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Solución por el desastre: política de hidrocarburos en tiempos del MAS
Página Siete
Carmen Crespo
lunes, 24 de septiembre de 2018
El año 2008, el presidente Evo Morales indicaba: “Es nuestro cuestionamiento: primero la tierra para la vida, y no la tierra para la chatarra”, refiriéndose a que era prioritario producir alimentos en vez de combustibles. ¿Por qué el Gobierno cambió de opinión?
Es necesario revisar la política de hidrocarburos en el gobierno del MAS. El inicio fue la decisión de renegociar los contratos petroleros para lograr una mayor participación del Estado en épocas de alza de precios. Esta decisión fue correcta, pero la forma de ejecución tuvo dos consecuencias negativas.
La primera fue el freno de las inversiones en exploración, que resultó en la inexistencia de nuevos descubrimientos comerciales, y la caída de las reservas (el Gobierno ha presentado recientemente los datos de certificación de las reservas, y no ha podido responder los cuestionamientos de los especialistas y tampoco ha publicado el informe que los sustenta).
La segunda fue el incentivo a los operadores a inflar los costos recuperables: la amortización de inversiones creció en 150% y los costos de operación en 126% entre los años 2008 y 2017. El resultado es que la participación del Estado en el negocio petrolero, a fines de 2017, fue de 1.896 millones de dólares, 12% menor a la del año 2008 y apenas el 34% de la lograda el año 2014, cuando se alcanza el máximo histórico (fuente: YPFB).
Las razones son la caída de los precios internacionales del petróleo, el crecimiento del consumo doméstico, además del crecimiento de los costos recuperables ya mencionado. Es decir, el escenario es un negocio que representa cada vez menores ingresos para el Estado.
El próximo año vence el contrato de compra venta de gas natural a Brasil y no se conocen las condiciones en que se estarían realizando las negociaciones, pero queda claro que Brasil presionará por condiciones distintas, menos favorables para Bolivia. De la misma manera, Argentina tiene cada vez menos interés en comprar gas natural. Es decir, los mercados no están garantizados y se prevén peores condiciones comerciales, lo que disminuirá aún más los ingresos.
Otro componente de la política de hidrocarburos fue la compra por parte del Estado de las empresas del sector (los precios y las condiciones en que se hicieron las compras deberían ser objeto de análisis). El resultado es hoy un sector petrolero casi completamente de propiedad pública, controlado por YPFB, y verticalmente integrado. Sin embargo, no se modificó la cadena de precios ni la determinación de precios en cada fase de la cadena; es decir, no se adecuó la normativa y la regulación a la nueva estructura económica del sector.
Tenemos hoy una cadena de precios concebida para la existencia de muchos operadores privados, siendo administrada por un único operador público, con impuestos y subsidios cruzados en medio que distorsionan los mercados y los precios. Además, el precio subsidiado incentiva el contrabando de combustibles hacia los países vecinos y obliga a importaciones cada vez mayores, que suponen gastos cada vez mayores.
El Gobierno está enfrentando los problemas descritos con dos medidas: promoviendo la exploración en áreas protegidas con la tecnología ambientalmente más destructiva, el fracking, e intentando sustituir parte de las importaciones con biocombustibles, lo que provocará una enorme deforestación. Es decir, está respondiendo de la peor manera posible, intentando que la naturaleza pague el precio de su mala gestión. Esa es la razón última de la promulgación de la llamada Ley del etanol.
Las soluciones de largo plazo pasan por incentivar la eficiencia energética en el sector y en el consumo final, por redefinir la matriz energética, por la reestructuración normativa y regulatoria del sector (incluyendo el régimen fiscal del upstream y la política de asignación de áreas de exploración), y, fundamentalmente, por abandonar el modelo económico extractivista basado en la sobreexplotación de recursos no renovables y la destrucción de la naturaleza. La propuesta es avanzar en esa dirección.
Carmen Crespo es economista especializada en energía y medioambiente, graduada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Calgary, Canada.