horas a 100 trabajadores de las empresas contratistas del proyecto minero Las Bambas. Luego de cinco horas de negociaciones entre funcionarios de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad, la Defensoría del Pueblo y policías de la zona, los trabajadores fueron liberados.
(28/2/2015) La entonces presidenta del PCM, Ana Jara, informó que el gobierno dialoga por tercera vez con los representantes de las comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho (Apurímac), con la finalidad de establecer las prioridades de desarrollo en torno al proyecto minero Las Bambas.
(7/6/2015) El entonces jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (PCM), David Montoya, informó que, tras meses de diálogo entre la empresa y las comunidades de Challhuahuacho, el proyecto minero Las Bambas (Apurímac), comenzará a operar en enero del 2016. “El cronograma es: en diciembre termina la exploración y en enero del 2016 se inicia el proyecto”, dijo.
(25/9/2015) El comité central de lucha de las provincias de Cotabambas y Grau convocó a un paro indefinido contra el proyecto Las Bambas. En Tambobamba y Chalhuahuacho –zonas cercanas al proyecto–, varios comercios cerraron.
(28/9/2015) El paro contra el proyecto Las Bambas, que empezó el viernes 25, terminó con graves protestas que dejaron 3 muertos y 23 heridos (15 civiles y 8 policías), tras los choques de policías y comuneros. El enfrentamiento duró más de 6 horas. Agentes usaron sus armas de fuego.
(29/9/2015) Manifestantes quemaron dos vehículos y se enfrentaron a la policía. El frente de defensa de Cotabambas pidió una comisión de alto nivel y que se libere a los detenidos. El gobierno decretó el Estado de Emergencia en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.
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(30/9/2015) El entonces primer ministro, Pedro Cateriano, expresó su rechazo a la tregua planteada por los manifestantes. Declaró: “No se dialogará con frentes que usan la fuerza”. Por otro lado, pobladores marcharon en Tambobamba, pese a estado de emergencia.
(1/10/2015) Alcaldes de Cotabambas y el Gobierno acordaron que una comisión de alto nivel del Gobierno viaje a la zona para buscar una salida pacífica. Asimismo, el alcalde del distrito de Challhuahuacho pidió que el Gobierno desmilitarice su localidad.
(2/10/2015) Se reunieron nuevamente en la sede del Ministerio de Energía y Minas en Lima, tanto los alcaldes de la provincia de Cotabambas (Apurímac) como ministros de Estado, justamente a un día de la instalación de la mesa de diálogo que abordará la problemática por el proyecto cuprífero.
(2/10/2015) La entonces jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba, Dalia Oros Vicente, ordenó tres meses de prisión preventiva para dos comuneros detenidos en los últimos disturbios ocurridos en el proyecto minero Las Bambas.
(3/10/2015) Se realizó una vigilia en la plaza de Armas de Andahuaylas en solidaridad con los pobladores muerto y detenidos en la movilización contra Las Bambas, en las provincias de Cotabambas y Grau. La vigilia fue convocada por el Consejo Regional de la Juventud de Apurímac.
(5/10/2015) Organismos sociales de Abancay (Apurímac) iniciaron un paro de 48 horas en respaldo de las protestas contra el proyecto Las Bambas.
(6/10/2015) La comisión de alto nivel del Ejecutivo llegó al distrito de Coyllurqui, en Cotabambas, para instalar una mesa de diálogo que permita solucionar el conflicto en Apurímac. En la reunión, el Ejecutivo se comprometió a levantar el estado de emergencia a cambio de que acaben las protestas contra Las Bambas. El gobierno se comprometió a ayudar a los familiares de los comuneros fallecidos.
(1/3/2016) Representantes del gobierno instalaron una mesa de trabajo en la provincia de Cotabambas (Apurímac), que garantizará la participación de la ciudadanía y la paz social en torno al proyecto minero Las Bambas.
(12/8/2016) Unos 400 comuneros se enfrentaron a la PNP luego de bloquear la vía utilizada para el paso de camiones de la mina.
(3/10/2016) El entonces jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, declaró a El Comercio que el conflicto en Las Bambas era una prioridad del gobierno.
(14/10/2016) Durante un choque entre pobladores y la policía alrededor de la mina Las Bambas, falleció el comunero Quintino Cereceda Huisa (42). Su cuerpo permaneció envuelto en una bandera en un cerro que divide a las comunidades de Antuyo y Choquecca, en Cotabambas (Apurímac).
(19/10/2016) Los comuneros de Cotabambas rechazaron la llegada de la comitiva del Poder Ejecutivo. El paro continuó en seis distritos cerca de Las Bambas.
(21/10/2016) Tras horas de debates, la Asamblea Permanente Provincial de Cotabambas, formada por alcaldes distritales y los presidentes de comunidades campesinas, aceptó recibir una comisión de alto nivel del Gobierno para que escuche sus demandas y solucionar el conflicto en torno a Las Bambas.
(25/10/2016) Representantes de las comunidades de Quehuira, Choquecca, Allaua y Pumamarca decidieron continuar con el bloqueo de la vía principal de acceso a la mina Las Bambas, tras reunirse con el alcalde provincial de Cotabambas, Odilón Huanaco.
(3/11/2016) El presidente Martín Vizcarra, que en aquella fecha ejercía el cargo de vicepresidente de la República, ratificó que Las Bambas debería aportar para asfaltado de vía utilizada para transportar mineral.
(6/2/2017) Bloquearon el acceso secundario al complejo minero Las Bambas, que se venía utilizando para el transporte de mineral a la costa. El principal –que pasa por la localidad de Quehuira– estuvo bloqueado desde octubre del 2016, tras una protesta en la que murió un comunero.
(8/2/2017) Continuó la tensión en las comunidades aledañas a la mina Las Bambas, radicalizándose un paro que debía durar solo 72 horas en el distrito de Challhuahuacho (en la provincia de Cotabambas) y se volvió indefinido.
(11/4/2017) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la minera MMG Las Bambas llegaron a un acuerdo con las comunidades que bloqueaban la circulación por la ruta principal de acceso a la mina.
(15/8/2017) Fuentes del Ministerio del Interior informaron que una parte del corredor minero, que usan empresas para transportar su producción a la costa, entre ellas MMG Las Bambas, había sido bloqueada desde hace varios días por comuneros de Mara, en Cotabambas. Las comunidades exigían el pago de derechos por vía que cruza sus territorios.
(22/8/2018) Pobladores de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) bloquean un tramo del corredor que conduce a la mina Las Bambas, en la zona de Yavi Yavi, distrito cusqueño de Colquemarca, en Chumbivilcas. Cerca de 70 campesinos acatan la medida de fuerza utilizando piedras y palos para impedir el tránsito de camiones. Días después, los manifestantes cavaron zanjas en la ruta.
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Campesinos bloquean vía usada por minera Las Bambas para transporte de concentrados
Las Bambas, controlada por MMG Ltd, filial de la corporación china Minmetals, opera con normalidad y su producción no se ha visto afectada, dijo un representante de la compañía que solicitó no ser identificado.
AGENCIA REUTERS / 27.08.2018 - 05:21 PM
Cientos de campesinos en Perú bloquearon una carretera usada por la minera de cobre Las Bambas para transportar concentrados hacia un puerto en el sur del país, dijeron un representante de la comunidad y fuentes de la empresa.
Las Bambas, controlada por MMG Ltd, filial de la corporación china Minmetals, opera con normalidad y su producción no se ha visto afectada, dijo un representante de la compañía que solicitó no ser identificado.
“El bloqueo se da desde el miércoles de la semana pasada, han hecho zanjas grandes que impiden el paso de los camiones por la vía”, dijo una fuente de la minera, quien agregó que espera que las autoridades restaurar pronto el paso en la carretera.
La interrupción del paso de los camiones de concentrados se produjo en una zona conocida como Yavi Yavi, en la región andina del Cusco, una ruta usada por la minera en su camino hacia el puerto de Matarani, en la región sureña de Arequipa.
Los pobladores de la comunidad de Fuerabamba reclaman el pago por el uso de la vía o la compra de sus terrenos donde pasa, considerado como su propiedad, y que el Gobierno la “declaró ilegalmente” como una carretera nacional, explicó el abogado de la comunidad, Carlos Vargas.
Las Bambas -ubicada en la región andina de Apurimac- produjo unas 453,000 toneladas de concentrado de cobre el año pasado, consolidándose, según MMG, como una de las 10 principales minas del metal rojo a nivel mundial.
La actividad minera es clave en la economía de Perú, segundo productor mundial de cobre y zinc, ya que sus envíos representan el 60 por ciento de sus exportaciones totales.
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Comuneros de Cusco bloquean corredor minero del sur
HUELGA. En Cusco exigen que minera MMG Limited los incluya como zona de influencia directa. Jefe policial pedirá a Ejecutivo que vía sea declarada en emergencia.
https://larepublica.pe/sociedad/1308618-comuneros-bloquean-corredor-minero-sur
31 Ago 2018 | 8:27 h
DESCONTENTO SOCIAL. Población de Velille decidió cerrarle el paso a los más de 370 camiones de la minera MMG Limited. Créditos: La República.
La República
La protesta estaba cantada desde hace casi un mes. El gobierno no hizo nada para evitarla. Por eso desde ayer decenas de pobladores de Velille, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), iniciaron en la madrugada una huelga indefinida y bloquearon el corredor minero del sur. Por allí circulan cientos de camiones encapsulados que trasladan los minerales de MMG Limited, dueña de Las Bambas, hasta el puerto de Matarani (Arequipa).
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Velille, Germán Salcedo Quispe, dijo que no levantarán la medida de fuerza mientras no llegue a la zona una comisión de alto nivel, integrada por representantes del Ejecutivo nacional y la minera MMG Limited.
Su pedido es ser incluidos como parte de la zona de influencia directa de la minera para que así sean resarcidos económicamente por el uso de la vía y los impactos causados por el paso diario de unos 370 vehículos que generan incesante polvareda, vibraciones y ruido.
Reclaman aporte
El reclamo viene de hace mucho tiempo. Inicialmente, sostiene el dirigente, Velille era considerada zona de influencia del mineroducto, sin embargo, cuando ese mecanismo de transporte de los minerales fue cambiado por el traslado en camiones a través de la carretera, fueron excluidos. Para incluirlos como zona de influencia “ambiental y social”, MMG tendría que modificar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Otro de los reclamos es la revisión y evaluación de los compromisos asumidos con Velille y las comunidades campesinas de Ccollana, Tumtuma y Urbanizaciones Barriales, así como la indemnización y compensación de los daños ocasionados por la empresa minera Las Bambas.
Asimismo, piden que MMG suscriba un convenio marco con las organizaciones sociales de Velille para que destine parte de sus utilidades anuales a la entrega de un aporte económico y en obras para las comunidades.
Desde ayer no hay paso por el corredor minero. El jefe de la Sétima Macro Región Policial Cusco - Apurímac, Max Iglesias, dijo que a causa de las protestas pedirán que nuevamente se declare en estado de emergencia las zonas por donde pasa el corredor minero del sur.
Sostuvo que buscarán dialogar con los dirigentes para suspender el bloqueo. Si no hay acuerdo, procederán a habilitar la carretera con el uso de la fuerza.
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Apurímac: minería y la transformación de la región
ETIQUETAS:ApurímacSector Minero
POR: MERCADOS & REGIONES 31 AGOSTO, 2018
Semáforo minero.- Una de las regiones a la que debemos prestarle una especial atención en nuestro país es Apurímac, la cual se encuentra en pleno proceso de transformación a raíz del inicio de proyectos mineros de gran escala como Las Bambas, que delinean un nuevo rumbo y avizoran un mejor futuro para su población.
Esta región predominantemente rural concentra actualmente la mayor cantidad de proyectos de la cartera minera (20%), con una inversión de $ 11.353 millones, donde figuran proyectos como Haquira, Los Chancas, Hierro Apurímac, y por supuesto, Cotabambas.
Este último proyecto obtuvo recientemente la aprobación de la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) que le permitirá a la canadiense Panoro Minerals extender su programa de perforación exploratoria a las áreas altamente prospectivas.
Se dice que este proyecto tendría el potencial de un megadepósito, ya que geológicamente tiene la misma edad que los pórfidos de la sierra sur del Perú como Las Bambas, Constancia o Haquira, y de los del norte de Chile, donde están las minas más grandes del mundo.
En esa línea esperamos pronto recibir buenas noticias sobre Cotabambas y demás proyectos por el bien del país. No debemos olvidar que gracias al impulso de la minería y su poder dinamizador Apurímac redujo la pobreza a la mitad entre el 2007 y 2017 (de 69.5% a 35.9%). Tampoco que esta región fue la que más aportó al crecimiento de la economía nacional el año pasado.
De otro lado, saludamos la propuesta del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que viene trabajando en una ley para formalizar a cerca de 400 mil mineros informales y de esta manera incorporarlos a la economía. Con ello, no solo se contribuirá a un mejor cuidado del medio ambiente o al crecimiento nacional, sino también al resguardo de la salud y seguridad de los trabajadores.
Precisamente este último aspecto es un tema desafiante en este tipo de minería, que recientemente produjo la lamentable pérdida de seis mineros en Camaná y a cuyos familiares expresamos nuestras condolencias y solidaridad.