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San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de diciembre. En vísperas del 10 aniversario del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Grupo de Coordinación Chiapas (GCC), que integran una decena de organismos y dependencias federales y de la entidad, planteó “definir propuestas de actuación frente a la dinámica del fenómeno zapatista, en el marco de una estrategia consensuada entre los gobiernos federal y estatal”.
El GCC -del que forman parte dependencias federales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como las secretarías estatales de Gobierno, Seguridad Pública, de Pueblos Indios y la Procuraduría de Justicia- propuso que “se valore la pertinencia de restablecer controles en la zona (de conflicto) que inhiban la violación al marco legal, como agresiones entre grupos desafectos, tráfico de indocumentados, armas y droga, contrabando, cultivo de enervantes, etcétera”, así como tomar “medidas adecuadas para acotar el activismo de extranjeros en la zona con presencia zapatista”.
En un documento titulado Diagnóstico del EZLN, del cual La Jornada obtuvo copia, el GCC agregó: “dado que la tensión social puede continuar e ir en aumento con saldo trágico en vidas, se sugiere: que el ejecutivo estatal en un acto de compromiso histórico con la paz y con Chiapas, considere la creación de una comisión especial de alto nivel, conformada por personas del mundo político, académico, cultural, religioso y empresarial de reconocida autoridad moral y prestigio nacional e internacional, a fin de que el gobierno federal y los zapatistas establezcan las condiciones mínimas de reanudación del diálogo para la paz en Chiapas”.
Advirtió que ante la manifiesta falta de interés del gobierno federal y del Congreso de la Unión por generar iniciativas que permitan reconstruir la credibilidad para la reanudación del diálogo, “es previsible que el EZLN siga pugnando por consolidar el proceso de autonomía y sus juntas de buen gobierno (JBG)”.
La aparición de las JBG en agosto pasado, agregó, “es producto de la propuesta añeja del grupo armado de incorporar a la sociedad civil como sujeto político de primera línea bajo la idea de que ’si las instituciones políticas son incapaces de resolver las demandas de la sociedad, es necesario recrearlas’”, además de “trabajar de hecho en la construcción de una ‘nueva institucionalidad’ que toma en cuenta las decisiones comunitarias o colectivas”.
Señaló que la instauración de las JBG “ha venido a agudizar las contradicciones con los grupos políticos no afines al EZLN y aún con antiguos aliados como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalación de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, la Asociación Rural de Interés Colectivo, Xinich y Yomblej, al interferir abiertamente con sus intereses, como la construcción de obras, problemas agrarios, de límites y religiosos”.
No obstante, destacó, hasta ahora “en todos los casos las llamadas JBG han superado políticamente sus diferencias con sus antagonistas a través del diálogo, permitiendo en algunos casos la intervención directa de los operadores políticos del gobierno del estado, no así los del gobierno federal”.
De acuerdo con el documento, “la conflictiva intercomunitaria se ha incrementado a partir de agosto en que el EZLN anunció su nueva estructura (las JBG y los caracoles), a través de la que pretende obtener el control territorial en comunidades de 35 municipios constitucionales”.
El documento, fechado el 12 de noviembre pasado, está dividido en dos partes. La primera, “Diagnóstico del EZLN”, de 38 páginas, se atribuyó al Grupo de Coordinación Chiapas, y la segunda, “Caracoles y JBG”, de 16, a la Secretaría de Gobierno del estado. Aunque el contenido es casi el mismo, con diferente formato, esta última se titula “EZLN, Caracoles y Juntas de Buen Gobierno”.
Se asentó que hasta ahora el EZLN “sólo ha integrado dos de las cinco [JBG] anunciadas: el Camino del Futuro y Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, con sede Oventic, municipio de San Andrés Larráinzar, y La Garrucha, Ocosingo, respectivamente.
“El proyecto del EZLN implica que a través de cinco JBG y 29 municipios autónomos en rebeldía mantendría el control político territorial en comunidades de 35 municipios constitucionales”, de los Altos, la selva y el norte de Chiapas, donde “pretende implantar un sistema de gobierno basado en sus leyes autónomas.”
Sostiene que “luego del anuncio de Rafael Sebastián Guillén Vicente (a) subcomandante Marcos, de la sustitución de los Aguascalientes zapatistas por los denominados caracoles, así como la integración de las JBG como ejes articuladores de los municipios autónomos en rebeldía, los zapatistas intensifican su movilidad realizando acciones de hostigamiento o de violencia contra quienes no se someten a sus leyes o no simpatizan con su ideología”.
El grupo interinstitucional manifestó que entre enero y septiembre de 2003, en los 35 municipios con presencia del EZLN se cometieron 5 mil 799 delitos: 483 homicidios, mil 105 robos, mil 81 por lesiones, 311 fraudes, 650 por daño, 324 violaciones sexuales y mil 845 por amenazas”, difamación, incumplimiento de los deberes alimentarios, allanamiento de morada, entre otros.
En “Incidentes recientes y tendencias” se enumeraron acciones por municipio, supuestamente realizadas por el EZLN, como “la colocación de letreros que delimitan su territorio, impiden labores a maestros oficiales, rechazan los programas y obras de gobierno, continúan con el cobro de del impuesto de guerra, instalan puestos de vigilancia, convocan a los habitantes a registrarse ante las JBG para poder realizar trabajos en sus comunidades, incrementan el trabajo en torno a sus proyectos de autonomía, disputan predios y el control del transporte colectivo”.
Destacó que el “activismo de las organizaciones no gubernamentales pro zapatistas se ha incrementado en favor de las causas indígenas, aún más a partir del anuncio del Decenio Indígena, que promueve la Organización de las Naciones Unidas, que entre otras cosas implica que a partir de enero de 2004 los gobiernos adheridos a la ONU deberán cumplir con los acuerdos internacionales relativos a los indígenas, a efecto de fortalecer su autonomía”.
Según el documento, el EZLN tiene presencia en 580 comunidades de 35 municipios, lo que equivale a 9.3 por ciento de las localidades en estas demarcaciones. Precisa que en el municipio de Chanal el grupo tiene más presencia en 80 por ciento de las comunidades, es decir, en 12 de las 15 que lo integran, pero en otros, como Motozintla o La Trinitaria, su presencia “se circunscribe a una comunidad”. Ocosingo ocupa el primer lugar, pues de mil siete localidades tiene presencia en 142.
En sus “líneas de acción”, el grupo planteó la necesidad de “instalar mesas de intercambio de opiniones entre las conciliadoras de los gobiernos federal y estatal, que dirigen Luis H. Alvarez y Juan González Esponda, para establecer acuerdos de atención a comunidades específicas” e “incrementar el trabajo de inteligencia y procurar un efectivo intercambio de información en el GCC”.
En un comunicado, el gobierno estatal se deslindó tanto de la existencia del GCC como del contenido del documento, al que calificó de apócrifo.
