El gobierno clientelar y extractivista ha anulado en la práctica la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ha optado por favorecer plenamente al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, facilitando la tarea contaminadora, depredadora y destructiva a las empresas trasnacionales extractivistas. El conflicto del TIPNIS ha develado el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Después de la VIII marcha indígena, ha promulgado una Ley de Consulta que contraviene flagrantemente a lo que manda la Constitución, una ley que es un dispositivo de las máquinas extractivistas del capitalismo financiero y especulativo.