La metamorfosis institucional perversa

25.09.2018
La metamorfosis institucional perversa
Raúl Prada Alcoreza

Dedicado a Jhiery Fernández, víctima del sistema de administración de justicia de la extorsión y la culpabilización generalizada.

No todo lo que pasa se conoce, no todo lo que se conoce se nombra; cuando se lee lo que se nombra se termina creyendo que lo que se nombra es el mundo efectivo; solo es parte del mundo de las representaciones. Lo más reductivo resultan ser los nombramientos políticos, así como los nombramientos ideológicos, pues se trata de nombres demasiado circunscritos, muy cercanos de los prejuicios y de los esquematismos. Peor aún, cuando se trata de nombres jurídicos, es decir, de nombres que juzgan; mucho peor de nombres que condenan. Entonces, estamos ante un mundo de las representaciones demasiado fijos, anclados en el nombramiento de la pena y del castigo. El problema es que son estos nombres los que se usan para decidir sobre la vida o la muerte, sobre la libertad o la condena. Otro problema, es el que los que emiten el discurso de la condena sean jueces que creen que el acto de juzgar es meramente un acto de poder, de ejercer poder. La justicia queda como vaho discursivo inalcanzable; lo que se aplica es el pragmatismo más cínico, el oportunismo más desenvuelvo, el descomedido interés en preservar la estructura de poder consolidada.

Eso, lo que acabamos de expresar, es como el marco teórico de las interpretaciones del ejercicio del poder y de la administración de justicia. Empero, cuando nos adentramos a los sucesos tal como acontecen, relativos a estos asuntos, entonces nos adentramos en profundidades dramáticas, donde las manifestaciones develan la elocuencia de lo inconcebible. El caso del bebé Alexander nos muestra el alcance del fenómeno nombrativo y normativo, del uso del lenguaje especializado y de su aplicación en la administración de justicia. Los nombres de la administración de justicia son lapidarios; “culpable” es un denominativo categórico, que define y decide el destino del o de la juzgada. El contenido del discurso jurídico no solo es el “delincuente” sino el “culpable”. El diagrama de poder de la disciplina, que contiene al discurso jurídico, particularmente aquél dedicado al veredicto de la condena, produce “culpables”.

El o la “culpable” es no solamente el contenido de la forma del juzgar sino es el sujeto indispensable para la reproducción del diagrama de poder que juzga, pena y castiga. Sin “culpables” no hay posibilidades de encarcelar, de cargar la condena en el o la “culpable”; el sistema de la administración de justicia no podría reproducirse. El discurso ligado a la invención de la arquitectura carcelaria se justifica diciendo que se trata no solamente de suspender los derechos y privar de libertad al “delincuente”, sino de rehabilitarlo para su reincorporación social. Este supuesto objetivo del proyecto y después construcción de la cárcel han fracasado; las cárceles no han servido para rehabilitar, menos para reincorporar a los y las encarceladas, pues no solamente quedan marcadas de por vida, sino que, usando los mismos términos del discurso penal, no se rehabilitan ni se incorporan a la sociedad. Se conforma una sociedad subterránea de los y las gentes marcadas por la condena. Sin embargo, a pesar de haber fracasado el proyecto carcelario persiste. ¿Por qué?

Se ha montado toda una arquitectura institucional, un conjunto de mallas institucionales, dispositivos y disposiciones en la geografía social, toda una burocracia de funcionarios especializados que atienden la administración de justicia, acompañada por encargados de velar el orden y el cumplimiento de la ley, la policía, que resulta inconveniente desmantelar esta arquitectura, estas mallas, estos dispositivos y disposiciones, esta burocracia de funcionarios y profesionales especializados, esta policía, pues se dejaría seseantes a toda este contingentes de personas, encargadas de hacer funcionar el sistema. En estas condiciones y circunstancias la prioridad se convierte el de preservar y reproducir el sistema de administración de justicia. ¿Dónde queda la justicia misma, es decir, aquella que juzga y dirime sobre la inocencia o la culpabilidad? Para decirlo en términos del sentido verídico pretendido por el discurso jurídico: ¿Dónde queda la verdad?

Si tuviéramos que sopesar sobre la importancia de los personajes de la narrativa jurídica, siendo uno de ellos él o la “inocente”, siendo otro de ellos, entre otros más, el o la “culpable”, tomando en consideración todavía sólo estos dos personajes nombrados, podemos decir que el personaje que tiene más peso es la o el “culpable”. Dado el caso extremo, por cierto, hipotético, de que todos fueran inocentes, no habría razón para la existencia de una administración de justicia y de una policía. El o la “culpable” es una necesidad para la reproducción del sistema judicial y del sistema policial. Entonces, es un requerimiento el “descubrirlo”, señalarlo o, en caso necesario, inventarlo. Podemos decir que estos procedimientos son inherentes al sistema, son parte de su funcionamiento y reproducción. Siendo ya esto una calamidad, pues un sistema de estas características no debería formar parte del sistema social, la problemática se ahonda cuando la invención de la o el “culpable” se convierte en la práctica recurrente de la administración de justicia; más aún, cuando se lo hace de manera grotesca. Por ejemplo, cuando se impide la debida defensa, cuando se desechan los informes de investigaciones y pericias, cuando no se escucha a testimonios, cuando se declara en reserva el proceso judicial en marcha, ocultando al público lo que se hace y la marcha misma del proceso. Cuando se inculpa a alguien que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos que se juzgan. Cuando no se guardan ni siquiera las apariencias de un proceso judicial se emprende la práctica de lo grotesco a beneplácito de jueces y fiscales comprometidos. La pregunta es: ¿si es así, de este modo se garantiza la reproducción de la administración de justicia?

Todo sistema requiere de su propio funcionamiento interactivo entre subsistemas, requiere de retroalimentación, requiere mantener el equilibrio del sistema mismo, para que no entre en crisis. Cuando no ocurre esto, el sistema entra en desequilibrio, en crisis. Ahora bien, ¿qué pasa cuándo un sistema funciona de otra manera, por ejemplo, exacerbando la invención del “culpable”? Cuando no importa el cumplimiento de los procedimientos reglamentados, cuando lo que importa es forzar un veredicto antelado: “culpable”. Si un sistema funciona de esta manera y no colapsa como se espera, es que no se esta en el sistema nombrado sino en otro sistema. No es ya un sistema de justicia sino un sistema de culpabilización generalizada. Un sistema que convierte a todos en “culpables”, anteladamente, mientras no demuestren lo contrario. Parece una antípoda del sistema de justicia liberal, por lo menos expuesto teóricamente. Como dijimos en ensayos anteriores, se trata de un sistema de extorsión.

La dramática muerte de un bebé en manos de un sistema de extorsión

El drama de gran parte de los bebés que nacen en Bolivia quizás se resuma, obviamente de manera trágica y breve, en el corto lapso de vida que tuvo el bebé Alexander, y la larga muerte que le sucede, pues el aparato administrativo de justicia se apoderó de la muerte para hacer escarnio en el cuerpo de un inocente, un médico que ni siquiera tuvo contacto con el bebé, que fue llevado en condiciones lamentables al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz, cuatro meses antes de morir. Según la crónica que reproduce Rascacielos, suplemento de Página Siete, “presentaba varios problemas de salud, relacionados al maltrato y al abandono: desnutrición, baja talla, problemas gástricos y dérmicos, además de intolerancia a la lactosa”[1]. El sistema de administración de justicia requería de un “culpable” para cerrar el caso.

“La mañana del 13 de noviembre de 2014, Alexander, de ocho meses, fue evacuado del Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la gobernación de La Paz, sin signos vitales. Lo trasladaron desde obrajes, en la zona Sur, hasta el Hospital del Niño, en Miraflores, donde le practicaron la primera reanimación tras un paro cardiaco. Por falta de espacio de Terapia Intensiva, el pequeño fue derivado al Hospital Juan XXIII de Munaypata, donde los médicos alertaron sobre signos evidentes de maltrato, sangrado y lesiones en la región anal. Luego de sufrir tres paros y luego de una falla multiorgánica, Alexander falleció a las 18:30 de ese mismo día”[2]. Este es el desenlace fatal en un país que no tiene capacidad de asistir a los bebés en condiciones parecidas.

Lo que viene después es el diferimiento perverso de su muerte, diferimiento administrativo, de parte de un sistema de justicia carcomido por la corrosión institucional y la corrupción galopante, siendo ya parte atravesada y cooptada por el lado oscuro del poder. “El primer informe, realizado en el Juan XXIII, estableció que la hemorragia fue consecuencia de una posible “penetración antinatural”: una violación. Teoría que fue puesta en duda por los peritos que realizaron la necropsia”[3]. Aquí empieza la vía crusis de Jhiery Fernández, el médico acusado e imputado y después condenado por la fiscalía. “Después de cuatro años, varias dudas se mantienen. Según el abogado Cristian Alanes, defensor de Fernández, el proceso se inició con la pericia de la doctora Ángela Mora, quien fue enviada al hospital Juan XXIII (donde falleció el bebé) para tomar un hisopado, que, en cadena de custodia, debía ser remitido al IDIF. En lugar de eso, sin ninguna orden, hace una valoración forense y llega a determinar que ‘no se descarta’ una agresión sexual. El jurista sostiene que la sentencia al médico se sustenta en dos indicios que, en su opinión, no pueden ser considerados como pruebas. El primero es que, según el Tribunal de Sentencia, el único varón presente el 13 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima era Fernández. El segundo, que el hisopado en el recto del bebé evidenció la presencia del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). El PSA es una proteína sin núcleo que no puede usarse para determinar ADN. Si bien solo es producido por un hombre adulto, únicamente las evidencias genéticas pueden establecer si hubo agresión sexual o contacto con la víctima”[4].

Lo que sigue confirma la invención del “culpable”. No solamente el sistema judicial, sino también la forma de gubernamentalidad clientelar requerían señalar un “culpable”. Ante la evidencia de la vulnerabilidad de los bebés, las grandes debilidades del sistema de salud, las airadas interpelaciones públicas, que buscaban justicia, el descontento acumulado por parte del pueblo ante su propio desencantamiento de un “proceso de cambio” que no existe, se busca una solución rápida, cueste lo que cueste. Se opta por un montaje atroz para castigar y condenar al sospechoso. “El presidente del Colegio de Médicos de La Paz, Luis Larrea, asegura que una revisión genética de todas las muestras recolectadas del bebé (en los pañales y una manta) demuestra que no hay presencia de ADN Fernández. Esto fue incluido en el cuaderno de investigaciones, pero no fue valorado. No son las únicas pruebas que se descartaron. La asambleísta Vilma Magne dice que hubo ‘varios detalles que podían haber servido para la investigación”, pero que la Fiscalía ‘nos ha amedrentado con el argumento de que estábamos estorbando las pericias’, lamenta. Uno de los detalles que llamó la atención fue que, en una indagación en el hogar, los asambleístas se enteraron de que el día previo a su muerte, Alexander tenía consulta médica programada a la que no fue llevado. ‘Nunca supimos la causa, no hubo explicación. Si la lesión era de días, ahí podría haberse encontrado’, y añade que ‘cuando se hizo requerimiento de la necropsia no pudimos acceder a los resultados porque se declaró reserva de 10 días que se han extendido por más de tres años’. Días después de la finalización del juicio oral, la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que Fernández fue declarado culpable sin pruebas científicas que evidencian su autoría”[5].

Se puede decir que éste es el estado de situación no solo del sistema de administración de justicia, sino también de los otros sistemas que conforman los aparatos administrativos del Estado; tanto el Fiscal General como el Fiscal de La Paz son militantes del partido de gobierno; son las autoridades involucradas en la invención del “culpable” en el caso del bebé Alexander. Por otra parte, los jueces involucrados del Tribunal de la Sala de Sentencia son tanto resultado de lo que ha venido aconteciendo desde las magistraturas impuestas, pese a la derrota electoral de magistrados, cuando ganó el nulo por dos veces consecutivas, como también de la herencia de gestiones de gobiernos anteriores. Se sumaron dos tendencias, una pasada y otra reciente, en la marcha descalabrada de la corrosión institucional. Entonces, también se trata, no solamente de juristas, sino de hombres de gobierno. Es un estado de situación del Estado-nación, que se autonombra como “Estado Plurinacional”.

Antes identificamos este derrumbe como decadencia, pero no basta esta definición general en una etapa en el círculo vicioso de poder; tampoco mencionar los alcances de la degradación ética y moral. Sino de cómo funciona este disfuncionamiento estatal. Lo que funciona es el sistema judicial de la extorsión generalizada y de la culpabilización generalizada. Lo que funciona es el lado oscuro del poder, que ha subsumido el lado luminoso del poder, el lado institucional. En consecuencia, las normas y las reglas de las formas institucionales no son las que rigen efectivamente, salvo como apariencia, las prácticas efectuadas en las mallas institucionales del Estado, sino las “normas” y “reglas”, si podemos hablar así, del lado oscuro del poder. Entonces, cuando las formas paralelas del poder del lado no institucional no solamente atraviesan a las mallas institucionales del lado luminoso del poder, sino cuando lo han subsumido, el funcionamiento de las instituciones estatales se ha transformado, ha sufrido sus mutaciones y metamorfosis, convirtiéndose en máquinas no ya del Estado-nación como tal, sino del super-Estado del lado oscuro del poder.

Llamemos a este fenómeno el de la metamorfosis perversa del Estado y de las instituciones. Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno démonos un ejemplo, por cierto, figurativo; ocurre como se inoculará un virus al interior de las máquinas institucionales; desde adentro, el virus avanza, empieza a contaminar a toda la estructura institucional, va tomando sus partes, hasta que termina de controlar. Como se puede ver, no es un fenómeno meramente endógeno, pues el patógeno parece provenir de afuera, de la exterioridad y los entornos institucionales; pero, cuando una vez se afinca adentro, el proceso de deterioro de corrosión institucional aparece como un proceso interno. El problema es que, a pesar, de haberse transformado la máquina institucional sigue guardando la apariencia de que nada pasó, se presenta como si no hubiera sufrido las mutaciones y las metamorfosis de las que hablamos. Por eso, los usuarios de las instituciones no se dan cuenta lo que ha pasado, incluso, se puede decir, que tampoco los funcionarios, pues les termina pareciendo que este funcionamiento “anómalo”, por así decirlo, es “normal”. Entonces, tanto usuarios como funcionarios son arrastrados a los efectos incontrolables del nuevo funcionamiento de las instituciones. Se acostumbran a que sea así; y como cumplen con las rutinas, terminan reproduciendo las nuevas características de las máquinas del poder, las de la dominancia del lado oscuro.

El sistema de administración de justicia ha experimentado, hace tiempo, esta metamorfosis perversa institucional. El problema es que tanto usuarios como funcionarios se acostumbraron al monstruo que emerge de a crisálida institucional; lo reproducen en las prácticas, tanto de los funcionarios como de los usuarios. Aceptan las reglas del “sistema”, aunque no estén explícitamente institucionalizadas; las hacen funcionar de esa manera paralela, opaca y hasta oculta. Hay pues como una complicidad dada, aunque no plenamente aceptada, entre funcionarios y usuarios. Además, las otras instituciones colaterales y correlativas también funcionan de esa manera, coadyuvando en el disfuncionamiento del sistema judicial, visto desde la perspectiva institucional, o en el funcionamiento perverso del sistema, visto desde la perspectiva pragmática. Por ejemplo, la policía es la fuerza que hace cumplir la “ley” como administración de ilegalidades, es decir, el cumplimiento de la interpretación perversa de la ley. Así ocurre con las otras instituciones; otro ejemplo, el Congreso llega avalar esta metamorfosis perversa institucional. Por otra parte, también los medios de comunicación terminan “legitimando” este funcionamiento perverso, pues se atienen, en su mayoría, a emitir información sensacionalista, sin llegar a construir una información veraz. Incluso, la crítica cae en una especie de concomitancia, sin quererlo; pues busca también “culpables”, aunque se lo haga de otra manera. Con esto no se niegan las responsabilidades, personalizadas, sino que es indispensable entender que no se trata de sustituir a unos “malos” funcionarios por otros “buenos”. En el caso hipotético de que los haya, estos “buenos” funcionarios están condenados a actuar en una maquinaria institucional tomada por el lado oscuro del poder.

La salida al círculo vicioso del poder, en su etapa decadente y de mayor degradación, no se encuentra en la sustitución de personas, “buenas” en vez de “malas”, se trate del ejecutivo o de los otros órganos de poder del Estado, sino de desmantelar la máquina institucional tomada por el virus perverso inoculado por el lado oscuro del poder.

Notas

[1] Leer Alexander, el ángel y los infiernos. Suplemento Rascacielos 35/18. Página siete.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.