Economía Política de Bolsillo: Pobreza - Parte I

Vamos a meternos con algunos indicadores de pobreza. En esta primera parte, iremos a las mediciones del INDEC y de la UCA. En la siguiente, nos sumergiremos en los aportes de la Economía Feminista al debate.



Economía Política de Bolsillo: Pobreza – Parte I
3 octubre, 2018 por Redacción La Tinta

Por Rocío Alonso y Gonzalo Ávila para La tinta

La pobreza, desde hace mucho tiempo, es materia de debate, tanto sus causas como cómo solucionarlo. Hay quienes piensan que no hay que preocuparse porque, dejando que ande la maquinaria, se resolverá por sí mismo – la hermosa teoría del derrame- o, incluso, están quienes promueven que cada cual es pobre porque quiere. Esto también lo vemos en campañas electorales con slogans como “Pobreza Cero” y en dichos al estilo de “no hay que medir la pobreza porque es estigmatizante”.

Si bien no pretendemos meternos en este debate (el cual creemos que está íntimamente ligado a discutir la desigualdad social que produce el capitalismo-patriarcado), en esta nueva entrega de “Economía Política de Bolsillo”, vamos a meternos con algunos indicadores de pobreza. En esta primera parte, iremos a las mediciones del INDEC y de la UCA. En la siguiente, nos sumergiremos en los aportes de la Economía Feminista al debate.

El INDEC releva una canasta alimentaria básica (productos que necesita un adulto varón -sí, varón- de 30 años para vivir un mes, con una determinada cantidad de nutrientes) y una canasta total (lo anterior más lo que gasta en educación, recreación, salud, vestimenta, etc.). A partir de ese relevamiento de precios, establece una línea de ingresos necesarios para comprar esos productos y servicios que nos dice que todas las personas que estén por debajo de la canasta total son pobres y quienes están por debajo de la canasta alimentaria son indigentes.

El resultado de dichos cálculos para el primer semestre del 2018 fue para una canasta alimentaria básica de un adulto equivalente igual al valor de $2.627,37 y la canasta total fue de $6.515,88. Por otro lado, para un hogar tipo 2, compuesto por un varón de 35 años, esposa de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la canasta básica quedo en $7.840,72; y $19.601,79 la canasta básica total.

Según esta metodología, las cifras de pobreza, en el primer semestre de 2018 (recién salidas del horno del INDEC), representan a 19,6% de hogares (1.777.249) y a un 27,3% de personas (7.581.118), a nivel nación argentina. Estas cifras presentan una disminución respecto del primer semestre de 2017, pero un alza con respecto al segundo semestre del 2017, de 25,7% a 27,3%. Sobre los números propios del Gran Córdoba, 466.890 personas sobre 1.541.391, esto es muy cerca de 1 cada 3, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Ahora bien, un par de preguntas y aportes se nos abren aquí. Una de ellas es que, para reducir la pobreza efectivamente, hay que luchar por mejores ingresos para el conjunto de los sectores populares. Sea a través de sindicatos o movimientos sociales. Y que eso dispara otra pregunta en términos de economía política: ¿a quién se le saca o quién pierde para que otras ganen?, pues bien sabemos que en las luchas sociales no todos y todas ganamos.

Otras nos llevan a preguntarnos qué alimentos y productos están dentro de la canasta (así como la ponderación que tienen); sobre la representación de un varón en esa canasta (¿que ocurre con los costos de menstruar como nos dice las compañeras de Economía Femini(s)ta?), y, por último, quién es la persona que percibe ese ingreso dentro del hogar como indicador de posición de dominación/subordinación.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)
Pobreza UCA: ¡derechos sociales al ataque!
Este segundo indicador, tal y como es presentado por la Universidad Católica Argentina, es más adecuado que el de una dimensión de pobreza sólo por ingresos. La UCA busca complementar la dimensión monetaria (ingresos como mide el INDEC) junto con los derechos sociales que no se poseen (alimentación, salud, educación, información, empleo y seguridad social, servicios básicos). De esta manera, la pobreza adquiere una mayor complejidad que tan sólo por encima o por debajo de una línea de ingresos. Así, tenemos 4 cuadrantes posibles:

1) Pobreza extrema: Hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de indigencia y con al menos tres carencias vinculada a derechos.
2) Pobreza no extrema: Hogares cuyos ingresos se encuentran entre la línea de indigencia y por debajo de la línea de pobreza, y tienen al menos una carencia vinculada a derechos.
3) Vulnerabilidad por carencias sociales: Hogares se encuentran sobre la línea de pobreza, pero tienen al menos una carencia vinculada a derechos.
4) Vulnerabilidad por ingresos: Hogares cuyos ingresos se encuentran bajo la línea de pobreza, pero no tienen ninguna carencia vinculada a derechos.

Según esta encuesta, 3,4% de los hogares presenta pobreza extrema (con un promedio de 4,5 carencias por hogar), pobreza no extrema 15,2% (con un promedio de 3,3 carencias por hogar), vulnerabilidad por carencias 43,3% (con un promedio de 2 carencias en cada hogar) y 0,9% de hogares con vulnerabilidad por ingresos.
Siguiendo con las mediciones de la UCA, se reconoce como derechos sociales para medir la pobreza a la alimentación saludable (4,3% de hogares carece de este derecho), cobertura de salud (18,9%), acceso a servicios básicos como cloacas, agua corriente, gas natural y electricidad (34,1%), a una vivienda digna (21,4%), al empleo registrado y a la seguridad social (26,7%), a la educación (34,7%) y a la información (27,1%). A su vez, si vemos por total de carencias, la UCA, establece que el 63,1% de los hogares tiene al menos una carencia, 41,3% al menos dos y 28,1% al menos tres carencias.

Como se evidencia en esta primera aproximación, las dos formas de medir la pobreza son muy distintas. Y no sólo eso, sino que también las acciones que podamos y queramos encarar para transformar esta realidad son totalmente diferentes.

Entonces, es preciso hacernos algunas preguntas también: ¿Qué tipos de derechos sociales quedan por fuera, pero que, aún así, nos hacen pensar en la dimensión de la pobreza? ¿Cómo poder articular las luchas por mejoras en las condiciones económicas de vida y las luchas por mejorar las condiciones políticas de los sectores populares (si es que no están articuladas de por sí)? Resuenan en nuestros oídos los gritos de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, así como el de ¡Que sea Ley! de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Aquí dejamos esta entrega; en la próxima, los aportes desde la Economía Feminista.

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(Imagen: Colectivo Manifiesto)
*Por Rocío Alonso y Gonzalo Ávila para La tinta.

*Rocío Alonso es integrante del Espacio Feminista en la SEC de Córdoba.

*Gonzalo Ávila es integrante del Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía (CoPenCE) de la SEC.