Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo III

La Ley Nacional de Protección de Glaciares

El sano juicio y el principio de precaución, universalmente aceptado, aconsejan y avalan como plenamente acertadas todas y cada una de las disposiciones de la Ley sancionada por el Congreso, tanto en lo que refiere a la realización inicial y mantenimiento actualizado de un inventario completo de las formaciones glaciarias y periglaciarias de todo el territorio nacional, como en las restricciones y prohibiciones expresas que ordena esta Ley para su protección íntegra. Difícilmente pudiera encontrarse una normativa “superadora” de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente. Por ello exhortamos a todos los legisladores a su ratificación plena y sin disminuciones por parte del Poder Legislativo. A los funcionarios integrantes del PEN a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto (que ya empieza a ser conocido como “veto Barrick Gold” por el nombre de la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados), y promulgar la Ley ya sancionada, desoyendo las presiones de lobystas de intereses subalternos que no son los de la mayoría de la sociedad, y restableciendo así la credibilidad y prestigio de la función ejecutiva, ciertamente afectados por el veto. Enrique Martínez, presidente del INTI, en una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
1 de diciembre de 2008
El segundo debate, además del de los fondos que desarrollamos en el apartado anterior, está vinculado a la sanción de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Ya hemos resumido el contenido de esta ley en el capítulo 2; nos toca ahora complementar la presentación, aludiendo de modo más completo a la trama económica y política en los avatares de esta ley. Recordemos que la norma, propuesta por la exdiputada Martha Maffei, fue votada en 2008 por unanimidad por ambas Cámaras, pero poco después conoció el veto presidencial, que pasó a ser conocido como el “veto Barrick Gold”, como consigna el epígrafe de este apartado. Para muchos parecía una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de la realidad cotidiana. Pero en concreto se trata de una ley de presupuestos mínimos, única en el mundo, cuyo objetivo es la protección de los glaciares y el área periglacial, en tanto estos constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos.
Luego del veto presidencial, la ley debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal

como pretendía el lobby minero. Mientras tanto, en el lapso que medió entre el veto y la aprobación final de la ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en varias oportunidades con el presidente de Barrick Gold, Peter Munk, en el marco de la cumbre del G20 en Toronto (Canadá), conjuntamente con algunos gobernadores de provincias cordilleranas, entre los que se encontraban José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Walter Barrionuevo (Jujuy), y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Participaron también de esos encuentros directivos del Royal Bank of Canada (banco que financió parte del proyecto Pascua Lama), el Grupo Cisneros (que también forma parte de Barrick Gold) y las empresas mineras Pan American Silver, Orocobre y Lithium Americas.
No hay que olvidar, por otro lado, que en junio de 2010, en plena batalla por la Ley Nacional de Glaciares, se difundió la célebre fotografía que mostraba a la presidenta junto al mencionado Munk, en ocasión de la cumbre del G20, en Canadá, ambos custodiados por tres banderas: la canadiense, la argentina y la de Barrick Gold… Poco después, gobernadores de ocho provincias emitieron una declaración conjunta en la que promovían la sanción de leyes provinciales para la protección de los glaciares en las legislaturas locales y expresaban que “[…] resulta inadmisible establecer normas de presupuestos mínimos fijando la prohibición para el desarrollo de algunas actividades en particular”. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que se confrontarían dos proyectos distintos en el Congreso Nacional, en el mes de julio de 2010, luego de un intenso debate televisivo, el senador Filmus acordó con el diputado Miguel Bonasso (quien en la Cámara de Diputados impulsaba el proyecto que había sido vetado por la presidenta argentina) avanzar en un texto legal común.
Luego de una fuerte campaña realizada por la CAEM, la Secretaría de Minería de la Nación y los gobernadores promineros, en la que no se escatimaron recursos económicos ni una profusa publicidad paga en los principales diarios del país, se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial (Ley 26 639) con el voto afirmativo de 35 senadores. Solo 7 senadores del oficialismo apoyaron la iniciativa acordada.16 Indudablemente, la sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del Derecho ambiental, solo pudo realizarse en un contexto en el que el oficialismo no contaba con mayoría
16 Previamente, en la Cámara de Diputados de la Nación, todo el Frente para la
Victoria votó en contra del proyecto, desconociendo el acuerdo “Bonasso-Filmus”.

parlamentaria, luego de la derrota del Frente para la Victoria (FpV) en las elecciones legislativas de 2009. Cabe destacar que en la larga sesión del Senado en la que la norma terminó por ser aprobada, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias por el oficialismo y la oposición (Miguel Ángel Pichetto, del FpV, y Gerardo Morales, de la UCR) pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental, como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Sin duda, la aprobación de esta ley fue el mayor triunfo de los sectores ambientalistas y el primero a nivel nacional, producto de un consenso transversal en el que participaron, además de representantes de diferentes partidos políticos de la oposición, asambleas socioambientales de varias provincias del país, la Federación de Viñateros de San Juan, un arco extenso de reconocidas ONG ambientalistas, y numerosos intelectuales y académicos de diferentes universidades públicas del país, muchos de los cuales son especialistas en los distintos y complejos aspectos que engloba la problemática.17
Apenas promulgada la ley, a manera de confesión, quienes defendían los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la misma, y obtuvieron con sorpresiva celeridad (en solo 20 horas) que el juez federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendiera la aplicación de los artículos medulares de la norma en esa provincia. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, benefi-
17 Participamos activamente de estas discusiones durante el tratamiento legislativo de la Ley Nacional de Glaciares, y nos encontramos con que no solo había mucho desconocimiento sobre el tema, sino también con la existencia de un fuerte lobby minero, representado por diversos actores, desde gobernadores hasta la CAEM. Los mismos no dudaron en utilizar los medios de comunicación para hablar de las bondades de la megaminería, incurriendo en todo tipo de falsedades y de terrorismo estadístico. Fue por esa razón que, con varios colegas, entre ellos Marcelo Giraud (geógrafo), Horacio Machado (politólogo), Mirta Antonelli (doctora en semiótica) y Lucrecia Wagner (doctora en ciencias ambientales), entre otros, decidimos contestar tales falsedades, verificando datos y fuentes, y desarrollando argumentos. Así nació el libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, inspirado en un texto corto de la periodista canadiense Jennifer Moore sobre los mitos de la minería. El libro tuvo mucha repercusión; tal es así que alcanzó su tercera reedición, fue publicado en Uruguay y Ecuador, y ahora tiene su versión peruana. En Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo (Killaricocha) y, en nuestro país, el documental Desiertos de piedra, de Germán Ciari, estrenado en 2013.

ciando la continuidad de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua Lama, ambos concesionados a la transnacional minera Barrick Gold. Finalmente, en junio de 2012, la Corte Suprema revocó aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan y abrió un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma, iniciado con el veto presidencial a fines de 2008. Sin embargo, la Ley Nacional de Glaciares está lejos de ser aplicada: ni las auditorías ambientales ni la realización del inventario de glaciares –a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)– han avanzado lo suficiente, dada la escasa voluntad política, tanto en los niveles provinciales como nacional, de aplicar esta norma, que colisiona claramente con los intereses mineros.

Viñeta 2: El litio, ¿bien natural estratégico o nueva fase de desposesión? Maristella Svampa y Ariel Slipak
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos, en el Norte Global, acerca del rol estratégico del litio en el marco de una transición energética, de salida de la matriz ligada a los combustibles fósiles hacia una “sociedad carbono cero”. Estos debates han tenido impacto en América del Sur, ya que se estima que un 85% de las reservas probadas de litio en salmueras se encuentran en lo que se ha denominado “el triángulo del litio”, que se extiende por la región norte de Chile, sur de Bolivia y noroeste argentino. En nuestro país, si bien se ha desatado la fiebre “eldoradista” del litio, no ha habido debates acerca de los enormes desafíos económicos y tecnológicos relacionados con la explotación de este metal, ni tampoco sobre los riesgos y los costos sociales y ambientales que presenta en tanto bien natural estratégico y bien común.
El litio es un metal alcalino de rápida oxidación con el agua o el aire, que posee propiedades diferenciales en cuanto a la conducción del calor y la electricidad. Se encuentra presente en diferentes tipos de yacimientos de minerales, así como también en salmueras naturales. En la actualidad, el principal uso del litio en productos finales es en baterías para computadoras personales, celulares, reproductores de Mp3 y productos afines, pero también continúa siendo empleado para la elaboración de grasas lubricantes, vidrios, aluminio, polímeros y en la industria farmacéutica, entre otros usos.
En la búsqueda de fuentes de energía alternativas al petróleo o al carbón, los gobiernos de las potencias tradicionales y emergentes apuntan a

un paradigma de producción de energía que reduzca las emisiones de CO2 y se base en energías renovables. En este marco, las baterías de Ion-Litio juegan un rol importante, ya que su capacidad de almacenamiento de energía les otorga mayores niveles de autonomía, potencia y menor necesidad de recargas. Otro importante factor de importancia es su creciente utilización para la elaboración de automóviles eléctricos.
Tanto de los yacimientos de litio en salmueras como de los de minerales (el caso del espodumeno), se extrae el insumo que se encuentra en el primer escalón de la cadena de valor, el carbonato de litio. Es importante destacar que la obtención del mismo en el primer tipo de yacimiento resulta menos costosa que en los segundos. Durante los últimos años el precio de la tonelada de carbonato de litio se mantuvo alrededor de los US$ 6000. Un dato que expone el crecimiento del mercado global del litio es el hecho de que entre 2002 y 2012 las exportaciones mundiales de carbonato de litio crecieron un 152,7% pasando de 31 451 tn a 79 490 tn.
Por el momento, nuestro país es el segundo exportador mundial de carbonato de litio, detrás de Chile. Así, en la Argentina existe una importante cantidad de proyectos que ya se encuentran en etapa de producción, como también de exploración o prospección en una serie de salares de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, siendo los más importantes el Salar de Olaróz-Cauchari, las Salinas Grandes, el Salar de Rincón y el Sa lar de Hombre Muerto. En dichos proyectos prevalecen las concesiones a firmas transnacionales, de origen canadiense, australiano o estadounidense (Lithium Americas, Orocobre, Rincon Lithium, Ltd Galaxy Lithium, entre otras). A su vez, estas empresas aparecen asociadas a grandes automotrices o autopartistas, que se quieren asegurar el abastecimiento del mineral para garantizarse la posibilidad de producir las baterías que requieren los automóviles eléctricos e híbridos.
Asimismo, existen proyectos de diferentes empresas de capitales nacionales con subsidios por parte de organismos del sistema de ciencia y técnica, que apuntan a que el país no solamente produzca carbonato de litio, sino también que se pueda abocar a las actividades de mayor contenido de valor agregado, entre las cuales encontramos la fabricación de la totalidad de las partes de las baterías de litio. Sin embargo, estos proyec-

tos para producir baterías destinadas al mercado interno se encuentran en estado incipiente.
En las tres provincias mencionadas se han otorgado concesiones mineras para la exploración y posterior explotación de litio en una extensión de más de 300 000 ha, sin consulta a la población local. Sin embargo, como afirma la antropóloga Bárbara Göbel, “Los espacios concesionados no son espacios vacíos. La minería del litio ‘aterriza’ en territorialidades con trayectorias históricas propias, prácticas específicas, significados culturales y dinámicas de articulación social. Los espacios concesionados se solapan con tierras de pastoreo, territorios indígenas y reservas naturales” (Göbel, 2013). De modo que la exploración y explotación del litio ya ha generado conflictos ecoterritoriales, entre las empresas y los gobiernos provinciales, de un lado, y las comunidades indígenas, del otro. Así, en noviembre de 2010, una mesa de 33 comunidades originarias para la defensa y gestión del territorio (Salta y Jujuy) presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) exigiendo la consulta previa sobre la concesión en Salinas Grandes de acuerdo con la Constitución nacional (artículo 75, inciso 17), la Ley General del Ambiente de 2002, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. Si bien el 28 de marzo de 2012 la Corte Suprema convocó a una audiencia pública al gobernador y a las comunidades, los trabajos de prospección y exploración sobre las cuencas en conflicto continuaron avanzando.
La presentación ante el Foro Permanente de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, hizo posible la visita del relator de la ONU James Anaya a las comunidades, en las Salinas Grandes, lo cual tuvo un fuerte impacto sobre el gobierno provincial y las empresas (Göbel, 2013). Finalmente, en enero de 2013, la CSJN rechazó el amparo interpuesto por

las comunidades originarias de Jujuy. En el fallo, la Corte afirmó que “las acciones entabladas contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional son ajenas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.4 Frente a esto, los miembros de las organizaciones decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La exploración y la extracción de litio tiene costos ambientales, sobre todo en lo que respecta a la afectación del agua (no se utilizan sustancias químicas, pero se requiere gran cantidad de agua), un bien raro en la zona de la puna atacameña y, en general, en todo el norte argentino. En ese sentido, esta actividad minera compite claramente con las actividades agrícolas y de pastoreo de las comunidades indígenas locales, al tiempo que afectaría también al turismo. Por otro lado, es cierto que la llegada de la minería del litio ha generado fuertes ambivalencias y divisiones (a veces generacionales) en el seno de las comunidades locales, debido a las expectativas de progreso que alienta el discurso “eldoradista” del gobierno y de las empresas.
En suma, a diferencia de otros minerales y metales (como la plata, el oro y el cobre), el litio puede llegar a cumplir un rol importante en la transición hacia otra matriz energética, fundada en energías limpias y renovables. Sin embargo, el gran riesgo es que, en el marco del modelo actual de minería transnacional que se ha consolidado en la Argentina, esto no sea más que un gran fiasco, una suerte de fuego fatuo que servirá para justificar el saqueo, facilitando el cambio de paradigma en los países del Norte Global, hacia energías limpias, mientras aquí en el Sur se insiste con energías fuertemente contaminantes (como ahora de la mano de los hidrocarburos no convencionales, a través del fracking), todo ello basado, una vez más, en la desposesión de las comunidades locales.
4 Informe sobre la provincia del Jujuy, primer semestre de 2013, .

Entre los proyectos faraónicos y las resistencias sociales
Montos no cuantificables de sufrimiento psíquico marcan la formación sociohistórica de las subjetividades asediadas por el extractivismo: fragmentación social, impactos sociosanitarios –cuerpos enfermos–, dispositivos de control social –cuerpos marcados–, disciplinamientos

institucionales –cuerpos dóciles–, silencios impuestos y censura, rumores veridictorios descalificados mediante la estigmatización que pesa sobre los disidentes del modelo hegemónico corporativo. Pero también nuevas pasiones cívicas, otras indignaciones y dignificaciones se constelan entre las cumbres cordilleranas, las mesetas patagónicas, los Valles Calchaquíes y los cerros de la Puna, resignificando con otros sistemas de valores la conformación geológica de nuestros territorios; marcas y escrituras intersubjetivas de las resistencias colectivas.
Mirta Antonelli, “Vivir en la corteza. Notas en torno a intersubjetividad y megaminería como modelo de ocupación territorial”
Si bien, como hemos visto, las estadísticas oficiales suelen inflar los datos, se estima que en nuestro país hay unos seiscientos proyectos de minería a cielo abierto, en diferentes niveles de realización: gran parte de ellos se hallan en la etapa de prospección, exploración y construcción, y una veintena, en etapa de explotación. Por supuesto que la extracción es muy costosa, dado que los metales y minerales se hallan diseminados en las rocas y montañas, y requieren por ello tecnologías hidroquímicas de lixiviación y flotación. Pero precisamente por ello, la Argentina, que no tiene tradición de minería a gran escala, ha pasado a ocupar entre el sexto y séptimo puesto en el mundo en cuanto a su potencial minero.
En este apartado quisiéramos detenernos en cuatro casos de megaemprendimientos de carácter emblemático. Nos referimos, primero, a las resistencias al proyecto de Agua Rica en Catamarca; en segundo lugar, al caso de Potasio Río Colorado, en Mendoza; en tercer lugar, al proyecto binacional de Pascua Lama, en San Juan; y por último, abordaremos el caso de Famatina, el máximo punto de expresión de las resistencias a la megaminería en el país. Así, mientras el primero y el último ilustran de modo diferente el nivel de las resistencias sociales, los dos segundos se refieren a la suspensión de megaemprendimientos.
Andalgalá, ciudad saqueada, ciudad sitiada
Hacia fines de 2009 sucedió lo increíble. Un documento elaborado por la Dirección Provincial de Minería de Catamarca y avalado por el secretario de Minería, que respondía a un pedido de informe del Concejo Deliberante

de Andalgalá, confirmaba lo que hasta entonces era solo un rumor: el gobierno provincial había adjudicado, entre tantos permisos de cateo minero, uno que abarcaba a la ciudad misma de Andalgalá. Es decir, se había autorizado –a través del otorgamiento de la concesión a la empresa Billiton Argentina BV– a ejercer derechos de prospección, exploración y futura explotación del subsuelo de la ciudad. El informe consignaba el nombre del yacimiento, “Pilciao 16”, y “confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. Por último, el mismo informe también precisaba que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Solo Pilciao 16 involucra 4465 ha, gran parte del casco urbano” (Aranda, 2010).
Todavía atónitos, los andalgalenses leyeron en el informe oficial que
el Área de Mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la Minera como la superficial, siendo la Minera en este caso con fines de Prospección y Exploración, que en el caso de llegar a una Explotación, se deberá contemplar la Indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad de Desarrollo.
Dicho informe omitía mencionar que el propio Código de Minería (artículos 33 a 36) prácticamente prohíbe realizar trabajos mineros en áreas habitadas o construidas sin formal consentimiento de los propietarios superficiarios.
Por esos mismos días los vecinos, reunidos en asamblea, decidieron impedir el paso de vehículos que transportaban materiales para Minera Agua Rica, un megaproyecto en importante estado de avance, localizado a solo 25 km de la ciudad. La acción directa de corte selectivo del camino comunal a maquinarias, camionetas y camiones con insumos fue la medida que los vecinos eligieron no solo para resistir la posibilidad de ser desplazados en un futuro próximo, e impedir la puesta en marcha de la nueva explotación, sino también para manifestar el rechazo hacia una actividad con la que la ciudad convive desde hace más de trece años, dada la cercanía con la Alumbrera (Svampa y Sola Álvarez, 2010).
Agua Rica es un megaproyecto en construcción orientado a la obtención de cobre, molibdeno y oro, cuyo inicio de explotación estaba previsto para el año 2012. Las formas de extracción del mineral, procesamiento y transporte serían similares a las adoptadas por Minera Alumbrera. Pero las fuertes pendientes y el clima lluvioso en el sitio, así como su ubicación 20 km aguas

arriba de Andalgalá, hacen que los riesgos ambientales inherentes al proyecto Agua Rica sean mucho mayores que los de Alumbrera. Su puesta en marcha conllevaría un importante aumento en el riesgo e impacto ambiental local y regional, ya que para el funcionamiento del proyecto se necesitarían 390 litros de agua por segundo, es decir, casi 34 millones de litros por día. El consumo estimado de agua de la población de Andalgalá, de unos 20 000 habitantes, es de apenas 1,5 millón de litros de agua por día. En relación al impacto que implicará el bombeo de aguas subterráneas que proyecta la minera, el informe antes mencionado señala que: “se espera que la extracción del agua subterránea del acuífero Campo Arenal disminuya la cantidad de agua descargada en el Río Santa María en 1,6 l/s, y, en Río Nacimientos, en 8,4 l/s” (Proyecto Agua Rica, Informe de Impacto Ambiental –IIA-, Resumen Ejecutivo, 2007: 39; citado en Colectivo Voces de Alerta, 2011).
Dicho IIA, presentado por Yamana Gold, empresa transnacional de origen canadiense, había sido muy cuestionado por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre las más de trescientas objeciones señaladas por los profesionales, un conjunto significativo de ellas resultaba de un procedimiento técnico usual, que se revela como una verdadera estrategia habilitante para la actividad: minimizar impactos, desestimar la afectación del paisaje, eludir las consecuencias culturales, etc., esto es, producir la “mineralización de las comunidades” (Antonelli 2010).
Ya en 2008, la localidad de Andalgalá había llamado la atención de los medios de comunicación de todo el país, aunque por otras razones. El intendente de ese entonces, el peronista José Perea, había contratado una conferencia de Joseph Stiglitz, premio nobel de Economía, en Buenos Aires, presumiblemente con las regalías mineras. En una nota que publicó al respecto, la periodista Silvia Naishtat (2008) agregaba que “Perea se había hecho célebre en Catamarca por financiar en el verano un espectáculo de strippers en la plaza pública, frente a un público familiar”. En noviembre de 2009 la fiscal Marta Nieva comenzó una investigación de oficio, para determinar en qué fueron utilizados los $ 60 millones que el municipio había recibido en concepto de regalías mineras. Para la fiscal de la ciudad de Andalgalá, según manifestó en diálogo con Radio Ancasti, habría habido mal uso de los fondos de regalías mineras: “A esta investigación la comencé de oficio, ante las declaraciones del señor José Sinner de que con los 60 millones de pesos que se le habían dado al intendente Perea, podrían construirse cinco Andalgalá, y supuestamente no se hizo nada. El único organismo que me contestó lo solicitado fue la Municipalidad. Me envió una serie de gastos, que más o menos cubrían los 60 millones, pero nada tenía factura” (citado en Indymedia, 2010).

Recordemos que, para ese entonces, Andalgalá se había declarado en emergencia económica, pese a encontrarse a solo unos sesenta de kilómetros de Minera Alumbrera, que en el año 2010 había exportado mineral por un valor de US$ 1590 millones. Como destacaba el periodista Marcelo
Veneranda (2012),
en Andalgalá percibir esos números es tan difícil como llegar. La única vía de acceso asfaltada a la ciudad es la ruta hacia la capital provincial. Para llegar a Belén o Santa María, las localidades que rodean la mina (la Alumbrera), a La Rioja o Tucumán, se necesita atravesar caminos de ripio que colapsan con las lluvias. Ambientalistas o no, los andalgalenses no recuerdan que las deterioradas calles del pueblo hayan estado peor antes de la llegada de Alumbrera. Ni las escuelas. Ni los centros de salud.
El caso es que, a raíz de la acción directa llevada a cabo por la Asamblea, el 15 de febrero de 2010 fuerzas policiales locales, grupos de elite provinciales y efectivos de infantería, con perros y equipos especiales para reprimir, intentaron disolver el corte. Docenas de asambleístas fueron detenidos y heridos. Detrás de la policía aparecieron las máquinas para la explotación minera. Frente a la represión llevada a cabo por el grupo especial de la policía provincial, Kuntur, y en medio de los desórdenes generados por la fuerza de seguridad, los vecinos indignados atacaron los locales de la minera y de sus proveedores, y fueron incendiadas oficinas de la Municipalidad. Luego de ello, se realizaron importantes marchas en la ciudad de Andalgalá y en varios puntos del país. Esta vez el conflicto alcanzó una repercusión mediática de ámbito nacional. Informes especiales (titulado uno de ellos “Andalgalá: un pueblo que dijo Basta”) rompieron con la invisibilización que hasta entonces caracterizaba el tratamiento del tema por parte de los medios masivos de comunicación.
Días después de la represión en Andalgalá, la fiscal que la había ordenado declaró públicamente que “de haber sabido las consecuencias de la orden emitida no la hubiera dado”. Frente a ello, un juez resolvió suspender provisoriamente la actividad minera de Agua Rica “para contribuir a la paz social”. Asimismo, los vecinos pedían el juicio político del intendente Perea, a quien consideraban uno de los principales responsables por la represión. El intendente se defendió arguyendo que era víctima de una conspiración y que los verdaderos responsables eran los grupos de “ambientalistas”. Mientras las asambleas socioambientales formaban una coordinadora territorial y continuaban con el bloqueo, el 11 de marzo de 2010 el Concejo Deliberante anunció que convocaría a un plebiscito vinculante, para que la población

de Andalgalá se expresara en relación al proyecto Agua Rica; el mismo quedó fechado para el 25 de mayo, día del Bicentenario de la República.
Sin embargo, la consulta prometida en 2010 nunca se realizó. Las resistencias continuaron y el corte promovido por la asamblea El Algarrobo también, pero las empresas abrieron nuevos caminos alternativos para continuar con la construcción del emprendimiento. En 2011, con bombos y platillos, la empresa Yamana Gold anunció en su sitio web detalles de un acuerdo con Goldcorp y Xstrata para el desarrollo de Agua Rica como una operación integrada con Minera Alumbrera. Con ello, Bajo de la Alumbrera y Agua Rica pasaron a ser la misma entidad en un complejo extractivo integrado (Noalamina, 2011).18 En este contexto, se espera que Agua Rica suceda a la Alumbrera, pues esta ya ha entrado en su etapa final de explotación.
En octubre de 2011 fue electo intendente de Andalgalá Alejandro Páez. Aunque militaba en las filas del radicalismo, Páez, que se manifestaba crítico de la megaminería, se presentó encabezando la fórmula de Proyecto Sur-MST. Poco después, ante las declaraciones que el nuevo intendente hizo respecto a que la Intendencia de Andalgalá había sido recuperada por un radical que trabajaría para contribuir a la recuperación del Frente Cívico, Proyecto Sur manifestó su repudio al funcionario. Páez se enfrentó también a la electa gobernadora de la provincia Lucía Corpacci (FpV), quien había declarado a la minería de interés estratégico; pero el intendente poco y nada hizo, o pudo hacer, desde su gestión. En febrero de 2012, hubo una nueva inflexión de violencia en varias localidades de Catamarca. Luego de la pueblada de Famatina, en un escenario marcado por una gran conflictividad social, la escalada represiva tuvo como epicentro la localidad de Tinogasta, donde hubo fuertes episodios de represión; más tarde, se trasladó a Andalgalá, donde entre febrero y marzo de 2012 se implantó un virtual estado de sitio, sostenido por sectores promineros, que no dejaban ingresar a la localidad a periodistas, reconocidas organizaciones de derechos humanos (Serpaj) y diferentes personas que iban a manifestar su solidaridad con la asamblea de autoconvocados.
Camionetas de empresas contratistas patrullaban la ciudad controlando el territorio, siguiendo los movimientos de los periodistas y utilizando
18 A su vez, hay que recordar que Xstrata controla el complejo minero de Pachón, en la provincia de San Juan. En el año 2012, Xstrata se fusionó con la compañía suiza Glencore, el mayor comerciante de materias primas y alimentos del mundo, creando de ese modo “un gigante mundial de las materias primas” (Enerclub, 2012).

maquinaria de las empresas para cerrar caminos vecinales. La policía, que se limitó a asegurar que no agredieran a los periodistas, avaló el cierre de los accesos a la localidad, demostrando claramente su complicidad con las patotas que no permitían el ingreso a la ciudad. Desde el gobierno nacional –principalmente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación– la respuesta informal a los reclamos realizados fue que nada se podía hacer…
Mientras tanto, la gobernadora Corpacci, que había sucedido al radical “K” Eduardo Brizuela del Corral al frente de la provincia, utilizaba los medios públicos nacionales (entre ellos, el programa oficialista 6, 7, 8) y pretendía dar cátedra sobre minería, información y democracia, desentendiéndose de toda responsabilidad política respecto de la represión de Tinogasta y acusando un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá. Vale la pena resaltar que Lucía Corpacci está lejos de ser una recién llegada a la política: fue vicegobernadora de Brizuela del Corral entre 2007 y 2009, y luego senadora nacional, cargo desde el cual votó en contra de la Ley Nacional de Glaciares en 2010.
Luego del sitio a Andalgalá, las asambleas dirigieron una carta abierta al intendente, acusándolo de falta de política ambiental y recordándole que él había sido elegido como tal para encabezar la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Asimismo, desde la asamblea se señalaba que, de activarse, el proyecto de Agua Rica “no solo afectaría a Andalgalá, sino que impactaría a una población cercana al millón de personas, ya que la ciudad está cerca de las nacientes que abastecen de agua no solo a nuestra región, sino a Tucumán, y forman parte de los aportantes de la cuenca Salí-Dulce, que va luego a parar a Santiago del Estero”. Por ello, y a partir de la experiencia vivida con la Alumbrera, manifestaban que “el proyecto Agua Rica es el certificado de muerte de Andalgalá y de muchos otros pueblos de la región” (Asamblea el Algarrobo, reproducido en Noalamina, 2013).
En 2012, como consigna Horacio Machado Aráoz, los diarios y las radios locales daban cuenta de la detención del intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, investigado por defraudación en el uso de fondos públicos, en particular de recursos de regalías mineras; paralelamente, se publicaba la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que mostraba a Catamarca (a la cabeza y por lejos) como el distrito de mayor desempleo del país (11,7% frente al 7,2% de la media nacional); y también se informaba que en 2011, Minera Alumbrera se había constituido como la principal exportadora del país, desplazando de ese lugar a la gigante de los agronegocios Cargill (Machado Aráoz, 2012).
En suma, pese a que no hay consenso social, la empresa ha anunciado que comenzaría a producir en 2018. Mientras tanto, en octubre de 2013, el

gobierno de Catamarca, a través de la Secretaría de Minería, aprobó la ejecución de la ampliación del programa de perforación “Diamantina 2013” para la etapa de exploración del proyecto Bajo El Durazno, ubicado en el departamento Belén, aledaño al emprendimiento Bajo de la Alumbrera.
Potasio Río Colorado: las aristas de un esquema perverso
En marzo de 2013, la empresa Vale anunció la suspensión del controversial proyecto de Potasio Río Colorado. Se trata de uno de los proyectos que ha sido más cuestionado por sus características: el circuito extractivo, que involucra a la Argentina y al Brasil, combinaba la extracción minera, la explotación de gas no convencional, la utilización de infraestructura pública y la producción de biocombustibles. Potasio Río Colorado aparecía, así, como la consolidación del paradigma extractivo, en la medida en que apuntaba a la instalación de megacircuitos que reconfigurarían la cartografía existente. El proyecto de extracción de potasio, situado en la provincia de Mendoza, requeriría la inyección de grandes volúmenes de agua caliente, para lo que es necesario emplear entre 1 y 2 millones de m3 de gas diarios destinados a calentar el agua. Para ello, en 2010 se firmó un convenio entre las empresas Vale y Repsol-YPF para la explotación de gas no convencional en la provincia del Neuquén, con el fin de abastecer la planta de extracción de potasio.
Como señala la geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur,
este es un megaproyecto monopólico, integral e interjurisdiccional. Las distintas etapas del proyecto son llevadas adelante por la misma empresa, Vale, que además controla y se asegura el transporte ferroviario (concesión de Ferrosur), la terminal portuaria en Bahía Blanca, el aprovisionamiento de energía eléctrica (central térmica y líneas de alta tensión) y la provisión del gas (desde el yacimiento El Portón-Neuquén) y de gas no convencional, según el convenio mencionado. El megaproyecto se distribuye en las cinco provincias del norte de la Patagonia, pero sus impactos negativos y acumulativos sin duda trascienden la región. ¿Y por qué es tan “prometedora” la exportación del potasio? Para nutrir los suelos de la agricultura industrializada, lo necesitan los cultivos de soja en Brasil, lo importarán luego también las empresas agroexportadoras de nuestro país junto con los fertilizantes y químicos que hacen posible los cultivos uniformes a gran escala (Leanza, 2011).


Viñeta 3: Privilegios inadmisibles
Marcelo Giraud1
Publicado en Página 12, 1 de abril de 2013
La suspensión del proyecto minero Potasio Río Colorado ha desatado conflictos y controversias. Sectores empresarios y de la oposición responsabilizan a los gobiernos nacional y mendocino, mientras que estos cargan sobre Vale, la empresa concesionaria y segunda mayor minera del mundo. Muchos se afanan por reanudar la construcción de la mina, mientras se soslayan aspectos críticos del proyecto, que llevan a varias asambleas y organizaciones a reclamar su reevaluación integral o cancelación.
Es inadmisible que Vale pretenda obtener aún más privilegios fiscales que los otorgados por las actuales leyes mineras, e incumplir compromisos acordados con las provincias involucradas en el proyecto, mientras extorsiona a gobiernos y sociedad a través del empleo directo de unos 4000 trabajadores. Recordemos que, concluida la construcción, el proyecto implicaría solo unos 1000 empleos directos.
Es falso que Vale esté en mala situación: el informe financiero de la propia empresa señala que en 2012 distribuyó dividendos a sus accionistas por 6000 millones de dólares, monto solo inferior al de 2011 en la historia de Vale, y equivalente al total de exportaciones argentinas en diciembre pasado.
Río Tinto, concesionaria anterior del proyecto, informó en 2006 que la inversión sería de 900 millones de dólares. Ahora, según Vale, el costo total habría pasado de 5900 millones a 11 000 millones de dólares. Si con 2200 millones se concretó el 40 por ciento de las obras, ¿cómo justificar 88 800 millones para el 60 por ciento restante? ¿Se estaría buscando defraudar en el pago del impuesto a las ganancias?
La realidad respalda poco a quienes apuntan al precio del mineral de hierro (principal fuente de ingresos para Vale) como factor de freno del proyecto. Dicho mineral, que cotizaba a solo 28 dólares por tonelada en 2005, trepó a un promedio de 168 dólares en 2011 y bajó a una media de 129 en 2012, pero repuntó hasta 155 dólares en febrero pasado. Para otros, una supuesta demora en aprobar el proyecto habría impedido construir la mina durante el período de altos precios del cloruro de potasio,
1 Doctor en Geografía, profesor asociado de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) y coautor del libro 15 mitos y realidades de la minería en la Argentina.

que en febrero de 2009 llegó a 900 dólares por tonelada. Pero hasta mediados de 2007 se vendía a menos de 200 dólares y superó los 500 dólares solo por 15 meses: ningún empresario invertiría a 40 o 50 años basándose en una burbuja tan breve. Cuando Vale decidió concretar la inversión a fines de 2010, ya cotizaba a 335 dólares, y hoy a 390 dólares por tonelada.
La magnitud de la mina es incierta: el proyecto aprobado por el gobierno de Mendoza indica una producción máxima de 2,4 millones de toneladas por año, pero Vale y los funcionarios mendocinos y nacionales afirman que llegaría a 4,3 e incluso 5 millones de tn/año. De ser cierta esta cifra, se duplicaría el volumen del principal pasivo ambiental del proyecto: 120 millones de toneladas de cloruro de sodio residual, que quedarían virtualmente a perpetuidad cerca del río Colorado al concluir la explotación. Este depósito implica riesgos de salinización para el río Colorado, empleado aguas abajo para bebida humana y riego en tres provincias. El sostenido rechazo de organizaciones e instituciones de la cuenca motivó una modificación al proyecto, que reduce dicho riesgo pero sin eliminarlo.
Una objeción principal es el consumo de gas requerido: un millón de metros cúbicos/día según el proyecto aprobado, dos millones de metros cúbicos/día según el ministro De Vido, volumen superior al consumo residencial de toda la provincia de Mendoza en 2012 (1,28 millón de metros cúbicos/día). Dicho gas provendría de un yacimiento no convencional que YPF explotaría en Neuquén junto con Vale, mediante fractura hidráulica o “fracking”. Los impactos y riesgos ambientales de esta técnica generan resistencias en muchos países y regiones, llevando a su prohibición en varios estados, entre ellos Francia, o moratoria, como en Nueva York.
Los suelos argentinos requieren poco potasio: 31 000 toneladas importadas en 2011, 1,3 por ciento de la capacidad del proyecto aprobado. Por ello, el potasio extraído se exportaría a Brasil, donde se aplicaría principalmente a los cultivos de soja, que cubren ya 27,5 millones de hectáreas. Al expandirse, siguen potenciando la deforestación en Brasil, que según la FAO fue de 26 millones de hectáreas entre 2000 y 2010. El más afectado por este proceso es el estado de Mato Grosso, donde la soja pasó de 4,2 a 7,9 millones de hectáreas entre 2006 y 2012.
Según Naciones Unidas, en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76 por ciento de las exportaciones de la Unasur y 66 por ciento de las argentinas, contra solo 34 por ciento del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron 7 por ciento, 10 y 25 por ciento, respectivamente. Si, como afirmó hace poco Murilo Ferreira, presidente de Vale, “el super-

ciclo de los commodities se terminó”, la economía de Argentina y nuestra América requiere una urgente reorientación de modelo productivo. Transición desde los agronegocios y la megaminería hacia un postextractivismo en la que también se juegan las soberanías, los bienes comunes y la calidad de vida.

Del megaproyecto al megafracaso: la Barrick Gold y Pascua Lama
Eso es un fiasco tan importante. Muchos de los proyectos, desde entonces, se han duplicado o triplicado su precio, pero Pascua Lama para pasar de 3,6 [mil millones] a $ 8,5 [mil millones]… Me di cuenta, por primera vez pensé que como Barrick, debería suicidarse. Yo no podía creer que esto estaba sucediendo en nuestra empresa. Fue el evento más increíble.
Peter Munk, CEO de Barrick Gold, Mining Press,
3 de enero de 2014
Pascua Lama es el emprendimiento minero que desnuda con una contundencia y una claridad pocas veces vista la alianza estratégica entre altos mandos políticos nacionales –en este caso, presidentes de dos países latinoamericanos, Argentina y Chile– y la minería transnacional –Barrick Gold, la compañía aurífera más importante del mundo–. Desde sus comienzos, Pascua Lama fue, sin duda, el megaproyecto minero más polémico y ambicioso que buscara realizarse; por esta razón, no es extraño que desde el año 1994, cuando la compañía desembarcó en el Valle de Huasco (Chile) hasta la actualidad, luego de su suspensión por mandato de la Justicia chilena, este proyecto haya recorrido un camino serpenteado por todo tipo de irregularidades y violentamientos. El proyecto se ubica en la comuna chilena de Alto del Carmen, en la provincia de Huasco, región de Atacama, a unos 150 km de la ciudad de Vallenar; y en el departamento argentino de Iglesia, en la provincia de San Juan, a 300 km al noroeste de San Juan capital. La inversión original prevista era de US$ 3000 millones y el número de empleos prometidos, entre Chile y la Argentina, durante la fase de construcción, rondaba un máximo de 5500 puestos; en la fase de ocupación, la cifra prevista alcanzaba a 1600 personas.
En primer lugar, el proyecto de Pascua Lama inspiró una nueva normativa internacional. Como declararía el abogado de la compañía Barrick Gold a la prensa, “la empresa – Barrick Gold– no heredó el tema integra-

ción entre los dos países; sino que lo comenzó” (Salinas y Karmy, 2009: 40). Efectivamente, el Tratado sobre Integración y Complementación Minera firmado entre la República Argentina y Chile –por los presidentes Carlos S. Menem y Eduardo Frei– y el Protocolo Adicional Específico, que dota al área de una fiscalidad especial, no tienen antecedentes en ninguna parte del planeta. Este instrumento jurídico, verdadero símbolo de entrega de soberanía a los negocios de la gran minería, permite a las multinacionales mineras la exploración y explotación de los recursos mineros existentes en las zonas cordilleranas casi sin restricciones, otorgando facilitaciones tributarias y fronterizas inéditas. De modo increíble, su ámbito de aplicación se circunscribe a la frontera común y territorios adyacentes, que en conjunto configuran una unidad territorial y administrativa específica –casi como un tercer país–, con normativa tributaria y fuerzas de seguridad propias, donde la frontera desaparece para los negocios mineros, con una autoridad supranacional a cargo. Esto admite la explotación y el aprovechamiento “unificado e integral” de yacimientos que se encuentren emplazados sobre una franja de ancho variable hacia ambos lados del límite internacional. Asimismo, los inversores pueden usar los recursos naturales, entre ellos el agua, para utilidad del yacimiento, se encuentren o no dentro del área concesionada.19 Por otra parte, el propio tratado se garantiza su propia inmunidad e inalterabilidad, al establecer que recién después de transcurridos treinta años de su vigencia se podrá denunciar el mismo, no pudiendo surtir efecto dicha denuncia antes de los tres años de efectuada.20 En segundo lugar, está la cuestión de la gran envergadura del proyecto. Según el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa, Barrick Gold pretende obtener del yacimiento Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro (otros hablan de 18 millones de onzas), que equivalen a 447 tn o 23,5 m3 de oro (el volumen de una habitación de 3 m x 3 m x 2,60 m). Para obtener ese rendimiento, se requerirían los siguientes insumos:
a) roca removida con explosivos: 1806 millones tn;
b) agua: 170 millones m3;
c) cianuro de sodio: 379 428 tn (4 camiones/día);
19 En efecto, el artículo 6 del tratado autoriza el “uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura” existentes. Es decir, mediante este tratado el Estado nacional dispuso sobre los bienes naturales de las provincias (fundamentalmente el agua), que se encuentran obligadas a entregarlos para la actividad minera.
20 En este caso, sus disposiciones continuarán vigentes para las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se diera aviso de la terminación del tratado, hasta el cese del negocio minero.

d) explosivos: 493 500 tn (3 camiones/día);
e) gasoil: 943 millones de litros;
f) nafta: 22 millones de litros;
g) lubricantes: 57 millones de litros;
h) electricidad: 110 MW (tres primeros años: 82 MW), consumo anual medio: 929 GW/h. El consumo eléctrico de un hogar argentino medio durante todo un año (2,36 MW/h en 2006) alcanzaría en Pascua Lama para procesar 54 g de oro21 (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
Asimismo, Pascua Lama produciría un promedio de 750 000-800 000 oz/ año de oro y 35 mil oz/año de plata durante sus cinco primeros años de operación.22 El optimismo era tal que, en 2010, los costos directos totales se estimaban entre US$ 20 y U$S 50 /oz de oro, si se tomaba en cuenta un precio de la plata de US$ 12 /oz.
El alcance geopolítico de esta maquinaria productora del “Potosí del siglo XXI” tuvo en las declaraciones de sus voceros algunas emblemáticas instancias de impudor. Ejemplo de ello son las declaraciones de Aaron Regent, gerente de Barrick Pascua Lama, quien dijo que considerando el precio de la plata, 18 dólares la onza al momento de sus afirmaciones, “se obtiene todo el oro gratis”.23
En tercer lugar, el proceso de movilización ciudadana arrancó del lado chileno, en el año 2000, cuando las comunidades implicadas tuvieron conocimiento de que Barrick contemplaba destruir tres glaciares, que ni siquiera estaban incluidos en el proyecto original. Aunque las autoridades chilenas aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ante la demanda de las comunidades y las denuncias de los costos ambientales, estas exigieron que la compañía presentara un plan de manejo de glaciares. Fue en aquella época cuando se dio a conocer que una de las propuestas de la
21 Cálculo sobre datos extraídos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile (2004; 2006), y del Ministerio de Minería del gobierno de San Juan (2006).
22 Cada gramo de oro extraído de Pascua Lama requerirá remover 4 tn (4 000 000
g) de roca; consumir 380 litros de agua; 43,6 KW/h de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio); 2 litros de gasoil; 1,1 kg de explosivos; y 850 g de cianuro de sodio (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
23 Citado en Colectivo Voces de Alerta, 2011. La nota original, publicada por Business News Americas el 9 de abril de 2010, ha sido eliminada de su sitio web. Puede encontrarse en las referencias citadas. Fuente: London Bullion Market Association (LBMA): 6.

compañía era trasladar los glaciares (sic), lo que era obviamente un disparate. Pronto la cuestión de los glaciares se convertiría en un verdadero karma para la empresa canadiense.
En ese marco de denuncias que ponían el acento en la incompatibilidad entre minería y agricultura, en el año 2004 la Barrick presentó un nuevo EIA y ofreció a los directores de la Junta de Vigilancia del Río Huasco suscribir un protocolo de acuerdo, por el que las organizaciones se comprometieran a cesar las presiones contra el proyecto minero, a cambio de US$ 60 millones (Salinas y Karmy, 2009). El escándalo que generó este acuerdo, firmado por los directores de la Junta de Vigilancia con Barrick, marcó el inicio de una nueva fase de resistencias.
Por su parte, del lado argentino, el proceso de resistencia al emprendimiento Pascua Lama fue más tardío puesto que, entre 2003 y 2004, la oposición en la provincia de San Juan había estado focalizada en impedir el inicio de la actividad en la mina Veladero, también en manos de Barrick Gold (Rodríguez Pardo, 2011; Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009). A partir de 2006, las resistencias a la megaminería tendrían como protagonistas a las organizaciones de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), así como a otros grupos ambientalistas y un acotado grupo de abogados de San Juan, que llevaron a cabo una lucha a todas luces asimétrica contra el gobierno de los hermanos Gioja y la minera canadiense, presentando numerosas acciones judiciales.
Pese a las denuncias de irregularidades, los EIA fueron aprobados en ambos lados de la cordillera. Sin embargo, quedaban pendientes varias cuestiones espinosas que dificultaban la realización del proyecto más ambicioso en la historia de Barrick Gold: la cuestión de la tributación fiscal; la cuestión de los glaciares; y las denuncias (del lado chileno) de la afectación del ecosistema en la etapa de exploración del proyecto.
1) La cuestión impositiva
La aprobación de la tributación que debía hacer Barrick en cada país fue una tarea ardua y comprometió la participación directa de las presidentas de la Argentina y Chile en ejercicio en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, respectivamente. En abril de 2009, luego de sorpresivas visitas privadas de los altos ejecutivos de Barrick a ambas mandatarias, se anunció la firma del acuerdo tributario especial para Pascua Lama, tras lo cual, en una operación comunicacional simultánea entre Toronto, Buenos Aires y Santiago de Chile, la empresa y ambos gobiernos dieron luz verde en conferencia de prensa al inicio del proyecto. En el caso argentino, además de la presidenta y el CEO de Barrick en nuestro país,

Peter Munk, participaron del anuncio el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Diputados nacionales argentinos solicitaron infructuosamente copias del acuerdo tributario al Poder Ejecutivo. “¿Ustedes quieren que vayamos todos presos?”, fue la respuesta del entonces subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, Cristian Modolo, encargado de verificar y diseñar la política tributaria oficial, cuando le exigieron la aprobación del polémico e ilegal acuerdo tributario, según relata el periodista Martín Kanenguiser (La Nación, 2009). Finalmente, Modolo –quien siguió el criterio de un grupo de funcionarios técnicos del Ministerio de Economía– se negó a convalidar con su firma el acuerdo en favor del emprendimiento binacional Pascua Lama y, por esta razón, el mismo tuvo que ser rubricado directamente por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Por otro lado, en 2011, cuando el gobernador José Luis Gioja, acérrimo defensor de la megaminería y promotor de Barrick Gold, decidió someter a un plebiscito la reforma de la Constitución provincial –a fin de incorporar la reelección indefinida–, la filial argentina de la compañía canadiense quedó implicada en una feroz lucha entre los hermanos Gioja, en la que se disputaban la gobernación de San Juan. El entonces senador César Gioja acusó a su hermano José Luis (gobernador) de buscar la re-reelección para garantizar lo que calificó como “abusivas ganancias” de la minera canadiense Barrick Gold, que en territorio sanjuanino explota el yacimiento
Veladero y participa en el megaproyecto Pascua Lama.24
2) La cuestión de los glaciares
Glaciares y ambiente periglacial en la zona de ubicación y áreas de influencia del proyecto Pascua Lama convirtieron a la minera Barrick Gold en la principal detractora y lobbista contra la Ley Nacional de Glaciares. No volveremos a hacer aquí el relato del “veto Barrick Gold” y sus avatares, ya reseñados en páginas anteriores. Pero sí nos interesa subrayar que la pre-
24 “Es fundamental para la Barrick que siga este gobierno provincial, para que no cambien los mecanismos de distribución de la renta minera. Tan solo en 2010 [la empresa] ganó 1200 millones de dólares. […] Su gobierno y su pretendida re-reelección son instrumentos útiles para que las mineras continúen con las abusivas ganancias que han obtenido hasta hoy”, carta del senador César Gioja a su hermano, el gobernador José Luis Gioja; nota del diario La Nación: “Disputa sin piedad entre los Gioja”, publicado en .

sentación judicial conjunta por parte de ONG ambientalistas25 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación da muestra de elementos contundentes sobre la flagrante violación de la Ley de Glaciares por parte de la multinacional minera en Pascua Lama. Antes de la sanción de la ley, el propio sitio web de la empresa poseía un apartado dedicado a la problemática de los glaciares en el emprendimiento,26 reconocía que existían glaciares en el lado argentino de Pascua Lama, pero que no se contemplaba intervención alguna, como también sucedía del lado chileno. Ante tal confesión y la polémica suscitada durante el trámite parlamentario de la ley, la empresa se encargó de modificar la respuesta que brindaba en su propia página web:27
Nosotros no hacemos minería en los glaciares o bajo estos. Barrick se rige por una serie de estrictas normas técnicas y medioambientales, así como permisos, basados en las mejores prácticas internacionalmente aceptadas. No solo eso; damos cumplimiento total a la legislación actual que protege los glaciares en San Juan. Barrick realiza sus operaciones de manera responsable con el medio ambiente en todos los países, incluyendo Argentina.
En realidad, la afectación en la Argentina sobre áreas glaciares y periglaciares de los emprendimientos mineros Pascua Lama y Veladero surge del informe hecho por la propia Subsecretaría de Minería de la provincia de San Juan denominado “Ambiente y procesos glaciares y periglaciales en
Lama-Veladero, San Juan, Argentina” que destaca que
los cuerpos de hielo presentes en el área de estudio de norte a sur son los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos, Gla P08 y los manchones de nieve. Son en general glaciares de valle, ya que fluyen valle abajo, el ejemplo más típico es el glaciar Canito. Son de zona de alimentación simple, en forma de circo glacial (hoya rodeada por paredes de roca) como el caso del glaciar Canito y Potrerillos o bien de una depresión aplanada de pendiente relativamente suave como el caso
25 Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Amigos de la Tierra.
26 com/proyectos/pascua-lama_preguntas.php#1> (sitio que resguarda el contenido de una web aunque luego sea modificada).
27 Ver en: php#1>.

del Guanaco y Los Amarillos. Hacia el norte del glaciar Canito, se encuentra un glaciar pequeño (Gla C34), el cual morfológicamente es un glaciar de montaña, debido a que está desarrollado dentro del circo. El frente de los glaciares en el área de estudio es de forma de lóbulo de poco desarrollo, excepto el glaciar Canito cuya lengua es bien clara. La orientación que presentan los glaciares es, en general, hacia el este y sureste (Espizua y otros, 2006).
Dicho informe reconoce explícitamente que parte de los emprendimientos mineros Pascua Lama y Veladero se encuentran en el área periglacial.28
Todos estos elementos, que demuestran contundentemente la violación legal de la empresa Barrick y que obligarían a su inmediata paralización en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Glaciares, están en posesión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa judicial iniciada por ciudadanos sanjuaninos29 hace siete años y que duerme “el sueño de los justos” en un coqueto cajón de nuestro máximo Tribunal. Más aun, estos siete años sin resolución alguna, que rozan la denegación de justicia, contrastan con la rápida intervención de la Corte Suprema (solo un mes) para levantar el embargo que pesaba sobre la petrolera Chevron como consecuencia de la devastación ambiental que provocó en la amazonia ecuatoriana. Así, la Corte fue desdibujando su papel en materia ambiental, que había tenido un comienzo promisorio en la causa “Mendoza” (Ria-
28 “El ambiente periglacial de Lama-Veladero ilustra el ambiente criogénico actual típico con condiciones semiáridas de los Andes Centrales. El límite del ambiente periglacial comienza próximo a los 4150 m con la clásica morfología de los glaciares de escombros, termocarst, soliflucción y geliflucción. Según Scholl (2002), en la zona El Paso de Agua Negra, a los 30º de lat. Sur, el ambiente periglacial se encuentra entre los 4100 y los 5600 m (Espizua y otros, 2006).” Y agrega: “Los glaciares de escombros se forman solo donde existe permafrost y una espesa acumulación detrítica. La distribución de los glaciares de escombros parece estar en función de la precipitación. El estudio de los glaciares de escombros fósiles permite la reconstrucción de la distribución del permafrost en el pasado y proporciona una estimación de la paleoprecipitación. Por debajo de los 4150 m, el permafrost ocurre esporádicamente en áreas con morfología favorable, como por ejemplo con baja radiación. El límite inferior del permafrost esporádico es difícil de precisar. Dentro de la geomorfología periglacial podemos encontrar glaciares de escombros, protalus ramparts, flujos de detritos, caídas de rocas, deslizamientos, morenas, y aquellas geoformas originadas por procesos de geliflucción y soliflucción, entre otros” (ibid.).
29 Causa “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental” (Expediente S.C. V.175, L.XLIII), patrocinada por el abogado Diego Seguí.

chuelo), para luego eludir –con artilugios legales o demoras injustificadas– su intervención en expedientes relacionados con el núcleo central de la conflictividad del modelo extractivista (glifosato, cuenca Reconquista, contaminación de Repsol, glaciares, megaminería, etcétera).
3) El daño ambiental y la ausencia de mitigación
El 14 de octubre de 2013 la Corte de Apelaciones de Copiapó (Chile) declaró admisible un recurso de protección presentado por las comunidades diaguitas en contra de Minera Nevada SpA (nombre con el que opera la compañía Barrick Gold en Chile) por el proyecto minero de Pascua Lama. La Superintendencia de Medio Ambiente de Chile especificaba que la compañía no había construido los canales perimetrales y las obras de mitigación de daños ambientales requeridos y acordados con las autoridades chilenas. En abril de ese mismo año, esta Superintendencia había ordenado la paralización de obras, aunque permitió continuar con el transporte, la captación y la descarga necesaria para la ejecución del plan de manejo de aguas. La respuesta de la empresa a estos hechos fue que, adicional a la paralización, se requería la continuidad de 16 obras para “impedir que el proyecto sufra algún detrimento” (Noalamina, 2014). Dicha respuesta no dejó conforme a la Superintendencia.
En noviembre de 2013, tras la sumatoria de problemas ambientales y legales, Barrick anunció una suspensión temporal del proyecto. “Tomamos la decisión de suspender la iniciativa en vista de la persistente merma de los precios de los metales y una continua incertidumbre y riesgo”, manifestó el jueves su gerente general, Jamie Sokalsky, en la edición XVII del evento Annual Whistler Institutional Investor Conference de CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce). Aunque Pascua Lama ha sido una de las principales prioridades de Barrick, Sokalsky dijo que también ha sido uno de sus mayores desafíos. La suspensión preveía hacer ahorrar a la compañía cerca de US$ 1000 millones en 2014, de acuerdo a lo que manifestó el ejecutivo, quien añadió que el año pasado –2013– invirtió US$ 1800-2000 millones en el proyecto (Primera Fuente, 2014).
En enero de 2014, en una entrevista otorgada al medio prominero Mining Press, Peter Munk confesaba que Pascua Lama, que estaba destinada a ser uno de los emprendimientos en su tipo más grandes del mundo y cuyo arranque estaba previsto para 2013, había sido “un fiasco incomprensible”. Munk reconocía que, al inicio, el costo de la mina estaba estimado en US$ 3000 millones (Mining Press, 2014), pero que debido a la prolongación del trabajo, a las resistencias ambientalistas y políticas, a las cuestiones legales y tributarias, así como a la complejidad de la cuestión ambiental

(glaciares, ecosistemas), los costos se elevaron a unos US$ 8000 millones. La compañía sufrió también otros golpes, como el que tuvo en República Dominicana, donde se la obligó a renegociar los términos luego de la construcción de la mina de oro Pueblo Viejo; a ello se sumó, además, la caída del precio internacional del oro.
Así, pese a que desde el inicio el tema de los glaciares constituyó el talón de Aquiles del proyecto Pascua Lama, y cuando todo hacía pensar que sería la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en aplicación de la Ley de Protección de Glaciares (que, de momento, continúa siendo una entelequia) la que produciría la paralización del proyecto, en realidad, el fallo que ordenó la paralización de Pascua Lama provino del lado chileno, el país minero por excelencia en el subcontinente…
Last but not least. Tal como ha sido reseñado en diferentes libros, Barrick Gold arrastra un historial sórdido en términos de violación de derechos humanos, sobre todo en el continente africano.30 Por otro lado, es célebre también por la persecución feroz que realiza en contra de sus denunciantes. Uno de los casos más emblemáticos es el de los autores Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, un canadiense y dos franceses, que escribieron el libro Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África, que denuncia el accionar de las empresas mineras canadienses en ese continente. Este libro, publicado en francés en 2008, en Canadá, por la editorial Ecosociété, contiene material muy valioso –basado en fuentes secundarias– y de gran interés para cotejar la realidad de la megaminería en América Latina. A raíz de su aparición, los autores fueron querellados en Canadá por Barrick Gold, acusados de difamación y demandados por US$ 6 millones. En el marco de un perverso juego de asimetrías, durante tres largos años los responsables del libro tuvieron numerosas reuniones de mediación, en Montreal, con los abogados de la compañía, al final de las cuales debieron ceder frente a las presiones corporativas y la dudosa neutralidad de la Justicia canadiense, que solo tomó en cuenta muy parcialmente las alegaciones de los autores por “juicio abusivo”. Finalmente, Deneault, Abadie y Sacher llegaron a un acuerdo extrajudicial, por el cual se detuvo la circulación de Negro Canadá y la editorial debió pagar una suma significativa a Barrick Gold.31
30 Véase, entre otros, el informe de Corpwatch, Los secretos sucios de la Barrick, 2007.
31 En razón de ello, con un grupo de intelectuales latinoamericanos y europeos decidimos encarar la traducción del libro para acercarlo al lector hispanoparlante, desafiando la censura impuesta por Barrick Gold, y avalada por la Justicia canadiense, sobre la “no circulación del libro”. Nuestro propósito


La pueblada de Famatina y después

La paz social corre un riesgo gravísimo, fruto de la violencia y el autoritarismo de un gobernador. Y de la presidenta, que impulsa este tipo de proyectos y a la vez que habla tanto de derechos humanos, no nos da ninguna protección ante el armado de listas negras, las persecuciones, las amenazas, la criminalización de la protesta.
Marcela Crabe, Asamblea de Famatina, entrevistada por Diego Rojas, , 7 de enero de 2012
La cuestión de la mina le ha otorgado otra densidad a la discusión sobre la política. El gobernador ha dicho que instalará la mina cueste lo que cueste, pero nosotros estamos decididos a que no sea así. No se trata solo de decirle no a la mina, sino de decirle sí a la forma en que queremos vivir y producir. Tienen el acceso al cerro vedado por nosotros. Se le impide el paso a los empresarios y a los funcionarios y operadores de la dirección de minería de la Provincia. El hartazgo de nuestras comunidades me permite decir que el corte va a seguir. Hay más decisión que cuando echamos a la Barrick Gold hace unos años.
Claudio Garrot, Asamblea de Famatina, entrevistado por Diego Rojas, , 3 de enero de 2012
Uno de los centros de mayor resistencia popular a la megaminería lo conforman las localidades riojanas de Famatina y Chilecito,32 vecinas al

fue, así, el de alertar y denunciar la persecución judicial y la censura llevada a cabo por una gran empresa minera sobre un grupo de autores, lógica que no hace más que reproducir en otro campo las asimetrías propias que padecen las poblaciones en los territorios que hoy sufren el despojo de los bienes comunes. El proyecto, que se denominó “Traductor Colectivo”, contó con unas cien firmas, entre las cuales estaban las de Eduardo Galeano, Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Miguel Bonasso, Lucio Cuenca, entre muchos otros intelectuales, sobre todo de América Latina. La traducción fue publicada en varios sitios de internet, entre ellos, y .
32 Recomendamos el documental Cielo abierto, de Carlos Ruiz, que relata los inicios de la resistencia de los pueblos de Famatina y Chilecito. El mismo obtuvo numerosas distinciones y varios premios nacionales e internacionales.

nevado de Famatina, en el que desde finales del siglo XIX funcionó la mina La Mejicana, un rico yacimiento de oro, plata, cobre, silicio, cadmio, titanio, molibdeno, tierras raras y plomo. Los elementales recursos extractivos de la época hicieron que la explotación de La Mejicana se tornara antieconómica, por lo que en 1926 se cerró el emprendimiento. Sin embargo, las entrañas del nevado siguen atesorando grandes reservas minerales.
La historia reciente de Famatina es la de una localidad de 6000 habitantes que, entre 2007 y 2012, expulsó de sus territorios a tres megamineras –primero, a la poderosa Barrick Gold, luego a una minera de origen chino y, finalmente, a Osisko Mining, otra minera canadiense–, las cuales contaban con el apoyo de los gobiernos provincial y nacional.
A partir de marzo de 2007, las asambleas ciudadanas autoconvocadas de Famatina y Chilecito establecieron un corte pacífico por tiempo indeterminado en el acceso al distrito minero La Mejicana, a la altura de Peñas Negras, en rechazo a la minería metalífera a cielo abierto.
Asimismo, en marzo de 2007, en un contexto de crisis del sistema político, el gobernador de La Rioja, Ángel Maza, uno de los mayores responsables de la legislación minera de los años noventa como secretario de Minería de la Nación, fue desplazado de su cargo por el vicegobernador Luis Beder Herrera. A finales del mismo año, el nuevo gobernador sancionó la Ley 8137, que en su artículo 1 decía: “Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de La Rioja la explotación minera a cielo abierto con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio y/o cualquier otra sustancia contaminante”. Junto con esta ley, se promulgaron otras dos leyes más: la 8138 y la 8139. La primera de ellas dictaba el llamado a consulta popular (con carácter vinculante) sobre el tema de la megaminería a cielo abierto en la zona, y en su artículo 1 decía:
Encomiéndase a la Función Ejecutiva convocar, en forma obligatoria, a una Consulta Popular para el día 29 de Julio de 2007, a los afectos de que el pueblo de los departamentos Chilecito y Famatina se expida afirmativa o negativamente por la explotación minera a cielo abierto, utilizando sistemas de lixiviación con cianuro y/u otra sustancia que provoque contaminación en el territorio de dichos departamentos.
Asimismo, la Ley 8139 preveía la conformación de una comisión para la investigación del traspaso de los derechos de explotación de la empresa pública provincial a manos privadas y, particularmente, el acuerdo firmado con la empresa Barrick Gold.

Sin embargo, en julio de 2008, una vez consolidado en el poder por la vía electoral el flamante gobernador Beder Herrera, derogó la ley que prohibía la minería hidroquímica, así como aquella otra que disponía el llamado obligatorio a una consulta popular por el tema. A partir de entonces comenzó una persecución contra los asambleístas, en la que tanto el gobierno provincial como las empresas acudieron a todo tipo de prácticas para tratar de torcer la voluntad de los famatinenses: envío de patotas para perseguir asambleístas, clientelismo, represiones, persecuciones judiciales y administrativas a los docentes y hasta el envío de fuerzas policiales “especiales”. Este intento desesperado de imponer por la fuerza –y sin licencia social– la megaminería en el Famatina terminó quebrando en muchos momentos la paz social y sembrando un clima de violencia, instalado por el propio Estado, en complicidad con las empresas mineras. En pocos lugares, como allí, se confirma el axioma de que la megaminería no es solo sinónimo de degradación ambiental y saqueo económico, sino también de devastación institucional y regresión política.
En abril de 2009, un grupo de personas que se identificaron como funcionarios dependientes de la Secretaría de Minería de la provincia y como personal de la empresa Barrick Gold, se presentaron en el corte de Peñas Negras e insultaron y golpearon a los ciudadanos que allí se encontraban. Unos doce hombres arremetieron con sus camionetas contra la barrera que cortaba el camino y agredieron físicamente a las mujeres, que se habían sentado pacíficamente delante de los vehículos. Ese mismo día, el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, se encontraba reunido en la Casa Rosada con la presidenta de la Nación, para tratar de resolver la cuestión tributaria en relación al proyecto de Pascua Lama (Mining Press, 2009).
Así, durante años, las asambleas riojanas fueron resistiendo los distintos embates del poder por imponer la megaminería. Pero hubo un hecho que provocó el chispazo final que desembocaría en el “Famatinazo durante los primeros días del año 2012: la aparición de “listas negras”, en diciembre de 2011, con descripción de datos personales y sensibles de diversos referentes de la lucha socioambiental de Famatina y Chilecito, en manos de directivos de la empresa minera canadiense Osisko Mining. Quien mejor describió este hecho fue el periodista Diego Rojas:
Una lista negra que da cuenta de profesiones, edades, niveles de protagonismo en la lucha, aspiraciones políticas, actividad o pasividad en la protesta, grado de “agresividad” a la hora de realizar las protestas. Las cuatro carillas del informe –escritas a mano, con algunos errores de ortografía y vocabulario– fueron encontradas casualmente en el lugar

donde se encontraba Gustavo Zulliger, gerente local de la empresa canadiense Osisko Mining Company, junto a otras personas. Las encontraron los asambleístas que al enterarse de la presencia del gerente minero en el lugar se apersonaron para exigirle que abandonara el departamento de Famatina. Zulligger obedeció, pero dejó, según cuentan los activistas ambientalistas, olvidada una carpeta donde constaba el fino trabajo delator (Rojas, 2011).
La gravedad de los hechos dio lugar a un fuerte rechazo generalizado en todo el país y a la reacción de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas. En efecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), el Colectivo Voces de Alerta y el Colectivo por la Igualdad requirieron información al gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por la grave situación que se vivía en La Rioja.33
La respuesta del poder a la tenencia de esas listas por parte de directivos de la empresa minera Osisko fue la judicialización de la protesta social: en tiempo récord, la Justicia local llamó a declaración indagatoria a ocho asambleístas. Además, entre otros preocupantes hechos, se registró la presencia de brigadas policiales especiales en los lugares de las manifestaciones locales. Cabe destacar la coincidencia entre el nombre de los asambleístas que aparecían señalados en las listas y quienes fueron imputados por la Justicia local por el delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), artículo “estrella” de la criminalización de la protesta social. Esta rápida actuación de la Justicia para imputar a los asambleístas se contrapuso con la total ausencia de investigación judicial sobre los trabajos de inteligencia y espionaje que reflejaban las listas, que implicaron un consecuente amedrentamiento a la población.
La pueblada registrada en Famatina tuvo consecuencias políticas a nivel nacional. Incluso fue reflejada por medios extranjeros (Rebossio, 2012) En ese marco, el 9 de febrero de 2012, la presidenta Cristina Fernández
33 La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales y la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumadas a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y a la posición del gobierno nacional sobre el conflicto, son algunos de los aspectos mencionados en los pedidos de informes de estas organizaciones de la sociedad civil.

de Kirchner declaraba durante un acto en la ciudad de Olavarría: “Hay que dar discusión responsable y en serio en el país. Exigir calidad ambiental a las empresas pero también responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan, sin posiciones dogmáticas ni cerradas que se resisten a cualquier matiz” (citado en Mining Press, 2012a).
La presidenta anunciaba así la apertura de un debate público sobre minería, aunque en rigor debería hablarse de un debate anunciado que nunca tuvo lugar… En efecto, inmediatamente después de ese llamado, la presidenta creó el Organismo Federal de Estados Mineros (OFEMI), conformado por las diferentes provincias promineras y cuyo objetivo no era otro que el de bloquear cualquier discusión real sobre el tema que incluyera, por ejemplo, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los noventa. De esta manera, la presidenta dio luz verde a la megaminería y lo hizo, además, visitando luego el emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz.
A partir de ese momento, las formas de criminalización y represión sobre las protestas contra la megaminería se multiplicaron. Al masivo acampe en Famatina, en la entrada al proyecto minero –una verdadera pueblada– para evitar el ingreso de la empresa minera, se sumaron otros tantos pueblos que sufren las consecuencias del modelo megaminero, entre ellos Belén, Fuerte Quemado, Andalgalá, Chaquiago, Tinogasta (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán). En todas las provincias cordilleranas y algunas del centro (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz), distintos pueblos del país se movilizaron o hicieron sentir su rechazo a la megaminería.
Así, la creación de OFEMI, realizada de espaldas a la sociedad, se insertó en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste y sur argentinos. Así, en 2012, la oleada represiva tuvo su triste récord en la provincia de Catamarca, donde se registraron siete represiones en siete meses (incluyendo, además de Tinogasta, a Andalgalá, Belén y Santa María), pero se extendió a Amaicha del Valle (Tucumán), e incluyó varias detenciones y procesamientos. Casi todas las protestas que fueron reprimidas eran en contra de los proyectos de la Alumbrera y Agua Rica.
La respuesta estatal a estos reclamos no fue distinta a la dada en situaciones anteriores: a la imputación penal a ocho asambleístas en Famatina se sumó en Santa María de Catamarca la detención de dieciocho personas; en Tinogasta hubo una brutal represión con balas de goma, perros y gases; el pueblo de Andalgalá fue sitiado por patotas promineras –como ya ha

sido señalado–; en Belén y Amaicha se realizó un violento desalojo, allanamientos y detenciones fundadas también en los artículos 194 y 213 bis del Código Penal.
El rápido alineamiento entre poder político, poder económico y poder mediático volvió a enclaustrar la cuestión de la megaminería en la lógica criminalizadora de las provincias, donde la territorialización de los conflictos apunta a configurar una situación de fuerte asimetría entre las poblaciones y las grandes empresas, aliadas a los gobiernos provinciales.
Otro de los hechos más destacados ocurrió en Chubut, en noviembre de 2012, cuando se registró una represión contra una manifestación de vecinos autoconvocados frente a la legislatura provincial, en Rawson, que se habían movilizado en contra de la derogación de la Ley 5001. Recordemos que esta la ley es la que prohíbe la megaminería en la provincia, producto directo del plebiscito realizado en Esquel en marzo de 2003, en el que el 81% de la población votó contra la instalación de una mina, en un verdadero ejemplo de democracia “desde abajo”. Pese a dicha prohibición, en 2012, el gobernador Martín Buzzi apuntaba a derogar esta ley, para imponer un nuevo marco regulatorio que rezonificaría la provincia, decretando “área de sacrificio” a la zona de la meseta (donde habitan pueblos originarios) y avanzando en la posibilidad de realizar actividad minera también en la zona de la cordillera. La represión de Rawson, para la que se recurrió a patotas del sindicato de la construcción (UOCRA), causó numerosos heridos. Finalmente, la ley 5001 no fue derogada.34
Como complemento de este realineamiento estratégico entre los diversos poderes, además del aumento de la criminalización y la represión de las luchas socioambientales, observamos una importante estigmatización del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. En efecto, el “ambientalismo” aparece como una figura demonizada no solo desde el discurso empresarial, sino también desde los diversos oficialismos (provinciales y nacional). Los ambientalistas son descalificados como “fundamentalistas”, cuando no tildados de “foráneos” (así ha ocurrido en Cata-
34 Gracias a las resistencias sociales y debido al repudio que generó dicha represión, el marco regulatorio vigente, que desde 2003 prohíbe la minería con cianuro en esa provincia, no fue modificado. Pero el costo de ello fue la aprobación de un nuevo marco regulatorio para el petróleo, autorizando la extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología del fracking. El gobernador Buzzi pretendía, en el origen, imponer un nuevo marco regulatorio que abarcara las dos actividades (minería y petróleo), .

marca, La Rioja y San Juan), como si no fueran ciudadanos argentinos con plenos derechos, sea cual fuere el territorio provincial en el que se encuentren. Esto se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de 2012, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y “foráneos”.
Por otro lado, en La Rioja, se evidencia un claro escenario de regresión democrática, asociado a la voluntad gubernamental de imponer la megaminería. Las constantes provocaciones del gobierno provincial, lideradas por el gobernador Beder Herrera, continúan hasta la actualidad, con la complicidad del Poder Ejecutivo nacional, a pesar de que la empresa minera Osisko anunció que se retiraba definitivamente del proyecto, como resultado del rechazo generalizado de la población.
En mayo de 2013, la violencia institucional dejó un saldo de doce personas heridas con balas de goma y palazos, además de cinco detenidos. Fue en el marco del acto que se realizó en Famatina con motivo de la asunción de autoridades del Partido Justicialista departamental, en el que se esperaba la presencia del gobernador Beder Herrera. En vista de ello, se preparó un descomunal operativo policial con vallados y cuatrocientos agentes distribuidos por todo el pueblo (recordamos que no tiene más de 6000 habitantes, contando niños y ancianos). Ante el intento de los famatinenses de expresar su desaprobación a la visita, la policía reprimió con violencia. El accionar de los efectivos de la fuerza de seguridad provincial fue tal que multiplicó el repudio masivo por parte del resto de la comunidad. Finalmente, el gobernador Beder Herrera no asistió a las actividades proselitistas como tenía previsto. El cambio, a último momento, se debió a la escasa asistencia de público y a las masivas manifestaciones en contra de su visita.
Entre los heridos como resultado de la represión se encontraba el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, quien ha apoyado activamente el reclamo de los habitantes del pueblo.35 El haber sostenido esa posición
35 Otra figura institucional importante que apoya la lucha del pueblo es el cura local, Omar Quinteros, quien por ello fue perseguido incluso judicialmente y hasta se generaron presiones sobre la cúpula eclesiástica para intentar lograr su traslado. Tal como sucedía en General Mosconi en los tiempos piqueteros, allá por fines de los noventa, el sonar de las campanas de la iglesia de Famatina (una de las construcciones más altas de la ciudad) se ha transformado en el aviso a la población de amenazas o episodios de represión relacionadas con la megaminería. Cuando suenan las campanas, la población rápidamente sale a las calles y se dirige a la plaza central, generando una reacción que supera incluso la

lo enfrentó, por un lado, con el gobierno provincial, que desfinanció al municipio; y, por el otro, con el gobierno nacional, que dejó de enviarle las partidas del Fondo Federal Solidario, convirtiendo a los ciudadanos en rehenes del avance de la megaminería.36
El año 2012 fue, así, un año de numerosas movilizaciones y escalada represiva en contra de las localidades y los grupos que se oponen a la megaminería. Queda claro que la demanda de activación de dispositivos institucionales previstos por nuestra Constitución –consultas o plebiscitos–, con el fin de establecer si existe o no consenso social para llevar a cabo estos emprendimientos, es algo que no está en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales. En este sentido, la única excepción registrada en el país, luego del plebiscito de Esquel, fue el referéndum de Loncopué, realizado el 5 de junio de 2012 en la provincia de Neuquén. Pese a las reiteradas presiones políticas y presentaciones judiciales realizadas por representantes y punteros del partido gobernante de la provincia (Movimiento Popular Neuquino, aliado del FpV) que buscaron detener el acto eleccionario, en una votación masiva y contundente, con el 82,08% de los votos y una participación de más del 70% del padrón, la población de Loncopué (tal como hizo Esquel en 2003) rechazó la megaminería y dio un verdadero ejemplo de democracia “desde abajo”. Allí, el gobierno neuquino buscaba explotar –primero a través de una empresa china y luego de la empresa provincial Corporación Minera del Neuquén (CORMINE)– una mina de cobre emplazada en territorio mapuche.
El referéndum fue una expresión clara del giro ecoterritorial de las poblaciones, ilustrado por la articulación entre la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) –con fuerte protagonismo de la Pastoral Social, cuya tradición en la defensa de derechos humanos en Neuquén es emblemática– (Mombello, 2011), el saber experto independiente del poder político y económico (abogados que apelaron a la normativa existente, tanto referente al convenio 169 de la OIT como a las iniciativas po-

de las redes sociales, que también tienen un papel importante en la comunicación y defensa colectiva.
36 En efecto, desde inicios de 2012 la Municipalidad de Famatina no ha recibido ninguna partida de ninguna naturaleza, ni la correspondiente por Acuerdo Financiero, ni la correspondiente a los Fondos de Coparticipación Federal, ambas necesarias para afrontar las necesidades normales y más básicas que diariamente se presentan en el municipio relacionadas principalmente con las áreas de Acción Social, Salud, Limpieza, Transportes, Combustibles, Seguridad y demás pagos de servicios. La Municipalidad tuvo que abrir una cuenta bancaria donde recibe donaciones para cubrir sus gastos.

pulares), y la fuerte resistencia de las comunidades de pueblos originarios (desde el primer momento, la Comunidad Mellao Morales estuvo en contra del proyecto minero que se situaría en Campana Mahuida; además, se creó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida –Avacam–). El gobierno de Neuquén, a través del fiscal de Estado, pidió a la Justicia que declarara inconstitucional la consulta popular; pero en noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia rechazó el pedido de inconstitucionalidad (Noalamina, 2013), convalidando con ello lo decidido por la localidad.
En suma, el referéndum de Loncopué mostró a las claras que no es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino con más democracia; algo que hoy reclaman numerosas poblaciones en nuestras provincias.
* * *
Lejos de abrir un “debate serio y responsable” sobre la megaminería, la creación de OFEMI puso en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar de este modo, rápidamente, cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión que nos ocupa.
¿Cómo evaluar, entonces, el escenario actual respecto de la megaminería en la Argentina sin aceptar o naturalizar las grandes asimetrías entre los actores enfrentados, ni caer presos tampoco de un lenguaje fatalista a propósito de los difíciles y complejos escenarios que afrontan las resistencias?
En 2012, cuando los autores de este libro recibimos numerosas invitaciones de diferentes medios de comunicación para hablar del tema, la enunciación de estas evidentes asimetrías –la gran desigualdad en términos de recursos económicos, políticos y accesos al poder– era mencionada (off de récord) por casi todos los periodistas anfitriones. En no pocos comunicadores percibimos también esa suerte de empatía que se extiende frente a contiendas del tipo “David contra Goliat”. Sin embargo, en la actualidad, son pocos los programas de televisión o de radio de los llamados “grandes medios hegemónicos”que abordan el tema de la megaminería, producto de la fuerte intervención de los sectores promineros en ese campo, a través de múltiples anuncios y auspicios publicitarios. Por ejemplo, la empresa Barrick contrató a la agencia Llorente y Cuenca para realizar una poderosa campaña en todos los medios de comunicación bajo el eslogan “Minería responsable”. La estrategia comunicacional incluyó reuniones con periodistas, a quienes llevaban a conocer algunos de sus yacimientos

mineros en algún lugar del mundo, inundándolos de información positiva.37 Como señala el periodista Pablo Waisberg,
[…] Barrick Argentina decidió invertir millones de pesos en una campaña para radio, TV y prensa gráfica. Eso le permite entrar de lleno en un terreno en el que los asambleístas, que cuestionan la minería a gran escala, van perdiendo espacio. Sus institucionales aparecen diariamente en los programas de radio de mayor audiencia –de periodistas oficialistas y opositores, reaccionarios o progresistas– y en los distintos canales de TV.38
Paralelamente, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) hizo lo propio:
Preparó una campaña publicitaria para radio y televisión destinada a “esclarecer los mitos negativos” que rodean a la actividad y ponderar los “beneficios económicos” de la minería a gran escala: empleo y divisas. La decisión, que había comenzado a madurar con la asunción de la
37 En noviembre de 2011, un seminario organizado por multinacionales mineras, para intentar lavarle la cara al sector, terminó a los gritos. Así lo cuenta el periodista Alejandro Bercovich, quien tuvo que sufrir en carne propia el enojo de la patronal minera cuando preguntó (y argumentó) sobre los privilegios impositivos y sus riesgos ambientales: “La revista Panorama Minero –financiada por las multinacionales del sector y sus proveedores– convocó a un seminario para debatir sobre ‘comunicación sustentable’. La búsqueda que sobrevolaba el encuentro era la de una estrategia comunicacional más efectiva para combatir mejor la resistencia que genera la megaminería en los pueblos donde se la busca implantar. Por eso los organizadores invitaron a exponer a periodistas de varios medios de circulación nacional y no solo a quienes suelen reivindicarla de manera más o menos explícita, por convicción o por interés […]. Tras la catarata de improperios y gritos que se sucedieron, inusuales en ese tipo de eventos, una docena de ejecutivos que habían observado el cruce se acercaron para invitarme a visitar sus explotaciones y mostrarme allí que ‘no son tan malos’”, .
38 “La consigna es ‘Conocé Barrick’ y las imágenes de la cordillera, de campos fértiles y de cursos de agua alternan con escenas de personal de la empresa que cumple con su trabajo y sonríe. Hay también postales de niños que levantan la mano en la escuela para contar todo lo que saben. La música transporta al televidente a la montaña y le habla de emprendedores y de gestas que, cada día, se concretan. […] En un contexto distinto, Barrick aprende y retoma – tardíamente– la estrategia de las privatizadas, que ganaron consenso en los noventa con auspicios para todos” (Waisberg, 2012).

nueva conducción de la entidad sectorial en noviembre pasado, fue gatillada por el conflicto en Famatina […] Hasta la protesta de Famatina, que luego se extendió a Catamarca para rechazar la explotación de Bajo de la Alumbrera –principal productora de cobre de la Argentina–, las mineras habían tenido políticas comunicacionales individuales y selectivas. Pero los conflictos, y el impacto que ellos tuvieron sobre la percepción de la sociedad respecto de la actividad en general, obligaron a modificar el comportamiento de las empresas y las llevaron a pensar en una campaña publicitaria desde la entidad que las aglutina (reproducido en Mining Press, 2012b).
Así, los programas de radio y televisión con mayor audiencia y los medios gráficos con mayor peso en el mercado comenzaron a recibir cuantiosas pautas publicitarias, incluso aquellos periodistas que no simpatizaban con la actividad. No había programa de radio o televisión sobre política que no tuviera la placa de Barrick o de la CAEM entre sus auspiciantes. El objetivo era claro, pagar el silencio, volver a la invisibilización, lograr que no se hablara más del tema. En parte, fue lo que ocurrió, puesto que los debates sobre la problemática desaparecieron de los medios de comunicación. Como hemos visto, esta estrategia fue complementada con el informe de la consultora ABECEB, especialmente contratada por la CAEM para sobredimensionar los aportes fiscales y tributarios de la megaminería, el cual circuló mucho por los medios.
Por otro lado, los medios oficialistas pasaron a la ofensiva, buscando relativizar la importancia de las protestas y de las represiones o, más bien, intentando desprestigiar las movilizaciones como si estas fueran “promovidas” o inventadas por la oposición mediática o bien, por “fundamentalistas antimodernos”. Pese a eso, el Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de hablar de su vínculo real con las corporaciones económicas.
En otro orden, hay que subrayar que el escenario argentino de lucha contra la megaminería presenta cierta excepcionalidad con respecto a otros países de América Latina, donde las poblaciones acuden a las consultas públicas, sobre todo al convenio 169 de la OIT, cuando se trata de territorios de pueblos originarios. En nuestro país, como se ha dicho, hubo solo dos consultas (Esquel, 2003, y Loncopué, 2012), pero hay siete leyes provinciales vigentes que prohíben la megaminería en sus territorios. Además, pese a la represión y al olvido, en Famatina no hay megaminería, luego de que sus habitantes expulsaron a la tercera empresa que buscaba ingresar

de la mano del gobierno provincial. Claro que a esto hay que agregar que gran parte de las empresas no abandonan nunca el territorio, ni mucho menos la expectativa de torcer la voluntad de las poblaciones (Chubut es el caso más emblemático).
Por último, el anuncio en 2013 del abandono –que nunca se sabe si será definitivo– de dos de los mayores megaproyectos mineros, ambos muy cuestionados por los movimientos socioambientales (Potasio Río Colorado, en manos de la compañía Vale, por razones económicas, y Pascua Lama, de Barrick Gold, por cuestiones ambientales y económicas), dejan entrever que, más allá de las asimetrías evidentes, el escenario es más complejo y difícil del que suponían los actores hegemónicos. Como hemos visto, en varios casos, estos no solo se estrellan contra las resistencias sociales y los dilemas ambientales, sino también contra sus propias y desmesuradas ambiciones económicas.

6
Las formas del urbanismo neoliberal
Introducción
Hemos dicho en este libro que una de las formas que adopta la problemática socioambiental se refiere a cuestiones de larga data, vinculadas a la existencia de pasivos ambientales (daños y degradación provocados, en líneas generales, por la industria, la minería y el petróleo). En ese plano, tal como hemos visto en el capítulo 2, nos ha interesado dar cuenta de cómo estos procesos de degradación impactan sobre las poblaciones más vulnerables, potenciando situaciones de desigualdad y de sufrimiento ambiental. Asimismo, hemos comenzado a transitar las distintas vías o modalidades que adopta el extractivismo contemporáneo, a través de megaemprendimientos (agronegocios, minería, fracking, expansión de la frontera energética, forestal, construcción de infraestructura al servicio de la exportación, entre otros). Sin embargo, antes de seguir avanzando por esta vía, abordaremos otras modalidades que adopta la problemática ambiental y que aparecen reflejadas en la expansión del urbanismo neoliberal. Siguiendo a Brenner y Théodore, la géografa Patricia Pintos (2012), define como urbanismo neoliberal “aquellas formas de articulación públicaprivada no formalizadas pero con efectos reales, en las que convergen la liberalización de los mercados del suelo, la concentración del capital inmobiliario con gran capacidad de gestión financiera –y el beneplácito de los gobiernos locales– y la irrupción de inversiones para el desarrollo de megaproyectos con alto impacto territorial”.
En el presente capítulo proponemos un recorrido por diferentes variantes del urbanismo neoliberal. En primer lugar, indagaremos sobre el modelo de ciudad que se ha ido consolidando, tomando como ilustración la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En segundo lugar, recorreremos la problemática ligada a la expansión de countries o urbanizaciones

cerradas en la zona de humedales, lo que se conoce técnicamente como urbanizaciones acuáticas o polderizadas. Por último, nos concentraremos en otras formas del urbanismo neoliberal, ilustrado por los megaemprendimientos turísticos, tal como podemos ver de modo paradigmático en la Patagonia argentina.
Extractivismo urbano y ciudad excluyente
El extractivismo también ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes sojeros, ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y desafía a la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. La entrega de bienes comunes como las tierras, inmuebles del Estado y espacios verdes para la especulación inmobiliaria no descansa. Los barrios van perdiendo sus identidades y sus habitantes no participan de la decisión de las políticas de planeamiento urbanas. Se ha impulsado la mercantilización de la vivienda hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en una especie de commodity, una mera mercancía, mera especulación, un bien de cambio.
Paralelamente, los espacios verdes y los espacios públicos son completamente sacrificables en pos del “crecimiento” de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza de modo irracional, y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas y suburbanas. Nada de esto es producto de la planificación en pos del interés general, sino de la especulación inmobiliaria, a través de los privilegios concedidos por quienes ocupan cargos en los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial, local). En definitiva, lo que podemos denominar como extractivismo urbano está consolidando ciudades degradadas, violentas, insalubres, privatistas, exclusivas y antidemocráticas.
La ciudad de Buenos Aires es una ilustración paradigmática del proceso de extractivismo urbano. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados y el aumento de la valuación de los inmuebles. Así, en los últimos diez años, en Buenos Aires se construyeron 20 millones de m2 y en el mismo período la población que vive en sus villas de emergencia creció un 50%. En contrapartida, casi la mitad de los inmuebles del exclusivo barrio de Puerto Madero están vacíos.

Vale la pena preguntarse entonces para quién se construye y para qué. En realidad, lo que sucede es que se ha impuesto un sistema especulativo que implica privatizar beneficios y socializar costos, que van consolidando un modelo de ciudad solo para las clases medias y altas.
A principios de 2012, la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires publicó las estadísticas completas sobre la construcción en la ciudad entre los años 2001 y 2011,1 de las que se desprende que, en ese período, se otorgaron permisos para la edificación de 20 millones de m2. Con esta información, la organización barrial Protocomuna Caballito2 realizó un detallado análisis, en el que se observa claramente la concentración geográfica de los edificios construidos; los cinco barrios con mayor concentración de construcciones residenciales son: Palermo (13,6%), Caballito (10,1%), Villa Urquiza (8,1%), Belgrano (6,7%) y Almagro (4,6%). Entre estos, suman el 43,1% de todo lo construido en la ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2011. Si a esta cifra le añadimos lo construido en Puerto Madero (4,1%), Flores (3,8%), Recoleta (3,7%), Villa Crespo (2,5%) y Villa del Parque (2,2%) encontramos que en 10 de los 48 barrios porteños se concentró el 59,4% de la construcción de la ciudad. Estos datos contrastan con los de la zona sur: en el mismo período, la sumatoria de lo construido en los barrios de Villa Soldati (0,1%), La Boca (0,3%), Parque Avellaneda (0,5%), Villa Riachuelo (0,5%) y Villa Lugano (0,6%) alcanzaba solo el 2% del total de la ciudad.
Un dato interesante señalado por la organización Protocomuna Caballito es que, paradójicamente, se construyó más en donde más gente vivía, y menos donde menos población tiene la ciudad: “Almagro, el barrio más densamente poblado, fue el quinto en donde más se construyó. Caballito, el tercero en densidad de habitantes, fue el segundo con más metros cuadrados residenciales construidos. Belgrano fue el cuarto y Villa Crespo el noveno”.3
La contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional, que afecta a los sectores más vulnerables, sobre todo si tenemos en cuenta el aumento de la población en villas de emergencia registrado
1 2001-2011 Construcción en la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento (2012), .
2 .
3 Almagro, con 35 000 habitantes por km2, es el barrio más densamente poblado; seguido por Balvanera, con 33 594; Recoleta, con 28 050; Caballito, con 27 941; y Villa Crespo, con 24 500.

entre 2001 y 2010. La ciudad de Buenos Aires atraviesa un proceso de gentrificación4 que responde a una planificación del poder económico, encarnado en las grandes corporaciones inmobiliarias, que son las que fijan el valor de la tierra. Estas actúan con la habilitación del poder político, que les facilita una normativa permisiva para construir en zonas originalmente destinadas a otros fines (muchas veces en forma meramente especulativa), las exime de impuestos (incluso en paralelo al incremento de los mismos para el resto de la sociedad) y, si resulta necesario, pone las fuerzas de seguridad del Estado a su servicio para reprimir las eventuales resistencias sociales a estos procesos desiguales, privatistas y expulsivos.
Por ejemplo, sirviéndose del típico discurso propagandístico de la ciudad marketing de los años noventa, en los últimos años se ha elegido, sin discriminación alguna, distintas zonas de la ciudad en las que se otorga enormes exenciones impositivas y se brinda infraestructura a las empresas que se instalen dentro de sus polígonos (polos farmacéutico, audiovisual, tecnológico). Este mecanismo, que no tiene en cuenta la fisonomía de los barrios, la tradición habitacional de sus vecinos, la significancia histórica de la zona, opera de manera autoritaria sobre un mapa abstracto y desconocido. Así, esta gran y desigual capacidad constructiva que habilita el Código de Planeamiento Urbano permitió que el incremento de las construcciones en altura contribuyera al deterioro de las identidades barriales. La fisonomía de barrios tradicionales de la ciudad se ha ido perdiendo y muchas viviendas con valor patrimonial fueron demolidas; casos paradigmáticos son los barrios de Palermo y Caballito.
Esta política urbana busca liberar a la ciudad de pobres y, en cierta medida, también de amplios sectores medios. El Estado, que está efectivamente presente para brindar el marco jurídico apto para garantizar el lucro a los grandes grupos privados, está ausente en lo que podría ser una eventual regulación del mercado inmobiliario, tanto en operaciones de compra-venta, como en alquileres, profundizando la aguda crisis habitacional que, según el informe Buenos Aires sin techo, afecta actualmente en la ciudad a unas 500 mil personas (véase Di Filippo, 2009). Este tipo de
4 Pese a que existen diversas acepciones, el fenómeno de la “gentrificación” alude a la renovación o el “ennoblecimiento” de ciertos espacios urbanos, degradados o tradicionalmente populares, que son colonizados por grupos pertenecientes a la clase media-alta, ligados a la nueva economía de servicios. Este proceso se ha registrado en todas las grandes ciudades, y guarda relación con la constitución de las llamadas ciudades globales (Sassen, 1999).

dinámica robustece la idea de una ciudad cada vez más excluyente. No solo la ciudad es incapaz de incorporar a las nuevas poblaciones migrantes, sino que a muchas familias pobres no les queda otra opción que ir a vivir en barrios informales, en viviendas caracterizadas por el hacinamiento, la falta de servicios públicos básicos y, en muchos casos, sin acceso a la infraestructura mínima. Siempre amenazados por la posibilidad del desalojo o la erradicación, estos sectores se hallan en una permanente emergencia habitacional, ambiental y sanitaria.
Por otra parte, respecto de las clases medias, la ausencia de una política de crédito que permita el acceso a la vivienda propia y el aumento exponencial de la propiedad inmobiliaria, acentuó el fenómeno de la migración a las urbanizaciones privadas. Así, nos encontramos con la paradoja de que es mucho más accesible una propiedad en un barrio privado (junto con las facilidades de pago o acceso al crédito), que un departamento para una familia tipo en un barrio porteño. Este fenómeno, aunado al aumento de la inseguridad como problemática urbana, así como a las demandas estatutarias ligadas al estilo de vida de las clases medias, contribuyó al éxodo de matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, a las urbanizaciones privadas, que arrancó en la era menemista, pero continuó profundizándose bajo la década kirchnerista.
En un documento de Plataforma 2012 (2012c) titulado Por la recuperación de una ciudad para todos: vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, se evidencia claramente el
desequilibrio entre la necesidad general de viviendas de los sectores populares y clases medias por un lado y la construcción, por el otro:
• Entre 2004 y 2011 el incremento del precio de los terrenos fue de 281%, llegando a incidir entre un 30% y un 50% en el costo de la construcción, cuando la norma histórica llegaba como mucho al 25%. Esta es una de las razones que explica que el 60% de los habitantes que llegaron al área metropolitana entre 2001 y 2006 se establecieran en asentamientos informales, la mayoría de las veces a través de ocupaciones.
• Según el censo nacional de 2010, la población que vive en villas se incrementó, entre 2001 y 2010, de 110 000 personas a 160 000/180 000, es decir que hubo un aumento del 52%. Y como la población porteña creció en esos nueve años en apenas 114 013 personas, se desprende que la mitad de ese crecimiento tuvo como destino las villas y los asentamientos, con sus consecuencias ambientales, sanitarias y de infraestructura.
• En el año 1991, el total de viviendas suntuosas alcanzaba el 6,6% del total; en 2011, esa cifra trepó al 30,8%.

En el mismo sentido, en el informe Buenos Aires sin techo (Di Filippo, 2009) se señala que “en la ciudad existen aproximadamente 100 000 inmuebles privados vacíos aptos para la vivienda, miles de inmuebles estatales ociosos y muchas de las viviendas que hoy presentan déficit pueden convertirse en viviendas adecuadas a través de inversiones menores en infraestructura y equipamiento básico”. El censo nacional de 2010 nos brinda una noción más precisa, ya que contabilizó 340 975 viviendas deshabitadas. En la comuna 1, donde se encuentra Puerto Madero, hoy la ocupación llega a apenas el 28%, el porcentaje más bajo de toda la ciudad. Esto responde a la construcción bajo parámetros especulativos-financieros.
La contracara de este fenómeno es el aumento exponencial de los problemas de vivienda, sobre todo en los sectores populares. Así, el mismo censo de 2010 arroja como dato, a nivel país, una baja en el porcentaje de hogares propietarios. En 2001, el 70,64% del total de los hogares era propietario, mientras que en 2010 esa proporción descendió al 67,7%. La disminución de esta forma de tenencia tiene su correlato en el incremento de la proporción de hogares inquilinos, que pasaron de representar el 11,1% del total de hogares en 2001 al 16,1% en 2010. Por otro lado, los datos sobre régimen de tenencia y, en especial, de viviendas deficitarias, indican que entre 2001 y 2010, los arriendos de casas tipo B (casillas, ranchos, cuartos de inquilinatos, hoteles o pensiones), que pueden ser considerados alquileres informales, se incrementaron un 54,1%; los de ranchos y casillas, un 28,7%; los de piezas en inquilinato, un 30,7%; los de piezas en hotel o pensión, un 19%; y los de los locales no construidos para habitación, un 15,7%. Según un informe del CELS (2012), “esto implica que en 2010 existían en la Argentina 231 319 hogares inquilinos de viviendas deficitarias, lo que representa un 2% del total de los hogares del país. Este dato daría cuenta de un importante crecimiento del mercado informal de alquileres. En la ciudad de Buenos Aires, el dato más saliente es el aumento de un 193% de hogares que alquilan casas tipo B”.
La falsedad de las antinomias o el pacto PRO-K
En las ciudades no hay petróleo, no hay minerales, no hay bosques ni campo; hay tierra pública. Las corporaciones inmobiliarias codician esas tierras. Y eso es lo que se entregó en las sesiones de noviembre de 2012 en la Legislatura Porteña a partir de una asociación entre representantes del kirchnerismo y el macrismo. Así, una clara manifestación político-institucional de lo que hemos denominado como extractivismo urbano fue

este “pacto PRO-K”, que permitió otorgar casi 200 ha de la ciudad a la especulación inmobiliaria. Más allá de los pirotécnicos cruces mediáticos, ambos oficialismos coinciden en un modelo de ciudad privatizada, planificada desde la especulación inmobiliaria y las grandes corporaciones.
Como señalamos anteriormente, la tierra (y la reconfiguración del territorio) es el objetivo de las corporaciones. En este caso, entre gallos y medianoches, se concedieron por treinta años 37 ha de espacio público (37 manzanas del Parque Roca) a una sociedad anónima sin canon alguno, a la que se eximió del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del pago de Ingresos Brutos. También se ordenó la subasta del emblemático Edificio del Plata (patrimonio de la ciudad) y se entregaron decenas de hectáreas a la especulación inmobiliaria con la rezonificación a medida de las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers (que el decreto presidencial 1723 no destina a las anunciadas viviendas sociales del Plan ProCreAr, sino a la obtención de máxima rentabilidad, con “posible” pero no taxativo destino al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento). Además, el pacto PRO-K incluyó la autorización al Poder Ejecutivo local para endeudarse por US$ 250 millones (la deuda de la ciudad aumentó a más del doble desde que está Mauricio Macri como jefe de gobierno). Asimismo, en las mismas sesiones se votó el denominado “Distrito de las Artes” en La Boca, promovido por representantes del macrismo, pensado para los negocios con el arte –y no para los artistas–, lo que provocará inevitablemente la valorización especulativa y la gentrificación del área, con expulsión de vecinos y familias decanas del barrio.
Todas las leyes fueron votadas “sobre tablas”, sin siquiera despacho de comisión y, menos aún, informe técnico, tal como establece el reglamento de la Legislatura; es más, la ley de endeudamiento por U$S 250 millones se presentó horas antes de la sesión. Podrá argüirse que las formas no son tan importantes, pero en este caso tienen que ver con el fondo.
Así, el kirchnerismo y el macrismo –lejos de constituirse en una antinomia– confluyen en un mismo modelo de ciudad que no es planificada por el Estado sino por las corporaciones, a través de los privilegios que conceden a estas quienes ocupan cargos en el Estado, donde el indicador de éxito de las políticas urbanísticas es el aumento arbitrario de los valores de la tierra, con los desplazamientos de población que ello implica.
Al ritmo de una ciudad cada vez más excluyente, hemos naturalizado el avance de la privatización de los espacios públicos. La (poca) naturaleza y los espacios públicos existentes son completamente sacrificables, se consideran un “vacío” que debe llenarse con negocios. En esta línea, se avanza sobre las superficies verdes en áreas urbanas, tal como lo expresa la recien-

temente aprobada “Ley de bares en los parques porteños” (La Nación, 8 de mayo de 2014). El extractivimo urbano ha privatizado hasta el ocio y la recreación: centrado en la figura del ciudadano-consumidor, los shoppings se han convertido en las nuevas “plazas” a la que solo acceden quienes pueden consumir, multiplicándose los lugares de esparcimientos pagos.5 Lo paradójico de esta ley es que se autoriza la construcción de bares en las plazas pero se abandonan los bares y cafés notables e históricos que van desapareciendo y se demuelen ante la especulación inmobiliaria. Todo esto sin contar el impacto ambiental que significa seguir cementando la ciudad, sus escasísimos espacios verdes. Buenos Aires tiene un índice de 1,9 m2 de espacios verdes por habitante, muy por debajo de lo recomendado y de otras ciudades del mundo como Nueva York (23,1 m2) o Santiago de Chile (10 m2). Incluso la atiborrada ciudad de México casi duplica nuestro índice (Rodolfo Livingston, citado por Miguel Jurado, 2014).
El peso de las corporaciones: IRSA
La corporación inmobiliaria Inversiones y Representaciones SA (IRSA) –la más grande del país en el sector– fue una de las principales promotoras y beneficiadas por el pacto PRO-K. En la ciudad de Buenos Aires, IRSA es la mayor terrateniente urbana (podría decirse que IRSA es a lo urbano lo que Barrick Gold es a la cordillera y Monsanto, al campo). Sus finanzas y sus proyectos son los que delinean el planeamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires; o, dicho de otro modo, la política se ajusta a sus proyectos inmobiliarios. No por casualidad, IRSA tiene excelentes relaciones tanto con el macrismo como con el kirchnerismo.
En el Juicio Ético y Popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos
Aires,6 llevado a cabo en noviembre de 2013, con la presencia de numero-
5 Debe entenderse que la lucha en los territorios urbanos es por el control de sus espacios, e implica una disputa de sentidos, a saber, qué se entiende por espacios públicos; y si se convertirán en patios de comida de las cadenas de cafeterías internacionales (quienes están detrás de esta ley, sobre todo para los parques de la zona norte) o en verdaderos lugares públicos fuera del comercio para la interacción social y el contacto con la naturaleza.
6 Como señala Clarisa Ercolano (2014), esta iniciativa de corte simbólico fue promovida por un conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales del país y de América Latina. “Parte de su tribunal ético está conformado por figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Herman Schiller, Maristella Svampa y Liliana Daunes, entre otros. […] Hoy por hoy, IRSA es el

sas organizaciones sociales, se realizó un completo análisis de IRSA, empresa que posee solo en la ciudad la friolera de 16 250 000 m2 entre edificios, shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, La Boca y Recoleta juntos; o apenas un poco menos si se suman Caballito, Almagro y Flores. Si se agregan las propiedades urbanas o periurbanas que la corporación tiene en todo el país, alcanza los 21 millones de m2.
Los orígenes de IRSA datan del año 1943, cuando esta empresa “cáscara”, cuyo objeto fue cambiando a lo largo de los años, comenzó a operar en Bolsa. Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin tomaron el control de la misma en 1991, convirtiendo a una empresa que hasta ese momento daba pérdidas, en un grupo económico con activos consolidados superiores a $ 6600 millones. Uno de los primeros pasos que dio la nueva dirección de la empresa fue ponerse en contacto con George Soros, lo que permitió el ingreso de la compañía a los mercados mundiales y que sus acciones pasaran a cotizar –a través de otras empresas del grupo– en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés de New York Stock Exchange) y en la Bolsa de Valores electrónica estadounidense NASDAQ (por sus siglas en inglés National Association of Securities Dealers Automated Quotation). Según su propia página web, IRSA es la única compañía inmobiliaria de la Argentina cuyas acciones están listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuyos GDS están listados en el NYSE.
De la mano de Soros en sus inicios, y a través del fondo que este empresario lideraba en la Argentina, Quantum Fund, IRSA comenzó a adquirir importantes inmuebles y tierras en la ciudad, lo que le permitió expandirse en la primera mitad de la década de 1990. El negocio de la compañía con-

grupo inmobiliario más grande de la Argentina y su cara visible es Eduardo Elsztain, aunque los vínculos con el poder resultan evidentes cuando, por ejemplo, aparece como gerente de Relaciones Institucionales de IRSA durante diez años Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, jefe de Gabinete porteño. Aunque parezca imposible que alguien pueda ponerle el cascabel al gato, sobran acusadores que se ven afectados por estas construcciones, como el caso de los vecinos de Saavedra (villa Mitre) con el shopping DOT, que sufren inundaciones desde que una parte de los desagotes del megacentro de compras los usa de vaciadero; los vecinos de Palermo, con la construcción ilegal del nuevo shopping ubicado en los Arcos, un mall a cielo abierto que se abrirá sin el más mínimo estudio de impacto ambiental; o los habitantes de la villa Rodrigo Bueno, con el futuro megaemprendimiento que quieren llevar adelante en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, en Costanera Sur, que generaría daños en la ya maltrecha Reserva Ecológica, además de una suba de la temperatura en el microcentro porteño, ya que los edificios impedirían la llegada del viento ribereño, entre otros”.

sistió inicialmente en adquirir oficinas ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad, reciclarlas y luego colocarlas en el mercado de alquiler. Posteriormente, ese modus operandi lo extendió a la construcción de inmuebles con destino a viviendas para la venta.
Hasta el año 1998 el principal accionista de IRSA fue Soros, quien luego de las sucesivas crisis en América Latina (México y Brasil) comenzó un proceso de desvinculación, previo a la crisis argentina de 2001. Su salida desencadenó una reestructuración societaria, a partir de la cual CRESUD –otra empresa del grupo, hasta entonces gerenciadora de propiedades rurales– se convirtió en su accionista principal.
Así, en la actualidad, IRSA es dueña de los shoppings más grandes del país y de numerosos hoteles de lujo y edificios inteligentes o emblemáticos (Hotel Intercontinental, Hotel Sheraton Libertador, Hotel Llao Llao, Edificio Bouchard –sede de Microsoft Argentina–, Edificio Laminar Plaza, Edificio Prourban –conocido popularmente como el Rulero–, entre otros). Es dueña también de casi todos los shoppings de la ciudad de Buenos Aires (DOT Baires, Abasto Shopping, Alto Palermo, Buenos Aires Design, Paseo Alcorta, Patio Bullrich); es dueña, además, del 25% del predio de la Sociedad Rural. Por otro lado, es propietaria de más de 15 millones de m2 en terrenos para construir (entre ellos, Puerto Retiro; tres predios en Avenida Madero y Della Paolera; un solar muy cotizado al lado del Alto Palermo sobre la calle Beruti; y el futuro barrio número 49 de la ciudad, el Santa María del Plata, al lado de la ex Ciudad Deportiva de La Boca).
Una mención especial merece el “Distrito Arcos” un shopping que fue construido por IRSA de manera ilegal en el barrio de Palermo en terrenos de propiedad pública nacional que estuvieron destinados al Servicio Ferroviario. El gran negocio con esa tierra pública comenzó en el año 2003, cuando el Gobierno Nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE) licitó terrenos de Ferrocarriles a la firma Arcos del Gourmet S.A. para un proyecto de usos múltiples, culturales, comerciales gastronómicos y otros. Con el tiempo, esta empresa, que ganó la licitación, fue comprada por la desarrolladora inmobiliaria IRSA, famosa por realizar este tipo de operaciones poco transparentes con empresas intermediarias para hacerse de la propiedad o uso de las tierras públicas. IRSA construyó el shopping sin la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental previa, por lo que la Justicia ordenó paralizar la inauguración de la obra.7
7 A finales del año 2012, movimientos vecinales, comuneros y ex legisladores presentaron una acción de amparo. Tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia ordenó frenar cautelarmente la construcción –casi

Como consecuencia de estas medidas cautelares, IRSA necesitaba “blanquear” el emprendimiento y conseguir la habilitación ambiental para desarrollar la actividad. La empresa, diez días después, con las obras ya realizadas (que incluían cocheras subterráneas por más de 15 000 m2) solicitó al GCBA que se recategorizara el proyecto para intentar sanear tardíamente las ilegalidades cometidas. Paradójicamente, quien termina otorgándole el aval ambiental fue Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, quien poseía una larga trayectoria ambientalista en la organización Greenpeace. Pasando por alto las serias y repetidas irregularidades y desoyendo la participación vecinal, de especialistas y de organizaciones sociales en la Audiencia Pública; este funcionario se convirtió en el último eslabón de las ilegalidades que tienen como beneficiario a IRSA.
Eduardo Elsztain, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, es el dueño mayoritario de esta gran corporación.8 El mismo controla también el Banco Hipotecario desde los años noventa; en 1997, bajo la presidencia de Carlos S. Menem, el banco fue privatizado y reorganizado como sociedad anónima, abandonando su función social para convertirse en una entidad netamente comercial. La privatización del Banco Hipotecario Nacional se realizó en 45 días y para este proceso no se realizó ningún análisis técnico consistente ni se consultó a especialistas; tampoco participó ninguna consultora nacional o internacional. En la actualidad, el Estado posee el 43% de las acciones del banco y el grupo IRSA el 23%; Elsztain y su equipo son quienes controlan mayoritariamente el directorio de la entidad. Varias veces denunciado e investigado por la Justicia y por representantes parlamentarios, el Banco Hipotecario fue designado administrador fiduciario del Programa ProCreAr por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siendo favorecido con el manejo financiero de $ 20 000 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Elsztain es también el dueño de la ya mencionada CRESUD, empresa agroindustrial hoy dedicada principalmente al cultivo de soja transgénica; se trata de una corporación que, con 34 campos, posee en América del Sur más de un millón de hectáreas, produce 600 000 tn de granos, tiene 170 000

terminada– y la inauguración de la obra por irregularidades varias, cuando la empresa IRSA ya anunciaba con toda pompa la misma. Las sentencias de ambos Tribunales establecieron que este shopping fue construido de manera ilegal: no se había realizado la Evaluación de Impacto Ambiental en forma previa.
8 Véase también la nota de La Nación del 3 de julio de 2005, lanacion.com.ar/718050-eduardo-elsztain-el-dueno-de-la-tierra>.

cabezas de ganado vacuno, 15 000 de ovino, y 2800 para la producción láctea. En otros ámbitos de la economía, Elsztain está asociado a la empresa Cyrela, la principal compañía de bienes raíces en Brasil y, por si faltaba algo, en marzo de 2014 los medios anunciaban que se había asociado con una empresa canadiense para extraer oro en la provincia de Salta.9
La respuesta del Estado en el Parque Indoamericano
Quizás una de las expresiones más elocuentes de las consecuencias del extractivismo urbano en la ciudad de Buenos Aires fue la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. Este parque es un predio de 130 ha aproximadamente, que está ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio de Villa Soldati. En sus proximidades se encuentran numerosas villas de emergencia y asentamientos.10
Recordemos los hechos. Entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010, comenzó a producirse la ocupación del parque por habitantes de las villas cercanas –en su gran mayoría–, a modo de protesta por las condiciones de hacinamiento habitacional y por la ausencia de políticas estatales en materia de vivienda. Días después, el 7 de diciembre, durante la tarde, en virtud de una orden emitida por la jueza María Cristina Nazar, se llevó a cabo un desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad dependientes de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Durante lo que sería el primer operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Policía Federal, fueron asesinadas dos personas y resultaron heridas otras. A pesar de estas nefastas consecuencias, el ministro de Ambiente y Espacio Público (Diego Santilli) y el de Justicia y Seguridad (Guillermo Montenegro), ambos de la ciudad de Buenos Aires, se hicieron presentes en el lugar y declararon que el operativo había sido “exitoso”.
Durante estas acciones de desalojo ambas fuerzas represivas realizaron disparos con armas de fuego en forma indiscriminada. Así, no se trató de violencia puntual, sino de una represión generalizada, que implicó una verdadera cacería, a través de la persecución de los ocupantes hasta la
9 El grupo IRSA también habría invertido en minería, a través de fondos de inversión, en Chile y en Argentina, según información de Mining Press y El Inversor Energético. Véase, entre otros, .
10 Villa 3, Villa 20, Villa 1-11-14, Calaza, Calacita, el barrio Ramón Carrillo, el barrio Las palomas, los asentamientos Lacarra, Los pinos, Los piletones y La esperanza.

Villa 20, que tuvo como resultado las muertes de Bernardo Salgueiro (joven de origen paraguayo, de 24 años de edad) y Rosemary Chura Puña (de nacionalidad boliviana, de 28 años) a causa de heridas de bala. También decenas de personas resultaron heridas con balas de plomo, entre ellas algunos menores de edad. Sin embargo, pese a la represión, la toma continuó y, más aún, nuevas familias llegaron para instalar sus carpas precarias.
Dos días después, el jueves 9 de diciembre, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, señalaba que “no negociaría”, y que el problema estaba relacionado con “olas de inmigrantes”, en virtud de lo cual lo principal era preservar el espacio público para los “vecinos de Villa Soldati”. Vale la pena citar en forma textual las reflexiones del jefe porteño, abiertamente cargadas de un alto contenido xenófobo:
No podemos seguir expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia y que tenemos que defender la ley […] Convocamos y le pedimos a la presidente que mande de vuelta a la Policía Federal, que nosotros vamos a sumar lo que tenemos, que sabemos que no es suficiente, pero que puede ayudar, desde la Policía Metropolitana, más todos los otros ministerios que ya estuvieron presentes ahí: Desarrollo Social, Espacio Público, para ayudar a recuperar esto que es de todos […] Creo que estamos todos conscientes que la Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Creo que los argentinos estamos abiertos a recibir gente honesta que quiera venir a trabajar a nuestro país pero tenemos derecho a saber quiénes son, y no en esta situación en la cual convivimos con una situación descontrolada, donde parecería que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes, o más allá todavía de los países limítrofes, de Latinoamérica.
Y agregó:
Eso ha llevado a que de menos de 100 000 personas en situación de vivienda irregular hoy tengamos medio millón […] Lamento mucho enormemente las dos muertes, pero no tienen que ver con el operativo de desalojo que estaban llevando adelante la Federal con la Metropolitana. Son causas ajenas, con armas de tumberos, con una situación que tiene que ver con lo que describí antes: el descontrol, el avance de la

delincuencia y el narcotráfico en varios sectores de la ciudad de Buenos Aires que todavía estamos a tiempo de revertir.11
En este escenario ya dramático, con dos muertos por represión y la continuidad de la ocupación, lejos de proponer una salida al conflicto, el gobierno porteño y los funcionarios nacionales se sumergieron en un interminable intercambio de acusaciones acerca de las responsabilidades y competencias de las respectivas fuerzas represivas. El caso es que, mientras el jefe de gobierno trataba de amortiguar sus dichos xenófobos y el gobierno nacional se aprestaba a conmemorar el “Día de los derechos humanos”, la zona estuvo “liberada” con la ausencia de fuerzas policiales.12 En ese contexto, la situación se agravó y se produjeron violentos enfrentamientos entre un grupo de vecinos y ocupantes del predio. En el medio de actitudes xenófobas, los vecinos protestaron en contra de la ocupación, cortando calles e impidiendo el acceso al parque. Entre ellos había presentes, incluso, barrabravas. Como resultado, hubo otra muerte y varios heridos más. Según consignaba el diario La Nación,
unas 50 personas, entre los que había barrabravas, irrumpieron en un vértice del parque (a la altura de la avenida Castañares al 4300) y con palos, piedras y tiros corrieron a los ocupantes, que denunciaron que entre los agresores había activistas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Los ataques de las patotas y los barrabravas dejaron como saldo la muerte de Juan Castañeta Quispe, y más de 30 heridos graves.13
Durante la noche, el Parque Indoamericano –¡curiosa paradoja que llevara este nombre!– se convertía en una peligrosa tierra de nadie. Así, se vivieron escenas verdaderamente dantescas, que iluminaron el costado más oscuro y perverso del modelo de ciudad excluyente, a partir de la escalada de la xenofobia y el racismo, ilustrada por una peligrosa guerra entre pobres. Y más paradójico aún: esto sucedía en medio de la conmemoración del “Día de la democracia y los derechos humanos”.
Finalmente, el gobierno nacional solo hizo un acto oficial y decidió no llevar a cabo el megafestejo que estaba previsto para la conmemoración
11 .
12 Integrantes del Colectivo por la Igualdad recorrieron durante todo el día el parque y pudieron comprobarlo.
13 .

del día. En ese acto, la presidenta criticó duramente los dichos de Macri, enunció la hipótesis conspirativa (como lo volvería a hacer a fines de 2013 respecto de los saqueos ocurridos en todo el país, en el marco de un reclamo policial), adjudicando la escalada de los incidentes en Villa Soldati a quienes “intentan desgastar a un gobierno” (Meyer, 11 de diciembre de 2010, en Página 12), y anunció la creación del Ministerio de Seguridad, que de ese modo quedó separado del área de Justicia, y pasó a estar bajo la jefatura de Nilda Garré.
Pese a los cambios cosméticos realizados al Parque Indoamericano por parte del GCBA, un año más tarde, el problema que había desencadenado el conflicto, esto es, el reclamo de viviendas, estaba lejos de resolverse.14 El gobierno nacional tampoco había dado respuestas, más allá del anuncio de ciertos programas de viviendas de acotado alcance (ProCreAr), muy especialmente respecto de los sectores populares. Asimismo, un año más tarde, mientras los responsables del operativo policial habían sido absueltos por la Justicia, los dirigentes barriales de la zona continuaban procesados por el delito de “usurpación”. Finalmente, en diciembre de 2013 estos fueron sobreseídos (La Nación, 12 de diciembre de 2013).15
14 Como consigna un extenso informe del Colectivo por la Igualdad, al cumplirse el primer aniversario del conflicto social del Indoamericano: “[Este] se enmarca dentro de una profunda y prolongada crisis de acceso a la tierra, rural o urbana, en definitiva en una lucha por el territorio de las poblaciones argentinas. Esta crisis se ha vitalizado estos últimos años, expresiones como la ocupación del Parque Indoamericano y las demás ocupaciones que ocurrieron por esas fechas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se han multiplicado a lo largo del país. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, podemos enumerar los conflictos en las provincias del Chaco, Formosa, Jujuy. Ni el Estado nacional ni los gobiernos provinciales han adoptado las medidas profundas y necesarias para garantizar los derechos al ambiente y a una vivienda digna de miles de familias que reclaman, protestan, defienden sus territorios y luchan por el acceso a la tierra”.
15 .
Otro conflicto de gran repercusión en la ciudad de Buenos Aires, en este caso ligado directamente a la especulación inmobiliaria, fue el del Hospital Borda (de salud mental). La Policía Metropolitana, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a cargo de Mauricio Macri, ingresó al Hospital Borda y atacó con extrema violencia a médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, con un saldo de más de treinta heridos. La intervención policial fue llevada a cabo para permitir el derribo de parte de las instalaciones del hospital con el fin de construir un centro cívico, cuyo proyecto fue denunciado como parte de la especulación inmobiliaria que alienta el GCBA.

La demanda de tierra y vivienda es, así, uno de los problemas que más aqueja a los sectores populares. En relación a ello, otro caso emblemático (ya no en la ciudad de Buenos Aires), que involucró una respuesta violenta por parte del Estado, fue el que ocurrió en Jujuy, en julio de 2011, cuando la policía de la provincia reprimió la toma de tierra que habían iniciado entre 500 y 700 familias que decidieron asentarse en el Ingenio Ledesma, situado en Libertador General San Martín, a unos 106 kilómetros al este de la capital provincial. Esta toma fue conducida por la Corriente Clasista y Combativa, una de las organizaciones territoriales con mayor trayectoria en el país y de largo arraigo en la provincia de Jujuy. Como consecuencia de la acción policial murieron cuatro personas (tres jóvenes y un policía), por impacto de balas. Sin embargo, tal como había sucedido en el caso del Parque Indoamericano, pese a la represión, la toma se extendió y llegó, incluso, a otros pueblos y a barrios periféricos de la ciudad capital. Iniciada unas semanas antes de las elecciones primarias, la ola incontrolada de ocupaciones colocó en un gran tembladeral las aspiraciones políticas del gobernador Walter Barrionuevo. Quizás en razón de eso y para destrabar el conflicto, la Legislatura provincial aprobó de forma “exprés” la expropiación de 40 ha del Ingenio Ledesma.

Viñeta 1: El extractivismo urbano y los eventos climáticos extremos
Con las trágicas consecuencias del temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires y a buena parte de la provincia homónima –principalmente a la ciudad de La Plata– el 2 de abril de 2013, quedaron evidenciadas las consecuencias del urbanismo neoliberal. Como afirmó Mike Davis, el gran urbanista e historiador estadounidense, refiriéndose al huracán Katrina, que hace unos años devastó la ciudad de Nueva Orleans, “Esta es la menos natural de las catástrofes”.
Son numerosos los debates de fondo que se abrieron a partir de la catástrofe sufrida por la población platense y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Mucho más, si se tiene en cuenta que esta catástrofe hizo realidad los reiterados vaticinios tanto de científicos y especialistas como de vecinos, organizaciones sociales y asambleas barriales –que nunca fueron escuchados– en relación con la problemática de la construcción indiscriminada, la urbanización irracional y el avance sobre los espacios verdes absorbentes. En gran parte, la ignorancia sistemática de un ordenamiento y diseño territorial acorde con las leyes de la naturale-

za, en toda la geografía nacional y en las áreas metropolitanas, llevó a esta catástrofe anunciada.
Asimismo, una variable preocupante es la expansión de los megaemprendimientos residenciales –al estilo de los countries–, comerciales y turísticos, que, a partir de 2004, se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios. Al igual que en los noventa, estos grupos están poco interesados en cumplir con regulaciones urbanísticas y ambientales que, por otra parte, el propio Estado no les exige. Un ejemplo son las urbanizaciones cerradas acuáticas –que construyen su oferta en torno de paisajes asociados al agua– asentadas en la cuenca de los ríos Luján, Paraná de las Palmas y Reconquista. Tal como analizamos más adelante en este capítulo, siguiendo a la geógrafa platense Patricia Pintos, estas urbanizaciones tienden a desplazar poblaciones vulnerables y amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad del aglomerado metropolitano. Algo similar sucede con los megaemprendimientos comerciales y residenciales proyectados en Quilmes y otras localidades, que buscan emular el modelo elitista de Puerto Madero. Además, aunque parezca increíble, esto pretende hacerse invocando la defensa de la naturaleza y la sustentabilidad… Por último, otra variable importante es la proliferación de asentamientos, junto a los arroyos y ríos (inundables), así como en las ciudades.
Para el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay que sumar que la especulación inmobiliaria fomenta la construcción de torres de oficinas y viviendas exclusivas por el valor paisajístico frente al Río de la Plata, impidiendo la libre circulación de la corriente de aire proveniente del este, que mitiga un poco el efecto “isla de calor”. Una muralla especulativa, vacía y excluyente que perjudica la calidad de vida de millones de personas y beneficia económicamente a unos pocos cientos. Por ejemplo, respecto de la ciudad de Buenos Aires, esta fue construida en su actual emplazamiento y se la llamó Buenos Aires debido a esa circulación anemométrica que traía aire fresco del Rio de la Plata (más del 65% de los vientos dominantes anuales provienen de esa dirección y hoy está obstruida por las altas torres de Retiro, Puerto Madero, Catalinas, el Microcentro, etcétera). Con los planes urbanísticos existentes solo se acentúa la tendencia a cerrar el cerco a lo largo de la costa, empeorando la ya grave situación actual.
En consecuencia, se hace cada vez más necesario destacar la importancia de los factores antropogénicos, término que designa aquellos efectos y procesos causados por las actividades humanas, vinculándolos más

directamente con los modelos de desarrollo y las dinámicas políticas y económicas. Como afirma el documento presentado por numerosas organizaciones políticas, sociales e intelectuales, titulado “La tormenta tiene causas naturales, la catástrofe no” (Central de Trabajadores Argentinos, 2013), en nuestro país los procesos antropogénicos que afectan la relación entre el hombre, su hábitat y el ambiente, se ven agravados por las formas dominantes de apropiación del territorio y, en consecuencia, por los modelos de desarrollo que hoy se impulsan deliberadamente desde las diferentes estructuras del Estado.
Por otro lado, nuestras catástrofes, que suelen entrecruzar de manera perturbadora escenas microapocalípticas, esto es, localizadas, de caos y muerte, con situaciones de solidaridad y autoorganización social, lo hacen de cara a un Estado bifronte: ausente en lo que respecta a la prevención y manejo de las emergencias, pero presente, en tanto actor crucial en la instalación o potenciación de dichas dinámicas destructivas. Así, ante eventos climáticos extremos (olas de calor, tormentas, lluvias, etc.) es lógico que colapse una ciudad “planificada” desde la mera especulación inmobiliaria.
De modo que, pese a la retórica progresista en boga, no hemos salido del modelo de ciudad neoliberal. Antes bien, tanto el kirchnerismo como el macrismo enfatizaron la dinámica urbana propia del neoliberalismo. Frente a ello, cabe preguntar acerca del significado del retorno del Estado, cuando la realidad urbana muestra que su rol apunta a profundizar la acción del mercado, de la mano de los grandes agentes económicos –algo ilustrado por las reformas del Código de Ordenamiento Urbano en La Plata o por los negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, que comprometen al oficialismo local y nacional–, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable.

Entre el “modelo country” y el “modelo Puerto Madero”
Hemos fracasado como sociedad. Porque no queremos vivir en una sociedad en donde las barreras arquitectónicas primen, donde se interrumpa el tejido urbano y donde las situaciones de discriminación aparezcan patentadas. Agustín Rossi, por entonces presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), en su

presentación del anteproyecto de ley de reordenamiento territorial, Clarín, 22 de agosto de 201216
Si en nuestro país hay un tema que ha fascinado tanto al cine como a la literatura, aunque también ha sabido alimentar las secciones policiales de los diarios, suscitando los más diversos tipos de voyeurismo, es el de las urbanizaciones privadas, o más sencillamente los countries y barrios privados. Recordemos que este tipo de urbanizaciones, inspiradas en el modelo norteamericano de la vivienda unifamiliar y la seguridad privada, existen en todos los países latinoamericanos desde hace décadas, pero se expandieron notablemente en los últimos veinticinco años, desde México a la Argentina (Svampa, 2001, 2004). La nominación es por demás variada: gated communities en Estados Unidos, condominios en Chile, fraccionamientos o comunidades cercadas en México, condomínios fechados en Brasil, barrios cerrados y countries en Argentina…
El punto de inflexión en nuestro país fue la década de los noventa. A partir de ese momento, se expandieron countries y barrios privados, en un contexto de notorio aumento de las desigualdades sociales, cuyo telón de fondo sería la reconfiguración del Estado a partir del vaciamiento de lo público y la mercantilización (privatización) de los servicios básicos, como la salud, la educación y la seguridad. En este marco de nuevas asimetrías fue cobrando forma el nuevo paradigma de la seguridad y el control, basado en la segregación espacial, en el avance de lo privado sobre lo público, más aún, en la “comunidad del miedo” (Beck, 1998), cuya utopía es la seguridad concebida en un sentido puramente negativo y defensivo. La huida acelerada hacia los countries, sobre todo en el norte del Conurbano bonaerense, congregó tanto a sectores altos y medios altos, como a clases medias exitosas y en ascenso, con fácil acceso al crédito. Por un lado, el mito de la ruralidad idílica, el contacto con el “verde”, más aún, el supuesto vínculo con la naturaleza; por otro lado, la seguridad privada garantizada por los muros, los guardias y garitas; por último, la protección y socialización –homogénea– de los niños puertas adentro, constituyen los ejes de esta supuesta vuelta a una “vida de barrio” en el marco de la serialidad de lujo. Dichos tópicos eran recurrentemente alimentados por el discurso de las empresas desarrolladoras y publicitados, semana tras semana, por los suplementos especiales de los diarios nacionales de mayor tirada (Clarín y La Nación).
16 .

Más allá del discurso, el “proceso de suburbanización de las élites” (Torres, 1998) implicaba la puesta en acto de nuevas fronteras espaciales, la rotunda separación entre “el adentro” y “el afuera”, cuyo dispositivo mayor es el muro. Así, la instalación de un nuevo paradigma de la seguridad y del control, a través del muro, trajo como correlato la espacialización de la desigualdad. Convertida en un valor de cambio, la seguridad pasó a ser un bien caro y cada vez más preciado, cuya sola posesión marcaría desde entonces fuertes fronteras sociales y, aún más, diferentes categorías de ciudadanía. No por casualidad se afirma que este estilo de vida residencial representa el triunfo de un modelo liberal de ciudadanía de corte patrimonialista, montada, por un lado, sobre la figura del ciudadano propietario y, por otro, sobre la exigencia de autorregulación, uno de los leitmotiv típicos de la sociedad liberal en la época de la globalización.
Ahora bien, aquí también nos encontramos con una supuesta paradoja, pues a pesar de la retórica progresista en boga en torno de lo público, la inclusión y el rol del Estado, poco cambió bajo la década de los gobiernos kirchneristas. Al contrario, el boom del consumo y la demanda creciente de seguridad convencieron a sectores de las clases medias altas y clases medias que lo mejor era seguir apostando a este estilo residencial. Así, a partir de 2004, el fenómeno se reactivó, de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios que, al igual que en los noventa, aparecen poco preocupados por cumplir con regulaciones urbanísticas y ambientales.17
Otra paradoja propia de los tiempos kirchneristas es la siguiente: si antes de 2002, en medio del vendaval de la fragmentación y la polarización social, bajo un sentimiento de “fin de época”, la cuestión de las urbanizaciones privadas removía todavía en las clases medias el imaginario de la integración social, el modelo de la socialización mixta, en fin, el mito de la Argentina más homogénea e igualitaria, a partir de 2004, cuando se comprobó que había vida después del default, las cosas cambiaron. Al compás del nuevo boom económico, de la mano del Consenso de los Commodities, desde artistas considerados “progresistas”, periodistas variopintos y políticos de toda laya, pasaron a adoptar este estilo de vida residencial. Como las desigualdades, el mundo cada vez más ancho de los countries y barrios privados se fue naturalizando, relegándose los tonos críticos y hasta enojosos que alguna vez habían despertado. Sin embargo, los countries y barrios
17 La única excepción en el actual período ha sido la presión impositiva, ya que en los noventa muchos countries figuraban como espacios baldíos o pagaban muy poco en concepto de impuesto inmobiliario.

privados no dejan de ser una expresión neta del modelo de ciudad neoliberal. El hecho de que ahora, a diferencia de quince años atrás, aparezcan incorporados al paisaje urbano, no los hace ni más “naturales” ni tampoco los sitúa en un orden teórico y fáctico diferente al de la configuración neoliberal original.
Desde el oficialismo, son pocos los que de modo explícito han apuntado a criticar y desnaturalizar este estilo de vida, el que expresa, tal como afirmara el ex presidente del bloque oficialista de diputados nacionales, Agustín Rossi, nuestro “fracaso como sociedad”. Recordemos que, de modo inesperado, a principios de 2012, Rossi propuso un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial que apuntaba a eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas de countries y barrios cerrados. De inmediato, la propuesta tuvo una enorme repercusión política y mediática. El diputado santafesino tenía como contramodelo la ciudad de Rosario, la cual se convirtió, vía una ordenanza municipal de 2010, promovida por la agrupación territorial Giros,18 en la primera ciudad latinoamericana en prohibir –hacia futuro– la construcción de urbanizaciones cerradas. Pero la propuesta de Rossi produjo un fuerte escozor en el frente oficialista, que incluyó a la presidenta. Rápidamente, el diputado tuvo que salir a los medios y desdecirse, incluso pedir disculpas a los ofendidos habitantes –entre los cuales hay destacados políticos, como Sergio Massa,19 ex jefe de gabinete de la presidenta y, luego, uno de los referentes de la oposición; o notorios funcionarios, como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray– que viven en estos emprendimientos privados, a los que veinticuatro horas antes Rossi había caracterizado como “hongos amurallados”. “El Ejecutivo no piensa nada en contra de los barrios privados”, declaró el diputado un día más tarde, para despejar cualquier duda, aun si
18 Giros es una agrupación territorial que tiene sede en Rosario y que ha estado particularmente activa en relación al tema que nos ocupa. Véase el sitio , sobre todo el artículo “¿Quién mató a los barrios privados?”, .
19 Incluso las vacaciones de verano se presentan en una continuidad urbanística, como suele pasar en localidades playeras como Pinamar, donde también hay countries y barrios privados, para aquellos que se han acostumbrado a la seguridad privada y temen los espacios abiertos. Así, en las vacaciones de 2014, Sergio Massa y su familia se alojaron en un exclusivo country de Pinamar, coincidiendo allí con otro político argentino, Martín Insaurralde, primer candidato a diputado nacional por el FpV, en 2013. También se alojaba ahí el diputado por el PRO de la ciudad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, .

no cejó en la crítica a los countries, afirmando que estos no habían sido una buena respuesta de la sociedad… 20
El hecho refleja algo más que una anécdota, pues ilustra en un campo específico el estilo político del kirchnerismo, al tiempo que nos obliga a reflexionar sobre un aspecto poco explicitado de las continuidades entre este y el denostado menemismo. En realidad, la intervención fallida de Rossi nos recuerda que este fenómeno no solo tiene actores económicos y sociales, sino también políticos: diferentes niveles a los que no escapa el gobierno nacional, el cual, como en otros campos, y más allá del discurso progresista, avala y promueve el urbanismo neoliberal.
Recordemos que en 2001 los countries y barrios privados alcanzaban la cifra de 434 emprendimientos para la región metropolitana de Buenos Aires. En 2007, según la Dirección Provincial de Planeamiento Urbano (DPPU), se habían contabilizado 540 urbanizaciones privadas, que comprenden aproximadamente una superficie de 500 km2, algo así como dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En 1994, había solo 1450 familias asentadas en este tipo de residencia; en 2000, según datos de la Federación Argentina de Clubes de Campo, la cifra alcanzaba las 12 500 familias (Svampa, 2001). En 2007, los datos de la DPPU en relación a la provincia de Buenos Aires consignaban 50 000 familias (L. Fernández, 2012: 69), pero tengamos en cuenta que solo un 42% de la superficie ocupada había sido urbanizada hasta esa fecha (Pintos, 2012) y que únicamente una cuarta parte de toda la superficie habilitada estaba en efecto ocupada.
Durante la década kirchnerista se consolidaron todos los formatos tradicionales que incluyen no solo barrios privados, countries, clubes de chacra y condominios, sino también los pueblos privados o ciudadespueblos, como Nordelta, notablemente expandida a partir de 2004. En la actualidad, la tendencia aparece marcada por los nuevos emprendimientos que se asientan sobre territorios sociales y ecológicamente vulnerables, de la mano de discursos que enfatizan la ruralidad idílica (el verde), la
20 “No estamos pensando en abrir las barreras de los countries –aseguró–. Si hay alguien preocupado hay que darle tranquilidad. Vengo de una ciudad en donde esto se debatió hace tiempo. En Rosario se prohíbe la concreción de nuevos countries o clubes urbanos pero no dice nada de los viejos. El Ejecutivo no piensa nada en contra de los barrios privados.” No obstante, cuestionó este tipo de emprendimientos porque “los countries no fueron una buena respuesta de la sociedad” y afirmó que “muchísimos countries han interrumpido la trama urbana de las ciudades. Alrededor de los countries en general el entorno urbano se ha deprimido”, .

demanda de seguridad y, aunque parezca insólito, la “sustentabilidad”… “Floridas expresiones como ecowalking y ecociudad, que enmascaran un proceso sistemático de creación destructiva de ambiente, recursos naturales, al que sucede la generalización de paisajes banales carentes de vínculo con el entorno y vacíos de significación urbana (ibid.: 14). Esta modalidad es la que se conoce como urbanizaciones cerradas acuáticas o polderizadas.
Urbanizaciones cerradas acuáticas: una excepción no hace la regla
Humedales: nos referiremos en estas páginas a los gigantescos humedales de la llanura interestuarial, también llamada “intermareal” y/o “poligenética”, que va desde Campana hasta la salida del Reconquista. Unas 20 000 ha que una vez más intentan ser aplicadas a la creación de “núcleos urbanos” en medio de estos antiguos cordones litorales estuariales cuyas huellas están bien presentes en las cartas con altimetrías de la zona en escala 1:25 000; hasta llegar a las riberas del Luján. Precisamente aquí están las tierras soñadas de Costantini, EIDICO, Pentamar, J.P. Urruti, e IRSA y tantos otros que luego de cebarse en las tierras liberadas del municipio del Tigre, intentan renovar sus apuestas en Escobar y Pilar, ignorando las leyes que aquí caben y comprometiendo la responsabilidad del Estado en las más altas vulnerabilidades ambientales, al parecer, no imaginables por sus consultores.
Francisco Amorrortu, editor y activista ambiental,

Tal como analiza Patricia Pintos,
La corriente suburbanizadora sobre áreas de extrema fragilidad ambiental como los humedales y las cuencas de los ríos representa una clara vulneración de ecosistemas estratégicos para la sustentabilidad del aglomerado metropolitano, esto se evidencia cada vez con mayor intensidad sobre algunos sectores de los valles de inundación de los ríos Luján, Reconquista y Paraná de las Palmas y –en menor medida– sobre la ribera sur del Río de la Plata. Desde una perspectiva de mercado los otrora espacios marginales de la gran ciudad han sido rápidamente puestos en valor a partir de la construcción del sistema de autopistas y

hoy constituyen nuevos espacios de deseo para los sectores medios y medio-altos de la sociedad a merced de una oferta residencial construida en torno a paisajes y visuales asociados al agua (Pintos, 2012).
Así, las urbanizaciones cerradas acuáticas o polderizadas son aquellos emprendimientos que construyen su oferta en torno de paisajes asociados al agua, que hoy se alojan en la cuenca de los ríos. Solo en la cuenca baja del río Luján estas alcanzan el número de 54, de las cuales 29 se integran a cuatro grandes emprendimientos, debido a su tamaño y la dotación de servicios y equipamiento en común. Las restantes 25 constituyen unidades barriales únicas, con superficies que van de 20 a 550 ha (ibid.).21 Estas urbanizaciones amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad del aglomerado metropolitano. Asimismo, su expansión acentúa las desigualdades, pues generan un proceso de concentración de tierras y tienden a desplazar poblaciones vulnerables, previamente asentadas.
Por otro lado, las irregularidades y lagunas normativas son numerosas. Tal como viene sucediendo desde hace años con los formatos más tradicionales, los nuevos countries acuáticos avanzan por encima de las normativas hidráulicas y ambientales, en medio de una “institucionalidad borrosa”, llena de lagunas, que los propios desarrolladores aprovechan. Los proyectos se insertan en la maquinaria burocrática estatal, a través de organismos de control y de aprobación del uso del suelo urbano que alimentan “un sistema de tramitación opaco y escaso de reglas sólidas que lleven a los desarrolladores a revisar aspectos del producto que vienen implementando” (Pugliese y Sgroi, 2012). Asimismo, respecto de los informes de impacto ambiental, estos deberían tener en cuenta tanto la gestión del agua, el impacto sobre las cuencas hídricas, la condición natural del suelo anegable del humedal –que es no urbanizable–, como así también el impacto general que las obras hidráulicas tienen sobre el ecosistema, y sus efectos acumulativos, entre otros aspectos. Sin embargo, estos informes se emiten siempre una vez que las obras ya están concluidas o muy avanzadas. Asimismo, frente al lobby de los desarrolladores, las autoridades municipales son mucho más débiles que las provinciales, al tiempo que la confusión sobre la naturaleza jurídica de las urbanizaciones privadas lleva a la provincia “a no reconocer que las inmensas transformaciones que intro-
21 Otros trabajos indican que habría 104 urbanizaciones que están asociadas a los ecosistemas de humedales, ocupando unas 10 000 ha, de las cuales 75 serían urbanizaciones cerradas, con más de 7400 ha (L. Fernández, 2012: 81).

ducen para habilitar suelos inundables impactan sobre un sistema de naturaleza intrínsecamente público, aunque se extienda sobre un suelo que se reconoce como de propiedad privada” (ibid.).
En suma, los planes estratégicos aprobados en los últimos años en diferentes municipios del Conurbano bonaerense no solo no presentan una perspectiva ambiental sino que implican una destrucción de territorio ecológicamente frágiles y estratégicos, al tiempo que implican un violentamiento de los derechos de las poblaciones locales, sobre todo de los sectores vulnerables, que terminan por ser los nuevos desplazados en nombre del “desarrollo urbano”. Un ejemplo de ello es el Plan Estratégico de Escobar (2010), que promueve activamente el desarrollo de urbanizaciones polderizadas, tomando como modelo el boom de Pilar y el caso de Nordelta, en Tigre; y habla de modo entusiasta del nuevo paradigma de desarrollo, más aún, “del desarrollo de un suburbio verde residencial” (ibid.).
En este contexto, se ha ido diseñando un nuevo escenario de conflictos que tiene por actores, de un lado, a empresas y desarrolladores con fuerte poder de lobby, que cuentan con el apoyo –explícito o no– de las autoridades locales y provinciales; por otro lado, a movimientos ciudadanos (ONG ambientalistas, asambleas de vecinos, universitarios y profesionales comprometidos), que denuncian tanto las ilegalidades como los vacíos legales en los cuales se deslizan dichos emprendimientos. En este marco, las asociaciones civiles ambientalistas han venido presentando recursos de amparo, señalando el incumplimiento de los procedimientos ambientales, a fin de suspender las obras. Pero como indican las investigaciones existentes, pese a que en una primera instancia varios jueces dictaron rápidas sentencias de suspensión de obras, posteriormente los amparos fueron revocados uno o dos años después por tribunales superiores o por el mismo tribunal.22
La única excepción a la regla es Colony Park, un megaproyecto urbanístico de este tipo cuya construcción fue suspendida por orden judicial, como resultado de las acciones articuladas de diversos frentes de resistencia. Recordemos brevemente el caso. Colony Park es un emprendimiento iniciado
22 Además de las asociaciones ambientalistas existentes, Pugliese y Sgroi hacen referencia al rol de una persona en particular, Francisco Amorrortu (a quien citamos en el epígrafe de este apartado), conocido editor, quien se ha constituido en “una especie de gran auditor de las políticas territoriales en cuencas inundables”. Tribuno infatigable y defensor de los humedales, Amorrortu ha presentado diferentes demandas ante la Suprema Corte de Justicia provincial, participado de numerosas audiencias y expresado sus posiciones en varios blogs, en los que entrecruza estilo literario y contenidos técnicos. Véase , entre otros.

en 2007 y localizado en la primera sección de islas del Delta de Tigre, que ocupa unas 300 ha de superficie en la isla de Marzi y es definido por sus promotores como el “primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino” (Pintos, 2012). El lema para su promoción decía “Desurbanizá tu vida en 5 minutos”. Las obras hidráulicas, que implicaron fuertes cambios en la morfología del suelo, arrancaron en 2008. Permisos precarios, ausencia de estudios de impacto ambiental, tala indiscriminada, desvío de ríos y arroyos, expulsión de isleros (junqueros), ausencia total de controles públicos, constituyeron la trama oscura del emprendimiento. Así, según Gendler y Navarro (2013), el emprendimiento Colony Park conjugaba tres tipos de ilegalidades: primero, el desalojo violento de las familias que, desde varias generaciones, viven en el territorio; segundo, toma de posesión privada con un boleto de compra ilegítimo, puesto que en realidad se trata de un territorio atravesado por una cuenca internacional (que, como tal, no puede ser apropiada privadamente); por último, la violación de un proceso de evaluación de impacto ambiental.
Siguiendo a Pintos, hacia finales de 2010, la ONG ambientalista Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI) logró una medida cautelar que ordenaba paralizar el emprendimiento. Paralelamente, un grupo de isleños desalojados obtuvo una medida similar de la Justicia Federal. Frente a la instalación del conflicto y su judicialización, el municipio de Tigre, que en sus inicios no había intervenido, asumió el tema en forma activa. Dos discursos territoriales se articulaban así: el ambientalista, ligado a las organizaciones ambientales, y el que hacía hincapié en la defensa del modo de vida de los isleños.23
Lo que sucedió a esta serie de actuaciones judiciales, que colocaban el acento en la ilegalidad del emprendimiento y en la necesidad de proteger el ecosistema del Delta, por su importancia estratégica, es que el municipio, dirigido por Sergio Massa, que hasta ese momento se había mantenido
23 Gendler y Navarro (2013) diferencian y contraponen ambos discursos, no solo por sus objetivos sino en virtud de su carácter u origen de clase. Mientras que el discurso ambientalista proviene de las clases medias, la defensa del modo de vida isleño es sostenido por las clases populares. Al analizar la evolución del conflicto, los autores sostienen que, a partir de que el municipio se une al rechazo del proyecto de Colony Park, hubo un entendimiento entre los sectores ambientalistas y el municipio, que quedó reflejado en el Plan de Manejo Integral del Delta promulgado por el municipio de Tigre en 2013. Uno de los problemas sería que el Plan no hace mención a los desalojados por el emprendimiento Colony Park ni a la reubicación de los mismos, ni tampoco a su resarcimiento económico ni a los títulos de propiedad.

prescindente, cambió ostensiblemente de posición y se unió al rechazo de Colony Park.
El intendente Massa reconoció públicamente que “hay 10 500 construcciones sin declarar y con habilitaciones irregulares, entre ellas, un importante barrio náutico, con 27 casas ya construidas, cuyos valores van desde los 300 000 al millón de dólares y que no han pagado los derechos de construcción ni abonan las tasas de recolección de residuos. Hasta tienen un helipuerto sin declarar” (Lavaca, 2011).
Este reposicionamiento del ejecutivo municipal implicó
un freno a este tipo de emprendimientos y la instalación de un discurso fundado en la protección del humedal deltaico por su condición de ecosistema estratégico y por ser uno de los espacios de mayor calidad ambiental y paisajística del aglomerado. En sintonía con esto, en el año 2010 el Municipio dispuso la formulación de un Plan local de manejo del Delta cuyo primer producto fue la sanción de una norma cautelar que impedía precautoriamente la habilitación de emprendimientos de este tipo en la primera sección de islas, hasta contar con un plan definitivo. Esta norma fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en mayo de 2011 y acompañada por una exposición pública del intendente y sus funcionarios en clara oposición a Colony Park y a cualquier otra alteración del régimen ambiental y del modelo de ocupación tradicional del Delta (Pintos, 2012).
En julio de 2011, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible convocó a una audiencia pública que contó con la participación de numerosas organizaciones sociales y ambientales: “Ocho horas, frío, sesenta oradores, casi trescientas personas” (Lavaca, 2011). Un mes más tarde, la gobernación avaló el acto administrativo por el cual se denegaba la declaración de impacto ambiental a Colony Park y se planteaba la presentación de un plan de recuperación ambiental del área.
A inicios de 2013, el municipio de Tigre aprobó el Plan Integral de Manejo del Delta, cuyo documento base fue elaborado por la Fundación Metropolitana y la Universidad Tecnológica Nacional,24 el cual advierte sobre
24 .

la necesidad de intervención del Estado, reconoce que el Delta es un humedal de importancia ecológica, establece respetar la biodiversidad de las islas, y convoca a isleños y propietarios de emprendimientos comerciales, entre otros, a generar acuerdos para la regularización dominial. Un primer paso adelante en el reconocimiento de la importancia y complejidad del tema, hasta ahora, la excepción a la regla, frente al avance desenfrenado de este tipo de urbanizaciones cerradas acuáticas.
Puerto Madero como metáfora del progresismo25
Ustedes ven, Puerto Madero hoy debe ser una de las joyas de la ciudad de Buenos Aires, orgullo no solamente de los porteños y las porteñas sino de todos los argentinos, porque está ubicado aquí en nuestra ciudad, visitado por extranjeros, una obra maravillosa que ha reposicionado a la ciudad de una manera extraordinaria, la ha modernizado, la ha puesto –digo yo– en el siglo XXI. Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso de presentación y apertura de ofertas para el Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Buenos Aires-Mar del Plata, Mar del Plata, enero de 2008
Pocos lo recuerdan ya, pero en Mar del Plata, en enero de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al hacer referencia al proyecto del “tren bala” como un “salto a la modernidad”, realizó una enérgica reivindicación de Puerto Madero en nombre del “pensamiento progresista”, asociando a este la modernidad y la positividad. Quien haya escuchado el discurso debe haber quedado estupefacto, tanto por la reivindicación en sí misma como por el tipo de argumentación desarrollada, en la que no faltaron ni las extensas críticas al “pensamiento conservador” ni la puesta de distancia respecto de los años noventa.26
25 Una primera versión del texto de este apartado fue publicada en el diario Crítica y luego reproducida como artículo, bajo el título “La disputa por el desarrollo”, en el libro Cambio de época, movimientos sociales y poder político (Svampa, 2008). 26 La presidenta hizo la defensa de Puerto Madero, caracterizando como “pensamiento conservador” a aquellos que lo habían criticado, en un contexto de defensa del proyecto de “tren bala” (uno de los más disparatados de la era kirchnerista, que finalmente no se llevó a cabo). “Quiero detenerme, para finalizar y no abusar de la paciencia de ustedes, en dos cuestiones. Una es el

Ciertamente, entre tantas inauguraciones y nuevos proyectos faraónicos, la cuestión pasó bastante desapercibida. Pero frente a semejantes afirmaciones resulta legítimo plantear ciertas dudas y preguntarnos acerca del sentido más profundo de tal reivindicación: ¿cuáles son los nuevos sentidos, si los hay, que tomó Puerto Madero para que en el siglo XXI sea incluido de manera tan enfática en el acervo patrimonial del progresismo? ¿Acaso no teníamos entendido que Puerto Madero era un símbolo del menemismo? ¿Y qué sucede si efectivamente se ha convertido en un símbolo del progresismo, pero no en el sentido evocado por la presidenta?
Cualquiera que hoy recorra el área de Puerto Madero quedará sin duda boquiabierto frente a la expansión inmobiliaria de la última década, que hizo del barrio la zona más selecta de Buenos Aires. Así, la proliferación de oficinas y hoteles de lujo, las altas torres con vista al río y los edificios de “primera categoría” que se van sumando día tras día, parecen decirnos que, pese a las controversias que desató tal proyecto, el sueño menemista se cumplió con creces. El carácter elitista del barrio es tal que, más allá de su vecindad con la zona céntrica, Puerto Madero es sin duda otra ciudad, cuyo parentesco con los countries y barrios cerrados, símbolo de la privatización y de la autosegregación espacial, resulta innegable.

titular de uno de los últimos editoriales, ya en agosto del 93: ‘Puerto Madero, ni parque ni puerto’. Y yo creo que ahí está una de las claves de lo que yo denomino el pensamiento conservador frente a determinadas cuestiones. Porque es cierto, Puerto Madero no es ni parque ni puerto, es Puerto Madero. Hay dificultad muchas veces en ciertas categorías de pensamiento en imaginar algo distinto a lo que ya está, algo distinto al statu quo. Hay gente a la que le cuesta imaginar cosas diferentes, hay gente que no puede creer que podamos tener otro país y otras cosas. Y yo creo que se refleja en esto, era malo porque no era ni parque ni puerto, porque no estaba dentro del statu quo, porque no estaba dentro de lo establecido. Esta es una de las claves del pensamiento que por ahí soy injusta en denominarlo conservador y tal vez debería decir reaccionario, pero como reaccionario es peyorativo y adjetivante prefiero identificarlo con una corriente de pensamiento acorde con los tiempos que corren y que hay en todas partes. […] Creo que es importante que todos hagamos un intento de modificación inclusive cuando nos plantean el problema, la idea, de primero plantarnos positivamente frente a las cosas, porque no solamente es una cuestión de pensamiento conservador sino que muchas veces nosotros mismos, todos, no estoy erigiéndome en perfección y dando lecciones de cómo debemos ser; todos, siempre, aun teniendo un pensamiento de carácter progresista, muchas veces tenemos cierto grado de negatividad ante un proyecto. Siempre hagamos el ejercicio de intentar ver la parte buena que eso tiene.” La cita del epígrafe de este apartado pertenece al mismo discurso, .

Desde los inicios, Puerto Madero estuvo signado por las controversias. La historia cuenta que hacia fines del siglo XIX, las grandes ciudades asentadas junto a un río contaban con un puerto, y Buenos Aires, cuyos movimientos económicos y migratorios se multiplicaron con el despegue del modelo agroexportador, no podía ser la excepción. Así, la construcción del puerto, que primero había sido demorada por las sangrientas disputas entre la ciudad de Buenos Aires y el interior y, luego, por las propias divisiones internas de la burguesía porteña, se tornó hacia 1880 una suerte de causa nacional.
En un libro ya clásico, Del centro a los barrios (1977), James R. Scobie analiza la disputa entre el proyecto del ingeniero Luis A. Huergo, más adecuado para la ciudad de aquel entonces, y el de Eduardo Madero, cuya visión de la modernidad era más afín con las grandes ambiciones de la época. Finalmente, triunfó la propuesta de Madero y el moderno puerto fue construido, con sus diques y exclusas, entre 1888 y 1898. Sin embargo, una década más tarde el puerto ya era obsoleto, por lo cual el Estado se vio obligado a encarar la construcción de un nuevo puerto, más al norte, esta vez retomando las ideas de Huergo. El resultado fue Puerto Nuevo, con sus dársenas dentiformes que se incrustan directamente en el río, inaugurado en 1926, y todavía hoy en funciones.
Puerto Madero quedó así desafectado, para convertirse en una de las zonas más degradadas de la ciudad. Décadas más tarde, la Costanera Sur y el balneario municipal de la ciudad –un paseo obligado de los porteños desde 1918– fueron, asimismo, abandonados en favor de la Costanera Norte. En consecuencia, el ocaso de Puerto Madero y el cierre del acceso a la zona de Costanera Sur –esta última, por obra de la última dictadura militar–, vinieron a confirmar una paradoja que no pasaba desapercibida para ningún visitante extranjero: la de contar con una capital portuaria erigida de espaldas al río.
Hubo varios proyectos de hacer avanzar la ciudad hacia el río, incluso uno del gran arquitecto Le Corbusier. Pero, en sintonía con otros procesos de renovación portuaria (Barcelona, Sidney), no sería sino en los noventa y bajo la gestión de Carlos Menem que la transformación se llevaría a cabo. Fue así que, en 1989, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Ministerio del Interior de la Nación, junto con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, suscribían un convenio a través del cual se constituía una sociedad anónima llamada Corporación Antiguo Puerto Madero. El área, que ocupa 170 ha, quedó bajo la gestión integral de la corporación, cuyo directorio incluye, entonces, autoridades del gobierno nacional y de la ciudad capital.

Prontamente, con sus negocios oscuros y su voracidad privatizadora, Puerto Madero se convirtió en uno de los símbolos más acabados del menemismo. Al compás de una globalización excluyente que en clave urbana significó una redefinición drástica de las fronteras espaciales, se llevó a cabo uno de los más fabulosos negocios inmobiliarios del país, en el que las jurisdicciones superpuestas, las controversiales asignaciones de tierras y los conflictos entre capital privado y patrimonio público, serían algo más que notas de color. Puerto Madero creció de manera vertiginosa –solo en los primeros cinco años se reciclaron 400 mil m2, y aparecieron los primeros restaurantes y oficinas comerciales sobre la dársena sur–, aunque durante la crisis de 2001-2002 debieron postergarse varias obras.
Finalmente, el impulso y la fisonomía que tomó a partir de 2004-2005 marcan de pleno su ingreso como sede privilegiada de las élites y como microciudad global, integrada al modo de producción dominante. Por otro lado, a las oficinas y los primeros locales comerciales, se añadió el desembarco de grandes empresas y firmas de lujo, uno de cuyos ejemplos es el shopping Madero Harbour, un centro comercial de más de 120 locales y 3000 cocheras, destinado a un target ABC1, con sectores comerciales reservados para las marcas de primer nivel del mercado local e internacional. En 2007, tanta muestra de grandilocuencia tuvo su broche de oro en el Tren del Este, que costó la suma de US$ 250 millones; sin embargo, el tranvía –producto de una donación del gobierno nacional– pasó a funcionar como un ramal turístico que no aportaba en nada a los graves problemas de circulación de la capital, y solo sumó un elemento más de “distinción” a la microciudad global.
Según datos del censo de 2010, en Puerto Madero viven 4720 personas, mientras que, en 2001, eran 296 los habitantes permanentes contabilizados; “aunque desde un ‘piso’ muy bajo, es el barrio de mayor crecimiento demográfico de la última década: más de 1000%”(Pecoraro, La Nación, 4 de septiembre de 2012) Ese mismo censo arrojó otro porcentaje elocuente, que hemos citado más arriba: solo el 28% de las viviendas construidas en Puerto Madero están habitadas. Junto con el barrio de Recoleta, es el que registra más viviendas vacías, en una ciudad donde la emergencia habitacional afecta a los sectores populares.
En la década kirchnerista, Puerto Madero se convirtió en lugar de residencia por excelencia de la clase política y de los sectores sociales de altos ingresos, complementando y, al mismo tiempo, desplazando en términos de “exclusividad” y “seguridad”, a los countries y barrios privados, estos últimos más expuestos ahora a los robos e, incluso, los secuestros “exprés”. Uno de los pioneros en optar por el selecto barrio fue el propio Néstor

Kirchner, que en 2008 instaló allí su oficina, después de dejar la presidencia, seguido luego por varios funcionarios de alto rango.27 En 2011, por lo menos cuatro ministros del gobierno nacional vivían en el barrio, además del vicepresidente, algunos jefes sindicales y empresarios ligados al oficialismo.
En realidad, hay que decir que Puerto Madero no presenta fisuras respecto del modelo inicial, instalado por la dupla Carlos Grosso-Carlos Menem. Las continuidades coexisten con ciertas líneas de ruptura que se refieren a la creación de espacios públicos, los cuales respiran una serena hipermodernidad, con sus calles peatonales, sus espejos de agua, sus grandes monumentos, sus vistosos puentes y sus iluminados parques. Pero estos espacios públicos, que invitan al recorrido turístico de fin de semana, vienen acompañados de otro dato: las calles que atraviesan y circundan el barrio llevan nombres de mujeres, casi todas ellas destacadas luchadoras, como la socialista Alicia Moreau de Justo, la anarquista y feminista Virginia Bolten o la fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, desaparecida bajo la última dictadura militar. El Parque Mujeres Argentinas, con su gran anfiteatro, y las barrancas artificiales del Parque Micaela Bastidas, precursora de la independencia americana, completan el panorama, donde no falta tampoco algún nombre indígena –como el de Aime Painé, conocida cantante mapuche fallecida tempranamente–. Claro que no pocos sonreirán ante tamaña burla o ironía, y pensarán la escasa satisfacción que sentirían todas estas mujeres si supieran que sus nombres hoy bordean los lujosos edificios de un barrio de élite donde el precio promedio del metro cuadrado se ubica en torno a los US$ 4724, esto es, US$ 700 más que en Punta del Este y US$ 1200 más que en Recoleta.28
Si sondeamos las fronteras con Costanera Sur, podrá verse también la Escuela de Bellas Artes de la Cárcova, donde está el museo de calcos. Por la misma calle se llega hasta el conflictivo casino flotante, propiedad de
27 “Los kirchneristas pioneros de Madero fueron el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y dos de sus rivales de Planificación Federal, el ministro del área,
Julio De Vido (su hijo Facundo vive ahí), y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Ginés González García, embajador en Chile, tenía también un departamento cuando era ministro de Salud pero [posteriormente] lo vendió. El ex secretario de Medios, Enrique Albistur, advirtió rápidamente que la zona era un buen sitio para invertir.” .
28 . La nota anterior del diario Clarín, consignaba que el metro cuadrado podía llegar a US$ 6500. .

Cristóbal López, uno de los símbolos –junto con Lázaro Baez– del llamado “capitalismo de amigos”. En octubre de 2011, la Corte Suprema dictó un fallo histórico en relación a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, por medio del cual se le permitía al gobierno de Mauricio Macri cobrar impuestos al casino flotante de Puerto Madero que pertenece a López. Sin embargo, el zar del juego presentó recursos de amparo y la Justicia dictó medidas cautelares, que hicieron que hasta el día de hoy el GCBA no pudiera cobrar esos impuestos. Pero en diciembre de 2013 se registró una inflexión en el caso, ya que en solo media hora de debate la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (con los votos del macrismo, el kirchnerismo y Nuevo Encuentro) validó el controversial acuerdo que modifica el convenio del juego y que condona más de $ 2000 millones en impuestos adeudados por López en el Hipódromo de Palermo y el casino flotante.29 El hecho muestra otro aspecto del pacto PRO-K y diluye el carácter supuestamente antinómico entre los dos gobiernos.
La frontera lábil de Puerto Madero con la Costanera Sur –incluidos su reserva ecológica, sus carritos de choripán y sus reposeras, en fin, su carácter popular– nos indica que el barrio es, efectivamente, otra ciudad, portadora de una configuración novedosa y hasta, podríamos decir, una tensión inquietante en su curiosa combinación de lo privado y lo público. Esta tensión fue bien captada por Raúl Castells, el dirigente piquetero, quien en 2006 abrió un comedor comunitario al borde de uno de los canales, muy cerca de la fragata-museo Sarmiento y del modernísimo Puente de la Mujer. El puesto fue clausurado en julio de 2007 por un diligente fiscal contravencional, alegando “incumplimiento en materia de seguridad, higiene y habilitación”. El puesto de Puerto Madero le habría sido cedido a Castells por un empresario naviero afín al kirchnerismo, dueño de varias propiedades en el área y socio comercial del gobierno de Cuba.
En fin, la excepcionalidad del barrio es tal que, durante el tórrido inicio del verano 2013-2014, cuando se registraron sucesivos cortes de electricidad y numerosos vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense salían a manifestarse con cacerolazos para pro-
29 “El año pasado el fisco porteño recaudó por el juego unos $ 350 millones. Con el acuerdo sancionado ayer, que durará hasta 2018, Lotería le transferirá a la Ciudad el 50% de las ganancias, y además los concesionarios harán un aporte voluntario del 3% de sus ingresos, con lo cual las arcas porteñas recibirían unos $ 300 millones anuales extra. A cambio, renuncia a reclamar los impuestos no cobrados estos años, que se estima superarían los $ 2000 millones.” .

testar por la falta de luz y de agua, Puerto Madero fue uno de los pocos barrios que no padeció los efectos de los cortes. “Los desarrolladores inmobiliarios de la zona sostienen que uno de los motivos es la construcción de las subestaciones eléctricas, con las que cuenta cada edificio, que abastecen el 100% de la corriente de cada torre.” Todos los edificios de la zona son eléctricos y están preparados para un mayor consumo.30
La breve historia de Puerto Madero termina aquí, justo donde comienza la cartografía dura, pues para las élites económicas y políticas el horizonte es claro: la recuperación económica confirmó que había vida después de la convertibilidad, y que tanto el desarrollo de la conflictividad social como el retorno del consumo no se oponen en absoluto a la consolidación de las distancias sociales, y por ende, a la cristalización de las asimetrías. En este escenario, la ciudad despreciada durante los noventa, vuelve a cobrar atractivo e importancia, una vez asumidas las fracturas sociales. En otros términos, todo parecería indicar que las élites en los tiempos del progresismo ya no se inclinarían exclusivamente por los marcos y dispositivos característicos de la década anterior (que en términos urbanos encarnan los countries y barrios privados, con su cierre excluyente y sus altos muros), sino por desarrollar formas más sutiles de segregación y modalidades diferentes, que implican una combinación sofisticada (aunque no explosiva) entre apertura y cierre, entre inclusión y exclusión.
Así, la evolución y actual fisonomía de Puerto Madero constituye efectivamente una metáfora del progresismo, que lejos de apuntar a un futuro de “inclusión”, ilumina sobre sus dobleces y nos advierte acerca de sus continuidades y limitaciones: pues el barrio expresa la contundente concentración de la riqueza, amplificada en los noventa y consolidada en estos últimos años, al tiempo que ofrece una cierta flexibilización de las fronteras, anteriormente rígidas, a través de la creación de algunos vasos comunicantes.
30 “Puerto Madero es un barrio nuevo, con redes de media y baja tensión de pocos años, por eso es natural que no hayan tenido problemas”, explicó el ex secretario de Energía Emilio Apud. Es justamente desgaste de las instalaciones eléctricas en el resto de la Ciudad lo que provoca los apagones”, . Otros artículos sostienen que en Puerto Madero ha habido “aumentos de las tasas de contribuciones, como el ABL, y se han incrementado notablemente durante el último año los costos de mantenimiento y expensas”, .

Del mismo modo que el modelo country es hijo del menemismo, el modelo Puerto Madero es hijo del kirchnerismo y muestra sin dudas otro de los costados oscuros del progresismo. Y entre ambos modelos existen, además, bastantes pasarelas, pues los dos proyectan una mirada sobre lo urbano que acepta como un dato esencial la cristalización de las desigualdades sociales. En el caso de Puerto Madero, hay que añadir la existencia de espacios públicos que producen una (falsa) sensación de apertura. Dichos espacios públicos –especialmente los fines de semana– permiten un cierto goce colectivo y habilitan una pacífica visión del lujo y la ostentación propia del barrio. Así, lo que estaba absolutamente vedado en la década anterior, ahora deviene, en clave “progresista”, una suerte de promesa de cruce, de ilusión de contacto, que alimenta los entusiasmos de más de uno, pero que en realidad no afecta en nada a la matriz elitista fuertemente incrustada en la cartografía de nuestra sociedad.

Viñeta 2: La segunda desaparición de Haroldo Conti
Pablo Bergel1
Haroldo Conti ha sido nuevamente secuestrado y desaparecido. Ocurrió entre el 4 y 5 de noviembre pasados; allí donde serpenteaba “su” arroyo Anguila bajo una bóveda de árboles, en el bajo delta. Yo mismo lo vi, junto a una decena de pobladores, nacidos y criados en esas islas, habitantes por décadas o generaciones, junto a sus familias. Ese es el escenario y son los personajes de Sudeste, una de las novelas más significativas de Haroldo. El arroyo no existe más, fue taponado y sepultado por toneladas de tierra; las viviendas y plantaciones de los isleños tampoco existen más, también ellas arrasadas, quemadas, aserradas… desaparecidas. Yo estaba allí y lo vi; junto a ese grupo de isleños “exiliados” que sin embargo vuelven y resisten, no se resignan, y otro grupo de compañeros del INTI, con quienes tomamos fotos y videos; intentamos reabrir el arroyo a pura pala pero no pudimos: el Anguila desapareció. No había carros
1 Sociólogo, en 2009 era director del Programa INTI-Calidad de Vida. Desde 2011 es diputado por la ciudad de Buenos Aires, por Proyecto Sur, e integra junto con Gustavo Vera el bloque Verde-Alameda. El artículo fue publicado el 22 de noviembre de 2009 en .

de asalto; ahora eran dragas, retroexcavadoras, palas mecánicas. No había Falcon verde; había una lancha blanca con la inscripción “islacolonypark”, desde donde se dirigían las operaciones. Resultó inútil el temprano aviso a Prefectura: hay “zona liberada”.
Los isleños que se quedaron sin vivienda y sin trabajo son junqueros, pescadores, recolectores, plantadores. Entonces se autoconvocaron como asamblea de vecinos y decidieron recurrir al INTI, y allí fuimos: firmamos un convenio con varios objetivos de trabajo, iniciando por levantar un galpón en terrenos cedidos por un isleño en un arroyo cercano, La Paloma, para capacitación y producción, iniciando por agregar valor a la cadena del junco. Días después, un cartel indicador del proyecto conjunto, con logo bien visible del INTI, fue destruido y desaparecido bajo tierra por las mismas retroexcavadoras; además, la entrada del arroyo La Paloma, que conduce al emprendimiento, fue obturada con tierra, pero esa vez sí pudo ser reabierta a pico y pala por los isleños. La misma lancha blanca dirigiendo las operaciones: Colony Park, presunta empresa que mueve muchísimo dinero (eso está a la vista, aunque hay fuertes dudas sobre su origen, propietarios reales, etc., rumores hay muchos, no hemos investigado eso, no nos corresponde a nosotros). Están haciendo un country de más de 300 ha en esas islas con una oferta tentadora (“Desurbanizá tu vida en 5 minutos”), protegido por Prefectura, auto y yate a la puerta del chalet.
Quizás alguno se tiente en invertir para la tranquilidad y felicidad de su familia, o de su billetera: eso sí, conviene que averigüe bien cuáles son los costos y riesgos de construir sobre un humedal rellenado a metros del río abierto y las sudestadas; no vaya a resultar un incauto estafado por los nuevos colonyzadores. Para realizar este pequeño Dubai del subdesarrollo, están subiendo la cota de la isla y rellenando su interior en más de cuatro metros; alterando de manera violenta y profunda no solo la vida de los pobladores, sino todo el ecosistema del delta inferior, un humedal protegido internacionalmente por la convención RAMSAR, que Argentina firmó. El Estado, en todas sus ramas y niveles, tiene la obligación de proteger el delta y a sus habitantes. Llenarlo de countries, contaminarlo con efluentes industriales o domiciliarios, asfixiar la pesca, arrasar el monte nativo, impedir su dinámica de regulación, depuración de aguas, control de inundaciones (“efecto esponja”), empobrecer su biodiversidad con nuevos monocultivos (ahora se menciona al bambú, como la “soja del delta”, para lucrar con los “bonos verdes” en el perverso “mercado del carbono”), crear un “clima de inversiones” con “seguridad jurídica” para el gran capital, parece ser el plan maestro de esa asociación impune de

“desarrolladores” inmobiliarios, capitalistas truchos y seguramente funcionarios judiciales y políticos. Es evidente que semejante devastación y atropello no podría existir sin fuertes apoyos “desde arriba”.
Ya de regreso, como dolorosa ironía, pasamos frente a la “casa-museo” Haroldo Conti, en el hermoso arroyo Gambado, hito del “circuito turístico-cultural”. Tengan cuidado, señores, no vayan a ser recibidos por el fantasma de Haroldo… con algún trabucazo destemplado.

Tras los paisajes primarios: las vías de la desposesión en la Patagonia
Lugar ancestral de comunidades indígenas sobre cuyas tierras, cultura y cuerpos se llevó a cabo la llamada “campaña del Desierto”, la Patagonia continúa siendo símbolo del arrinconamiento y despojo a los pueblos originarios. A esto hay que sumarle la gran cantidad de proyectos tendientes al control de la tierra y los bienes naturales, sea en la meseta árida (el denominado “desierto”, metáfora por excelencia utilizada en la región), como en los turísticos territorios cordilleranos. Así, lo que viene sucediendo en las últimas décadas es que –en una proporción mayor a la de otras épocas– se han multiplicado las puertas y vías de la desposesión. Algunos hablan de “segunda conquista” (comunidades indígenas); otros de “recolonización”. Lo cierto es que el nuevo ciclo de acumulación del capital, basado en la expansión de las fronteras de explotación, abraza cada rincón de la Patagonia.
Tuvimos oportunidad de comprobarlo hace varios años ya, a principios de 2007, cuando asistimos a un encuentro regional de la Asamblea Coordinadora Patagónica contra el saqueo y la contaminación, realizado en una escuela pública de la localidad Puelo, donde había representantes provenientes de diferentes lugares de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. Una cuestión que llamó nuestra atención no fue tanto el carácter heterogéneo de la asamblea –nos sentamos en una larga mesa dispuesta de modo cuadrangular, en la que había desde colectivos asamblearios, ONG ambientalistas, profesores universitarios y organizaciones sociales–, sino la gran cantidad de problemáticas a las que las comunidades afectadas debían enfrentarse: privatización, extranjerización y acaparamiento de tierras, despojo a las comunidades indígenas, avance de la megaminería, expansión de la frontera hidroeléctrica (represas), avance de la frontera forestal, contaminación petrolera, cercamiento de lugares y espacios públicos (costas

de ríos y lagos), megaemprendimientos turísticos y residenciales de élite. También se habló de la expansión de la frontera sojera (que en ese momento promovía, a través de un proyecto con empresas chinas, la provincia de Río Negro, y que luego fue declarado inconstitucional). No estaba incluido el fracking, pues todavía faltaban cinco años para que empezara a hablarse del nuevo maná, El Dorado: el gas y el petróleo no convencionales.
Así, como señalan tantos activistas y especialistas de diverso cuño,31 no es casual que la Patagonia sea uno de los escenarios con mayor cantidad de conflictos relativos a la tierra y el control de los bienes naturales.
Sin ir más lejos, en la edición de enero de 2004 de la revista National Geographic, la región es definida como un “espacio abierto a la ocupación internacional”, en donde su territorio y sus recursos aún “esperan al afortunado”. Es que la Patagonia cuenta, por ejemplo, con cerca de

230 000 km2 de cuencas con recursos hídricos, 4000 km2 de superficie sobre el área de los hielos continentales y glaciares, y cuenta, en síntesis, con una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, más una potencialidad en términos de reservas de hidrocarburos y minerales todavía no del todo conocida y una muy interesante perspectiva en términos de ser fuente de nuevas formas de energía. Por esta razón, no debería sorprender que la región venga crecientemente siendo sinónimo de conflictos por la apropiación de sus tierras y sus recursos, aunque estos no sean masivamente dados a conocer (Galafassi, 2008).
Entre otras cuestiones, el tema de la extranjerización de la tierra ha sido una de las constantes propias de la historia patagónica, hoy agravadas en el marco del nuevo ciclo de acumulación por desposesión. Así, durante la época menemista, el propio Daniel Scioli, entonces secretario de Turismo, pasó a ser el embajador argentino frente a los visitantes multimillonarios, empresarios y conservacionistas extranjeros, a quienes llamaba a invertir en la compra de tierras en la cordillera (Sánchez, 2006: 198). Después de
31 En la difusión de esta compleja trama de conflictos ligados a la tierra y los recursos naturales en la Patagonia Norte, destacamos los trabajos de varios colegas, entre ellos los llevados adelante por: Andrés Dimitriu y Guido Galafassi
(a través de la revista Theomai); el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos; las comunidades mapuches; el Observatorio Petrolero Sur; periodistas como Susana Lara, Daniel Otal y Gonzalo Sánchez (autor de dos libros sobre estas problemáticas, de 2006 y 2011); ecologistas como Lucas Chiappe (Proyecto Lemu), Ana Wieman (Árbol de Pie) y Alejandro Yanello (Asociación Piuke), entre tantos otros pioneros.

la crisis de 2002, la devaluación abarató mucho el costo de la tierra en otras monedas, con lo cual la Patagonia se convirtió rápidamente en una inversión atractiva, una suerte de “destino Premium” para aquellos magnates extranjeros que buscaban conjugar el goce de los paisajes primarios con la absoluta privacidad. Como señala Sánchez (2011: 130-132) al respecto, el escenario en la Patagonia es más o menos el siguiente: Benetton controla un millón de ha; Douglas Tompkings, 150 mil ha (y otras tantas en el Iberá); Joe Lewis (con el lago Escondido incluido), 18 000 ha en Chubut; Ted Turner (uno de los pioneros), 55 000 ha en Neuquén y Tierra del Fuego;
Ward Lay, el magnate de las papas fritas, 80 000 ha en Alicurá…32
Se estima que el 10% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros (la Federación Agraria Argentina –FAA– llegó a hablar de 27 millones de ha; otros reducen esa cifra a 17 millones, esto es el 5% de las tierras). Diez años después de que la FAA impulsara una reforma de la ley de tierras, en 2011 el oficialismo promovió una nueva ley para regular ese bien, que fue aprobada ese mismo año (Ley 26 737); para muchos, la norma no solo llegaba demasiado tarde sino que era insuficiente. La misma limita al 15% del territorio nacional la venta a empresas o particulares extranjeros y restringe a 1000 ha la superficie de los terrenos que pueden ser adquiridos por estos en el núcleo productivo (lo cual no tiene, claro está, carácter retroactivo), pero no contempla la cuestión del arrendamiento ni del uso de la tierra.33
32 “Hay otras provincias también codiciadas. Los actores Robert Duvall, Richard Gere y Matt Damon son propietarios de varias estancias en las provincias norteñas de Tucumán, Salta y Jujuy. Grandes grupos vinícolas franceses, españoles e italianos se han instalado en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, que ofrece tierras y un clima excepcional para el cultivo de la vid. Ahí, la hectárea vale diez veces menos que en California. Grandes grupos mineros, en su mayoría canadienses, explotan minas de oro y plata en las provincias de San Juan, La Rioja y Santa Cruz. Entre los inversionistas figura Bill Gates, el hombre más rico del planeta.” Christine Legrand, diario La Nación de Chile, 25 de marzo de 2007, reproducido en php?ed=1&di=10&no=55288>.
33 “La nueva legislación impide la posibilidad de adquirir tierras en el país a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la nación Argentina, con excepción hecha de quienes cuenten con diez años de residencia continua o tengan hijos o cónyuges del país con residencia continua, permanente y comprobada de al menos cinco años. Hay una restricción a la adquisición de tierras por parte de un extranjero, que es de 1000 hectáreas en la zona núcleo argentina (o su equivalente para otras regiones). A su vez, los extranjeros tampoco podrán adquirir predios una vez alcanzado el 15 por ciento del total de tierras rurales de cada ‘unidad

Lo paradójico es que la Ley 26 737 terminó “legitimando” o “legalizando” el acaparamiento de tierras ya existente. También advertimos que esta norma no prevé otras formas de control de los territorios distintos al “dominio” o “propiedad”. Por ejemplo, los centenares de miles de hectáreas que están concedidas a transnacionales mineras a lo largo de la Cordillera o precordillera, o el caso de los arrendamientos de tierra por parte de capitales extranjeros para el agronegocios.
En agosto de 2013, fue la propia presidenta quien efusivamente anunció los primeros datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) en el marco del cumplimiento del artículo 15 de la Ley Nacional 26 737. Sin embargo, los resultados del mismo son muy recortados y de dudosa solidez. El investigador Federico Soria realizó un análisis34 de ese informe y solo en la provincia de Mendoza encontró numerosas inconsistencias.35

administrativa’ (llámese provincia, departamento o municipio u otro distrito rural)” (Margulis, 2012). Por otro lado, “el proyecto de ley no contempla –y por lo tanto, no impide– la participación de extranjeros en fondos de inversión o fideicomisos destinados a la explotación de tierras de terceros en arrendamiento, ni el uso que se haga del suelo, algo que sí se considera en la ley brasileña, similar en otros aspectos a la argentina. La Federación Agraria, que apoya esta ley, promueve de manera paralela un proyecto para regular el arrendamiento de tierras. Según explicó Luis Contigiani, un especialista de la institución, ‘hoy no existe una ley que regule el arrendamiento, ni que proteja el uso del suelo. Depende del contrato entre propietario e inquilino, que a veces es solo por un año, y no se regula que se cuide el recurso’”, .
34 . Recomendamos la visita a este blog, donde este meticuloso investigador analiza distintas cuestiones ambientales con mucha precisión y alto nivel técnico.
35 Caso Nº 1. Departamento Las Heras (Mendoza): superficie total 895 500 ha. Principales propiedades en manos de extranjeros: a) estancia Yalguaraz (Coro
Minning, Canadá) 180 000 has, allí se iba a ubicar la explotación de la mina San Jorge, rechazada por la población y la Legislatura de Mendoza, a la cual la empresa no ha renunciado aún y planea rediseñar contemplando hasta las más disparatadas formas imaginables; b) estancia Villavicencio (Danone, Francia) 70 000 ha, dueña de la conocida marca de agua mineral, producto que se origina allí mismo, donde se capta y envasa para su comercialización (el campo es, además, una reserva natural privada reconocida como tal por el propio gobierno de Mendoza y el CONICET). El mapa oficial del RNTR pone a Las Heras en un rango de porcentaje de tierras en manos de extranjeros que está entre el 10% y el 15%; sin embargo, solo esas dos propiedades representan ya el 28% de la superficie total del departamento.
Caso Nº 2. Departamento de Malargüe (Mendoza): superficie total 4 131 700 ha. Principales propietarios extranjeros: a) Nieves de Mendoza SA (Walbrook, Reino
Unido, conocidos popularmente como los “malayos”, por contar su accionariado

Privatización y especulación inmobiliaria en la Patagonia
La extranjerización potenció el proceso de acaparamiento de las tierras agravando el despojo y arrinconamiento de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, la concentración de la propiedad rural generó otros conflictos, ligados a la privatización de los espacios considerados como de uso público por la ley: acceso a lagos, costa de ríos, entre otros. Pero esto no es exclusivo de los extranjeros.
Los nuevos ricos argentinos, principalmente estrellas del espectáculo y del deporte, pero también políticos, constituyen a su vez una nueva burguesía terrateniente. El jugador de básquetbol Emanuel Ginóbili, estrella de los Spurs de San Antonio en la NBA, invirtió más de dos millones de dólares en proyectos turísticos de gran lujo en las costas del río Negro y en la ribera del lago Correntoso, en la Patagonia. El futbolista Gabriel Batistuta, ex delantero de la Fiorentina, se ha convertido en uno de los grandes terratenientes de la fértil provincia de Santa Fe (Legrand, 2007).
Las quejas acerca del cierre de caminos y la denegación de accesos a ríos y lagos van dirigidas hacia una larga lista de personas que incluye desde astros locales de la televisión como Marcelo Tinelli, hasta magnates como Ted Turner o Joe Lewis, cuyo caso en relación al acceso a la costa del lago

con varios miembros originarios de Malasia), es dueño de un total de 600 000 ha, repartidas entre los campos Las Leñas, Valle Hermoso, Los Molles, Los Amarillos, El Álamo, Agua del Toro (Payunia) y dos campos en Río Colorado que pertenecían a la firma Automotores Perú; b) Minera Vale (Brasil) es dueña de varias propiedades superficiarias: una donde se ubica el proyecto minero Potasio Río Colorado y otras dispersas, entregadas en comodato a los pobladores que fueron desplazados, totalizando 160 000 ha. El mapa oficial del RNTR pone a Malargüe en el rango del 10% al 15% de tierras en manos de extranjeros; sin embargo, solo los dos propietarios mencionados acaparan el 19% de la superficie del departamento.
Caso Nº 3. Departamento de San Rafael (Mendoza): superficie 3 123 500 ha. La empresa Sominar posee 570 000 ha distribuidas entre la estancia El Sosneado (330 mil) y el campo Piedras de Afilar; esta empresa tiene en su directorio y entre sus accionistas a personas físicas y jurídicas de origen japonés. El mapa oficial del RNTR pone a San Rafael en el rango del 5% al 10% de tierras en manos de extranjeros; sin embargo, solo ese propietario es dueño del 18% de la superficie del departamento. .

Escondido (provincia de Río Negro) llegó a los tribunales. Recordemos que a mediados de los años noventa Lewis compró unas 14 000 ha cerca de El Bolsón, donde edificó su paraíso privado, que incluía las tierras que bordean el lago Escondido, de 600 ha, en el límite con Chile. Asesorado y representado por Van Ditman, agente inmobiliario de la ciudad de Bariloche, Lewis aprovechó en su momento la pelea de familia de varios hermanos, los Montero, para convencerlos por separado de vender las hectáreas donde se encuentra el lago Escondido (Sánchez, 2011). Asimismo, contó con la complicidad de funcionarios de la provincia para ir sumando tierras e incluso poder proyectar un aeropuerto, cerca de Sierra Grande, en la misma provincia de Río Negro. Entre sus planes también estaba construir un aeropuerto en El Bolsón, pero la resistencia de los vecinos puso freno al proyecto.
Lewis, que se presentaba como un filántropo ante la comunidad de El Bolsón, en los hechos prohibió a los pobladores cordilleranos el acceso al lago (salvo invitación por parte de su establecimiento Hidden Lake), a pesar de que se trataba de un área natural protegida, por lo que con su accionar ignoraba las disposiciones constitucionales, la legislación en la materia y las resoluciones judiciales (Agencia Digital de Noticias, 7 de mayo de 2013). Así, el conflicto por el acceso al lago puso de manifiesto la tensión entre lo público y lo privado, en un contexto de creciente privatización de los territorios, y movilizó a un arco importante de organizaciones y vecinos, de políticos críticos del oficialismo provincial (UCR) y nacional (FpV), a través de lo que fue sucediéndose como una larga saga, con varios capítulos. En 2005 se presentó un amparo por el acceso público y libre al lago para que se cumpliera el artículo 73 de la Constitución Provincial. La Justicia ordenó varias inspecciones oculares (de las que participaron uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda, del ARI rionegrino, que junto con el abogado Darío Dutch, llevaban el amparo presentado por los vecinos, e incluso el principal referente de la FAA, Eduardo Buzzi). Frente a los reiterados reclamos y amparos presentados ante la Justicia, en 2009 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia reconoció la demanda de los amparistas en tanto planteaba el acceso al lago Escondido por el camino que comienza en el paraje Tacuifí, “que no requiere mayores costos de habilitación y ha sido usado históricamente y constituye una vía de acceso corta y viable”.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse) y a la Secretaría de Ambiente provincial a abrir ambos pasos en
120 días, pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató

el asunto, según la legisladora Odarda “en connivencia con la empresa de Lewis”. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche, el cual ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpliera el fallo desoído durante cuatro años y que hiciera las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago.
“En las sentencias públicas del juez quedó determinado que el camino es público”, declaró en ese entonces Odarda, quien además afirmó:
Eso molestó tanto a la gente de Lewis […] que Van Ditmar organizó una movilización en micros a la plaza central de Viedma. Se asentaron para exigir que se defienda la propiedad privada. Amenazaba con que si se seguía adelante con el camino de Tacuifí, Lewis iba a dejar en la calle a más de 100 trabajadores. Vinieron en micros y 4×4, trajeron baños químicos, carpas especiales, contrataron fuerzas de choque y criollos montados a caballo. Fue un piquete vip. Le hicieron un escrache al juez Nievas en la casa donde vive su familia. Antes de irse, le pidieron al ex gobernador Miguel Saiz que detuviera al juez.
En la plaza, Van Ditmar llegó a decir: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura. La Justicia por mano propia muchas veces es el camino” (Cremare, Revista Veintitrés, 2011). Fue recién en 2013 que la Justicia rionegrina obligó al empresario inglés a habilitar una ruta de ingreso al lago Escondido a través de sus tierras.36
Villa La Angostura y Bariloche: paraísos del urbanismo neoliberal
Villa La Angostura es una hermosa ciudad turística ubicada en el sur de la provincia de Neuquén. Enclavada en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, está rodeada de bosques, montañas, lagos, ríos y arroyos, por lo que es considerada una de las localidades más bellas de la Patagonia cordillerana argentina. Apodada como “Jardín de la Patagonia”, la ciudad conforma, junto con San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes, un corredor turístico muy importante tanto en verano como en invierno.
36 El gobernador Alberto Weretilneck propuso a la Justicia una “solución intermedia” para garantizar el acceso público al lago Escondido “sin anular la propuesta de acceder por Tacuifí”, contemplando los requerimientos de Lewis. Agencia Digital Río Negro, .

Muy cerca de la ciudad se encuentran los cerros Bayo (1782 msnm), Inacayal (1840 msnm) y Belvedere (1992 msnm), y los lagos Nahuel Huapi y Correntoso. Según un informe de Greenpeace (2012),
la zona está conformada por bosques densos y altos de variadas especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, dentro de las que se destacan el cohiue, la lenga, el ñire, el arrayán, el ciprés, el notro, el radal, y la caña colihue. La fauna está representada por el huemul, el huillín, el hurón menor, el zorrino patagónico, el puma, el zorro colorado, el zorro gris patagónico, el gato huiña, la liebre, el pudú, el gato colorado, el monito de monte, el aguilucho, la bandurria, el cauquén, el chimango, el cóndor andino, el águila mora, el cisne de cuello negro, el pájaro carpintero gigante y el picaflor rubí, entre otros. En los últimos años, el avance de los desmontes para nuevas urbanizaciones y la creación de nuevos lotes de terrenos están produciendo un retroceso en la flora y fauna de la región andino patagónica.
Aquí se han expandido en forma notable tanto los megaemprendimientos turísticos como los residenciales. Un caso emblemático es el de las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA, que promocionan el megaproyecto urbanístico Cerro Bayo Real Estate, compuesto por nuevos barrios, chacras, áreas comerciales y una cancha de golf, y que abarca alrededor de 1100 ha de bosques nativos, el 17% del ejido de Villa La Angostura.
Buscando capitalizar el rédito natural de esta aldea patagónica, proponemos un megaemprendimiento inmobiliario, que además posee un gran potencial turístico. Se trata de un proyecto con una fuerte sinergia con el entorno que presenta la combinación ideal: jugar al golf en plena montaña, o salir en invierno con los esquíes puestos y preparados para recorrer las pistas desde la propia casa (Eidico, el Blog, 2012).
El proyecto Cerro Bayo Village abarca 180 ha de bosques nativos que estarán destinadas a ser
un exclusivo barrio que se conectará con las pistas de esquí del cerro Bayo. Se trata de un emprendimiento único en su tipo en América del Sur, ya que ofrece la posibilidad de acceder a un lote del que se podrá salir con los esquíes puestos de la propia casa hasta las pistas del centro internacional de esquí que funciona en la montaña. Todo esto, en medio de un paisaje paradisíaco que se conjuga con bosques autóctonos de

arrayanes y cascadas naturales, y vistas únicas del lago Nahuel Huapi (Murciego, La Nación, 2012).
En una segunda etapa, el proyecto planea incorporar otras 400 ha de bosques nativos.
Por su parte, el proyecto Cerro Bayo Golf abarca 440 ha de bosques nativos rodeadas por el lago Nahuel Huapi, el lago Correntoso y la imponente cascada Inacayal.
Su cancha de golf estará construida con las más modernas técnicas internacionales para asegurar su competitividad. Planificados con amenities, estacionamiento y clubhouse, los 18 hoyos acompañan y potencian los paisajes y desniveles naturales. […] Una oportunidad irrepetible para tener el green cerca de la propia casa en el entorno de la Cordillera patagónica (Eidico, el Blog, 2012)
Finalmente, Chacras del Correntoso es un proyecto con lotes próximos al lago Correntoso, que incluirán marinas.
Estos megaemprendimientos urbanísticos son comparables a las urbanizaciones cerradas acuáticas o polderizadas que encontramos en la cuenca del río Luján, así como aquellos otros proyectos inmobiliarios de alta gama planificados en la zona metropolitana de Buenos Aires (Vicente López, Avellaneda y Quilmes, entre otros), pero, en este caso, enclavados en la región cordillerana. Los mismos se encuentran en abierta violación de la Ley de Bosques, y ya están produciendo severos impactos ambientales. En razón de ello, despertaron la preocupación de los vecinos de Villa La Angostura y de diversas organizaciones sociales de la ciudad y la provincia, que mediante foros y marchas manifestaron su oposición por el impacto ambiental que implicarán sobre los bosques nativos.
Así, por ejemplo, Greenpeace señala que “la mayor parte de los mismos se encuentran por encima de lo que se denomina como la ‘Banda Bosque’, que comprende una franja situada entre los 900 y 1000 msnm. La misma fue creada para la protección de las laderas de los cerros, por contener bosques nativos de alta fragilidad” (2012). Por otra parte, varias zonas de los proyectos presentan pendientes mayores a 25º y sus bosques, en muy buen estado de conservación, son cabeceras de cuencas. Además, la región cuenta con suelos de origen volcánico extremadamente frágiles, que fueron afectados seriamente por las cenizas del volcán Puyehue, en junio de 2011. La falta de cobertura boscosa y la construcción sobre las laderas de los cerros provocará un alto impacto sobre la biodiversidad, una importante

fragmentación del bosque y cambios en la estética del paisaje; y se pueden generar, además, serios procesos de erosión, taludes y remoción en masa.
La mayor parte de las zonas donde se pretende desarrollar estos proyectos están clasificadas, por la Ley Provincial 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Neuquén, dentro de la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), en las que, según el artículo 14 de la Ley Nacional 26 331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos”.37
En el año 2009, el Concejo Deliberante local sancionó la Ordenanza Nº 2264/2009 que otorgó la “prefactibilidad” al anteproyecto integral del Corredor Turístico Cerro Bayo, desarrollando en su anexo un plan de transformación del Centro de Esquí Cerro Bayo y de urbanización en áreas boscosas de la fracción conocida como Uboldi o Chacras del Bayo. Esta ordenanza, caracterizada por una contradictoria y confusa redacción, arroja una peligrosa oscuridad respecto a los derechos y obligaciones que pretende crear. En realidad, nos encontramos con una norma inédita, sin antecedentes en la legislación municipal en nuestro país, que intenta otorgarle insólitamente un principio de ejecución al “anteproyecto integral del Corredor Turístico Cerro Bayo”, desconociendo abiertamente la existencia de la propia Carta Orgánica de Villa La Angostura, de normas nacionales y provinciales, lo que la torna, además de irracional e inconstitucional, insalvablemente nula.38 De llevarse a cabo el proyecto, estaríamos ante la
37 La Ley 26 331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue sancionada en la convicción de la necesidad de proteger un patrimonio natural sumamente afectado por la ampliación de la frontera agropecuaria y el cambio de uso del suelo particularmente representado por el desarrollo inmobiliario.
38 Los antecedentes existentes se vinculan con ordenanzas municipales que regulan los estudios de prefactibilidad en general, a ser presentados ante los poderes ejecutivos locales por los eventuales inversores. Es decir que, previo al inicio del estudio en detalle y análisis de las ventajas y desventajas que tendría determinado proyecto, suele establecerse la necesidad de realizar estudios de prefactibilidad, consistentes en una breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, fundamentalmente el marco legal y, sobre todo, las restricciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales y legales. Por todo ello, el proceso de prefactibilidad debe realizarse de manera previa a la sanción de una ordenanza, y no, como ha sucedido en el caso concreto, poniendo en cabeza de los concejales –funcionarios políticos por excelencia– una facultad eminentemente técnica (cabe insistir en que uno de los objetivos fundamentales de los estudios de prefactibilidad es el análisis

afectación significativa del bosque nativo allí existente, lo que no concuerda con la normativa ambiental vigente, incluso la propia Carta Magna, tornando a la ordenanza en irrazonable e inconstitucional.
En junio de 2012, el medio de comunicación local Diario Andino anunciaba el inicio de la venta de lotes y promoción por parte de la empresa Cerro Bayo y EIDICO SA. El grupo empresario difundió el proyecto en diarios nacionales e incluso el gobernador Jorge Sapag compartió foto e inauguración de una telecabina con los empresarios del grupo, pero el gobierno provincial tardó casi dos meses en darse por enterado e intimar a la empresa de “abstenerse” de vender o promocionar la venta de lotes que no están aprobados en el marco de la Ley de Bosques.
La problemática aquí presentada evidencia el choque inevitable entre visiones contrapuestas sobre lo que se considera “desarrollo” para lugares como Villa La Angostura: para algunos, implica más urbanizaciones y explotación inmobiliaria de las parcelas aún sin construir; para otros, un crecimiento vinculado al desarrollo de actividades turísticas que conserven el entorno.
Algo similar sucede con la ciudad rionegrina de Bariloche, convertida en un emblema del accionar de la especulación inmobiliaria que avanza sobre espacios o bienes de dominio público, como las costas de lagos y ríos. Las inmobiliarias promocionan sus emprendimientos “con costa de lago”39 como si eso fuera legalmente posible. Desde hace muchos años la organización Árbol de Pie, entre otras, viene denunciando la constante ocupación y usurpación por parte de inversores inmobiliarios que cierran y privatizan el libre acceso a las playas, incumpliendo –entre otras normativas– el Código de Edificación local, la propia Carta Orgánica Municipal40 y el Código Civil.
Toda esta situación se verá notablemente agravada si se confirma la modificación del Código Civil que impulsa el gobierno nacional, que en lo que hace a este tema implicaría la reducción de los caminos públicos. En la actualidad, producto de las luchas ciudadanas, el camino público contemplado en el actual artículo 2639 del Código Civil no tiene el uso que le

básico de la compatibilidad normativa, tanto nacional y provincial, como municipal).
39 “Sea dueño del agua, la tierra y la naturaleza”, decía el aviso de Bullrich Patagonia. Ver en: .
40 La Carta Orgánica de Bariloche garantiza “el acceso y uso de los lagos navegables y sus márgenes, para el libre tránsito y disfrute de las generaciones presentes y futuras”. Asimismo, el artículo 73 de la Constitución de Río Negro establece que
“las costas de ríos y lagos son públicas y para esparcimiento de toda la población”.

fuera conferido en épocas de su redacción, es decir, como apoyo de la navegación, sino que, gran parte de la doctrina, jurisprudencia y legislaciones locales vienen utilizando esta norma para garantizar el acceso público a los ríos, como así también para preservar los beneficios que prestan al ambiente y al mantenimiento de la biodiversidad los corredores biológicos que se forman en su extensión. Es decir, en la actualidad el camino público cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros, como para garantizar la libre circulación y acceso a los bienes naturales de dominio público, como son los ríos. Resulta preocupante que, tal como está redactado el proyecto de reforma del Código Civil,41 solo los dueños de terrenos colindantes con ríos públicos podrán acceder y gozar de sus costas. Esto atento a que no solo se reduce de 35 a 15 m esta restricción al dominio, sino que suprime el carácter de “calle o camino público” de esa franja de terreno, lo que eliminaría la posibilidad de acceder al mismo por parte de los demás ciudadanos. En definitiva, al día siguiente de sancionado este nuevo Código, miles de kilómetros cuadrados, actualmente de acceso público, dejarán de serlo y veremos –con impotencia– cómo se corren los alambrados sobre las orillas de los ríos públicos, impidiendo su acceso y goce por parte de la población.
De manera significativa, el proceso de reforma del Código Civil no estuvo impregnado por los nuevos paradigmas que nos trae el joven Derecho ambiental. No solo respecto a las mayores restricciones al dominio, de acuerdo a la función “ambiental” de la propiedad, sino también respecto de aquellos principios que apuntan a un progresivo e imprescindible proceso de desmercantilización de la naturaleza, más alla de la visión crematística, que ven a la naturaleza como un recurso inmerso en un sistema económico orientado al “desarrollo” o que la conciben meramente como un objeto susceptible de apropiación privada.
41 El Código Civil actual, en su artículo 2639 sostiene: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
El proyecto de reforma del Código Civil, en su artículo 1974 sostiene: “Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de QUINCE (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo”.


Viñeta 3: Una historia extrema sobre los paisajes privatizados Gonzalo Sánchez1
Periferia de San Martín de los Andes. En la casa de la familia González se extiende una sensación de refugio. Es una vivienda a medio terminar a la que se llega luego de atravesar un laberinto de calles que se angostan mientras trepan la montaña y se convierten en pasillos. Don Ángel acaba de llegar del Cerro Chapelco, donde trabaja desde 1988. No parece cansado. Por el contrario, se exhibe ágil a los 58 años. Ahora calienta una pava mientras repasa aquello que es su tema: los ríos, los lagos, la historia vivida, pero no elegida.
El 30 de agosto de 2006, Cristian González, el hijo mayor de Ángel y su esposa Mirta, fue a pescar con dos amigos a la desembocadura del río Quilquihue, en el lago Lolog, un sitio natural que mejora cuanto más se lo mira. Entonces Cristian tenía 31 años, dos hijas y una pareja con otra beba en camino. Lo apasionaban Boca y la pesca. Y en esto último estaban los tres muchachos, cuando el paraíso perdió su razón de ser. Consta en actas que cuando los amigos miraron al puente, Horacio Calderón, guardia de un complejo de cabañas sobre la costa del río, les disparaba con un rifle. Cristian fue a pedir explicaciones. Se puso las zapatillas, salió al camino y no tuvo tiempo para más. Casi cuando estuvo cara a cara con el agresor, que le gritaba que el río era privado, recibió un tiro en el cuello y murió desangrado.
El asesino cumple condena en Neuquén. El dueño de las cabañas, también condenado pero no a prisión, vive encerrado en el mismo complejo, ahora un sitio fantasma. A orillas del río, comprobó Clarín, chicos de la zona pescan sin amenazas latentes. Hay también un santuario donde Cristian cayó. Don Ángel habla de esto con serenidad, pero también preocupado por ese punto de la reforma que le escarba en la desgracia.
“No puede ni debe volver a pasar”, dice Ángel, titular de la Asociación “Cristian González por el acceso a las costas libres de ríos y lagos”. No ha dejado de llover desde que comenzó la charla y queda claro cómo se prepara para ir a objetar ese artículo. “La riqueza natural de estos bienes comunes, tiene un gran impacto social y es fundamental para el buen vivir de las personas, por lo tanto creemos que el Código debe garantizar el libre acceso, el uso responsable, satisfacer el goce y uso de interés
1 Nota publicada en el diario Clarín (Sánchez, 2012).

general y el cuidado del mismo”, lee don Ángel. Después enumera: “Lago Escondido, Traful, río Minero, pasa en todos lados y es importante detenerlo porque es como el Lolog, donde murió mi hijo, ¿sabe qué lindos lugares son?”.

* * *
Pese a los discursos progresistas en boga, en torno a la “década ganada” y las referencias recurrentes a la inclusión de los sectores populares, no hemos salido del modelo de ciudad neoliberal. La situación de las poblaciones más vulnerables respecto de la vivienda ha empeorado. Dicho fenómeno, que tiene como origen el acaparamiento de tierras, producto de la expansión del urbanismo neoliberal, en sus diferentes modalidades, repercute en las grandes ciudades, donde domina la fiebre por la construcción y la especulación inmobiliaria. No por casualidad, las tomas de tierras se han multiplicado en todo el país y dan cuenta del protagonismo cada vez mayor de los movimientos territoriales y villeros, muchos de ellos sucesores naturales de los movimientos piqueteros, ligados a la demanda por tierra y vivienda digna.
Estos conflictos urbanos y ambientales han puesto en el centro de la agenda de los movimientos populares la cuestión del “derecho a la ciudad”, como un derecho humano. Como afirma el geógrafo David Harvey (2008), el “derecho a la ciudad” es mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos.42 Harvey subraya, además, que es un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. En definitiva, se trata de repensar de quién es la ciudad y quién decide sobre ella.
Consecuentemente, se torna necesario repensar el rol del Estado, pues su retorno, tal como está planteado, no garantiza cambios de fondo en relación con la dinámica neoliberal. La ciudad contemporánea, para citar
42 Un gran paso en esta construcción del concepto “derecho a la ciudad” ha sido la elaboración de la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” articulada por Habitat International Coalition (HIC), que intenta convertirse en una herramienta, una propuesta para lograr la construcción de ciudades diferentes en las que todos puedan tener un lugar para vivir con dignidad, .

a Mike Davis, exige urgentes y ambiciosas investigaciones científicas, una ecología urbana que muchos desconocen o minimizan, una mirada integral (no soluciones lineales), estructuras conceptuales de gran escala que nos ayuden a entender su naturaleza, ya que “solo una fina y transparente hoja de frágil cristal separa la civilización de su recaída catastrófica en el abismo de la historia” (Davis, 2007).
Por otro lado, la multiplicación de las diferentes formas del urbanismo neoliberal, a través de megaemprendimientos turísticos y residenciales, produce como resultado el cierre de los espacios públicos (acceso a costas y lagos), cercamiento de los territorios, amenaza ecosistemas estratégicos y frágiles, y tiende a desplazar las poblaciones más vulnerables. Accesos que deberían ser libres y públicos sufren permanentemente este tipo de atropellos. Alambrados, terraplenes, muelles irregulares, van enunciando el nuevo modelo de cercamiento de tierras, ríos y lagos.
El acaparamiento, el cercamiento y privatización de tierras y de espacios públicos y comunes, es una problemática tanto urbano como rural. Contra esta tendencia hoy en boga, tan en sintonía con el nuevo paradigma del orden y la seguridad instalado en los ’90, habrá, por ende, que apostar por una política de los bienes comunes.