Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo

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Una vuelta de tuerca al extractivismo: el fracking como el nuevo “El Dorado”

Si ni siquiera EEUU con toda su tecnología y liderazgo en la industria petrolera puede gestionar estos líquidos. ¡¿Quiere que le creamos al gobierno, a los académicos de la UNCO y la UNRN, al IAPG y a YPF, que Argentina sí lo logrará?! ¡Habrá que rezar para que Dios sea argentino! Cantidades ingentes de efluentes que retornan a partir de fracturar decenas de veces los mismos pozos, no existe hoy otra alternativa que volver a inyectarlos en la tierra, con los potenciales riesgos que esto implica. Con los problemas de corrosión, de mala construcción de pozos, con el deterioro natural de materiales de construcción humana, con las tensiones geológicas a las que los materiales se ven expuestos. Mal por esta “ciencia petrolera” que parece haberse convertido en una religión cargada de dogmatismo. Que no cuestiona sus bases, que se cree todopoderosa.
Pablo Silveira, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua Allen (APCA-Allen), “Mitos del fracking”, carta de lectores, Río Negro1
La palabra creíble lamentablemente no es la del gobierno, ni de las operadoras porque son partes interesadas y porque la historia demuestra que a veces hay cambios de discursos y que ha habido problemas de contaminación. La credibilidad
1 Disponible en versión reducida en: .
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habrá que descubrirla por otro camino, de por sí deberían ser las universidades, pero a veces las universidades vienen subvencionadas por las mismas mineras y no tienen toda la libertad de expresión e intelectual para presentar las cosas como son.
Virginio Bressanelli, obispo de Neuquén, en conferencia de prensa sobre el tema del fracking, 7 de marzo de 2014
De la recuperación de ypf a la firma del convenio con Chevron
El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA al grupo Repsol por parte del Estado nacional. “Somos el único país de Latinoamérica –y yo diría casi del mundo– que no maneja sus recursos naturales”,2 reconoció la presidenta, en medio de fuertes aplausos. El anuncio presidencial redefinió una vez más la agenda política, mostrando la capacidad de reinvención del kirchnerismo y obligando a propios y extraños a posicionarse en relación con el tema. Por un lado, el anuncio despertó grandes ilusiones, visibles en la inmediata adhesión de amplios sectores de la sociedad, a raíz de la significación –tanto real como simbólica– que YPF ha tenido como empresa productiva nacional, desde la época de Enrique Mosconi, pasando por la expansión durante el primer peronismo y el desarrollismo de los años sesenta, hasta su crisis y privatización en los noventa. Por otro lado, desde las filas del oficialismo, pese a que la presidenta había renovado su mandato presidencial con el 54% de los votos en octubre de 2011, el anuncio tendría la virtud de reverdecer el discurso épico, que venía claramente en baja, luego de lo sucedido con la megaminería y con la tragedia en la estación de trenes de Once de la ciudad de Buenos Aires (22 de febrero de 2012).
Vale la pena volver sobre ese contexto. En enero de 2012 se produjo la pueblada de Famatina, en La Rioja, que permitió visibilizar a nivel nacional las luchas contra la megaminería. Poco después, la presidenta anunció un “gran debate” sobre la actividad minera, pero dejando en claro cuál era la posición del gobierno nacional al respecto: con argumentos abiertamente
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denigratorios, fustigó a los sectores ambientalistas, agitó una idea débil de “sustentabilidad”, reafirmó su alianza estratégica con las corporaciones mineras, y apoyó a rajatabla a los gobernadores promineros a través de la creación del Organismo Federal de Estados Mineros (OFEMI). Tal como hemos analizado en el capítulo 5, luego de este alineamiento explícito con las empresas transnacionales, que incluyó el rápido cierre de los canales informativos (grandes medios de comunicación) a las voces críticas sobre el tema, las luchas contra la megaminería se tornaron aun más desiguales y los episodios de represión más frecuentes. Aun así, como hemos señalado, el Famatinazo desnudó uno de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, aquel que tiene que ver con su vínculo con las grandes corporaciones.
Algo similar sucedió con la tragedia ferroviaria de Once. El hecho, que costó la vida a 52 personas, puso de manifiesto que la precariedad no era un tema del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios que el Estado nacional concede a las empresas no han hecho más que potenciar la nueva “patria contratista” o el “capitalismo de amigos”, tantas veces denunciado, con total desprecio por la calidad de vida –y por la vida– de los usuarios. Además, a diferencia de la megaminería, que volvería a ser marginalizada y devuelta a la agenda de las provincias, la tragedia de Once no admitía posibilidad alguna de provincialización ni de amortiguamiento simbólico.
Fue también durante ese agitado verano de 2012, luego de que en diciembre de 2011 se sancionara la nueva Ley Antiterrorista, que diversos referentes de la izquierda denunciaron la existencia del Proyecto X, un plan de investigaciones instalado por el gobierno desde el Ministerio de Seguridad para espiar a las organizaciones sociales. Si a eso sumamos el nuevo impulso que tomó la inflación desde los primeros meses de aquel año, sistemáticamente negada desde el oficialismo, podemos concluir que el escenario político era bastante complicado y parecía estar a años luz de aquel abrumador 54% de los votos obtenidos en octubre de 2011, con el que Cristina Fernández de Kirchner había renovado su segundo mandato presidencial. De modo que el anuncio de la recuperación de YPF fue muy oportuno desde el punto de vista político, mostrando una vez más la productividad política del peronismo en el gobierno.
Sin que mediara ninguna autocrítica, el discurso del oficialismo volvía a adoptar un tono fundacional. Nada se decía, por ejemplo, acerca de la responsabilidad del actual gobierno en el vaciamiento de YPF en los últimos diez años (sobre todo, con el ingreso de un empresario amigo, Enrique Eskenazi), y mucho menos se evocaba la propia responsabilidad
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del justicialismo y de Néstor Kirchner, cuando este fue gobernador de Santa Cruz en la privatización de YPF.3 Cierto es que se subrayaba la gravedad de la crisis energética, al reconocerse que, por primera vez desde la desnacionalización de YPF en 1991, el país había pasado a ser importador neto de gas y petróleo, al tiempo que se anunciaba que no se tolerarían “maniobras, presiones y extorsiones” de parte de Repsol-YPF, corporación a la que se hacía absoluta responsable de tal situación, entre otras razones, por la falta de exploración de nuevos yacimientos y de reinversión económica.
Por otro lado, el discurso presidencial dejaba en claro varias cuestiones fundamentales acerca del carácter mismo de la expropiación. Pese a las consignas militantes que pronto hablarían de la “nacionalización” de YPF, la presidenta aclaraba que “el modelo que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada”.4 Asimismo, el discurso evidenciaba la identificación entre soberanía hidrocarburífera y soberanía energética, pues en ningún momento se planteaban otras alternativas que apuntaran a la necesaria diversificación de la matriz energética argentina, dependiente casi en un 90% de los combustibles fósiles (Sabatella, 2010; Solanas y Rigane, 2007).
Luego de nombrar a los funcionarios que se harían cargo de la intervención de YPF y anunciar que el presidente de la empresa sería Miguel Galluccio, un técnico con trayectoria en empresas transnacionales (sobre todo en hidrocarburos no convencionales), la presidenta envió el proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones al Congreso Nacional para que fuera votado por diputados y senadores. La medida generó posicionamientos incómodos y, en algunos casos, una suerte de encerrona, sobre todo para aquellos políticos, organizaciones e intelectuales de izquierda y centro-izquierda que desde hacía años venían insistiendo en la necesidad de retomar el control de la empresa petrolera, pero que diferían en muchos puntos con la propuesta gubernamental. No fueron pocos los que quedaron entrampados en el nuevo dilema frente al cual los confron-
3 En la inauguración del año legislativo de 2014, la presidenta realizó una defensa de la privatización de YPF en los noventa, con el argumento de que esta posibilitó a las provincias cobrar regalías, lo que el antiguo modelo estatal y centralizado no permitía.
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taba el decisionismo presidencial. Algunos prefirieron la abstención y los más (70 diputados de la oposición) votaron a favor, pese a que las propuestas de enmienda planteadas no fueron tomadas en consideración (véase Solanas, 2013). De modo que, menos de un mes después, el 3 de mayo de 2012, el texto presentado por el Ejecutivo se aprobaba, a libro cerrado, sin admitir modificaciones, y la nueva ley declaraba “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos”. Ese día histórico, según la expresión del oficialismo, los festejos exultantes y los fuegos artificiales lanzados en la Plaza de los dos Congresos iluminaban las banderas de los militantes, donde podían leerse consignas en contra de las transnacionales petroleras, entre las cuales se incluían Repsol, Shell, Chevron…
En ese contexto, nuestro posicionamiento sobre el tema, vertido en un documento de Plataforma 2012 difundido en junio de ese año, arrancaba con el planteo de varias preguntas:
¿Constituye la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF una primera medida “reparatoria”, a partir de la cual resulte posible revertir veinte años de privatización y vaciamiento, encaminándonos hacia una política de autoabastecimiento, de soberanía energética y de desarrollo verdaderamente sustentable, tal como lo presenta, con un discurso épico, el gobierno de Cristina F. de Kirchner? ¿Qué cambia respecto de la política energética vigente hasta ahora la expropiación del 51% de las acciones de YPF?
La respuesta, desde el colectivo de intelectuales que integramos, fue la siguiente:
Creemos que existen sólidos argumentos que colocan un manto de dudas en este sentido, teniendo en cuenta las enseñanzas históricas, las acciones llevadas hasta aquí por el actual gobierno nacional, así como la complejidad ya señalada de los problemas energéticos en el país. Por ejemplo, no hay cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; no asistimos a una verdadera estatización de la empresa; no existe una propuesta de largo plazo que apunte a la diversificación de la matriz energética; estamos lejos de asistir a una explicación en cuanto a las responsabilidades del gobierno en el proceso de privatización, a las reprochables medidas tomadas hasta
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aquí y al reciente vaciamiento de la empresa, entre otras tantas cuestiones importantes (Plataforma 2012, 2012b).5
Recordemos que, en diciembre de 2010,
Repsol-YPF había hecho público el “descubrimiento” en Neuquén de 4,5 millones de metros cúbicos de gas “no convencional”, denominado así por encontrarse en estructuras geológicas especiales, que hacen que no pueda ser extraído mediante técnicas tradicionales. La existencia de depósitos de gas en arenas compactas (tight gas) y gas de esquisto (shale gas) alentaron previsiones y propuestas de todo tipo. En abril de 2011 se conoció un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos que posicionaba a la Argentina como el tercer país del mundo con “recursos potenciales” de gas no convencional, detrás de China y Estados Unidos (Observatorio Petrolero Sur, 2011).
En tal sentido, siempre desde Plataforma 2012, advertíamos también sobre el peligro de adoptar un modelo basado en la explotación de combustibles no convencionales, con la metodología de la fractura hidráulica o fracking, sumamente controversial en todo el mundo. Decíamos entonces:
Contra la opinión de muchos que festejan un futuro promisorio en la materia, nos resulta muy preocupante la incorporación de los hidrocarburos no convencionales como uno de los principios del proyecto de ley. El gas de esquisto o shale gas es equivalente a la megaminería a cielo abierto, hoy muy cuestionada tanto en nuestro país como en otras latitudes.
5 En el documento proponíamos diversas medidas, entre ellas aumentar la apropiación estatal de la renta petrolera, en la perspectiva de su estatización total y carácter auténticamente federal, esto es, con participación de todas las provincias; recrear una empresa pública de hidrocarburos que actúe como testigo y promueva su integración con las otras empresas estatales de América Latina; gestionar la demanda de energía mediante un uso más racional de la misma; priorizar el normal abastecimiento del mercado interno a largo plazo con la producción nacional, antes que la exportación, garantizando el autoabastecimiento, la protección de los derechos e intereses de los usuarios, y su acceso a tarifas y precios que contemplen el interés social; derogar toda norma que permita la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos en nuestros territorios y lanzar un plan de auditorías energéticas para impulsar el uso racional del petróleo y su sustitución por recursos energéticos de tipo renovable y no contaminante.
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Añadíamos que la extensión de este tipo de metodología –denominada “fracturación hidráulica”– y el fuerte impacto social y ambiental que genera, han venido produciendo múltiples cuestionamientos y conflictos, que conllevaron su total prohibición en Francia y Bulgaria, así como en el estado de Vermont (Estados Unidos) y en Quebec (Canadá), mientras que en otros lugares se ha aprobado la moratoria (suspensión), tal como sucedió en Nueva York, Los Angeles y en varias regiones de Europa. Estas medidas se basaron en el principio precautorio, también presente en la legislación argentina, que indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Por otro lado, a dos años de la expropiación parcial, en medio de graves irregularidades y denuncias penales, YPF ha sellado un acuerdo con la empresa Chevron, lo cual abre la puerta al ingreso del fracking a gran escala, despejando el camino a otras empresas transnacionales del sector. Para desdibujar el carácter turbio de dicho acuerdo, voceros del gobierno, sectores del establishment y el lobby petrolero se vienen sirviendo de un cierto “saber experto” y de una intensa campaña publicitaria, que pone el acento en la necesidad del autoabastecimiento energético, así como en la simbología del nacionalismo “ypefeano”, retomando los argumentos acerca de un “fracking seguro” que sectores hegemónicos difunden a nivel global. La promesa del autoabastecimiento y la bandera de la soberanía hidrocarburífera, a partir del anuncio –en 2010– de la existencia de una de las cuencas más ricas a nivel global en gas y petróleo no convencional (cuenca del Neuquén), con su yacimiento estrella, Vaca Muerta, hizo que coincidieran en una misma visión “eldoradista”, neodesarrollistas liberales y neodesarrollistas progresistas. El yacimiento Vaca Muerta devino rápidamente la encarnación misma del nuevo El Dorado. En palabras del gobierno neuquino, el hallazgo es equivalente a “un segundo descubrimiento del petróleo”.
Panorama global sobre los hidrocarburos
Todo lo que escucho es condena y tristeza […]
Un profundo fracking para sacar el petróleo que no está en el pozo.
Hay niños recogiendo todos los desperdicios del basurero.
Me estoy quedando sin agua, así que, mejor vigilo el chorro. The Rolling Stones, “Doom and Gloom”
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Hace tan solo tres años, unos pocos expertos en energía y algunos sectores ambientalistas estaban al tanto de lo que era el fracking. Hoy aparece como un término más o menos generalizado. En razón de ello, vale la pena preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de fracking y cuáles son las controversias que ha desatado la explotación de los combustibles no convencionales. Más aun, interesa señalar en qué contexto Estados Unidos tomó esa vía, en lugar de explorar otras alternativas menos contaminantes. Así, antes de sumergirnos en el proceso desarrollado en la Argentina, entre el avance del fracking y las resistencias sociales, ofreceremos un recorrido general por este tema.
En los últimos ciento cincuenta años, nuestra civilización ha estado basada en la explotación de combustibles fósiles. En este corto lapso, hemos venido extrayendo y consumiendo de manera creciente recursos energéticos no renovables que la naturaleza tardó millones de años en crear. En la actualidad, a nivel global estos recursos no renovables constituyen el 92,4% de la energía utilizada y de este alto porcentaje de recursos obtenidos de la tierra, el 82% proviene del carbono: gas, petróleo y carbón (D’Elía, 2013).
Pero los hidrocarburos no solo han sido un motor de cambio y de expansión del consumo, sino que han estado asociados a la concentración de poder. Ciertamente, nadie podría negar que entre el grupo de las mayores empresas transnacionales del mundo, entre las más poderosas, las petroleras ocupan un lugar destacado (Menéndez Pérez, Sánchez y López, 2012). Estas empresas poseen un gran poder de lobby a nivel global y fuertes vasos comunicantes con el poder político. Más aun, desde que el petróleo se convirtiera en un recurso estratégico, el acceso al mismo fue sinónimo de luchas de poder y de guerras imperialistas. En América del Sur, un ejemplo de ello fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (19331935), que dejó cerca de cien mil muertos, y detrás de la cual estaban los intereses de dos gigantes del petróleo, Standard Oil Company y Royal Dutch Shell, que se disputaban el posible petróleo del Chaco. Más cercanamente, en 2003, el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush (h), accionista petrolero él mismo, encaró –junto con sus aliados europeos– una guerra contra Irak, cuyo propósito no era otro que tomar el control del petróleo iraquí, dejando graves secuelas sociales y políticas que todavía pesan enormemente en ese país y en la agenda global.
Para los países periféricos y dependientes, la fortuna de contar o no con tales recursos estratégicos, y que sea el Estado quien controle dicha renta, ha sido una obsesión permanente que suele ser identificada con la idea misma de soberanía nacional. No en vano, a mediados del siglo XX, la
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expansión de las compañías petroleras estatales en América Latina aparecía vinculada a dichos ideales de industrialización y soberanía. La historia de YPF –que fue modelo en toda América del Sur–, desde su creación, en 1922, hasta su privatización en los años noventa, no solo abarcó todas las etapas de explotación, sino que conllevó tanto el fortalecimiento del Estado nacional como el de las economías regionales.
Ahora bien, estos recursos estratégicos agotables, que están diseminados de manera caprichosa en el subsuelo terrestre, se hallan en franco declive. Los expertos suelen hablar de la aproximación al pico de petróleo (para algunos, esto ya habría sucedido en 2006), momento a partir del cual la extracción de petróleo y gas convencional comenzaría a descender, hecho que colocaría a la humanidad frente a dos opciones: o se encara con seriedad la transición hacia un nuevo paradigma energético, o el encarecimiento del petróleo y el gas ocasionarían una fuerte crisis económica y tensiones políticas para el conjunto de la población del mundo.
Frente a este dilema actual, algunos países europeos están apostando a una transición hacia otro paradigma energético, basado tanto en la eficiencia energética y la descentralización productiva como en el desarrollo de energías alternativas (eólica, hidráulica, fotovoltaica, entre otras). Sin embargo, estas decisiones, de las que depende el futuro y el destino de la humanidad, se hallan concentradas en unas pocas manos. Como señalan distintos especialistas, uno de los mayores problemas al respecto no es solo el actual despilfarro mundial de energía, sino el hecho de que las empresas petroleras no están interesadas en el desarrollo de nuevas alternativas estratégicas, en particular en las energías limpias y renovables. Antes bien, apuntan “a extender en el tiempo su esquema de producto y de línea comercial. Por un lado, promueven extraer cualquier tipo de petróleo o gas, al precio ambiental y social que sea; por otro lado, piensan en disponer de productos finales similares a los derivados del petróleo, como por ejemplo, los agrocombustibles” (Menéndez Pérez, Sánchez y López, 2012).
En razón de ello, desde comienzos del siglo XXI la extracción de hidrocarburos no convencionales –que son de menor calidad, mayor coste económico, más contaminantes y de mucho menor rendimiento energético que los hidrocarburos convencionales– comenzó a ser vista como una opción viable por parte de las empresas petroleras. A la cabeza de este proceso se halla Estados Unidos, que además de ser el mayor consumidor mundial de energía –según estimaciones de la Agencia Estadounidense de Energía, Energy Information Administration (EIA)–, es uno de los principales poseedores de yacimientos de hidrocarburos no convencionales del planeta.
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Así, ante al agotamiento inminente de los hidrocarburos convencionales, la vía adoptada, lejos de ser la diversificación de la matriz energética y la búsqueda de alternativas limpias, ha sido la expansión de la frontera hidrocarburífera. Cierto es que los hidrocarburos no convencionales eran conocidos desde mucho tiempo atrás y que la tecnología de la fractura hidráulica también se conocía desde hace tiempo,6 pero no habían sido explotados de forma intensiva debido a su mayor costo económico y menor rendimiento. Por otro lado, a diferencia de actividades como la megaminería, la explotación de los hidrocarburos no convencionales se realiza en nombre del autoabastecimiento y de la soberanía energética. Esta premisa rompe con la geografía neocolonial clásica propia del extractivismo minero e incluso del agronegocios, esto es, con la idea de una división del trabajo entre el Norte global y los países del Sur, entre una geografía del consumo y una geografía de la extracción. Por ejemplo, esto sucede en Texas, Estados Unidos, donde varias localidades sufren el impacto sociosanitario y territorial del fracking en nombre de la soberanía energética. Algo similar sucede en Canadá respecto de la explotación de arenas bituminosas. En esa línea, a través de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, Estados Unidos se ha propuesto dejar de depender de la producción petrolera de los países árabes y lograr el autoabastecimiento energético, lo cual conllevaría la modificación del mapa geopolítico mundial. Rusia y Oriente Medio perderían poder, a manos de Estados Unidos, China y otros países. Sin embargo, este cambio está por verse, puesto que todavía se desconocen las reservas reales y en algunos casos –como ya sucedió con Polonia–, se ha comprobado la sobreestimación de las reservas en hidrocarburos no convencionales. Pese a ello, se espera que la opción por este tipo de combustibles traiga aparejado profundas reconfiguraciones territoriales, a niveles local y global.
Una cuestión importante a saber es si los precios del gas no convencional resultarán competitivos en relación con los costes de extracción. Bueno es recordar que, para poder lograr una ecuación económica viable, en Estados Unidos las compañías petroleras consiguieron importantes concesiones: desde fuertes incentivos fiscales hasta la exención del cumplimiento de la normativa ambiental. Esto sucedió en 2005, siendo presidente George Bush, cuando el Parlamento aprobó la cláusula energética (energy politics act, también denominada Enmienda Halliburton a raíz del lobby
6 Recordemos que la técnica de la hidrofractura existe desde la década de 1950. En 1965 la explotación de hidrocarburos no convencionales constituía apenas un 3% de la extracción mundial; en 2011 se acercaba al 20% de la producción de todo el planeta (Ramos, 2012).
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ejercido por esa empresa), que eximía a la industria del gas de respetar las leyes de protección del agua potable y otra serie de reglamentos de preservación del medio ambiente; además, impedía el control por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre su actividad. A esto se sumaba que en Estados Unidos las empresas están amparadas por la confidencialidad, con lo cual no estaban obligadas a detallar cuáles eran las sustancias químicas que se utilizaban en los líquidos de fractura.
Tales irregularidades propiciaron un marco regulatorio más que favorable, cuyo correlato fue también un control muy deficiente por parte de los organismos estatales. En 2012, la investigadora Lisa Sumi, de la ONG ambientalista Earthworks, publicó un extenso informe sobre el grado de regulación de la industria del fracking en seis estados de Estados Unidos, en el que concluía que la situación es de total abandono y de profunda falencia en el control por parte de los organismos públicos. “Basado en los informes de los mismos estados [el trabajo de Sumi] determinó que entre el 53% y 91% de pozos no fueron controlados; en los casos que hubo auditorías y se encontraron fallas, muchas no se informaron debidamente o su penalización económica resultó irrisoria” (Di Risio, Gavaldá et al., 2012).
Según la EIA, en Estados Unidos el gas no convencional alcanzó en 2011 el 16% de la producción total de gas natural, y en 2035 llegaría al 47%, aunque el mismo informe reconoce que las estimaciones de las reservas recuperables son inciertas. En la actualidad, gracias al gas no convencional, Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas, superando a Rusia.
La fractura hidráulica o fracking7
La fractura hidráulica o fracking es una técnica experimental mediante la cual se logra extraer el gas atrapado en las rocas desde hace más de cien millones de años. Como explica un documento de la Fundación Ecosur,
el hidrocarburo está acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, arcillosas o pizarra, tienen poros muy pequeños y son muy poco permeables por lo que impiden la liberación del combustible. Para obtenerlo, se practica una perforación vertical (en realidad cientos de ellas) hasta alcanzar el obje-
7 Hemos tomado como referencia los siguientes trabajos: D’Elía (2012), Fundación Ecosur (2012), Pablo Cotarello (ed.) (2012), Di Risio et al. (Observatorio Petrolero Sur, 2012) y Félix Herrero (2013).
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tivo y luego continúa en forma horizontal y profunda, horadando la roca e inyectándole millones de litros de agua con un cóctel químico y un sólido poroso, como la arena, para que mantenga abierta la fractura y permita el escape de los hidrocarburos. Eso es el fracking, o fractura hidráulica (Fundación Ecosur, 2012).
Aunque, por supuesto, hay pozos de gas convencional que han sido estimulados a través de la fractura hidráulica, esta es un requisito indispensable para extraer el gas no convencional. Existen diferentes tipos de gas no convencional: así, suele hacerse una distinción entre el gas de esquisto (shale gas), que existe en depósitos de esquisto, rocas sedimentarias formadas a partir de depósitos de limo, arcilla y materia orgánica, mayormente a profundidades de 1000 a 5000 m; y el gas de arenas compactas (tight gas), atrapado en una formación geológica más compacta, como puede ser de arenisca o caliza. También está el gas de mantos de carbón, que aparece ligado al carbón de piedra a una profundidad de entre 500 y 2000 m. Por último, entre los no convencionales existen lo que se denominan los crudos pesados o arenas bituminosas, cuyos costos ambientales son también muy gravosos y que actualmente se extraen en Alberta (Canadá) y en la faja del Orinoco (Venezuela).
Esta tecnología para extraer recursos no renovables tiene características muy similares a la minería a cielo abierto. La fracturación hidráulica o fracking supone la inyección de líquidos a alta presión, para romper la roca y liberar el gas. Ese proceso –para el que se usan cantidades extraordinarias de agua, energía y químicos– devasta y degrada el suelo, el aire y el agua, y genera inmensos e irreparables daños a los ecosistemas. A diferencia de la explotación convencional, a través de la cual se explotan en general arenas porosas y permeables, la no convencional, al fracturar la roca, intenta comunicar pequeños volúmenes con hidrocarburos pero aislados entre sí, o muy poco comunicados (D’Elía, 2012).
Los pasos o etapas de la extracción de los hidrocarburos no convencionales son los siguientes:
• Perforación horizontal. Luego de la perforación vertical,8 realizada hasta unos 2000 o 3000 m, se cambia a la perforación horizontal, unos 1000 o 1500 m, a fin de dirigirla directamente a la roca de esquistos para atravesarla longitudinalmente.
8 En las etapas iniciales, el proceso requiere casi las mismas herramientas especializadas que la perforación vertical.
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• Tubería de revestimiento. Como la perforación vertical, la horizontal lleva un tubo de acero que recubre el interior del agujero perforado y que después es recubierto con cemento a fin de inmovilizarlo dentro del pozo.
• La fracturación o “estimulación hidráulica” se logra introduciendo en unos orificios realizados desde el interior de la cañería hasta la roca llamados punzados grandes volúmenes de agua, arena y productos químicos a muy altas presiones y caudales, produciendo el “estallido” de la roca, creando gran cantidad de fisuras. El fluido de la fracturación incluye 98% de agua y arena (como agente apuntalante) y 2% de sustancias químicas.
Características de la explotación
• Utilización intensiva del territorio. Solo en la plataforma de la operación se necesitan entre 1 y 1,5 ha, a lo que hay que sumarle los caminos de acceso, el área de depósitos de equipos e insumos, los ductos de transporte, entre otros. El proceso utilizado se caracteriza por la agrupación de varios pozos, en plataformas multipozos (well pad en inglés), con perforación horizontal en cada uno de ellos utilizando fracking (6 y 8 pozos). Un único pozo, perforado verticalmente hasta 2 km, y horizontalmente hasta 1,2 km, remueve alrededor de 140 m3 de tierra, por lo que una plataforma promedio remueve alrededor de 830 m3, casi diez veces más que un pozo convencional perforado a 2 km de profundidad. Cada plataforma puede acceder únicamente a una pequeña área del yacimiento que se pretende explotar, por lo que es común que se dispongan múltiples plataformas sobre el mismo requiriéndose una superficie lo suficientemente grande como para permitir el despliegue y almacenaje de los fluidos y los equipos necesarios para las operaciones de fractura y las perforaciones horizontales.
• Utilización intensiva de agua. Un solo pozo para la fractura hidráulica requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. Si el volumen de aditivos químicos es del 2%, eso equivale a unos 180-580 m3, es decir, entre 180 y 580 tn de aditivos químicos por pozo. Para todas las operaciones de fractura, realizadas en una plataforma de seis pozos, se requeriría entre 54 000 y 174 000 m3 (millones de litros), y entre 1000 m3 y 3500 m3 de químicos. No hay que olvidar que el agua y los aditivos químicos deben ser previamente transportados y almacenados en los lugares de perforación. Estos pueden provenir de fuentes de aguas superficiales o subterráneas; transportados en camiones cisternas por tuberías.
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• El fluido de retorno. Una vez que el procedimiento de fractura se ha completado, el líquido regresa a la superficie como flujo de retorno (flowback). La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) señala que entre el 15% y 85% del volumen inyectado regresa, dependiendo de cada lugar. Esta “sopa” química (en cada pozo se generan entre 1300 m3 y 23 000 m3) de líquido de retorno contiene agua salada, sustancias químicas y contaminantes presentes en el subsuelo, que se movilizaron durante el proceso de fractura, incluidos compuestos orgánicos tóxicos, metales pesados y materiales radioactivos naturales. Sobre la parte del flujo de retorno que no se recupera y que permanece bajo tierra, siempre existirá la preocupación de que llegue o pueda llegar a ser una fuente de contaminación de otras formaciones, incluyendo los acuíferos (Ramos, 2012). Una de las cuestiones más controversiales es a dónde va a parar el flujo de retorno o flowback que es lo que asciende desde la perforación y debe ubicarse en pozos sumideros (agotados) o formaciones estériles.
• El último paso es la colocación de un cabezal de pozo (llamado árbol de navidad), que está diseñado y calibrado a una presión nominal específica para la operación de fracturación. La duración estimada de un pozo es de seis años; con un declive de la producción a partir del primer año, aún si este puede declinar mucho antes.
Los riesgos e impactos ambientales del fracking son numerosos, tal como lo muestra el caso de Estados Unidos, a saber: contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano; activación de fallas geológicas que originan microsismos; impacto sobre la salud de las personas y los animales; emisión de gases de efecto invernadero, incluso más que otras energías, lo que potencia el calentamiento global y la crisis climática, dentro de los más relevantes. Así, entre los estudios técnicos que dan cuenta de estos impactos, podemos mencionar los siguientes:
• Contaminación de Aguas. En 2010, investigadores de la Universidad de Duke (Carolina del Norte) publicaron, en Proceedings of the Natural Academics Science, un estudio que vincula la fractura hidráulica con la contaminación de acuíferos. Otro artículo de referencia es el elaborado por investigadores de la Universidad de Cornell (Nueva York) sobre los impactos en la salud humana y sobre los animales; para los autores del mismo, la principal vía de contaminación es el agua, aunque no la única. Este artículo denuncia, además, la falta de estudios rigurosos sobre el tema y señala que mientras estos no existan, la fractura hidráulica será “un expe-
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rimento incontrolado sobre la salud a una escala enorme” (Camara, 2012). En los últimos años, “cientos de quejas se registraron en Estados Unidos por la contaminación de pozos de agua debido a la práctica del fracking. La contaminación fue confirmada en varios estados, pero aun más grave es la ocultación de información por parte de las autoridades” (Opsur, 2014).
• Impactos sobre la salud. Se ha señalado la contaminación del aire en zonas cercanas a pozos de fracking, como en la ciudad de Dish (Texas), en la que, tras un estudio, se descubrió una cantidad de benceno (agente cancerígeno) muy superior a lo permitido (Burnett, 2009, citado en Shale gas en España, 2013). La contaminación del aire puede deberse bien a la evaporación proveniente de las piletas donde se almacenan las aguas residuales o por fugas en los pozos de gas y tuberías, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Recientemente,
científicos de la Universidad de Missouri (Estados Unidos), han analizado cientos de compuestos químicos que se añaden al agua para perforar la roca en varios puntos del Condado de Garfield, en Colorado –una región con más de 10 000 perforaciones de gas–, y compararon su composición con muestras obtenidas en localizaciones sin ninguna instalaciones de fracking. Sus conclusiones advierten que al menos 100 de los más de 750 compuestos químicos que se emplean en la fractura hidráulica son conocidos por sus efectos hormonales para el ser humano. Concretamente, los investigadores analizaron 12 de ellos y advierten de su conocida capacidad como disruptores endocrinos. Es decir, en contacto con las hormonas del organismo humano, estas sustancias son capaces de alterar funciones sexuales, reproductivas, causar infertilidad, anomalías genitales, e incluso diabetes y algunos tipos de cáncer. Ya un estudio publicado en 2012 en Science of the Total Environment alertaba de los riesgos derivados de las emisiones al ambiente de partículas contaminantes, como hidrocarburos y bencenos, que “son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (Fractura Hidraúlica Wordpress, 2013).
En abril de 2014 se dio a conocer la primera condena a una petrolera de Texas por contaminar a una familia. Como consigna el diario El País:
El pasado 22 de abril un tribunal condenó a la empresa a indemnizar con 2,9 millones de dólares a la familia porque considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos
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de Aruba. El caso es inusual no solo por el fallo y la cantidad, sino por el mero hecho de haber llegado a un tribunal. Generalmente las demandas por los efectos sobre el medio ambiente y la salud de esta técnica –que se ha extendido por Estados Unidos durante la presidencia de Obama con la promesa de aumentar la independencia energética del país– se han saldado con acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones económicas que nunca salen a la luz. La de los Parr llegó a juicio y un jurado popular dio la razón a la familia por cinco votos a favor y uno en contra (Pereda y Sevillano, 2014).
• Emisión de gas metano. Como señalan múltiples estudios, las emisiones de gas metano contribuyen al efecto invernadero. La extracción de gas no convencional “es comprobadamente más contaminante que la ya perjudicial extracción petrolera y gasífera tradicional” (Robert Howarth, Renee Santoro y Anthony Ingraffea, de la Universidad de Cornell, Revista Climatic Change, 2011). Incluso el informe señala que “la huella carbónica es mayor que la del gas convencional o el petróleo, vistos en cualquier horizonte temporal, pero particularmente en un lapso de veinte años. Comparada con el carbón, es al menos 20 por ciento mayor” (Fundación Ecosur, 2012).
• Otro de los aspectos cuestionados es la relación entre sismicidad y fracking. El aumento de la actividad sísmica está vinculado a la inyección de fluidos resultantes de la fracturación de pozos. Por ejemplo, en Arkansas, una región geológicamente estable de Estados Unidos, desde que comenzaron las operaciones de fractura hidráulica se registraron más de 1200 temblores, todos de menos de 4,9 grados de intensidad. Tal como documenta el técnico y geógrafo Roberto Ochandio (citado en Svampa y Viale, 2013b), con vasta trayectoria en el campo del petróleo, “cuando dejó de hacerse estimulación hidráulica, la cantidad de temblores se redujo inmediatamente en dos tercios. De acuerdo al Servicio de Geología de Arkansas, las operaciones de fractura se llevaban a cabo sobre una falla geológica estructural. Como consecuencia se presentó un juicio de clase contra las compañías que perforan por gas en el centro de Arkansas”. Como consecuencia de ello, continúa el texto, “Arkansas introdujo una prohibición contra cuatro pozos inyectores de fluidos de desecho (de un total de 500), a raíz de los terremotos de magnitud 4,7/9 producidos por estas operaciones”. “Lo mismo está ocurriendo en el norte de Texas, en la zona de explotación del Barnett Shale. Esta área geológicamente estable está siendo sacudida ahora por terremotos. Desde el 2008 se produjeron más de 50 temblores
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asociados a pozos inyectores en el área de Dallas-Fort Worth. Anteriormente no se había registrado ningún temblor.” Recientemente, Raúl Estrada Oyuela, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, escribió que “el Departamento del Interior de los Estados Unidos señala que, desde que comenzaron los registros en 1776, el pueblo de Youngstown, Ohio, nunca había experimentado movimientos sísmicos pero que, a partir de enero de 2011, se registraron 109 temblores y que nuevas investigaciones revelan que pueden ser consecuencia de la explotación de hidrocarburos no convencionales” (Clarín, 18 de septiembre de 2013).
Respecto de los impactos ambientales, vale la pena agregar, como señala Eduardo D’Elia (en Svampa y Viale, 2013b), los diferentes riesgos que presentan los pozos sumideros (donde se inyectan fluidos indeseables o contaminados dentro de formaciones permeables):
Estos pozos inyectores se van incrementando en la medida que los yacimientos se hacen más maduros y supeditan la inyección a la extracción de crudo. Las empresas productoras, ante la necesidad de deshacerse del agua de formación asociada al petróleo, comienzan a utilizar viejos pozos petroleros, algunos de la década de 1960, y el riesgo de que estos colapsen y el agua de formación termine en acuíferos de agua dulce es muy alto. Otra cosa es lo que ocurre en los pozos construidos específicamente para ser inyectores. Se perforan las formaciones hasta encontrar una porosa y permeable que admita el agua de formación en su estructura. Las fallas geológicas, que son fisuras entre las placas, están “secas” y presentes en todas las formaciones geológicas, por lo que al mojarlas son lubricadas. Las placas, al perder adherencia, se desplazan unas con respecto a las otras generando manifestaciones en la superficie que van desde temblores a terremotos. A medida que se inyecta más agua, el o los desplazamientos continúan.9
Así, los estudios técnicos demuestran que el fracking es un terreno cargado de muy malas experiencias y de grandes incertidumbres. En función de la controversia que rodea esta técnica experimental, han surgidos resistencias sociales en distintas partes del globo. Gracias a ellas, el fracking fue prohibido en Francia y Bulgaria, así como en Vermont (Estados Uni-
9 Otros fenómenos ligados al mismo son las sequías. Véase theguardian.com/environment/2013/aug/11/texas-tragedy-ample-oil-no-water>.
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dos) y Quebec (Canadá), mientras que en Nueva York, Los Ángeles y varias regiones de Europa se han aprobado moratorias (suspensión).10 Delphine Batho, la entonces ministra de Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía de Francia en 2012-2013, invocó el principio precautorio y ratificó la prohibición del fracking en su país, asegurando que “en ninguna parte del mundo se demostró que esta explotación pueda hacerse sin daños considerables para el entorno y para la salud humana”. El principio precautorio, recordemos, indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. En octubre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Francia declaró válida y constitucional la ley que prohíbe la fracturación hidráulica en ese país (Fittipaldi, 2013).
A raíz de la veloz expansión de la industria del shale gas y la creciente preocupación que se generó en la opinión pública estadounidense, en marzo de 2010 la EPA anunció la puesta en marcha de una profunda investigación que diera cuenta de los potenciales impactos negativos que la técnica de fractura hidráulica puede tener sobre la calidad del agua y la salud pública (Observatorio Petrolero Sur, 2011). Los resultados preliminares debían conocerse a fines de 2013 y su publicación se haría en el curso del año 2014. Por otro lado, en junio de 2011 el Parlamento Europeo estableció que, debido a los posibles impactos y riesgos para el ambiente y la salud humana, se debía desarrollar una nueva directiva a nivel europea que regule todos los problemas en esta área. En enero de 2014 se dieron a conocer tales directivas de la Unión Europea (UE), pero lejos de ser rigurosas y protectoras, lo que finalmente fue aprobado son recomendaciones no vinculantes, una suerte de regulación light, que en definitiva abre la puerta al fracking.11 Alentada por la grave crisis económica, la UE sufrió la presión de varios Estados, entre ellos del Reino Unido, donde finalizó el período de moratoria y se avanza con este método extractivo, pese a las resistencias. Uno de los países donde existe mayor debate sobre el fracking actualmente es España –incluso hay regiones en las que se ha prohibido, como Cantabria–, donde su defensa es abordada como una posible salida a la crisis económica.
10 Para una actualización de la cartografía de prohibiciones y moratorias, véase .
11 .
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Parte de los impactos que produce el fracking fueron registrados en el notable documental Gasland (Tierra del gas), realizado por Josh Fox en 2010, que a través de un recorrido por cuatro estados de Estados Unidos ilustra daños tales como la contaminación del agua, el riesgo de explosión de casas, el impacto en la salud de personas y animales, el sentimiento de la población de haber sido estafados, las dificultades de acceso a la información que debería ser pública, en fin, la imposibilidad de vivir una vida normal. Sin embargo, con un gran poder de lobby, con la complicidad de los gobiernos y bajo el siempre legitimado rótulo del “conocimiento científico”, en la actualidad, las empresas petroleras están desplegando una serie de acciones y relatos que ocultan información que cuestiona la técnica del fracking y minimizan las expresiones y trabajos de las asambleas ciudadanas, organizaciones sociales y ambientales e investigadores independientes.
Recordemos que, en 2010, el Departamento de Estado Americano lanzó una Iniciativa Global de Gas de Esquisto (GSGI, por sus siglas en inglés, ahora conocido como Programa de Compromiso Técnico de Gas no Convencional, Ugtep)12 enfocada sobre la fracturación hidráulica o fracking. Se trataba de una apuesta a través de la cual Washington invitaba a varios países del mundo a discutir los beneficios y los riesgos de esta técnica que, según sus defensores, está cambiando el mercado energético. En abril de 2011, la EIA publicó un informe en el que se valoraban y localizaban las principales reservas mundiales. Aunque ese estudio está siendo cuestionado (principalmente porque se considera que se han sobreestimado las reservas de gas no convencional existentes), sigue siendo utilizado como base de una argumentación para defender las posibilidades de acceder a estas reservas. En este estudio se señalan las zonas con mayores yacimientos, entre las cuales destacan China, Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica, Australia, Canadá, Libia, Argelia y Brasil. Las estimaciones indican que mientras China y Estados Unidos estarían a la cabeza respecto del gas no convencional, con 19,3% y 13% respectivamente, la Argentina y México estarían en tercer y cuarto lugar, con 11,7% y 10,3%, cada uno de ellos.13
12 El programa cambió de nombre pues incluye a los diversos tipos de gas no convencional, es decir, no solo al shale gas.
13 . La valoración presentada por la EIA no es compartida por otros organismos. Desde diferentes foros se denuncia que las sobreestimaciones son alentadas por un importante componente especulativo (burbuja energética).
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Figura 7.1. Mapa global de los no convencionales

Fuente: .
La hoja de ruta del fracking en la Argentina
Hemos dicho que la YPF-Modelo 2012 poco tiene que ver con el modelo estatal que el país conoció entre los años treinta y sesenta, época del florecimiento de las economías regionales en torno al petróleo. En una conferencia realizada completamente en inglés, dirigida a un grupo selecto de empresarios, el 30 de agosto de 2012 se dio a conocer el Plan Estratégico de YPF 2013-2017 (Opsur, 2012). El Plan Estratégico14 tiene tres etapas: la primera, de “Alto Impacto” (2012-2013), en la que se busca revertir la tendencia negativa en términos productivos; la segunda, la “Estrategia de crecimiento rentable” (2013-2017); y, la tercera, como objetivo de largo plazo contempla el llamado “Nuevo Paradigma”, que apunta al desarrollo masivo de no convencionales, para convertir a la Argentina en exportador neto de energía.
14 Puede consultarse el Plan Estratégico en el siguiente sitio: InversoresAccionistas/YPF%20Hechos%20Relevantes/05-06-2012%20
Presentaci%C3%B3n%20Avance%20Plan%20Estrat%C3%A9gico.pdf>.
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En este plan también figura la nueva cartografía de los no convencionales, que incluye al menos 6 cuencas: 1) la mayor, ya en producción, es la cuenca del Neuquén, donde se encuentran varias formaciones: Vaca Muerta (shale oil/gas), Los Molles (shale gas), Agrio (shale oil), Lajas (tight gas) y Mulichinco (tight oil/gas); bueno es aclarar que la cuenca del Neuquén no incluye solo el territorio neuquino, sino también parte del sur de Mendoza y La Pampa, y el Alto Valle del río Negro; 2) Chaco Paraná (shale oil), que abarca diferentes provincias argentinas, toda la Mesopotamia y gran parte del noroeste, así como el sur del Brasil; 3) cuenca Cuyana: Cacheuta (shale oil) y Potrerillos (tight oil), básicamente en Mendoza; 4) cuenca de Tarija: Los Monos (shale gas), que incluye el noroeste de la Argentina y sur de Bolivia; 5) cuenca San Jorge: en Chubut y Santa Cruz, con formaciones como la de Aguada Bandera; 6) cuenca AustralMagallanes, a la que pertenece Magnas Verdes. Hay que incluir, además, la cuenca de Claromecó, en la que –aún si no ha sido confirmado– habría gas de mantos de carbón.
Por otro lado, no hay que olvidar que la YPF-Modelo 2012 solo controlaba el 35% de la producción de hidrocarburos y entre las trece compañías que dominan el mercado predominaba el capital extranjero, entre ellas: Pan American 19%, Pluspetrol 7%, Sinopec 7%, Petrobras 7%, Chevron 5%, Tecpetrol 4% (Murillo y Mangonet, 2013). Son numerosas las operadoras petroleras que ganaron terreno en la Argentina en las últimas décadas, entre ellas Chevron, Shell, Total, Pan American Energy (una asociación entre Bridas y BH), Sinopec (empresa estatal china), Petrobras y Apache.15
A partir de 2012, con la expropiación parcial de YPF, en un contexto de crisis energética y de la mano del discurso hegemónico, la nueva fiebre “eldoradista” no tardó en desatarse en la Argentina. El gobierno nacional y sus socios provinciales, sobre todo en las provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz), avanzaron sobre la frontera hidrocarburífera a través de la exploración y explotación de los no convencionales.
Ciertamente, a principios de ese mismo año, en Neuquén, la empresa Apache anunció con bombos y platillos que había realizado el primer pozo de fracking en América Latina, a 15 km de la ciudad neuquina de Zapala, una zona árida, con escasez de agua dulce. Por su parte, la empresa Gas y
15 En febrero de 2014 los activos locales de la empresa Apache fueron vendidos a YPF, .
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Petróleo del Neuquén SA (GyP) hizo lo propio en la zona de Loma de la Lata, y la francesa Total (recordemos que en Francia el fracking está prohibido) realizó un pozo de fracking nada menos que dentro de una reserva natural, Auca Mahuida. Asimismo, se perforaron tres pozos de exploración en Chubut, en Comodoro Rivadavia, uno de los cuales fue inaugurado por cadena nacional por la presidenta, sin que en ningún momento se pronunciara la palabra tan temida “fractura hidráulica” o “fracking”. En la provincia de Río Negro, la empresa Apache instalada desde 2006, avanzó con las perforaciones, entre plantaciones de peras y manzanas, utilizando la fractura hidráulica (pese a las negativas oficiales y empresariales, luego finalmente reconocidas); mientras, los anuncios iban agregando localidades y territorios al mapa de los no convencionales en todo el país, que incluyen provincias sin trayectoria en hidrocarburos, como Entre Ríos (donde está el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande de América del Sur) y Buenos Aires, en la cuenca de Claromecó, en la cual se encuentran una decena de municipios.
Frente a esta nueva vuelta de tuerca del extractivismo y aun antes de la firma y aprobación del escandaloso convenio de YPF con Chevron, en nuestro país las poblaciones comenzaron a manifestar fuertes resistencias contra el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Sus protagonistas son organizaciones sociales, comunidades de pueblos originarios y nuevas asambleas de vecinos autoconvocados, que en gran medida se nutrieron de la experiencia de las asambleas contra la megaminería. Para el caso de Entre Ríos, estas se inspiraron en la historia de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú; así, espacios asamblearios, de carácter vecinal, como Entre Ríos Libre de Fracking (Paraná), a los que se sumaron la Asamblea Popular Colón, la Asamblea Ciudadana Concordia, entre tantas otras, estuvieron a la cabeza en la promoción de ordenanzas municipales hoy sancionadas y que prohíben el fracking. La Patagonia fue, por supuesto, otra de las regiones de expansión de colectivos asamblearios, entre ellos la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA, con diferentes organizaciones de base, en la ciudad de Neuquén y Allen, entre las más relevantes); la Multisectorial contra el Fracking, de Neuquén, que nuclea a diferentes organizaciones sociales, sindicales e indígenas; la Asamblea Ambiental de Río Gallegos; y la Asamblea de Zapala, entre otras. Como hemos señalado, las comunidades indígenas, a través de la Confederación Mapuche del Neuquén, estuvieron muy activas en el conflicto, colocando el tema en el marco de la memoria larga de la expoliación y la contaminación a los pueblos originarios.
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Figura 7.2. Mapa de los hidrocarburos no convencionales en la Argentina, 2013

Fuente: EIA/ARI (2013: 27), Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, junio.16
Durante el año 2013, el activo asambleario y la acumulación de experiencias vinculados a la temática extractiva se hicieron manifiestos en dos niveles: el de la acción directa (movilizaciones) y el de la acción institucional (mediante la promoción y la sanción de nuevas normas como ordenanzas municipales y proyectos de ley de prohibición en las provincias, y de ac-
16 Un mapa específico sobre la explotación de no convencionales en la Argentina puede consultarse en: .
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ciones judiciales como los amparos). Las ONG Observatorio Petrolero Sur (vinculada a nivel global con OilWatch) y la Fundación Ecosur fueron las pioneras en el tratamiento del tema, ya que tempranamente se dedicaron a tomar contacto con las poblaciones afectadas y a divulgar información sobre una realidad tan poco conocida hasta ese momento.17 Por otro lado, algunos referentes políticos con trayectoria en el tema (como Fernando “Pino” Solanas, quien realizó el documental La guerra del fracking, estrenado en octubre de 2013 y disponible en youtube), dirigentes políticos provinciales de la oposición (en las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, entre otras), referentes nacionales de partidos de izquierda, el sector de la CTA dirigido por Pablo Micheli, organizaciones de derechos humanos como el Serpaj, espacios de intelectuales como Plataforma 2012, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, algunas ONG y profesionales críticos,18 intervinieron activamente a lo largo del año, informando a la población, acompañando los procesos de lucha y presentando propuestas de ley. Asimismo, se promovieron varios sitio de divulgación, uno de ellos que nuclea a intelectuales y artistas.19
En menos de un año y medio, entre diciembre de 2012 y mayo de 2014, se sancionaron una treintena de ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país. La ciudad valletana de Cinco Saltos,20 en la provincia de Río Negro, fue pionera al aprobar en diciembre de 2012 una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido municipal, convirtiéndose así en el primer municipio libre de fracking del país y de América Latina. Pese a que el Concejo Municipal de esa localidad sintió todo el peso de la admonición, pues días después la intendenta vetó la Ordenanza 1049 (respondiendo a las presiones del senador oficialista Miguel Ángel Pichetto y del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck), la primera ordenanza anti-fracking del país quedó firme, pues el veto llegó una vez que se había cumplido el plazo de diez días hábiles desde su recep-
17 Estas dos ONG organizaron el primer seminario sobre hidrocarburos no convencionales, que se realizó en el Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires, a principios de diciembre de 2012.
18 El economista y especialista en energía Félix Herrero, el ingeniero en petróleo Eduardo D’Elía, el técnico en petróleo y géografo, Roberto Ochandio, entre otros.
19 Entre los que destaca .
20 Para el tema, véase la entrevista de Opsur al concejal José Chandía, del Partido Comunista, quien presentó el proyecto de ordenanza y se constituyó en uno de los referentes más importantes sobre la cuestión, .
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ción, establecido por la Carta Orgánica municipal.21 A esta ordenanza siguieron las de una quincena de municipios en Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Colón, San Jaime de la Frontera, Diamante, Colonia Avellaneda, Villa Elisa, Villaguay, Rosario del Tala, La Paz, Villa del Rosario, San Ramos –junta de gobierno– y Gral. Ramírez, San Pedro –Junta de Gobierno-, Viale, Cerrito, Crespo y María Grande); cuatro departamentos en Mendoza (San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Alvear); ocho en la provincia de Buenos Aires (Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Tornsquist, Guaminí, Coronel Suárez, Tres Arroyos –moratoria–, Tandil, Coronel Pringles). Por su parte, las localidades de Allen y Villa Regina (Río Negro), Epuyén (Chubut) y Zapala (Neuquén) también sancionaron durante 2013 ordenanzas prohibiendo el fracking. Todas ellas apelan al principio precautorio, haciendo hincapié tanto en el impacto sobre la salud humana y sobre el agua, en el debate y la legislación internacional existente (prohibiciones y moratorias), así como en el derecho a participar y decidir de las poblaciones.22
En medio de la euforia “eldoradista”, hubo varios fallos judiciales sobre el tema, entre los cuales vale la pena mencionar los que exponemos a continuación. Uno ocurrió en Chubut, donde en mayo de 2013 Marcelino Pintihueque, integrante de la organización Lof Mapuche Comarca Chubut y patrocinado por la abogada Silvia de los Santos, presentó un recurso de amparo ante la Justicia de Chubut para impedir la perforación del pozo de fracking La Greta, ubicado a 15 km de Río Mayo, sobre el margen del río del mismo nombre, invocando, entre otros argumentos, el convenio 169 de la OIT.23 Aunque YPF apeló, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido y mantuvo la suspensión del pozo de fracking. El segundo fallo tuvo un veredicto parcialmente positivo, y se refiere al pozo perforado por la empresa francesa
21 En la actualidad, la localidad de Cinco Saltos se halla muy movilizada con el propósito de prohibir la instalación de un basurero petrolero, en una ciudad que no produce petróleo. Véase .
22 Pueden verse los diferentes artículos publicados por Darío Aranda en el diario Página 12, en los que hace un seguimiento sistemático del tema.
23 La medida interpuesta se basaba en: la falta de consulta al mundo indígena ante cualquier actividad a realizarse en su territorio; la violación del debido proceso y acceso a la información ambiental; la participación efectiva de la comunidad en audiencia pública; y la preservación del agua. Además, el amparo realizaba tres denuncias: la falsificación de documento público, la existencia de un expediente mellizo y la omisión de los deberes de funcionarios públicos “por incumplimiento de las funciones del Instituto Provincial del Agua, y de los organismos competentes por falta de resguardo de zona arqueológica y material arqueológico en superficie”. Véase Darío Aranda, 2013.
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Total en la reserva natural Auca Mahuida, donde se presentó un recurso de amparo por haber sido realizada una perforación en un área protegida. A fines de 2013, la Justicia exigió que se modificara la operatoria respecto del emplazamiento del pozo sumidero –donde se depositarán los líquidos de flowback o de retorno– que ahora estará ubicado a unos 30 km del sitio originalmente propuesto por Total Austral; sin embargo, la Justicia provincial todavía no se expidió en relación al amparo.24 Por último, el revés judicial negativo más importante recayó sobre la localidad de Allen, en Río Negro, en diciembre de 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia declaró inconstitucional la ordenanza municipal sancionada por unanimidad por el Concejo Municipal, en agosto de ese año, que prohibía el fracking. Dicha resolución ilustró con claridad el realineamiento entre los poderes político, económico y judicial (Svampa y Viale, 2013c).
Quizás este último punto sea una de las cuestiones cruciales a la hora de internarnos en el tema que nos ocupa: frente a los conflictos de competencia entre lo local y lo provincial, se ha venido produciendo una suerte de alineamiento entre los distintos poderes del Estado respecto del fracking, en sintonía con el “consenso” que el gobierno nacional busca crear en torno a la cuestión. Por un lado, a diferencia de otras actividades extractivas –como la megaminería y la expansión de la frontera del agronegocios, entre otros–, en este caso el Estado (nacional y provincial) busca erigirse en un actor central. Incluso en medio de la asociación con Chevron, el gobierno nacional y los socios provinciales lograron conservar la eficacia simbólica de este argumento (la recuperación estatal de YPF, en clave nacionalista), lo que fue acompañado de una agresiva campaña publicitaria, tanto en la prensa escrita, como radial y televisiva. Por otro lado, más allá de que el fracking ilustra una figura extrema del extractivismo, el contexto de déficit energético facilita la asimilación que el gobierno busca establecer entre soberanía hidrocarburífera y soberanía energética. Estos dos argumentos, sumados a que son varias las provincias
24 El diario Río Negro consigna: “La petrolera francesa Total tiene a su cargo una perforación en Pampa de las Yeguas ubicada en la reserva natural protegida Auca Mahuida. Por este caso hay un amparo presentado pero el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, aún no se expidió. Es el primero en la Justicia neuquina en el que se discute el uso del agua para el fracking. […] Juan Fittipaldi, el abogado que lleva adelante el reclamo, recordó que la Corte Suprema mendocina, en el precedente conocido como ‘Oikos’, suspendió la perforación de un pozo convencional de la entonces Repsol-YPF, por su relación con la reserva faunística ‘Laguna de Llancanelo’, el mayor humedal de esa provincia, en base al principio de sustentabilidad de los ecosistemas”, .
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que cuentan con un fuerte ADN petrolero (entre ellas las patagónicas Neuquén, Chubut y Santa Cruz), potencian aun más la desigualdad de los escenarios del conflicto y el silenciamiento de los cuestionamientos ambientales.
Las batallas del fracking en el norte de la Patagonia
Las provincias norpatagónicas de Neuquén y Río Negro constituyen el principal escenario donde se vienen librando los combates más resonantes a nivel nacional sobre el fracking. Estos involucran un complejo esquema multiactoral y multiescalar, y ponen de manifiesto miradas muy diferentes sobre el territorio y lo que se entiende por desarrollo. Veremos en este apartado los casos de ambas provincias.
Neuquén: entre el ADN petrolero y el avasallamiento a las comunidades indígenas
El tema fundamental es el territorial. Las áreas de concesión tienen miles de kilómetros cuadrados y los no convencionales necesitan centenares de kilómetros cuadrados. El eje será que las empresas que tengan concesiones presenten proyectos para explotación no convencional de forma tal que una fracción del total de la superficie no esté limitada por el tiempo que en la ley actual es de 25 años. Este es uno de los temas en los que se trabajará, para flexibilizar, como así también condiciones en la forma de explotar el recurso. Luis Felipe Sapag, diputado provincial por el Movimiento
Popular Neuquino (MPN) y presidente de la Comisión de Energía de la Legislatura de la provincia de Neuquén, sobre la reforma de la ley de hidrocarburos en su provincia, Río Negro, 17 de enero de 2014
Aunque el nombre de la provincia sea de origen mapuche, en Neuquén25 las relaciones entre el poder político, dominado desde hace décadas por el Mo-
25 Neuquén, cuyo nombre reenvía al río homónimo, quiere decir en mapuche “corriente fuerte”, “arrollador”, “pujante”.
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vimiento Popular Neuquino (MPN), y las comunidades de pueblos originarios siempre han sido conflictivas. Ya hemos hecho referencia al tema en el capítulo 3, al exponer el conflicto con Repsol en Loma de la Lata. Dijimos también que la Constitución Provincial (2006) reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, en líneas generales, el estado neuquino viola permanentemente los derechos indígenas, lo cual incluye no solo al poder político en su conjunto, sino también a la Justicia provincial, que –salvo en contadas excepciones– suele fallar sistemáticamente a favor de las corporaciones o de los grandes propietarios privados, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la yuxtaposición de proyectos hidrocarburíferos, mineros y turísticos, sobre los territorios de pueblos originarios.
Asimismo, desde hace años el gobierno provincial se niega a aplicar la Ley 26 160, vigente desde 2006, que ordena relevar los territorios indígenas. En corresponsabilidad con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el relevamiento de las comunidades mapuches de Neuquén se ha demorado; de modo que los desalojos compulsivos continúan, así como los procesos de criminalización “por usurpación” de territorios, contra los referentes de las comunidades más movilizadas. Tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). El informe del ODHPI correspondiente al año 2013 destaca, solo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizan a 241 personas mapuches. Entre 2005 y 2012, nada menos que 347 miembros del pueblo mapuche enfrentaron procesos judiciales (Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 2013).
El rol de la Justicia neuquina, en su connivencia con el poder político y económico, es crucial en esta situación, pues son pocas las veces que se aplica el convenio 169 de la OIT. Una de las excepciones ha sido el caso de la Comunidad Mapuche Mellao Morales, en Campana Mahuida, donde se pretendía instalar una compañía minera de origen chino, fallo en favor de las comunidades indígenas, luego refrendado por el referéndum de Loncopué, de junio de 2012 (véase el capítulo 5). También podría citarse el fallo judicial a favor de la Comunidad Wenctru Trawel Leufu, que apeló al convenio 169 de la OIT para iniciar acciones contra la Petrolera Piedra del Águila, en Picun Leufu. Pero, por lo general, lo que se advierte es un rechazo a la normativa plurinacional que protege a los pueblos indígenas. No ajena a ello ha sido la campaña de estigmatización que, cada cierto tiempo, vuelve
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sobre el tema de que los mapuches no son argentinos, sino chilenos; además de aliados de diferentes organizaciones armadas…26
En la provincia de Neuquén se llevó a cabo el primer pozo de fracking del país. En 2013 había aproximadamente 80 pozos de gas no convencional, a los cuales se preveía agregar durante 2014, 116 pozos más. En cinco años, el número de pozos alcanzaría los 900, y en quince años, los 1650. El primer pozo se realizó en territorio de la Comunidad Mapuche Gelay Ko, cerca de la localidad de Zapala, sin consulta a la población involucrada. En ese territorio, la empresa estadounidense Apache entró sin autorización de las comunidades indígenas, cuando estas estaban haciendo la veranada.27 Tampoco hubo estudios previos de impacto ambiental. Como aparece en el cuadro 7.1, ese primer pozo de fracking utilizó 30 millones de litros de agua y tuvo un costo final estimado de US$ 24 millones. En un territorio árido, donde las comunidades carecen de agua, Apache extrajo agua del acuífero Zapala.
Cuadro 7.1. Primer pozo de fracking en la Argentina: yacimiento Anticlinal, Zapala (Neuquén). Realizado por la empresa Apache
ACO.xp-2001h - 1° Pozo Horizontal Multifractura de LatinoAmerica
• POZO ANTICLINAL – ZAPALA
• Principales datos técnicos:
• 1. Pozo piloto vertical: 4123 m, evaluación de la roca y extracción de testigos.
• 2. Punto de desvío (kick-off): 2850 metros.
• 3. Pozo horizontal final: 4452 metros de longitud, 3600 m de profundidad final y 900 metros en el tramo horizontal.
• 1. Terminación: Diez fracturas (9 exitosas) – 30 000 bolsas de arena (1500 Ton.) + 30 000 m3 de agua.
• 2. Potencia utilizada: 32 000 HP (16 camiones de fractura) con 12 000 psi de presión.
• 1. Inicio de operaciones: 14 de noviembre de 2010 (173 días de perforación + 61 días de terminación a la fecha).
• 2. Costo final estimado: 24 millones de dólares.
Fuente: Miguel Lavia y Julio Shiratori (2011), Apache Energía Argentina SRL.
26 De esta campaña han participado el diario La Nación y voceros periodísticos como Rolando Hanglin (2009):“‘A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA’, fue la inverosímil y aplaudida acusación del empresario Carlos ‘Nuno’ Sapag (hermano del [actual] gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), referente de la Sociedad Rural, […] ante un auditorio de estancieros, empresarios y familias tradicionales”, cuenta el periodista Darío Aranda (2009b).
27 Solo consultó a una de ellas, promoviendo además el conflicto y la fragmentación entre las comunidades.
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Sin embargo, la penetración petrolera en la zona es muy anterior. Dentro del territorio mapuche, existen alrededor de 250 pozos de petróleo y gas, funcionan varias plantas compresoras de gas, baterías, oleoductos y gasoductos. Primero, estos estuvieron a cargo de YPF estatal, luego pasaron a manos de Alberta, de Pioneer Natural Resources y, entre 2006 y 2013, la operadora fue Apache). Como hemos señalado, en febrero de 2014 los activos locales de Apache pasaron a manos de YPF. En fin, la relación siempre conflictiva entre el gobierno de la provincia de Neuquén y las comunidades mapuches se tensaría aun más, oscilando entre el conflicto abierto y la negociación, casi siempre trunca, lo que pone de manifiesto la combatividad de las comunidades y, al mismo tiempo, su indefensión política y su vulnerabilidad económica ante los grandes poderes.
En 2013, cuando visitamos la región, pudimos comprobar que son varias las comunidades mapuches afectadas por la explotación hidrocarburífera convencional desde hace una década, a lo que se suma ahora la explotación no convencional. Respecto de esto último, aunque hubo un par de mesas de negociación a iniciativa de las autoridades y fueron varias las acciones directas realizadas por las comunidades –que implicaron tomas y paralización de pozos–, el conflicto con Apache sigue hoy vigente, tanto en la Comunidad Gelay Ko como en Wincul Newen. Más aun, en términos judiciales, la situación de ambas comunidades es muy delicada por el acoso constante de la empresa Apache, apoyada por la Justicia provincial, que busca autorizar ahora el ingreso de la empresa para realizar tareas de exploración sísmica en la zona de Portezuelo.28 A esto se suma la muerte prematura de la lonko Cristina Lincopan, en marzo de 2013, una de las líderes mapuches en la lucha contra la contaminación petrolera. La joven, de tan solo 30 años de edad, estaba afectada por un cuadro de hipertensión pulmonar, lo que puede estar vinculado con el contexto de contaminación ambiental de la zona.29 Por último, la manipulación de los derechos territoriales por parte del gobierno tampoco está ausente. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con la comunidad mapuche de Cheuquel, ubicada a 30 km de Zapala. El gobierno neuquino propuso intercambiar entrega de tie-
28 Martín Maliqueo y Rellmu Ñamku, de la Comunidad Wincul Newen, están hoy en día acusados de “lesiones graves y daños” tras una orden de desalojo de su propia tierra, dictada en diciembre de 2012, impuesta por la empresa Apache en el yacimiento Portezuelo Norte para su explotación, lo que viola el convenio 169 de la OIT.
29 En el documental La guerra del fracking, de “Pino” Solanas, se presenta la triste historia de esta lonko, quien al día de hoy se ha convertido en una figura emblemática de la lucha contra el fracking.
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rras por el consentimiento a la explotación petrolera. Como consigna Darío Aranda (2013c), el abogado de la comunidad denunció al gobierno de Neuquén porque propuso otorgar el título de tierras comunitario a través de un decreto, a cambio de otorgar derechos de exploración y explotación petrolera a las empresas Pluspetrol y GyP (Gas y Petróleo) de Neuquén.30
El segundo gran conflicto que insertó a Neuquén en el debate nacional es el vinculado al convenio entre YPF y Chevron, para la explotación de un sector del yacimiento de Vaca Muerta. En Neuquén capital, el espacio de resistencias está conformado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) y por la Multisectorial contra el Fracking, que nuclea un amplio arco de organizaciones, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), la CTA-Neuquén, el Frente Darío Santillán, la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha (COB-La Brecha), Ecosur, hasta la Confederación Mapuche del Neuquén. Asimismo, son varios los legisladores de partidos de la oposición que se han movilizado denunciando tanto las irregularidades del convenio entre YPF y Chevron, como los peligros ambientales del fracking.31
Recordemos las distintas irregularidades que se dieron en torno a este convenio, aprobado en el Parlamento neuquino, en agosto de 2013, por los legisladores oficialistas del MPN y el FpV. En primer lugar, los legisladores aprobaron la renovación del contrato entre la provincia e YPF (lo que, por
30 El decreto que habría sido firmado en agosto de ese año, fue rechazado también por la comunidad Cheuquel en un comunicado: “‘Rechazamos estas cláusulas en el decreto y pedimos revocatoria porque violan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, tal como exige el convenio 169 de la OIT. Y denunciamos estas propuestas poco claras que están llegando a las comunidades y que afectan notablemente los derechos de los pueblos originarios’, señaló la comunidad mapuche Cheuquel en un comunicado. El decreto 1428 fue firmado por el gobernador, Jorge Sapag, el 15 de agosto pasado. En el primer artículo otorga un título gratuito por 3500 hectáreas, pero la comunidad posee 12 000 hectáreas. Y el segundo artículo no tiene antecedentes: establece que el adjudicatario (la comunidad) permite el libre acceso a las empresas estatal GyP y a Pluspetrol. La comunidad rechazó el decreto provincial, recordó que la entrega de tierras es ‘una obligación del Estado (artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 53 de la Constitución de Neuquén)’ y remarcó que ‘ninguna ley establece la posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos’ para el reconocimiento de territorios indígenas”. Véase Darío Aranda, 2013c.
31 La diputada provincial Beatriz Kreitman, referente de la Coalición Cívica y el concejal Juan José Dutto, fueron los que impulsaron las principales denuncias y presentaciones judiciales. Véase, además, el artículo “La Patagonia no debe ser zona de sacrificio”, firmado, entre otros, por Kreitman y Magdalena Odarda, senadora por la provincia de Río Negro, .
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ende, implicaba avalar el acuerdo de YPF con Chevron), sin siquiera acceder al contenido completo del convenio. Ciertamente, el convenio con Chevron puso de manifiesto el proceso de falsa estatización de YPF,32 ya que al adoptar la empresa el modelo de sociedad anónima, en lugar de la figura de una sociedad del Estado, los convenios realizados por YPF con otras empresas pasan a ser acuerdos entre sociedades privadas. Es decir, esta figura legal no permite rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Alegando dicha legalidad, YPF-Modelo 2012 pudo sortear cualquier control público y mantener así ocultas las cláusulas más controversiales del convenio firmado con Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
Por otro lado, YPF eligió como socio principal a la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia. Chevron, la transnacional de origen estadounidense, el cuarto productor de petróleo en nuestro país en esos momentos, es heredera de Texaco y, antes, de Standard Oil. Además de contar con un historial sórdido, en la actualidad la compañía es prófuga de la Justicia de Ecuador (donde Texaco operó entre 1964 y 1990), luego de ser sentenciada a pagar US$ 19 mil millones por la contaminación de 500 mil ha de la Amazonia y por graves violaciones de derechos de los pueblos indígenas (Alberto Acosta, 2013). Por esta razón, el acuerdo entre YPF y Chevron se vio demorado, debido a un primer embargo sobre los bienes de la empresa en nuestro país, emitido por un juzgado, que no dudó en respaldar los acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador. Sin embargo, menos de un mes después, y con el pedido expreso de la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Chevron y levantó el embargo que pesaba sobre la empresa, allanando el camino a la concreción del convenio.
Asimismo, tal como varios analistas habían adelantado (Serricchio, 2013; Observatorio Petrolero Sur, 2012), las condiciones que impondría Chevron serían leoninas, difíciles de digerir para un gobierno que se dice nacional y popular. El caso es que veinticuatro horas antes de la firma del acuerdo, el gobierno creó, por el decreto 929, un régimen de promoción de inversión de hidrocarburos para la explotación de estos recursos –a la medida de Chevron–, que prevé beneficios para las empresas que presenten proyectos de explotación de un monto no inferior a US$ 1000 millones. A la manera de la legislación minera de los años noventa, el decreto 929 otorga nume-
32 Nos permitimos retomar varios de los documentos y pronunciamientos de Plataforma 2012 sobre el tema, en cuya redacción participamos, así como los artículos periodísticos publicados por los autores de este libro en diversos medios (Clarín, Perfil, Río Negro y La Voz del Interior).
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rosos beneficios, entre ellos la exención a pagar los derechos de exportación a partir del quinto año de ejecución del proyecto. Además, establece la libre disponibilidad (100%) de las divisas provenientes de dicha exportación; desconoce las reservas, por lo que las concesiones pueden desembocar en una veloz depredación de nuestros bienes naturales; y no propone una reglamentación de la extracción que prevea los impactos ambientales que ocurrieron en otros lugares del mundo con el fracking, entre otros puntos. Estas prerrogativas, violatorias de la Ley Nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la Ley de Soberanía Energética y retrotraen la política petrolera a la de la década del ’90, al tiempo que contravienen la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.33
Posteriormente se revelaron otros detalles cuestionables del convenio con Chevron. Un artículo publicado en el New York Times afirmó que el trato protegería a la compañía estadounidense de una pérdida financiera relacionada con un cambio en el escenario político: “Una vez que la compañía invierta 1,2 mil millones de dólares, puede retirarse 18 meses después de las operaciones sin sanción y continuar recibiendo ganancias netas del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”.34 Recordemos que entre
33 La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña (mayo de 2014) que establece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, vuelve a poner en la arena pública la manera en que la petrolera norteamericana llegó a explotar Vaca Muerta. En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto), denunciábamos el incumplimiento de su deberes como funcionaria pública, el abuso de autoridad y referíamos al daño ambiental en grado de tentativa que supone la utilización del fracking (Aclaramos que Enrique Viale, en su calidad de presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fue uno de los promotores de esta denuncia). El fallo de la Cámara habilita la investigación de un hecho que ha sido denunciado desde antes de la firma del acuerdo: Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta (véase Svampa y Viale, 2014).
34 Los dos primeros ítems clave eran: la ley aplicable del convenio, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de la Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York; en caso de existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no sería la de los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia. El tercer ítem, que apareció publicado en el New York Times, es el siguiente: “YPF depositará en sucesivas semanas 100 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevron pueda, eventualmente, cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio”, .
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la sanción de la Ley de Expropiación de YPF y la firma del acuerdo con Chevron, el gobierno aumentó el precio del gas en boca de pozo en un 200%, a fin de atraer la inversión de los capitales extranjeros.35 De modo que, más allá de las consignas latinoamericanistas en boga, Chevron fue defendida a capa y espada desde los gobiernos nacional y provincial (Neuquén) como el “mejor socio” de YPF y el “más solvente” para la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta, pese a que hasta mayo de 2013 el propio gobierno neuquino estaba estudiando “sacarle los bloques concesionados a Chevron, porque no invertía lo suficiente”.36
A todo esto se suman otros atropellos realizados en la Legislatura neuquina, como por ejemplo que no hubiera audiencia pública y que el acuerdo ni siquiera fuera tratado por la comisión de medio ambiente (pese a los pedidos y presentaciones judiciales de algunos diputados de la oposición). Tampoco hubo consulta a las comunidades mapuches,37 en flagrante violación del convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Los argumentos oficialistas en defensa del fracking se asentaron sobre cuatro ejes.
• Primer eje: el realismo político y la falta de alternativas. Así, en el plano provincial, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, afirmaría: “El desafío es: ponemos en marcha todo el gas y petróleo que tenemos en la provincia del Neuquén o lo seguimos importando. No hay alternativa” (Diariamente Neuquén, 2013). Su referencia central fue el doble reconocimiento de la dependencia: a nivel nacional, de los combustibles fósiles; a nivel provincial, de los ingresos fiscales de Neuquén de la extracción de gas y petróleo.38
35 . Asimismo, como consigna un documento del Observatorio Petrolero Sur, “La diferencia de precios en combustibles con la competencia (hoy en día desfavorable para YPF) iría reduciéndose escalonadamente y aquí sí habría una repercusión directa en el precio final”, Observatorio Petrolero Sur, 2012.
36 .
37 La COM arrancó con protestas horas antes de la firma del acuerdo con la toma de dos torres de perforación en Vaca Muerta, el 15 de julio de 2013, lanacion.com.ar/1601523-protesta-mapuche-en-vaca-muerta-a-horas-delacuerdo-entre-ypf-y-chevron>.
38 “Después está el campo del ser, el campo fáctico de la realidad que nos toca, cotidiana. En este campo tenemos que separarnos un poquitito de las utopías y vivir el día a día. Queremos que el auto ande, que el avión ande, queremos que un hospital esté iluminado, que una escuela funcione, queremos cocinar y
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Hasta amenazó con dejar sin regalías a aquellos municipios díscolos que aprobaran ordenanzas anti-fracking y, una vez aprobado el convenio, no se privó de aleccionar al Poder Judicial, frente a los recursos de amparo y demandas presentados, incluso para discutir la constitucionalidad de algunos aspectos productivos vinculados al fracking. Sin embargo, en febrero de 2014 la Justicia neuquina dio lugar al amparo presentado por diputados provinciales de la oposición, para que el gobierno informara sobre el convenio entre YPF y Chevron.
• Segundo eje: el oficialismo provincial hizo la defensa de un “fracking seguro”, negando los riesgos de contaminación y minimizando el uso de agua. El ministro de Energía y Servicios Públicos de Neuquén, Guillermo Coco, se encargó de minimizar el uso de agua para el fracking, por lo cual se hicieron anuncios acerca de la faraónica construcción de una red de acueductos (red azul) para su utilización en la explotación de gas y petróleo no
calefaccionar nuestras casas. El 90 por ciento de la matriz energética argentina – cuando hablo de matriz energética me refiero a todo lo que se usa en la República para mover la industria, la fábrica, los hogares, colectivos, para mover las ambulancias, calefaccionar los hogares–, el 90 por ciento de la matriz energética argentina depende del gas y los combustibles fósiles del petróleo. Y esa realidad no la inventé yo, no la inventó el gobernador de la provincia ni la inventó el gobierno nacional, esta realidad existe. Quizá sea uno de los pocos países del mundo que tiene el 90 por ciento de su matriz energética en base a gas y petróleo, pero esa es la realidad. Tenemos algo de carbón, algo de energía nuclear, algo de hidroelectricidad, de la cual el 25 por ciento de la hidroelectricidad del país la genera Neuquén; y tenemos por otro lado dentro de este campo de lo fáctico la obligación de gobernar. […] Los neuquinos no queremos más lo que están diciendo algunos, queremos solamente energías del deber ser: el viento, el sol, el agua, pero no queremos el gas y petróleo. Muy bien, ¿no querés más el gas y el petróleo? ¿Dentro de tres o cinco años quién va a pagar los sueldos? ¿Quién va a pagar las obligaciones del Estado? ¿Quién va a pagar las deudas del Estado?” Discurso del gobernador de Neuquén, 18 de septiembre de 2013, .
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convencional en la zona árida de la estepa neuquina (Río Negro, 2 de agosto de 2013).41 Asimismo, los voceros del oficialismo (nacional y provincial) y las grandes solicitadas del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) –que, pese a que busca presentarse como un organismo técnico, es el que nuclea a las patronales del petróleo, desde Pan American Energy, Petrobras, Esso, Techint, Siderca, Apache hasta Chevron– retomaron el discurso que las grandes empresas vienen utilizando a nivel global; esto es, que gracias a la profundidad de la capa de shale gas y su espesor, no habría problemas de contaminación de acuíferos, tal como sucedió en Estados Unidos, donde se perforó a un centenar de metros. Un discurso contradictorio, pues mientras las empresas petroleras niegan su responsabilidad en los casos de contaminación denunciados en Estados Unidos, prometen que esto no ocurrirá en otros países. Además, como afirma Roberto Ochandio, en su respuesta al IAPG (2013),
Los casos emblemáticos donde se vincula los riesgos de contaminación del agua y la fractura se dan en la formación Marcellus Shale. Esta se localiza en el Noreste del país, entre los estados de Pennsylvania, Nueva York, Ohio, y West Virginia. Allí es donde la película Gasland registró el gas saliendo por las canillas de las casas, donde literalmente el agua se prende fuego. Vale decir que la formación hidrocarburífera de Marcellus Shale se encuentra entre 7000 y 10 000 pies (2100 a 3000 metros) de profundidad, profundidades similares a las presentes en Argentina.
Por último, como sostiene el ingeniero en petróleo Eduardo D’Elia (2013):
La profundidad solo va a determinar el tiempo en que los hidrocarburos vinculados a formaciones permeables demorarán en ascender. Las manifestaciones de petróleo o gas en acuíferos o en la superficie pueden aparecer en años o tal vez en décadas. Quizá para cuando la compañía ya no esté en el país y tengamos que estar como los ecuatorianos buscando amparo legal en otros países del mundo.42
41 .
42 Entre los argumentos vertidos, las compañías petroleras alegan ahora que cuentan con tecnología mejorada y aditivos químicos que ya no son tóxicos. Más aun, para el caso neuquino, el gobierno anunció que se darían a conocer los componentes químicos.
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Resulta útil recordar que en la región de la Patagonia Norte la contaminación ligada a la explotación hidrocarburífera no es un fantasma o una posibilidad, sino una realidad efectivamente existente. Así, entre mayo y agosto de 2013 hubo cinco accidentes graves en esa región, entre ellos “cuatro derrames en solo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias), que involucran a Petrobras y a YPF” (Aranda 2013d), a los que hay que añadir la explosión e incendio de un pozo de gas en el ejido urbano de la localidad de Plottier (Neuquén), de la empresa Pluspetrol; por último, un derrame petrolero que produjo mortandad de peces en Catriel (Río Negro), y que hoy es motivo de una protesta de comunidades indígenas (La Mañana de Neuquén, 22 de agosto de 2013).En consecuencia, la pregunta que muchos se hacen, sin tener por ello que pertenecer a ninguna organización ecologista, es: si no existen controles ambientales y no es posible evitar graves accidentes con la explotación de petróleo y gas convencional, ¿qué sucederá entonces en cuanto se avance de modo masivo con la explotación de los no convencionales?
• Tercer eje: la promesa de desarrollo regional, a través de la creación de empleo y de una amplia red de servicios. Para ello, el gobierno comenzó a emplear el término cluster (factoría), a través del cual se busca hablar de la sinergia de empresas y la concentración geográfica de actividades en la zona de Vaca Muerta. Sin embargo, en las localidades cercanas, como Añelo, ubicada a 100 km de la capital, con 5000 habitantes, ya son visibles los problemas sociales y urbanos típicos de los enclaves extractivistas.
Por sus calles de tierra circulan decenas de camionetas 4×4 y los alquileres se dispararon a precios inaccesibles: una casa de dos habitaciones puede llegar a costar 8000 pesos por mes. No hay hospitales, solo una salita de primeros auxilios, la única calle asfaltada no mide más de 200 metros, la municipalidad está ubicada en una casa tipo plan de vivienda frente a la plaza y hay una sola estación de servicio (Zanellato, 2013).43
Como agrega la periodista especializada en cuestiones ambientales, Laura Rocha: “Añelo, en Neuquén, ese pueblo con un puñado de habitantes ya es noticia porque el alquiler de un monoambiente llega a los 18.000 pesos” (La Nación, 2014).
43 Véase el artículo de Marcelo Larraqui, 2013.
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Añelo, además, está a 8 km del yacimiento Loma de la Lata, que en décadas pasadas supo concentrar otras promesas de progreso y bienestar, que nunca llegaron a la población. Primero con YPF, luego con Repsol; allí se han registrado graves problemas de contaminación que afectaron a comunidades mapuches (véase el capítulo 3). En fin, la pregunta que surge en relación a esto es por qué no habrían de reproducirse en Añelo los problemas que ya hemos reseñado para los pueblos campamentos y las ciudades-commodity. Recordemos el caso de Comodoro Rivadavia, emblema del mal desarrollo, una ciudad que combina elevados índices de sobreocupación con altísimas tasas de criminalidad y exacerbación de graves problemáticas sociales, como la trata, la prostitución y las adicciones, entre otros.
• Cuarto eje: la estigmatización del discurso ambientalista como “fundamentalista” y “terrorismo ambiental”. Entre los máximos exponentes de esta posición está la vicegobernadora Ana Pechen, quien no vaciló en arremeter contra los críticos del fracking, pidiendo educar a la población contra “el terrorismo ambiental”.44 Recordemos que la aprobación del convenio YPFProvincia-Chevron, por la legislatura de la provincia del Neuquén, se realizó en medio de una fuerte represión, al día siguiente tuvo lugar una marcha de 10 000 personas que manifestaron su repudio.45 A ello siguió la estrategia de amedrentamiento del oficialismo provincial, con la quema de una casa de la Comunidad Campo Maripe, cuyos integrantes decidieron cortar el acceso a los campamentos de Loma de la Lata como forma de protesta.
Un día después de la aprobación del convenio, se multiplicó la campaña publicitaria, tanto a nivel nacional como provincial, con solicitadas millonarias de YPF, el gobierno neuquino y el IAPG. La misma se llevó a cabo en los más diversos medios gráficos y en la televisión, y apelaba al imaginario nacionalista y a la historia de YPF; además, contó con una edición especial de la revista National Geographic,46 consagrada enteramente a Vaca
44 .
45 Sin embargo, desde el oficialismo provincial y nacional se minimizaron los hechos e, incluso, desde medios oficialistas se buscó restar carácter representativo a la marcha (se habló de una marcha de “un centenar de ambientalistas”).
46 National Geographic en español, edición especial: La evolución del combustible. Viaje al centro de Vaca Muerta, 2013. “Vaca Muerta es el nombre-utopía realizable de los que ven en su exploración la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento energetico”, dice la revista, describiendo las etapas del fracking, el porvenir venturoso de Añelo, junto a un entusiasta reportaje a
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Muerta, que fue financiada por YPF y distribuida de modo gratuito entre legisladores nacionales y provinciales, y entre los periodistas.
El límite de la obsecuencia y de la declinación del pensamiento crítico respecto de este tema lo marcó la comisión de desarrollo tecnológico de Carta Abierta, colectivo de intelectuales oficialistas que, en un breve comunicado en el que ni siquiera se nombra a Chevron ni se alude a la sentencia que pesa sobre esta empresa, justifica el acuerdo en nombre del autoabastecimiento petrolero, mezclando las consignas de orden nacional-popular con los argumentos que vienen difundiendo las empresas transnacionales respecto del fracking, rehuyendo cualquier tipo de problematización e ignorando el reclamo democrático de las poblaciones locales.
En suma, el gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros manipularon, ocultaron y negaron información, evadiendo una verdadera discusión democrática sobre temas complejos, que requieren de una mirada estratégica y de largo plazo, así como la participación del conjunto de la sociedad. El convenio con Chevron abre la puerta al ingreso del fracking a gran escala y en manos de las grandes corporaciones transnacionales. De hecho, en septiembre de 2013 se anunció la firma de un acuerdo con Dow Chemical para explotar gas no convencional en otra zona de Vaca Muerta,47 al tiempo que existían proyectos de acuerdos con capitales chinos para el año 2014.48

Galuccio, CEO de YPF, además de magníficas fotografías. También hay una entrevista editada a la comunidad Kaxipayin (que tiene un largo juicio con Repsol por contaminación, en Neuquén), que es muy ambigua, pues se señala que “se oponen al fracking apelando al sentido común” (o sea, no es científico), y que llegaron en 1885, provenientes de Azul, y que sus tierras fueron entregadas por el gobierno nacional por su participación junto al ejercito en la campaña del desierto (según consigna un libro publicado por Repsol en 2004). Asimismo, como ya sucedió con la megaminería en 2012, la campaña incluyó invitaciones y visitas de periodistas a diferentes yacimientos.
47 .
48 . En un artículo reciente, el periodista Walter Curia afirmaba: “Una segunda etapa del acuerdo con Chevron prevé una inversión de 15.000 millones de dólares. YPF ya firmó asociaciones estratégicas con Dow Chemical Argentina, con Pampa Argentina y con Pluspetrol para el desarrollo de recursos no convencionales en Neuquén. Y también aspira a cerrar trato antes de fin de año con la malasia Petronas” (Curia, 2014).
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Viñeta 1: Muros, política y ciudadanía
Maristella Svampa
Publicado en el diario Río Negro, 29 de enero de 2014
Los muros son máquinas de exclusión que se expanden bajo diversas formas en el espacio social contemporáneo. Pese a haber escrito una novela reciente sobre el tema (El muro, Edhasa, 2013), viendo lo que hoy sucede en Neuquén con la elevación del muro del edificio de la Legislatura provincial, no puedo menos que pensar que la realidad siempre termina superando a la ficción.
En la actualidad existe una variada tipología de muros, pero el principio siempre es el mismo: se trata de establecer una barrera explícita, física, que instituye una separación entre el “adentro” y el “afuera”, a partir de lo cual se busca controlar a aquellas poblaciones a las cuales por diversas razones se les niega el derecho al acceso. Pertenecer, estar adentro, tiene sus privilegios. Y los que quedan afuera son definidos como poblaciones “peligrosas”, “indeseadas”, sea que se trate de pobres urbanos o rurales, de grupos de inmigrantes o de manifestantes y organizaciones políticas y sociales. Para decirlo de otro modo: los muros separan y, al mismo tiempo, instituyen categorías diferentes de ciudadanía.
El gobierno neuquino no puede alegar ingenuidad ni tampoco tomar por estúpida a la ciudadanía, cuando aprovechándose del receso de verano decide elevar los muros del edificio de la Legislatura provincial. Ya antes de esta aberrante modificación dicho edificio, tan deliberadamente distante del centro, nos devuelve una imagen inquietante, perturbadora, debido a su carácter de fortaleza amurallada. La separación que hay entre el enorme edificio y la calle más cercana, así como la altura a la cual se erigen sus murallas, lo semejan más a un anacrónico castillo medieval que a una moderna Cámara de representantes del pueblo.
Ni que hablar de sus puertas de ingreso y de los controles a los cuales se somete a todo aquel que se supone no simpatiza con ninguno de los oficialismos hoy vigentes (nacional y provincial). En varias oportunidades viví en carne propia lo difícil que es el acceso a dicha Legislatura. Una de ellas –cómo olvidarlo– el día de la larga represión (28/8/2013), cuando los dos oficialismos sellaron de modo escandaloso el acuerdo YPF-Provincia-Chevron, en una parodia de debate democrático. Ese día una movilización de unas 5000 personas, entre las que había organizaciones mapuches, asambleas ambientales, gremios, partidos de izquierda, referentes nacionales de diferentes partidos políticos y vecinos, se
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dirigió a la Legislatura provincial, que estaba fuertemente vallada y militarizada desde temprano. La represión, que arrancó por la mañana, duró unas cinco horas, e incluyó balas de goma y gases lacrimógenos, aunque también hubo un herido de bala de fuego y varios hospitalizados.
Es cierto que, desde hace tiempo, las vallas y rejas móviles se han generalizado en el espacio de la política. Esto sucede a nivel global a partir de la batalla de Seattle, en 1999, que signó la emergencia de los movimientos críticos de la globalización neoliberal; y a nivel local, en la Argentina, a partir de las movilizaciones del 2001 y el 2002. Las vallas sirven para configurar zonas de exclusión, como sucede por ejemplo en las cumbres mundiales o como podemos ver en la Plaza de Mayo, así como frente a otros edificios públicos. Pero el muro, a diferencia de las vallas –que son móviles y por ende, transitorias–, instala una frontera rígida entre el adentro y el afuera. Implica un nivel superior, una escala mayor, si hablamos del paradigma del orden y de la seguridad, aplicado de modo directo a la política.
En realidad, el muro de la Legislatura neuquina me recuerda a otro caso patagónico, ligado a la respuesta de las grandes empresas. Me refiero a la localidad de Caleta Olivia, en la provincia petrolera de Santa Cruz, donde está la planta de Termap (Terminal Marítima Petrolera). Allí, en el 2005, en tiempos todavía piqueteros, Termap fue tomada varias veces por grupos de desocupados. La “solución” que las empresas aglutinadas en Termap (en ese entonces una asociación entre Repsol-YPF, Pan American Energy, Vintage Oil y Shell) encontraron para poner fin a los sucesivos reclamos de los desocupados que pedían trabajo (muchas de ellas mujeres) fue levantar un paredón de más de tres metros de alto, “coronado con doble alambrado de púas y custodiado por agentes encapuchados” (La Nación, 19/6/2005). Se lo conoce como “el muro de Caleta”, pero el citado diario lo bautizó como “muro antipiquete”. Del mismo modo, en el caso de la Legislatura de Neuquén, la respuesta del poder político es similar a la de las empresas privadas: la decisión de elevar el muro, para así evadir cualquier interpelación o desafío futuro de la ciudadanía.
En suma, el muro de la Legislatura neuquina resulta tan transparente en sus intenciones, tan ostensible en su concepción delegativa, antiparticipativa y, por ende, antidemocrática de la política que no me atrevería a caracterizarlo solamente como un muro antiprotesta, sino más bien como un muro anticiudadano. Si a la crudeza del lenguaje arquitectónico (el muro) le sumamos las recientes y desafortunadas declaraciones del gobernador, que establece una distinción entre “personas” y “mapuches” (a propósito del incendio en Ruca Choroi), hay que concluir que la política para el MPN
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–y sus socios estratégicos– aparece naturalmente asociada a la idea de segregación, de separación, de distancia, antes que a la de vínculo, de acercamiento, de inclusión y participación. Toda una definición de los tiempos que corren y anuncios de lo que vendrá: una clase política gobernante que, frente a los conflictos, prefiere replegarse detrás de un largo muro…

Allen: hacia el desplazamiento de una economía centenaria
“Ustedes, los chacareros, son los mapuches en Allen.” Vocero mapuche en diálogo con un chacarero de Allen, el día de la movilización y represión en la Legislatura de la provincia de Neuquén, en contra del convenio YPF-Provincia-Chevron, 28 de agosto de 2013
Otro de los casos más resonantes que ilustran la avanzada del fracking en la Patagonia argentina es el de Allen, localidad de unos 30 mil habitantes en el fértil valle del río Negro. Con sus 6500 ha bajo cultivo, Allen es un territorio con historia, consagrado a la producción de frutas, sobre todo peras y manzanas, además de hortalizas. Esta matriz productiva casi centenaria hoy se encuentra amenazada por el avance de la actividad hidrocarburífera, que si bien se lleva a cabo desde hace décadas en la zona, se ha expandido notoriamente a partir de 2006 con el ingreso de la petrolera Apache y, de manera más vertiginosa, a partir de 2010.
Recordemos que la cuenca del Neuquén incluye también el Alto Valle del río Negro y cuenta con diferentes formaciones geológicas, donde existen varios tipos de hidrocarburos no convencionales, no solo shale gas sino también tight gas. Allen está asentada sobre el yacimiento Lajas, en el cual se ha detectado tigth gas, o gas de areniscas. En la actualidad, hay por lo menos 160 perforaciones, la mayor parte de ellas, entre plantaciones de peras y manzanas, que incluyen varias plataformas multipozos (well pad) y en las cuales ya se ha venido aplicando la metodología de la fractura hidráulica o fracking.
Varias cuestiones convierten a Allen en un caso emblemático. En primer lugar, debido a las características del lugar, el discurso hegemónico no puede alegar la metáfora del “desierto” (desconociendo el asentamiento de comunidades indígenas, tal como ocurre en Neuquén) o hablar de la inexistencia de una economía regional, a partir de lo cual se podría sostener que no hay otra alternativa de desarrollo. En razón de ello, la estrategia de las empresas
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y de los gobiernos provincial y municipal ha sido la de insistir en que –pese al uso del agua, la tierra y las sustancias químicas, y de las alertas en torno a la posibilidad de contaminación– la actividad frutícola y la hidrocarburífera pueden coexistir armónicamente. Incluso durante un tiempo, y a pesar de las denuncias de los vecinos, el oficialismo tuvo un discurso oscilante que apuntaba a negar el hecho en sí mismo.49 Por ejemplo, mientras el gobernador Alberto Weretilneck sostenía que no había fracking en la localidad, el senador Miguel Ángel Pichetto afirmaba que “Nuestra provincia no tiene Vaca Muerta, no hay que hacer un sistema de extracción petrolera con el mecanismo de fracking, ha habido a lo mejor algunas experiencias que se han hecho en uno o dos pozos de Allen, pero de ninguna manera el sistema petrolero rionegrino es un sistema que no use los métodos convencionales” (NoticiasNet.com.ar, 2013; las cursivas son nuestras).
Lo cierto es que, desde fines de 2012, cuando empezaron las primeras denuncias, fueron varias las organizaciones que se manifestaron contra este tipo de metodología extractiva, colocando en el centro la defensa de la matriz productiva y del agua; entre ellas, APCA-Allen, Proyecto Allen50 y la propia Cámara de Fruticultores (que reúne a los pequeños y medianos chacareros). Desde el inicio, el escenario del conflicto mostró la clara subordinación del Ejecutivo municipal, en manos del FpV, a la política del gobierno provincial. Pero a mediados de 2013, y con el antecedente exitoso de la vecina localidad de Cinco Saltos, a pedido de la Asamblea de Vecinos, concejales de la UCR y del PJ presentaron una propuesta de ordenanza que prohibía el fracking. La ordenanza tenía pocos visos de prosperar, no solo en virtud del alineamiento de poderes (político y económico), sino también frente a la incipiente intervención de la empresa en la localidad, de la mano de un prestador de servicios petroleros que comenzó a realizar “acción social empresarial” a través de dádivas, buscando cambiar la imagen del petróleo en la ciudad.
Sin embargo, en agosto de 2013, vecinos pertenecientes a la asamblea denunciaron el arribo de una flota de entre 25 y 40 grandes camiones que transportaban arena y sustancias químicas, y que luego de ocupar una
49 En 2011, el gobernador Miguel Saiz (radical “K”), poco antes de terminar su mandato, sancionó el decreto 1541/11 que habla de “yacimientos no convencionales”. Sin embargo, un decreto posterior, el 1754/12, lo derogó.
50 y . Véase también el video en defensa de la economía frutícola y contra el fracking realizado por Proyecto Allen, .
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planta local se desplazó hacia la zona de chacras, en la costa del río Negro. Este hecho, sumado a otras denuncias –entre ellas, la intervención de la empresa Apache en las escuelas promoviendo la defensa de la actividad petrolera–, produjeron la indignación de los vecinos, lo que desembocó en una importante movilización que marchó hacia el municipio y exigió el tratamiento sobre tablas de la ordenanza que prohibía el fracking. De modo casi sorpresivo, y en una sesión agitada, el Concejo Municipal aprobó la ordenanza por unanimidad, basándose en el principio precautorio (que indica la suspensión de una actividad, ante la incertidumbre de que la misma pueda generar daño irreversible), incluido en el artículo 4 de la Ley del Ambiente (Ley Nacional 25 675), actualmente en vigencia.
Se trató, sin duda, de un triunfo de la movilización impulsada por la Asamblea de Vecinos y por algunos –muy pocos– chacareros de la localidad. Pero, a diferencia de lo sucedido en Cinco Saltos (donde la intendenta apeló al veto), en Allen el oficialismo ensayó una nueva estrategia: prefirió no vetar la ordenanza, y dejar la decisión en manos de la Justicia provincial. Como era de prever, a fines de noviembre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en un fallo “exprés”, basándose en que la regulación de la actividad hidrocarburífera es potestad de las provincias, declaró inconstitucional la ordenanza que establecía a Allen como municipio libre de fracking y que había sido aprobada por el Concejo Municipal, por unanimidad, tres meses atrás.
El fallo de la Justicia rionegrina pretende desconocer que la ordenanza allense no apunta a regular la actividad hidrocarburífera, sino que tiene un carácter eminentemente ambiental, materia que desde el punto de vista constitucional es de competencia local. Con este fallo, además, sepultó el poder de policía de los municipios en materia ambiental, los que de esta manera pasarían a ser meros espectadores del avance petrolero en sus chacras, caminos y calles, abriendo una especie de “zona liberada” a las petroleras, incluso en los ejidos urbanos de cualquier ciudad de Río Negro. Por ejemplo, amparados en este fallo, si la provincia hallara hidrocarburos en el subsuelo de la ciudad –pongamos, por caso, en la plaza central de la localidad– y decidiera hacer un pozo de fracking, los municipios no podrían hacer nada.51 Agregamos a ello que el fallo sentó un pésimo precedente a
51 Como afirmamos en un artículo periodístico, “a menos que se conciba como un actor sin poder alguno, hablado por el poder ventrílocuo de las corporaciones, el Ejecutivo municipal tenía la obligación de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defendiendo la legalidad de una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, meses atrás, por unanimidad. No se trata de
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nivel nacional, respecto de la treintena de ordenanzas municipales que prohíben el fracking existentes hoy en el país.
Para quienes saben del funcionamiento de la Justicia provincial, el fallo no sorprendió, ya que en Río Negro la Justicia –jueces y Consejo de la Magistratura– suele alinearse con el poder (en este caso con el gobernador Weretilneck y el senador Pichetto, de proyección nacional). Este alineamiento automático es mucho más contundente cuando los conflictos confrontan los derechos colectivos (ambientales, indígenas) con fuertes intereses económicos. Tal como viene sucediendo en la vecina Neuquén, la Justicia provincial rionegrina tiende a fallar en favor de las corporaciones, poniendo en evidencia que en realidad el sistema judicial provincial forma parte del problema, antes que de la solución.
En segundo lugar, cabe poner el acento en la estructura productiva de Allen. Sin entrar en un estudio de caso, importa destacar que a lo largo de las últimas décadas el sector frutícola del Alto Valle del río Negro, principal exportador del país de frutas de pepita, ha venido sufriendo enormes transformaciones, vinculadas al proceso de modernización, internacionalización y concentración económica. Como en otras partes del país, la crisis y la reconversión tecnológica se hizo en favor de los grandes actores económicos, lo que impactó fuertemente sobre los contornos del tradicional mundo chacarero. En la actualidad, la región transita una etapa de mayor concentración y transnacionalización. Las grandes firmas integradas se convirtieron en el núcleo hegemónico de la cadena frutícola, centralizando la comercialización interna y externa de la producción regional, predominantemente mediante formas de integración vertical. Así, el 88,5% de las exportaciones son concentradas por diez grandes empresas, que son a su vez las que controlan la distribución del excedente en el interior de la cadena. Asimismo, las empresas realizaron integraciones hacia atrás, esto es, interviniendo en la producción primaria (compra y alquiler de chacras) (Alvaro, 2013: 91). En consecuencia, la actual estructura agraria muestra el fuerte protagonismo de grandes empresas agroindustriales, la existencia de sectores agrarios medios importantes y de una masa más importante de pequeños chacareros con grandes dificultades de reproducción social, y, por último, un número destacado de trabajadores rurales, permanentes y transitorios.52

una cuestión de opinión sino de cumplimiento del deber, en la medida en que este es quien está al mando del Ejecutivo municipal y es responsable de proteger la salud y el ambiente de sus habitantes” (Svampa y Viale, 2013c).
52 Asimismo, hay que decir que en el Alto Valle existe una distinción bastante explícita entre la figura del “chacarero”, que alude al productor primario que no
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Entre las múltiples dificultades que enfrentan los productores independientes está la falta de acceso al crédito, el endeudamiento (no solo financiero, sino también con la AFIP) y el acceso a nueva tecnología (Alvaro, ibid.). Así, en la última década, los productores independientes, nucleados en diferentes cámaras y federaciones, han venido desarrollando numerosas acciones colectivas orientadas hacia el Estado provincial y nacional, solicitando desde subsidios hasta un proyecto integral que contemple un modelo de producción sustentable y un esquema de distribución del excedente más igualitario para el conjunto de los actores. Por otro lado, la política del kirchnerismo promovió activamente el empoderamiento de los trabajadores rurales (cuyas demandas y derechos estaban muy postergados), así como favoreció a los grandes exportadores. Sin embargo, en asociación con el gobierno provincial, para con los chacareros y propietarios medios desarrolló una política de doble filo: subsidios de corto alcance (para alimentar la dependencia del Estado) y excesiva carga fiscal.
Esta política de subsidios y penalización ilustra la ausencia de un plan estratégico que apunte a una producción sustentable, y a la vez garantice la reducción de inequidades en el interior de la cadena, entre chacareros y productores independientes, frente a los grandes empacadores y exportadores. No por casualidad, en las últimas décadas la cantidad de productores del Alto Valle descendió a la mitad: de 6000 en los años noventa, a 4313 en 2001, a 3100 en 2005, según datos citados en Alvaro (2013; véanse también De Jong, 2010; y Bendini y Pescio, 1996). En este contexto, la localidad de Allen presentaba particularidades, pues era la que contaba con una mayor cantidad de productores pequeños y medianos en la zona. En 2005, según los datos del censo provincial, había 387 productores frutícolas, donde el dato crucial era que el 75% se concentraba en pequeñas y medianas propiedades (explotaciones de menos de 25 ha). Esto no significa, empero, que Allen fuera el paraíso de los pequeños y medianos productores. Antes bien, este dato aparece resignificado cuando vemos que el 15% de las explotaciones, con más de 50 y 100 ha, concentran como propietarias el 57% de las tierras. Por otro lado, son muchos los pequeños productores que cuentan con una pluralidad de inserción y, por lo tanto, no viven exclusi-

ha logrado modernizarse o reconvertirse (pequeño productor), y el “productor”, aquel que ha logrado una inserción competitiva, por un conjunto de cambios englobados bajo el término “eficiente”. Así, el chacarero encuentra una definición más restrictiva, en tanto se trata del productor que combina la pequeña y mediana propiedad con el uso de trabajo familiar y trabajo transitorio.
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vamente de sus explotaciones (lo que en la sociología rural se conoce como “pluriactividad”).53
De este modo, los pequeños y medianos productores se convirtieron en el eslabón más débil del circuito productivo; allí por donde pueden golpear las empresas petroleras, en su avance con la actividad hidrocarburífera en la localidad. En efecto, es en gran parte hacia ellos (pequeños chacareros desesperados, dispuestos a abrazar soluciones de corto plazo, en un contexto de crisis crónica del sector) que se dirige muy especialmente la empresa Apache, cuando hace sus ofertas para alquilar tierras (áreas de entre 1 y 1,5 ha) destinadas a la explotación petrolera, a través de contratos de servidumbre. Las consecuencias de ello son evidentes: cada vez hay más chacras alquiladas, prestas al desmonte, mientras avanza el paisaje extractivo, con sus altas torres petroleras, sus plataformas multipozos y su larga fila de camiones de gran porte recorriendo los caminos, abriéndose paso entre las acequias.
Como hemos señalado, desde el oficialismo y las empresas los discursos afirman que la actividad hidrocarburífera no tendrá impacto negativo sobre las economías regionales preexistentes. Pero la experiencia muestra lo contrario: la avanzada extractiva produce la dislocación del tejido económico y social previo. Esto incluye, además de la dimensión ambiental, otras vinculadas al estilo y calidad de vida, ya que allí donde irrumpen las actividades extractivas a gran escala se consolidan fuertes estructuras de desigualdad: el “derrame” económico beneficia a unos pocos, los alquileres y el costo de la vida se disparan al ritmo de los sueldos de los trabajadores petroleros o mineros y se exacerban otras problemática sociales.
En suma, no son solo los pequeños productores –en vías de extinción– a los que la avanzada petrolera parece llegar para dar el disparo final. En realidad, Allen es hoy el emblema de una economía regional amenazada
53 Bendini, Murmis y Tsakoumagkos (2009) abordan las transformaciones del mundo chacarero del Alto Valle del río Negro, centrados en el análisis de la pluriactividad, funciones y contextos. El texto parte de la hipótesis de que la pluriactividad puede estar ligada a contextos diferentes: tanto una estrategia de supervivencia, como de acumulación y diversificación en una fase de prosperidad. Respecto a la pluriactividad, esta se registra en diferentes contextos; esto es, en estratos inferiores, ligados a la supervivencia, así como en estratos superiores, ligados a momentos de bonanza y opciones de acumulación. Aunque el sentido del trabajo es otro, este puede ayudarnos a comprender hasta qué punto el carácter rururbano de este tipo de modelo o de “agricultura urbanizada”, no solo favoreció la pluriactividad, sino que de alguna manera, a través de ella, logró “salvaguardar” alguno de los rasgos de ese mundo chacarero en extinción.
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por un tipo de explotación hidrocarburífera sumamente controversial, cuyo avance descomunal afectará al conjunto de la actividad frutícola y a la comunidad toda, en un futuro que se devela –a partir del realineamiento entre el poder económico, político y judicial– como cada vez más cercano e imperativo.

Viñeta 2: El fracking en Allen es la vuelta al páramo
Entrevista a Maristella Svampa, por Diego Von Sprecher, publicada en el diario Río Negro, 19 de agosto de 20131
— Usted dijo en el Concejo Deliberante de Allen que jamás imaginó que tendría que venir a su ciudad para hablar del fracking…
— Es cierto. Hace varios años que estoy trabajando temas ligados a la expansión de la frontera extractiva, tanto en Argentina como en América Latina. Es algo que me viene preocupando y es objeto de mi reflexión, sobre todo a partir de la expansión de la megaminería. Hace dos años advertí que había una nueva vuelta de tuerca del extractivismo, que tenía que ver con la explotación de los hidrocarburos no convencionales precisamente acá, en la cuenca del Neuquén, pero que involucraba al Alto Valle del río Negro y de manera especial a Allen. Y lo supe de alguna manera por la vía familiar, porque un primo mío le alquiló la chacra de mi abuelo a Apache. Yo nunca hubiese pensado que en una zona con una matriz productiva tan fuerte, en la que hay una economía regional casi centenaria basada en la producción de peras y manzanas, empezaran a proliferar las torres para extraer el gas y que, además, el gobierno apoyara firmemente una actividad que no solo compite con la economía regional sino que, como modelo de ocupación territorial, avanza y tiende a desplazarla.
— ¿Y qué le genera esta situación?
— Genera mucha impotencia ver cómo en Argentina se avanza de manera ciega y descontrolada, sin abrir la discusión, ignorando todos los informes que hay, que son altamente negativos respecto de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde ha habido un fuerte impacto ambiental con la contaminación del agua, en la salud de las personas, los animales y también con la lubricación de fallas sísmicas. Y ni que hablar de la emisión de gas metano. El panorama es contundente en términos negativos.
1 .
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— Apache afirma que en esta zona (Estación Fernández Oro-EFO) la fractura hidráulica que se realiza es la misma que comenzó a realizarse en 1947.
— Los hidrocarburos no convencionales son conocidos hace tiempo. La fractura hidráulica existía, pero se aplicaba de manera muy puntual. La implementación masiva es la que es altamente riesgosa. Cada pozo de fracking requiere entre 9 y 10 fracturas hidráulicas, cada plataforma tiene entre 6 y 8 pozos. Nadie está diciendo que esto no existía antes, pero ahora tiene un alcance masivo.
— También las petroleras aseguran que no se contaminarían los acuíferos porque las perforaciones están a niveles mucho más profundos.
— Yo he consultado a ingenieros en petróleo independientes, que no trabajan para petroleras, y dicen que eso es una falacia. Efectivamente, aunque los pozos sean más profundos como en este caso, puede haber migración del flujo de retorno y, por ende, contaminación con los químicos que se inyectan para fracturar las rocas. En el caso de Argentina, en un par de años, podemos sufrir la contaminación cuando Chevron ya no esté más en el país y no le podamos reclamar. Hay que pensar en escenarios de alta incertidumbre, porque se desconoce lo que puede suceder a 3500 metros de profundidad. La fractura hidráulica estimula fallas sísmicas y puede haber una migración de ese retorno hacia otras formaciones. Trabajar sin certezas en este tema constituye casi un suicidio.
— ¿Qué escenario imagina para Allen y la región si el fracking continúa aplicándose?
— Creo que, como la megaminería, esto es una figura extrema del extractivismo. Tiene un impacto contaminante muy fuerte y avanza de manera vertical sobre las poblaciones, sin consulta alguna. En ese sentido, es un modelo de ocupación territorial y la tendencia va hacia el desplazamiento de otras actividades. El escenario que vi en Allen, cerca de la costa del río, es el de una zona que va a ser ocupada por la industria hidrocarburífera y que el impacto que va a tener sobre la contaminación del agua y la salud de las personas va a ser a corto y mediano plazo. De hecho, ya ha habido algunas denuncias, poco conocidas, pero que espero que se conozcan en los próximos meses. Avizoro un escenario muy pesimista, al menos en ese sector de Allen. Hay chacareros de 6 u 8 hectáreas que son el eslabón más débil, que están en vías de extinción y son aquellos a los cuales se acerca Apache para avanzar con la explotación de gas no convencional. Los chacareros deberían reunirse y desarrollar lazos de solidaridad para poder enfrentar esta situación. Y lo que me preocupa es que entre los chacareros hay bastante indiferencia.
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— ¿Cómo se sale del atolladero que plantea?
— Hay que informar a la población con una tarea muy masiva, involucrando a los fruticultores, defendiendo la matriz productiva. En la medida en que los propios fruticultores y la población de Allen y de otras ciudades tomen conciencia de que estamos ante un modelo de ocupación territorial que es incompatible con esta economía regional, la resistencia se hará más visible. Pero espero que no sea demasiado tarde. Después de la recorrida que hice por la zona de la costa en Allen noté que ese lugar se trasformó en una zona de sacrificio. Mi padre me mostró una foto de la chacra de mi abuelo, tomada en 1935, cuando los frutales recién comenzaban a crecer. Ahora pasás por esa chacra y ves todo desmontado. Es la vuelta al páramo. Lo único que ves es la casa, el tinglado y la torre de gas. Lo que seguramente va a quedar es el terreno pelado, altamente contaminado.

* * *
La cartografía global del fracking muestra un escenario conflictivo y móvil: por un lado, desde la firme prohibición en países como Francia y Bulgaria, y estados como Quebec (Canadá) y Vermont (Estados Unidos), hasta la moratoria de otros estados, entre ellos Nueva York, a la que sucedió la prohibición en Cantabria (España) y recientemente en Los Angeles. Por otro lado, en el Reino Unido, en medio de grandes conflictos en el norte del país, se levantó la moratoria y el gobierno de David Cameron prometió ventajas fiscales a los municipios que acepten el fracking, mientras que en Rumania, donde no se respetó la moratoria y el gobierno concedió permisos de exploración a Chevron, los vecinos en Transilvania se enfrentaron al ejército. Las exigentes directivas que se esperaban de la Unión Europea fueron una decepción, con lo cual se supone que Europa comienza a abrir sus puertas al fracking.
Mientras tanto, en América Latina, en 2013 México realizó una reforma energética regresiva que dio paso no solo a la privatización del petróleo, sino que –al compás del surgimiento de las resistencias y las alertas– indica que el país azteca buscará insertarse en la carrera del fracking, de la mano de Estados Unidos.
En la Argentina, pese a las asimetrías de siempre y en medio de tanta euforia “eldoradista”, la acumulación de luchas contra el extractivismo posibilita nuevas puertas a la resistencia: la cuenca de Claromecó, en el sur
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de la provincia de Buenos Aires, parece haberse convertido durante 2014 en el centro de las nuevas luchas. Tal como sucedió con la expansión de la frontera sojera y con la megaminería, al adoptar esta decisión, la Argentina se internó de modo irresponsable por una senda cercada de enormes riesgos sociales y ambientales. Con total desprecio por estos últimos, con un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras –tal como ya sucediera con la soja y la megaminería–, nuestro país se perfila como un laboratorio a cielo abierto y a gran escala en la implementación de una de las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global.
Por otro lado, en nuestro país, el gobierno kirchnerista ha mostrado ser un gran productor de relatos mistificadores, que buscan hacer de la “necesidad” una “virtud”. Ha venido haciéndolo durante más de una década, pero sobre todo a partir de 2008, en todos los campos: económico, político, social, comunicacional. La cuestión de la expropiación parcial de YPF y el avance del fracking o la explotación del gas no convencional no son una excepción en ello. Todo lo contrario: hoy son el centro de una estrategia comunicacional intensa, dirigida a eliminar cualquier duda o interrogante acerca de las grandes controversias e incertidumbres que hay sobre el fracking e instalar así un consenso social sobre el tema.
En esa línea, la campaña comunicacional que está llevando a cabo YPF, asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales (del shale, como dice en los spots publicitarios) es actualmente muy intensa. Ya mencionamos la publicidad del IAPG, así como el número especial de la revista National Geographic, consagrado a Vaca Muerta. Agreguemos a esto que durante el verano de 2014, en un conocido balneario de la costa argentina (Pinamar), YPF colocó un simulador “de última generación para experimentar cómo es la búsqueda de petróleo” a través de la fractura hidráulica, con el objeto de “desmitificar algunas de las ideas que giran en torno al procedimiento de estimulación hidráulica, como que se ponen en riesgo las napas de agua y se utilizan químicos peligrosos”.54 Asimismo, como ya sucedió con la megaminería en 2012, la campaña incluyó invitaciones y visitas de periodistas a diferentes yacimientos.
Resulta difícil desmontar tamaña ofensiva publicitaria, que identifica soberanía hidrocarburífera con soberanía energética. Claro está, ambas no
54 .
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son lo mismo, pero si recordamos que la matriz energética en Argentina es un 90% dependiente de los combustibles fósiles, la asociación aparece naturalizada. Pero aun así, el gobierno va por más: su objetivo comunicacional es construir un “nuevo consenso”; hacer de la necesidad una virtud, esto es, instalar la idea de que el fracking no solo es seguro y necesario, sino también “bueno”, pues asegurará una suerte de futuro emancipado a los argentinos. La potencia de la campaña en clave nacionalista es tal, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. Cada vez más se impulsa entonces un discurso único sobre el fracking, frente al cual se doblegan aquellos que también buscan creer, olvidar las dudas, dejar atrás los cuestionamientos, y apostar a una visión eldoradista, en función de las grandes reservas de Vaca Muerta.
Una excepción en este escenario cada vez más monocorde ha sido la voz del obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, quien difundió una cartilla sobre el tema para advertir sobre los “temores” que suscita el fracking no solo en la Argentina sino en otros países; sobre la escasa credibilidad de las empresas y del gobierno neuquino en la explotación hidrocarburífera; sobre la contaminación realmente existente. También señaló la importancia del principio precautorio, la licencia social y la criminalización de la protesta, retomando un documento firmado por el Concejo Episcopal Latinoamericano en el Perú, en 2011. Por último, no se privó de criticar la falta de independencia de las universidades públicas, subvencionadas por las mineras (Río Negro, 7 de marzo de 2014).
Asimismo, la influencia cada vez mayor de los Estados Unidos detrás del Consenso del Fracking se torna cada vez más evidente. No olvidemos que es el país del norte el principal productor mundial de no convencionales y verdadero motor de su extracción. Así, cuando estábamos corrigiendo este libro, el pasado 22 de mayo, el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, estuvo en nuestro país. El emisario del gobierno estadounidense se reunió con todos; gobierno y oposición. Además de la propia presidenta y el gobernador de Neuquén, agasajaron al emisario norteamericano Jorge Capitanich, Julio de Vido, Axel Kiciloff, Guillermo Pereyra y los opositores Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo recibió junto a Miguel Ángel Pichetto, los presidentes de las comisiones de Energía de las dos cámaras, el sindicalista neuquino Guillermo Pereyra y un grupo de diputados nacionales.
Ratificando esta nueva vuelta de tuerca del colonialismo del siglo XXI, el subsecretario de Energía de Estados Unidos exigió –sin tapujos– reglas claras, un régimen fiscal especial y “seguridad para los contratos, porque
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hay empresas que van a invertir miles de millones de dólares”.55 No está sola Chevron, también tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta otras petroleras norteamericanas como Exxon y EOG Resources.
En suma, el Consenso del Fracking reafirma la dependencia de los combustibles fósiles, pero también el de la dependencia con las grandes empresas trasnacionales, embarcándonos ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, que no solo requieren de zonas de sacrificio sino que presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías. Asimismo, el Consenso del Fracking no permite las disidencias ni tolera tampoco el pensamiento crítico. No solo clausura el camino para pensar en otras matrices energéticas, basadas en las energías limpias y renovables, sino también obtura el doble camino del debate societal y el de la democratización de las decisiones.
55 “Vaca Muerta, Estados Unidos pide reglas claras para invertir”, La Mañana de Neuquén, 23/05/2014, .

Reflexiones finales
Avatares del pensamiento crítico latinoamericano
En América Latina existe una importante tradición de pensamiento crítico que extrae sus tópicos, su talante teórico, su potencia, de los conflictos sociales y políticos de su tiempo, de las formas que asumen las desigualdades sociales, raciales, territoriales y de género en nuestras sociedades, en fin, del análisis de la dinámica propia de acumulación del capital en la periferia. Ideas-fuerza como aquellas de dependencia y revolución, democracia y derechos humanos o, más recientemente, extractivismo y buen vivir, entre otras, son categorías del pensamiento latinoamericano que atraviesan y estructuran diferentes períodos de nuestra historia, inextricablemente ligados a las luchas sociales y políticas de cada época.
En función de lo anterior, uno estaría tentado de afirmar el carácter irreductible de la crítica intelectual frente al poder, sea político o económico, y más allá de los valores o sujetos sociales que se invoquen como fundamento (el partido, el sujeto social, el Estado revolucionario). En verdad, no siempre es así; más aun, son los debates en torno a las revoluciones y los cambios políticos realmente existentes los que suelen poner en jaque a la autonomía del pensamiento crítico. Un ejemplo de ello es la Revolución Cubana, que todavía continúa siendo una suerte de punto ciego para una parte importante de la izquierda latinoamericana. En esta línea, no son pocos los intelectuales que en la actualidad alimentan nuevas obturaciones y puntos ciegos, en su defensa de los denominados gobiernos progresistas de América Latina, frente al peligro “del retorno de la derecha” o de cara “a la amenaza imperialista”. Cierto es que nadie podría negar la existencia de fuerzas conservadoras o retrógradas, tanto en el interior de nuestras sociedades como externas a ellas, que promueven el retorno de un contexto económico y político más afín al Consenso de Washington. Sin embargo,
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esta situación permanente que acecha al subcontinente no justifica ni la demonización de las luchas sociales y visiones intelectuales que cuestionan el hoy vigente Consenso de los Commodities, ni tampoco habilitan las lecturas conspirativas y los códigos binarios que hoy recorren una gran parte del oficialismo progresista y sus voceros intelectuales, a la hora de construir las barricadas del nuevo posibilismo político.
Lo cierto es que estos debates y reposicionamientos respecto de la relación entre progresismo, Consenso de los Commodities y extractivismo trajeron consigo una nueva fractura en el interior del pensamiento crítico latinoamericano. Así, a diferencia de los años noventa, cuando el continente aparecía reformateado de manera unidireccional por el modelo neoliberal, el nuevo siglo viene signado por un conjunto de tensiones y contradicciones de difícil procesamiento. El pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instala nuevas problemáticas y paradojas que tienden a reconfigurar el horizonte del pensamiento crítico, enfrentándonos a desgarramientos teóricos y políticos, que van cristalizándose en un haz de posiciones ideológicas, al parecer cada vez más antagónicas.
Para el caso de la Argentina, desde fines de 2001 la academia volvió a ser interpelada políticamente, esta vez por los movimientos sociales populares y contestatarios. Producto de ello fue la actualización de figuras del compromiso intelectual, entre ellas la del intelectual anfibio,1 ligada al activismo social y político y, por ende, sensible a las tensiones que se generan entre “pensamiento militante” y “discurso del experto”. En este marco, el sentido que adoptaba la “batalla cultural” estaba vinculado a la necesidad de dar cuenta de luchas invisibilizadas por el poder político, económico y mediático; como de contribuir a la desestigmatización de las voces bajas, de las clases subalternas, tratando de establecer puentes y vínculos entre realidades y sujetos sociales diferentes, interpelando el sentido común hegemónico, para colocar otros temas y conceptos en el debate público.
Sin embargo, a partir de 2008, luego del conflicto entre el gobierno y los sectores agrarios, asistimos a la actualización de una lógica cultural de carácter binario, que redujo la dinámica de conflictualización a una oposición central. Este contexto de polarización cambió el sentido mismo
1 “Por intelectual anfibio entendemos aquel que se define por su pertenencia a varios mundos, capaz de desarrollar una mayor comprensión y reflexividad tanto sobre las diferentes realidades sociales como sobre sí mismo” (Svampa, 2008).
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de la llamada “batalla cultural”. Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura general de inteligibilidad de la realidad política. Al mismo tiempo, este marco de fuerte polarización tornó mucho más compleja la tarea del intelectual crítico, de cara a los poderes enfrentados, produciendo simplificaciones, nuevos silenciamientos e invisibilizaciones.
En este contexto de polarización emergieron varios colectivos de intelectuales.2 Desde el oficialismo se constituyó Carta Abierta, un movimiento de profesionales e intelectuales que, al inicio, tuvo capacidad de interpelación al redefinir el conflicto entre gobierno y patronales agrarias como “destituyente”; o incluso al hablar de un “golpismo sin sujeto”. Sin embargo, embanderado en la defensa cerril del kirchnerismo, confundiendo o asimilando “gobierno” con “patria” o “nación”, el discurso de Carta Abierta le ha hecho un flaco favor al pensamiento crítico, pues lejos de colocar nuevos temas en la agenda, siguió fielmente la agenda impuesta por el gobierno nacional. En consecuencia, contribuyó a solidificar el relato mistificador del oficialismo, convitiendo en gesta “nacional y popular” cada una de sus acciones, y obturando la posibilidad de la crítica, mientras se afianza la persistencia de lo mismo que aparenta cuestionar, y se multiplican acuerdos y prebendas a conglomerados multinacionales. En suma, la intelectualidad vinculada al kirchnerismo y la nueva juventud política militante buscan mantener “blindado” el discurso frente al carácter nodal de problemáticas como las del modelo minero, el agronegocios, la llegada del fracking (incluso, por la firma de convenios con corporaciones como Chevron) o la política de acaparamiento de tierras, negando la responsabilidad del gobierno nacional respecto de la lógica de desposesión que caracteriza a determinadas políticas de Estado, y subrayando, en contraste
2 Por tradición, los intelectuales argentinos hemos sido bastante gregarios, por lo cual la capacidad de nuclearnos en colectivos no es algo novedoso. En las últimas décadas, particularmente desde el período democrático inaugurado en 1983, ha habido distintos nucleamientos y numerosos proyectos culturales colectivos, tal como lo analiza el libro de Héctor Pavón (2012) sobre los intelectuales argentinos. El caso más emblemático ha sido el del Club de Cultura Socialista, que arrancó en 1984 y cerró sus puertas en 2008. Este fue uno de los lugares por excelencia en el que los intelectuales argentinos de la generación del exilio procesaron colectivamente la ruptura con los ideales revolucionarios e incorporaron una visión pluralista (y cada vez más formalista) de la democracia. Fue también un lugar con proyección política.
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con ello, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.
Desde nuestra perspectiva, no hay pensamiento crítico posible sin independencia de las diferentes formas de poder –político, económico, mediático– y sin vínculo con los procesos de movilización de los sectores subalternos, sus demandas de cambio social, sus lenguajes movilizacionales y sus gramáticas políticas.3 Uno de los grandes desafíos es la elaboración de conceptos-críticos, así como de conceptos-horizontes, esto es, un pensamiento propositivo, innovador, instituyente, que apunte a generar alternativas emancipatorias. En la actualidad, existen una serie de perspectivas que nutren el pensamiento crítico latinoamericano, en esta doble vertiente, crítica y propositiva. Así, por ejemplo, existe una perspectiva ambiental integral, con énfasis en el buen vivir; una perspectiva indigenista, de corte comunitario; una perspectiva ecofeminista, que pone énfasis en la ética del cuidado y la despatriarcalización; una perspectiva ecoterritorial, vinculada a los movimientos sociales, que han ido elaborando una gramática política, con eje en las nociones de justicia ambiental, bienes comunes, territorialidad, soberanía alimentaria y buen vivir. Recientemente, ha comenzado a discutirse también en este marco la noción de derechos de la naturaleza, que fuera incorporada en la Constitución ecuatoriana. Categorías como las de descolonización, despatriarcalización, Estado plurinacional, interculturalidad, bienes comunes, buen vivir, son conceptos en construcción que vertebran el nuevo pensamiento latinoamericano del siglo XXI.
Dichos enfoques, saberes y disciplinas críticas se nutren de una tradición latinoamericana y a la vez cosmopolita –que fagocita e invoca las más variadas escuelas y corrientes críticas de la Modernidad occidental–, así como también de otras tradiciones anteriormente invisibilizadas o denegadas en términos epistemológicos, por ejemplo en lo que se refiere a los saberes vernáculos y las cosmovisiones de pueblos originarios. Como diría Boaventura de Sousa Santos, existe en esta línea, en América Latina, una incipiente “ecología de saberes”, que en nuestra opinión incluye también la recuperación de ciertos temas y debates que han recorrido la historia de
3 La conciencia de la notoria dificultad de hacer audible una voz fundada en estos dos pilares –crítica al poder y vinculación con organizaciones y movimientos sociales contestatarios– generó la necesidad de pensar en la creación de nuevos nucleamientos de intelectuales críticos. En este marco, nació el colectivo Plataforma 2012, que los autores de este libro integran. Véase el sitio web: .
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las ciencias sociales y humanas en América Latina, las cuales –como es sabido– se han caracterizado por un déficit de acumulación, que ha conspirado contra la posibilidad de un real reconocimiento y transmisión necesaria, dentro y fuera del continente.
Revisitando categorías críticas
Como hemos podido ver a lo largo de este libro, son varias las categorías críticas fundantes que recorren nuestro análisis. Entre ellas, Consenso de los Commodities, extractivismo y modelos de maldesarrollo. Antes de iniciar una serie de reflexiones finales sobre los conceptos-horizontes y las alternativas, nos interesaría establecer algunas conclusiones ligadas al uso de estas categorías.
En un texto interesante, el economista marxista Bob Jessop (2011) plantea la interacción de cuatro procesos para leer la crisis contemporánea: a) la crisis ambiental global (petróleo, alimentos y agua); b) el declive de los Estados Unidos, el retorno a un mundo multipolar y el surgimiento de China; c) la crisis de la economía global organizada bajo la sombra del neoliberalismo y sujeta a las contradicciones y luchas inherentes del capitalismo; d) la crisis de un régimen de acumulación, conducida por el capitalismo financiero y sus efectos contagio.4
Desde nuestra perspectiva, la categoría de extractivismo es una ventana privilegiada para leer las múltiples crisis, en sus complejidades y contingencias, en la medida en que ilumina varios de los grandes problemas que recorren las sociedades contemporáneas, en las cuatro dimensiones enunciadas por Jessop. Pues nos advierte sobre la crisis ambiental global y los riesgos cada vez mayores de un modelo de apropiación de la naturaleza y las modalidades de consumo; subraya sobre el declive de los Estados Unidos y la incorporación de nuevos actores globales visibles en la emergencia de potencias extractivistas como China y la India (algunos ya hablan del pasaje al Consenso de Beijing)5 e, incluso, sobre la consolidación
4 En una línea que vincula crisis financiera y extractivismo, véase Mezzadra y Neilson, 2013.
5 Véase en esta línea a Machado Aráoz, 2014, y Slipak, 2014. Aclaramos que desde nuestra perspectiva, la comparación entre el Consenso de Washington y el Consenso de los Commodities tiene varias aristas y dimensiones; no así con el llamado Consenso de Beijing. Por ejemplo, en el uso que hemos establecido, subrayamos la importancia del concepto mismo de “consenso”, que alude al carácter supuestamente irresistible de los procesos, la idea de que “no hay otra
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de una suerte de subimperialismo a escala regional, como el de Brasil; pone la lupa sobre la crisis económica global, en la medida en que el actual modelo extractivo es producto de las reformas neoliberales encaradas en los años noventa, cuyo marco normativo y jurídico continúa siendo válido; y, por último, se conecta con el capitalismo financiero en tanto este es el encargado de regular el precio de los commodities. A esto hay que sumar que el extractivismo nos ilumina sobre la crisis del proyecto de Modernidad, parafraseando a Edgardo Lander (2011b), sobre la necesidad de pensar alternativas a la Modernidad, desde las diferencias entre el norte y el sur global, más específicamente, desde la perspectiva de la diferencia colonial.
Así, el extractivismo es una categoría muy productiva, que no solo tiene un fuerte poder movilizador y denunciativo, sino una potencia descriptiva y explicativa. En la medida en que alude a modelos de maldesarrollo y de (in)justicia ambiental y que advierte sobre la profundización de una lógica que funciona a varios niveles, tiene la particularidad de iluminar un conjunto de problemáticas que definen las diferentes dimensiones de la crisis. En ese sentido, es un concepto de corte fuertemente político pues nos “habla” elocuentemente acerca de las disputas en juego y reenvía, más allá de las asimetrías realmente existentes, a un conjunto de responsabilidades compartidas entre el norte y el sur global, entre los centros y las periferias.
En términos regionales, podemos afirmar que, en el marco del Consenso de los Commodities, los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un extractivismo depredador (tomamos la expresión de Gudynas, 2011b),6 tal como lo ilustra la enorme multiplicación

alternativa” (como sucedía con el neoliberalismo en los años noventa, y como sucede ahora respecto de la exportación de materias primas). Más simple, no es solo una cuestión de cambio de hegemonía (de Washington a Beijing). Más allá de la importancia global creciente de China y el efecto de reprimarización que ejerce sobre América Latina, la idea de que “no hay otra alternativa” está ausente en lo que algunos llaman el “Consenso de Beijing”, aun si este existe, creemos, más como “tendencia” que como realidad consolidada.
6 Los factores que definirían un extractivismo depredador son los siguientes: los impactos sociales y ambientales vinculados a la gran envergadura de los emprendimientos; el alto nivel de conflictividad ligado a los mismos (que en este libro hemos analizado en términos de espiral criminalizadora y regresión de la democracia); los limitados beneficios económicos, si tenemos en cuenta que la externalización de los costos económicos y ambientales acentúan la reprimarización de la economía, la fragmentación territorial y las distorsiones del aparato productivo; el hecho de que muchos sectores dependen de recursos
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de programas de desarrollo basados en proyectos extractivos (gas, soja, petróleo, minerales, biocombustibles) a gran escala, cuyo destino es la exportación y cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas son sistemáticamente denegadas o minimizadas (Svampa, 2013a). En esa línea, en la última década, la Argentina se ha convertido en un laboratorio a gran escala de modelos de maldesarrollo. En efecto, tanto el programa estratégico agropecuario 2012-2020 y el plan estratégico minero, como ahora la avanzada en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, entre otros, ilustran el modo en cómo el gobierno argentino redobló la apuesta por modelos de corte extractivo. De allí se derivan varias consecuencias.
En primer lugar, la implementación de modelos de maldesarrollo modifica y amenaza de modo sustancial las condiciones de vida de las poblaciones y la sustentabilidad de los territorios, lo cual ha tenido como correlato la emergencia de una nueva conflictividad. Así, son diversos los conflictos que fueron formateando la cuestión socioambiental en la agenda pública; algunos de modo directo, como aquel que llevó a realizar una consulta pública en Esquel, por el tema de la instalación de un emprendimiento minero, o el prolongado conflicto con Uruguay por la instalación de las papeleras –que motivó un largo corte a uno de los puentes internacionales que comunican ambos países, realizado por los vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, entre 2007 y 2010–; otros de modo indirecto, por la vía judicial, con la demanda de saneamiento de la cuenca del Riachuelo; otros por la vía parlamentaria, a través de la discusión en el Congreso de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares (2010); más cercanamente, la pueblada de Famatina en contra de la megaminería (2012); en fin, la expropiación parcial de YPF y el escándalo desatado a causa del convenio con la multinacional Chevron, para la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Pero, básicamente, fueron las luchas de las poblaciones las que poco a poco otorgaron visibilidad a la nueva problemática ambiental vinculada sobre todo al extractivismo.
Otros conflictos, como el entablado entre el gobierno nacional y las corporaciones agrarias en relación a las retenciones móviles al sector (2008), iluminaron de manera más lateral el proceso de desposesión hacia campesinos e indígenas que hoy ocurre en las llamadas áreas mar-

que se agotarán pronto y que la expansión de las fronteras de explotación entraña graves riesgos sociales y ambientales; por último, el cambio climático actual que impone severas restricciones, por ejemplo, a la explotación hidrocarburífera (Gudynas, 2011b: 167-168).
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ginales, en especial en las provincias del norte, en relación con la expansión de la frontera de la soja. Mucho más silenciado ha estado el lento pero inexorable proceso vinculado al impacto sociosanitario del modelo de agronegocios, debido al uso intensivo de agrotóxicos, que hoy emerge a la luz a través del juicio realizado por el tema de las fumigaciones en Córdoba (2012) y, recientemente, con el acampe de los vecinos autoconvocados contra Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas de esa provincia.
En segundo lugar, la imposición de una visión productivista y sacrificial del territorio ha ido desembocando en la negación virulenta de otras miradas/lenguajes de valoración sobre el territorio. Tengamos en cuenta que, en términos latinoamericanos, la primera fase del Consenso de los Commodities se caracterizó por una suerte de expansión de las fronteras del Derecho, visibles en la constitucionalización de nuevos derechos (individuales y colectivos). La narrativa estatalista coexistía, con sus articulaciones y tensiones, con la narrativa indigenista y ecologista, tal como sucedía en Bolivia y Ecuador. A su vez, esos cambios se tradujeron en la emergencia de un espacio de geometría variable en cuanto al rol del Estado y la ampliación de la participación de lo popular. Sin embargo, a lo largo de la década y al calor de los conflictos territoriales y socioambientales, y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora y tendencialmente represiva de las luchas socioambientales, así como de una voluntad explícita de controlar esas formas de participación de lo popular.7
A diferencia de la primera fase, en la actualidad el Consenso de los Commodities ha dejado de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante gobiernos neoliberales y conservadores con gobiernos pro-
7 En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con respecto a la megaminería; sucedió en Bolivia, a raíz del caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), a partir de 2011; también en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarepresa de Belo Monte. En estos casos, los distintos oficialismos optaron por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo ya sea al “ecologismo infantil” (Ecuador), al “ambientalismo colonial” (Bolivia), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil). Véase Svampa, 2013b.
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gresistas. El sinceramiento entre discursos y prácticas, la fuerte estigmatización de la crítica ambientalista que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia y Ecuador– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados al clásico modelo nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia, visible en el cercamiento y apropiación de los bienes comunes.
Aunque sin mayores debates (el término mismo de “neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en la Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, este tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba al conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.
En tercer lugar, otro de los elementos que se ha fortalecido con la consolidación del Consenso de los Commodities es la vinculación entre extractivismo depredador, maldesarrollo y regresión de la democracia: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado, o aun con ella, los gobiernos tienden a vaciar no solo de contenido el ya bastardeado concepto de sustentabibilidad o desarrollo sostenible, sino también a manipular las formas de participación popular, o sencillamente impedirla. Por ejemplo, en la Argentina, entre 2003 y 2012, solo se pudieron realizar dos consultas públicas en relación a la megaminería. Luego del “efecto Famatina”, asistimos a diferentes episodios de represión contra las organizaciones que rechazan la megaminería. Respecto de los pueblos originarios: en Neuquén y en Jujuy las comunidades indígenas denuncian que no han sido consultadas, a la hora de avanzar con el fracking o con la minería de litio en sus territorios; la comunidad Primavera, del pueblo Qom, es permanentemente acosada por el poder político formoseño y varios de sus miembros han muerto en circunstancias más que sospechosas. Por otro lado, mientras escribimos este libro, en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, los vecinos continúan enfrentándose no solo con la empresa que es paradigma mun-
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dial en semillas transgénicas (Monsanto), sino también con la transversalidad política propia del extractivismo, ya que la instalación de la planta es apoyada por la presidenta de la Nación, por el gobernador de la provincia y por el intendente radical de la localidad. Los vecinos denuncian que no hay licencia social, exigen estudios de impacto ambiental y, por sobre todo, su derecho a decidir sobre el emplazamiento de la planta, a través de una consulta pública. Así, los cuestionamientos no son solamente a Barrick Gold, a Chevron o a Monsanto, sino también al modo en cómo se toman las decisiones desde el poder político, advirtiéndonos que no se trata solamente de una discusión técnica sino de un debate político más amplio, que pone en juego el derecho a decidir colectivamente sobre los llamados modelos de desarrollo.
En cuarto lugar, en el marco del Consenso de los Commodities y en nombre de las “ventajas comparativas”, los gobiernos latinoamericanos promueven un modelo de inclusión anclado en el consumo, en el cual la figura del ciudadano consumidor sobredetermina el imaginario del “buen vivir”, en clave plebeya-progresista. El acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral (no en vano varios gobiernos latinoamericanos fueron reelegidos en esta coyuntura, para comenzar, por el propio kirchnerismo). Los patrones e imaginarios sociales de consumo están vinculados con determinadas ideas hegemónicas sobre el progreso. Ya hemos dicho que la congruencia entre patrones de producción y de consumo, la generalización de un “modo de vida imperial” (Brandt y Wissen, 2013), hace notoriamente más difícil la conexión o articulación social y geopolítica entre las diferentes luchas (sociales y ecológicas, urbanas y rurales, entre otras), y de sus lenguajes emancipatorios. Por ende, la apuesta central que los gobiernos progresistas hacen al modelo del ciudadano consumidor, asentado sobre el modo de vida imperial hegemónico, refuerza el rechazo a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo, en el mediano y largo plazo.
Tal como hemos demostrado en este libro, los cuestionamientos al extractivismo depredador y a gran escala que hoy conoce nuestro país no tienen que ver con la falta de cultura productiva o la demonización de dichas actividades. Antes bien, tienen que ver con la consolidación de modelos del maldesarrollo. Sea que hablemos de la minería a gran escala, del impacto del glifosato sobre la salud, de la expansión de la frontera agraria y la explotación de hidrocarburos no convencionales, del acaparamiento de tierras, del urbanismo neoliberal, ligado a la especulación inmobiliaria
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en el ámbito urbano y rural, veremos que se trata de emprendimientos que avanzan sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización de las resistencias que, sin duda, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.
Conceptos-horizontes: “derechos de la naturaleza”,
“bienes comunes” y la “ética del cuidado” Hacia los “derechos de la naturaleza”
Quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta.
Vandana Shiva, en la sesión inaugural del primer Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, Quito, Ecuador, enero de 2014
En este apartado nos interesa aportar al debate con lo que denominamos nuevos conceptos-horizontes, a saber, nuevos pensamientos e ideas, nuevos derechos y legislaciones, desde los cuales pensar cómo salir de esta encrucijada en la que, como en tiempos coloniales, el capital transnacional entrampó a la región.
Los graves daños ambientales causados en nombre de la Modernidad y del desarrollo, el bastardeo de conceptos como el “desarrollo sostenible”,8 la persistencia de buscar soluciones economicistas como la de la “economía verde” para salvar al capitalismo, hacen necesario buscar ya no desarrollos alternativos, sino “alternativas al desarrollo” (Gudynas, 2011a) y a la sociedad capitalista. Los pueblos y comunidades latinoamericanos han empezado esta búsqueda con el convencimiento de que un cambio de paradigma
8 Como señala Acosta (2013), “le pusimos apellido al desarrollo para diferenciarlo de lo que nos incomodaba, pero seguimos en la senda del desarrollo: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo local, desarrollo global, desarrollo rural, desarrollo sostenible o sustentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana… desarrollo al fin y al cabo”.
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resulta absolutamente necesario frente a los daños que el sistema mundocapitalista y que la idea del desarrollo han generado estos últimos siglos.
Sin duda, uno de los conceptos más movilizadores es el de “buen vivir”, que opera como una suerte de horizonte emancipatorio, tendiendo puentes entre pasado y futuro, entre matriz comunitaria y mirada ecologista. En kichwa: sumak kawsay; en aymara: suma qamaña; en guaraní: ñandareko, el “buen vivir”, en tanto utopía movilizadora responde en su origen a una pluralidad de cosmovisiones indígenas, y sería erróneo pretender encapsularlo en una fórmula vernácula única, atribuible a un pueblo o a una cultura, o en un nuevo esquema binario que termine por fundirse con las dicotomías, ya establecidas desde el discurso colonial.9
¿Cuáles son los sentidos que adquiere el “buen vivir” en los actuales debates que se llevan a cabo, sobre todo, en Ecuador y Bolivia? Todos coinciden en afirmar que este es un “concepto en construcción”. Para el boliviano Xavier Albó (2008), detrás del concepto está la lógica de las comunidades de numerosos pueblos indígenas originarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes y su plasmación como parte del país. Esta línea ecocomunitarista es ilustrada por el canciller boliviano David Choquehuanca, un intelectual aymara de amplio recorrido en el mundo de las ONG. Por otra parte, para la ecuatoriana Magdalena León, la noción de “buen vivir” se sustenta “en reciprocidad, en cooperación, en complementariedad” y aparece ligada a la visión ecofeminista de cuidado de la vida, de cuidado del otro (León, 2009).
Dos Constituciones latinoamericanas, la de Ecuador y Bolivia, incorporaron la perspectiva del “buen vivir”. Es importante destacar que mientras en Ecuador se dota de un largo linaje a la filosofía del “buen vivir” (que va desde Aristóteles, hasta el ecosocialismo y el ecofeminismo), en Bolivia, cuyo proceso político es más autocentrado, solo se lo liga a la visión de los pueblos originarios. Sin embargo, y dada la importancia de los debates actuales, el “buen vivir” resulta ser una superficie amplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos emancipatorios. En estos lo
9 El antropólogo ecuatoriano David Cortes, quien actualmente estudia la genealogía del “buen vivir”, sostiene que el concepto es de un alto nivel de abstracción, síntesis de varias tradiciones (aportes provenientes de tradiciones andino-amazónicas y occidentales como el pensamiento crítico, la ecología política, el feminismo, la teología de la liberación, entre otros), pero que el concepto es reciente, esto es, que no es anterior al 2001, en Bolivia; y al 2002, en Ecuador. Más simple, que no hay registro explícito de los términos anteriormente. No se puede verificar en ninguna crónica ni diccionario de lengua quechua o aymara. Para una lectura en clave ecuatoriana, véase Cortés, 2011.
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comunitario aparece como marco inspirador y núcleo común, más allá de las dificultades de traducirlo en experiencias (no es posible idealizar el mundo comunitario indígena ni tampoco ignorar las diferentes declinaciones de lo comunitario en América Latina), o de traducirlo en políticas públicas concretas, frente al extractivismo reinante. Ciertamente, uno de los peligros es su temprano vaciamiento o bien su posible apropiación y vampirización por parte de los gobiernos progresistas, los cuales más allá de la cuestión retórica y los debates en torno al “buen vivir”, hoy profundizan la vía del extractivismo.
Desde nuestra perspectiva, dicho concepto postula nuevas formas de relación del ser humano con la naturaleza y con otros seres humanos. Reclama, por ende, el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico (Acosta, 2010). En los lineamientos de este nuevo paradigma civilizatorio se destaca el abandono de la idea del desarrollo como crecimiento económico ilimitado, una economía solidaria y sustentable con otras relaciones de producción que no impliquen la explotación del hombre por el hombre, la jerarquización igualitaria de otras valoraciones de las actividades y bienes, más allá de la crematística, y una profundización de la democracia.
El “buen vivir” tiene como uno de sus ejes centrales la relación del hombre con la naturaleza como parte integrante de ella. Eduardo Gudynas (2004 y 2011a) sostiene que los conceptos de “naturaleza” y “desarrollo” mantienen relaciones recíprocas. De esta forma, a la concepción del desarrollo como crecimiento económico le corresponde la caracterización de la naturaleza como canasta de recursos y como capital. A diferencia de ello, el “buen vivir” conlleva una concepción particular de la naturaleza, otros lenguajes de valoración (ecológicos, religiosos, estéticos, culturales), que plantean que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conservación de la vida. La naturaleza no es considerada como un objeto de dominación y recurso económico. Sin embargo, reconocer universalmente los “derechos de la naturaleza” no supone una naturaleza virgen, sino el respeto integral por su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa de los sistemas de vida.
Junto a otros autores (Acosta, Machado Aráoz y Viale, 2014), señalamos que el otorgar derechos a la naturaleza no solo significa abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los “derechos de la naturaleza”,
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por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes y se convierte en una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis civilizatoria. Cuestiona el capitalismo,10 que en esencia aceleró el divorcio de los seres humanos con la naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se construyan democráticamente sociedades más humanas y sustentables.
En línea con la propuesta del “buen vivir” o sumak kawsay, se trata de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros seres humanos. Si el desarrollo trata de “occidentalizar” la vida en el planeta, el “buen vivir” rescata las diversidades, valora y respeta lo “otro”.11 Eso no implica una visión milenarista de un paraíso armónico, ni tampoco una idealización pachamámica, que plantea una regresión a la premodernidad. Este proceso no excluye las luchas y tensiones sociales. Luchas que son múltiples y diversas, como son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas por el capitalismo.
Por otro lado, así como el pensamiento moderno creó un sistema jurídico acorde a esta idea de la naturaleza como objeto, la propuesta del “buen vivir” y su concepción de la naturaleza correspondiente necesitan de nuevas instituciones jurídicas, de nuevos sujetos de derecho y mecanismos de toma de decisiones colectivas, y de la construcción de una institucionalidad que haga realidad el ejercicio horizontal del poder. Más simple, el “buen vivir” propone que la naturaleza sea un sujeto de derecho y que se le reconozcan derechos propios y valores intrínsecos. La relación armoniosa con la naturaleza es un aspecto clave en la construcción del “buen vivir”.
10 El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos, en un momento de la historia vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo, un paso revolucionario para enfrentar los absolutismos. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo, esto condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres humanos se colocaron –figurativamente hablando– al margen de la naturaleza; y desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la naturaleza. Los derechos sobre la propiedad privada completaron este proceso; y con esta concepción se consolidó, a la par, el capitalismo.
11 Como señala Alberto Acosta (2010), “con el Buen Vivir no se quiere negar al individuo, ni la diversidad de individuos, mucho menos aún la igualdad o la libertad. De lo que se trata es de impulsar una vida en armonía de los individuos viviendo en comunidad como parte de la misma Naturaleza”.
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Esta es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres tienen un valor, aun cuando no sean de utilidad para los humanos.
Esto conlleva varias consecuencias. En primer lugar, la naturaleza como sujeto de derecho implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato. Estos nuevos paradigmas nos llevan a un progresivo e imprescindible proceso de desmercantilización de la naturaleza que promueve, paralelamente, una relación armónica con ella –como parte de ella–. En segundo lugar, la dignidad, fundamento de los derechos humanos, presupone que todo ser humano tiene un valor intrínseco. El paradigma de los “derechos de la naturaleza” reconoce también valores intrínsecos o propios de la naturaleza con independencia de la valoración humana. Gudynas (2004: 197-198; véase también 2011a) sostiene:
La consideración de valores propios en la Naturaleza consiste en aceptar que las formas de vida revisten valores en sí mismas, derivando de ese reconocimiento el aceptar que poseen derechos a desarrollar sus propios procesos vitales. Obviamente hay una mediación humana en este hecho, en tanto son personas las que reconocen esos valores. Pero se reconoce que esa valoración está más allá de nuestra interpretación y reside en los propios seres vivos. Por esa razón se denomina a estos valores como intrínsecos, ya que la esencia del valor es una propiedad inherente a los seres vivos.
En tercer lugar, establecer la naturaleza como sujeto de derecho exige una relación de igualdad y respeto entre los seres humanos y la misma. La igualdad debe trascender lo humano para reconocer en la naturaleza una vida que debe ser respetada, una interrelación necesaria entre la humanidad y la naturaleza, en realidad como parte de ella. En cuarto lugar, el reconocimiento de los “derechos de la naturaleza” insta a contar con otro campo de la Justicia, la Justicia ecológica, cuyo objetivo no será cobrar multas por los daños ocasionados, sino la recomposición ambiental con independencia de su costo económico. El criterio de Justicia se centrará en asegurar los procesos vitales, y no en las compensaciones económicas (Gudynas, 2011a: 273-274).
Como se dijo con anterioridad, la desconexión del hombre con la naturaleza es una consecuencia de la Modernidad. Antes de la segunda mitad del siglo XVII, la filosofía de la naturaleza que predominaba fuera de la
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Iglesia era el hermetismo, según el cual el mundo era entendido de modo orgánico, de manera semejante a un organismo viviente, animado por un principio interno. La filosofía mecanicista tuvo como primer objetivo separar lo espiritual de lo físico y distinguir entre los objetos inanimados y animados. Los “derechos de la naturaleza”, en este sentido, constituyen una continuidad y una ruptura. El hermetismo otorgaba cierta protección a la naturaleza porque reconocía valores intrínsecos. La filosofía mecanicista, a través del principio de causalidad, produjo el desencantamiento del mundo y valoró a la naturaleza a partir de la mirada de los hombres. Los “derechos de la naturaleza” rompen con la filosofía mecanicista y dualista, al reconocer nuevamente valores intrínsecos en la naturaleza, esta vez fundados no ya en el hermetismo sino en distintas cosmovisiones, algunas de ellas contenidas en el “buen vivir”.
En consecuencia, de lo que se trata es de expandir y completar el paradigma de los derechos humanos (visión antropocéntrica), incluyendo el de los “derechos de la naturaleza” (visión biocéntrica). Para Alberto Acosta este tránsito tiene por objeto preservar la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad del planeta:
En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas… En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza… Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, resulta indispensable agregar a la justicia social y la justicia ambiental, la justicia ecológica. En otras palabras, los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa (Acosta, 2010: 19-20).
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Este debate circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por la nueva constitución de Ecuador de 2008,12 que ya en su preámbulo señala: “Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, [el pueblo soberano del Ecuador decide construir] una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Coincidentemente con esta afirmación, el artículo 71 de esa Carta Magna dispone:
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Así, la naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los cuales se define como “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71). La naturaleza posee valores intrínsecos (también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana. Dicha postura estableció que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene la facultad de exigir el cumplimiento de los “derechos de la naturaleza” (artículo 71 y ss.).
Podría afirmarse como hipótesis que, en la Argentina, los “derechos de la naturaleza” se encuentran tácita y parcialmente reconocidos en su legislación (por ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la
12 A pesar de ello, el gobierno de Ecuador actualmente promueve la ampliación de la explotación petrolera y minera a gran escala amenazando 3 millones de ha de sus bosques amazónicos remanentes, mientras activa una campaña contra aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos de la Madre Tierra. La criminalización de la resistencia popular –derecho consagrado en la Constitución– es la herramienta gubernamental para seguir ampliando el extractivismo: megaminería, petróleo, agrocombustibles, entre otros.
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Ley General del Ambiente 25 675).13 Al igual que en otras partes de América Latina, su aplicación efectiva colisiona con el modelo extractivo imperante. Colabora con estas resistencias la debilidad de acción de los operadores jurídicos, quienes no quieren o no llegan a comprender la transformación de las categorías jurídicas como consecuencia de este cambio de paradigma.
Sin embargo, esta tendencia iniciada en América Latina no es compartida mundialmente ni es la mayoritaria. Así como en Río 92 triunfó el modelo de “desarrollo sostenible” por sobre otras formas de concebir la relación de la humanidad y la naturaleza, en Río + 20 los Estados nacionales firmaron el documento “El futuro que queremos”, a través del cual la “economía verde” alcanzó un acuerdo mundial en la comunidad internacional en detrimento de concepciones como los “derechos de la naturaleza” y el “buen vivir”, que eran impulsadas por los gobiernos de Ecuador y Bolivia y por diferentes movimientos sociales del continente. En las negociaciones solo se logró que en el párrafo 39 de dicho documento se reconociera que “el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que ‘Madre Tierra’ es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible”. Incluso este párrafo causa perplejidad al incorporar a los derechos de la naturaleza como parte integrante del modelo de desarrollo sostenible, cuando ambos corresponden a paradigmas absolutamente contrarios.
A lo largo de la historia del Derecho, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afrodescendientes, a las mujeres y a los niños y las niñas fueron una vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. A lo largo de la historia ha sido necesario que se reconozca “el derecho de tener derechos”, y esto se ha obtenido siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Desde esa perspectiva, aceptar que la naturaleza tenga derechos –propios– se enmarca en la lucha de la humanidad por la ampliación permanente de los derechos. Por lo tanto, no debería sonar extraño que los humanos busquemos garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre Tierra o Pacha Mama.
13 El artículo 41 de la Constitución Nacional señala que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”, es decir que el deber de restaurar a la naturaleza al estado anterior al daño ambiental no requiere la acreditación de daños a las personas o a sus bienes.
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Recordando a Eduardo Galeano, si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la naturaleza? En efecto, es curioso que muchas personas, que se han opuesto a la ampliación de estos derechos, acepten pasivamente que se entregue derechos casi humanos a las personas jurídicas, una de las mayores aberraciones del Derecho. Asimismo, el jurista y miembro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni recordó en el seminario sobre “Alternativas al extractivismo”, llevado a cabo en Buenos Aires en noviembre de 2011, que veinte siglos para declarar “personas” al conjunto de los seres humanos, después de racismos y genocidios múltiples, ayudan a comprender las resistencias actuales para declarar que, además de nosotros, hay otros que tienen derechos. La historia de la problemática en Occidente depara escepticismo aun cuando muchos de los principios de la ecología provienen de allí; no obstante, Zaffaroni (2011) pudo partir de la hipótesis Gaia para llegar a los debates actuales de América Latina, herederos de pensamientos aymaras, quechuas, mayas, etc., en los que, independientemente del nombre e imagen que asuma la madre tierra, comportan un sentido profundo de unidad de los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia y superioridad que impuso una determinada “ciencia moderna”. La naturaleza, pese a que no es sujeto de responsabilidades y deberes, y a no estar habilitada para representarse a sí misma, puede tener derechos y no hay nada que impida que demos ese paso.
La defensa de los bienes comunes
Otro concepto novedoso que se difunde tanto en el norte como en el sur global es la noción de “bienes comunes”. Como se dijo al principio, el pensamiento moderno trata a la naturaleza como un recurso inmerso en un sistema económico capitalista orientado al “desarrollo”, de allí la terminología “recursos naturales”. La mercantilización de la naturaleza dentro de este paradigma produce daños ambientales ingentes y la destrucción de los ciclos vitales. A su vez, las decisiones sobre el uso y explotación de la naturaleza son tomadas solamente analizando su valor económico. En el actual sistema capitalista, esta valoración puramente económica se expande constantemente y con ella sus males, tales como la concentración del poder decisorio. Por otro lado, la sobreexplotación y exportación de la naturaleza en América Latina realizada principalmente por el capital transnacional y con la anuencia y colaboración de los Estados, se ejecuta sin ningún tipo de consulta a las comunidades o pueblos afectados.
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El concepto de “bienes comunes” aparece hoy como una de las claves en la búsqueda de un paradigma emancipatorio, más allá del mercado y del Estado,14 en la nueva gramática de los movimientos sociales, tanto en los países centrales –donde la lucha se define hoy en contra de las políticas de ajuste y privatización (la defensa de “lo común” frente al neoliberalismo)–, como en nuestros países periféricos –donde la lucha se define más bien contra el neoextractivismo desarrollista–. Ciertamente, como señala Subirats (2011), el resurgimiento de dicho interés por los bienes comunes (“procomún”, en el lenguaje ibérico, “Commons” en inglés), desde perspectivas científicas y disciplinares diversas, que incluyen desde el cambio climático, las ciudades, los bienes comunes digitales, la protección del agua, las semillas, la producción científica, hasta el patrimonio cultural, entre otros, coincidió, además, con el reconocimiento de la labor de la economista Elinor Ostrom (premio Nobel de Economía, 2009), quien otorgó especial atención a la existencia de espacios y bienes comunales, los cuales no conllevaban inevitablemente la sobreexplotación de los recursos y la pérdida y erosión de ese patrimonio.
Desde nuestra perspectiva, el concepto de bienes comunes se despliega, por lo menos, en dos registros diferentes. En un primer nivel, la referencia a los bienes comunes remite a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos recursos y bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social, cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio. Este registro se conecta con el hecho de que, en América Latina, la referencia a lo común aparece íntimamente asociada a los bienes naturales y la disputa en torno a la valoración y las formas de construcción de la territorialidad. Efectivamente, los bienes naturales son comprendidos no como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos o bien público, como apunta a circunscribir, en contadas excepciones el discurso de gobierno en nuestro país. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado–.
Hemos señalado ya que la visión de los gobiernos progresistas latinoamericanos acerca del territorio se ha ido afirmando cada vez más sobre una matriz estatalista (una de las versiones del progresismo extractivista),
14 Para el tema, son fundamentales los trabajos de David Bollier y Silke Helfrich, 2012, en el marco del Commons Strategies Group. Asimismo, véase Svampa, 2013c.
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en la cual convergen la idea de “territorio productivo” y una narrativa desarrollista clásica (la tesis del crecimiento ilimitado, que retoma tópicos del discurso hegemónico, entre ellos los de “desarrollo sustentable” y “responsabilidad social empresarial”). Para decirlo de otro modo, la narrativa estatalista oscila entre la visión de los bienes naturales como commodity (bien transable, indiferenciado, sin mayor valor agregado, cuyo precio es definido por el mercado internacional), o como recurso natural estratégico y bien público.15
Desde lo jurídico, la naturaleza, en los sistemas normativos latinoamericanos, descendientes del código napoleónico, es considerada un bien público o privado de acuerdo al sujeto de derecho que tiene su dominio. Es un bien público cuando son bienes de los Estados y están individualizados expresamente (mares territoriales, ríos, calles, plazas, etc.) o son afectados al uso y goce por todos los habitantes. Son bienes privados todos aquellos que no son bienes públicos. Sin embargo, la noción de “bienes comunes” es claramente distinta a la de bien público. Como se dijo, los bienes públicos son de dominio de los Estados y, por lo tanto, ellos ejercen su jurisdicción sin tener la obligación de consultar a las comunidades. En cambio, si los bienes son considerados comunes, ni los particulares ni los Estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos, necesariamente hará falta que las comunidades participen en la toma de decisiones y que su voluntad sea decisiva. A fin de oponerse a esta noción restrictiva de la democracia, surge la noción de los “bienes comunes”; que por ser comunes, en la decisión de su uso, destino y explotación deben participar todos los colectivos y habitantes del país involucrados de acuerdo a la importancia, ubicación y necesidad de protección de los mismos.
Por encima de estas distinciones, el gobierno kirchnerista ha priorizado la noción de commodity, a veces matizada con aquella de recursos naturales estratégicos (como sucede para el caso de la justificación de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través del fracking). Se trata de una visión ajena a los debates que hoy en día se están llevando a cabo acerca de los riesgos del extractivismo y el avance de la dinámica de desposesión en otros países.
En suma, la noción de “bienes comunes” no implica solamente un rechazo a la lógica de los commodities sino también apunta a colocar en debate la visión estatalista de los “recursos naturales”, sobre la base de la
15 Para una discusión sobre los diferentes matices en torno de la noción de recurso natural estratégico, véase Fornillo, 2014.
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construcción de un “tipo de territorialidad” basada en la protección de “lo común” (patrimonio natural, social y cultural).
En un segundo nivel, la noción de “bienes comunes” plantea una mirada diferente sobre las relaciones sociales, a partir de la configuración o emergencia de espacios y formas de cooperación social, de uso y goce común, que van en el sentido de lo que el mexicano Gustavo Esteva (2007) caracterizaba hace unos años como “ámbitos de comunidad”, o lo que podemos denominar como ethos procomunal.16 ¿Qué entendemos por ethos procomunal? Recordemos que, históricamente, nuestros territorios periféricos han sido fábricas de solidaridad. Situados por fuera del mercado formal y frente a la ausencia del Estado, gran parte de los sectores populares han tenido que desarrollarse y reproducirse mediante estructuras autogestivas de cooperación. En el mundo andino, la persistencia de la forma “comunidad” suele ser la clave para explicar la actualización de redes de cooperación e interdependencia; pero en contextos urbanos de desarraigo, marcados por la modernización desigual, todo ethos procomunal preexistente –si lo hubiera– aparece comprometido y, por ende, resulta necesario fabricar nuevas solidaridades.
En un texto clásico, allá por fines de los años sesenta, Aníbal Quijano terminaba preguntándose cómo sobreviven los marginados. La respuesta de la antropóloga Larissa Lomnitz (1998) –y que luego continuaron tantos estudios socioantropológicos– fue la de poner al descubierto la densa trama de redes locales de cooperación, ligadas al mundo de la pobreza y las necesidades básicas. Esas redes de sociabilidad cotidiana, muchas de las cuales se han continuado en el tiempo, son objeto de disputa y de colonización. Por ejemplo, el neoliberalismo buscó valorizarlas a través de políticas sociales focalizadas, acentuando la heteronomía de los sectores populares. Sin embargo, sobre estas redes de solidaridad hoy en disputa con el Estado se asientan también movimientos sociales urbanos.
Ciertamente, podría decirse que la noción de “bienes comunes” se enmarca aun en una visión antropocéntrica. La misma terminología de “bien”
16 Nos inspiramos aquí en la teoría de los ethos históricos de Bolívar Echeverría (2002: 11), así como en los aportes de Lucía Linsalata (2011) sobre el ethos comunal aymara. Bolívar Echeverría consideraba que si la cultura es una dimensión constitutiva de lo político, el ethos histórico moderno nos habla entonces de aquellos comportamientos políticos espontáneos que un grupo humano adopta para neutralizar, institucionalizar o resistirse frente a la contradicción inherente al hecho capitalista y al proceso de enajenación de lo político que lo caracteriza. Es decir, el ethos nos habla de las formas en que se organiza la vida política y la sociabilidad de un grupo humano en la Modernidad.
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refiere a un medio para satisfacer necesidades humanas. Pero esta noción no solo hace referencia a una profundización de la democracia, sino también presupone que la voluntad de las comunidades está orientada a superar el modelo de desarrollo neocolonial, a respetar la diversidad de saberes, experiencias preexistentes y las economías solidarias y regionales. Desde este punto de vista, se acerca más al paradigma del “buen vivir”. En suma, en una época de cercamiento y destrucción de los bienes naturales, la transición de los recursos naturales a los “bienes comunes” consiste en una apuesta de radicalización de la democracia.
Parafraseando a Bolívar Echeverría, el ethos procomunal apunta a estructurar el mundo de la vida en referencia a un telos definido cualitativamente y que actúa desde el valor de uso de las cosas, desde la dinámica de la consistencia práctica de estas; a diferencia del principio estructurador del capitalismo, que emana del valor mercantil de las cosas, y se autonomiza como valor-capital. En la hora actual, ante el avance del cercamiento y secuestro de lo común, ante el hecho capitalista generalizado en su fase de desposesión y mercantilización de la vida, las nuevas resistencias se manifiestan a través de la emergencia de espacios de comunidad y formas de sociabilidad, esto es, campos de experimentación colectiva que reivindican la producción y reproducción de lo común, más allá del Estado y del mercado. Así, la noción misma de ethos procomunal sirve tanto para pensar las dimensiones comunitarias preexistentes en América Latina como las dimensiones políticas actuales de las resistencias, orientadas hacia una democracia radical.
Ética del cuidado y feminismos del sur
En este apartado quisiéramos destacar el rol de las mujeres en las luchas populares, particularmente en los países del sur, así como los aportes del llamado “ecofeminismo de la supervivencia” (la expresión es de Vandana Shiva) en la emergencia del nuevo paradigma alternativo en la relación con la naturaleza.
Es reconocido que en América Latina –y en general en los países del sur– desde hace varias décadas las mujeres tienen un protagonismo mayor en las luchas sociales y en los procesos de autoorganización colectiva. Esto es lo que se ha dado en llamar el proceso de feminización de las luchas, el que alude de modo central a mujeres que provienen de los sectores populares, pero también de los sectores medios. Por caso, en la Argentina, la referencia a los sectores medios es un hilo que podemos seguir desde los
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años setenta y que conduce desde las Madres de Plaza de Mayo hasta las Mujeres Agrarias en Lucha y las Madres del Dolor. En el caso particular de los sectores populares, se destacan sin duda las mujeres piqueteras, cuyo rol dentro de los movimientos de desocupados fue central tanto para dar visibilidad a la temática del hambre y de la desocupación, como para asegurar las tareas de autoorganización (Svampa y Pereyra, 2003). Hoy, sin lugar a dudas, son las mujeres de las organizaciones indígenas, los movimientos socioambientales y las ONG ambientalistas, las que tienen un lugar central.
Reconocido este protagonismo, ¿es legítimo asimilar feminización de las luchas con feminismo? En un encuentro sobre Feminismos Populares en América Latina, que tuvo lugar en Quito en junio de 2013 y en el que estuvieron presentes organizaciones de la Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, México y Perú, varias de las integrantes de estas organizaciones manifestaron reticencias e incomodidad en relación a la posibilidad de (auto)identificarse como feministas, debido a la estigmatización que hay en contra de las mismas, pero también a las diferencias que se perciben con el feminismo clásico (liberal).17 Sin embargo, desde nuestra perspectiva, hay que comparar la feminización de las luchas con el proceso de ambientalización de las luchas sociales. Dicha comparación es más que acertada e iluminadora. En nuestros trabajos previos de investigación hemos constatado que muy poca gente se reconoce inicialmente como “ambientalista” o “ecologista”. Tampoco se deviene ambientalista por elección, sino por obligación, a partir de la asunción de la lucha por la defensa de la vida y del territorio. Podríamos decir lo mismo respecto del feminismo popular. Así, sin asumirlo de modo explícito, muchas mujeres que participan de las luchas sociales van deviniendo, en el proceso mismo de lucha, feministas populares. Pero, sin duda, este devenir popular del feminismo –que en un principio no se reconoce como explícita o abiertamente feminista– plantea continuidades y rupturas con las corrientes feministas anteriores, o con el feminismo clásico, más ligado a las clases medias.
Retomando lo elaborado en dicho encuentro, podemos establecer una serie de definiciones comunes en torno a qué se entiende por feminismos populares, entre ellas, la lucha contra el patriarcado y, por ende, la propuesta de la despatriarcalización; y la defensa de la autonomía (más ligada
17 Dicho encuentro fue organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Aclaramos que muchas de las reflexiones vertidas en este apartado se apoyan y retoman el debate colectivo desarrollado en aquel encuentro.
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a la capacidad de autodeterminación, aunque sin resolver la cuestión de la articulación con otras luchas). Otro elemento común es que los feminismos populares implican una ampliación de las temáticas de discusión respecto del feminismo liberal clásico, pues se busca debatir sobre tierras, territorios, cuerpos y representaciones;18 otro, es la asociación entre feminismo y pensamiento situado; por último, la crítica a la visión individualista propia de la Modernidad y la relación de interdependencia con la naturaleza, esto es, la valoración de la ecodependencia.
De modo paralelo, también se ha registrado un progresivo desarrollo y valoración de la perspectiva ecofeminista. Aunque el término “ecofeminista” nace en los años setenta, y son numerosas las autoras que se inscriben en este campo, es en los últimos años que sus aportes han tenido mayor difusión. Dos temas han contribuido a la formación de la teoría ecofeminista. Por un lado, la crisis ecológica entendida como una crisis social de carácter antropológico: la necesidad del dominio como fórmula para la afirmación de lo humano se reflejaría en el plano de las relaciones interpersonales y en el campo de lo humano con lo natural. A partir de ello, el ecofeminismo hará una interpretación similar de la relación entre el dominio de un género sobre otro y el dominio del ser humano sobre la naturaleza, con expresiones como la lógica de la dominación, o la lógica identitaria, dando a entender una misma idea básica: la justificación del dominio y la marginación basadas en la devaluación de aquellos considerados diferentes, en este caso la mujer respecto del varón, y lo natural respecto de lo humano. En segundo lugar, el otro tema es el carácter crítico y liberador de la ecología, que cuestiona la visión dualista/cartesiana mentecuerpo y busca suprimir las relaciones jerárquicas entre naturaleza humana y no humana. Así, el ecofeminismo tratará de aprovechar esta veta emancipatoria de la ecología (Ramírez García, 2012).
El ecofeminismo y la economía feminista19 destacan el paralelismo entre la explotación de la mujer y la de naturaleza, a través del trabajo reproductivo, invisibilizado y no reconocido. Con ello se hace referencia a aquellas tareas asociadas a la reproducción humana, la crianza, la resolución
18 “El cuerpo es el territorio”, decía Mar Daza Quintana, activista ambiental, recogiendo a modo de síntesis la experiencia de los feminismos populares en el Perú.
19 Existe una vasta bibliografía latinoamericana sobre la economía feminista. Véanse Valeria Esquivel (comp.), 2012; y Norma Sanchis, 2011. Y para una discusión sobre la cuestión de los planes sociales y los límites a la autonomía de las mujeres, véanse Cepal, 2012; y Lo Vuolo, 2013.
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de las necesidades básicas, la promoción de la salud, el apoyo emocional, la facilitación de la participación social; en fin, todo aquello que tiene que ver con la cultura o el trabajo del cuidado (León, 2009). El ecofeminismo plantea la eliminación de la marginación femenina mediante el reconocimiento social de los valores atribuidos a las mujeres, y la necesidad de extender la presencia social de esos valores, ligados a la ética del cuidado, como el cimiento de un nuevo paradigma que cambie el estado actual de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Estos valores tienen que ver con el cuidado, el que es considerado como la base de una ética diferente –sustentada en la responsabilidad– y como la virtud femenina por excelencia (Puleo, 2011).
Ahora bien, existen diferentes corrientes dentro del ecofeminismo, que incluyen desde el feminismo diferencialista o identitario, que naturaliza la relación entre mujer y naturaleza, hasta el ecofeminismo constructivista (Aguinaga et al., 2011; Puleo, 2011),20 que concibe al mismo como una construcción histórico-social, ligada a la división sexual del trabajo. Desde nuestra perspectiva, es importante no caer en una visión esencialista de la relación “mujer-naturaleza”, pues la clave sigue siendo el campo de afinidades electivas que plantea la explotación de la división sexual del trabajo y la separación entre la producción y la reproducción de lo social. Es esta vertiente del ecofeminismo la que nos interesa, a la hora de leer el ecofeminismo de la supervivencia, tan ligado a la ecología popular propia de los países del sur.21
Asimismo, son varias las autoras que refieren a un feminismo del sur (Vandana Shiva),22 ligado a la corriente de la ecología popular y al que algunos denominan como “ecofeminismo de la supervivencia”, pues estaría vinculado a la experiencia diversa de las mujeres en la defensa de la salud, la supervivencia, el territorio, lo que hizo que naciera la conciencia de que existen vínculos sólidos entre género y ambiente, mujeres y ambientalismo, feminismo y ecología. El ecofeminismo de la supervivencia
20 En una línea constructivista, Alicia Puleo afirma que la nueva Ariadna del siglo XXI es hija del feminismo y de la ecología, que esta confluencia permite establecer una línea directa entre la marginación de la mujer y la degradación del ambiente, pensar posibles soluciones conjuntas.
21 Para el caso de la Argentina, el rol de las mujeres en los movimientos socioambientales desde la óptica del ecofeminismo ha sido analizado de modo pionero por Marisa Bilder (2012).
22 Durante los años setenta, Vandana Shiva participó de Chipko, un movimiento ecologista integrado principalmente por mujeres que, para evitar la tala de árboles y la desertificación, se abrazaban a ellos.
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buscaría la orientación del vínculo entre hombres y mujeres con la naturaleza a partir de la coparticipación de ambos géneros. Esto implica abandonar la concepción del yo “como un sujeto autónomo, que se construye a sí mismo, al subrayar su separación de los demás, sustituyéndolo por un sujeto relacional, que se reconoce distinto de los demás y de la naturaleza, pero que a su vez reconoce la continuidad con ellos” (Ramírez García, 2012).
Por otro lado, es importante subrayar también la afinidad electiva entre la cultura del cuidado y el ethos procomunal. Dicho de otro modo, en el contexto de las actuales resistencias al extractivismo, el lenguaje de valoración de las mujeres enmarcado en la cultura del cuidado tiende a expresar un ethos procomunal potencialmente radical, que concibe las relaciones sociales desde otra lógica y otra racionalidad, cuestionando el hecho capitalista desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Muy especialmente, en su versión libre de esencialismos, el ecofeminismo contribuye a aportar una mirada sobre las necesidades sociales, no desde la carencia o de una visión miserabilista, sino desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad social y ecológicamente sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación, la complementariedad (León, 2009; Pascual Rodríguez y Herrero López, 2010).
Por último, es necesario tender los puentes con una visión que abandone la lectura clásica del marxismo, ligada al culto al productivismo, y abone a la construcción de un horizonte ecosocialista. Al decir de Michael Lowy (2011), el ecosocialismo es “una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace propios los conocimientos fundamentales del marxismo, al tiempo que se libera de sus escorias productivistas”. Es una crítica también a la “ecología de mercado”, que se adapta al capitalismo, como del “socialismo productivista”, que permanece indiferente a los límites de la naturaleza. La tradición socialista ha advertido los males y las miserias que genera el capitalismo en cuanto crea el sistema de justificación que legitima la aberrante explotación entre los hombres. Esta mirada en estos tiempos es insuficiente, ya que no podemos dejar de advertir el ejercicio de la violencia contra la naturaleza por parte de los seres humanos. La perspectiva del ecosocialismo persigue descolonizar nuestra cultura del mercantilismo y el consumismo, abandonando la sociedad del mero lucro y de la acumulación, para apuntar a un cambio –democrático, pacífico y progresivo– en los patrones de consumo como un desafío educativo y cultural permanente.
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Pensar la transición y el postextractivismo
Transición y políticas públicas
Hemos dicho que el Consenso de los Commodities abrió una brecha, una herida profunda, en el pensamiento crítico latinoamericano, el cual en los años noventa mostraba rasgos mucho más aglutinantes frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. En razón de ello, el presente regional refleja diversas tendencias, dentro de las cuales es necesario distinguir entre los posicionamientos que proponen un capitalismo “sensato y razonable”, capaz de aunar extractivismo y progresismo, y los posicionamientos críticos que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico y postulan paradigmas alternativos, en los que cobran centralidad conceptos como los de “derechos de la naturaleza”, “buen vivir”, “bienes comunes” y “ética del cuidado”.
Cierto es que las discusiones acerca de las alternativas al modelo de desarrollo dominante hoy en América Latina y su vínculo con la globalización asimétrica no son nuevas en la región ni tampoco únicas en el mundo, pero sin duda la envergadura y la vertiginosidad de los proyectos que hoy masivamente se implementan en el continente han puesto en alerta máxima a organizaciones, activistas e intelectuales del más diverso cuño sobre la necesidad de elaborar propuestas alternativas viables, que sin dejar de tomar en cuenta los modelos ejemplares existentes (casos testigo, economías locales y regionales, experiencia de comunidades indígenas), se planteen en una escala más general, a nivel nacional, regional y global.
En varios países de América Latina ya existen debates sobre las alternativas del extractivismo, que proponen elaborar hipótesis de transición desde una matriz de escenarios de intervención multidimensional. En esa línea, utilizaremos los aportes del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, promovido por la Fundación Rosa Luxemburgo, del que participamos los autores de este libro. El desafío es proponer una agenda de salida del extractivismo, lo que implica pensar en escenarios transicionales, a partir de dos niveles diferentes de acción: el primero, el de un conjunto de políticas públicas que actúen a un nivel macrosocial y global; el segundo, el de la intervención a escala local y regional, que apunte a detectar, valorizar y potenciar los casos efectivamente existentes de modelos de alterdesarrollo.
Una de las propuestas más interesantes y exhaustivas ha sido elaborada por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), bajo la dirección del uruguayo Eduardo Gudynas (2012), quien plantea que la transición
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requiere de un conjunto de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la articulación entre cuestión ambiental y cuestión social. La necesidad de avanzar hacia una estrategia postextractivista está ligada a las características propias de los modelos de maldesarrollo (lo que el autor denomina como “extractivismo depredador”). Dicho planteo subraya que se trata de una discusión que debe ser encarada en términos regionales y en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de aquello que los pueblos originarios han denominado “el buen vivir”. Al mismo tiempo, considera que un conjunto de “alternativas” dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo, con lo cual se requiere elaborar “alternativas al desarrollo”, en el marco de un modelo de sustentabilidad superfuerte.23
En el plano de las políticas públicas, uno de los elementos más problemáticos es la oposición que se quiere establecer entre deuda social y deuda ambiental, esto es, entre reforma social y económica y reforma ecológica-ambiental. En esa línea, el progresismo extractivista suele afirmar que esta es la única vía capaz de generar divisas, que son reorientadas luego a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso, cuyo alcance es limitado y debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) a la cuestión ambiental, al tiempo que tiende a dejar afuera una serie de discusiones complejas y fundamentales que conectan de modo estratégico la triple cuestión sobre el “desarrollo”, el “ambiente” y la “democracia”.
En consecuencia, pensar la transición requiere de un conjunto de políticas públicas que articulen la cuestión ambiental, a saber, que coloquen límites a la producción y los umbrales de consumo ostentatorio; con la cuestión social, esto es, que apunte a la erradicación de la pobreza y la re-
23 La sustentabilidad superfuerte sostiene que el ambiente debe ser valorado de muy diferentes maneras, además de la económica: también existen valores culturales, ecológicos, religiosos o estéticos, que son tanto o más importantes. Por esta razón enfatiza el concepto de “patrimonio natural”, entendido como un acervo que se recibe en herencia de nuestros antecesores y que debe ser mantenido, legado a las generaciones futuras, y no necesariamente vendible o comprable en el mercado. Siguiendo esta línea de pensamiento, la sustentabilidad superfuerte se apoya en gran medida en una nueva ética, en la que, en esa pluralidad de valores, se acepta que la naturaleza tiene valores que son propios a ella y que son independientes de la utilidad que puedan tener para el ser humano. Por el contrario, la sustentabilidad débil particularmente tiene una perspectiva utilitarista y antropocéntrica (Gudynas, 2009).
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distribución de la riqueza (Gudynas, 2012). Dicha articulación pone el acento en la planificación estratégica y en el control de los bienes naturales por parte del Estado, reduciendo la dependencia exportadora. Desde esta perspectiva, la transición incluye también diferentes fases. Una primera fase es aquella en la cual se hace necesario pasar de un “extractivismo depredador” a un “extractivismo sensato”, entendiendo a este “como aquel donde se cumple cabalmente con las normas sociales y ambientales de cada país, bajo controles efectivos y rigurosos y donde se internalizan los impactos” (ibid.: 280). Aunque esta no sea la mejor situación de todas, ni se convierta en un objetivo o fin en sí mismo (no se pretende confundir medios y fines), es necesaria en virtud de la gravedad de la situación del subcontinente, ligado tanto a los daños ambientales como al deterioro social. La segunda fase debiera enfocarse en las actividades extractivas esenciales, esto es, aquellos emprendimientos que apunten a cubrir las necesidades nacionales y regionales, en pos de la calidad de vida de las personas, y en el marco de una sustentabilidad superfuerte. De este modo, no se trata de que una opción postextractivista implique no explotar los bienes naturales; antes bien, implica “un redimensionamiento sustantivo, donde permanecerán aquellos proyectos genuinamente necesarios que cumplan condiciones sociales y ambientales y estén vinculados a cadenas económicas nacionales y regionales” (ibid). Más simple, uno de los objetivos esenciales es reorientar la producción a las necesidades regionales (a nivel latinoamericano). Esto implicaría redimensionar nuestra mirada respecto de lo que entendemos por integración regional y la relación que se establece con los diferentes sectores de la economía: por ejemplo, respecto de los alimentos, significaría orientarse a la producción agrícola para satisfacer necesidades alimenticias de la población, en vez de exportar commodities agrícolas, dotando así de contenido real el concepto de soberanía alimentaria.
En un interesante ejercicio para el caso peruano, los economistas Pedro Francke y Vicente Sotelo (2011) demostraron la viabilidad de una transición al postextractivismo a través de la conjunción de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestos a las actividades extractivas o impuestos extraordinarios a las sobreganancias mineras) para lograr una mayor recaudación fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasífera, respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011. Con este ejercicio, que parte de combinar impuestos a las ganancias extraordinarias y suspensión de proyectos extractivos, los autores mostraron que, lejos de perder ingresos fiscales, el Estado nacional recaudaba mucho más. El tema no es menor, porque dichos ejercicios están lejos de colocarse en una línea utópica o pachamámica, que haría irrealista su realización. Antes bien, marcan la posibilidad de
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avanzar con políticas públicas, al tiempo que no conspiran contra el argumento de la recaudación fiscal.
Aquí, en la Argentina, para el caso de la megaminería existen un sinnúmero de actores que han presentado propuestas de modificación del actual marco regulatorio, que no han sido atendidas por el gobierno nacional y mucho menos por sus socios provinciales.. Estas propuestas incluyen desde la declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera, hasta la prohibición de la megaminería en todo el país. Asimismo, involucran una reforma integral del Código de Minería y la derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24 196) y sus modificatorias, que habilitan la destrucción y exportación de los bienes comunes; la renacionalización de los recursos naturales (hoy de dominio originario de las provincias) y su pasaje a manos del Estado nacional; la aplicación efectiva de la normativa ambiental y muy especialmente de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares; y la recomposición ambiental de las zonas afectadas por los emprendimientos mineros que actualmente existen en el país. Las propuestas implican, asimismo, colocar en debate la cuestión de la explotación del litio: si efectivamente el país debe hacer una apuesta estratégica en vistas de un cambio de paradigma energético, o bien, tal como están dadas las cosas, se contribuye a financiar la transición del norte global, mientras se avanza en términos de desposesión sobre territorios y derechos indígenas.
Los daños ambientales y sociales del actual modelo exigen pensar en alternativas y modelos de transición energética, sin duda uno de los desafíos más complejos que se plantea a nuestras sociedades. En la Argentina, prácticamente el 90% de la energía proviene de los combustibles fósiles. La opción cortoplacista adoptada por el gobierno, luego de la expropiación parcial de YPF, a través del avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, no hará más que reforzar esa dependencia, con los gravosos costos sociales y ambientales que conlleva, y sin que ello asegure el tan ansiado autoabastecimiento energético. Por otro lado, como señala Pablo Bertinat (2013a y b), del Taller Ecologista de Rosario, especialista en energía y también miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, los impactos del modelo energético hoy vigente son múltiples, y van desde la relación directa entre producción y consumo de energía eléctrica y cambio climático (emisiones de gases de efecto invernadero), hasta los daños que generan las grandes obras de infraestructura (sobre los territorios, sobre las poblaciones, sobre la biodiversidad), pasando por la inequidad en la apropiación de energía (solo el 15% de la energía que se consume en América Latina corresponde al sector residencial, y los secto-
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res más pobres pagan por energía una proporción mayor que los sectores ricos) y la ausencia de participación ciudadana, entre otras cuestiones.
Por supuesto que uno de los caminos en la construcción de una agenda de transición es orientarse hacia la diversificación de la matriz energética, a través de las energías limpias y renovables (como la eólica y la solar). Nuestro país tiene una gran potencialidad, por ejemplo, para la energía eólica; sin embargo, es constante la defensa del actual modelo energético, detrás del cual se halla el poderoso lobby petrolero, que busca minimizar el rol de otras energías mediante un discurso que pretende mostrar la inviabilidad económica de un modelo basado en energías alternativas. Además, detrás de las energías limpias y renovables no está la especulación financiera que sí hay detrás de los hidrocarburos convencionales y no convencionales, negocio que genera réditos millonarios aun antes de comenzar la fase misma de extracción. En cuanto a los costos de las energías alternativas, también hay que desmontar el mito de la imposibilidad económica: a título de ejemplo, el ingeniero en petróleo Eduardo D’Elía (2013) hizo análisis que muestran que con el valor de un pozo de fracking, que tiene una vida útil de seis años, se pueden poner en funcionamiento seis aerogeneradores, que proveerían de energía eólica por treinta años.
En realidad, hay dos temas fundamentales que deben formar parte de una agenda energética postextractivista: uno es la desconcentración y, el otro, la eficiencia energética. Por un lado, un modelo energético superador requiere descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético (Acosta, Martínez y Sacher, 2013: 335). La descentralización generalizada es una condición necesaria para democratizar los sistemas de acceso y distribución. Esto supone que la ganancia estaría más dispersa y menos concentrada; al contrario de lo que sucede con los grandes monopolios que dominan los hidrocarburos. Por otro lado, hay que incorporar como exigencia la eficiencia energética. Como afirma Bertinat:
En nuestro país, podríamos ahorrar aproximadamente el 30% de energía que se consume, solo con eficiencia. Eficiencia energética significa un mejor uso de la energía con menos cantidad. Pero esto implica cambios en la descentralización productiva, industrial, que impliquen cambios modales. El primer núcleo es pensar en esto y es muy difícil poder hacerlo en un sistema tan mercantilizado (Bertinat, 2013b).
Plantear una reforma que suponga modificar la política de despilfarro que advertimos en el actual sistema de transportes (básicamente transporte
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automotor), como la ineficiencia que se advierte en el uso residencial, conllevaría un gran ahorro o reducción en el uso de energía.
Asimismo, es necesario responder preguntas más elementales acerca del actual modelo energético. Por ejemplo, producir energía ¿para qué y para quién? “Hoy, el sistema energético está diseñado para sostener las necesidades del modelo exportador primario y para garantizar la seguridad energética que requiere la producción/extracción de recursos de la región ante la creciente demanda de energía y el agotamiento relativo de recursos para producirla en otros países y regiones” (Bertinat y Salerno, 2006). La energía aparece como subsidiaria del modelo extractivo y esto está lejos de haber sido revertido por los gobiernos progresistas. Así, en nuestro país, solo tres megaemprendimientos mineros consumen la energía equivalente a la que otorga la central nuclear de Atucha I; una sola empresa como Aluar consume tanto gas como el que importamos de Bolivia; la empresa Minera Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca; y, por último, la empresa Barrick –en Pascua Lama–, de ponerse en marcha, dilapidaría casi 1000 millones de litros de hidrocarburos durante todo su proceso extractivo (Colectivo Voces de Alerta, 2011). Es decir, resulta necesario pensar la construcción de una sustentabilidad energética en el marco de un modelo de sustentabilidad superfuerte, lo que implica fortalecer la idea de la energía como patrimonio natural y como derecho. En otros términos, como afirma Bertinat, la energía también es parte de los bienes comunes. Así, uno de los grandes desafíos es “la construcción social de la energía como un derecho y la desmercantilización del sector de la energía” (Bertinat, 2013a: 167-170).
En esta misma línea, es necesario pensar una agenda postextractivista respecto del agro, que debería insertarse en un campo de sustentabilidad superfuerte; a saber, de respeto de la biodiversidad, de una agricultura de alimentos y de procesos, de defensa de la semilla como patrimonio cultural y la soberanía alimentaria. Importante es añadir que la apertura de una discusión pública sobre el modelo de agronegocios (el alcance de sus transformaciones, su relación con el Estado, sus consecuencias sociales, económicas y ambientales) ha sido más bien tardía, tal como hemos podido ver a partir de 2008. En este contexto, existen enormes resistencias, generadas entre quienes se han adaptado positivamente a las nuevas exigencias productivas y tecnológicas, en contextos de alta rentabilidad.
Debido al avance del modelo de agronegocios, en especial del monocultivo de la soja, sin duda resulta muy complejo pensar en cómo revertir dichas tendencias, que además son fomentadas desde políticas públicas por el Estado nacional. Ahora bien, si el modelo de agronegocios llega a
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colonizar todos los espacios agropecuarios, “estaremos en una situación muy difícil [no solo] en términos de soberanía alimentaria (derecho a elegir lo que necesitamos), sino también en el registro del mapa político de los que detentan el poder en la Argentina, vía concentración de tierra, capital y renta agraria” (Giarracca y Palmisano, 2013: 167).
Por ahora existe una parte importante de los productores agrícolas que producen alimentos, que no están involucrados en la expansión del agronegocios. La agricultura de procesos es importante todavía en algunas zonas del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
en aquellos territorios en los cuales coexisten o podrían llegar a coexistir “sistemas agrícolas o agroindustriales”, destinados a la alimentación o con una larga tradición regional (vitivinicultura, fruticultura), y actividades de “tipo extractivo” (minería o ciertos “agronegocios”), de lo cual resultan espacios de disputa por los recursos naturales. Sin una intervención estatal que regule en función de las necesidades y el bienestar de la población, podrían terminar desapareciendo y retrocediendo los sistemas agrícolas y agroindustriales de alimentos (Colectivo Voces de Alerta, 2011:147).
Por ahora, dada las actuales condiciones del llamado “avance tecnológico”, podemos asegurar que existe una parte muy importante de los productores agrícolas que producen alimentos y que no están involucrados en la expansión del agronegocio. […] Consideramos que este sector muy arrinconado por el agronegocios (y por la minería) contiene elementos que podrían colaborar a configurar una agricultura distinta para nuestro país (Giarracca y Palmisano, 2013: 168).
En suma, lo que Giarracca y Palmisano denominan como “agricultura de procesos” (en contraposición al “agronegocios” de commodities para exportación, como la soja) se relaciona con la soberanía y la seguridad alimentaria de la población local, regional y nacional.
Como vemos, la discusión supera largamente la cuestión de las ganancias extraordinarias, se trate de minería, agronegocios o gas no convencional, y lo que estas actividades puedan aportar a las arcas del Estado. Es una discusión sobre cómo pensar la relación entre economía y sociedad, el vínculo entre seres humanos y naturaleza; sobre lo que entendemos por desarrollo y sustentabilidad social y ambiental, sobre la necesidad de ampliar la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión colectiva, más aun, sobre los modelos de sociedad posible y deseable.
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Por su parte, una de las incógnitas más difíciles de resolver es saber si es posible llevar el “buen vivir” en el “hecho menos sustentable de la humanidad”, como entiende Raúl Zibechi (2013)24 a las grandes ciudades. Para encontrar una respuesta, hay que prestar especial atención al giro ecoterritorial que están dando las organizaciones sociales y asambleas en las ciudades, mediante la defensa de los parques, los espacios públicos y el acceso a la vivienda, así como la promoción de otras relaciones sociales y de intercambio en las urbes.
Al “extractivismo urbano” y el urbanismo neoliberal hay que oponerle el “derecho a la ciudad”, un concepto en construcción y en disputa desde su elaboración en los años sesenta por el francés Henri Lefebvre en su libro homónimo (1969): una puja urgente de sentidos que hay que impulsar sobre qué es lo público, quién decide la planificación urbana, para qué y qué se construye, el carácter de bien de uso de la vivienda, la relación de la ciudad con la naturaleza, el sentido de las grandes obras urbanas, qué es una plaza y para qué sirve, si tiene solo un sentido paisajístico. Dejar de entender a las calles solamente como vías de comunicación –como son concebidas desde el extractivismo urbano– y volver a proyectarlas como lugares de encuentro, de relación e interacción social.
Ello conlleva necesariamente un cuestionamiento de la peligrosa vampirización de la noción de espacio público, hoy funcional a la expansión del urbanismo neoliberal, y su concepto de ciudad, caracterizada menos por espacios de encuentro e interacción social mixta, que por barrios homogéneos convertidos en verdaderos “parques temáticos” (Gorelik, 2007).25
Como señala David Harvey (2008), nos encontramos ante una lucha para decidir quién carga de significado la noción de “derecho a la ciudad”; decidir cómo se moviliza esa fuerza para decir que “es nuestra ciudad, no la suya”. En suma, democratizar la ciudad para transformarla, para abandonar los parámetros de la ciudad “moderna”, para reconstruir ciudades que sean el hogar, para formar habitantes solidarios, no competitivos, no consumistas, ambientalmente responsables, que compartan los bienes comunes, partícipes activos de las acciones de gobierno. Así como es necesario desmercantilizar la naturaleza, en las ciudades hay que desprivatizar sus espacios públicos, convertirlos en verdaderos bienes comunes: su costanera, sus plazas, sus calles y sus parques.
24 Citado en .
25 Para una crítica y deconstrucción de esta noción, en clave urbana, véase Gorelik, 2007.
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Viñeta 1: Yasuni-ITT. La difícil construcción de la utopía
Alberto Acosta1
Ecuador sorprendió al mundo hace ya más de siete años, cuando propuso dejar en el subsuelo del Yasuní, en plena Amazonía, un significativo volumen de petróleo. Esta propuesta, conocida como la Iniciativa YasuníITT, que surgió desde la sociedad civil, no alcanzó a consolidarse a nivel oficial debido a las inconsistencias y las contradicciones del gobierno del presidente Rafael Correa. Por cierto también pesó la insensibilidad de los gobiernos de los países más poderosos, que no quisieron asumir sus responsabilidades.
No es cierto que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, como dijo el primer mandatario ecuatoriano, el 15 de agosto de 2013, al anunciar la finalización de la misma; en realidad quien no la comprendió y no estuvo a la altura del reto propuesto por la sociedad ecuatoriana al mundo fue el propio presidente Correa.
Romper tradiciones y mitos siempre será una tarea compleja. El llamado al realismo frena los cambios. Por eso la idea de no explotar petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), a cambio de una contribución financiera internacional, causó por igual estupor y muchas resistencias en sectores de poder. Para las clases dominantes, en un país adicto al petróleo, proponer no extraer crudo, asomaba como una locura a tiempo completo. En el exterior, en los poderosos círculos petroleros, la idea fue vista con escepticismo, y luego, combatida. Lo sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza en la sociedad civil dentro y fuera del Ecuador.
Hay que conocer que esta iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, mucho tiempo antes de que fuera aceptada por el presidente Correa. Esta idea, presentada a nivel del aún no posicionado equipo de gobierno, a fines de diciembre de 2006, por el que sería ministro de Energía y Minas, no tiene gerente-propietario alguno. Es una propuesta
1 Alberto Acosta es economista ecuatoriano; profesor e investigador de FLACSO. Fue ministro de Energía y Minas entre enero y junio de 2007, presidente de la Asamblea Constituyente de su país entre octubre 2007 y julio de 2008, y candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2013. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo. Aclaramos que hemos hecho una selección de los párrafos más importantes de un artículo más largo, del cual hemos eliminado también las notas al pie de página.
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de construcción colectiva. Con seguridad, la idea primigenia de suspender la actividad petrolera surgió en la cabeza de quienes sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía.
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que llevan las comunidades indígenas y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco. Este juicio, que se inició hace más de veinte años, más allá de su desenlace, sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta. […]
La propuesta Yasuní independientemente de la fuerza de los diferentes argumentos con los que se la ha sostenido durante más de seis años, es una propuesta que tiene un objetivo central: no sacar el crudo del subsuelo de tres yacimientos del ITT o del bloque 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, en su extremo oriental. Estos yacimientos son el Ishpingo, localizado al sur del bloque (una parte importante está dentro de la zona intangible), el Tambocha, en la parte central, y el Tiputini, en el extremo norte del bloque, con una parte de este yacimiento fuera del parque. […]
Hay que tener en cuenta que la Amazonía ecuatoriana ha sido explorada por décadas. Como consecuencia de esta actividad los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se han alejado de las zonas de explotación, y en la actualidad se encuentran en las últimas zonas de bosques, y en el resto de la zona ha aumentado y se ha concentrado la población indígena. Esto determina que cada vez hay más oposición de parte de estos grupos humanos a estas actividades.
La Iniciativa Yasuní-ITT se basó en cuatro pilares:
1) proteger el territorio y con ello la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario,
2) conservar una biodiversidad inigualable en todo el planeta –la mayor registrada por científicos hasta el momento–,
3) cuidar el clima global manteniendo represada en el subsuelo una significativa cantidad de petróleo, evitando la emisión de 410 millones de toneladas de CO2,
4) dar un primer paso en Ecuador para una transición postpetrolera, lo que tendría un efecto demostración en otras latitudes.
Pero hay más, como un quinto pilar podríamos asumir la posibilidad de encontrar colectivamente –como Humanidad– respuestas concretas a los graves problemas mundiales derivados de los cambios climáticos provocados por el propio ser humano, exacerbados especialmente en esta última fase de expansión global del capital.
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Como contrapartida el Ecuador esperaba la contribución financiera de la comunidad internacional, que debía asumir su responsabilidad compartida y diferenciada en función de los muchos niveles de destrucción ambiental provocada por las diversas sociedades en el planeta, particularmente por las más opulentas. No se trataba de una vulgar compensación para seguir forzando el desarrollismo (como entendió el presidente Correa).
Esta iniciativa se enmarca en la construcción del Buen Vivir o sumak kawsay, que no es una simple propuesta de desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo. […]
El camino en el Ecuador resultó en extremo sinuoso. Al inicio la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, promovida a nivel gubernamental por el ministro de Energía y Minas, chocó con la decisión del presidente ejecutivo de Petroecuador, empeñado en extraer el petróleo lo más rápidamente. Este enfrentamiento se dirimió con la intervención del presidente Correa en el directorio de Petroecuador el 31 de marzo de 2007. Allí se planteó en concreto como opción A: dejar el crudo en el subsuelo, y la opción B: extraer el crudo. Desde entonces estuvo latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y el desarrollo mismo.
Desde entonces, el propio mandatario no se cansó de amenazar con la inminente explotación del campo ITT en el Yasuní; en realidad, más que una amenaza era una certeza demostrada, por ejemplo, con el avance de las actividades extractivistas en el bloque 31, aledaño al ITT, conocido también como bloque 43. Esa lógica de chantaje permanente creaba confusión, temor y desconfianza. […]
A pesar de eso, el gobierno de Correa siguió empeñado en la búsqueda del dinero, a más de cosechar aplausos a nivel internacional. Así, a la postre el gobierno se empantanó en los cálculos fenicios. La última comisión negociadora ya no tuvo el mismo peso y perfil de las anteriores. La persona encargada de dirigir las negociaciones internacionales, sin una clara dirección, terminó actuando como la promotora de un teletón, sin precisión política y estratégica. […]
Una parte sustancial del debate derivó hacia la necesidad de generar una “compensación” económica frente a la moratoria de extracción del petróleo. El convertir esa prioridad en una condición indispensable para llevar adelante la iniciativa, si bien tenía varios aspectos positivos, tenía también otros negativos. Entre los positivos es clave reconocer que podía asegurar ingresos a las arcas del Estado, que serían muy útiles para
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mantener políticas sociales, y servirían para desarticular la oposición de quienes entendían que la medida era una renuncia a la rentabilidad prevista por la explotación del crudo. Pero existían aspectos negativos, en tanto esa “compensación” llevaba a la iniciativa exclusivamente al ámbito crematístico, marginando los otros objetivos que son de índole político y sobre todo de Derechos, como es la protección de la vida de los pueblos ocultos o en aislamiento voluntario, o de la misma biodiversidad, tal como establece la Constitución ecuatoriana de 2008.
El 15 de agosto de 2013, cuando el presidente Correa enterró oficialmente la Iniciativa Yasuní-ITT y produjo un cambio de rumbo de 180 grados, muchos de los argumentos esgrimidos dentro y fuera del país para impulsar esta iniciativa fueron olvidados o simplemente negados. Los pueblos ocultos desaparecieron de la zona. La protección de una biodiversidad extremadamente frágil de la noche a la mañana pasó a ser algo fácil de asegurar. La emisión del CO2 dejó de ser motivo de preocupación. Los potenciales ingresos que generaría el petróleo más que se duplicaron, al pasar de 7000 millones a 18 200 millones de dólares en valor presente. Y simultáneamente se ofreció a la sociedad la esperanzadora noticia de que, ahora sí, con el crudo del ITT el Ecuador ampliaba sustantivamente su horizonte petrolero y por fin se podría erradicar la pobreza… […]
Más allá del fracaso a nivel gubernamental de la Iniciativa Yasuní-ITT, provocado por las incoherencias del gobierno ecuatoriano y por la voracidad demostrada por los representantes de los intereses petroleros, esta iniciativa obtuvo resultados satisfactorios.
Empecemos por reconocer que el tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. Además, frente al reclamo cada vez más aceptado que hay que bajar las emisiones de CO2, una contribución importante es dejar de extraer petróleo e inclusive minerales.
Para relievar la trascendencia de esta iniciativa, habría que hacer un seguimiento de otras propuestas derivadas directa o indirectamente de la idea de no explotar el petróleo del ITT, que ya han permitido acuñar el término “yasunizar”. ¿Dónde? En lugares como el Delta del Niger, las islas Lofoten en Noruega, San Andrés y Providencia en Colombia, Lanzarote en las islas Canarias y el Madidi en Bolivia. En esta vía, en Francia y otros lugares en Europa se evita el fracking del gas de esquisto.
Dentro de Ecuador el tema cobró mucha fuerza, tanto que hoy hay quienes reclaman, con poderosos argumentos, que es conveniente dejar el crudo en el subsuelo, aun sin que se consiga la contribución financiera
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internacional. Esta es la Opción C, con la que el pueblo ecuatoriano –a través de una consulta popular– puede asumir la posta luego de que falló el gobierno del presidente Correa. Y para cristalizarlo, un grupo de jóvenes –Yasunidos– han emprendido, enfrentando la represión desde diversas instancias del Estado, la dura tarea de recolectar firmas con el fin de que se convoque a una consulta popular.
No explotar el petróleo, que para el Ecuador representa un 20% o aun un 30% de sus reservas petroleras y que la Humanidad consumiría en apenas nueve días, permitirá procesar el indispensable reencuentro de los seres humanos con la naturaleza. Esto, además, abriría la puerta para caminar hacia una transición energética que permita superar la fase de los combustibles fósiles, cuyos límites biofísicos están a la vista.
Desde esa perspectiva, superando visiones estrechas y egoístas, se espera que muchas iniciativas de este tipo florezcan en el mundo: la consigna es crear dos, tres… ¡muchos Yasuní!

Reciprocidad, solidaridad y economía social
El paradigma de los bienes comunes, basado en la producción y reproducción de lo común pone el acento en la necesidad de indagar a escala local y regional en las experiencias exitosas de alterdesarrollo, no con la idea de que estas sean reproducidas mecánicamente, ni tampoco en términos de una simple agregación, sino para que sean pensadas desde su diversidad y especificidad. En realidad, existe en el campo de la economía social, comunitaria y solidaria latinoamericana todo un abanico de posibilidades que es necesario explorar, lo que exige sin duda una tarea de valoración de esas otras economías. Como sostiene J. Luis Coraggio (2011b: 51), quien viene trabajando estos temas desde hace décadas,
la economía social no puede ser para los pobres, sino que debe ser una propuesta para todos los ciudadanos que, además, se asegura de lograr la inclusión de los más pobres, de los excluidos. […] Su lógica es la de contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad (ibid.: 47).
Ello exige una planificación estratégica que apunte a potenciar las economías locales alternativas (agroecología, economía social, entre otras), que recorren de modo disperso el continente.
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Desde América Latina y desde el sur, existe una pluralidad de experiencias de autoorganización y autogestión de los sectores populares ligadas a la economía social y el autocontrol del proceso de producción, de formas de trabajo no alienado, otras ligadas a la reproducción de la vida social y la creación de nuevas formas de comunidad. Aunque son modestas, de carácter local y limitado, siempre acechadas por la vulnerabilidad, el individualismo y la cooptación, estas experiencias de autoorganización van dejando su huella a través de la creación de un nuevo tejido social en un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar.
Otro aporte interesante es el realizado por Franz Hinkelammert, quien ha desarrollado criterios para la construcción de una racionalidad reproductiva de la vida “que no sustituye ni elimina la racionalidad medio-fin sino que la subordina, brindando así elementos para la creación de alternativas y la construcción de lo que él llama una ‘economía para la vida’” (Hinkelammert y Mora, 2005, citado en Vargas Soler, 2008). Desde la perspectiva de la economía para la vida, el sentido del trabajo humano es producir valores de uso o medios de vida; el sistema de organización y división social del trabajo se evalúa como racional solo si posibilita la reproducción de la vida en el tiempo. “La piedra angular es el ser humano como necesitado y la necesaria reproducción de sus condiciones materiales de vida.” En el examen de la reproducción de la naturaleza exterior y del ser humano es importante considerar “los valores de no uso, que también son condiciones de existencia y posibilidad de reproducción del sistema de la vida. Exige superar la perspectiva del valor-trabajo y examinar la del valor-vida” (ibid.). Como vemos, la lectura de Hinkelammert se acerca mucho a otra perspectiva, la ética del cuidado, que propugnan visiones ecofeministas.
Otra de las grandes dificultades que enfrentamos es proyectar una idea de transformación que diseñe un “horizonte de deseabilidad”, en términos de estilos y calidad de vida. Gran parte de la pregnancia de la noción de “desarrollo” se debe al hecho de que los patrones de consumo asociados al modelo de desarrollo hegemónico permean el conjunto de la población. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de la idea convencional de progreso como de aquello que debe ser entendido como “calidad de vida”. La definición de qué es una “vida mejor” aparece asociada al consumo (al modo de vida imperial), algo que para los sectores populares, y luego de tantas crisis, se torna una posibilidad, en el contexto del Consenso de los Commodities.
En esa línea, es necesario preguntarse si no habría que desplazar el eje de la discusión y plantear previamente menos un horizonte de deseabilidad, que la exigencia de elaborar una teoría diferente de las necesidades huma-
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nas, sobre la base de determinadas preguntas fundamentales. Cabe preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que deben ser satisfechas para que podamos llevar una vida digna y razonablemente sostenible, pensando también en las generaciones futuras? ¿De qué modo satisfacerlas sin dañarse a sí mismo ni dañar el ecosistema? ¿Cómo descolonizar el deseo social, traducido en patrones de sobreconsumo, esto es, en nuevos modos de esclavización y de agresión tanto contra sí mismo como contra el ambiente? ¿Cómo construir una sensibilidad descolonizada, que se convierta en factor político de cambio?
En este sentido, un aporte imprescindible para repensar una teoría de las necesidades es el desarrollado por el economista Manfred Max-Neef, quien sostiene que tradicionalmente se ha creído que las necesidades humanas tienden a ser infinitas y cambian constantemente, de un período a otro, de una cultura a otra. Sin embargo, esto es falso: el error consiste en no establecer la diferencia esencial entre las que son propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. “Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986).
Para este autor, cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores, los cuales son construidos culturalmente. Los bienes son el medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. Cuando estos bienes se constituyen en un fin en sí mismo, la vida se pone al servicio de los artefactos y no a la inversa. En consecuencia, a la luz de la actual crisis civilizatoria, “la construcción de una economía humanista exige repensar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes” (ibid.).

Viñeta 2: Alterdesarrollo y economía local
Provenientes de seis países de América Latina –Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela–, y con la participación de otros investigadores y activistas de Alemania, España, Francia y Austria, la delegación del Grupo de Alternativas al Desarrollo recorrió en 2011 la zona de Intag, en el cantón de Cotacachi (provincia de Imbabura), Ecuador,
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donde actualmente se llevan a cabo experiencias locales de alterdesarrollo. Situada en una zona de gran importancia hidrológica, el nombre de Intag es emblemático en América Latina a raíz de la lucha de las comunidades contra la minería a gran escala.
La delegación tuvo la oportunidad de visitar varias localidades, ubicadas en una región privilegiada, recorrida por ríos serpenteantes y caudalosos, rodeada de cerros exuberantes, por momentos cubiertos por densos bosques de neblina. Como escribió alguna vez el poeta Henri Michaux, “Quien no ama las nubes, que no venga al Ecuador. Estas son los perros fieles de la montaña. Grandes perros fieles que coronan altamente el horizonte”.
Tanto en Nangulví como en Apuela, los habitantes fueron presentando las diferentes experiencias productivas y ambientales que cubren un ámbito que va desde la producción agroecológica (café orgánico Intag –de alta calidad, que hoy se exporta al Japón, entre otros países–, panela orgánica, maíz, frejol); artesanías y confección (jabones y otros productos); ecoturismo (complejo en Nangulví); además de radio y periódico comunitarios.
Hubo también momentos para el relato minucioso de las luchas, por parte de miembros de la DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag), que arrancaron en 1995 y tuvieron como resultado la expulsión de dos multinacionales mineras que se proponían explotar el cobre en la zona de Junín. Estuvieron presentes, entre ellos, militantes de gran experiencia, como Carlos Zorrilla, autor del conocido manual “Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas”, una guía para promotores y activistas comunitarios, que puede encontrarse por internet.
Reproducimos aquí el resumen publicado por Acosta, Martínez y Sacher (2013).
HidroIntag: modelo alternativo de generación hidroeléctrica
Intag es una zona subtropical de la provincia de Imbabura en Ecuador que posee 44 000 hectáreas de bosque, 27 ríos y 13 696 habitantes. HidroIntag, compañía de economía mixta, está conformada por seis juntas parroquiales de la zona rural de Intag. Consiste en nueve pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas repartidas a lo largo de la cuenca del río Intag, en las siete parroquias de la zona con un potencial de energía media anual neta de 582,42 GWh.
El modelo prioriza la armonía entre la generación de energía y actividades turísticas y agrícolas ya existentes en una zona. El criterio de ubi-
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cación de las centrales aplicó estrictamente el principio de precaución en lo cultural y ambiental, evitando la intervención de todas aquellas zonas y usos de agua tradicionales. Propone una tecnología y metodologías de construcción que combinan el uso de maquinaria liviana y mano de obra de la zona, en puestos de trabajo de calificación media y superior. El sistema permite crear un total de 1206 puestos de trabajo directos permanentes, tanto vinculados a la fase de construcción, operación y administración de las centrales hidroeléctricas, como al fortalecimiento de la economía local mediante el uso social de los beneficios obtenidos de la producción de energía.
El proyecto tiene un costo estimado de US$ 175 291 151. Esto corresponde al 0,01% del costo del megaproyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair impulsado por el gobierno ecuatoriano, con cuyo presupuesto se podrían financiar 10 000 proyectos de las dimensiones de HidroIntag.
Contribución a la soberanía energética
El modelo es descentralizado, consiste en una red de pequeñas centrales, bajo un modelo de gestión democrático. Se sustenta en el manejo integral de las cuencas hídricas para preservar tanto la producción del agua para la generación hidroeléctrica, como los bosques, la biodiversidad, y fomenta la economía local:
• Incluye manejo y protección de una cuenca hidrográfica.
• Aporta a la necesidad de aprovechar los recursos hídricos al oeste de los Andes en la época de estiaje (o menor caudal) en la vertiente del río Amazonas. Justamente esta es la época con mayor hidraulicidad del río Intag.
• Evita el riesgo de la falta de energía en momentos de daño o parali-zación que siempre existe con una gran represa.
• Permite disminuir las pérdidas de energía.
• Permite contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbo-no en un volumen de 365 052 toneladas de CO2 al año.
Contribución a la soberanía alimentaria
El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de 2555 familias agricultoras de la zona de Intag y en su área de influencia directa, para el mantenimiento de los niveles de producción agropecuaria necesarios para el suministro en alimentos de la zona.
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Con los beneficios generados desde la venta de energía, se apunta al desarrollo de la economía local, en torno al fomento del tejido agrícola, pecuario y artesanal existente, complementarios a la soberanía alimentaria:
• Producción de café orgánico en sistemas agroforestales.
• Reforestación y forestación con una vocación de servicio ambiental y/o de producción maderera.
• Agroindustrias (lácteos, frutas, caña de azúcar, fibras, piscicultura, etcétera).
• Turismo en sus distintas variantes: (familiar, aventura, grupos). El potencial de desarrollo regional abarca la zona de Intag y su área de influencia directa (noroccidente de Pichincha, otros cantones de Imbabura).
Fuentes: ; .1
1 Mientras corregíamos este libro, en mayo de 2014, las fuerzas públicas policiales entraron masivamente a la región de Intag, a fin de habilitar y custodiar el ingreso de la megaminería, de la mano de la empresa chilena Codelco y la empresa estatal ecuatoriana. Como hemos dicho, las comunidades de Intag llevan a cabo una lucha emblemática contra el ingreso de la megaminería desde hace diecisiete años. En la actualidad, los habitantes de Junín y de otras comunidades de Intag denuncian un virtual estado de sitio. Véase .

Volviendo a nuestro país, es necesario decir que en las últimas décadas hemos atravesado situaciones paradigmáticas que conllevaron la emergencia de estructuras de solidaridad orientadas hacia la valorización de los bienes y espacios comunes. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la explosión de solidaridad durante la gran crisis de 2002, cuando se multiplicaron las formas de autoorganización social –asambleas vecinales, clubes de trueque, organizaciones de desocupados, colectivos culturales, fábricas recuperadas– que, irrumpiendo desde el fondo mismo del neoliberalismo, apuntaban a la reconstrucción de los lazos sociales? En otras ocasiones excepcionales –como sucedió en 2013 durante las inundaciones en la ciudad de La Plata–, frente a la acción deficitaria del Estado, esa energía social acumulada se tradujo una vez más en solidaridad y autoorganización social. Pese a su
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fugacidad, la gran clave de la cooperación, cuando esta se asume como acontecimiento o campo de experimentación social, consiste en la búsqueda de una visión alternativa de lo común.
Asimismo, en el orden de la producción y reproducción de los bienes comunes, se insertan experiencias autogestivas de diferentes movimientos sociales, vinculados a la generación de espacios educativos alternativos en sus propios territorios, donde se ensayan nuevas relaciones pedagógicas políticas (los bachilleratos populares, las escuelas de formación política, entre otras).
Por último, una vez más, es necesario subrayar el rol de los feminismos populares en la emergencia de un ethos procomunal, en especial aquellas visiones ligadas a la economía feminista y al ecofeminismo, sustentado en la ética del cuidado y valores como la reciprocidad y la complementaridad. El principio de la reciprocidad está basado sobre la idea de interdependencia, no de manera automática, sino como producto de una complementaridad voluntaria instituida socialmente (Servet, 2013: 198). En América Latina se inspira, asimismo, en la idea de comunidad, entendida esta desde la revitalización de espacios preexistentes que privilegian lo colectivo frente al Estado y el mercado, hasta la emergencia de nuevos espacios y formas de sociabilidad que reivindican la producción y reproducción de lo común, como horizonte y destino.
* * *
“Entre la realidad actual de un extractivismo depredador, y un futuro enmarcado en un ‘desarrollo otro’, existe un amplio camino a recorrer”, afirma Gudynas (2011a). Ese recorrido es un proceso de transición, el cual no será fácil ni inmediato, tendrá rupturas y continuidades, así como encontrará diferentes resistencias (empresariales, sociales). Para ello será necesario, no solo ajustar y elaborar propuestas de escenarios alternativos, sino también responder la pregunta acerca de quién toma las decisiones acerca de los modelos de desarrollo y la orientación de la sociedad. Desde nuestra perspectiva, se trata de dar preeminencia a los actores regionales por sobre los externos, a las territorialidades regionales y locales, antes que a las formas de la territorialidad global, impulsadas o impuestas por las corporaciones y fomentadas hoy por el Estado nacional y provincial.
Planteamos una salida de los modelos de maldesarrollo hoy existentes, que hipotecan nuestro destino, y una transición hacia un escenario diferente, en el que se desarrollen actividades extractivas indispensables, pero cuyo horizonte se inscriba en otro tipo de racionalidad social y ambiental.
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Nuestra propuesta postula, así, la socialización y democratización de los debates, pues estas decisiones no pueden quedar restringidas a una élite, sea económica, política o técnica. Es una propuesta que implica una activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa, algo exigido por numerosas poblaciones involucradas. Un proceso que conlleva, siguiendo una expresión de Boaventura de Sousa Santos, una “democratización de la democracia”.
No ignoramos, asimismo, que es necesario contar con un soporte político y social, el cual es apenas incipiente en nuestra sociedad. Sin embargo, con sus luchas, con sus aciertos y limitaciones, quienes están marcando un camino son los colectivos asamblearios, los movimientos sociales, las comunidades indígenas, en fin, los pueblos que defienden sus territorios y que están viviendo la segregación económica, social y espacial, incluso en varios casos, el sufrimiento ambiental, en forma inmediata y primera, tras el velo del crecimiento económico. Ellos están reconstruyendo y resignificando conceptos fundamentales para intentar superar la concepción del “desarrollo” como crecimiento infinito y el modelo extractivista como si fuese un destino inevitable: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, buen vivir, justicia ambiental, derecho a la ciudad, ética del cuidado, bienes comunes, alternativas al desarrollo. Estos conceptos, tan ajenos a la agenda mediática/política hegemónica, forman parte del lenguaje y diálogo de estos pueblos, de estas formas de resistencias colectivas.
En suma, son numerosos los desafíos y dificultades, así como complejos y abigarrados los escenarios que hoy afrontamos. La discusión sobre el postextractivismo, la defensa de los bienes comunes, en base a valores como la participación y la reciprocidad, en clave radical y emancipatoria, apenas ha comenzado, pero muy probablemente este sea uno de los grandes debates del siglo XXI que debamos afrontar como país y como sociedad.

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