Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo I

Maldesarrollo 
Maristella Svampa y Enrique Viale

De los mismos autores
Maristella Svampa
El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista, Buenos Aires, 1994 (reeditado en 2006)
La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo (en colaboración con D. Martuccelli), Buenos Aires, 1997
Desde abajo. Política. La transformación de las identidades sociales (editora), Buenos Aires, 2000
Los que ganaron. La vida en los countries y en los barrios privados, Buenos Aires, 2001
Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras
(en colaboración con Sebastián Pereyra), Buenos Aires, 2003
La brecha urbana. Countries y barrios privados en Argentina, Buenos Aires, 2004
Los reinos perdidos (novela), Buenos Aires, 2005
La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, 2005 Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, 2008
Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales (en colaboración con M. Antonelli), Buenos Aires, 2009
Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización (en colaboración con Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo), Buenos Aires, 2010
Donde están enterrados nuestros muertos (novela), Buenos Aires, 2012
El muro (novela), Buenos Aires, 2013

Enrique Viale
15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina (en colaboración con otros autores), Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú, 2011
La otra campaña. El país que queremos, el país que soñamos (en colaboración con Adolfo Pérez Esquivel y otros autores), Buenos Aires, 2011
Economía verde, apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes (coordinado por Gian Carlo Delgado Ramos y en colaboración con otros autores), La Habana, Cuba, 2013
La patria sojera. El modelo agrosojero en el Cono Sur (coordinado por la periodista
Daiana Melón, prologado por Raúl Zibechi y en colaboración con otros autores),
Buenos Aires, 2014

Maristella Svampa y Enrique Viale
Maldesarrollo
La Argentina del extractivismo y el despojo
conocimiento
Primera edición, 2014
© Katz Editores
Benjamín Matienzo 1831, 10º D 1426-Buenos Aires c/Sitio de Zaragoza, 6, 1ª planta 28931 Móstoles-Madrid www.katzeditores.com
© Maristella Svampa y Enrique Viale, 2014
ISBN Argentina: 978-987-1566-92-1
ISBN España: 978-84-15917-13-7
1. Medio Ambiente. 2. Aspectos Ambientales. I. Viale,
Enrique
CDD 304.28
El contenido intelectual de esta obra se encuentra protegido por diversas leyes y tratados internacionales que prohíben la reproducción íntegra o extractada, realizada por cualquier procedimiento, que no cuente con la autorización expresa del editor.
Diseño de colección: tholön kunst
Diseño de la tapa: Leonardo Ferraro
Impreso en la Argentina por Buenos Aires Print
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Índice
9 Prefacio
15 1. Hacia una conceptualización general
15 Del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities
36 La inflexión kirchnerista
45 2. La emergencia de la cuestión ambiental
46 Cuestionamiento y retorno de la idea de desarrollo
55 Modernidad, extractivismo y Derecho 60 La conflictividad ambiental
81 3. Pasivos ambientales, maldesarrollo y zonas de sacrificio
81 Introducción
85 Contaminación industrial e injusticia ambiental
95 Petróleo y racismo ambiental
108 Pasivos mineros e injusticia ambiental
129 4. La expansión del modelo de agronegocios
130 Introducción
131 El devenir-soja de la Argentina
134 Mundos agrarios: entre la reconfiguración y la exclusión 150 El impacto sociosanitario: un gran experimento masivo
171 5. El modelo minero como figura extrema del extractivismo
172 Introducción
173 El modelo minero y sus actores
183 Los mitos de la megaminería y la realidad de las provincias mineras
 | m a l d e s a r r o l l o
198 Universidades públicas, Congreso Nacional y agendas
215 Entre los proyectos faraónicos y las resistencias sociales
247 6. Las formas del urbanismo neoliberal
247 Introducción
248 Extractivismo urbano y ciudad excluyente
264 Entre el “modelo country” y el “modelo Puerto Madero”
283 Tras los paisajes primarios: las vías de la desposesión en la Patagonia
299 7. Una vuelta de tuerca al extractivismo: el fracking como el nuevo “El Dorado”
300 De la recuperación de YPF a la firma del convenio con Chevron
318 La hoja de ruta del fracking en la Argentina
325 Las batallas del fracking en el norte de la Patagonia
353 Reflexiones finales
353 Avatares del pensamiento crítico latinoamericano
363 Conceptos-horizonte: “derechos de la naturaleza”,
“bienes comunes” y la “ética del cuidado”
380 Pensar la transición y el postextractivismo
401 Bibliografía
A Alfredo Svampa, mi padre, porque nunca bajó los brazos.
A Santi, Toto y Cintia, por todo y por bancarme en las ausencias; a mis viejos, por enseñarme lo que verdaderamente importa en esta vida.
A la memoria de Andrés Carrasco, amigo, compañero de ruta, científico comprometido y ejemplar.

Prefacio
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida. La conciencia cada vez mayor de los riesgos y la incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten en debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, sino también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer sentir su voz acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo.
En esta línea se insertan los debates sobre las consecuencias económicas, ambientales, sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implementación masiva de los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, los grandes planes de infraestructura y los nuevos sistemas agrarios tendientes al monocultivo, que, entre otros megaproyectos, avanzan en nuestro país. Lejos de ser naturalizados, aceptados acríticamente o sin discusión por parte de la población, estos megaproyectos comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales.
Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. La misma respuesta comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y la criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte y la utilización masiva de agrotóxicos. También ocurre con el modelo urbano, marcado por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la multiplicación de construcciones “premium” y los megaemprendimientos
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residenciales y turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, a través de la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta asimismo en este registro controversial, debido a los daños ambientales y sociosanitarios que involucra.
Estos modelos presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que la Argentina que hoy tenemos lejos está de ser el producto de una “década ganada”, aunque tampoco se trata de una “década perdida”. Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un país hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos decidido llamarlo aquí, por modelos de maldesarrollo.
Este libro propone explorar, analizar y desarmar los diferentes modelos de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro país, así como dar cuenta de las formas de resistencia colectiva que los mismos han venido generando. Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al análisis empírico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un aporte a la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas –sociales, políticas y económicas–. Para ello nos valemos de conceptoscríticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de pensar otro tipo de sociedad.
Si bien este libro no aspira a tener un carácter exhaustivo, son numerosos los caminos que emprenderemos para dar cuenta de la Argentina del extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos un recorrido por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales proponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que caracterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales que, más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos, pueden aplicarse al análisis del actual escenario latinoamericano: Consenso de los commodities, extractivismo, maldesarrollo, justicia ambiental, territorios y lenguajes de valoración.
En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos cuenta de cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la naturaleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los últimos doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la cuestión ambiental en nuestro país.
El capítulo 3 toma el espinoso tema de los pasivos ambientales y las zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte también si miramos
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hacia atrás. Constatamos, entonces, que la Argentina arrastra pasivos ambientales de talla y una manifiesta situación de injusticia ambiental que afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos referimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud y el ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del Riachuelo y el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el caso emblemático de la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra Pampa y Pan de Azúcar) y los enclaves petroleros (como el de Loma de la Lata, en Neuquén, y la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, por mencionar solo algunos casos testigo) ilustran situaciones extremas de maldesarrollo e injusticia ambiental que van configurando zonas de sacrificio.
En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el proceso de la expansión de la soja, que ha reconfigurado por completo el sector agrario argentino. Este modelo multiactoral, que tiene un carácter complejo, trajo prosperidad a determinados actores sociales (grandes y medianos) y conllevó la exclusión de una profusa capa de pequeños y medianos productores que no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Trajo también una mayor concentración económica y, de modo acelerado, la tendencia al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de explotación. Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor acaparamiento de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una lógica criminalizadora que se expresa cada vez más a través de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Pero si en la frontera el modelo se expresa de modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el impacto socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos cada vez más visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un enorme experimento masivo, vinculado a la utilización del glifosato y otros agroquímicos.
Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la megaminería,en el que nos proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos muy especialmente a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en2003, en Esquel y que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la vertiginosa expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete provincias en nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo de sustancia química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes emprendimientos mineros emblemáticos de este período, como son el de Potasio Río Colorado (primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y el binacional de Pascua Lama (de Barrick Gold), han sido suspendidos. Por otro lado, nos interesa indagar la realidad de las provincias mineras
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muy especialmente para sopesar la falsedad de ciertos mitos impulsados por los defensores del modelo minero acerca de los beneficios que brindaría el sector como generador de empleo, como “motor de desarrollo”, como contribuyente al Estado, entre otros.
En el capítulo 6 abordaremos las formas del urbanismo neoliberal, cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del extractivismo vigente: nos referimos así a tres tipos de fenómenos; en primer lugar, al modelo de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios públicos. Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años los diferentes gobiernos, sobre todo en la escala local, profundizaron la acción del mercado de la mano de los grandes agentes económicos –algo ilustrado por las reformas de los distintos códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados inmobiliarios–, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. En segundo lugar, nos referimos a la expansión de los megamprendimientos residenciales –al estilo de los countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad de los aglomerados metropolitanos. Por último, abordamos también el creciente fenómeno de privatización de los espacios públicos y cercamiento de bienes comunes (costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático, se registra en la región patagónica.
El capítulo 7 trata el tema de la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología de la fractura hidráulica, técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales de este método de explotación son numerosos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del territorio, entre otros. Durante los años 2012 y 2013 seguimos con detenimiento la problemática en aquellos territorios en los que avanza la explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. En este tema nos interesa ir más allá de las narra-
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tivas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y económico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos.
Por último, en las conclusiones, sin abandonar los conceptos críticos que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión más general con la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales creemos que resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra racionalidad, otro modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes, derechos de la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra reflexión, que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas. Asimismo, también traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de transición y de alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más necesaria en la Argentina de hoy.
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Este libro no podría haber sido escrito sin los numerosos viajes y recorridos que hemos emprendido desde hace varios años, tanto por las diferentes provincias argentinas como por otros países latinoamericanos. Quisiéramos, entonces, agradecer al conjunto de vecinos y vecinas de asambleas, organizaciones de pueblos originarios, multisectoriales, colectivos culturales y políticos, referentes de la política provinciales y nacionales, comprometidos en la defensa de nuestros bienes comunes; en fin, a todas y todos aquellos que nos acompañaron en este largo y muchas veces doloroso proceso de inmersión por la Argentina del maldesarrollo, pero también por la Argentina de las resistencias, las solidaridades y las alegrías, en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y Entre Ríos.
Agradecemos a nuestros colegas del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo, pues este libro se ha nutrido de los intercambios y debates que hemos tenido en los sucesivos encuentros llevados a cabo entre 2010 y 2014, fundamentalmente en Ecuador y Bolivia, así como en varios países europeos. Aunque no podemos nombrar a todos, vaya un reconocimiento hacia Alberto Acosta, Margarita Aguinaga, Pablo Bertinat, Ulrich Brandt, Karin Gabbert, Javier Gómez, Eduardo Gudynas, Edgardo Lander, Miriam Lang, Alexandra Martínez, Esperanza Martínez, Dunia Mokrani, Raúl Prada, Jenny Robayo, Mario Rodríguez, William Sacher, Alejandra Santillana y Elisa Vega.
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Un agradecimiento especial para nuestros colegas, amigos y amigas de Plataforma 2012, con quienes debatimos varios de los temas que aparecen en este libro, mientras dábamos forma a los diferentes pronunciamientos y documentos que desde 2012 hemos venido elaborando en ese espacio intelectual. Asimismo, agradecemos al Colectivo La Igualdad de cuya experiencia en la constante militancia en calles y barrios de la ciudad nos nutrimos.
Tampoco podemos olvidar los aportes y el cálido acompañamiento de Mirta Antonelli, Pablo Bergel, Jonatan Baldiviezo, Marcelo Giraud, Horacio Machado Aráoz, Javier Rodríguez Pardo y Susana Savoia; de Lorena Bottaro, Marian Sola Álvarez y Ariel Slipak; del proyecto colectivo Modelos de Desarrollo; de los amigos de La Tijereta, de Radio Kalewche (Esquel), una hermosa experiencia de radio comunitaria donde desarrollamos una columna semanal; del joven y laborioso equipo del Observatorio Petrolero Sur; de las activas compañeras de la Fundación Ecosur; de Darío Aranda, que tanto conoce y difunde estos temas, y de todo el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Quisiéramos agradecer especialmente a los colegas que aportaron algunas de las viñetas que los lectores encontrarán en este libro –gran parte de ellas, reproducciones de artículos cortos ya publicados–, las que sirven para ilustrar casos, temas o situaciones concretas previamente analizados. Entre ellos, a Alberto Acosta, Pablo Bergel, Marcelo Giraud, Esperanza Martínez, Javier Rodríguez Pardo, Gonzalo Sánchez, William Sacher y Ariel Slipak.
Por último, quisiéramos agradecer también los comentarios de Cristina García y Carlos Janin, siempre lúcidos y absolutamente imprescindibles. Y a Alejandro Katz, por su paciente espera.
Ojalá este libro contribuya a generar un debate abierto y verdaderamente democrático sobre cuál es la Argentina que queremos construir.
Maristella Svampa y Enrique Viale Buenos Aires, marzo de 2014
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Hacia una conceptualización general
Del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities
Al igual que en otros países latinoamericanos, en los últimos diez años la Argentina transitó del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc), productos agrarios (maíz, soja y trigo), y biocombustibles. Utilizamos aquí el concepto de “commodity”, en un sentido amplio, para referirnos al producto indiferenciado cuyo precio se fija internacionalmente (Svampa, 2012b y 2013a).
El Consenso de los Commodities ha situado a nuestro país en un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo que debe ser leído adoptando una perspectiva múltiple. Desde el punto de vista económico, esto se ha ido traduciendo en una reprimarización de la economía, cuya orientación se ha acentuado hacia actividades primario-extractivas, con escaso valor agregado. Este “efecto de reprimarización” se ve agravado por el creciente protagonismo comercial y global de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual no solo en el caso de la Argentina sino de toda la región latinoamericana.
Desde el punto de vista social, el Consenso de los Commodities conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey (2004)– esto es, un modelo de despojo y concentración de tierras, recursos y territorios que tiene a las grandes corporaciones (en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos) como actores principales. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o monocultivo, la escasa diversificación
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económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. Así, en función de una mirada productivista y eficientista del territorio, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización; los territorios son considerados como socialmente vaciables, y en los casos extremos terminan por convertirse en “áreas de sacrificio” para satisfacer el progreso selectivo. El neoextractivismo desarrollista instala, así, una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y, a su paso, compite y tiende a desplazar las economías regionales existentes, destruyendo la biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana.
No es casual que la literatura crítica de América Latina sobre este tema considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un modo de desarrollo extractivista (o neoextractivismo desarrollista) de carácter depredatorio y dependiente.1 En el actual contexto, el extractivismo debe ser entendido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en gran parte no renovables– y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. El proceso abarca desde actividades como la megaminería a cielo abierto y la explotación hidrocarburífera (ahora de la mano de la fracturación hidráulica o fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales), hasta la expansión de la frontera forestal, energética y pesquera, así como la de los agronegocios basados en los transgénicos, la siembra directa (soja, entre otros) y los llamados biocombustibles (etanol, biodiesel). Asimismo, comprende aquellos proyectos de infraestructura previstos por la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones; estos proyectos son parte de un programa que fue consensuado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000 y cuyo objetivo central es facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus puertos de destino.
La escala de los emprendimientos nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la tendencia a la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales). En razón de ello y de modo similar al pasado, este tipo de em-
1 Aunque hay coincidencia, los autores suelen variar en la tipología presentada. Véanse Gudynas, 2009; Schuldt y Acosta, 2009; Machado Aráoz, 2012; Svampa, 2011a, 2011b y 2013a; y Dávalos, 2013, entre otros autores.

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prendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación –asociados a una lógica neocolonial– que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, provocan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional.
Por otro lado, la misma expresión de Consenso de los Commodities conlleva una carga no solo económica sino también político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito, aunque con el paso de los años cada vez más claro y explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, dada la conjunción entre la creciente demanda global de bienes primarios y las riquezas existentes, potenciada por la visión “eldoradista” de una América Latina como lugar por excelencia de grandes recursos naturales. Dicha conjunción, que en economía adopta el nombre tradicional de “ventajas comparativas”,2 ha ido cimentando las bases de una ilusión desarrollista que recorre, más allá de las diferencias y matices, al conjunto de los países latinoamericanos.
De este modo, nos interesa subrayar que, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, el “consenso” sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas, suturando de este modo la posibilidad misma de un debate. La aceptación –tácita o explícita– de dicho “consenso” contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la “sensatez y razonabilidad” de un capitalismo progresista, imponiendo la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso o simplemente de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista.
Sin embargo, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del Consenso de
2 Recordemos que, en la actualidad, son varios los defensores del modelo extractivo que eluden la crítica tradicional, realizada en otras épocas por la CEPAL (véase Prebisch, 1981), acerca del “deterioro de los términos de intercambio” como cierre y destino final del ciclo económico, pues consideran que perdió vigencia en función de la creciente demanda de materias primas y el alza de los commodities, así como de la consolidación de una determinada matriz energética y civilizatoria, asentada sobre el consumo creciente de combustibles fósiles. Otros argumentan que la exportación de productos primarios es lo que permite generar las divisas para redistribuir el ingreso y crecer en base a una estrategia mercado internista, o bien para reorientarlas hacia actividades con mayor contenido de valor agregado.
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Washington. Por un lado hay rupturas, pues existen elementos importantes de diferenciación respecto de la década de 1990. Recordemos que el Consenso de Washington colocó en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir al Estado como un agente metarregulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del neoliberalismo. A diferencia de ello, en la actualidad, el Consenso de los Commodities coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo que permite la coexistencia y el despliegue de este tipo de modelos tanto en países con gobiernos progresistas –que han cuestionado el consenso neoliberal en su versión ortodoxa– como en aquellos con gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.
Por otro lado hay continuidades, ya que existen claras líneas de filiación entre los años noventa y la actualidad que remiten a diferentes planos. Una de las continuidades se vincula al mantenimiento de las bases normativas y jurídicas que permitieron la actual expansión del modelo extractivista, garantizando “seguridad jurídica” a los capitales y una alta rentabilidad empresarial. Asimismo, aun en los casos en que el Estado adopta un rol activo (a través de las expropiaciones y el control de la renta extractiva), durante la etapa de los commodities las nuevas normativas tienden a confirmar la asociación con los capitales transnacionales.
En un plano general, la confirmación de América Latina como una “economía adaptativa” respecto de los diferentes ciclos de acumulación, y por ende la aceptación del lugar que esta ocupa en la división global del trabajo, constituye uno de los núcleos duros que atraviesa sin solución de continuidad tanto al Consenso de Washington como al Consenso de los Commodities; esto, más allá de que los gobiernos progresistas enfaticen una retórica industrialista y emancipatoria que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional, y postulen la construcción de un espacio político latinoamericano. En nombre de las “ventajas comparativas” (altos ingresos fiscales, gracias a los impuestos sobre las exportaciones) o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial (la globalización irresistible) –según los casos–, los gobiernos progresistas y los más conservadores tienden a aceptar como “destino” el nuevo Consenso de los Commodities, que una vez más ha reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, minimizando las enormes consecuencias ambientales y sociales (despreocupándose por la construcción de un proyecto
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territorial verdaderamente sustentable) y los efectos socioeconómicos (los nuevos marcos de la dependencia), así como su traducción política (disciplinamiento y formas de coerción sobre la población).
Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en “discurso único”, el Consenso de los Commodities aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta con la enorme y creciente conflictividad socioambiental que el modelo extractivista despierta, y también con los múltiples entrelazamientos existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista. En efecto, tradicionalmente en América Latina gran parte de las izquierdas y del progresismo populista han sostenido una visión productivista del desarrollo que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital y trabajo, y tiende a minimizar u otorga escasa atención a las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. En este marco político-ideológico dominado por la visión productivista y tan refractario a los principios del paradigma ambiental, la actual dinámica de desposesión se convierte en un punto ciego, no conceptualizable. Como consecuencia de ello, las problemáticas socioambientales son consideradas como una preocupación secundaria (o son llanamente sacrificadas), en vistas de los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas.
En la visión progresista, el Consenso de los Commodities aparece asociado a la acción del Estado como productor y regulador, así como a una batería de políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables cuya base misma es la renta extractiva (petróleo, gas y minería).3 Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado, el cual ha vuelto a erigirse en un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tienen por base la consolidación de una nueva institucionalidad asentada en marcos supranacionales o metarreguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga un “megaactor” o que su intervención garantice cambios de fondo.4 Al contrario, la hipótesis de
3 En todo caso, como añade Salama (2013), la recaudación fiscal obtenida a través de la exportación de commodities permite realizar una política social audaz –según los países– y evitar así la reforma fiscal, que conlleva otros conflictos de intereses.
4 Para otros autores, que utilizan el marco analítico de la economía política, como Murillo y Mangonet (2013), esta vuelta de la Argentina exportadora generaría tres tipos de tensiones: a) la tensión en la relación entre productores y el gobierno
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máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, ONG y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones colectivas por parte de las comunidades y las poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos. De este modo, aunque el planteo progresista sea heterodoxo y se aparte del neoliberalismo en cuanto al rol orientador del Estado, no cuestiona la hegemonía del capital transnacional en la economía periférica (Feliz, 2012).5
Dicho de este modo, el actual escenario ilustra no solo un continuado acoplamiento entre extractivismo neodesarrollista y neoliberalismo, expresado de manera paradigmática por los casos de Perú, Colombia o México, sino también entre extractivismo neodesarrollista y gobiernos “progresistas”, en un contexto de fortalecimiento de las capacidades estatales, lo cual complejiza aun más la problemática ligada a la multiescalaridad de los conflictos, donde se entrecruzan políticas públicas, diferentes lógicas de acción y territorialidades diversas.
En consecuencia, la actual conflictividad socioambiental refleja dos tendencias contrastantes. Por un lado, la que es propia del discurso hegemónico, que ilustra el retorno del concepto de “desarrollo” como gran relato, en sentido fuerte, esto es, asociado a una visión productivista que incorpora conceptos de resonancia global (desarrollo sostenible, economía verde, responsabilidad social empresarial, gobernanza) y que está respaldado por el discurso fáctico de las ventajas comparativas. Ya sea en el lenguaje crudo de la desposesión como en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado, en los diferentes países latinoamericanos

nacional por la apropiación de los recursos derivados de la exportación (sea vía impuestos o precios controlados); b) la tensión entre Nación y provincias en lo que hace a la distribución de los recursos fiscales producidos por estos sectores; y c) las tensiones generadas por las externalidades negativas derivadas de la explotación de estos productos y la organización de acción colectiva por parte de aquellos que sufren dichas consecuencias (esto es, los daños y las consecuencias sobre las poblaciones, que el capital no internaliza).
5 Feliz (2012: 24-27) en realidad distingue entre neodesarrollismo y neoliberalismo, y considera que ambos comparten “una base neoestructuralista, que no cuestiona la hegemonía del capital transnacional en la periferia, y la tasa de ganancia se asume como una variable exógena”.
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el modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, vinculado a la idea de “oportunidades económicas” o “ventajas comparativas”. A su vez, este paradigma, hoy hegemónico, se conecta con un imaginario social de larga data en América Latina, el mito “eldoradista” o la ilusión desarrollista, que rebasa cualquier barrera político-ideológica.
Por otro lado está la tendencia crítica, que tiene por protagonistas a diferentes organizaciones indígenas, movimientos socioambientales, ONG ambientalistas, intelectuales, expertos y colectivos culturales, en fin, un entramado socioorganizacional que cuestiona abiertamente los modelos de desarrollo que impulsan los diferentes gobiernos latinoamericanos. Importa subrayar que, al compás de los conflictos socioambientales, se han ido forjando marcos interpretativos de la acción, consignas movilizadoras, esto es, una gramática común latinoamericana que apunta a la búsqueda de alternativas; algo que hemos dado en llamar, por la pluralidad de lenguajes que contiene, el giro ecoterritorial de las luchas.
La ilusión desarrollista
El desarrollo ocupa la posición central de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia… Sin embargo, aunque carece, por sí mismo, de toda denotación precisa, se encuentra firmemente asentado en la percepción popular e intelectual. Gustavo Esteva, Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder
Se ha escrito mucho acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados como “gobiernos en disputa”. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la ilusión desarrollista que hoy caracteriza a los gobiernos de la región, y de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de proyectos de sociedad. Más aun, pareciera ser que las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible han quedado relegadas a un segundo plano o sencillamente escamoteadas, en virtud de las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal que los go-
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biernos exhiben como carta de triunfo, luego de un largo período de estancamiento y regresión económica.
Desde nuestra perspectiva, creemos que, en no pocas ocasiones, la posibilidad de abrir un debate público sobre los antagonismos que se van gestando a partir de las nuevas dinámicas del capital se encuentra obturada no solo por razones económicas y políticas, sino también por obstáculos de tipo cultural y epistemológico, que se refieren a las creencias y representaciones sociales. Con ello buscamos subrayar la importancia que adquieren ciertos imaginarios y narrativas nacionales –y regionales– acerca del desarrollo y el progreso, íntimamente ligados a una determinada concepción de la naturaleza americana.
Distintos autores han subrayado el carácter antropocéntrico de la visión dominante sobre la naturaleza, como “canasta de recursos” y a la vez como “capital” (Gudynas, 2004). En América Latina, esta visión antropocéntrica de la naturaleza se vio potenciada por la creencia de que el subcontinente es el locus por excelencia de los grandes recursos naturales. Ciertamente, desde la irrupción violenta de los españoles en el momento de la Conquista, la imagen de una naturaleza primigenia, abundante y extraordinaria fue acompañada de aquella otra visión más productivista acerca del subcontinente como cantera y reservorio de los grandes recursos naturales. En consecuencia, fue construyéndose la idea de que la “ventaja comparativa” de la región estaba vinculada a la capacidad para exportar naturaleza. Paisajes primarios, escenarios barrocos, en fin, extensiones infinitas, que tanto obsesionaron a viajeros y literatos de todas las épocas, irían cobrando una nueva significación en el interior de los diferentes ciclos económicos: la plata, el oro, el estaño, el guano, el salitre, el caucho, el petróleo, entre otros.
Un ejemplo actual lo ofrece el boom minero, que alcanza a casi todos los países latinoamericanos. Así, la expansión de la minería a gran escala incluye las altas cumbres cordilleranas, cabeceras de importantes cuencas hídricas hasta ayer intangibles o simplemente inalcanzables y convertidas hoy en el objetivo de faraónicos proyectos (como el de Pascua Lama, el primer proyecto binacional del mundo, compartido por Chile y la Argentina, en manos de la compañía Barrick Gold; o los proyectos mineros en fase de exploración en la Cordillera del Cóndor, entre Ecuador y Perú). Otro ejemplo por demás emblemático es el “descubrimiento” de las virtudes del litio: hasta ayer, el Salar de Uyuni era tan solo un paisaje primario, que hoy pasó a cobrar una nueva significación ante el inminente agotamiento del petróleo y la necesidad de desarrollar energías sustitutivas (automóviles eléctricos). De este modo, la idea de un nuevo paradigma ener-
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gético termina por resignificar aquellos bienes naturales “no aprovechados”, insertándolos en un registro de valoración capitalista.
Ahora bien, como reflexiona René Zavaletta (2009), asociado a la idea de la naturaleza americana extraordinaria fue cobrando forma el mito del excedente, “uno de los más fundantes y primigenios en América Latina”. Con esta expresión, el autor boliviano hace referencia al mito “eldoradista” que “todo latinoamericano espera en su alma”, ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural), que genera un excedente, pero un excedente como “magia”, “que en la mayor parte de los casos no ha sido utilizado de manera equilibrada”.
El tema ha sido desarrollado por varios autores latinoamericanos. Así, Fernando Coronil (2002) hablará de “Estado mágico” en el caso venezolano, para referirse a la mentalidad rentista resultante de dicho proceso. Por su parte, en la línea de la “maldición de los recursos” (también asociado a lo que se conoce como la “enfermedad holandesa”), Jürgen Schuldt y Alberto Acosta (2009) reflexionarán sobre la “maldición de la abundancia”. “Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales”, escribirán ambos para dar cuenta de la conexión entre paradigma extractivista y empobrecimiento de las poblaciones, aumento de las desigualdades, distorsiones del aparato productivo y depredación de los bienes naturales.
En suma, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación, América Latina ha retomado este mito fundante y primigenio, que en el contexto actual alimenta nuevamente la ilusión desarrollista, expresada en la idea de que gracias a las oportunidades económicas actuales (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, proveniente sobre todo desde Asia) es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades.
En términos de memoria corta, la ilusión desarrollista se conecta con la experiencia de la crisis; esto es, con el legado neoliberal de los años noventa, asociado al aumento de las desigualdades y la pobreza, así como a la posibilidad actual de sortear, gracias a las ventajas comparativas, las consecuencias de la crisis internacional. Así, el superávit fiscal y las altas tasas de crecimiento anual de los países latinoamericanos en la última década, en gran medida ligados a la exportación de productos primarios, apuntalan un discurso triunfalista acerca de una “vía específicamente latinoamericana”, en el cual se entremezclan sin distinción continuidades y rupturas en lo político, lo social y lo económico. Por ejemplo, el final de “la larga noche neoliberal” (en la expresión del presidente ecuatoriano
Rafael Correa) tiene tanto un correlato político como económico, vincu-
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lado a la gran crisis de los primeros años del siglo XXI (desempleo, reducción de oportunidades, migración). Tópico que aparece también de manera recurrente en los discursos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país, con el objetivo de contraponer los indicadores económicos y sociales actuales con los de los años neoliberales (los noventa, bajo el ciclo neoliberal de Carlos Menem) y, sobre todo, con aquellos de la gran crisis que sacudió a la Argentina en 2001-2002 y que marcó el fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar.
Modelos de maldesarrollo e (in)justicia ambiental
Durante los siglos XVIII y XIX, y al calor de las diferentes revoluciones políticas y económicas, las nociones de “progreso” y “civilización” fueron moldeando una determinada cosmovisión o gran relato acerca de la modernidad. Dichas ideas-fuerzas generaron un espacio común de representaciones y creencias que atravesaría no solo la ideología de las clases dominantes sino también el discurso emancipatorio de las organizaciones obreras. “Progreso” y “civilización” tendrían también una gran pregnancia en el pensamiento social y en la política de los diferentes países latinoamericanos, donde la obsesión por entrar a la modernidad aparecía asociada inextricablemente a la exigencia de erradicar la “barbarie” americana, esto es, a la población autóctona y sus “males endémicos”.
En el siglo XX, estas dos ideas, “progreso” y “civilización”, fueron reemplazadas por la categoría de “desarrollo”,6 que devino entonces –tal como había sucedido con sus antecesoras– una de las obsesiones más recurrentes de la política y el pensamiento social latinoamericano. Fue sin duda el presidente estadounidense Harry S. Truman quien, en un discurso de 1949, puso en la agenda internacional la noción de “desarrollo”, asociada al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En el marco de la guerra fría, la idea misma de la posibilidad de transferencia, a través de “programas de desarrollo”, establecía una neta distinción entre países “subdesarrollados” y “desarrollados” (Tortosa, 2011).
De ahí en más, la categoría de “desarrollo” se convirtió en uno de los núcleos centrales de los programas gubernamentales y sus estrategias económicas. Asimismo, devino uno de los “conceptos límites” del pensamiento
6 Véase Unceta Satrustegui, 2009, quien establece la relación entre “progreso” y “desarrollo”.
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latinoamericano, concebido a la vez como eje ordenador y promesa emancipatoria. Así, para la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la problemática del desarrollo refería a un problema de estructura económica, directamente vinculado a la división internacional del trabajo. Desde este punto de vista, América Latina debía rechazar las fórmulas de la economía clásica, que condenaban al subcontinente a la especialización económica por país (las “ventajas comparativas” de la producción primario-exportadora), para forjar un camino “propio” hacia la industrialización. El “desarrollismo” fue la resultante de esta propuesta innovadora, conformada por un conjunto de ideas generales sobre las posibilidades de industrialización en la periferia capitalista. Al mismo tiempo, en determinados países el desarrollismo se tradujo también en políticas públicas de la mano de economistas, sociólogos, técnicos y políticos que, formados en este tipo de racionalidad, contribuyeron a afirmar el rol planificador del Estado en los regímenes nacional-populares y nacional-desarrollistas, modelo que fue bautizado de modo genérico por la literatura socioeconómica como ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones).
Por otro lado, las diferentes corrientes de la izquierda, si bien criticaban los programas reformistas del desarrollismo, no cuestionaban la división establecida entre desarrollo y subdesarrollo (Unceta Satrustegui, 2009). Ciertamente, hacían eje en la problemática de las formas de la dependencia, pero sin dejar de adherir al ideario del progreso y la modernización. En realidad, hasta bien entrado el siglo XX, no existía lugar político e ideológico desde el cual oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconocían –o bien se desestimaban– las consecuencias destructivas que podía generar una modernización sin freno. En rigor, había un único paradigma de la modernización, al que adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visión productivista y homogeneizadora del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este sentido, América Latina no fue una excepción.
Sin embargo, más que en otras latitudes, en América Latina las izquierdas han sido proclives a realizar una lectura de la historia que privilegia el crecimiento económico y el desarrollo de las fuerzas productivas, antes que los conflictos que desencadena la aplicación de esta lógica productivista. Así, pese a que en el contexto actual, gran parte de las izquierdas y la tradición nacional-popular han llevado a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena (aproximando, por ejemplo, indianismo y marxismo), no son pocos los que continúan siendo particularmente refractarios a una mirada diferente de la naturaleza. Pese a las afinidades electivas existentes entre la cosmovisión de los pueblos originarios y cier-
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tas corrientes del ambientalismo, estas últimas continúan siendo consideradas como producto de una mirada exógena, proveniente de los países más desarrollados, o catalogadas como fundamentalistas.
Una de las excepciones a esta visión productivista propia de las izquierdas es, sin duda, la crítica postestructuralista elaborada por Gustavo Esteva (1996) y Arturo Escobar (2005), entre otros. En sintonía con los cuestionamientos propios de las perspectivas indigenistas, dichas lecturas apuntan a desmontar el concepto moderno de “desarrollo”, en tanto discurso de poder, a fin de develar los mecanismos principales de dominación: la división entre desarrollo y subdesarrollo; la profesionalización del problema (los expertos) y su institucionalización en una red de organizaciones nacionales, regionales e internacionales; en fin, los programas de desarrollo, así como el ocultamiento y/o subvaloración de otras experiencias o conocimientos locales y de prácticas vernáculas (la figura del “epistemicidio”). En esta línea, no pocos autores latinoamericanos, críticos de la visión macrosocial, planificadora y centralizada del desarrollo, plantearon la importancia de una concepción inclusiva y participativa del mismo, definiéndolo a una escala diferente, que implica el respeto por las culturas campesinas y originarias y el fortalecimiento de las economías locales y regionales.
Asimismo, a fines de los años sesenta y principios de los setenta, diversos planteamientos coincidieron en poner sobre la mesa el debate sobre la naturaleza misma de los procesos y programas de desarrollo, y su capacidad para dar satisfacción a diversos imperativos relacionados con el bienestar humano. Siguiendo a Unceta Satrustegui (2009), un primer campo de críticas fue el relativo a la pobreza y la desigualdad, dentro de lo que algunos denominaron el giro social de los años setenta. Ciertamente, resultaba difícil asumir que el grado de desarrollo hubiera aumentado cuando la pobreza, el desempleo y el subempleo, o la desigualdad, no habían disminuido, pese a los resultados obtenidos en términos de incremento del PIB por habitante. El segundo campo de anomalías, en ese momento todavía incipiente y que trataremos en extenso en los apartados siguientes, se refería al progresivo deterioro del ambiente y de los recursos naturales. Un tercer campo tenía que ver con la falta de equidad de género. Por último, existía un campo vinculado a la no correspondencia entre el crecimiento económico y el respeto de la libertad y los derechos humanos. En ese marco es que nace la noción de “maldesarrollo”, que vino a explicar el fracaso global y sistemático de los programas de desarrollo, tanto en los países llamados “subdesarrollados” como en los “desarrollados”, en el interior del sistema mundial.
El concepto de “maldesarrollo” fue utilizado por diversos autores, entre ellos René Dumond y M. F. Mottin (1981), Shiva (1995) y, más recientemente
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por Unceta Satrustegui (2009) y José María Tortosa (2011). Para los primeros, este concepto hacía referencia explícita al maldesarrollo en América Latina y estaba relacionado con una paradoja: la de un subcontinente que presenta un crecimiento considerable en términos de fuerzas productivas y de riquezas producidas; una industria importante; ciudades gigantescas (más aun, delirantes), con mayor contaminación y embotellamiento que las de los países desarrollados; en fin, un despilfarro de recursos naturales y de fuerza de trabajo. Así, la desigualdad, el derroche, el saqueo, entre otros, habían configurando lo que los autores llamaron “maldesarrollo”, sin querer por ello oponer al mismo un supuesto “desarrollo” correspondiente a Europa y Estados Unidos.
Por su parte, y en la misma línea que en América Latina Gustavo Esteva y Arturo Escobar cuestionaron la noción de desarrollo, Vandana Shiva retomaría el concepto de maldesarrollo para leerlo desde la lógica Norte/ Sur. El desarrollo, que debió haber sido un proyecto poscolonial, de la mano del progreso y el bienestar material para todos, supuso una occidentalización de las categorías económicas. Para ser viable, su puesta en marcha requería que las potencias ocuparan las colonias y destruyeran la economía natural local. El desarrollo, la generación de excedentes comerciales, se convirtió así en fuente de pobreza para las colonias y condujo incluso a la creación de colonias internas. De modo que “el desarrollo se redujo a ser la continuación del proceso de colonización, un modelo basado en la explotación o exclusión de la mujer (occidental y no occidental), en la explotación y degradación de la naturaleza, y en la explotación y destrucción gradual de otras culturas. El crecimiento económico sustrajo recursos de quienes más los necesitaban, solo que en vez de potencias coloniales, los explotadores eran ‘las nuevas élites nacionales’”. Como proyecto culturalmente tendencioso, el desarrollo “destruye los estilos de vida sanos y sostenibles y crea verdadera pobreza material, o miseria, al desatender las necesidades de subsistencia mismas por desviar recursos hacia la producción de mercancías”. Así, la pobreza que genera el desarrollo ya no es cultural y relativa: “Es absoluta y amenaza la supervivencia misma de millones de seres de este planeta”. “El mal desarrollo es la violación de la integridad de sistemas orgánicos interconectados e interdependientes, que pone en movimiento un proceso de explotación, desigualdad, injusticia y violencia”. La autora también suma una clave ecofeminista: “El mal desarrollo es mal desarrollo en pensamiento y acción. En la práctica, esta perspectiva fragmentada, reduccionista y dualista viola la integridad y armonía del hombre con la naturaleza, y la armonía entre el hombre y la mujer” (Shiva, 1995: 19-75).
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Por último, de modo más reciente, los españoles Koldo Unceta Satrustegui y J. M.Tortosa han retomado el concepto de maldesarrollo para referirse a problemas “que afectan al sistema en su conjunto y que representan una merma en la satisfacción de las necesidades humanas y/o en las oportunidades de la gente” (Unceta Satrustegui, 2009). Para Tortosa, el maldesarrollo “afecta a todas las necesidades básicas y, recientemente, está afectando de modo especial el ecosistema”. En un contexto de grandes desigualdades, repercute sobre “los que pierden, condenados al malvivir, a la insatisfacción sistémica, constante y severa de sus necesidades básicas entre las cuales no solo está la supervivencia y el bienestar, sino también la seguridad (frente a la violencia de todo tipo y, por tanto, también seguridad alimentaria y seguridad social)” (Tortosa, 2011: 31).
De modo que hemos optado por retomar el concepto de “maldesarrollo”, con los sentidos aquí señalados (Shiva, Unceta Satrustegui, Tortosa) porque aporta un doble componente que lo hace iluminador: por un lado, refiere a lo empírico (un diagnóstico observable); por otro, a lo crítico (lo indeseable). Creemos que en el marco del Consenso de los Commodities, en el que cobra centralidad la dinámica de desposesión y el extractivismo, el concepto de “maldesarrollo” apunta a subrayar el carácter insostenible o insustentable de los “modelos de desarrollo” hoy vigentes; insustentabilidad que es necesario leer desde diferentes dimensiones: social, económica, ecológica, cultural, política, de género, sanitaria, entre otras. Hablar de maldesarrollo nos ilumina no solo sobre el fracaso del programa de desarrollo (como ideal, como promesa), sino también sobre las diferentes dimensiones del “malvivir” (Tortosa, 2011: 41) que puede observarse en nuestra sociedad, producto del avance de las fronteras del extractivismo.
Asimismo, por las características de la apropiación del territorio y por las nuevas desigualdades sociales, étnicas y de género que esta genera, los modelos de maldesarrollo solo pueden imponerse a través de un preocupante retroceso en el derrotero de las libertades y los derechos humanos. Es por ello que el conjunto de consecuencias del modelo extractivista está lejos de ser una problemática exclusivamente “ambiental” o de violación exclusiva de los denominados derechos colectivos de tercera generación.7
7 Los derechos denominados de tercera generación son aquellos de incidencia colectiva, como el derecho a un ambiente sano. Dentro de la democracia participativa, asumen la estructura jurídica de derecho-deber. Han sido consagrados expresamente por el constitucionalismo argentino a partir de 1994, en los artículos 41, 42 y 43.
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El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo ha retrotraído a la trama que envuelve a la cuestión extractiva en una generalizada violación de los derechos de primera generación, esto es, civiles y políticos.
En este sentido, es necesario asociar el concepto de “maldesarrollo” con su contracara, la justicia ambiental, a fin de dotarlo de otras claves. La noción de justicia ambiental
implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en que tal derecho puede ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades (Acselrad, 2004b: 16).
Este enfoque, que enfatiza la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia, el racismo ambiental hacia los pueblos originarios despojados de sus territorios en nombre de proyectos insustentables, en fin, la injusticia de género y la deuda ecológica, está en el origen de diversas redes de justicia ambiental que hoy se desarrollan en América Latina, en países como Chile (OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) y Brasil (Red de Justicia Ambiental).8
Territorio, actores y lenguajes de valoración
Nos hace falta ahora definir una noción, la de territorio, que hasta hace poco tiempo era un concepto técnico, solo utilizado y debatido por geógrafos, planificadores urbanos y arquitectos, y que hoy se ha convertido en una suerte de noción-fetiche, así como en un concepto en disputa.
Ciertamente, la noción de territorio recorre no solo la narrativa de los movimientos socioambientales, sino también el discurso de las corporaciones, de los planificadores, de los diseñadores de políticas públicas, en fin, del poder político en sus diferentes escalas y niveles. La noción de territorio devino emblemática en los tiempos actuales, una suerte de “con-
8 Pueden consultarse los siguientes sitios: y .
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cepto social total” a partir del cual puede visualizarse el posicionamiento de los diferentes actores en pugna y, aun más, el funcionamiento de la sociedad en general.
Tal como afirma Bernardo Mançano Fernandes (2008), “convivimos con diferentes tipos de territorios productores y producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente”. Así, desde fines de la década de 1980 el territorio se fue erigiendo en el lugar privilegiado de disputa, primeramente a partir de la implementación de las políticas sociales compensatorias, de carácter focalizado, diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza. Sin embargo, en épocas más recientes el territorio se convirtió en el centro de los reclamos de movimientos campesinos, indígenas y socioambientales, a partir de las nuevas modalidades de apropiación del capital en los espacios considerados estratégicos.
Por otro parte, la territorialidad está relacionada con los usos y la apropiación del territorio. Esta se realiza en un espacio complejo, en el que se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. En este sentido, el desarrollo de la minería metalífera a gran escala y el avance de la frontera hidrocarburífera y de la soja, entre otros, pueden pensarse como un ejemplo paradigmático en el que se va generando no solo una “tensión de territorialidades” (Porto Gonçalvez, 2001), sino también una visión de la territorialidad que se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes).
Existen diferentes lógicas de territorialidad, según nos refiramos a los grandes actores económicos (corporaciones, élites económicas), a los Estados y sus agentes (en sus diversos niveles), o a los diversos actores sociales organizados y/o intervinientes en la disputa o conflicto. En este apartado nos interesa dejar constancia de aquellas lógicas territoriales propias del poder, vinculadas a las corporaciones y las élites económicas, las cuales se enmarcan en un paradigma economicista que enfatiza la importancia de transformar los espacios en territorios eficientes y productivos.
Cierto es que la noción de territorio eficiente ha venido acompañando la evolución y la dinámica del capitalismo. Sin embargo, en otras épocas, bajo la égida del Estado social o de bienestar, empresas y agentes de planificación multiescalares desplegaban una visión del “territorio eficiente”, articulada con un enfoque de desarrollo territorial regional o integrado (economía regional y satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los habitantes). Esto cambió ostensiblemente en el marco de la globalización neoliberal llevada a cabo a partir de los años noventa. Por un lado, los gobiernos radicalizaron la idea de “territorio eficiente” para poner en marcha una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional,
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desplazando la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado (Vaca y Cao, 2004). Esto significó, en muchos casos, el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en las economías nacionales. Como consecuencia de ello, la viabilidad o inviabilidad de dichas economías regionales pasó a medirse exclusivamente en función de la tasa de rentabilidad, en desmedro de las necesidades de las poblaciones involucradas y sus condiciones de reproducción social.
Por ejemplo, en la Argentina, la política de apertura económica de los años noventa conllevó la crisis y la desaparición de actores asociados al anterior modelo productivo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios). Esto se vio reflejado de manera paradigmática en YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) que, desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde, fue el motor de desarrollo de las economías regionales.
De modo que en el marco del neoliberalismo, la crisis o colapso de las economías regionales fue abriendo paso a la idea dominante durante los años noventa de que existía una población excedentaria o sobrante. No por casualidad, los enclaves petroleros, luego de las desastrosas consecuencias de la privatización, fueron la cuna de los movimientos de desocupados, símbolo de la población sacrificable en aras del nuevo modelo económico (Svampa y Pereyra, 2003). En consecuencia, frente a la declinación del actor estatal, la tensión existente entre “economía regional” y “economía de enclave”, que siempre había atravesado el concepto de territorio eficiente, se fue saldando en favor de esta última.
De manera más reciente, en el marco del Consenso de los Commodities, hemos pasado de la noción de territorio eficiente y de población sobrante a la de territorios vaciables y áreas de sacrificio. Parafraseando al geógrafo Robert Sack (1986), podríamos decir que, en aras del capital, empresas y gobiernos proyectan una visión eficientista de los territorios que considera a estos como “socialmente vaciables”, en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En el extremo, se los considera territorios o áreas de sacrificio. En nombre de la ideología del progreso, las comunidades allí asentadas aparecen invisibilizadas, las economías regionales devaluadas o sus crisis se exacerban, a fin de facilitar el ingreso de otros proyectos de desarrollo que terminan convirtiéndose en agentes de ocupación territorial.
En la Argentina, y en la Patagonia en especial, esa noción de territorio sacrificable trae reminiscencias muy oscuras, de la mano de la noción de “territorios vacíos” (la metáfora del desierto) que se utilizó a fines del siglo XIX para acorralar y exterminar poblaciones indígenas, desvalorizando lo que
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estas presentaban en términos de cultura y de hábitat. En la actualidad, funcionarios de los gobiernos nacional y provincial utilizan la metáfora del desierto para plantear, por ejemplo, la minería a gran escala, el fracking o los agronegocios como única alternativa productiva. Esta narrativa del desarrollo contrapuesta a la narrativa del desierto también es utilizada para justificar la venta de extensos territorios en la Patagonia –que en algunos casos incluyen pueblos enteros– a empresas y propietarios extranjeros, así como el acceso exclusivo a ríos y lagos o la autorización para el desarrollo de megaemprendimientos turísticos y residenciales. En suma, la afirmación de que existen regiones marcadas históricamente por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una densidad poblacional baja, que cuentan con grandes extensiones de territorios “improductivos”, facilita la instalación de un discurso eficientista y excluyente.
Por último, esta visión del territorio eficiente y productivo puede ser contrapuesta a la de territorio “ocioso” o “improductivo”. En el plano latinoamericano fue sin duda el ex presidente peruano Alan García quien, en 2007, expresó de modo más descarnado dicha visión cuando publicó el artículo “El síndrome del perro del hortelano”, en el tradicional diario El Comercio, de Lima, en el cual anticipaba de manera brutal su política en relación a la Amazonia y los recursos naturales. En aquel artículo afirmaba que los indígenas amazónicos que se oponían a la explotación de sus territorios ociosos eran como “el perro del hortelano”. La Amazonia completa era considerada un territorio ocioso que debía convertirse en productivo, a través de la expansión de las fronteras minera, energética y petrolera.9
Sea que a estos espacios se los conciba como “territorios socialmente vaciables”, “ociosos”, “desiertos” o “vacíos”, el resultado es similar: la desvalorización de otras formas productivas, la devaluación de las economías regionales, la obturación de otros lenguajes de valoración del territorio vinculados a los sectores subalternos y crecientemente incompatibles con los modelos dominantes.
Por otro lado, la lógica estatalista puede llegar a instalarse en un espacio de geometría variable, según se trate de gobiernos de carácter conservador
9 Estos dichos se materializaron en junio de 2008, cuando el Ejecutivo sancionó un centenar de decretos legislativos, entre ellos el paquete de once leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretos legislativos, que fueron rebautizados como “la ley de la selva” por las organizaciones indígenas y ONG ambientalistas, serían cuestionados desde diferentes sectores. Finalmente, la represión de Bagua (5 de junio de 2009) costó la vida de una treintena de habitantes de la región amazónica, diez policías y un número indeterminado de desaparecidos.
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o neoliberal, o de los llamados genéricamente gobiernos progresistas. Pero unos y otros tienen fuertes puntos de contacto. Por ejemplo, más allá de la diferencia de sus regímenes políticos y sus modalidades de intervención, para el caso de la minería transnacional a gran escala las lógicas estatales en la Argentina y en Perú presentan grandes similitudes: en clara continuidad con los años noventa, se trata de modelos de desposesión en los que prima la lógica economicista de las corporaciones transnacionales, favorecida y profundizada por las políticas públicas nacionales y regionales. Además, con el correr de los años y por encima de las diferencias en sus estilos políticos, los gobiernos progresistas han ido afirmando una matriz nacional-estatal (una de las versiones clásicas del populismo regional), en la que convergen una narrativa neodesarrollista y la idea de “territorio eficiente y productivo”.
Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales que tienen por actores a organizaciones indígenas y campesinas, así como nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente. Entendemos por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y el control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente; al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. Más simple, en la medida en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no solo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues estos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones, generando fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias colectivas. En este contexto, la explosión de conflictos socioambientales ha tenido como correlato aquello que Enrique Leff (2006) llamara “la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano”. Esta dinámica de ambientalización de las luchas se va expandiendo cada vez más, hasta incluir amplias poblaciones urbanas y rurales de América Latina.
En la Argentina, en los últimos años los procesos ligados a la defensa de la tierra y el territorio han tenido como protagonistas a las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas, así como también a los nuevos movimientos socioambientales, como por ejemplo los que pro-
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mueven las resistencias contra la megaminería transnacional, contra el uso de agrotóxicos, contra la expansión de la frontera sojera, contra las diferentes formas del urbanismo neoliberal y, de modo más reciente, contra el fracking. En ese nuevo entramado organizacional, de carácter policlasista, además de los colectivos o movimientos asamblearios, juegan un rol importante ciertas ONG ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones, muchas de las cuales combinan la política de lobby con una lógica de movimiento social– y diferentes colectivos culturales en los que predominan mujeres y jóvenes así como intelectuales y expertos que no solo acompañan la acción, sino que en muchas ocasiones forman parte activa de los movimientos sociales. En este sentido, todos ellos deben ser considerados menos como “aliados externos” y mucho más como coprotagonistas, con peso propio, en el interior de este nuevo entramado organizacional.
Por ende, una de las cuestiones más relevantes es la progresiva articulación entre actores diferentes (organizaciones indígenas-campesinos, movimientos socioambientales de tipo asambleario, ONG ambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), lo que permite abrir las puertas a un diálogo de saberes y disciplinas diversas. Es en este espacio de intercambios donde se va gestando un saber experto crítico, independiente de los discursos y poderes dominantes (económico, político y mediático), y donde logra un lugar la valorización de los saberes locales, entre ellos los de raíz campesina-indígena. Retomando un concepto de Joan Martínez Alier (2004), emergen así nuevos lenguajes de valoración acerca del territorio y de la construcción de la territorialidad, en oposición a las actuales políticas públicas de corte extractivista. Al mismo tiempo, en la medida en que estas luchas se insertan en un espacio –asimétrico– de disputa, el proceso de ambientalización de las luchas va impulsando un nuevo lenguaje de derechos, a través de la sanción de leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una nueva institucionalidad ambiental.
Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones (que no pueden representarse mediante un precio de mercado, incluso aunque algunos lo tengan). En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su
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carácter de patrimonio natural, social, cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio.
En términos generales y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a lo que hemos denominado giro ecoterritorial (Svampa, 2012a), esto es, un lenguaje común que ilustra el cruce innovador entre matriz indígeno-comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista: bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental, derechos de la naturaleza, buen vivir, son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes. El resultado es la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan como esquemas de interpretación global y, al mismo tiempo, como productores de una subjetividad colectiva alternativa. Así, las luchas ecoterritoriales apuntan a la expansión de las fronteras del derecho y, de modo simultáneo, expresan una disputa societal alrededor de lo que se entiende o debe entenderse por “verdadero desarrollo” o “desarrollo alternativo”, entre otros. Paralelamente, colocan en debate conceptos tales como los de soberanía, democracia y derechos humanos. Ya sea en un lenguaje de defensa del territorio y de los bienes comunes, como de defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos originarios, de los derechos de la naturaleza o del “buen vivir”, la demanda de las poblaciones movilizadas se inscribe en el horizonte de una democracia participativa radical, que incluye la democratización de las decisiones colectivas, más aún, del derecho de los pueblos a decir “No” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.
Asimismo, con todas sus dificultades, las alternativas ecoterritoriales no buscan atacar solamente el tipo de producción que hoy se impone de la mano de la “commoditización” de la naturaleza y de la vida social, sino también cuestionar los patrones e imaginarios sociales de consumo fuertemente consolidados en nuestras sociedades, a saber, un modo de vida hegemónico relacionado con determinadas ideas sobre el progreso que permean nuestro lenguaje, nuestras prácticas, nuestra cotidianeidad, acerca de lo que se entiende por calidad de vida, buena vida y desarrollo social (Brandt y Wissen, 2013: 449).10 La congruencia entre patrones de produc-
10 “Por ejemplo, se espera que las computadoras sean cada vez más potentes y que los alimentos sean cada vez más baratos sin importar las condiciones sociales y ecológicas en las que se producen” (Brand y Wissen, 2013: 449-451). Brandt habla de un “modo de vida imperial”, esto es, la universalización “de un modo de vida
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ción y de consumo, la generalización en los países del norte (pero también del sur) de un “modo de vida hegemónico”, hace notoriamente más difícil la conexión o articulación social y geopolítica entre las diferentes luchas (sociales y ecológicas, urbanas y rurales, entre otras), y de sus lenguajes emancipatorios.
En fin, más allá de las ambivalencias, las limitaciones y los matices, los movimientos campesinos e indígenas, así como las nuevas movilizaciones socioambientales, se instalan en un campo de difícil disputa. Por un lado, deben confrontar directamente la acción global de las grandes empresas transnacionales, las que en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en los actores claramente hegemónicos del modelo extractivo-exportador. Por otro lado, en el plano local, deben confrontar con las políticas y orientaciones generales de los gobiernos –tanto a nivel provincial como nacional–, los que en su mayor parte consideran que en la actual coyuntura internacional las actividades extractivas constituyen la vía más rápida –si no la única en esas regiones– hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes. Por último, tanto en lo material como en lo simbólico, deben librar una batalla cultural inmensa e imprescindible, pues confrontan con un modo de vida hegemónico que se ha generalizado no solo en los países del norte, sino también en los países del sur.
La inflexión kirchnerista
Este no es un libro de análisis específico sobre el kirchnerismo pero, claro está, propone una interpretación política y social de lo sucedido en la última década en nuestro país. En razón de ello, haremos una breve lectura de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

que es imperial hacia la naturaleza y las relaciones sociales y que no tiene ningún sentido democrático, en la medida que no cuestiona ninguna forma de dominación. En este sentido preciso, el modo de vida imperial es no democrático. El modo de vida imperial no se refiere simplemente a un estilo de vida practicado por diferentes ambientes sociales, sino a patrones imperiales de producción, distribución y consumo, a imaginarios culturales y subjetividades fuertemente arraigados en las prácticas cotidianas de las mayorías en los países del norte, pero también, y crecientemente, de las clases altas y medias en los países emergentes del sur” (entrevista, 23 de abril de 2012, ).
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Desde nuestra perspectiva, la tensión y la combinación entre continuidades y rupturas, los dobles discursos y las ambivalencias, constituyeron desde el comienzo un hilo articulador del kirchnerismo.11 Así, este nació al calor de las movilizaciones de 2001-2002, en un contexto de posconvertibilidad, en un momento de cuestionamiento del consenso neoliberal y de emergencia de gobiernos progresistas en América Latina, y en el marco de un nuevo ciclo económico mundial centrado en el boom de los commodities.
A lo largo de la década mencionada del kirchnerismo, podemos distinguir tres fases: el momento fundacional, con la asunción a la presidencia y el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2008), que podríamos caracterizar como la fase de revalorización del progresismo; un segundo período, entre 2008 y 2011, que coincide con la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner e ilustra la actualización de un estilo político populista; y un último momento, que arranca en 2011 y da cuenta de la profundización de ese estilo populista, aunque anclado en el protagonismo cada vez mayor de las clases medias. Este último momento nos abre a una comprensión plena del orden social dominante, en términos de revolución pasiva.
Desde el inicio el kirchnerismo apuntó a definirse como una fuerza progresista.12 Es cierto que en la Argentina de esa época la expresión había sido vaciada de todo contenido, luego de la experiencia desastrosa del gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación; pero la asunción de Néstor Kirchner, el presidente inesperado, coincidió con un cambio de época a nivel latinoamericano, luego de la crisis y la escalada de movilizaciones antineoliberales en varios países de la región. Los primeros gestos de Kirchner confirmaron el clima de cambios: entre ellos, los reemplazos en la composición de la Corte Suprema de Justicia, la asunción de una política de derechos humanos respecto de lo sucedido bajo el terrorismo de Estado, la opción por una política económica heterodoxa y un incipiente latinoamericanismo.
Si bien Néstor Kirchner tuvo un intento tímido de construcción de una fuerza transversal progresista, por fuera del Partido Justicialista (PJ), pron-
11 Retomamos parte del artículo “Hacia una caracterización general del kirchnerismo: populismo de clases medias y revolución pasiva” (Svampa, 2013d).
12 En sus orígenes, el término “progresista” remitía a la Revolución Francesa e incluía aquellas corrientes ideológicas que abogaban por las libertades individuales y el cambio social (el “progreso”). En la actualidad, bajo la denominación genérica de progresismo convergen corrientes ideológicas diversas, desde la socialdemocracia al populismo, que proponen una visión reformista y/o posibilista del cambio social.
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tamente optó por apoyarse sobre los sectores del peronismo tradicional. Por un lado, desde 2004 tendría como aliado a Hugo Moyano, líder de una CGT (Confederación General del Trabajo) recientemente unificada y en quien conviven las apelaciones típicas a la tradición nacional-popular con un sindicalismo de corte empresarial (un sindicalismo empresarial plebeyo). Por otro lado, a partir de 2005, y en pos de desplazar territorialmente al duhaldismo, el kirchnerismo se apoyó en la vieja estructura del PJ, sellando una alianza con los barones del Conurbano bonaerense y los gobernadores peronistas. Por último, tanto la devaluación asimétrica que benefició a sectores concentrados de la economía, como la generosa política de subsidios a las empresas de servicios y la reactivación posconvertibilidad de la industria, fueron forjando alianzas con grupos importantes de la burguesía local.
El segundo momento se abre con el conflicto entre el gobierno nacional y las patronales agrarias (2008), cuyo carácter recursivo y virulento actualizó viejos esquemas de tipo binario que atraviesan la historia argentina. Paradojas de la historia, el kirchnerismo se vio enfrentado a aquellos sectores a los que había beneficiado: desde las patronales agrarias, convertidas en motor del modelo sojero, hasta el multimedios Clarín. En este período, el estilo de construcción del kirchnerismo adoptaría rasgos más específicamente populistas. Entendemos por “populismo” una determinada matriz político-ideológica que se inserta en la “memoria media” (las experiencias de los años cincuenta y setenta), que despliega un lenguaje rupturista (la exacerbación de los antagonismos) y tiende a sostenerse sobre tres ejes: la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, y el vínculo entre líder carismático y masas organizadas. Pese a que existen diferentes figuras, tal como sostienen Emilio De Ipola y Juan Carlos Portantiero (1994), la tendencia del populismo es “a recomponer el principio de dominación, fetichizando al Estado (‘popular’ ahora) e implantando, de acuerdo a los límites que la sociedad ponga, una concepción organicista de la hegemonía”.
El conflicto por la ley de medios audiovisuales y, finalmente, la muerte inesperada de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010) terminaron de abrir por completo las compuertas al giro populista, montado sobre el discurso binario como “gran relato”, sintetizado en la oposición entre un bloque popular (el kirchnerismo) y sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, gorilas, antiperonistas).
Si durante el momento inicial el kirchnerismo había generado una suerte de consenso progresista pasivo dentro de las filas intelectuales, a partir de 2008, sobre todo con la presentación del proyecto de ley de medios audio-
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visuales, la defensa de esa norma suscitó pasiones y planteos más aguerridos. Desde Carta Abierta hasta un conglomerado de artistas y periodistas movilizados, a los que luego se sumaron los jóvenes de La Cámpora, constituyeron las bases para la rápida creación de un aparato propagandístico, una estructura mediático-cultural, que llevaría a cabo la llamada batalla cultural. Ese proceso tuvo, sin embargo, sus paradojas. Si bien potenció las afinidades progresistas entre el gobierno y sectores de clases medias provenientes de la cultura, al mismo tiempo produjo una brecha con otros sectores de clases medias, tanto urbanos como rurales, que cuestionaron la política económica y el estilo autoritario del gobierno.
Por otro lado, el conflicto agrario puso en claro cuál era el lugar central de la acumulación del capital en la Argentina de la posconvertibilidad. Lejos de ser la industria rediviva, como pregonaban sectores industriales y sindicales –buscando mirarse en el espejo del viejo modelo populista–, aquella se asentaba en la nueva economía del agronegocios, cuyo complejo perfil y sus diferentes actores iban asomando como protagonistas plenos de la política argentina. Por último, con el corrimiento y la ampliación de las fronteras del conflicto, no solo hacia lo sindical y las diversas formas de la precariedad, sino también hacia lo territorial y lo ambiental, las denuncias acerca de la asociación entre gobierno y grandes agentes económicos –entre ellos las corporaciones transnacionales, desde Monsanto hasta las multinacionales mineras– comenzarían a avanzar en progresión aritmética.
Sin embargo, el progresismo continuaba desplegándose en progresión geométrica, mostrando una gran productividad política: así, pese a perder las elecciones parlamentarias de 2009, el kirchnerismo demostró capacidad para superar la adversidad, dejando atrás la crisis política de 2008-2009, gracias a una combinación de crecimiento económico con políticas públicas de gran alcance, como la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la estatización de las AFJP y, en un contexto de crisis internacional, una política de subsidios orientada a ciertos sectores de la producción y el consumo. La presidenta comenzaría así su segundo mandato con un gran capital político y simbólico, después de arrasar con el 54% de los votos, recuperando la mayoría parlamentaria perdida en 2009.
Un tercer momento se abre, entonces, en octubre de 2011. ¿Qué es lo propio de este período? Desde nuestra perspectiva, hay tres elementos mayores que van a contribuir a la erosión de la imagen del kirchnerismo: el primero, su vertiginoso encapsulamiento sobre sectores de las clases medias, completamente obsecuentes a la presidenta; el segundo, el deterioro
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de la situación económica (inflación, precarización, política impositiva regresiva, cepo cambiario, entre otros); el tercero, la profundización incontestable de las alianzas con las grandes corporaciones económicas: desde el agronegocios, hasta los transportes, pasando por la megaminería y los hidrocarburos. Preso de un discurso épico, sobreactuado hasta el hartazgo, el kirchnerismo no podrá ocultar más sus contradicciones, frente a la cruda realidad de los índices económicos y la manifiesta alianza con las corporaciones, las que aparecen abiertamente como los grandes jugadores-actores de la sociedad argentina actual.
Recordemos que, al romper su alianza con Hugo Moyano (diciembre de 2011), el gobierno abandonó la vía del populismo clásico (la pata sindical como columna vertebral) para concentrarse sobre sus aliados provenientes de las clases medias; así, la base de apoyo sindical del kirchnerismo quedó reducida a una parte de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), vinculada a sectores medios (maestros y empleados estatales). A su vez, este encapsulamiento coincide con un nuevo quiebre del gobierno con otros sectores de las clases medias, con los cuales parecía haberse reconciliado según los resultados electorales de 2011. Así, las masivas movilizaciones realizadas entre septiembre de 2012 y abril de 2013 mostraron que uno de los frentes principales de conflicto del gobierno es la puja ideológica intraclase: si desde el oficialismo se arrogan el monopolio del progresismo y la representación de las clases subalternas –en nombre de “un modelo de inclusión social”–, desde la oposición otros sectores medios movilizados critican lo que consideran el creciente autoritarismo del régimen y denuncian la “corrupción”.
Por último, fiel a la tradición personalista de la política latinoamericana, el fuerte encapsulamiento del Poder Ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo, poco afecto al debate democrático (véase Gargarella, 2013). En este contexto, que muestra el copamiento del aparato del Estado por parte de La Cámpora y un estrechamiento de las alianzas sociales, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretende monopolizar el lenguaje del progresismo en nombre de las clases populares, vía por la cual también busca descalificar a otros sectores de clases medias movilizados.
Como consecuencia, la Argentina se embarcó en un proceso de polarización política, aunque diferente al de otros países latinoamericanos. Uno, porque más allá del progresismo, el modelo kirchnerista es profundamente peronista, capaz de combinar audacia política y un legado organizacional tradicional, que revela una concepción pragmática del cambio social y de la construcción de hegemonía, basada en el modelo clásico de la partici-
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pación social controlada, bajo la tutela estatal y la figura del líder.13 Dos, porque el kirchnerismo nunca tuvo el afán de impulsar dinámicas de democratización, como sí sucedió con los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, que encararon procesos constituyentes de carácter participativo, lo cual conllevó –al menos bajo los primeros mandatos– la ampliación de las fronteras de derechos. Tercero, a diferencia de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, que pueden ser considerados como populismos de clases populares pues, más allá de sus limitaciones, apuntaron a la redistribución del poder social y al empoderamiento de los sectores subalternos, en la Argentina lo más destacable es la vocación estelar de las clases medias, su empoderamiento político, en un marco de consolidación generalizada de los grandes actores económicos. Esto no significa, empero, que las clases populares estén ausentes: asistencializadas, precarizadas, sin relegar sus tradiciones sindicales, abriendo nuevos frentes de conflicto y de lucha, las clases subalternas son cada vez más los convidados de piedra de un modelo cuya clave de bóveda son las clases medias autodenominadas “progresistas”.
Asimismo, a diferencia de las primeras fases, los conflictos propios del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner pusieron al desnudo las alianzas económicas del gobierno, las cuales, lejos de ser un “costado débil” o “asignaturas pendientes”, constituyen un núcleo duro del modelo kirchnerista, en el marco del Consenso de los Commodities: allí se expresa la dinámica de desposesión acelerada propia del extractivismo, que el oficialismo promueve activamente en términos de políticas públicas, al tiempo que se empeña en negar o minimizar sus efectos expoliadores. Hagamos un breve resumen:
1. Agronegocios. A la criminalización y la represión de poblaciones campesinas e indígenas, hay que sumar los nuevos convenios con Monsanto, el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020 y el proyecto de la nueva Ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización.
2. Megaminería. Con escasos pronunciamientos al respecto, pero con una política estatal de apoyo a la actividad desde 2003, luego de la pueblada
13 Juan Carlos Torre propone pensar en un peronismo permanente y un peronismo contingente. El permanente “está alimentado por principios rectores que hacen a los valores tradicionales del peronismo, como el nacionalismo, el estatismo, la justicia social, la protección social… Sobre ese telón de fondo, la conducción del peronismo se sintoniza con el clima de época bajo la inspiración de su corazón contingente. Sea porque ese clima de época se eclipsa, sea porque se cometen errores políticos, la estrella de ese peronismo contingente puede perder su brillo” (entrevista en Página 12, 21 de enero de 2013, ).
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de Famatina en 2012 el gobierno nacional finalmente blanqueó su posición, reconociendo a la megaminería como parte esencial y legítima del modelo.
3. Hidrocarburos. Después de un reverdecimiento de la épica nacionalista, el gobierno transitó rápidamente de la falsa estatización de YPF a la entrega del yacimiento de Vaca Muerta a la multinacional Chevron, mientras avanza de modo ciego en la explotación de hidrocarburos no convencionales con la técnica del fracking.
4. Transporte. El crimen social que implica el accidente de trenes de la Estación de Once, con 52 víctimas mortales, terminó por desnudar las continuidades con el modelo neoliberal que, desde otro ángulo, ya había puesto de manifiesto el asesinato del militante y dirigente estudiantil Mariano Ferreyra, en 2010.
5. Demanda de tierra y vivienda. El aumento de los asentamientos tiene como correlato el acaparamiento de tierras, así como la especulación inmobiliaria en las ciudades.
6. Derechos humanos. La sanción de la Ley antiterrorista, el Plan X de espionaje, el avance de la criminalización, la terciarización de la represión y las muertes difusas (Antonelli, 2011), y recientemente el nombramiento de César Milani, cuestionado por organizaciones de derechos humanos, a la cabeza del ejército, señalan un umbral de pasaje en términos de violaciones de los derechos humanos.
Cambio y, a la vez, conservación. Progresismo modelo realizado en clave nacional-popular y con aspiraciones latinoamericanistas y, a la vez, Modelo de expoliación, asentado en las ventajas comparativas que ofrece el Consenso de los Commodities, de la mano de los grandes capitales. De este modo, el kirchnerismo fue consolidando un esquema cercano a lo que Gramsci denominaba la revolución pasiva (Modonessi, 2012), categoría que sirve para leer la tensión entre transformación y restauración en épocas de transición, que desemboca finalmente en la reconstitución de las relaciones sociales en un orden de dominación jerárquico.
En suma, a más de diez años de kirchnerismo no ha sido fácil salir de la trampa de la “restauración-revolución” que este propone, pues fueron las clases medias progresistas, con un discurso de ruptura, en su alianza no siempre reconocida con grandes grupos de poder, las encargadas de recomponer desde arriba el orden dominante, neutralizando y cooptando las demandas desde abajo. Sin embargo, todo parece indicar que ingresamos a una nueva fase en la cual la dialéctica entre cambio y restauración –y su nivel de visibilidad– se han invertido notoriamente. Pues si antes las políticas de cuño progresista avanzaban en forma geométrica y las fronteras del despojo y la precariedad lo hacían en progresión aritmética, hoy
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la relación es inversa, lo que pone al desnudo los límites de esta estrategia, así como sus orientaciones centrales y sus consecuencias restauradoras, frente al resto de la sociedad.
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Los ejemplos que hemos tomado en este libro muestran algo más que una sucesión de casos parciales, asignaturas pendientes o problemas no resueltos en el marco de una política nacional, supuestamente de carácter inclusivo. Antes bien, todos ellos revelan una lógica común y, vistos en sucesión, su despliegue va mostrando los contornos preocupantes de una Argentina hipotecada, empeñada en apostar por proyectos de maldesarrollo, esto es, por modelos insustentables.
Dicho proceso tiene como contracara el avance y la desposesión de bienes, de territorios y de derechos. Consecuencia de ello es también el estallido de la conflictividad social, en cuyos pliegues contestatarios se entrecruzan lo nuevo y lo viejo, lo rural y lo urbano, las pequeñas y las medianas ciudades, la lógica de los márgenes y aquella de los centros. Por eso mismo, como sostenemos a lo largo del libro, no se trata solamente de una discusión económica, una controversia sociotécnica o ambiental que incumbe de modo exclusivo a los expertos, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia: se trata de saber si queremos debatir lo que entendemos por “desarrollo”; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, involucrando al conjunto de la ciudadanía, o bien, aceptamos la imposición de modelos de desarrollo insustentables, en nombre del nuevo Consenso de los Commodities y sus “ventajas comparativas”.

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La emergencia de la cuestión ambiental
En cuestiones de riesgo, nadie es experto, o todos somos expertos, puesto que los expertos dan por supuesto lo que se supone que tienen que hacer posible y producir: la aceptación cultural. […] Lo decisivo sin embargo es que el horizonte se desvanece a medida en que los riesgos crecen, pues los riesgos nos dicen qué es lo que no debe hacerse, pero no qué debe hacerse.
Ulrich Beck, La invención de lo político
En este segundo capítulo abordamos el surgimiento de la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte veremos cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la naturaleza. En este punto haremos referencia a algunos de los debates actuales acerca del “desarrollo”, y a la emergencia de las nociones de “desarrollo sustentable” y “economía verde” como componentes del discurso hegemónico. Asimismo, realizaremos un breve resumen acerca de la evolución del nuevo Derecho ambiental, basado en los principios de precaución y prevención, con especial mención del modo en cómo estos han sido retomados en la Argentina.
En el segundo apartado nos toca dar cuenta de cómo los conflictos socioambientales han venido dando forma a la cuestión ambiental, introduciendo la discusión acerca de los modelos de desarrollo en nuestro país. Para comenzar, presentaremos los hitos más significativos de la última década, a saber, el conflicto en Esquel contra la minería, el conflicto por las pasteras en Gualeguaychú, el conflicto sobre la contaminación del Riachuelo, el debate en torno a la Ley Nacional de Protección de Glaciares y, por último, el punto máximo de discusión, la pueblada de Famatina con-
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tra la megaminería.1 En un segundo momento nos detendremos a ilustrar el modo en cómo la expansión de las fronteras del extractivismo y la problemática del acaparamiento de tierras impacta sobre los pueblos originarios que habitan nuestro país.
Cuestionamiento y retorno de la idea de desarrollo
Cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar para siempre en un mundo finito es o un loco o un economista. Kenneth Boulding
Voces críticas al pensamiento moderno no han faltado nunca, pero estas se fueron acrecentando a medida que avanzaba el siglo XX. En lo que respecta a la creencia en el crecimiento infinito y la dominación del mundo sin restricciones, el primer aporte de importancia sobre temas ambientales fue el reporte “Los límites del crecimiento” preparado por Donella Meadows (1972). Allí se denuncia los límites a la explotación de la naturaleza y su incompatibilidad con un sistema económico fundado en el crecimiento continuo. Este informe sintetizó un conjunto de críticas al modelo económico capitalista –que hasta ese momento había soslayado los daños a la naturaleza y socializado sus costos con toda la población– y logró que el tema ambiental ingresara en la agenda mundial y se transformara en un problema a resolver por la comunidad internacional.
En 1972, las discusiones referidas se concentraron en Estocolmo (Suecia), donde tuvo lugar la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En la declaración adoptada por los Estados nacionales, que lleva el nombre de la conferencia, no se rechaza la postura de dominación de la humanidad sobre la naturaleza, pero empieza a visualizarse una relación más estrecha entre el desarrollo económico y el “medio humano”. Persiste la idea del “progreso” como crecimiento sin límites en la idea de “desarrollo”, pero se denuncia que el actual poder transformador del hombre sobre la naturaleza puede generar daños al “medio humano”:
1 A excepción del conflicto por las pasteras, aclaramos que los otros temas serán abordados también en los siguientes capítulos.
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El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado erróneamente o imprudentemente, el mismo poder transformador puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio (Proclama N° 3 de la Declaración de Estocolmo).
Aunque la Declaración no plasma con todos sus rasgos el paradigma del “desarrollo sostenible”, ya empiezan a aparecer sus elementos principales. Así, en el principio N° 1 se expresa que el hombre “tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.
En 1987, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó el estudio “Nuestro Futuro Común” (también conocido como Informe Brundtland, atendiendo al apellido de su coordinadora), a partir del cual se popularizó la idea de “desarrollo sostenible” (Gudynas, 2004: 35). En 1992, se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El principio Nº 3 de la Declaración de Río sostiene que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. El principio N° 4 expresa que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. Estas conferencias internacionales sirvieron para unificar las distintas visiones que se encontraban en puja frente a la cuestión ambiental. En este marco, triunfó nuevamente el paradigma del progreso y del crecimiento infinito bajo un nuevo rostro conceptual, el “desarrollo sostenible”. Quedaron atrás otras propuestas más radicales, como aquellas elaboradas por los pensadores de la ecología profunda.2
Incluso, hasta en la dimensión gramatical se advirtió esta situación. Luego de la Conferencia de Estocolmo, el consultor de Naciones Unidas para la cuestión ambiental, Ignacy Sachs, propuso la palabra ecodesarrollo como término de equilibrio. Henry Kissinger, jefe de la diplomacia estadounidense, se ocupó inmediatamente de realizar las gestiones necesarias
2 Entre sus representantes está el pensador noruego Arne Naess.
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para vetar el uso de dicho término en los foros internacionales (Sachs, 1994). Estas conferencias y el modelo de “desarrollo sostenible” necesitaron a su vez la creación de una nueva ingeniería jurídica. Si bien la prioridad estaba dada por el orden de las palabras que daban nombre al modelo (es decir, el crecimiento económico primero y, luego de asegurado este, recién ahí se comenzaría a atender la cuestión ambiental y los derechos de las generaciones futuras), resultaba insoslayable elaborar nuevos principios y herramientas jurídicas que respondieran a una nueva realidad, no contemplada en los códigos napoleónicos.
La forma jurídica terminó de afianzarse en la Declaración de Río, en 1992, en cuyos principios Nº 15 y Nº 17 aparecen los nuevos principios jurídicos ambientales:
15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
[…]
17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.
En estos párrafos de la Declaración de Río quedaron plasmados los principios preventivo y precautorio, así como la herramienta procedimental preventiva (la evaluación previa de impacto ambiental). A partir de ello, se empezó a separar del Derecho civil una rama bautizada como Derecho ambiental, que incorporó los ya referidos principios preventivo y precautorio.
El principio precautorio fue enunciado inicialmente por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, organismo creado en 1987 por decisiones congruentes de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Posteriormente lo recogió la Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial del Clima, para aparecer consagrado en el inciso 3 del artículo 3º del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, negociado entre febrero de 1991 y mayo de 1992 bajo los auspicios de las Naciones
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Unidas. También, como hemos visto, aparece como principio Nº 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Este constituye uno de los cuatro principios incorporados al artículo 130 R-2, en el que el Tratado de Maastricht de la Unión Europea fundamenta la Acción de la Comunidad.3
Asimismo, para el Derecho ambiental, el daño ambiental debe prevenirse4 incluso a costa de la prohibición de actividades económicas. En este sentido, la jurisprudencia argentina ha llegado a decir que “asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto”.5
Por otro lado, en la precaución no se actúa sobre riesgos ciertos (como ocurre con la prevención), sino sobre riesgos inciertos. Estamos en un ámbito en el que domina la incertidumbre. No se sabe con certeza si algo puede causar un daño y, consecuentemente, no se sabe si algo puede ser dañado. En cambio, el principio de prevención opera sobre la certidumbre, es decir, sobre los efectos o impactos de la acción que pueden identificarse, valorarse y, por lo tanto, corregirse en la fuente, mitigarse o evitarse.
Como decíamos, el principio precautorio opera sobre la incertidumbre, ante la posibilidad de un peligro de daño grave o irreversible, pero no se sabe si el daño efectivamente se producirá; en contra de lo que pudiera parecer, este principio no supone una resistencia al concepto de “desarrollo”. De lo que se trata es de incentivar las propuestas de modos alternativos de desarrollo, que sean compatibles con el ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo a lo que explicábamos más arriba, las limitaciones propias de los principios jurídicos ambientales tienen que ver con que estos fueron construidos y aplicados en el marco de un sistema jurídico forjado desde la perspectiva moderna. De este modo, el daño ambiental no ha podido comprenderse acabadamente por fuera de la protección de la persona hu-
3 Véanse Andorno, 2002; y Goldenberg y Cafferatta, 2002, y la amplísima bibliografía citada en dicho trabajo de investigación.
4 El Derecho ambiental, en su raíz constitucional, es fundamentalmente prevención. Así surge del imperativo contenido en el artículo 41 de la Carta Magna que impone a todos los habitantes de la Nación el deber de preservar el ambiente.
5 Causa “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otros”, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Acuerdo 2078 del 19 de mayo de 1998, L.L. 1999-C-1129.
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mana y sus bienes. Esto es, existe una marcada protección de la naturaleza solo cuando su degradación afecta la calidad de vida de las personas. En consecuencia, tampoco el Derecho ambiental logró escapar integralmente de la filosofía positivista de la Modernidad que toma a la naturaleza, objeto de conocimiento y dominación, como un conjunto o sumatoria de elementos, descuidando una visión totalizadora. Así, el Derecho ambiental suele perderse en lo analítico, pues apunta a proteger aisladamente el agua, el aire, los glaciares, los bosques nativos, sin lograr abarcar holísticamente a la naturaleza.
El Derecho ambiental ha sido pensado y construido bajo el paradigma de la idea moderna de “orden y progreso” que luego de la Segunda Guerra Mundial se actualizó en la idea del “desarrollo”. De allí que, puesta en la agenda internacional la cuestión ambiental, la finalidad civilizatoria fuera el “desarrollo sostenible”.6 El orden de los términos no es irrelevante. La valoración económica de las cosas y de las relaciones, la creencia de la búsqueda del crecimiento como razón de los Estados nacionales siguen vigentes y no han sido alteradas luego de la irrupción de la cuestión ambiental. La sustentabilidad se supeditó al desarrollo, la protección de la naturaleza al fetiche del crecimiento económico infinito como solución y regulación de las necesidades humanas.
Por estos motivos los principios jurídicos ambientales son insuficientes en los hechos frente a los daños causados por el modelo extractivo-exportador como expresión del “desarrollo” en los países de la periferia. Elementos díscolos, como podría ser la aplicación de los novedosos principios ambientales de prevención y precaución, son callados e incluso llegan a ser interpretados en contra de cualquier obstáculo legal que pueda surgir para impedir el desenvolvimiento pleno del crecimiento económico infinito, que está transformando en mercancía cada uno de los satisfactores de las necesidades humanas y elementos de la naturaleza (véase Giarracca y Viale, 2009).
La Conferencia de Río + 20 y la economía verde
Una lectura detallada de los textos nos permite responder que no estamos ante la presencia de los diagnósticos y las
6 Sobre la “expropiación del discurso verde”, véanse los trabajos pioneros de Miguel Grinberg (entre ellos, Grinberg, 2012).
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respuestas urgentemente requeridas, sino ante un sofisticado esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni las relaciones de dominación y explotación existentes en este. Se argumenta a lo largo del informe que con los mismos mecanismos de mercado y patrones científicos y tecnológicos, con la misma lógica del crecimiento sostenido, será posible salvar la vida en el planeta.
Edgardo Lander, “La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero”
Como hemos señalado, la división del trabajo en el interior del sistema capitalista reservó para América Latina el rol de exportadora de naturaleza hacia los países centrales industrializados y las grandes potencias emergentes (como China). La implementación de modelos de maldesarrollo también tuvo su correlato en los ordenamientos jurídicos. Por una parte, los Estados nacionales, sea por complicidad o por incapacidad, no aplican los principios arquitectónicos del Derecho ambiental. Todos los megaemprendimientos extractivos lesionan alguno de dichos principios, afectando la naturaleza. A su vez, como analizaremos en este libro, la desposesión de los territorios se realiza con violencia, vulnerando los derechos humanos colectivos y ambientales, así como civiles y políticos. Por otra parte, la exportación de naturaleza requiere que los ordenamientos jurídicos liberen sus fronteras financieras, que disminuyan las cargas tributarias sobre la actividad extractiva, estableciendo la prioridad en el consumo de energía y otros recursos.
Además, desde la Conferencia de Río de 1992 se sucedieron severas crisis económicas, sociales y políticas en el mundo, entre ellas las de Asia (1997-1999) y la Argentina (1998-2001). Posteriormente, en el año 2008 se hizo ostensible la mayor crisis del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, la cual se inició en Estados Unidos y avanzó hasta Europa, generando una política de ajuste y millones de desocupados. A partir de esta crisis se han vuelto más atractivos los modelos económicos que mercantilizan con mayor intensidad la naturaleza, como alternativa para combatir la recesión. De esta forma, desde los países centrales se está impulsando un modelo al que se ha llamado economía verde con inclusión, que extiende el formato financiero del mercado del carbono hacia otros elementos de la naturaleza, como por ejemplo el aire o el agua, así como a procesos y funciones de la naturaleza. Mientras el PNUMA habla de “economía verde”,
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial se refieren a un crecimiento ambientalmente posible o un crecimiento verde (Unmüßig, 2012: 22). Para el PNUMA,
una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. En una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia energética así como en el uso de los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas. […] El concepto de “economía verde” no sustituye al de “desarrollo sostenible” (PNUMA, 2011: 9).
La premisa general es la idea de que los mercados han estado operando sobre la base de fallas de información, a partir de la no-incorporación del costo de las externalidades y de políticas públicas inadecuadas como los subsidios perversos para el ambiente (Buonomo et al., 2012).
Asimismo, la “economía verde” considera que las funciones de los ecosistemas pueden ser tratadas como mercancía y, por lo tanto, que dichos “servicios” deben cobrarse (PNUMA, 2011: 44). Los bienes comunes son únicamente valorados por su dimensión económica. El razonamiento que subyace en este planteo es que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad funcionan mejor si sus usos cuestan dinero, es decir, si los servicios ambientales integran el sistema de precios (Unmüßig, 2012: 25). Cabe aclarar que esos pagos serían recibidos por sus propietarios. Por otro lado,
el motor de esta economía verde reside en nuevas tecnologías experimentales no verificadas, operativizadas y patentadas por nuevas Redes Transnacionales/Transectoriales (alimentos, petróleo, defensa, etc.), en los campos de la biología sintética, la nanotecnología, la genómica y la geoingeniería, que podría acrecentar la expoliación de los recursos naturales del Sur (Soto, 2011).
Así, la economía verde no abandona la relación entre desarrollo y crecimiento económico (PNUMA, 2011: 10). Además, promueve incentivos basados en el mercado para reorientar las inversiones del capital en dirección a inver-

siones verdes, entre ellos se incluyen mecanismos de financiación nuevos e innovadores como los incipientes de REDD+.7 El informe de PNUMA afirma que el Programa REDD+ de las Naciones Unidas –una iniciativa lanzada en septiembre de 2008 por la FAO, el PNUD y el PNUMA para apoyar los esfuerzos nacionales en reducir la deforestación y la degradación de los bosques y mejorar las reservas de carbono forestal– puede constituir, junto a otros mecanismos de REDD+, un importante vehículo para incentivar la transición a una economía verde8 (PNUMA, 2011: 44-45).
Uno de los grandes impulsores de la economía verde es Brasil, actor crucial en el subcontinente latinoamericano. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, Brasil, 2012), los Estados consensuaron un documento final, “El futuro que queremos”, en el que se expresa que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas (párrafo 56). La eco-
7 La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) tiene por objetivo “la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo” (Según el “Plan de Acción” de la COP 13 realizada en la ciudad de Bali en 2007). Forma parte de las falsas soluciones de mercado que permiten a las naciones contaminantes seguir incumpliendo sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que alientan la privatización de territorios indígenas y campesinos en todo el mundo. Los REDD se han convertido en una forma de “CO2lonialismo de los bosques” y “podrían causar la clausura de los bosques”, “conflictos por recursos”, “marginalizar a los sin tierra”, “erosionar la tenencia colectiva de la tierra”, “privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones de desarrollar sus tierras” y “erosionar los valores culturales de conservación sin fines de lucro”, alerta la Red Indígena de Norteamérica (). El mecanismo REDD+ obligará a “titularizar” los bosques mediante profundas reformas en las leyes forestales, una especie de contrarreforma agraria a escala global.
8 El objetivo es convertir a los elementos y procesos de la naturaleza en objetos de compra y venta, iniciándose una nueva etapa de privatización de la naturaleza nunca antes vista, que comienza con los bosques a través de los mecanismos de REDD+ y que se irá extendiendo al agua y a la biodiversidad. Como respuesta a la crisis, el sistema capitalista “revierte todos los bienes comunes de la naturaleza, incluido el derecho a la vida; redobla su control sobre los territorios, y convierte al carbono en un nuevo commodity”, explica la investigadora brasileña Camila Moreno (2013).
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nomía verde deberá promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo (párrafo 58.d).
Asimismo, según establece el documento mencionado se conviene en
establecer un proceso intergubernamental bajo los auspicios de la Asamblea General, con el apoyo técnico del sistema de las Naciones Unidas y en consulta amplia y abierta con las instituciones financieras internacionales y regionales pertinentes y otras partes interesadas. El proceso evaluará las necesidades de financiación, tendrá en cuenta la eficacia, la coherencia y las sinergias de los instrumentos y marcos existentes y evaluará las iniciativas adicionales, con miras a preparar un informe en que se propongan opciones sobre una estrategia efectiva de financiación para el desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de recursos y su aprovechamiento efectivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (párrafo 255).
La profundización de la mercantilización de la naturaleza traerá consigo la acentuación de los daños y las desigualdades que hasta el presente ha producido el capitalismo. Incrementará tanto la apropiación de los territorios de las comunidades locales e indígenas por parte de empresas transnacionales como los efectos adversos del neoextractivismo. Además, al enmascarar el extractivismo, la economía verde tiende a exacerbarlo. No por casualidad, una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales rechazaron la estrategia de la economía verde, a la cual rebautizaron como “capitalismo verde” por considerar que, lejos de representar un cambio positivo, esta se orienta a una mayor mercantilización de la naturaleza. El propio PNUMA reconoce que para realizar la transición a una economía verde se requiere de una serie de circunstancias favorables específicas, entre ellas algunas normativas como la existencia de una infraestructura jurídica adecuada (PNUMA, 2011: 9).
En suma, vemos con alarma cómo nuevamente los ordenamientos jurídicos nacionales deberán sufrir modificaciones sustanciales a efectos de acompañar esta transición hacia una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible. Por ejemplo, muchos bienes comunes deberán cambiar su estatus jurídico para pasar a ser bienes sujetos a la apropiación privada y de esta forma ingresar a los mercados y constituirse en nuevas fuentes de financiamiento. Por otra parte, los procesos de los ecosistemas, al ser mercantilizados como “servicios ambientales”, crearán nuevos derechos patrimoniales que serán instrumentados en títulos de crédito o de propiedad para los cuales deberán crearse nuevos mercados para su comercialización, entre otros.
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Modernidad, extractivismo y Derecho
A pesar de los intensos cambios que los principios jurídicos del Derecho ambiental generaron en el discurso normativo de los ordenamientos jurídicos nacionales,9 este no ha sido aplicado por los operadores judiciales ni por los funcionarios públicos en todo su alcance, ni considerando todas sus consecuencias. Tampoco resultó eficaz cuando fue aplicado para impedir los daños ambientales que generan los modelos extractivos impuestos en nuestro país. Una de las causas para comprender esta limitación está relacionada con el paradigma dentro del cual se empezó a consolidar el Derecho ambiental.
El Derecho es la expresión normativa de una sociedad. El Derecho actual es el resultado de la construcción realizada por una sociedad modernacapitalista. Para comprender bien los fundamentos filosóficos e ideológicos del Derecho moderno resulta imprescindible caracterizar los puntos de quiebre que trajo la Modernidad consigo. Desde los inicios de la Modernidad, la relación de la humanidad con la naturaleza ha sufrido una alteración radical que se ha ido profundizando hasta el presente. El ser humano se desconectó de la naturaleza, la concibió como objeto de conocimiento, luego como objeto de dominación y, finalmente, como una mera mercancía.
Bajo el paradigma de una nueva epistemología –de una nueva teoría del conocimiento en la que el sujeto es ajeno al objeto que crea– y la culminación del pensamiento mecanicista que despojó a los seres humanos y a la naturaleza de un alma, de una vitalidad interior, se afianzó el principio de que una de las misiones terrenales del hombre era el dominio sobre la naturaleza. La visión antropocéntrica del mundo llevó a que se disolviera la visión animista y hermética de la naturaleza. A partir de allí, no quedó ninguna limitación ideológica o filosófica para que el ser humano concibiera a la naturaleza como una mera materialidad, capaz de brindar riquezas infinitas que satisfagan los avances del nuevo modelo de producción que empezó a consolidarse.
9 El Derecho ambiental produjo cambios profundos en la estructura arquitectónica del Derecho moderno, fundado sobre la base del código napoleónico. Es una rama del Derecho que, aunque novel en el sistema jurídico argentino, impacta directamente sobre aquel, generando un intenso debate sobre las nuevas figuras jurídicas incorporadas a nuestro sistema constitucional. Esto se pone en evidencia en cada problemática ambiental que se presenta, tal como se dio en el tratamiento parlamentario de la Ley de Protección de Glaciares y en la utilización de agroquímicos en nuestro país.
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Por otra parte, el pensamiento moderno creó subjetividades atomizadas en espejo a las mónadas de Leibniz; el individuo absoluto, tal como una esfera sin relación con su entorno y con los otros. Los lazos colectivos del hombre disminuyeron frente al individualismo. De allí la separación explícita del hombre con su entorno y la creación de la dicotomía ser humanonaturaleza, evidenciada en la filosofía dualista de Descartes. Avanzada la Modernidad, se consolidó un paradigma del individuo cuya relación con los “otros” es de dominación y explotación, un concepto del individuo como un ser desarraigado, con los lazos colectivos debilitados y fragmentados.
También en la Modernidad, bajo el fetiche del orden y el progreso, se consolidó un sistema de producción y reproducción capitalista que genera grandes desigualdades en la distribución de la riqueza, el tiempo y el espacio. Desigualdad sostenida mediante el constante ejercicio de la violencia contra los pueblos y a través de un fuerte disciplinamiento social, incorporando al genocidio, el ecocidio y el epistemicidio como elementos imprescindibles para su sostenimiento.
Como hemos señalado, durante siglos se creyó –y algunos aún lo creen– que los recursos de la naturaleza eran ilimitados, algo que se vio potenciado en América Latina como producto del forzado ADN extractivista que atraviesa nuestra historia desde su conquista por los europeos. Desde esta ideología, las alteraciones de la naturaleza provocadas por el modelo de producción no eran consideradas. La naturaleza entendida como fuente de recursos infinitos o inagotables no era visibilizada como una variable para las teorías económicas, tanto capitalistas como socialistas. Lo infinito no genera escasez. Con posterioridad, frente a los primeros atisbos de las consecuencias generadas por esta relación del hombre con la naturaleza, se empezó a comprender que la actividad humana alteraba en forma significativa el ambiente. De esta forma, los daños ambientales fueron interpretados como un “costo” que solamente debía ser resarcido mediante las reglas del Derecho tradicional.
El Derecho acompañó la evolución de la relación de la humanidad con la naturaleza, consagró a esta y a sus elementos como una “cosa” susceptible de ser objeto del Derecho de propiedad entendido como un poder absoluto, eterno e ilimitado, sin restricciones incluso para destruirla. El Código Civil napoleónico cerró este sistema, cuya forma y contenido jurídico fue receptado en América Latina. El Código Civil argentino, ideado por Dalmacio Vélez Sarsfield, es un claro ejemplo de ello.
A las limitaciones propias del marco teórico en el cual surge el Derecho ambiental, se suman las conductas de los Estados y de la clase dominante que sostienen una narrativa jurídica de acuerdo a sus intereses económicos,
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o directamente pensando y creando un Derecho que no sea un obstáculo al “desarrollo”. Por ejemplo, la actual producción del espacio y el ordenamiento territorial dominantes poco tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial integral, que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población y sus condiciones de reproducción, como la sustentabilidad ambiental de los territorios. Son los grandes intereses económicos los que terminan definiendo el ordenamiento territorial en los distintos países, a medida de sus incumbencias lucrativas.
En las grandes ciudades esto se ve claramente con la cooptación de los códigos de planeamiento urbano, que deberían garantizar la calidad de vida de la población pero son alterados para satisfacer los negocios de la especulación inmobiliaria. En los ámbitos rurales, son los intereses económicos los que deciden el lugar donde se planta el monocultivo, dónde se fumiga o dónde se desarrolla la gran minería, sin importar la existencia de actividades previas, poblaciones o comunidades en dichos territorios.
En cuanto al modelo minero, fue precisamente a partir del andamiaje jurídico articulado en la década de 1990 que Argentina –y gran parte de la región– se encontró con una nueva modalidad de explotación, insostenible e imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Como veremos más adelante, la megaminería sintetiza una figura extrema del extractivismo: contaminación incontrolada, profundización de la desigualdad, neocolonialismo y una neta subordinación social, económica y política a las empresas transnacionales. Es este marco jurídico el que crea también un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Esto permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres, tal como ocurre en la provincia de Catamarca.
Por su parte, el emprendimiento binacional Pascua-Lama, vedette de la empresa canadiense Barrick Gold, de concretarse, se constituiría en un paraíso fiscal sin antecedentes en ninguna parte del planeta.10 Ello, gracias al Tratado sobre Integración y Complementación Minero ArgentinoChileno, verdadero símbolo de entrega de soberanía a los negocios de la gran minería transnacional. Este tratado autoriza a las multinacionales mineras la exploración y explotación de los recursos mineros existentes en las zonas cordilleranas sin ningún tipo de restricciones, otorgando fa-
10 El proyecto Pascua-Lama fue suspendido por acción de la justicia chilena. Véase el capítulo 5 de este libro.
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cilitaciones fronterizas inéditas. De un modo inusual (e increíble), su ámbito de aplicación se monta sobre la frontera común y territorios adyacentes, configurando una unidad territorial y administrativa distinta –casi como un tercer país–, con normativa y fuerzas de seguridad propias, donde la frontera desaparece para los negocios mineros, con una autoridad supranacional a cargo.
Cuando el modelo extractivo no puede soslayar los avances que produjo la aparición de los principios fundamentales del Derecho ambiental, sus operadores se encargan de subvertir los mismos, como ocurre con el principio precautorio. Más aun, habría que preguntarse por qué razón funcionarios y científicos interpretan una pieza clave del Derecho ambiental, el principio precautorio, al revés de lo que se debería. Por ejemplo, es evidente que cuando se autorizó y comenzó a utilizar el glifosato (1995) se estaba al menos frente a una incertidumbre científica, que disparaba la aplicación del principio precautorio. Sin embargo, la autorización fue aprobada, lo que sucedió en tiempos en los que supuestamente solo se respetaban las leyes del “mercado”. Pasada toda una década del uso de este producto y tras la aparición de numerosos trabajos de médicos, de estudios sociales rurales, de informes de ingenieros agrónomos preocupados por las poblaciones, de una vasta bibliografía internacional y, lo que es aun más importante, de las reiteradas y coincidentes denuncias de comunidades y organizaciones sociales en distintas provincias, quedan pocas dudas de lo que sucede (Giarracca y Viale, 2009).11
En la Argentina, la falta de certidumbre es utilizada para “legalizar” muchas de las actividades y los productos más contaminantes. Una cercana confirmación de esta manipulación fueron las medidas cautelares otorgados por la justicia federal sanjuanina a favor de la empresa Barrick Gold.
11 “Algunos expertos del Derecho ambiental consideran que en nuestro país el principio precautorio se encuentra perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia de certeza científica genere la obligación de aplicar medidas preventivas, la falta de certidumbre es utilizada para ‘legalizar’ la mayoría de los agroquímicos que se usan en forma generalizada en nuestros campos. Peor aún, se les exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando, por aplicación del principio señalado junto con otros principios ambientales, son los que introducen la sustancia química en la sociedad quienes tienen la responsabilidad de probar irrefutablemente su inocuidad […]. En definitiva, se produce ‘una inversión de sentido’ como mecanismo de producción de ‘ausencias’ –de víctimas y del drama social– en la agenda de discusión y toma de decisiones políticas” (Giarracca y Viale, 2009).
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El juez federal Miguel Ángel Gálvez, que dictó la medida cautelar que suspende la Ley de Glaciares en territorio sanjuanino, aplicó el principio precautorio al revés: ante la duda, primero los negocios. Así, el fallo subvierte arbitrariamente el ordenamiento jurídico y desconoce los más elementales principios del Derecho ambiental (Giarracca y Viale, 2010).
La reforma constitucional de 1994 estableció un nuevo reparto de competencias entre la Nación y las provincias mediante la introducción de un nuevo marco legal denominado “presupuestos mínimos de protección ambiental”. Este se proyecta como un bloque normativo tendiente a garantizar una mínima y uniforme legislación ambiental para todo el país generada desde la Nación, y una legislación complementaria y maximizadora gestada por las provincias bajo el régimen federal establecido en el artículo primero de la Constitución Nacional.
Así, en materia ambiental, con la reforma constitucional quedó establecido en el artículo 41 de la Carta Magna que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias (para las que dichas normas son obligatorias desde su sanción), aquellas necesarias para complementarlas y adaptarlas a su realidad local. Este artículo constitucional se vio fuertemente cuestionado en sus alcances por algunas provincias con intereses mineros, en ocasión de tratarse parlamentariamente la Ley Nacional de Glaciares.
Esta franja normativa delegada en la Nación tiene implicancias de gran trascendencia al regular materias que antes de la reforma constituyente eran, de manera indiscutida, potestad de las provincias. Esta delegación normativa sobre una porción de las atribuciones provinciales en la materia ambiental ha generado profusa doctrina y jurisprudencia que interpretan el verdadero alcance de la delegación que, sin lugar a dudas, asigna a la Nación temas antes reservados a las provincias en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Así, con los denominados presupuestos mínimos se construye un novedoso edificio normativo para la problemática ambiental en la Argentina que modificó, implícitamente y de manera parcial, lo absoluto del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales (ratificado por el artículo 124 de la Constitución). Con la existencia de las normas de presupuestos mínimos, consagradas en el artículo 41 de la Carta Magna, las provincias no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos naturales.
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La conflictividad ambiental
La ciencia del riesgo, sin la imaginación sociológica del riesgo construido y contestado, es ciega. La ciencia del riesgo no informado, sobre la “segunda naturaleza” tecnológicamente fabricada de las amenazas, es ingenua.
Ulrich Beck, La sociedad del riesgo
Entre la sociedad del riesgo y la (in)justicia ambiental
Vivimos en la sociedad del riesgo. Tal concepto, acuñado en los años noventa por el sociólogo alemán Ulrick Beck luego de la catástrofe de Chernobyl (1986), nos advierte acerca de las complejidades del mundo actual, a partir del ingreso a una fase de la Modernidad en la que la sociedad debe reconocer y confrontar con los riesgos sociales, ambientales, globales, producidos por la propia Modernidad industrial. Estos riesgos son el punto de partida de la reflexión que la sociedad debe hacer sobre ella misma. Más simple, en el marco de la Modernidad tardía, la sociedad deviene reflexiva (en el sentido estricto de la palabra), es decir, se convierte en un tema y en un problema para sí misma.
A diferencia de aquellas lecturas que impulsan acciones y cambios en el marco de la modernización ecológica, esto es, que buscan la convergencia entre lógica de mercado y defensa de nuevas tecnologías proclamadas como “limpias”, la propuesta de Beck (1986, 1998) se aparta de esta vía en varias de sus tesis fundamentales. En primer lugar, Beck establece la relación entre riesgo y desarrollo avanzado de las fuerzas productivas. Por supuesto, los riesgos están lejos de romper con la lógica del desarrollo capitalista; más bien la elevan a otro nivel. Estos riesgos causan a menudo daños sistemáticos e irreversibles, los que suelen permanecer invisibles o en estado de latencia durante un tiempo, con lo cual el lugar que ocupa el saber y la definición misma de lo que es riesgo, cómo afrontarlo y qué tipo de responsabilidades colectivas genera, es fundamental. En segundo lugar, los riesgos de la sociedad contemporánea abren procesos sociales de definición, que hacen que todo vaya cobrando un contenido político particular, pues lo que hasta ese momento se había considerado como apolítico, se vuelve profundamente político (la subpolítica). Así, aquello que parecía estar reservado al dominio exclusivo de agentes económicos y estatales, técnicos, empresarios y burócratas relacionados, por ejemplo,
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al uso de determinados químicos, a la tala de bosques o, de modo más general –como sucede ahora–, a la implementación de megaproyectos de desarrollo territorial, se convierte en materia de debate colectivo. Política y subpolítica aparecen intrincadas en este proceso de definición social del saber, en el que se reconoce como necesario el desarrollo de enfoques multidisciplinarios.
Por otro lado, si bien los riesgos hacen estallar el esquema de clases sociales –pues afectan a todos–, Beck reconoce que los riesgos producen nuevas desigualdades a nivel internacional entre los países del Tercer Mundo y los Estados industrializados; desigualdades que no respetan el tejido de competencias del Estado nacional. Pese a este reconocimiento, Beck no profundiza este aspecto sino que –como afirma Henri Acselrad– su crítica se dirige más a la racionalidad técnico-científica que al poder institucional del capital, “pues considera que es en el modo científico de pensar y no en la práctica de sus corporaciones promotoras, donde se encuentra el agente decisivo de cambio”. Para Beck, el ámbito donde se desarrollan los procesos decisivos es entendido como un sistema económico-técnico, antes que como un campo político-económico, “desconsiderando así la categoría capital y concentrando la acción reflexiva sobre el control de las tecnologías” (Acselrad, 2004: 30-31).
Desde hace décadas, son varios los especialistas que han venido estudiando estos nuevos conflictos marcados por una desigual redistribución de los riesgos, entre ellos el citado Henri Acselrad (2004a, 2004b) y Joan Martínez Alier (2004). Dichos autores consideran que han sido los movimientos de justicia ambiental los que han marcado el carácter desigual de las condiciones de acceso a la protección ambiental. Martínez Alier bautizó a estos movimientos, propios de los países del sur o de la periferia, como “ecología popular” o “ecología de los pobres”. Dicha corriente ha tomado mayor importancia en los últimos años, debido a la demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas y de bienes de consumo. Este proceso produjo una peligrosa expansión de las fronteras de explotación: del petróleo, del gas, de la minería, del eucalipto para las plantaciones celulósicas, de la soja transgénica, de los biocombustibles; expansión que genera transformaciones mayores, reorientando completamente la economía de pueblos y países enteros y amenazando en el mediano plazo la sustentabilidad social y ecológica de los territorios y los ecosistemas.
Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones más vulnerables e indefensas. El maldesarrollo viene así de la mano de la in-
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justicia ambiental. Pensemos en los habitantes del populoso Conurbano bonaerense, afectados por el problema de la basura o la contaminación del agua; en las provincias más pobres del interior argentino, que hoy enfrentan el avance de la minería a cielo abierto; en fin, en los pueblos indígenas y campesinos, que reclaman sus derechos territoriales, reconocidos por tantas constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras, la megaminería o el boom de la soja transgénica.
Una década, cinco hitos
En coincidencia con otros autores (Merlinsky, 2013), consideramos que en la Argentina la emergencia y puesta en agenda pública de la cuestión ambiental no ha sido el resultado de las reformas impulsadas desde la política pública. Antes bien, fueron los conflictos ambientales y las luchas llevadas a cabo en diferentes puntos del país por diferentes colectivos asamblearios y organizaciones de base, los que colocaron la cuestión ambiental en la agenda política y pública. Esto incluye desde luchas que cuestionan el modelo extractivo-exportador, la megaminería a cielo abierto, las fumigaciones con agrotóxicos, el fracking o las diferentes formas del urbanismo neoliberal, hasta aquellos conflictos que han puesto en evidencia la contaminación crónica y la injusticia ambiental, convirtiéndolas en zonas de sacrificio.
Desde nuestra perspectiva, cinco hechos diferentes han marcado una inflexión en el modo en cómo se piensa, se tematiza y se debate la cuestión ambiental en la Argentina: en primer lugar, el conflicto en Esquel (2003) contra la instalación de una minera; en segundo lugar, el largo conflicto con el Uruguay por la instalación de las pasteras en Gualeguaychú (2005-); en tercer lugar, el conflicto en la cuenca Matanza-Riachuelo (2008-); en cuarto lugar, el debate y la sanción de la Ley Nacional de Protección de Glaciares (2010); y, en último lugar, la pueblada de la localidad Famatina en contra de la megaminería (2012).
El efecto Esquel
La primera experiencia de lucha ambientalista –exitosa, por cierto– fue desarrollada por los vecinos de Esquel, en 2003, en la provincia del Chubut. Nos referimos al conflicto que enfrentó a esta localidad con la empresa minera canadiense Meridian Gold y las autoridades municipales y provinciales. Resumamos de modo esquemático los hechos: en octubre de 2002 fue presentado un Informe de Impacto Ambiental para la explotación de
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una mina de oro en esa localidad. Gracias al alerta dado por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel comenzó a movilizarse. En un escenario nacional todavía caracterizado por una gran efervescencia social y siguiendo los pasos de la experiencia de Tambogrande, en Perú,12 los vecinos autoconvocados de Esquel organizaron un plebiscito el 23 marzo de 2003, que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, al que adhirió el 81% de la población.13
El modelo Esquel ofreció una novedosa configuración: primero, se trataba de un movimiento de carácter asambleario, con una fuerte reivindicación de la autonomía respecto de partidos políticos y sindicatos; segundo, el triunfo en el plebiscito mostraba la importancia crucial que adquiría la construcción de un saber experto independiente en la puja con actores estatales y transnacionales; tercero, la demanda de las poblaciones ilustraba también la importancia de activar los dispositivos institucionales existentes al servicio de la democratización de las decisiones; por último, los avatares del conflicto daban cuenta también de la emergencia de un lenguaje de valoración del territorio divergente del dominante, en el cual convergían la concepción del territorio “elegido” (una parte importante de la población esquelense proviene de otros lugares del país y reafirma explícitamente su opción en términos de “estilo de vida”, a partir de una valoración del territorio y el hábitat) con la visión que del territorio tienen las comunidades indígenas (la asociación entre tierra y territorio) (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009). El “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, y despertó a otras regiones en las que ya se habían implantado o se proyectaban emprendimientos mineros de gran envergadura, constituyéndose en un caso testigo para las comunidades que se iban enterando de su “destino minero”.
La Asamblea de Gualeguaychú y el conflicto con Uruguay
El otro conflicto, de enorme resonancia política y mediática, fue el de la instalación de las pasteras sobre la orilla oriental del río Uruguay. El mismo se retrotrae al año de 2003, cuando el gobierno uruguayo, bajo la presidencia de Jorge Batlle, aprobó la construcción de dos plantas papeleras en la
12 En Tambogrande, distrito localizado al norte de Perú, se realizó la primera consulta vecinal en América Latina como mecanismo para expresar el acuerdo o no (licencia social) de la población a un emprendimiento minero. El resultado fue contundente, el 98,65% de la población votó por el “no” a la incorporación de la actividad minera en Tambogrande.
13 Asimismo, la consulta popular se llevó a cabo en las localidades vecinas de Cholila, Epuyén y Lago Puelo, siempre en la provincia de Chubut. En Epuyén, el apoyo al “no” alcanzó el 90%.
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costa del río Uruguay, que el país oriental comparte con la Argentina. Desde fines de los años ochenta, impulsado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uruguay apostó al desarrollo del modelo forestal, cuyo destino es la exportación (la industria papelera internacional). Lo cierto es que, mientras del lado uruguayo se desoyeron las voces críticas que advertían sobre las consecuencias de la extensión del monocultivo del eucalipto, del lado argentino también se ignoraron las advertencias de las organizaciones ambientalistas, frente a la amenaza de contaminación que podrían producir ambas plantas papeleras sobre el río que comparten los dos países (Bergel, 2006). Por su parte, el Frente Amplio, que durante su campaña electoral se había manifestado en contra de la construcción de las papeleras, una vez llegado al gobierno apoyó fervientemente su instalación.
El caso es que, a partir de 2005, los vecinos se movilizaron en contra de la instalación de dos papeleras (proyectos de las empresas Botnia y Ence) de origen transnacional. El 30 de abril de ese año se realizó una enorme movilización que culminó con el “abrazo al río Uruguay”, que marcó el acta de nacimiento de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. Del lado argentino se denunció ante el Estado la violación por parte del Uruguay del Tratado Binacional que dispone obligaciones conjuntas –de información y consulta– a ambos países sobre todo aquello que pudiera afectar el curso de agua compartido, y que Uruguay no había respetado. Como consigna Delamata (2007), la Asamblea contó “con un equipo integrado por profesionales y científicos de la ciudad, el que, tras algunos meses de estudio, se expidió sobre los impactos y riesgos ocasionados por la ‘papelera’ Botnia”.14 Entre 2005 y 2006, la medida fue acompañada por intensas movilizaciones que incluyeron largos cortes de los pasos fronterizos que unen ambos países. Los asambleístas autoconvocados lograron, de este modo, a
14 En la síntesis, se expresa con respecto a la planta, que “es totalmente incompatible el funcionamiento de semejante emprendimiento, ubicado a 25 km de la ciudad de Gualeguaychú, con un medio ambiente saludable y con el perfil de ciudad que se ha gestado en las últimas décadas, en el que se le ha dado una superlativa importancia al cuidado del medio ambiente, a la salud de la población, al desarrollo turístico-recreativo y a la intensa promoción de las actividades rurales y la industria alimentaria, por lo que los perjuicios que ocasionaría la puesta en funcionamiento de esta planta, pueden ser caratulados de catastróficos para Gualeguaychú y sus alrededores”. Para el tema puede verse, además de Delamata (2007), los trabajos de Merlinsky (2008), de Reboratti y Palermo (2007) y, de modo más reciente, los de Bottaro y Sola Álvarez (2012).
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través de una protesta pacífica que conjugaba la desobediencia civil y la acción directa con la democracia asamblearia, colocar el conflicto en la agenda política nacional e internacional. En tal escenario, la empresa Ence decidió cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No así Botnia, empresa de origen finlandés, que optó por continuar las obras, para finalmente entrar en funcionamiento a mediados de 2007. El conflicto desembocó en dos causas judiciales: la primera, ante el Tribunal Internacional de La Haya, donde la Argentina radicó una denuncia por amenaza de contaminación; la segunda, fue una causa abierta en el Tribunal del Mercosur, donde Uruguay denunció la ilegalidad de los cortes de los puentes fronterizos. Por su parte, desde principios de 2007, frente a la falta de respuesta de las autoridades, la Asamblea de Gualeguaychú retomó el corte del Puente Internacional General San Martín por tiempo indefinido, tensando enormemente la relación entre ambos países.
El gran impacto que tuvo el conflicto por la pastera está vinculado a varios factores. Primero, a su carácter multiescalar, pues el mismo involucraba, además de grandes empresas, a gobiernos locales, a vecinos y a dos países, lo que trajo a un primer plano cuestiones referidas a la soberanía estatal y sus alcances en el marco de la globalización. Segundo, a la duración de la protesta y las medidas de acción directa, muy especialmente el largo y total corte del puente internacional antes mencionado, que se llevó a cabo entre 2007 y 2010 y que afectó el vínculo entre ambos países. Tercero, al carácter masivo de la protesta: mujeres y hombres de todas las edades, mayoritariamente pertenecientes a las clases medias, participaron de los cortes y las movilizaciones en contra de la pastera.
Pese a que en 2006 el conflicto había sido considerado por Néstor Kirchner como una “causa nacional”, para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner este constituiría más bien un “problema”. En consecuencia, apenas iniciado su gobierno, la nueva presidenta impulsó el cuestionamiento de la Asamblea de Gualeguaychú y presionó para que sus integrantes levantaran el corte al puente internacional. En esta puja, el gobierno argentino acudió incluso a la judicialización del conflicto, llamando a indagatoria a diez miembros de la asamblea por una quincena de delitos, que incluían graves figuras penales, entre ellas homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento. El corte finalmente se levantó, en junio de 2010, después de una agitada asamblea televisada en directo y seguida desde cerca por las autoridades de ambos gobiernos. Sin embargo, el proceso de judicialización continuó, pues poco después, fueron 27 los vecinos
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citados a declaración indagatoria.15 Hasta el día de hoy, los vecinos continúan realizando movilizaciones, denunciando entre otras cosas la contaminación del río Uruguay por desechos industriales y el incumplimiento del monitoreo de la planta, establecido por el Tribunal Internacional de La Haya.
En fin, la experiencia de Gualeguaychú representó uno de los picos más altos de la agitada historia de los movimientos asamblearios de la Argentina. Sin embargo, también fue la experiencia que más rápidamente mostró sus límites, los que estaban marcados no tanto por su estricto carácter de clase (la predominancia de sectores medios), o por su marcada autorreferencialidad (debido a la sobreexposición constante frente a los medios de comunicación), sino también por el carácter de la protesta (el corte ininterrumpido a un puente internacional durante tres años terminó siendo un problema en sí mismo), así como por el hecho de haber desarrollado una fuerte matriz nacionalista. La intervención del presidente argentino Néstor Kirchner en apoyo a la asamblea (en clave de “causa nacional”) y la respuesta no menos virulenta de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, fue crucial en dicha inflexión nacionalista. Por un lado, el enfrentamiento entre los dos gobiernos sirvió para reactivar la vieja oposición entre “país grande” y “país pequeño”, que recorre históricamente la relación. Por otro lado, el conflicto enfrentaría a dos países que cuentan con una tradición política muy diferente: así, mientras en la Argentina la acción directa constituye un repertorio habitual de las organizaciones sociales, en Uruguay, la existencia de una fuerte tradición institucionalista ha generado una gran desconfianza hacia la acción extrainstitucional. De esta manera, el conflicto terminó por instalarse en un registro de difícil solución, el de la exacerbación de las lógicas nacionalistas, antes que en el terreno de la discusión conjunta sobre la viabilidad de ciertos modelos de desarrollo.
El conflicto del Riachuelo y la Corte Suprema de Justicia
En tercer lugar, otro de los hitos que se constituyó en una bisagra en la transformación de la problemática ambiental fue el conflicto del Riachuelo, que desarrollaremos in extenso en el capítulo 3. En esa cuenca habita buena
15 Esta primera indagatoria fue desestimada por la Cámara Federal de Paraná. Aunque la situación legal es bastante confusa, al parecer quince de los asambleístas habrían sido indagados y desprocesados y solo quedarían dos de ellos en situación de procesamiento. Véase y .
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parte de los sectores más excluidos del país, los que soportan una situación de contaminación crónica que es responsabilidad de las empresas industriales allí instaladas, pero también de los tres gobiernos involucrados –el nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, los que han permanecido ausentes ante esa realidad. El resultado de esta historia de abandono político y de impunidad empresarial es un escenario alarmante, con millones de personas en situación de sufrimiento social y ambiental, que soportan injusta e indignamente las consecuencias de la degradación y padecen la violación sistemática de sus derechos elementales.
Ahora bien, a diferencia de los otros casos hasta aquí reseñados, en esta ocasión fue la Corte Suprema de Justicia (uno de los poderes de la Nación) la que buscó encausar esta gravísima problemática, cuando en julio de 2008, a través del fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo (M. 1569. XL. ORIGINARIO), ordenó sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo. Los debates públicos que se abrieron en torno a esta causa, así como su resonancia política y mediática, fueron introduciendo nuevos temas en la agenda –hasta ese momento muy poco presentes–, como el control sobre las industrias contaminantes, el saneamiento de basurales, la definición del ordenamiento ambiental del territorio, la estimación del daño causado sobre las personas, entre otros. Todo ello condujo a una “reconfiguración social” del problema (Merlinsky, 2013: 43).
El debate por la Ley Nacional de Glaciares
El cuarto conflicto se refiere a la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Fue durante el tratamiento legislativo de esta ley cuando se puso en evidencia cómo el joven Derecho ambiental impacta directamente sobre las distintas ramas del Derecho en su totalidad, generando una aguda disputa sobre las nuevas figuras jurídicas incorporadas a nuestro sistema constitucional. Respecto de la génesis que dio lugar a la sanción de la ley, cabe recordar a modo de síntesis que un proyecto presentado por la diputada Marta Maffei fue aprobado en el año 2007 en la Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad y sin debate. Posteriormente, en octubre de 2008, la Cámara de Senadores dio aprobación definitiva a la norma, por unanimidad en general y tres votos en disidencia parcial. De esta forma se sancionó la Ley Nº 26 418. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2008 la norma fue vetada por la presidenta de la Nación (a través del decreto presidencial 1837/08), haciéndose eco de las “inquietudes” de distintos go-
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bernadores, del secretario de Minería de la Nación y de la Cancillería. La decisión de la presidenta se conoció con el nombre de “veto Barrick Gold”.16 Dos años después, luego de varias sesiones de la Cámara de Diputados sin quórum y una votación estrecha en la Cámara de Senadores, el 30 de septiembre de 2010 se sancionó la Ley Nº 26 639, finalmente promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010.17
Esta ley –impulsada por diversas y numerosas organizaciones socioambientales de todo el país– trajo la reacción corporativa de sectores extractivos que se oponían (y se oponen) a la existencia de la misma.18 Uno de los artículos de la ley más discutidos durante el trámite parlamentario fue el 2º, que refiere a los alcances del concepto de ambiente periglacial, es decir, al ámbito de aplicación de la norma. Este debate fue, quizás, el más significativo puesto que, en definitiva, este artículo establece el bien jurídico tutelado por la ley, es decir, las áreas, zonas y geoformas alcanzadas por las disposiciones, limitaciones y prohibiciones de la norma. La presión ejercida durante el trámite parlamentario para acotar los alcances de la ley se encontraba relacionada justamente con los ambientes periglaciales, donde los grandes emprendimientos mineros pretenden operar: ya sea estableciendo allí sus emprendimientos o utilizando los recursos hídricos disponibles en ellos para los millones de litros diarios que necesitan en las tareas extractivas. Para ello, durante las reuniones de Comisión en el Senado Nacional se llegó a afirmar maliciosamente que la definición de ambiente periglacial de la ley abarcaba la mayor parte de nuestro territorio.19 De esta manera, si
16 Enrique Martínez, que en ese entonces estaba a cargo del INTI, escribió una carta a la presidenta, la que hizo pública, en la cual hacía referencia al “veto Barrick Gold”. Puede leerse la carta en el siguiente sitio web: .
17 Para un recorrido detallado de los avatares políticos de la Ley Nacional de Glaciares, véase El mal, de Miguel Bonasso (2011), quien además fue su principal impulsor y defensor, junto con Fernanda Reyes, desde la Cámara de Diputados.
18 Los autores de este libro fuimos partícipes activos de este debate, tanto en el trámite parlamentario en las dos cámaras (audiencias), como a través de la elaboración de diferentes documentos y artículos periodísticos publicados en diferentes medios nacionales y provinciales.
19 Recordemos que esta ley protege solamente “una pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, y dadas las condiciones necesarias para la existencia de glaciares y del periglacial así definido, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y de toda el área periglacial reguladora de recurso hídrico, la ley solo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana emergida). Así, no es cierto que quedaría incluido dentro de la ley una gran parte del territorio nacional o de las provincias cordilleranas […] Tampoco es verdad que la ley impida la realización del tren
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se acotaba el ámbito de aplicación de la ley también se reducía el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares que establece el artículo 3º de la ley y quedaba así excluido del Inventario la identificación e individualización de los ambientes periglaciales.
También generó infundada controversia lo establecido en el artículo 5º de la norma que dispone que “el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley”. La responsabilidad centralizada sobre un ente nacional (IANIGLA) para la confección del Inventario Nacional de Glaciares se justificaba en la medida en que estos cuerpos y sus ecosistemas trascienden los contornos jurisdiccionales, y su correcto estudio, metodología e identificación debe realizarse de manera uniforme, integral y sistémica, sin perjuicio de la facultad de cada provincia para producir los estudios que crea convenientes. Como consecuencia, debe desarrollarse una actividad integradora que contemple a la Cordillera como un ecosistema que trasciende los límites artificialmente impuestos por las fronteras provinciales.
Otro de los artículos que generó gran debate fue el 6º, que establece las “actividades prohibidas” en los glaciares. La discusión se planteó alrededor del inciso b) del citado artículo, que prohíbe en los glaciares “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera […]” y establece que “se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. El debate tuvo intrínseca relación con la controversia generada sobre el artículo 2º de la norma, que es aquel que define el objeto tutelado, es decir, que precisa los conceptos de glaciares y ambiente periglacial. La discusión estaba centrada en la protección o no del agua como bien común. Para quienes criticaban la inclusión de dicho inciso, la definición de ambiente periglacial establecida en el artículo 2º de la ley era imprecisa y debía ser

trasandino en Mendoza o del túnel de Agua Negra en San Juan pues, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no prohíbe la construcción de obras de infraestructura en el ambiente periglacial, sino solo en los glaciares” (del documento de fecha 20 de septiembre de 2010 denominado “Diez razones para apoyar la Ley de Protección de los Glaciares sancionada por la Cámara de Diputados” elaborado por los autores de este libro y otros académicos (entre ellos
Mirta Antonelli –Universidad Nacional de Córdoba–, Pablo Bergel –Instituto
Nacional de Tecnología Industrial-INTI–, Norma Giarracca –Universidad de
Buenos Aires–, Marcelo Giraud –Universidad Nacional de Cuyo–, Horacio Machado Aráoz –Universidad Nacional de Catamarca– y Miguel Teubal –Universidad de Buenos Aires–).
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eliminada. Se trataba, a nuestro entender, de una estrategia deliberada de quienes consideran que la megaminería debe desarrollarse, aun cuando afecte irremediablemente el ambiente o el bien común agua.20
El debate, que estuvo signado por definiciones de glaciólogos y especialistas en la materia, puso en evidencia los poderosos intereses económicos que afectaban la sanción de esta ley, que lejos de pretender ser prohibicionista, es proteccionista del agua y del ambiente, tal como lo establece el artículo 41º de la Carta Magna. Por su parte, el artículo 15º de la norma también fue de los más cuestionados por quienes criticaban la ley en su conjunto. Este artículo establece un plazo máximo de 180 días para realizar la auditoría ambiental sobre los emprendimientos “actualmente en ejecución”, que empezó a correr a partir de la sanción de la ley. Además, establece el mismo plazo para la realización del Inventario Nacional de Glaciares en las zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6° (“actividades prohibidas”), se consideren prioritarias. No resulta casual que este artículo estableciera plazos concretos para la realización de actividades, ya que con ello se intentaba superar la problemática acaecida con otras normas ambientales. Un ejemplo es el caso de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26 331) que, a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007 no termina de cumplirse: en la actualidad continúa el proceso de desmonte incontrolado de miles de hectáreas, ya que muchas provincias no han realizado aún el “Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios” que dispone expresamente dicha norma nacional.21
Otro de los artículos más conflictivos de la ley, incorporado por la Cámara de Diputados y finalmente eliminado en el Senado Nacional, era el artículo 17º, que establecía: “En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el IANIGLA priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”. Este artículo pretendía implantar positivamente el principio precautorio, que ya se encuentra es-
20 En nuestro país, la minera Alumbrera tiene un permiso de extracción de 1200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día). Entre solo algunos de los emprendimientos mineros de mayor envergadura, como la minera Alumbrera, Pascua-Lama, Veladero y Cerro Vanguardia, se consumen aproximadamente 250 millones de litros por día. Es decir, el equivalente al consumo domiciliario de aproximadamente un millón de personas en el mismo lapso. Véanse Machado Aráoz, 2009; y Colectivo Voces de Alerta, 2011. 21 Para el tema, véase el capítulo 4.
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tablecido en el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Nº 25 675). Sin embargo, más allá de la eliminación del artículo 17º, la obligación de actuar precautoriamente persiste en los lugares donde no esté realizado el Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial, no pudiendo entonces, hasta tanto ello suceda, autorizarse el inicio de nuevas actividades.22
Ahora bien, la aplicación efectiva de esta ley posee una importancia suprema para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, en el marco de una coyuntura ambiental internacional que señala al agua como un bien escaso, estratégico y codiciado. Por otro lado, se trata de una ley que propone, a contrapelo de las reformas neoliberales de los años noventa, recuperar cierta capacidad de regulación y control de territorios por parte del Estado nacional, frente a las grandes corporaciones transnacionales.
Tras el largo derrotero para la aprobación de la norma, la real aplicación de sus disposiciones y obligaciones depende ahora de la voluntad política de las autoridades nacionales y provinciales. Lamentablemente, la reglamentación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional (mediante el decreto 207/11) resultó a todas luces incompleta, en tanto a través de la misma se evitó de modo deliberado poner en inmediata ejecución el Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en las zonas donde se encuentran desarrollando actividades extractivas,23 tal como lo ordena expresamente el artículo 15º (el cual no ha sido reglamentado). Esta omisión, a su vez, no resolvió otro tema fundamental como es el proceso por el cual se procederá a realizar las auditorías ambientales de las actividades descriptas por la norma.
Por otra parte, apenas promulgada la ley, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra ella y obtuvieron con sorpresiva celeridad (en solo 20 horas) que el juez federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspendiera la aplicación en dicha provincia de los artículos me-
22 Cuando existan dudas respecto a si una actividad determinada puede provocar daños relevantes al ambiente, no podrá comenzarse dicha actividad. En este sentido, dijo la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en el caso “Oikos”: “[…] en el caso de la protección del ambiente en el marco del art. 41 de la CN ocurre algo parecido a lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto de los derechos de igual rango protegidos por el art. 42 de la CN: ‘la duda es fatal para el concesionario’. En nuestro caso, podemos decir: la duda es fatal para el proyecto de explotación hidrocarburífera en trámite…”. Dijo también la Suprema Corte provincial de Mendoza: “[…] ante la hipótesis de que existiera alguna duda respecto a la relación causal que vincula al proyecto de explotación y los daños temidos, la solución jurisdiccional implica la aplicación directa del principio precautorio –art. 4°, ley 25 675–”.
23 Por ejemplo, los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama en la provincia de San Juan, y la Alumbrera y Agua Rica en Catamarca.
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dulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos concesionados a la transnacional minera Barrick Gold. Con ello lograron que la Ley de Protección de Glaciares no existiera en San Juan, privilegiando abiertamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras. En junio de 2012, la Corte Suprema revocó aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que suspendían los artículos medulares de la Ley de Glaciares, y abrió un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma, iniciado con el veto presidencial a fines de 2008.
En definitiva, la Ley Nacional de Glaciares está lejos de ser aplicada: ni las auditorías ambientales ni la realización del Inventario de Glaciares (a cargo del IANIGLA) han avanzado lo suficiente, dada la escasa voluntad política, tanto en los niveles provinciales como nacional, de aplicar esta norma, que colisiona tan claramente con los intereses mineros. Así, nos encontramos con una total y premeditada ausencia de voluntad política del Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales de aplicar la norma, lo que da lugar a la necesidad urgente de recurrir al principio precautorio, con la consecuente paralización preventiva de los emprendimientos actualmente en ejecución, hasta tanto se dé cumplimento efectivo a las obligaciones de la ley.
La pueblada de Famatina
El quinto caso, y punto máximo de la conflictividad ambiental, se refiere a la pueblada ocurrida en la localidad de Famatina (La Rioja), en enero de 2012, la cual –junto con la localidad de Chilecito– viene oponiéndose desde hace años a la realización de un emprendimiento minero en los nevados del Famatina. Con anterioridad a su visibilización mediática nacional, los pobladores de esta localidad riojana ya habían logrado la expulsión de dos compañías mineras de la zona; por ello, cabe distinguir dos etapas en este proceso de resistencia.
La primera etapa, de provincialización del conflicto, se desarrolló entre los años 2007 y 2012. En un contexto de crisis del sistema político y de pujas intraperonistas, el gobernador de La Rioja Ángel Maza, uno de los responsables de la legislación minera de los años noventa, fue desplazado en marzo de 2007 por el vicegobernador Luis Beder Herrera, quien sancionó la Ley 8137 que prohibía la minería a cielo abierto con sustancias químicas, al tiempo que dictó un llamado a consulta popular para refrendar dicha ley (Colectivo Voces de Alerta, 2011). De este modo, La Rioja se colocaba a tono con la lucha en otras provincias que hasta esas fechas habían logrado la sanción de cinco leyes que restringían la minería con uso de determi-

nadas sustancias tóxicas, entre ellas Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Tucumán.24
No obstante, una vez ratificado en su cargo por la vía electoral, Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería, así como aquella otra que disponía el llamado obligatorio a una consulta popular por el tema. El escandaloso hecho, ocurrido en julio de 2008, tuvo otros corolarios, entre ellos una campaña de censura y hostigamiento contra las asambleas de las localidades de Chilecito y Famatina, que habían encabezado aquel proceso. En esta línea, el gobierno prohibió, por ejemplo, las charlas informativas sobre la minería en las escuelas de la provincia, a fin de neutralizar las acciones de la asamblea ambientalista, que cuenta con varias docentes como activistas. Asimismo, la persecución de los ambientalistas estuvo atravesada por diferentes episodios de represión y judicialización de la protesta, que tuvieron por blanco a las mujeres, notorias protagonistas de esta lucha. Pese a ello, en esta primera etapa de provincialización del conflicto, los colectivos asamblearios lograron la suspensión del proyecto minero y la expulsión de dos compañías mineras, entre ellas, en 2007, la Barrick Gold, una de las más importantes a nivel global en la extracción de oro.
Una segunda fase es la que se abrió con la pueblada, en enero de 2012, lo cual produjo la nacionalización transitoria de la problemática de la megaminería, encapsulada hasta ese momento en una lógica provincial. A fines de 2011 tomó estado público un nuevo acuerdo del gobierno riojano con una minera canadiense, la Osisko Mining Company. Esto dio lugar a nuevas movilizaciones y a la realización del corte de ruta en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debía pasar la empresa rumbo al Famatina. El corte se transformó en un acampe permanente y las manifestaciones alcanzaron una masividad no registrada en los años previos de desarrollo de la resistencia, siendo incluso importantes en la capital de la provincia (Sola Álvarez, 2012).
La trascendencia mediática de los acontecimientos y la visibilización del caso Famatina a nivel nacional instalaron el tema de la megaminería, por un breve período, en la agenda pública nacional; así, quedaron al descubierto con claridad los puntos ciegos y las contradicciones del gobierno respecto de la cuestión ambiental. A raíz de ello, en febrero de ese mismo año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la apertura de un debate público sobre minería, aunque en rigor debería hablarse de un
24 Luego se sumarían Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Véase el capítulo 5 de este libro.
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debate anunciado que nunca tuvo lugar, puesto que inmediatamente después la presidenta creó el Organismo Federal de Estados Mineros (OFEMI) –entidad que conforman las diferentes provincias promineras– con el fin de bloquear cualquier discusión real sobre el tema que incluyera, por ejemplo, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los noventa.
Después de este sinceramiento oficialista, las luchas volvieron a insertarse en la lógica criminalizadora de las provincias, que para ese año marcó un claro récord, sobre todo en Catamarca (siete represiones en siete meses). Pese a ello, el Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de hablar de la alianza del gobierno nacional con las grandes corporaciones.
Pueblos originarios, el retorno de la memoria larga
Aun en un contexto de escasa visibilidad y persistente negación, los pueblos originarios han contribuido a colocar la cuestión del territorio y la problemática socioambiental en la agenda pública. Entre el largo conflicto en el yacimiento de Loma de la Lata (Neuquén) –que estalló a mediados de los noventa– y los conflictos desatados en los últimos dos años a causa de la explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales, pasando por la persistente persecución de los Qom de la Comunidad Primavera (Formosa), varios han sido los hilos conductores y los elementos comunes a estos conflictos socioambientales: discriminación étnica, racismo ambiental, no reconocimiento de los derechos indígenas sobre el territorio, ausencia de consulta según establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desalojos violentos, criminalización sostenida en base a figuras penales como “usurpación”; en fin, asesinatos y muertes dudosas en las zonas de frontera agropecuaria (Chaco, Tucumán, Formosa, Salta, Santiago del Estero).
Ahora bien, la situación de los pueblos originarios se inserta en un escenario lleno de contrastes: por un lado, a nivel global, desde mediados del siglo XX y al calor del proceso de descolonización, asistimos al reconocimiento creciente de los derechos culturales y políticos de los pueblos originarios.25 Luego de un largo periplo, conceptos como los de “autono-
25 Para un recorrido, véanse Bengoa, 2009; Stavenhagen, 2010; Ramírez, 2007;
Gómiz y Salgado, 2010.
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mía”, “derechos colectivos”, “Estado plurinacional”, son algunos de los que recorren la narrativa indigenista e ilustran el empoderamiento político creciente de los pueblos originarios en diferentes países de América Latina. Por otro lado, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, da cuenta de un nuevo proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, amenazando en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida. “Despojo”, “segunda conquista”, “recolonización”, son algunos de los términos utilizados de modo recurrente ya sea por numerosos referentes indígenas, como por analistas.
Lejos de ser exclusivo de aquellos países en los que existe una fuerte matriz comunitaria, el proceso de empoderamiento político y, a la vez, de nuevo arrinconamiento de las comunidades indígenas abarca naciones como la Argentina, donde de manera persistente desde los años setenta, pasando por los noventa, hasta la actualidad, asistimos a un importante proceso de reconstrucción identitaria. Dicho proceso se ha venido acentuando, al calor de las luchas que diferentes comunidades y organizaciones indígenas vienen sosteniendo contra las distintas formas de extractivismo, muy especialmente contra la expansión de la frontera sojera y minera, el acaparamiento de tierras y la especulación inmobiliaria –a través de emprendimientos turísticos y residenciales– y, en otras ocasiones, contra la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
Así, nuestro país cuenta con una legislación acorde a los nuevos tiempos, que retoma la normativa internacional más avanzada sobre el tema. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, una de las herramientas fundamentales en la defensa de la tierra y el territorio, que instituye la consulta previa, libre e informada, ha sido recogido por el conjunto de las constituciones latinoamericanas, entre ellas la argentina luego de la reforma de 1994. Asimismo, en 2007, nuestro país aceptó la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, a nivel nacional, la reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 75, inciso 17, que textualmente expresa:
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
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intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Además, en 2006, a demanda de las organizaciones y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la Ley 26 160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la realización de un relevamiento territorial. Por último, a nivel provincial existen legislaciones importantes respecto a los pueblos originarios, que recogen la normativa nacional e internacional. Algunas de ellas, como la nueva constitución provincial de Neuquén, reformada en 2006, declaran “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como ‘parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial’”.
Sin embargo, este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y nacional, siguiendo una normativa internacional) contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en 2011 para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy preocupante en el que se destacan el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido social, la falta de consulta previa (convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de criminalización y represión, entre otros. Este informe demuestra que no solo no se aplica la legislación vigente, sino que además, pese a que existe una normativa “de urgencia” como la Ley 26 160 antes citada, son muy pocas las provincias que iniciaron el relevamiento de tierras, al tiempo que continúan los desalojos violentos (Formosa, Neuquén, Salta, Jujuy, entre otras provincias).
Solo contabilizar las denuncias recogidas por Anaya genera escalofríos. Por hacer una mención incompleta: hay 20 comunidades con conflictos en Neuquén, vinculados a la explotación petrolera y minera; de los 24 reclamos presentados en Río Negro, 23 están ligados al problema de tierras, a latifundistas, al impacto ambiental y a la minería; de los 15 de Formosa, 10 están vinculados al reclamo de tierras y a la criminalización; de los 56 reclamos de pueblos originarios de Jujuy, 47 se relacionan con el problema de tierras, el impacto ambiental y la falta de consulta a las comunidades relacionadas con la minería (sobre todo, el litio); de los 50 reclamos en la provincia de Salta, 42 están ligados a conflictos por la tierra, la persecución, la criminalización, el impacto ambiental, la falta de consulta.
Además, el informe de Anaya da cuenta también del rol de las justicias provinciales, las que parecen formar parte del problema, antes que de la
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solución. En efecto, los tribunales provinciales (jueces y funcionarios), suelen desconocer la legislación internacional, nacional y provincial sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios y en no pocos casos dan prueba de un acendrado racismo en sus fallos, en la medida en que fallan de modo sistemático en favor de las corporaciones transnacionales y de los grandes propietarios privados.
En los últimos cinco años hubo doce asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos, varias de ellas catalogadas como “accidentes” por las autoridades (Aranda, 2013a y 2013b; Plataforma 2012, 2013). Esas “emanaciones de la muerte difusa”, como escribe Mirta Antonelli (2011), sistemáticamente denegadas desde el poder, “nos interrogan sobre el horizonte mismo de los derechos humanos”. El caso más emblemático es el de los pueblos Qom, de la comunidad Primavera, cuyo dirigente, Félix Díaz, ignorado por el poder político nacional, es hostigado hasta el ensañamiento por el gobierno formoseño, aliado del kirchnerismo.
Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). El informe del ODHPI destaca, solo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación) que criminalizan a 241 personas mapuches (ODHPI, 2013). La criminalización incluye figuras penales tales como el delito de usurpación y el delito de desobediencia al orden judicial o impedimento de acto judicial.
Los datos que proporciona un informe realizado por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (2012) sobre la criminalización de la protesta según sector son alarmantes. Un relevamiento de 2198 casos, ocurridos entre 2001 y 2012, señala que el 31,4% de los mismos corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, lo que es equiparable al sector de las luchas sindicales. Como se afirma desde el documento de Plataforma 2012,
Si ya sorprende por su magnitud, mucho más impacta si tenemos en cuenta que en Argentina hay menor cantidad de protestas de pueblos originarios en relación a las luchas sindicales (que son cotidianas), con lo cual pareciera desprenderse que una gran cantidad de las protestas de los pueblos originarios terminan por ser criminalizadas. Pero si en el sur del país la situación de los pueblos originarios da cuenta de la reducción de la cuestión indígena a una cuestión penal, en el norte del
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país, la situación de los pueblos originarios aparece directamente ligada a la muerte violenta: desde asesinatos directos por parte de las fuerzas de seguridad y de los terratenientes, hasta “extraños” accidentes de tránsito, o aparentes delitos comunes, hoy suman casi dos decenas el número de muertes de miembros de las comunidades originarias.
Este preocupante panorama nos lleva a reflexionar acerca de la mutación de las formas de la violencia política en nuestro país, y sus blancos predilectos: en los noventa eran los desocupados quienes aparecían como la “población sobrante”, hombres y mujeres descartados en nombre de la globalización neoliberal, cuyos cuerpos se rebelaron al destino de sacrificio y comenzaron a interrumpir las rutas del país. Hoy son comunidades enteras, entre ellas numerosos indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, los que devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la expansión del “progreso”. No es casual, por ello, que la política de supresión física se haga manifiesta sobre todo en las provincias y sus márgenes, donde –una vez más– son arrinconadas las poblaciones indígenas y campesinas, cuyas tierras vuelven a ser valorizadas por el capital. Frente a esto, retornan aquellas preguntas que invocan la memoria larga: ¿cuál es el lugar que la Argentina contemporánea y los modelos de desarrollo hoy imperantes reservan para las comunidades y pueblos indígenas?
“Los indios, nuestros primeros desaparecidos”, escribió David Viñas en su obra más célebre, Indios, ejércitos y fronteras. Cierto es que Viñas leía la cuestión indígena desde el exilio, en el espejo de la memoria corta, esto es, de lo sucedido en los setenta, bajo el régimen del Estado terrorista. Sin embargo, cabe preguntarnos si acaso no se hace necesario leer la problemática de los pueblos originarios en la Argentina del siglo XXI, en el espejo de la memoria larga, pues es la sombra del genocidio originario la que vuelve a cernirse en nuestro horizonte, para mostrar la realidad cruda del despojo, de la persecución y la criminalización, de la confiscación de los territorios, nuevamente en nombre del progreso.
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En suma, una década (2003-2012); cinco hechos significativos que engloban diferentes temáticas, desde el avance del modelo extractivo (megaminería y pasteras), hasta la cuestión de la contaminación industrial crónica en vastas zonas del Conurbano bonaerense, que afecta a millones de personas, gran parte de ellas en situación de vulnerabilidad. Tres de estos cinco hitos ponen de relieve la importancia de la acción directa como mecanismo
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central de reclamo de los vecinos frente a la desidia y la complicidad de los estados provinciales y nacional con los grandes agentes económicos; los dos restantes nos advierten sobre el rol cada vez más crucial que va adquiriendo el Poder Judicial en la conceptualización y reconfiguración de estos conflictos de carácter multiescalar.

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Pasivos ambientales, maldesarrollo y zonas de sacrificio
“Todo necio confunde valor y precio.” ¿Quién tiene el poder de imponer el método de resolución de los conflictos ambientales? ¿Valen las consultas populares que apelan a la democracia local como en Tambogrande (Perú) o en Esquel (Argentina)? ¿Vale el lenguaje de la sacralidad? ¿Valen los valores ecológicos solamente si se traducen a dinero o valen por sí mismos, en sus unidades de biomasa y biodiversidad? ¿Vale argumentar en términos de la salud, subsistencia y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? ¿Qué valor tiene un paisaje, no en dinero sino en sí mismo? ¿Cuánto vale la vida humana, no en dinero sino en sí misma? Son preguntas nacidas de la observación participante en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo. De ahí la pregunta con que concluyo: ¿quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración? Joan Martínez Alier, “Conflictos ecológicos y justicia ambiental”
Introducción
Los conceptos que articulan este capítulo, en el que recorremos situaciones y casos testigo ligados a la contaminación producida por la actividad industrial, petrolera y minera, son los de “pasivo ambiental”, “maldesarrollo” e “injusticia ambiental” y “zonas de sacrificio”.
En la definición aportada por el Colectivo para la difusión de la Deuda Ecológica, el concepto de “pasivo ambiental” es definido como “el conjunto
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de los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas, produc idos por una empresa, durante su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su historia” (Colectivo para la difusión de la Deuda Ecológica, 2002). Tierras degradadas, derrames de químicos utilizados por las industrias, derrames de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y contaminan el agua, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación, campos atravesados por picadas, cientos de hectáreas de suelo infértil, son algunos de los daños que la explotación industrial, petrolera y minera han venido dejando. Aunque en la actualidad existe una tendencia a cuantificar y compensar los daños ocasionados al medio ambiente, el impacto que una actividad como la petrolera o la minera producen sobre el ecosistema y la salud humana, o lo que significan en términos de reducción de la biodiversidad y la desaparición de culturas y estilos de vida, es algo inconmensurable.
Tomemos ahora los conceptos de maldesarrollo e injusticia ambiental, dos de las nociones más potentes a la hora de dar cuenta de los actuales conflictos y movilizaciones socioambientales. Cuando hablamos de “maldesarrollo” buscamos poner de relieve el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: tanto el fracaso del programa de desarrollo (entendido este como ideal de progreso y promesa emancipatoria), como las diferentes dimensiones del “malvivir” que estos producen y afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables (pobres, pueblos originarios, mujeres, niños). La distribución de los costos ambientales suele evidenciar patrones históricos de injusticia ambiental que reflejan profundas desigualdades, no solo entre los países del norte y del sur, sino también en el interior de nuestras sociedades, ya sea desde el punto de vista social y etario, como étnico y de género. Por otro lado, las empresas transnacionales se aprovechan de las legislaciones ambientales y laborales de los países del sur (mucho más permisivas que en los países del norte), donde los salarios son más bajos y las compensaciones a los damnificados en casos de accidente son menores. Al mismo tiempo utilizan como chantaje la facilidad para trasladar la inversión a otros países, ya que con la promesa de la inversión económica suelen obtener como contrapartida una suerte de “permiso de contaminación” (Colectivo para la difusión de la Deuda Ecológica, 2002).
La acumulación de daños ambientales refiere, de modo inevitable, a cuestiones que tienen que ver con la deuda ecológica, así como con la responsabilidad social y política del Estado: desidia, complicidad y abandono, exclusión, racismo (al que las poblaciones urbanas o rurales con
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menor poder económico y político son sometidas o condenadas). Esto se hace evidente, por ejemplo, en los casos de la cuenca Matanza-Riachuelo, de la cuenca del río Reconquista, de los vecinos de la localidad bonaerense de González Catán que viven en las proximidades del Ceamse, de las comunidades mapuches contaminadas con petróleo en Loma de la Lata, o de los niños contaminados por plomo en Abra Pampa (Jujuy). Si bien las consecuencias del impacto ambiental no distinguen clases sociales, los sectores vulnerables de la población son los que sufren de forma más desproporcionada los daños ambientales. Esto se debe a que suelen estar asentados en las áreas más afectadas por las fuentes contaminantes, y a que carecen de los medios económicos para afrontar la externalización de los costos (que sí pueden realizar los segmentos sociales más poderosos y dominantes), con lo cual se deteriora progresiva y significativamente su ya precaria calidad de vida. Por ello no es casual que los mapas de la pobreza o de la exclusión social coincidan inevitablemente con los de la degradación ambiental. Asimismo, no por casualidad cada vez son más las poblaciones que suelen rebelarse a este destino de injusticia ambiental y que generan “movimientos de ecología popular”, como designa Martínez Alier (2004) a esas respuestas comunitarias. Con toda esta descripción hacemos referencia a una corriente que viene creciendo en importancia y que coloca el acento en los conflictos ambientales (a nivel local, nacional y global) causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad. Estos movimientos, que hoy se hallan en plena expansión en los países del sur –al compás de la explosión de los conflictos socioambientales– y que congregan no solo a grupos indígenas y campesinos sino cada vez más a poblaciones urbanas y rurales que por lo general desconocen el discurso ambientalista, han comenzado a activar un lenguaje de valoración diferente que contrasta con la concepción binaria desarrollada por las grandes empresas (en alianza con los gobiernos nacional y provinciales en el caso argentino) respecto de los bienes naturales y del territorio.
Definida de modo positivo, la justicia ambiental
implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en que tal derecho puede ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades (Acselrad, 2004b: 16).
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En fin, el enfoque de la justicia ambiental enfatiza la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia, el racismo ambiental hacia los pueblos originarios despojados de sus territorios en nombre de proyectos insustentables, así como la injusticia de género y la deuda ecológica (Di Chiro, 1998).
Por último, nos interesa introducir el concepto de “zona de sacrificio”, que va mucho más allá del que mencionamos al comienzo como “pasivo ambiental” y que supone la radicalización de una situación de injusticia ambiental. Ciertamente, la actual producción del espacio y las lógicas de control territorial dominantes poco tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población y sus condiciones de reproducción, como la sustentabilidad ambiental de los territorios. En ese contexto, la configuración de zonas de sacrificio se refiere a un proceso –general y extendido en el tiempo– de desvalorización de otras formas de producción y de vida diferentes a las de la economía dominante.
No se trata solo de la emergencia de una territorialidad excluyente respecto de otras territorialidades subalternas, que quedan sumergidas o dislocadas, sino también de la degradación de los territorios, de la calidad de vida, ante la consolidación de modelos de maldesarrollo. Con el paso del tiempo, lo que queda para las comunidades locales son los impactos ambientales y sociosanitarios (Observatorio Petrolero Sur, 2012), territorios convertidos en áreas de sacrificio en las que también los cuerpos y las vidas mismas devienen descartables y sacrificables.
En nuestro país existen importantes pasivos ambientales generados por la acumulación de actividades productivas de carácter contaminante. Así, el desarrollo incontrolado de la actividad industrial ha ido degradando los territorios y la salud de las personas, lo que repercute sobre la calidad de vida de millones de habitantes, que en su gran parte integran sectores excluidos y vulnerables. Por ejemplo, la Argentina cuenta con una de las cuencas hídricas más contaminadas del planeta, producto de la contaminación industrial. También posee importantes pasivos mineros y petroleros, diseminados en diferentes puntos del país, gran parte de los cuales no han sido objeto de remediación ambiental. A esta situación, por demás preocupante, hoy debemos sumar una megaminería transnacional devastadora, un avance incontrolado de la deforestación, una utilización irracional y generalizada de agroquímicos, y un inexistente ordenamiento ambiental del territorio (urbano y rural), entre otros.
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Contaminación industrial e injusticia ambiental
Cuenca Matanza-Riachuelo, una causa emblemática
El horizonte en materia ambiental no es alentador. Así, por ejemplo, la problemática del Riachuelo es un reflejo de lo peor de la Argentina; en ese espacio se conjugan de modo perverso contaminación, corrupción, predominio de poderes informales y una colosal desigualdad. La cuenca del Riachuelo tiene 64 km2 y atraviesa catorce municipios bonaerenses, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de ella viven más de cuatro millones de personas expuestas a problemas respiratorios, gástricos y de piel. De estas, el 35% no tiene agua potable y el 55% no posee cloacas. Un informe oficial de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, difundido en 2010, esto es casi dos años después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, indica que el 96,4% de la población de la cuenca está expuesto al riesgo ambiental, esto es, casi un millón de familias (Rocha, 2010). Asimismo, informa que el 33,3% padece problemas gastrointestinales y el 26%, respiratorios. Este problema se agrava si se toma en cuenta que 330 000 personas viven alejadas de centros de salud, 33 000 residen alrededor de fábricas altamente contaminantes y casi 3000 habitan asentamientos sobre los 400 basurales a cielo abierto que hay en la cuenca.
Un indicador para evaluar la contaminación de un río es medir la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ya que sin su presencia solo puede vivir un tipo de bacterias (anaeróbicas). En un río limpio, los valores de oxígeno están entre los 8 y los 12 mg por litro; si se registran menos de 5 mg, el estado de las aguas es considerado intolerable. En la desembocadura del Riachuelo se registran valores de 0 mg, por eso, lo que menos tiene el curso de este río es agua; la sustancia viscosa y negra de su cauce es un compuesto de líquidos industriales y aguas servidas.1
1 Esta situación, al parecer, se mantendrá por mucho tiempo, tal como lo señala el presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y colaborador de la Asociación de Vecinos La Boca, Raúl Estrada Oyuela: “El vuelco de efluentes líquidos en la cuenca se rige por la resolución 1/2007, dictada por la Autoridad creada por el Congreso. Esa norma fija límites altamente permisivos para la concentración de contaminantes por unidad de volumen, sin regular la masa total que se descarga, como si la capacidad de autodepurarse del cuerpo receptor fuera infinita. Así el río no se recupera”. Véase Estrada Oyuela, 2013.
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La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo es un problema de carácter socioambiental que produce serios daños a la salud de los habitantes, incluyendo la contaminación con plomo, que en los niños limita el desarrollo del sistema nervioso central.2 Entre los elementos que contaminan las aguas, el aire y el suelo se encuentran amoníaco, cadmio, arsénico, mercurio, plomo, níquel, cromo, cobre, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, zinc, cobalto, benceno en sus diversas combinaciones, hidrocarburos aromáticos producidos por combustiones ineficientes, xileno en sus diversas formas, distintos óxidos de nitrógeno, nitratos y nitritos, material particulado de diversos tamaños (incluyendo los menores a 10 micrones, que son los de mayor riesgo para la salud), varios contaminantes orgánicos persistentes (incluyendo dioxinas y furanos), residuos de plaguicidas, dentro de una larga y siempre creciente lista. Los efectos en la salud se manifiestan en incontables formas, y los profesionales no están preparados para discriminar cuándo un infarto, un aborto espontáneo o una leucemia tienen su origen en el drama de estas cuencas. Una verdadera zona de sacrificio, con casi veinte mil industrias que vuelcan incontroladamente sus residuos y emisiones en las aguas ya pestilentes.
En esta cuenca conviven los sectores mas excluidos del país, los que soportan las feroces externalidades de las empresas más poderosas, mientras los tres gobiernos involucrados (nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) están absoluta y deliberadamente ausentes. El resultado es una alarmante situación en la que millones de personas padecen el sufrimiento ambiental, esto es, que soportan injusta e indignamente las consecuencias de la degradación ambiental y que ven cómo sus derechos elementales son violados de modo sistemático.
Frente a la inacción de los poderes ejecutivos de las tres jurisdicciones involucradas, otro poder del Estado, el Judicial, fue el que intentó encausar esta gravísima problemática. En efecto, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo (M. 1569. XL. ORIGINARIO),3 ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. En dicho
2 Para un estudio de caso muy significativo, el de Villa Inflamable, situada frente al polo petroquímico y Dock Sud, véase Auyero y Swistun, 2008.
3 En el año 2004 un grupo de vecinos interpuso una demanda invocando la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y 44 empresas por el daño ambiental a raíz de la contaminación del río
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fallo, el máximo tribunal condenó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ejecutar un programa de saneamiento que aparece detallado en la resolución judicial. Con respecto a ese programa integral, la sentencia establece que la autoridad obligada a su ejecución es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que contempla la Ley 26 168, “[…] sin perjuicio de mantener intacta en cabeza del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad que primariamente les corresponde en función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las obligaciones en materia ambiental por disposiciones específicas de la Constitución Nacional”. El tribunal dispuso expresamente que “el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa”.
En su sentencia, la CSJN obligó taxativamente a los estados demandados a realizar distintas acciones concretas. Así, exigió el establecimiento de un sistema de medición de contaminación y de un sistema público de información. Por otro lado, estableció un “Plan sanitario de emergencia” que contenga un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo, a fin de determinar la población en situación de riesgo, elaborar un diagnóstico que permita discriminar las patologías y una base de datos de las mismas con acceso público, y especificar las medidas de vigilancia epidemiológica. A partir de ello, debían elaborarse y ponerse en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población de la cuenca. También, la CSJN requirió que se inspeccionaran todas las empresas existentes en la cuenca y se identificaran por resolución las industrias que se considerasen contaminantes para la presentación de un plan de tratamientos de sus efluentes. En cuanto a una de las zonas más afectadas por la contaminación de la cuenca baja, Dock Sud, la Corte dispuso que se publicara en forma detallada el proyecto de reconversión industrial y relocalización de su polo petroquímico. Obligó también a erradicar, limpiar y cerrar todos los basurales clandestinos relevados por ACUMAR, además de establecer la concreción de un plan de gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Por último, en relación a la red de agua potable, a los desagües pluviales y al saneamiento cloacal, la Corte dispuso el control estricto de las obras a realizarse.

Matanza-Riachuelo. Entre las empresas demandadas figuran varias compañías petroleras (Shell, YPF, EG3, Sol Petrol y Dapsa), la petroquímica Indupa, la química Dow, el supermercado Coto, Aguas Argentinas y varias curtiembres, entre otras.
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Sin duda, se trató de un fallo inédito y de largo alcance.4 Así, para una correcta ejecución del mismo y de las obligaciones antes descriptas, la CSJN organizó un novedoso sistema de control, integrado por organismos estatales de distinto orden y organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto es la defensa del ambiente y los derechos humanos: el denominado Cuerpo Colegiado. En diciembre de 2009 este cuerpo emitió un duro informe sobre el estado de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Recordemos que el Cuerpo Colegiado está coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y que de él forman parte las siguientes organizaciones: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos La Boca,5 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace Argentina.
En el informe mencionado se señaló, con precisión, la ausencia de un sistema de medición apropiado; esta deficiencia se mantiene en la actualidad, convirtiéndose en una verdadera traba para evaluar con objetividad el grado de avance y la eficiencia de las acciones que ejecuta ACUMAR en función del logro de los objetivos dispuestos por la CSJN. También se señaló que la progresión de las inspecciones se venía realizando a un ritmo sumamente lento; el informe destacaba que existe una marcada
precariedad en la planificación y ejecución de acciones tendientes a dar cumplimiento a la manda judicial. Se puede corroborar una continuidad en acciones carentes de coordinación entre ACUMAR, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los catorce municipios, como así también la ausencia de una planificación estratégica que permita avanzar sobre los objetivos prefijados.
A pesar de que la situación sanitaria de muchos habitantes de la cuenca es crítica, nunca se han arbitrado medidas excepcionales que contemplen las situaciones de emergencia, las medidas preventivas, los recursos humanos y presupuestarios. Tampoco se ha contado con el necesario compromiso político para evitar dilaciones injustificadas en la ejecución de las actividades.
Lo cierto es que al momento de la edición del presente libro, seis años después de la histórica sentencia del 8 de julio de 2008 de la CSJN, constata-
4 Para un abordaje de la problemática del Riachuelo en clave de Justicia Ambiental y controversia sociotécnica, veáse el trabajo de Merlinsky, 2013.
5 Es de destacar la actuación de la Asociación de Vecinos La Boca, una organización barrial que con gran esfuerzo y dedicación se convirtió en un emblema del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
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mos con alarma el sistemático incumplimiento de las precisas obligaciones de resultado que establecía dicha sentencia y que la mayoría de los plazos ordenados por la Corte han vencido, con evidentes resultados negativos. Para entender esta situación no resulta fuera de análisis la (fundada) sospecha de que las campañas electorales de los “barones del Conurbano” se han financiado con los sobornos de las empresas que contaminan el Riachuelo. Así, el nombramiento de Juan José Mussi (diciembre de 2010) al frente de la máxima autoridad ambiental de la Nación y, a su vez, como presidente de ACUMAR pareció una broma de mal gusto, propia del Día de los Inocentes. Como todo un símbolo, el Ejecutivo nacional nombró en el máximo cargo ambiental del país a un “barón” del Conurbano, procedente de una de las zonas más contaminadas del planeta y con mayores pasivos ambientales como consecuencia de la histórica complicidad de sus gobernantes con los agentes contaminantes. Mussi reemplazó en el cargo de secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable al abogado Homero Bibiloni, quien –insólitamente– había defendido de forma onerosa en la causa “Mendoza” los intereses de los municipios ante la CSJN y luego, como presidente de ACUMAR, tuvo que “controlar” las acciones y omisiones de sus antiguos contratantes.6
Como ocurrió en los últimos cien años, el Riachuelo es uno de los mayores desafíos de nuestro país en materia socioambiental. Resulta imperioso promover la efectiva vigencia de derechos humanos básicos en la cuenca con una inmediata asistencia sanitaria activa y habitacional a la población afectada. Para ello se requiere de una verdadera voluntad política que rompa con la añeja complicidad de los funcionarios (nacionales, provinciales y municipales) con los agentes contaminantes. Debe cumplirse sin cortapisas con la histórica sentencia de la CSJN y prestar atención a que ninguna “solución” signifique trasladar la contaminación al Río de la Plata, promoviendo la aplicación de un plan progresivo de eliminación de las principales sustancias peligrosas, articulando la instrumentación de la reconversión tecnológica prioritaria de las industrias más contaminantes.
6 Las fotos también muestran al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, enfundado en su clásica camiseta amarilla, haciendo de remero. Lo acompañaban en el precario bote Francisco de Narváez, el diputado nacional Federico Pinedo, el economista Carlos Melconian y Jorge Macri, quien sostenía un cartel que decía: “Seguimos remando el Riachuelo”. Como parte de su campaña para acceder a la Jefatura de Gobierno, Macri utilizó el río más contaminado de la Argentina para promocionarse. No fue el único que navegó escenográficamente el Riachuelo. Casi todos los que ahora son corresponsables de que no haya habido ningún avance concreto sobre el estado lamentable de la cuenca, lo han hecho. Tal es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
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Lo lamentable es que el resultado de este desaguisado es una alarmante situación: centenares de miles de personas, que habitan las márgenes de la cuenca, viven en condiciones indignas y lacerantes. Como vemos, la verdadera contaminación del Riachuelo va mucho mas allá de los miles de litros de vertidos ilegales y sin tratamiento que se vuelcan a sus aguas diariamente.
El parque industrial de Burzaco
Al sur de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, se encuentra un parque industrial de 550 ha. Este parque, en el que funcionan más de doscientas industrias, rodea un barrio de esa localidad y linda con otros dos. Los barrios existían anteriormente al parque, y el mismo fue emplazado por decreto provincial en el año 1993. A contramano de lo que sucede en ese barrio, en el parque industrial las calles están asfaltadas, tienen iluminación y las empresas gozan de beneficios impositivos. A pesar de esto, no se encuentran agrupadas por rubros y en muchos casos se perjudican mutuamente. El parque, a través de una serie de pluviales, utiliza el arroyo del Rey para descargar sus efluentes industriales, que a su vez desembocan en el Riachuelo.
El arroyo del Rey nace apenas un kilómetro antes. En sus nacientes todavía se puede observar cierta fauna como sapos y pequeños peces, y el curso es de agua clara a pesar de ser de llanura y con sedimentos. Estas condiciones se revierten totalmente cuando el curso pasa por el parque industrial, que a través de sus conductos pluviales (usados en tiempo seco para vuelcos) envenena y asfixia el arroyo.
El parque industrial impacta negativamente no solo en el ambiente sino en la salud de los vecinos del barrio que lo circunda. Sumado a la falta de cloacas y agua potable, entre la población del lugar son comunes las afecciones respiratorias y dermatológicas, y los casos de cáncer se han vuelto cada vez más frecuentes. Los reclamos encuentran poco eco entre las autoridades locales, así como entre los vecinos que trabajan en las empresas del parque industrial. Las autoridades locales también deben realizar malabares para evitar que sus presiones sobre las empresas hagan que estas abandonen el parque. La ecuación, en ambos casos, es la misma: se cambia contaminación por dinero.
El parque industrial de Burzaco es un ejemplo, entre muchos, de lo que sucede con la cuenca Matanza-Riachuelo, donde la falta de un ordenamiento territorial hace que en un mismo sitio convivan y se perjudiquen mutuamente producción, residencia y descargas (cloacales e industriales) sin tratamiento.
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La cuenca del río Reconquista
El Reconquista es el segundo río más contaminado de la Argentina, luego del Riachuelo, y proporciona casi un tercio de la contaminación industrial y cloacal del Río de la Plata. La cuenca tiene unos 1670 km2 y en ella viven más de cuatro millones de personas, es decir, alrededor del 10% de la población total del país. Por otro lado, una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan. De las 12 000 industrias radicadas en su cuenca,7 se estima que unas 700 vierten en sus aguas –de modo clandestino– efluentes con residuos de todo tipo.
“Es otro río muerto, otra cloaca a cielo abierto llena de basura, efluentes cloacales y residuos industriales”, concluyó en marzo de 2007 el Defensor del Pueblo de la Nación, al presentar el Informe Especial Cuenca del Río Reconquista8 realizado por expertos de tres universidades estatales, una privada y entidades ambientalistas.9
El río Reconquista nace en el partido de Marcos Paz y recibe a lo largo de su trayecto, de más de 80 km, el aporte de varios cuerpos de agua,10 entre los cuales destaca el arroyo Morón. Tras recorrer dieciocho municipios bonaerenses,11 termina en el río Luján, que desemboca en el estuario del Río de la Plata, donde también desagua el Riachuelo.
La ocupación de su territorio (explosiva y desordenada) y el asentamiento de distintas actividades (tanto residenciales como industriales) han sido llevados adelante prácticamente sin ningún tipo de planificación que tenga en cuenta las características ambientales de la región. En su valle de inundación, las áreas bajas o inundables adyacentes al río Reconquista y sus afluentes, se encuentran gran parte de los asentamientos precarios de la cuenca. El 40% de sus habitantes no cuentan con agua potable y el 60%
7 De fibras sintéticas, metales ferrosos, alimenticias –preparación y conservación de carnes–, mataderos, curtiembres, acumuladores eléctricos, caucho, hierro y acero, entre otros rubros.
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9 Defensor del Pueblo de la Nación, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), Fundación Protigre y Cuenca del Plata, Caritas Diocesana de San Isidro, Asamblea del Delta y Río de la Plata, Fundación Metropolitana, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Morón.
10 La cuenca del Reconquista comprende 134 cursos de agua.
11 El río Reconquista atraviesa dieciocho partidos de la provincia de Buenos Aires: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Morón,
Ituzaingó, Merlo, Moreno, Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez y Luján.
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no accede a la red de cloacas.12 El 90% de los efluentes cloacales se vuelcan en crudo, más de 3000 camiones atmosféricos desagotan diariamente en forma directa al río. A ello se suma la presencia en su cuenca de los denominados “rellenos sanitarios” (en la práctica, verdaderos basurales), cuyos lixiviados terminan también en el cauce del río Reconquista.
Según el informe antes citado del Defensor del Pueblo, “los metales pesados están presentes en forma permanente en el río Reconquista en concentraciones que exceden ampliamente los niveles de seguridad, con valores que van de dos a 160 veces, dependiendo del metal, lo que habla de una contaminación elevada por efluentes industriales”. Existen también agroquímicos y pesticidas organoclorados “altamente tóxicos” que están en el agua en valores entre 40 y 400 veces superiores a lo tolerable para la vida acuática. Hay además una “cantidad elevada” de cloruros, fosfatos, fenoles y compuestos de nitrógeno inorgánico –producto de las aguas servidas domiciliarias y descargas industriales sin tratar que llegan al curso fluvial–, así como bacterias coliformes.
La gran concentración de industrias evidencia no solo una elevada contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con desechos industriales, agropecuarios o domiciliarios, sino también graves consecuencias en la salud de los habitantes. Las sustancias tóxicas encontradas en las aguas de la cuenca13 poseen efectos cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, embriotóxicos; son persistentes en el ambiente y su efecto acumulativo se ejerce no solo sobre la población actual sino también sobre las nuevas generaciones; por último, pueden provocar, entre otras afecciones, cefaleas, alteraciones cutáneas, náuseas, vómitos y diarreas, pero también hipertensión, alteraciones cardíacas, cáncer y fallas del sistema nervioso central.
A diferencia del Riachuelo, que desemboca directamente en el Río de la Plata, el Reconquista lo hace sobre uno de los humedales más grandes de la Argentina. El delta en el que vuelca sus aguas, compartido por dos provincias (Entre Ríos y Buenos Aires), tiene 20 000 km2, es riquísimo en biodiversidad y, además, contribuye a la purificación del agua, el control de las mareas y la biodiversidad más exquisita que puede encontrarse en América. Todo ello en la desembocadura del segundo río más contaminado de la Argentina.
12 En el municipio de Malvinas Argentinas, con 280 000 pobladores, el 91% no accede al agua de red y el 96% carece de saneamiento.
13 Estas sustancias se corresponden con las actividades asentadas en la cuenca:
químicos y metales pesados provenientes de la actividad industrial y agroquímicos relacionados con la actividad agropecuaria.
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En el año 1972, debido a las sucesivas inundaciones naturales provenientes de efectos pluviales, se construyó un canal artificial (denominado “canal aliviador”) para intentar mitigar los efectos de las inundaciones. Mediante la Ley 20 099, este canal aliviador se instituyó como la primera pista nacional de remo. Luego, en 1985, a raíz de una importante inundación por lluvias, se resolvió la voladura de una legua de tierra que evitaba la unión del Reconquista con el canal aliviador. Así, por diferencias de cotas hídricas entre el canal y el río Reconquista, se produjo un importante vuelco de la contaminación hacia el río Tigre.
Entre los años 1987 y 1989 se extrajo biomasa forestal de ambas márgenes del río, a fin de limpiar el cauce obstruido por vehículos, barros e innumerables desechos de todo tipo que obstaculizaban y perjudicaban su correntía natural. Varios especialistas sostienen que este accionar contribuyó sustancialmente a la alteración natural del balance hídrico de la cuenca, provocando la elevación de la napa freática de todo su recorrido, y también a la propensión de inundaciones en toda su cuenca.
Posteriormente, en 1994, frente al crecimiento de la contaminación denunciada y mediante el decreto 554/94, se creó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires un organismo autárquico denominado Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista (UNIREC), que tenía a su cargo la supervisión y ejecución de las acciones que demanda la implementación del proyecto de saneamiento ambiental y control de las inundaciones del río Reconquista. El proyecto constaba de tres etapas (artículo 6 de la Ley 11 497): 1) obras para el control de lluvias y sudestadas; 2) obras y planes para el control de la contaminación doméstica e industrial; y 3) planes y acciones institucionales. De estas tres etapas, la única que se llevó adelante fue la primera, esto es, el dragado, la rectificación y el terraplenado, quedando inconclusa la más importante, es decir, el control de la contaminación doméstica.
Así, la UNIREC, al cumplir con el primer objetivo generó un daño aun mayor, pues construyó un terraplén de tierra sobre cota, de margen a margen del lecho del río Reconquista, que provocó el desvío del curso natural del viejo cauce en su confluencia con el canal aliviador, provocando de esta manera la obturación total del flujo histórico y normal del río y, con ello, un nuevo e importante foco de intoxicación en el canal aliviador.
En efecto, en el año 1996 se inició una obra que prometía “saneamiento y control de inundaciones” (con un costo de 400 millones de dólares), la cual generó gravísimas consecuencias. Con estas estas obras, se contaminó la primera sección del Delta hasta el kilómetro 10. Todo esto fue el resultado de una obra hidráulica implementada bajo la promesa de un saneamiento efectivo. Actualmente sigue apreciándose una ingente y constante cantidad de conta-
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minantes que llegan al Delta a través de ese desvío. Este proyecto puso en juego la vida de muchos habitantes del Delta, quienes no cuentan con otro servicio de agua más que las fuentes primarias que proporciona el propio Delta.
Pero la contaminación acuífera en su cuenca no solo golpea en aquellos municipios sin cloacas ni agua de red, o donde los vecinos viven en asentamientos a la orilla de ríos contaminados. Uno de los casos testigo es el de Diacrom (en Vicente López), empresa que durante doce años contaminó con cromo –según varios peritajes y resoluciones judiciales– las napas del barrio de Munro; el metal se filtró incluso a un caño subterráneo de agua potable de AySa que llega a un millón de casas de Vicente López, San Isidro y parte de San Martín. Después de ser denunciada penalmente en 1995, la empresa recibió la pena atenuada de probation. Como siguió funcionando sin control, en 2005 se volvieron a iniciar acciones penales por los crecientes casos de cáncer en la zona.14
La falta de planificación, la debilidad de las instituciones públicas y el crecimiento poblacional desordenado que generó y continúa generando el modelo de desarrollo depredatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, son razones históricas, políticas, económicas, sociales y culturales que se constituyen en determinantes sociales para que se encuentre gravemente afectada la salud del ecosistema de la cuenca del río Reconquista y, por ende, la salud y calidad de vida de la población presente y futura de la región (Informe Especial cuenca del río Reconquista, 2007).15
Asimismo, la situación del Reconquista genera un importante impacto ambiental sobre el Delta Paranaense,16 un extenso sistema de humedales que compone un ecosistema singular en el país y a nivel planetario, ya que es el único delta que no desagua en el mar.
Por último, el Reconquista y el Riachuelo están matando a un tercer río, un estuario. Como vimos, ambos constituyen las dos principales áreas de
14 Posteriormente, a través de una acción de amparo patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se condenó a la provincia de Buenos Aires a realizar un procedimiento inmediato de resanación del daño ambiental, y para el caso de que el gobierno considerara imposible hacerlo, se lo obligó a promover una acción judicial en la Justicia ordinaria para que Diacrom S.A.C.I.C. fuera condenada a indemnizar sustitutivamente al Fondo de Compensación Ambiental de conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley Nacional 25 675.
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16 El Delta Paranaense es un vasto macromosaico de humedales que cubre aproximadamente 17 500 km2, desde Entre Ríos hasta el Río de la Plata, constituyendo la parte final del sistema Paraná-Paraguay, la segunda cuenca más grande de América del Sur, luego del Amazonas (Giraudo y Arzamendia, 2004).
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impacto y contaminación del Río de la Plata, fuente de provisión de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires, con más de 13 millones de habitantes.
Petróleo y racismo ambiental
Loma de la Lata: contaminación y resistencia mapuche
Para ellos era territorio de nadie e hicieron lo que quisieron. Destruyeron todo y se llevaron todo. A costa de lo que fuera necesario. A costa de la madre tierra, a costa de nuestra vida.
Desde que llegaron, no pudimos dormir más tranquilos. Gabriel Cherqui, Comunidad Kaxipayiñ, Loma de la Lata, entrevista de Darío Aranda, La maldición petrolera, (2013c)
Más de la mitad de los hidrocarburos que se extraen en la Argentina provienen de la Patagonia. Loma de la Lata, situado en la cuenca neuquina, es el más importante yacimiento gasífero de la Argentina y uno de los principales de América del Sur. Fue precisamente el hallazgo de este yacimiento, en 1977, el que convirtió a Neuquén en una provincia eminentemente petrolera.
La explotación fue iniciada en tiempos de la YPF estatal, pero la posterior privatización de la empresa en 1992, y su traspaso a la española Repsol, en 1999, aceleraron el proceso de explotación del yacimiento. En 1993, un decreto presidencial otorgó a Repsol la concesión de Loma de la Lata hasta 2017. La compañía se convirtió así en la principal operadora petrolera en el área de Loma de la Lata, aunque no la única. Entre 1997 y 2008, Loma de la Lata representó nada menos que el 60% de la oferta gasífera del país. Eso hizo que una porción importante de los territorios mapuches de la zona se convirtieran en campos petroleros (Di Risio et al., 2012).
Ciertamente, el yacimiento de Loma de la Lata está enclavado en territorio mapuche y abarca 8000 ha de las comunidades Paynemil (“oro celeste”) y Kaxipayiñ (“volver al origen”). Hasta el año 2000, en esa superficie se habían perforado 77 pozos, abierto 3 caminos principales (de entre 15 y 18 m de ancho) y 9 secundarios (9 m de ancho), tendido 88 ductos (162 km) y una línea de alta tensión. También funcionaban 4 estaciones compresoras, 2 de refrigeración, 3 baterías, 5 unidades separadoras y de fraccionamiento, una planta descarbonatadora y un campamento para el personal (Observatorio Petrolero Sur, 2010b). En total, más de 2000 ha
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afectadas, según versa un meticuloso estudio sobre el impacto cultural y ambiental de la actividad petrolera en la zona realizada por un laboratorio alemán (Gavaldà, 2003).
La historia de la explotación del yacimiento de Loma de la Lata está atravesada por numerosos conflictos. A partir de 1994, las comunidades mapuches comenzaron a denunciar hechos de contaminación, la cual fue agravándose, como resultado tanto de la ausencia de una política ambiental, como de los derrames de crudo producidos por Repsol. El primer hecho grave acaeció en 1995, a raíz de la contaminación de las aguas comunitarias, originada por los frecuentes derrames de crudo en la cuenca del río Colorado. Entre octubre de 1997 y marzo de 1998 se registraron nuevos derrames. Frente al reclamo de las comunidades, las autoridades provinciales se demoraron en realizar los análisis de sangre y orina pertinentes entre la población. Cuando por fin estos fueron concretados, los resultados se mostraron alarmantes y, además, no fueron entregados a las comunidades involucradas.
En 1997 tuvo que intervenir la Defensoría de Menores de Neuquén con una acción de amparo. La Justicia hizo lugar y ordenó a la provincia que dotara de agua potable a las familias y garantizara los tratamientos de salud indispensables para la recuperación de los afectados. También exigió que el gobierno provincial ejerciera funciones de control sobre la empresa. El gobierno apeló dos veces la sentencia pero la Justicia mantuvo firme el fallo. Igualmente, esta no fue cumplida por el gobierno provincial, con lo cual las comunidades indígenas optaron por realizar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A principios del año 2000 el estado provincial dio a conocer otros resultados, que mostraban menores niveles de metales pesados encontrados en sangre y orina e intentaban desvincular a Repsol de la situación. Frente a ello, las comunidades, a través de la Confederación Mapuche del Neuquén (CMN) pidieron que se realizaran nuevos análisis, pero a cargo de un laboratorio internacional. Hubo así varios informes sobre la situación de contaminación en el yacimiento de Loma de la Lata. Uno de ellos, que data de 1998 y fue realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuantificaba el daño ambiental producido por las petroleras en Neuquén en $ 925 millones (en épocas de la convertibilidad, US$ 925 millones). El informe destacaba que las empresas petroleras desarrollaron “constantes faltas, errores, accidentes y falta de previsión; provocando serios daños a la población y recursos naturales”. Como agregan Latorraca y Montero,
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en un trabajo similar, pero limitado a Loma de La Lata, presentado en julio de 2001, y en cuya realización se emplearon más de 10 meses de trabajo y un equipo interdisciplinario, se agregaron nuevos detalles: afecciones a la salud de las personas; efectos psicológicos; afección a la tradición cultural y forma de vida propia de las comunidades afectadas; pérdida de lugares sagrados; afectaciones a la fauna silvestre y al ganado, como así también a la flora, entre otros (Latorraca y Montero, 2003).
Un segundo informe fue el que elaboró la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), por pedido de Repsol. Del mismo se desprende no solo que “no existen evidencias de concentración de metales pesados por encima del nivel de peligrosidad”, sino también que de los estudios realizados sobre agua, aire y suelos “no se detectan plomo ni mercurio por encima de las normas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud”. Vale la pena subrayar que el informe de FIEL se realizó en tiempo record y no se llevaron a cabo estudios de salud sobre los habitantes de las comunidades mapuches de la zona (Latorraca y Montero, 2003).
Finalmente, en 2001 se dio a conocer otro informe realizado por la empresa alemana de gestión ambiental Umweltschutz Nord, solicitado por las comunidades mapuches, en el que se cuantificaban los daños ambientales:
630 mil m3 de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, nafatleno, pireno, y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad. En tanto las aguas registraron metales pesados, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Los resultados de los estudios clínicos realizados sobre 42 personas, sobre un total de 98 personas, detectaron síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos: vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades, dermaditis. También presentaban manifestaciones de intoxicación con metales pesados. Al año siguiente se registró un caso de anancefalia (Di Risio, Marc Gavaldà, Pérez Roig y Scandizzo, 2012).
“El poblador menos contaminado tiene 16 metales pesados en su organismo, y esto está comprobado por un laboratorio extranjero que hizo los análisis. El poblador más gravemente afectado tiene 37 metales pesados en su organismo”, afirmó Verónica Huillipan, una de los voceras de la Confederación Mapuche del Neuquén (ibid.). Asimismo, la comunidad comenzó a contabilizar muertes y enfermedades desde el año 2000. Abortos espontáneos, casos de diabetes, problemas de visión, cáncer, malformaciones genéticas y muertes. En 2012 murieron cinco personas (Aranda, 2013c).
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Por otro lado, es interesante observar que la intensa conflictividad desatada por la contaminación de Repsol en los territorios mapuches de Loma de la Lata fue un punto de inflexión en el proceso de recuperación identitaria de las comunidades mapuches, en un contexto internacional favorable al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Cabe destacar que la reforma constitucional de 1994 incluyó la incorporación a la Carta Magna argentina del convenio o convención 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, para el caso de actividades económicas y extractivas que afecten su territorio. Los reclamos de las comunidades reconfiguraron el mapa político-social, dando visibilidad a la Confederación Mapuche del Neuquén. Neuquén es una de las provincias con mayor población y organización indígena; trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas (Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 2013).
Hasta ese entonces no se había registrado ninguna negociación entre Estadocomunidades-empresa, ni había sucedido que las empresas y el propio Estado reconocieran el territorio mapuche. Los primeros piquetes y protestas que se hicieron tenían por objeto frenar la construcción del Proyecto Mega (planta procesadora de gas de la empresa Mega), con participación de las compañías Dow Chemical, Pérez Companc (luego Petrobras) y Repsol, que bombea gas al puerto de Ingeniero White. La comunidad realizó varias acciones directas, aunque finalmente llegó a un acuerdo, por el cual cedió 103 ha. “A cambio, el gobierno provincial se comprometió a entregar el título de propiedad en 180 días. Las empresas dieron dos camionetas y 20 mil pesos. No hubo milagro: el gobierno provincial nunca entregó el título” (Aranda, 2013c).
Durante 2001 se registraron nuevos picos de conflicto. Ese año hubo varios accidentes ligados a la actividad petrolera, pero el que desató la rebelión fue la explosión de un tanque de 40 000 litros de capacidad en la reserva de Paynemil, con derrame y posterior incendio de combustible. Ante la denuncia de las comunidades a las autoridades de Neuquén, Repsol pidió ayuda a las fuerzas represivas y bajo las órdenes del ministro del Interior, estas entraron a las comunidades. En 2005 Repsol perdió la demanda iniciada por las comunidades mapuches y la Justicia ordenó la remediación del daño ambiental y cultural. También ordenó que la compañía pagara una indemnización de $ 483 000. Pero aún está pendiente la remediación ambiental, así como otro juicio millonario contra la empresa.17
17 .
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En fin, son numerosos los conflictos ligados a las actividades extractivas. El Informe Anaya (citado en el capítulo 2), relevó veinte comunidades con conflictos en Neuquén afectadas por la explotación petrolera y minera; entre ellas, cinco que tienen empresas en fase de explotación de petróleo y gas dentro del territorio (Apache y Repsol-YPF) y tres que están afectadas por actividades de exploración (Total). Otro caso muy preocupante es el de la concesión otorgada en el año 2007 a Plus Petrol-Enarsa (áreas laguna Blanca, Zapala) que afecta el territorio de doce comunidades.
Por otro lado, en el año 2000, fiel a su pasión por los escándalos ligados al petróleo, el gobierno neuquino negoció la prórroga por anticipado del contrato con Repsol, por el principal yacimiento gasífero del país, hasta el año 2027. Fue, sin duda, el contrato más escandaloso, previo a lo sucedido más cercanamente con la firma del convenio entre YPF y la empresa Chevron, en 2013.
Las facilidades concedidas a Repsol-YPF eran tan grotescas que hasta el gobierno nacional intentó frenar la entrega de Loma de la Lata por una cifra irrisoria. En medio de la tormenta política desatada por la denuncia de coimas realizada por la senadora neuquina Silvia Sapag, se revisó el acuerdo original y la empresa cedió finalmente a la Nación un plus de 300 millones de dólares y de 140 millones para Neuquén, además de una participación del 5% para la provincia en las ganancias en el período prorrogado. En el apuro táctico de la negociación, la letra chica del convenio establecía que la provincia eximía a la empresa del pago de 112 millones de dólares en concepto de impuestos, elemento que se ocultó durante un tiempo más que prudencial, redondeando uno de los episodios más graves de enajenación del patrimonio nacional que se recuerde (Latorraca y Montero, 2003).
La batalla del pueblo mapuche también se ha dado en el terreno políticoinstitucional. Aunque no estaba en los planes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en el año 2006, gracias a la movilización de la CMN y el apoyo de referentes del mundo de los derechos humanos, la Iglesia y la política (entre ellos, Adolfo Pérez Esquivel, el obispo de Neuquén, Marcelo Melani, y Fernando “Pino” Solanas), la nueva Constitución provincial declaró la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como “parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial”. Este logro incontestable se contradice, sin embargo, con la realidad cotidiana de persecución y hostigamiento que padecen las comunidades mapuches en Neuquén.

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En 2002, cuando el gobernador de la provincia era Jorge Sobisch (también del MPN), este sancionó un decreto que reglamentaba una ley nacional (algo que es competencia del presidente), por medio del cual se limitaba el reconocimiento de las comunidades indígenas y se establecían requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Así, el decreto exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua y el tipo de “cultura y organización”, y ponía como condición para el reconocimiento de una comunidad indígena “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”. Finalmente, once años después, en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, reafirmó la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que esta tengo derechos como tal) (Aranda, 2013d).
Indemnizar a Repsol y socializar los pasivos ambientales
Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, desde Plataforma 2012 (2012b), señalamos que no existía “ninguna disposición sobre los pasivos ambientales (tanto el daño ambiental colectivo como los daños particulares a través del ambiente) producidos por el accionar de Repsol”. Añadimos que
si estos pasivos ambientales solo son usados para reducir el precio de expropiación, estos daños terminan siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad. Además, el pasivo ambiental de Repsol debe incluir (tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Ley 25 675) la recomposición ambiental o –en caso de ser técnicamente imposible– el pago de la indemnización sustitutiva al Fondo de Compensación Ambiental.
Ahora bien, en plena euforia estatizante, en abril de 2012, poco después del anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol, el entonces subinterventor de la compañía, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos financieros y ambientales. Los españoles “no habían informado sobre nuevos yacimientos” y, en sus balances, “sus pasivos ambientales no fueron expuestos”, expresaba Kicillof, anunciando a voz en
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cuello –junto con el ministro Julio De Vido– que se auditarían los pasivos ambientales dejados por Repsol. Poco después, el 1 de junio de 2012, en conferencia de prensa Kicillof destacaba que Repsol no quiso realizar “la recuperación ambiental porque, para ellos, era plata tirada a la basura, ya que el medioambiente es nuestro”, por lo cual concluía que la empresa “ha depredado también nuestro medioambiente”.
Sin duda, la noticia de que el gobierno planificaba auditar los pasivos ambientales dejados por Repsol causó gran revuelo: no fueron pocos los voceros políticos y mediáticos del oficialismo que iniciaron una rápida recolección de datos y testimonios a fin de cuantificar el “daño ambiental”. “Actualmente, el rojo de Repsol en YPF asciende a cerca de US$ 15 000 millones, US$ 9000 millones en concepto de pasivo financiero y el resto (más de US$ 6000 millones) en daños al medioambiente en las principales provincias petroleras”, escribía un columnista del diario Tiempo Argentino, el 25 de abril de 2012 (Reanu, 2012).
Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras desempolvaron los informes ambientales y comenzaron a hacer rápidamente los cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes. En Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de 13 000 pozos sin actividad, 8000 de los cuales están abandonados y la mayoría son de Repsol: un pasivo ambiental del orden de los US$ 3000 millones, consignaba el diario citado más arriba. Aunque prefirió no adelantar cifras, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, consideró que “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”. Solo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene “una deuda de casi $ 200 millones, y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3000 pozos”. Por el lado de Neuquén, el ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia, Guillermo Coco, estimó que si bien el pasivo aún no estaba monetarizado, las proyecciones indicaban que este alcanzaría los US$ 1500 millones.
Asimismo, el diario oficialista Página 12 revelaba en una serie de entrevistas la dimensión de esos “pasivos ambientales” dejados por Repsol. Los informes hablaban de la pesada “herencia” de Repsol, especialmente en la cuenca neuquina, donde los pasivos ambientales alcanzarían unos US$ 5000 millones, además de cientos de denuncias por daños al medio ambiente. Uno de los artículos referidos al tema decía que la compañía
también registra una causa penal contra el titular de la firma española, Antonio Brufau, y el ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por contaminación en la zona de Loma La Lata, el principal yacimiento de
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gas del país. Los interventores de la empresa, ahora bajo control del Estado, ya tomaron nota de todos los incidentes y buscan obtener una cifra que determine el pasivo ambiental que carga YPF sobre sus espaldas. Se trata de un dato clave –afirmaba el periodista– a la hora de discutir el precio que se deberá pagar por la expropiación del 51 por ciento de las acciones (Aguirre, 2012).
Con renovado tono federal, el senador del Frente para la Victoria (FpV) por la provincia del Neuquén, Marcelo Fuentes, de modo sugestivo aclaraba que, independientemente de su valoración, esos pasivos ambientales pertenecían a las provincias y a las comunidades (Premici, 2012).
Ahora bien, no es que el gobierno nacional, los gobernadores o el periodismo oficialista se hubiesen vuelto ambientalistas de repente. Ya hemos dicho que la cuestión ambiental ha sido un punto ciego del progresismo, cuando no objeto pasajero –como en este caso– de especulaciones de carácter oportunista e hipócrita. Ciertamente, por primera vez se reconocía la existencia misma de pasivos ambientales y estos eran incluidos en la retórica gubernamental para sacar provecho en la batalla mantenida con Repsol. Sin embargo, desde los años noventa, la mayor parte de las denuncias realizadas por comunidades afectadas, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas, fueron olímpicamente ignoradas por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, lo cual incluye de pleno a la administración kirchnerista.
Por su parte, las organizaciones de pueblos originarios, aunque apoyaron la expropiación parcial de Repsol, no por ello dejaron pasar la oportunidad para denunciar el tamaño de la hipocresía gubernamental. En esa línea, la Comunidad Mapuche Kaxipayin, de Loma de la Lata, dio a conocer un duro comunicado:
Hoy la hipocresía de los gobernantes de turno utiliza nuestras denuncias de contaminación y pasivos ambientales para sacar ventaja de Repsol y pareciera que esta fuera la única culpable. Pero pregunto, mientras Repsol YPF contaminaba a gran escala, como siempre las comunidades denunciamos, el estado nacional, provincial con la legislación, leyes y autoridad de aplicación que garantizarían el buen funcionar, sano, de la actividad extractiva, ¿DÓNDE ESTABA? Hoy se llenan la boca hablando de daños, contaminación y pasivos ambientales. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es lo nuevo? Si siempre lo supimos y ellos estuvieron ausentes. ¿Y para quiénes serían las sanciones? Quedará seguramente en la duda de todos y en los bolsillos de pocos. Pero la verdad que dan pena, porque hace quince días atrás el estado defendía que la contaminación
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no existía en Loma La Lata. Hoy es una de las prioridades para descontar la expropiación. O sea, un día están de un lado, un día de otro, y simplemente son un montón de delincuentes que pelean por una cartera muy grande, y la puja es para ver quién se queda con la mayor cantidad de acciones, mientras nosotros sufrimos las consecuencias de sus avaricias (Observatorio Petrolero Sur, 2012b).
En noviembre de 2012, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el subinterventor de YPF, Axel Kicillof, presentaron el Informe Mosconi en la Biblioteca Nacional,18 que recopilaba los resultados de la investigación oficial llevada a cabo desde el 16 de abril hasta el 1 de junio de 2012 por el equipo interventor de YPF, a cargo de Julio De Vido y el propio Kicillof. El propósito del informe, según se señala en su página 3, “[…] es aportar evidencia sobre la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en el año 1999”.
Así fue que el propio Estado reconoció, con certeza y claridad, la existencia de serios daños ambientales acumulados, originados a partir del abandono de la infraestructura o de superficies de terreno afectados por la operación petrolera. En el momento de la exposición por parte del subinterventor, la conclusión fue que la empresa Repsol “depredó nuestros recursos naturales”. Lo cierto es que, en términos legales, el Informe Mosconi constituye prueba en sede administrativa según los términos del artículo 33 de la Ley General del Ambiente, que establece que “los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación”. Quien reconoce el daño ambiental sintetiza la condición de autoridad nacional, al ser el arquitecto Julio De Vido autoridad máxima del ministerio dentro de cuya órbita de competencia se encuentra la Secretaría de Energía, autoridad nacional de aplicación de la Ley 17 319. Esto significa que la misma parte que ha causado el daño es la que lo reconoce y prueba.
Por otro lado, el Informe Mosconi utiliza el término “situación ambiental” en vez de “pasivos ambientales”, lo que supone la existencia de daños ambientales y consecuencias jurídicas. Por supuesto que estos conceptos no quieren decir lo mismo: la “situación ambiental” es el daño que ha causado Repsol-YPF SA al ambiente en concreto, el hecho objetivo de
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haber producido un serio menoscabo a la naturaleza y al ambiente. Esta circunstancia para la empresa no había sido incorporada, hasta el 16 de abril de 2012, como un “pasivo ambiental”, lo que tiene consecuencias contables concretas, a los efectos del balance. La decisión de transformar el daño ambiental real y concreto causado (denominado “situación ambiental”) en “pasivo ambiental” (en su sentido contable y, como tal, en una deuda con la cual hay que cumplir) quedaba solo bajo el arbitrio incondicionado de la empresa, ya que las autoridades estatales nunca hicieron nada al respecto.
Así, Repsol contó con la complicidad de las autoridades competentes de la actividad, tanto nacional como provinciales, de manera tal que comprometió en sus balances de 2011 y provisiones para reclamos y pasivos ambientales a marzo de 2012 una cifra arbitraria, que no se condecía con los daños efectivamente causados: así aparece en la página 48 in fine y 49 primer párrafo, con el débil argumento de que:
Tal como se menciona previamente, cambios legislativos, en los costos individuales y/o tecnológicos podrían causar una reevaluación de esas estimaciones. La sociedad no puede predecir cuál será la legislación o reglamentación que se promulgará en el futuro o de qué manera se administrarán las reglamentaciones futuras y por ello podrían, al igual que los estudios en curso, afectar significativamente los resultados de las operaciones en el largo plazo (Informe Mosconi, 2012).
Este es un argumento falaz y malicioso, ya que la obligación de recomponer el daño ambiental está perfectamente normada y reglamentada, tanto en el estatus constitucional (artículo 41) como en el legislativo (Ley 25 675 General del Ambiente, Ley 24 051 de Residuos Peligrosos, Resolución 105/92 y 05/96 de la Secretaría de Energía, claramente vigentes y aplicables al caso sin necesidad de esperar reglamentación alguna). Las previsiones para remediar el daño ambiental en la Argentina están alejadas de las que las autoridades nacionales y provinciales terminan reconociendo públicamente en abril y mayo de 2012, que son las reales y concretas.19
19 En el balance presentado el 31 de julio de 2012 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), se menciona que hay que esperar los resultados de estudios que brinden información acerca del tiempo durante el cual se realizaron los daños ambientales para trasladar la responsabilidad al Estado nacional, en virtud de la Ley 24 145; mientras tanto, la situación debe permanecer en estado de latencia, sin que se puedan llevar a cabo trabajos de recomposición del
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La total ausencia de previsiones contables en materia de pasivos ambientales en nuestro país es opuesta al accionar en Estados Unidos de Norteamérica, donde sí hace una previsión en vistas a una aplicación más rigurosa de las leyes por parte de las autoridades regulatorias en referencia a posibles deudas para recomponer daños ambientales de YPF Holding Inc en el país norteamericano. Así, con una increíble doble vara YPF tenía previsiones contables para responder ante pasivos ambientales en los Estados Unidos y ninguno para hacerlo en nuestro país.
Incluso, además, este reconocimiento del daño ambiental que supone el Informe Mosconi debió ser acompañado del inmediato inicio de acciones penales ambientales por la violación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Nacional 24 051 (Residuos Peligrosos) que establecen delitos ambientales de orden público, lo que determina que incluso debieron haber sido iniciadas de oficio. También debe investigarse penalmente el accionar u omisiones de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales, que debieron controlar ambientalmente el accionar de la empresa petrolera. Así, nuevamente nos topamos con el descaro del gobierno, ya que los funcionarios públicos nacionales y provinciales y los estados también deberían ser condenados –civil y penalmente– por no controlar la contaminación ambiental, ahora admitida en un documento oficial. En resumen, el concepto de “pasivo ambiental” tuvo una entrada fulgurante, pero al mismo tiempo fugaz… Evidentemente, el oficialismo encontró que no era conveniente seguir insistiendo en el tema debido a la existencia –real y potencial– de tantos reclamos de carácter socioambiental, a lo que se sumó que este pronto dejó de ser funcional a sus intereses en la puja con Repsol. Los tiempos fueron moderando el tono de los reproches para con Repsol, ante la urgencia de negociar con otros operadores petroleros (entre ellos, Chevron) para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. La cuestión es que el tema

daño ambiental total, causado en franca violación de nuestra Carta Magna. Con esta información, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de recomposición del ambiente contra Repsol, YPF, el Estado nacional y los estados provinciales, en base a la obligación contenida en la Constitución Nacional que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer” (artículo 41). En la demanda se señala que “en el caso del daño ambiental en las provincias hidrocarburíferas no hay previsión en sus estados contables para el futuro que indique que la demandada YPF S.A. va a realizar la recomposición total del grave daño ambiental que ha causado, según el balance publicado por la Comisión Nacional de Valores”.
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simplemente desapareció del lenguaje gubernamental, y cuando un año y medio después (entre fines de noviembre de 2013 y febrero de 2014) llegó la hora de realizar un preacuerdo con Repsol sobre la indemnización, del tema no volvió a hablarse… El convenio, suscripto el 27 de febrero de 2014 en el Ministerio de Economía por su titular, Axel Kicillof, y los representantes de Repsol, establece que la firma española “se aviene a aceptar por todo concepto la suma de US$ 5000 millones pagaderos en ‘bonos soberanos’, como compensación por la expropiación” del paquete de control de YPF. Dicha conformidad de Repsol contempla la aceptación del pago de la compensación mediante la entrega de títulos de deuda pública en dólares.
En caso de que la valorización de mercado de los títulos públicos detallados sea, al cuarto día previo a la fecha de pago, inferior al “valor de referencia” (valor garantizado de US$ 4670 millones), la República Argentina deberá entregar títulos públicos adicionales para cubrir la diferencia hasta ese “valor de referencia”, con un tope de US$ 10.000 millones. Finalmente, en abril de 2014, el Congreso Nacional ratificó por ley el Convenio entre la multinacional española y las autoridades argentinas.
Una vez más triunfó la impunidad ambiental20 y el cinismo político. No solo los enormes pasivos ambientales realizados por Repsol no se tuvieron en cuenta para determinar el verdadero “precio” de YPF, sino que este acuerdo entre corporaciones utiliza como moneda de cambio una nueva zona sacrificable para implementar el fracking. Así, se terminan socializando los pasivos ambientales y somos los ciudadanos argentinos los que terminamos pagando entre todos, con nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestros territorios.
20 Otro caso representativo de impunidad ambiental en materia hidrocarburífera ocurrió (ocurre) en la localidad bonaerense de Magdalena. En 1999 el buque Sea Paraná de bandera alemana colisionó con el Estrella Pampeana, de la empresa Shell, y 5 300 000 m3 de petróleo crudo se derramaron sobre el Río de la Plata, contaminado 16 km de playa, humedales y napas freáticas. En 2009, la multinacional Shell accedió al pago de US$ 9,5 millones, firmando una polémica acta-acuerdo con la Municipalidad de Magdalena con la que pretendía desligarse del daño ambiental provocado por esa irrisoria suma. Con el fin de otorgar una cobertura institucional al convenio, las autoridades promovieron un plebiscito, para el que estaban habilitados a votar 12 000 vecinos; pero solo lo hicieron menos de 3000. Este “acuerdo” fue cuestionado judicialmente por un vecino, Leonardo Fediuk (patrocinado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas). Fue el peor desastre de su tipo ocurrido en aguas fluviales, cuyas consecuencias ambientales –a más de quince años de sucedido– aún persisten impunemente en el ecosistema sin que jamás nadie haya respondido por ello.
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Viñeta 1: Santa Cruz, emblema de la impunidad ambiental
Un caso emblemático de impunidad ambiental es el que se da en las localidades de Las Heras, Koluel Kaike y Pico Truncado (en el norte de la provincia de Santa Cruz), en las que sus habitantes sufren un “entorno de pronunciado déficit hídrico, tanto en calidad como en cantidad”. Esto surge del propio informe del “Estudio de Factibilidad” realizado por la consultora Euroestudio para la realización del Dique Los Monos.
El agua de esta zona de Santa Cruz se encuentra altamente contaminada sobre todo por las actividades hidrocarburíferas –aunque también mineras– que se desarrollaron y se están desarrollando al noroeste de la provincia, que contaminan la cuenca del río Deseado. Desde mediados de los años noventa, la salud y el ambiente de la población de Koluel Kaike comenzaron, de manera inexplicable, a verse alterados. Sin cambio de hábitos o de ocupación, los habitantes comenzaron a mostrar signos y describir síntomas que reflejaban un patrón común.
A raíz de esta situación, en 1999 la Empresa Provincial de Servicios Públicos Sociedad del Estado sugirió la necesidad de instalar en las localidades de Jamarillo, Fitz Roy y Koluel Kaike, plantas de “ósmosis inversa” que aliviaran el agua potable de su elevado contenido de arsénico y fluoruros. Luego de una presión mediática y a través de una interesada donación de la empresa Pan American Energy (que había provocado el daño), la instalación se concretó, pero no fue conectada a la red de agua domiciliaria, lo que hizo que los pobladores se vieran obligados a concurrir con baldes hasta la salida de agua de la planta. Esta situación es sumamente compleja, en la medida en que para algunos pobladores representa caminar entre uno y dos kilómetros bajo la nieve, con temperaturas de hasta 20º bajo cero durante la estación invernal.
Si bien la afectación era anterior, recién en julio de 2000 y en el marco de la causa “Zona Koluel Kaike s/ Psta. Infracción Ley 24 051”, la Fiscalía Federal llamó a un grupo de cinco pobladores para someterlos a distintos exámenes en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Cuerpo Médico Forense. Los resultados arrojaron valores inusualmente altos de fenoles y metales pesados, tales como cromo y plomo, entre otros. Debemos remarcar que el juez de la causa era el doctor Ricardo Napolitana, quien posteriormente fue “premiado” con un cargo en la Corte Suprema de la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, en noviembre de 2000 también se tomó muestra de orina de once pobladores, elegidos al azar, para que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires detectara valores inusua-
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les de excreción de fenoles (derivado del benceno). Los expertos determinaron que “la presencia de fenoles totales por encima de los valores de referencia, nos llevaron a investigar la presencia de ácido hipúrico, un metabolito del tolueno, para esclarecer la posible exposición a este” y “los valores hallados que exceden los de referencia sugieren que se debe profundizar la búsqueda del origen de tales incrementos, mediante una minuciosa evaluación del medio ambiente, laboral, hogareño, las costumbres alimentarias de la población estudiada, etcétera”.
En el año 2001 el Ministerio de Salud de la Nación, consciente de la problemática, realizó un análisis de situación de morbimortalidad en Koluel Kaike, en relación a la contaminación de agua por hidrocarburos. En septiembre de 2004, la jefa del Laboratorio de la Gerencia Provincial de Saneamiento de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de la provincia de Santa Cruz, Silvia Bustos, reconoció en relación al agua de la provincia que en “Fitz Roy, Jaramillo y Koluel Kaike son localidades donde algunos de los parámetros están por arriba del Código Alimentario, entonces tenemos tres plantas de ósmosis inversa, para bajar las concentraciones y que el fluido sirva para el consumo”.
Resulta más que evidente que la contaminación en la localidad de Koluel Kaike es producto de la actividad hidrocarburífera y que al encontrarnos ante la existencia de un delito de orden público, la persecución penal debió realizarse de oficio. Asimismo, independientemente de las sanciones penales que pudiesen corresponder, el que produjo el deterioro ambiental tenía (y tiene) el deber de volver las cosas al estado anterior a su exclusivo cargo. Era (y es) deber de las autoridades provinciales hacer cumplir esta obligación constitucional (artículo 41). Pero ninguna de ambas cosas sucedió, y la principal beneficiaria fue la concesionaria de la explotación de la zona, la empresa Pan American Energy, cuya impunidad gozó (y goza) de la más amplia complacencia oficial.

Pasivos mineros e injusticia ambiental
Nunca vino nadie. Nunca nos dijo nadie que estábamos viviendo completamente envenenados por el plomo. Miembro de la comunidad de Abra Pampa (Jujuy), en el informe “Abra Pampa: pueblo contaminado, pueblo olvidado. La lucha por los derechos a la salud y a un ambiente sano en Argentina” (Human Rights Clinic,
Universidad de Texas)
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En todos los lugares donde ha existido minería, hay pasivos ambientales.
Los pasivos mineros son aquellos residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de una actividad minera determinada. Si bien son una herencia que se arrastra por siglos, es recién a fines de la década de los 80 que se nota un esfuerzo por conceptualizar, caracterizar, catastrar, y a partir de ello, elaborar leyes o proyectos de ley y desarrollar procesos de remediación o de mitigación de daños en los lugares más afectados (Infante, 2011).
Este lado oscuro, no visibilizado de la minería, que los economistas conceptualizan bajo el nombre de “externalidades negativas”, es inherente a la actividad. Sin embargo, los impactos de la minería –como los de la actividad petrolera y el agronegocios– están ligados, entre otros factores, a la escala de la explotación. Pero, aunque la Argentina no esté enmarcada en una tradición de minería a gran escala, como sucede con sus vecinos Chile, Bolivia y Perú (Yupari, Cepal, s/d), la actividad minera ha dejado ya fuertes marcas contaminantes.
Aun antes de que se expandiera la megaminería a cielo abierto, la minería metalífera convencional –subterránea o de socavón– y la minería de uranio ya habían producido en nuestro país importantes pasivos ambientales: contaminación de las fuentes de agua; peligrosidad de los insumos y efluentes; una profunda afectación a la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local; pérdida de biodiversidad y degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas; impactos sociosanitarios en las poblaciones –tanto desde el punto de vista genético como de la aparición de diversas patologías–; y dificultad de la reproducción de la vida en general. Si a esto le agregamos la ausencia de una política de remediación ambiental (como sucede, por ejemplo, con la minería de uranio), el cuadro es bien preocupante.
Además, lo que sucede con la minería es que varios de los efectos contaminantes que produce son de largo plazo (por ejemplo, el proceso de drenaje ácido), lo que hace que parte de los impactos ambientales se tornen evidentes cuando la mina ya ha sido abandonada y las empresas ya se han trasladado hacia otros territorios; en consecuencia, son los Estados, pero sobre todo las poblaciones, quienes deben hacerse cargo de los daños sociosanitarios y ambientales.
En nuestro país, el caso testigo de mayor contaminación producido por la actividad minera es el de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. Como afirma la periodista especializada Laura Rocha (2010),
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Hablar de Abra Pampa, en Jujuy, es hablar de desidia, inmoralidad, irresponsabilidad e injusticia, entre otras cosas. Aunque podría ser como hablar de uno de los tantos pueblos en donde una empresa cerró sus puertas y se fue; allí fue diferente. Metal Huasi, una industria fundidora de plomo, no solo abandonó la producción; dejó, hace más de 20 años, pilas de residuos contaminantes y un pasivo ambiental fenomenal que enfermó a los habitantes del pueblo.
Abra Pampa es una localidad de 13 000 habitantes, donde funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi que, tras cerrar en la década de 1980, dejó en pleno casco urbano 15 000 toneladas de residuos. Un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar (Aranda, 2010). En 2007, un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) reveló que el 81% de los niños de la localidad tenían altos niveles de plomo en sangre, como consecuencia de la actividad metalífera y los pasivos ambientales presentes en el lugar desde hace décadas. Ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una partida de US$ 50 millones en el marco del Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo (Préstamo AR-L1026), destinado, entre otros objetivos, a las “remediaciones ambientales” en la Argentina. Abra Pampa debió recibir US$ 7,85 millones para que se llevaran adelante las siguientes acciones: la remoción del material abandonado, el tratamiento de los pobladores afectados (casi toda la población) y la implementación de medidas que permitieran evitar futuras contaminaciones.21 En ese contexto, la provincia hizo un convenio con la mina El Aguilar para trabajar en la remoción de materiales (desechos tóxicos), lo que solo se hizo de manera muy parcial. Sin embargo, esto fue suficiente para que veedores del gobierno y del BID consideraran que la remediación se estaba llevando a cabo.
En 2009, se dio a conocer un informe de la Universidad de Texas, cuyo título es “Abra Pampa: pueblo contaminado, pueblo olvidado. La lucha por los derechos a la salud y a un ambiente sano en Argentina”, dirigido por el argentino Ariel Dulitzky, que amplía aquel otro de la UNJU y enfatiza la responsabilidad del Estado:
La investigación y los hallazgos de la Clínica han revelado una total indiferencia por parte del Estado Argentino por la salud de los residen-
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tes de Abra Pampa, cuya mayoría se ha visto afectada por la presencia de plomo y metales pesados desde que abrió Metal Huasi y estuvo funcionando. Los residentes continúan soportando el legado de la contaminación por plomo aún después del cierre de Metal Huasi, cuando el desecho de la fundición se dejó próximo – y hasta por debajo– de casas y negocios en el pueblo. Actualmente, no existe un plan completo y consistente para tratar a los afectados por la contaminación por plomo, a pesar del hecho de que varios estudios han demostrado peligrosos y altos niveles de plomo en la sangre entre los residentes de Abra Pampa (Human Rights Clinic, 2009).
El informe concluye:
Desafortunadamente, esta situación no es exclusiva de Abra Pampa, y se repite de manera similar en comunidades cercanas a las actividades de minería y fundición en Argentina y alrededor del mundo. Abra Pampa ejemplifica un patrón de violaciones de derechos humanos que surgen de la extracción y la actividad industrial alrededor de Jujuy y de Argentina, en particular en lo que se relaciona con los problemas de salud y ambientales que surgen cuando las instituciones del Estado no proporcionan un sistema de responsabilidad significativo ni cumplen con los estándares nacionales e internacionales para la protección y la participación de personas que viven cerca de los sitios de operación (ibid.).
Hacia 2009, los habitantes de Abra Pampa se movilizaron exigiendo una respuesta estatal. En este marco, durante 2010, impulsadas por el Consejo Departamental de Comunidades Kollas, que nuclea a cuarenta comunidades indígenas, fueron varias las comunidades que se movilizaron para oponerse al avance de la megaminería a cielo abierto, tal como sucede en otras provincias. A su vez, varios municipios sancionaron ordenanzas prohibiendo este tipo de minería, entre ellos Tilcara, Cangrejillos y Huacalera, a los cuales se sumó Abra Pampa en 2011. Aun considerando la pesada herencia de la localidad, el proceso fue accidentado, pues el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto en noviembre de 2010, pero esta fue vetada por el intendente. En enero de 2011, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, finalmente el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza.
Sin embargo, este clima crítico al desarrollo de la megaminería a cielo abierto que se había generado en la provincia del Jujuy, cambió de modo ostensible cuando se desató la euforia “eldoradista” en relación con la ex-
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plotación del litio. En ese marco, el 2 de marzo de 2011, Walter Barrionuevo, gobernador de Jujuy, declaró al litio como recurso estratégico natural de la provincia. Jujuy posee en su territorio grandes salinas que, junto con la provincia de Salta, hacen que la Argentina forme parte del llamado triángulo del litio, con Bolivia y Chile.
En julio de 2013, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) ingresó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para que se otorgue un resarcimiento económico a la población de Abra Pampa, contaminada con plomo en la sangre. El diputado Jorge Rizzotti, autor del proyecto, afirmó que el objetivo de la ley era hacer justicia con el pueblo abrapampeño, “con un instrumento que imponga cierta reparación a las víctimas que han sufrido por la falta de control y remediación, que era una obligación del estado provincial llevar adelante”.22
Metal Huasi no es el único caso de contaminación e injusticia ambiental. En medio de un discurso oficial y empresarial que enfatiza el desarrollo minero y energético, hubo también movilizaciones para exigir la remediación de la mina Pan de Azúcar, ubicada en la Puna jujeña, a 40 km de la ciudad de Abra Pampa, departamento Rinconada, a una altura de 3850 m sobre el nivel del mar. La mina Pan de Azúcar fue importante por su producción de concentrados de plomo, plata y zinc con altos contenidos de antimonio. Tras haber sido abandonada –hace aproximadamente veinticinco años– y como consecuencia del deterioro de los diques de cola, las sustancias remanentes han sido arrastradas por efecto de las lluvias, con la consiguiente afectación de la fauna y la flora del lugar y el peligro para la salud de la población, en particular de aquellos que se aprovisionan de las aguas. Los vecinos vienen denunciando que las roturas de diques de cola, así como los derrames de escombros, sulfuros y drenajes ácidos afectan a su territorio y a su producción. 23
En fin, aunque Jujuy sea considerada la “capital nacional de la minería”, en rigor, debería llamarse la “capital nacional de los pasivos mineros”.
Minería de uranio y ausencia de remediación
La ausencia de remediación y la doble responsabilidad del Estado aparecen muy claramente con la minería de uranio. El uranio se convirtió en el
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combustible básico para los reactores nucleares y la materia prima esencial para las armas nucleares. La minería y concentración del uranio son los primeros eslabones de la industria nuclear. Entre los usos civiles, se destaca su utilización como combustible para generar electricidad en centrales nucleares. En la actualidad, hay en el mundo 435 reactores nucleares de potencia que demandan anualmente unas de 68 000 toneladas de uranio (tU) para la fabricación del combustible nuclear. Como sucede con otros commodities, lo que establece la rentabilidad de la minería de uranio es la relación entre los costos de extracción y producción, y los precios del mercado internacional. Esto hace que el aumento del precio internacional haga viable la extracción a partir de técnicas más costosas y peligrosas, generando así un avance de la minería hacia nuevas fronteras de explotación. Antes de finalizar 2010, los precios habían comenzado a trepar y esa tendencia se interrumpió abruptamente como consecuencia del desastre nuclear de Fukushima (marzo de 2011) (Greenpeace, 2012).
Los métodos de extracción son diversos, pero más de la mitad del uranio extraído en el mundo se recupera a través de la minería a cielo abierto y de minería subterránea. Sin embargo, en las últimas dos décadas creció exponencialmente el empleo de la tecnología de lixiviación in situ (ISL), que utiliza ácidos y soluciones alcalinas para extraer el uranio directamente desde el depósito donde se encuentra naturalmente. Para extraer uranio en minas a cielo abierto, se dinamita una vasta extensión de sierras reduciéndolas a rocas. Estas son molidas y sometidas a un tratamiento con ácido sulfúrico, haciendo posible la extracción de menos de un kg de uranio generando una tonelada de residuos (roca molida). Estos desperdicios se van acumulando en parvas de consistencia arenosa (colas de uranio) que permanecen peligrosas por más de 80 000 años por contener 85% de la radioactividad del uranio bruto, en forma de radio y torio, ambos potentes provocadores de cáncer. Estas parvas emiten gas radón, gas tóxico que es arrastrado por el viento y precipita al agua. Hay también una considerable cantidad de elementos tóxicos pesados. Al pulverizarse todos estos elementos se hace más fácil su movilidad, esparciéndose con el viento o contaminando las napas subterráneas, cuando el agua de lluvia se filtra a través de las colas de uranio (Rodríguez Pardo, 2011). A pesar de que estos elementos son naturales, al ser liberados en el ambiente en proporciones y frecuencias considerablemente diferentes a como ocurriría de modo natural, producen mayores posibilidades de contaminación por medio del aire, los alimentos o el agua, incrementando así los riesgo para la salud.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó la producción de uranio en la Argentina a escala piloto en 1952, y a escala indus-
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trial lo hizo entre 1964 y 1997, cuando se dejó de extraer mineral del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), conocido como Sierra Pintada, debido a los bajos precios y a la sobreoferta de uranio en el mercado internacional. Como sostiene el biólogo Raúl Montenegro, la responsabilidad del Estado en este tema es mayor, pues la CNEA fue juez y parte, esto es, encargada de la explotación y del control de las minas. Sin embargo, “ninguna de las 8 minas de uranio que operaron –excepto Malargüe, en la provincia de Mendoza– tiene iniciados procesos de remediación. Todas ellas siguen contaminando el aire, el agua, el suelo y los seres vivos” (Montenegro, 2012). Estos minas son: Malargüe (Mendoza), San Rafael-Sierra Pintada (Mendoza), Huemul (Mendoza), Córdoba (Córdoba), Los Gigantes (Córdoba), Pichiñán (Chubut), Tonco o Don Otto (Salta), La Estela (San Luis), Los Colorados (La Rioja).
En el marco del Consenso de los Commodities, el gobierno kirchnerista relanzó el Plan Nuclear Argentino, cuyo primer paso significativo es la conexión de la Central Nuclear Atucha II. En razón de ello, se ha buscado revitalizar los proyectos de explotación de la minería de uranio en la Argentina. En ese contexto, la CNEA trató de reabrir la mina de Sierra Pintada, en Mendoza, pero se encontró con la resistencia de las poblaciones. Ciertamente, ante las denuncias crecientes de contaminación y la falta de remediación, en los últimos diez años, se gestó la Multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi cuarenta organizaciones), entidad que se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impide la actividad en Sierra Pintada. La Multisectorial afirmaba que la CNEA “no sabe cómo resolver el problema de los residuos ambientales radiactivos altamente contaminantes y peligrosos para la vida vegetal, animal y humana” (Multisectorial del Sur s/f: 7).
La presentación tuvo muchas marchas y contramarchas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales; no obstante, aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento.24 Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces. La CNEA interpuso un recurso de queja que resultó finalmente desestimado por la Corte Suprema. Por otro lado, la provincia de Mendoza tiene una
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ley (la 7722) que prohíbe la minería con determinadas sustancias químicas, dentro de la cual estaría contemplada la minería de uranio, que utiliza en sus procesos acido sulfúrico.
En 2012, la CNEA confirmó –a través de un informe dirigido al Concejo Deliberante de San Rafael– que en marzo de ese año hubo una rotura en la membrana de polietileno que recubre el fondo de una de las piletas que contiene líquidos usados en el complejo minero uranífero Sierra Pintada, cuya reactivación –como ya hemos consignado– está detenida por la Justicia y la provincia, supeditada a que primero se realice la remediación de los pasivos ambientales del lugar. La mina estaría ahora en proceso de remediación, al tiempo que los planes nucleares de la Argentina, pese a la experiencia internacional reciente (Chernobyl primero, Fukuyima después), siguen todavía vigentes.

Viñeta 2: Mina Don Otto, Salta
Javier Rodríguez Pardo
(Extracto del texto “Documental: El valle nuclear, la megaminería del uranio en los
Valles Calchaquíes, Argentina”, publicado en Boletín Renace, No. 707, 2013)
Al recorrer los Valles Calchaquíes reconocemos que esos inmensos cuencos naturales, encerrados por quebradas imponentes, se comportan como un sándwich sometido a contaminación disímil. Por un lado, más de cuarenta emprendimientos mineros a punto de finalizar la prospección y dos centenares de permisos de cateos con igual fin; por el otro, la mina de uranio Don Otto y media docena de yacimientos de uranio dispersos como el de Los Berthos y Martín Güemes: el emparedado perfecto. Se trata de valles enjaulados iguales a los del Huasco en Chile y poblaciones mineras destruidas, tipo Andacollo. De un lado y del otro de la cordillera es igual. Pero aquí, además de los drenajes ácidos de mina debe sumársele la contaminación radiactiva presente en la extracción del uranio y minas como estas, descuidadas, sin remediar.
Para llegar a Don Otto atravesamos alturas que superan los 3500 metros. Desde esas cimas, el paisaje surge infinito, pero con la ilusión de alcanzarlo. Planicie verde, mucha pastura natural, un valle imponente con sierras continuas, escalonadas hasta la cordillera que se levanta a lo lejos. La vegetación es una especie de gramilla que cubre la vastedad del valle. Hay ojos de agua secos que esperan las próximas lluvias. Es la
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planicie de Cachipampa, se ve distante el Nevado de Cachi, la cumbre de Palermo y, más atrás, el cerro Tin Tin que oculta al pueblo de Cachi. Dejamos el Parque Nacional Los Cardones y entramos en terrenos de la mina, gracias a una legislación que por conveniencia fijó límites tramposos. Atrás quedaron los yacimientos de uranio Los Berthos dentro del propio parque nacional y nos llama la atención que para llegar a Don Otto debemos transitar por la única senda posible: el propio cauce del río Toncos, paralelo a la quebrada del mismo nombre, que corre subterráneo y emerge más adelante.
En los alrededores de la mina subterránea se hallan miles de toneladas de hierro dispersas, vías sueltas, vagonetas oxidadas, cables, alambres, latas y tambores seguramente de aceites y combustibles, cientos de maderas y tablones de alguna construcción que sucumbió con el tiempo. Todo diseminado entre escombreras de una explotación desolada desde hace tres décadas y plataformas de hormigón que supieron sostener fuerza motriz en otros tiempos. Desde ese punto se puede divisar buena cantidad de colas de uranio derrumbadas, a merced del viento y de las lluvias, y no imaginamos a donde fueron a parar. El viento era fuerte y, cuando arreciaba, tapamos ojos y boca con un ocasional pañuelo, porque de las colas de uranio salían nubes de polvo radiactivo.
En el centro de la planta, abunda más basura suelta irradiada, tanques herrumbrados que fueron depósitos de ácido sulfúrico para lixiviar las rocas uraníferas, una fila de piletas tipo australianas, desvencijadas, no podían ocultar gomas sueltas, cables, latas y parte de colas de uranio desprendidas del montículo original sujeto por una suerte de alambre de gallinero oxidado, incapaz de contenerlas. Mientras tanto, el viento volvía con fuerza y eso nos permitió filmar el polvo que volaba de las pilas de cola y de las escombreras y a dos obreros que, protegidos por sus respectivos barbijos, trabajaban pegados a una de las colas de uranio, quemaban determinados residuos porque –como hemos dicho– intentan reabrir la producción de uranio de Don Otto. Parece increíble que esto esté sucediendo mientras escribo estas líneas.
¿Por qué? Creo necesario recordar que hace unos años la CNEA, ante insistentes denuncias ciudadanas, creó un Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), merced a un préstamo del Banco Mundial de veinticinco millones de dólares que se suma a otro del estado nacional de casi tres millones y medio de dólares. Alguna vez preguntamos –sin respuesta– dónde fue a parar ese dinero fijado para la remediación minera. Lo cierto es que en el propio informe del PRAMU la CNEA dice que “la minería y el procesamiento de los mine-
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rales de uranio producen grandes cantidades de residuos que deben ser gestionados en forma segura”, pero durante casi treinta años se olvidaron de hacerlo.
“Estos residuos –continúan los especialistas nucleares argentinos– constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, tanto para las personas que trabajan en la industria como para los individuos del público que pueden resultar expuestos, si los mismos se dispersan en el ambiente.” Nosotros con nuestras cámaras damos fe de ello y –continúa el informe– “dados los largos períodos de vida de los radionucleidos que contienen los residuos, y las características físicas y químicas de los mismos, deberán estudiarse las repercusiones a largo plazo de los procesos ambientales,” como ser “algunos productos radiactivos en las colas pueden producir radiación gamma y la dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución puede trasladar partículas radiactivas y otros compuestos tóxicos a capas de agua superficiales o subterráneas que constituyen fuentes de aguas potables, a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos”.
Es decir, la CNEA dice lo que siempre sostuvimos nosotros, concluyendo en el mismo informe que “de no tomarse medidas los lugares podrían verse afectados y aumentar el índice de probabilidad de contraer cáncer e intranquilidad social…” No oculta que “el agua de mina puede contener contaminantes radiológicos y convencionales”, pero sobre todo, el informe de la CNEA en el PRAMU es terminante al admitir que “el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas. Las colas contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio 238: torio 230 y radio 226, el que a su vez decae produciendo el radón 222. El torio 230 es una fuente de producción de radiactividad a largo plazo” (Evaluación Ambiental, p. 17 / 28-12-2005-Revisión). Dicho informe advierte que “las colas contienen además metales pesados que están presentes en el mineral, por ejemplo plomo, vanadio, cobre, zinc, cromo y otros compuestos adicionados durante el proceso como amonio, nitrato, solventes, etc. Así –dice–, si no se toman previsiones las colas pueden ser una fuente de contaminación ambiental a largo plazo”.
Estas generalidades de la CNEA las intenta aplicar luego al sitio Tonco, esto es, a la mina Don Otto, que dejaron abandonada hace casi 30 años como he descrito anteriormente, con las colas y escombreras a la intemperie del viento y del agua y con 18 325 metros de galerías subterráneas, parte de ellas inundadas. Hasta su cierre se extrajeron 479 000 toneladas de mineral, con 401 toneladas de uranio y una ley media de
0,084% de uranio. También en la mina Los Berthos se perforaron 6925
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metros de galería, cortavetas y chimeneas. Le siguió la mina Martín Miguel de Güemes con 1605 metros subterráneos y la Emmy, que no produjo en sus 310 metros de labores mineras. “La planta –dice el informe– operó durante toda su vida útil sin un sistema de retención de desechos líquidos y sin neutralización” (Evaluación Ambiental, p. 91/ 17-102003 y 28-12-2005).

Comodoro Rivadavia, un modelo de maldesarrollo
¿Qué tipo de configuraciones urbanas, sociales, laborales, culturales, se van gestando al compás de la expansión de las actividades extractivas a gran escala, como el petróleo y la minería? Tal como lo muestra la historia argentina y latinoamericana, la avanzada extractiva produce una fuerte estructura de desigualdades así como la dislocación del tejido económico y social previo. Esto incluye, además de la dimensión ambiental, otras vinculadas al estilo y calidad de vida, a las relaciones laborales y de género, ya que allí donde irrumpen las actividades extractivas a gran escala, se intensifican y exacerban diferentes problemáticas sociales. Así, el “derrame” económico beneficia a unos pocos, los alquileres y el costo de la vida se disparan al ritmo de los sueldos de los trabajadores petroleros o mineros, las localidades se convierten en pueblos-campamentos o en ciudadescommodity (M. García, 2011), se exacerban los problemas ligados a la prostitución, a la trata, a la inseguridad, a la adicción…
En la Patagonia argentina y en el norte del país se encuentran numerosas localidades con estas características. Pero la ciudad que ilustra de modo más emblemático y doloroso este proceso es, sin duda, Comodoro Rivadavia, la cuna del petróleo argentino. A continuación exponemos algunos datos y reflexiones sobre el caso concreto de esta ciudad.
• Comodoro Rivadavia es la principal localidad de la provincia de Chubut y la cabecera del departamento Escalante, emplazada en el golfo San Jorge. A diferencia de otras ciudades patagónicas, posee una densidad poblacional importante: según el Censo Nacional de 2010 Comodoro Rivadavia contaba con 173 300 habitantes. Fue recién en los años setenta que la ciudad –cuyos ejidos urbanos se hallan entre los más extensos del país– fue absorbiendo barrios aledaños y campamentos de la zona norte, en un proceso de “municipalización tardía” (Cabral Márquez, 2008). Al igual que otros pueblos, campamentos y posteriormente ciudades-commodity, Comodoro
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Rivadavia nació bajo el signo del imaginario del desarraigo, típico de las regiones petroleras, que se nutren de una importante población migrante, cuyo paso por el lugar –y el trabajo– es concebido de modo estacionario o provisorio.
• Como otras localidades petroleras, en los años noventa el proceso de privatización de YPF afectó mucho a la región, en la medida en que implicó el desmantelamiento de una economía regional, amparada por un sistema de relaciones laborales (público y privado) que aseguraba la producción y la reproducción de la vida social; se produjo, entonces, el pasaje hacia una economía de enclave, controlada por las corporaciones transnacionales, con fuertes efectos de fragmentación social. En sintonía con lo ocurrido a nivel nacional, las medidas desreguladoras y liberalizadoras provocaron profundos cambios en la estructura económica de la región, en términos de desindustrialización y aumento de las actividades terciarias, sobre todo en el comercio y el sector servicios, que en Comodoro Rivadavia pasaron de absorber en 1982 el 48,7% de la población económicamente activa al 58% en 1992 (F. Torres, 2012).
• Comodoro Rivadavia se halla a 70 km de Cerro Dragón, que es el yacimiento de petróleo más importante del país, donde hay un conglomerado (cluster) de empresas (BP, PAE, la empresa estatal China CNOOC, entre otras). Allí se produce el 20% del petróleo del país. La superficie explotada es equivalente a 17 veces la ciudad de Buenos Aires. Este mismo yacimiento, que en 1958 había sido otorgado por Arturo Frondizi a la American Oil Company (Amoco), fue reconcesionado en el 2007 por el gobernador chubutense Mario Das Neves hasta el 2047, a cambio de muy poco –o casi nada– para el estado provincial (M. García, 2011). Hoy el cluster concentra unos 20 000 trabajadores. la expansión de la actividad extractiva genera un desorden social enorme así como un crecimiento demográfico descontrolado.
• Comodoro Rivadavia se convirtió en la ciudad argentina con la tasa de sobreocupación más alta del país. El 51,9% del total de los económicamente activos en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly trabajan más de 45 horas semanales, según el informe del tercer trimestre de 2013 de la Encuesta Permanente de Hogares (El Patagónico, 29 de diciembre de 2013).
• Comodoro Rivadavia es una de las localidades del país donde el costo de vida es más elevado, lo que resulta de que muchos toman como referencia
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para el incremento de los precios los salarios “del petróleo”. Esta referencia, por supuesto, no tiene en cuenta las enormes diferencias salariales que separan los salarios pagados en la actividad extractiva y sus actividades “satélites” del resto del mundo del trabajo: en marzo de 2010, mientras el sueldo básico de un empleado de una empresa de petróleo llegaba aproximadamente a los $ 8000, el salario básico de un maestro de la ciudad –por tomar un ejemplo– rondaba los $ 2000 (F. Torres, 2012). En 2013, un docente con doce años de antigüedad ganaba entre $ 4753 y $ 5229, mientras que los petroleros estaban pidiendo por un salario mínimo de $17 500. Más cercanamente, en abril de 2014, según consignaba el diario Río Negro, un operario inicial petrolero puede cobrar hasta $25 000, con zona y desarraigo, mientras que un docente inicial cobra $4700 de bolsillo (Río Negro, 28 de abril de 2014).
• Además de las profundas diferencias salariales, el boom petrolero y la crisis habitacional son dos coyunturas que van asociadas. Tal es así que, según un artículo de la revista Crisis de mayo de 2011, “los alquileres llegan a precios desmesurados –no bajan de los 1500 pesos para un monoambiente o de 2500 por una casita de 2 ambientes–; el precio del metro cuadrado de construcción en Comodoro vale lo mismo que en Puerto Madero. La proliferación de camionetas 4 x 4 y de altos alquileres, contrasta con la extensión de barrios precarios y asentamientos: en el sur, el Abásolo, el Moure, el Stella Maris; en el norte, el kilómetro 3, 5 y el 8” (M. García, 2011).
• Comodoro Rivadavia es una de las ciudades argentinas con el índice más alto de criminalidad: 28 homicidios ocurridos entre enero y agosto de 2012. Ese mismo año, el diario La Nación sindicaba que Comodoro era “la capital del crimen”, con una tasa de homicidios de 14,5 asesinatos cada 100 000 habitantes, casi tres veces superior al promedio nacional (la última de 2011 fue de 5,5) (Carabajal, 2012). Por ello, tras varios casos de violaciones y dos casos de intento de violación, ese mismo año la directora asociada para el área externa del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Alicia Sampaolesi, propuso repartir silbatos a las mujeres para alertar sobre situaciones de riesgo. “La intención es repartir silbatos en forma gratuita a mujeres en la zona centro de la ciudad” (El Patagónico, 22 de mayo de 2012).25
• Comodoro es una de las capitales nacionales de la trata y la prostitución. Ciertamente, otra de las consecuencias es la acentuación de los estereo-
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tipos de la división sexual del trabajo, o lo que podríamos denominar una reactualización del patriarcado en contextos de enclave. Pues en este universo masculinizado y de fuertes asimetrías salariales, cobra centralidad la figura del hombre proveedor y la valoración de una cultura del esfuerzo basada en el trabajo físico. Mayor violencia entre jóvenes, violencia contra la mujer, homofobia, machismo, aparecen así asociados. En un marco agravado por las características de enclave y por el trabajo físico, ello afecta de manera muy negativa sobre los roles que se asigna a la mujer: por un lado, en un contexto de marcadas asimetrías salariales, se fortalece el rol tradicional de la mujer (hombre-trabajador-proveedor; mujer-ama de casa-cuidadora), a fin de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, se potencia el proceso de explotación sexual de las mujeres y se cristaliza su rol como objeto sexual. En un extenso e interesante reportaje publicado en Observatorio Petrolero Sur, Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, afirmaba:
El sur del país es un enorme prostíbulo. Esto tiene una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera (Observatorio Petrolero Sur, 2010).
Vale la pena recordar las declaraciones realizadas en septiembre de 2013 por el presidente del bloque kirchnerista de diputados en Santa Cruz, Rubén Contreras, quien, ante la iniciativa de sancionar una ordenanza para cerrar cabarets en la localidad de Caleta Olivia, advirtió que sin prostíbulos “puede llegar a haber otras cosas, como violaciones u otras cosas” y afirmó estar “de acuerdo con que los locales estén abiertos” (La Nación, 5 de septiembre de 2013).26
En el reportaje mencionado más arriba, publicado el 21 de abril de 2010, Assorati, afirmaba respecto de los prostíbulos: “Tenemos en Chubut mucho reclutamiento a partir de la droga, vuelven drogadictas a niñas de 12 y 13 años y después las insertan al sistema prostibulario. Esas chicas duran
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nada, mueren de sobredosis, mueren muy jóvenes, con lo cual se necesita un recambio más rápido” (ibid.). Asimismo añadía que:
A partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, pudo reconstruirse un circuito de trata que va desde Santa Rosa, capital de La Pampa, a la ciudad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de esa provincia; de allí se extiende a la localidad vecina Catriel (Río Negro) y a las neuquinas Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Todas ciudades petroleras.
Según el informe elaborado por OIM en 2006, existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior. En tanto una investigación más amplia logró establecer que las mujeres procedían de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. También se probó que en algunas oportunidades los propios regentes de prostíbulos viajaban al NOA para realizar la “captación” y tenían bases de apoyo en Tucumán y Capital Federal. El documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios hoteleros (Assorati en la entrevista citada de Observatorio Petrolero Sur, 2010).
Tras un operativo en Comodoro Rivadavia que incluyó el allanamiento de siete departamentos VIP, el ministro de Gobierno de Chubut, Miguel Castro, dijo al diario El Chubut que “este fenómeno se está registrando ‘en toda la provincia’” y que “hay que establecer alguna regulación desde el Municipio”. En razón de ello, según publicó el diario Infobae en abril de 2012, el Concejo Deliberante comenzó a debatir una ordenanza para reglamentar la prostitución para el turismo, proyecto avalado por el intendente local, Néstor Di Pierro. Se trataba de crear una zona roja en un sector destinado al asentamiento de burdeles, tal como existe en Holanda (sic), para que el Estado “pueda fiscalizar y controlar” la actividad. “No solo es (para) regular y cuidar sanitariamente, sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también los aspectos turísticos, como Holanda”, indicó la directora de Salud municipal, Judith Jozami, quien también afirmó
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que además se pretende “fortalecer los aspectos sanitarios” vinculados con las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Pero lo que resulta más increíble es la propuesta de generar un atractivo “turístico” en base a la prostitución (Infobae, 8 de abril de 2012).27
• Las condiciones de trabajo, la desigualdad, el ocio, los consumos, las adicciones son otras cuestiones que han generado numerosos conflictos sociales entre la población de Comodoro Rivadavia. Cabe destacar la de sigualdad existente entre los trabajadores del petróleo (los llamados “dragones”, que son empleados como soldadores, operadores de hidrogrúa, etc.) y quienes responden a una larga lista de empresas contratistas y, aunque muchas veces hacen la misma tarea que los petroleros, cobran un 30% o un 40% menos de salario (Diego Genoud, 2012).
Por otro lado, como sugiere Sebastián Barros, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPAT) e investigador del Conicet, desintegración social y organización de tiempo de trabajo aparecen entrelazadas. Barros cuestiona no solo el sobretrabajo –el hecho de tener que trabajar más de 16 horas–, sino la falta de injerencia del Estado que no legisla sobre la problemática. De aquí se desprenden diferentes conflictos, muchos de los cuales se traducen en la vida cotidiana y por los que el trabajador petrolero termina, de alguna manera, siendo discriminado. “También necesita pensarse en el tiempo de ocio ¿Qué hace esos tres días en los que el trabajador regresa a su hogar? ¿Qué otras opciones tiene el trabajador que no sea ese consumo suntuario que generalmente las clases medias le critican?” (Barros, 2012).
Otra cuestión es la exacerbación de problemáticas sociales como la adicción. En conversación con uno de los autores de este libro, Barros habló acerca de la relación entre adicciones y trabajadores del petróleo, en Comodoro Rivadavia, según el cual una de las operadoras petroleras de la zona tendría 70 trabajadores internados por adicción (hacia mediados de 2012). Un dato escalofriante que obliga a preguntarse sobre las condiciones de trabajo en el área petrolera y la política que sobre el tema de las adicciones tienen las empresas petroleras.
Al respecto, el subgerente de Salud Ocupacional y Programas Nacionales de Prevención, Germán Canteros, sostuvo que “las adicciones y el trabajo tienen un gran índice, es difícil comprobar si tienen que ver con las
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situaciones laborales o si tienen que ver con la vida particular de las personas”, dijo. No obstante, consideró que el tipo de trabajo podría tener alguna injerencia porque “se debe tener en cuenta que son personas que sufren un desarraigo y están en lugares inhóspitos. Pero a eso hay que estudiarlo, no hay ninguna estadística que lo demuestre”.28
En un interesante artículo referido a localidades petroleras de las provincias de Neuquén y Río Negro, los periodistas Alicia Miller, Rubén Larrondo y Damián Coppone (Río Negro, 9 de noviembre de 2009) sostenían:
La industria petrolera ha cambiado el paisaje humano de varias áreas del país. Ha hecho nacer ciudades en desiertos, y las pobló de personas con sueldos altos. Pueblos con más hombres que mujeres. Lugares de tránsito. Tienen en común la profusión de casinos, bares y cabaret y la escasez de propuestas artísticas, académicas o deportivas. Esto determina, en cierto modo, los modos de vivir. Y evidencia que el bienestar económico no es garantía de una buena salud psíquica, familiar y social. Es una constante la prevalencia de consumo abusivo de alcohol y cocaína en personas que trabajan en empresas petroleras, y también la ludopatía. […] Es habitual que un petrolero justifique el consumo en motivos como la “exigencia del trabajo”, los horarios nocturnos, la lejanía de la familia o las semanas en los pozos. Por la dificultad de obtener datos, no se hace una estadística de personas adictas a la cocaína en la industria del petróleo, pero extraoficialmente se admite que el porcentaje es alto. El abuso de alcohol es más visible, aunque no menos grave.29
• La situación ambiental es igualmente preocupante en Comodoro Rivadavia: El Patagónico publicó que
según datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut, en la provincia hay unos 16 000 pozos de los cuales un 38% están en producción (aproximadamente 6000), un 32% abandonados (4900) y el resto inactivos (4600). En la cuenca del golfo San Jorge hay unas 780 000 hectáreas directamente afectadas a la actividad petrolera. Según la Universidad Nacional de la Patagonia son unos 500 los superficiarios involucrados en la asociación, de los
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29 “Juego, alcohol y drogas: tentaciones petroleras”, .
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cuales unos 100 pertenecen a la provincia de Chubut (El Patagónico, 26 de septiembre de 2011).30
Siempre según El Patagónico, se estima que Comodoro Rivadavia es una de las ciudades de mayor pasivo ambiental del país. Según los últimos datos dados a conocer, tiene un total de 2444 pozos petroleros abandonados, de los cuales unos 1425 pertenecen a YPF.
Un ejemplo de ello es el desastre ambiental que se produjo en las costas de Caleta Cordova en diciembre de 2007, cuando el buque Presidente Illia derramó una importante cantidad de hidrocarburos mientras realizaba una operatoria de carga de petróleo en la monoboya de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) que afectó gravemente sus playas, la salud de sus pobladores y la actividad de pescadores artesanales. El total del derrame visible estaba constituido por varias manchas de 2 o 3 km de ancho por 4 km de largo. La costa se habría afectado en una extensión de aproximadamente 7 km. El hecho evidenció el grado de ausencia e inacción de la provincia y del municipio tanto antes –en el cumplimiento del poder de policía de normas de protección ambiental y control de la actividad– como luego de producido el daño –por la ausencia de medidas de contingencias–. Ni Comodoro Rivadavia ni la provincia (siendo Chubut una de las principales provincias productoras hidrocarburíferas del país) poseían –ni poseen– siquiera un plan de contingencia ante la posibilidad de eventos como este. Las precarias e insuficientes acciones en la zona del desastre fueron llevadas a cabo por instituciones no gubernamentales.
Días después del hecho, el entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, había afirmado que los responsables del derrame tendrían que pagar por el daño y que la provincia presentaría una demanda por US$ 50 000 000. Ante la prensa, Das Neves también pidió que recuerden “lo que dije el 28 de diciembre, no solamente la denuncia penal para que estén presos los que han cometido este delito, sino también una vez que conozcamos la sentencia, si es favorable, vamos a ir ante la Justicia civil para indemnizar los daños y esa plata va a ser para remediar todo el daño ocasionado en Caleta Córdova” (Diario de Madryn, 11 de marzo de 2008).31 Los pobladores de Caleta Córdova aún hoy esperan que este hecho impune tenga alguna respuesta.
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Por otro lado, los estudios existentes indican la afectación del ecosistema marino y costero:
Los sedimentos de la zona del golfo San Jorge están contaminados con hidrocarburos de origen antrópico (producido por el hombre). En todas las muestras de este Golfo se detectó, aparte de petróleo fresco, la presencia de MCNR (mezcla compleja no resuelta), que indica petróleo degradado o material orgánico degradado de múltiples fuentes. Estos datos estarían señalando un “input” constante por las operaciones conectadas con la explotación petrolera de la zona y el transporte marítimo, generando una contaminación crónica.32
• Respecto de los impactos sociosanitarios, en 2013 la doctora Jacqueline Vieracsuc, del Área Programática de la Región Sur, explicó que “no existen estadísticas específicas de la zona de Comodoro Rivadavia y tampoco estudios sobre la incidencia de la industria petrolera en el aumento de casos de cáncer, pero que, sin duda, la contaminación del agua es un factor a tener en cuenta”. Por su parte, el concejal del FpV, Carlos Vargas, declaró que “Comodoro es la ciudad de mayor índice de cáncer, producto de la actividad petrolera-minera. Comodoro es consciente de que el petróleo hay que sacarlo porque el país se mueve en base al petróleo, pero no sé si se están tomando todos los recaudos necesarios como para preservar la vida de la gente” (Cinthia García, 2013).
• Por último, en Comodoro Rivadavia existe también un discurso social que reconoce que la ciudad, y de modo más amplio la región, se ha convertido en una “zona de sacrificio” y cuestiona, por ende, el hecho de que el resto de la provincia se sostenga gracias a la actividad petrolera.33
En suma, Comodoro Rivadavia se ha convertido en un emblema del mal desarrollo, una ciudad que combina los índices de sobreocupación, con altísimas tasas de criminalidad y exacerbación de graves problemáticas sociales, como la trata, la prostitución, las adicciones, entre otros. Frente a estos datos tan variados como contundentes, ¿acaso alguien podría negar
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33 Invitamos a los lectores a escuchar un rap de Javier “Asterisco” Ortega, “Comoduro Rivadavia”, , que es una suerte de versión musical de lo que estamos describiendo en este apartado.
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los enormes impactos sociales y la reconfiguración territorial que las actividades extractivas a gran escala (convencionales y no convencionales), producen en las sociedades locales? Desde los oficialismos y las empresas, sin embargo, los discursos afirman que las actividades hidrocarburífera y minera no compiten ni desplazan a las economías regionales preexistentes o, en el límite, minimizan el carácter pluridimensional y la envergadura de sus impactos.
Así, debemos pensar la contaminación no solo como un proceso ambiental, sino también como algo más amplio y global, que incluye la esfera social, económica y cultural. Algo que nos interroga, sin duda, acerca de si ese es el tipo de sociedad que queremos construir para nosotros y las futuras generaciones.
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Pasivos ambientales no reconocidos o no remediados, injusticia ambiental que golpea crónicamente a las poblaciones más excluidas, con menos poder económico y político, en fin, zonas de sacrificio ligadas a la explotación industrial, petrolera, minera…
Ciertamente, al compás de la expansión de los movimientos socio-territoriales, ligados a la ecología popular, podemos leer estas problemáticas ambientales y sociosanitarias desde una nueva perspectiva. Sin embargo, los desafíos para el presente y el futuro son enormes, pues en la actualidad las poblaciones enfrentan una gran cantidad de megaproyectos de carácter extractivos que se imponen o buscan imponerse verticalmente, de arriba hacia abajo, de la mano de grandes agentes económicos en alianza multiescalar con el Estado. En suma, lo alarmante es el carácter masivo o la gran escala que en nuestro país pueden ir adquiriendo los pasivos ambientales y las llamadas zonas de sacrificio, en el marco del avance de la dinámica de acumulación por desposesión.