CARTA ABIERTA A LA COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Señores
COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Congreso de la República
Bogotá
Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin
alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.
Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en
La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la
inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo
convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.
Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de
Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial
urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta
decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó
ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los
excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la
Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar
judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los
principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el
asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el
pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la
extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo
colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio
del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra
soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz
-que es el derecho más importante- en manos de personajes como
Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el
destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.
Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha
contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber
liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón
Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del
Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de
Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos
personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron
arrastradas por el viento.
Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO
CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso
Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de
ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle
mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió
después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y
“conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los
acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos.
¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo
Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus
extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes
cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la
colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de
una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que
éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de
Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial
del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo
de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica
que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres
gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no
tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le
otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el
Rubicón por temor a la jauría.
Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana,
sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya
no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su
jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo
único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el
conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de
convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para
asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal
Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de
la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar
encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así
su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del
poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para
destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de
Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la
Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin
tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos
con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del
conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas
de aire.
Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del
Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso
anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales
Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía
quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer
Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones
de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique
dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada
porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los
campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay
formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos
alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la
Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con
ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo
económico a esas estructuras criminales, que según Memoria
Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas
en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.
El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia
que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber
acordado antes los términos de la reincorporación económica y social
de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan
los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en
la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel
Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la
única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos.
Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la
indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales
cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol
de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar
proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos
diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto
colocados tan generosamente por los países donantes.
Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es
cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a
la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto
sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque
de lo posible se ocupan los demás todos los días.
Reciban de nuestra parte un saludo cordial.
Iván Márquez Oscar Montero (El Paisa)
Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge
Briceño