Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia, populismo IV

Capítulo 4
Populismos, política y democracia

Introducción
Desde mediados del siglo X X y hasta la actualidad, el populismo fue para
las ciencias sociales latinoamericanas lo que el caudillismo había sido para
el ensayismo del siglo XIX: un tema recurrente con pretensiones conti­
nentales y uno de los tópicos fundadores del pensamiento político y social
latinoamericano. Sin embargo, tanto se ha escrito dentro y fuera de Amé­
rica Latina, tanto se ha invocado el concepto, vaciándolo muchas veces de
su potencialidad analítica, que no son pocos los autores que, refiriéndose a
su carácter confuso o pantanoso, aconsejan abandonarlo, a fin de evitar el
riesgo de “traficar con un grueso contrabando intelectual” (Quijano, 1998:
1 8 5 ), mientras que otros exigen una suerte de declaración de “moratoria”
ilcl concepto (populismo) y su adjetivo (populista) (Saint-Upery, 2009).
Desde mi perspectiva, la vigencia de los debates sobre los populismos
no sólo tiene que ver con su constante reactualización sino también con la
naturaleza ambivalente del fenómeno, lo cual explica que no pocas veces
mi conceptualización quede atrapada en una suerte de “ entre-deux\ típico
ilcl pensamiento latinoamericano. En este sentido, el carácter dual del po­
pulismo debe ser comprendido en clave histórica, en su relación siempre
ambigua con la democracia. En un ejercicio arqueológico, la cuestión nos
remonta a las luchas por la independencia respecto de España, época en la
i ual la democracia fue asociada con lo inorgánico y lo plebeyo. Dicha cai actcrización señalaba ya una situación de ambigüedad y de tensión, visible
lauto en la debilidad de las instituciones de la nueva república (el kratos),
i orno en la desconfianza hacia las masas (la tiranía del demos). Esta doble

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realidad alentó miradas contrastantes y a la vez parado jales. En primer
lugar, durante el siglo X IX las lecturas políticas apelaron a la categoríaancestro de “caudillismo”, para abarcar en ella tanto la época de la anarquía
y las guerras civiles, el triunfo de los localismos y los federalismos inorgáni­
cos, como luego las largas dictaduras personalistas (Rosas en la Argentina,
Porfirio Díaz en México). Estas formas de liderazgo tenían en común el
carácter plebeyo y muchas veces plebiscitario de sus gobiernos, rasgos que
irían configurándose como una dimensión estructurante y estructuradora
de la política americana, una suerte de habitus político reflejado en el vín­
culo persistente entre las masas (montoneras, plebe) y sus conductores (los
caudillos). En segundo lugar, los liderazgos y regímenes caudillistas del
siglo X IX latinoamericano abrieron la puerta a ciertas modalidades de par­
ticipación de las masas, aun si las formas que asumía lo popular aparecían
marcadas por fuertes limitaciones de carácter político, social y económico.
Sin embargo, lejos de ilustrar un paradigma de democracia participativa,
estos regímenes estaban saturados de elementos conservadores y autorita­
rios (personalismo, discrecionalidad, tradicionalismo, entre otros).
En consecuencia, la democracia en los países latinoamericanos fue
temprammente asociada al exceso (el despotismo de las mayorías) tanto
como al déficit (la fragilidad institucional). Pero es sobre todo en relación
con el exceso que serán juzgadas las primeras experiencias democráticas en
el contirente. N o por casualidad sería contra la figura de la democracia
inorgánica y plebeya que se file construyendo una idea de república “po­
sible”, a:entada sobre la desconfianza en las masas y la limitación de los
derecho* políticos, en la cual convergerán conservadores y liberales, 1 plas­
mándose de manera inequívoca en el diseño constitucional en diferentes
países de la región durante el siglo XIX. En ese contexto, la participación
apareceiá limitada y tergiversada en el marco de una democracia restricti­
va, donie el temor al desborde plebeyo coincidirá en no pocos casos con la
reiteradi manipulación del voto popular por parte de las élites.
E n el presente capítulo, me propongo presentar algunas líneas de ¡nterpreta:ión y debates entre las infinitas y reiteradas lecturas que se han
hecho a b re los populismos latinoamericanos.2 Haré una presentación en
diferenes tiempos: en una primera parte, abordaré la lectura del populis
mo co n o mito y como imaginario, al tiempo que presentaré una síntesis
de las lecturas histórico-estructurales realizadas en torno al primer momen

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to populista, que normalmente se ubica entre 1940 y 1970. En una segun­
da parte, me abocaré de modo más extenso a desarrollar algunos debates
en torno al populismo, sus diferentes dimensiones socioculturales y sus
alcances político-ideológicos. Para ello, propongo hacer un recorrido por
cinco debates fundamentales: en primer lugar, el debate sobre los orígenes,
tomando como base los casos argentino y ecuatoriano; en segundo lugar,
el debate acerca del populismo (leído en clave campesinista e indigenista) y
la posibilidad de una vía (revolucionaria) autónoma; en tercer lugar, el de­
bate que problematiza la relación entre lo nacional-popular, el socialismo
y la democracia, destacando el proceso de construcción de hegemonía y el
giro discursivo; en cuarto lugar, aquellas interpretaciones que enfatizan los
aspectos plebeyos del populismo, esto es, la construcción de una identidad
cultural desde abajo; y, por último, el debate sobre la articulación entre
(neo)populismo y neoliberalismo.
En este punto, antes de presentar las diferentes lecturas, creo necesario
puntualizar algunas cuestiones mínimas sobre lo que entiendo por populis­
mo. Mi lectura destaca tres definiciones fundamentales. La primera de ellas
es general y se refiere, como ya ha sido dicho, al carácter ineludiblemente
complejo e incluso contradictorio del populismo. En efecto, el populismo
es un régimen político que presenta a la vez elementos democráticos y
autoritarios, y cuyo objetivo es lograr la participación “organizada” de las
masas, controladas desde el Estado. El populismo se constituye así a través
de la doble referencia a la igualdad y a la jerarquía. Pese a esta doble matriz,
es sin duda desde la democracia que se entiende mejor el populismo, pues
en gran parte éste responde a la (histórica) necesidad de acortar la distancia
entre representantes y representados, brecha consolidada durante el largo
período de dominación liberal-conservador, bajo las dictaduras militares
o, de modo más reciente, luego de las reformas neoliberales. La segunda
idea se refiere a la grilla de lectura que el populismo establece de la políti­
ca. Como ha sido señalado de forma insistente por numerosos analistas,
el populismo entiende la política en términos de polarización y esquemas
binarios, lo cual implica la selección de determinados antagonismos, vistos
como fundamentales y excluyentes y, como contracara, el ocultamiento
u obturación de otros importantes conflictos. La tercera idea alude a la
tensión constante que instala el populismo entre la apertura y el cierre de
la política. Esta tensión constitutiva hace que los populismos traigan a la

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latinoamericanos

palestra, tarde o temprano, una perturbadora e incisiva pregunta -en rea­
lidad, la pregunta fundamental de la política-: ¿qué tipo de hegemonía se
está construyendo en esa tensión insoslayable entre lo plural y lo organicista? Doble matriz, polarización y grilla de lectura; por último, construcción
de hegemonía, son los tres tópicos que constituyen, a mi juicio, el núcleo
esencial de los populismos latinoamericanos.3 Cabe añadir, por último,
como trataré de mostrar en la segunda parte de este libro, que más allá de
los elementos comunes y de las temporalidades específicas, según los paí­
ses, es necesario retomar tipologías que ilustren la existencia de diferentes
tipos de populismos.

Parte I. Lecturas sobre el populismo
E l populismo como mito e ideología
Nada se parece más al pensamiento mítico que la ideo­
logía política.
Tal vez no haya hecho más que reemplazar a aquél en
nuestras sociedades contemporáneas.
C laude Lévi-Strauss

Lejos de asociar al populismo con sus raíces sociales, la lectura que enfatiza
su asociación con el mito considera que la verdadera naturaleza del fenó­
meno populista sería ideológica. En un libro publicado en 1965, el histo­
riador norteamericano R. Hofstader señalaba cinco elementos fundamen­
tales del populismo como mito: primero, la idea de una Edad de Oro, con
su apelación a la nostalgia popular; segundo, el concepto de las armonías
naturales (una vez eliminados los explotadores); tercero, la versión duaJ
de la lucha socid (antagonismo entre el pueblo y los poderosos); cuarto,
una teoría consfirativa de la historia (que compartiría con el marxismo)
y, por último, ladenuncia de la primacía del dinero y las finanzas; esto es,
de los especuladores. La idea central -que el autor extrae sobre todo de su
análisis del populismo norteam ericano- es que el pueblo es considerado
un ser inocente 7 homogéneo, lo que se expresaría en el antagonismo entre
los intereses productivos y los explotadores.4 Asimismo, esta línea de lee-

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tura que asocia el populismo con estructuras míticas, encuentra también
desarrollos en los trabajos del francés Pierre Birbaum (1979), para quien la
unidad mínima tendría raíz en el mito del antagonismo entre el pueblo y
el poderoso {lepeuple et le gros), que compartirían tanto el pensamiento de
derecha como de izquierda.
La función del mito estaría dada justamente en su capacidad para rees­
tructurar el campo mental y social de los actores. Esta perspectiva ha sido
profundizada por el historiador francés Alain Pessin (1992), quien realizó
un estudio de las ideologías como sustitutos del pensamiento mítico. Para
el autor, el populismo realiza un trabajo mental que no consiste en alcanzar
la verdad intrínseca, sino en dar testimonio de una verdad que el populis­
mo revelaría e inaugura; algo que puede denominarse “verdad mitológica”
(1992: 19). En realidad, Pessin considera que fue el pensamiento populis­
ta, junto con el socialista, el que colocó a la cuestión social como problema
en el siglo XIX; pero a diferencia del socialismo, no la entendería como un
juego de fuerzas o dentro de una lógica de lo social. Para el populismo, el
pueblo está llamado a resolver la cuestión social pero el pueblo no es una
categoría de lo social. El populismo no es entonces un programa; en su
expresión mínima es un deseo, sin consideración temporal, de que la jus­
ticia venga a posarse sobre el mundo, que haga su obra, cure la infelicidad
de los humildes y reoriente la vida de los hombres. De ahí su procedencia
de un pensamiento mítico. Por otro lado, Pessin ve en el mito -esto es, en
las imágenes, los símbolos, los relatos míticos- no derivaciones marginales
del pensamiento moderno sino un principio dinámico y permanente por
el cual se inaugura una relación significante del hombre con el mundo.
Ello hace que sea necesario desarrollar una sociología de lo imaginario.
Siguiendo a Lévi-Strauss, sostiene que si el mito puede ser entrevisto como
“una respuesta para la cual no hay pregunta” (Lévi-Strauss, 1965), hay
que encaminarse en ese sentido, pues el populismo aporta una infinidad
de respuestas sobre la cuestión social, más de lo que la pregunta requiere.5
Asimismo, el historiador francés Pierre André Taguieff (1996) ha con­
sagrado varios estudios al tema. Taguieff señala el carácter omniabarcador y
polimorfo del populismo, que en lo esencial no define un régimen político
ni contenidos ideológicos determinados, sino más bien, “un estilo político,
aplicable a diversos marcos ideológicos” (1996: 27). Si bien Taguieff desta­
ca la ambigüedad de los populismos latinoamericanos, se aviene sobre todo

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a caracterizar el fenómeno europeo, cuya cara visible para el caso francés
ofrece el ultraderechista Jean Marie Le Pen. Desde esta perspectiva, es en el
análisis del populismo lepenista que extrae una suerte de tipo ideal, toman­
do en cuenta la naturaleza demagógica del líder y el tipo de llamado, que
resume en cinco rasgos fundamentales: el llamamiento político al pueblo;
un llamado al pueblo en su totalidad, un llamado directo al verdadero
pueblo; un llamado al cambio dentro del statu quo, un llamado a la dis­
criminación de individuos en función de sus orígenes étnicos o culturales
(1996: 57-63).
Una lectura latinoamericana del populismo como mito, aplicada al
caso peruano, es la propuesta por la antropóloga Imelda Vega Centeno
(1991), quien considera que el populismo reactiva la capacidad míticosimbólica que moviliza masivamente a la población interpelada y que
alimenta expectativas y voluntades de poder de alcance impredecible. En
este sentido, en los años 30, Haya de la Torre habría tenido la capacidad
para reactivar esta capacidad mítico-simbólica, actualizando a través de
su historia las diversas formas de participación arraigadas en el imagina­
rio colectivo del mito andino del refugio o del agravio (Vega Centeno,
1991). Ante el “agravio” de la conquista se construye la narración del “re­
fugio”: una sociedad política y militarmente vencida produce una forma
de aprehender la realidad y la historia que le sirve para mostrarse ocultán­
dose al invasor. Ésta proporciona además una interpretación de la vida
y de la historia que le permite seguir viviendo y esperando a pesar de la
derrota. Haya de la Torre habría pues establecido una forma de relación
compleja con el sistema sociocognitivo popular: gracias a su palabra se
puede seguir viviendo, creyendo y luchando a pesar de la persecución y
del fracaso.6
En suma, estas lecturas reducen el populismo a un mito, cuya unidad
mínima es la nostalgia por la comunidad orgánica, o bien un imaginario
instalado entre la religión y la política que, en ambos casos, conlleva una
visión antiliberal y por ende antidemocrática de la política. Sin duda es
válido preguntarse y cuestionar acerca del tipo de democracia que vehicula
el populismo —la tendencia al unanimismo, la afirmación de una demo­
cracia sustantiva- ; 7 sin em bargo, a mi juicio las lecturas reseñadas m is
arriba realizan esta crítica al precio de una reducción conceptual y práctica
importante, pues en el fondo niegan la posibilidad de otras figuras de la de

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mocracia (democracia participativa, democracia directa) o bien demonizan
las formas de la democracia plebeya.
Por otro lado, este tipo de enfoque tiende a asimilar de modo muy
rápido populismo y fascismo, algo que desde la experiencia específica­
mente latinoamericana desemboca en una interpretación inapropiada y
descalificadora. Para algunos, el populismo compartiría con el fascismo
tres elementos: el tratamiento de la cuestión social por fuera del capita­
lismo salvaje y del socialismo; la importancia del estilo político y el antiintelectualismo. Ciertamente, los dos primeros elementos mencionados
como comunes han sido analizados de manera profusa, lo cual está lejos
de ser una cuestión determinante. Por otro lado, el antiintelectualismo
de las experiencias populistas latinoamericanas poco tiene que ver con la
construcción de un nuevo orden político y cultural, como expresión de
una crisis civilizatoria y mucho menos con la exaltación de una estética de
la violencia, tal como aparecerá en el fascismo y el nazismo. De la mano
de la cuestión social y los estilos de liderazgos personalistas, la “mitología
populista”, si la hay, será la expresión, sobre todo, del ingreso del mundo de
los excluidos al nuevo orden político-social, ingreso que permitirá resolver
la cuestión social, suturando simbólicamente la brecha entre representan­
tes y representados.
En suma, más allá de la identificación entre populismo y mito, esta
lectura heterorreferencial, que abona a una tradición fuertemente detraetora y crítica del populismo, proviene de la asociación de populismo con
fascismo, así como de la reducción de la figura de la democracia, identifi­
cada con la democracia liberal y representativa sin más. Así, dicha crítica
tiende a convertirse en una suerte de clave política atemporal y recurrente
para descalificar cualquier tipo de experiencia política populista, asocián­
dola con todos los males de la política contemporánea y las distorsiones de
la democracia.

1.2. Las perspectivas histórico-estructUrales
loca ahora sintetizar algunas de las lecturas que subrayan el carácter
liistórico-estructural del populismo, y que lo presentan como un mo­
delo de desarrollo estrechamente vinculado a la etapa de sustitución de

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latinoamericanos

importaciones y la estrategia mercado-internista. Ciertamente, para una
buena parte de la literatura sociológica y política latinoamericana hay un
4 consenso” en cuanto a la “época” de los regímenes nacional-populares:
es el período que va desde 1929 hasta 1959-1964, marcado por la impo­
sibilidad de importar productos manufacturados y el desarrollo de una
industria substitutiva cuyo destino será, ante todo, el mercado interno
(el crecimiento hacia adentro, según la Cepal). La unidad del fenómeno
populista estaría anclado en el “momento populista” . Es en ese contexto
económico (acumulación de reservas ociosas durante la Segunda Guerra
Mundial y desarrollo de las exportaciones al finalizar ésta) que se pro­
duciría el cuestionamiento de la dominación oligárquica en diferentes
países de América Latina y la posterior consolidación de regímenes po­
pulistas a través de pactos sociales amplios (en los cuales los antiguos sec­
tores tradicionales perderían poder en favor de nuevos grupos emergen­
tes) y de políticas redistributivas concebidas como verdaderas “estrategias
de consolidación” de estos grupos sociales.8 Así, para todo un sector del
pensamiento social latinoamericano, los primeros populismos expresa­
rían un pacto de gobierno interclasista, correspondiendo al momento de
“desplazamiento” del capital extranjero por el capital nacional (o mejor,
por la constitución de nuevas alianzas) y la expansión del mercado inter­
no. Habría pues una “relación privilegiada” entre el populismo y la fase
de sustitución de importaciones.
En el marco de esta interpretación tan difundida, podemos distinguir
por lo menos cuatro enfoques diferentes, según los énfasis y temas a los
que el populismo aparece asociado: sea aquéllos que vinculan populismo y
modernización (Germani y D i Telia), populismo y pacto social (Weffort,
A. Ramos, Julio Coder, entre otros), populismo y dependencia (O. Ianni, Cardoso y Faletto), hasta los que asocian populismo y desarrollo (A.
Touraine). Se trata de lecturas emparentadas entre sí y que, por encima
de las limitaciones y valoraciones que generan las experiencias populis
tas, subrayan una serie de rasgos comunes: la época de transición hacia
la industrialización, la viabilidad -y limitaciones- del crecimiento hacia
adentro (sustitución de importaciones), la incorporación política de las
masas populares, el rol del líder y el esfuerzo por movilizar a las masas dr
manera organizada.

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Populismos y modernización
Una de las primeras lecturas generales sobre el populismo es aquella que,
desde una perspectiva estructural funcionalista, elaboró el influyente so­
ciólogo italiano, residente en la Argentina, Gino Germani. Pese a que el
análisis toma por objeto de estudio el peronismo, la lectura de Germani
tiene pretensiones más generales. El enfoque fue desarrollado en el libro
Política y sociedad en una época en transición (1965), en el cual Germani
retomaba el concepto de movilización social de K. Deutsch, para analizar
el proceso de cambio ocurrido en países que pasan de modos de vida tra­
dicional a otros modernos. Durante este pasaje se operaba la destrucción
del consenso tradicional, visible en el deterioro de los lazos sociales, econó­
micos y psicológicos tradicionales, y la búsqueda por parte de las personas
movilizadas de nuevas pautas comunitarias, capaces de brindar una sensa­
ción de identidad personal y un medio para proteger sus intereses. En ese
proceso de transición podían efectuarse desviaciones y asincronías respecto
del modelo secuencial y normativo, ilustrado por los países europeos, que
mostraban la correspondencia entre procesos de movilización y procesos
de integración social, a través de la vía de los partidos políticos y los sindi­
catos. En contraste, en América Latina, el proceso de movilización se regis­
traría dentro de estructuras arcaicas que cuestionaban las formas modernas
de representación política. El resultado de este desfase sería lo que Germa­
ni denominará “asincronías”, las que se manifestarían en diferentes efectos
[efecto de fusión, que refuerza los rasgos tradicionales a nivel ideológico, y
efecto de demostración, que incrementa el nivel de aspiraciones), lo cual tor­
naba imposible que la movilización pudiera traducirse como integración,
hn fin, para Germani, es en el campo de las ideologías donde más incide
este efecto de fusión, lo cual permitió incorporar a las clases populares
aspiraciones y derechos sociales al igual que los países desarrollados, aun
cuando tuvieran actitudes no económicas, propias de la sociedad tradicio­
nal. Así, la creciente división entre las diversas dimensiones de la vida social
presentaba un problema: el desarrolló económico no era acompañado por
la democracia política. Este desfase o asincronía produjo los movimientos
nacional-populares, que aparecerían en diferentes países latinoamericanos,
cuando las masas rebasaron los canales de expresión y de participación que
la estructura social podía ofrecer. Así, la dinámica de manipulación de las

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latinoamericanos

masas, el liderazgo predominantemente autoritario y la ideología naciona­
lista serían la expresión de la heteronomía y la participación. La propuesta
de Germani no sólo nos devuelve una visión dualista de lo social, a través
de la oposición entre sociedad tradicional y sociedad moderna, sino que
además constituye una de las primeras explicaciones generales del populis­
mo, aun si esto es logrado al precio de su demonización sociológica.
En la misma línea reflexionaría T. Di Telia (1973, 1983), quien en su
análisis del proceso de movilización de las masas puso el énfasis en que tan­
to la existencia de una élite empeñada y comprometida en dicho proceso
político como la decadencia del liberalismo como motor de cambio, posi­
bilitarían la emergencia de la experiencia populista. En las zonas desarro­
lladas, la reforma social había sido el producto del Partido Liberal basado
en las clases medias y después en el movimiento obrero, que adoptaría una
visión gradualista del cambio social. Así, la división de clases se cristalizaría
solamente de una manera transitoria en la hipótesis revolucionaria, a causa,
entre otras cosas, del aumento del nivel de vida y la movilidad social. Sin
embargo, en las zonas subdesarrolladas, el efecto de demostración genera­
ría una revolución de las expectativas pero la expansión económica que­
daría rezagada, agobiada por la expansión demográfica, la dependencia de
los mercados y los esfuerzos prematuros de redistribución. Todo ello pro­
duciría un atolladero al subir las aspiraciones muy por encima de la posi­
bilidad de satisfacerlas. El abism o entre las aspiraciones y las satisfacciones
generaría incongruencia de estatus. “Son los que encuentran razones para
vengarse pero también motivaciones para impulsar la modernización y el
desarrollo” (Di Telia, 1983). Los grupos incongruentes y las masas disponi­
bles están en lucha unos con otros y tienen en común el odio al statu quo.
Por último, el proceso de transición abriría a una nueva constelación
de dirigentes obreros espontáneos, caracterizados por su no permanencia y
su alto grado de emotividad, que encausan un movimiento multitudinario
cuando estas condiciones de frustración se dan en la masa. Su perspectiva
inmediatista, su visión más simplista o conspirativa, haría que se asignen
los males imperantes a la acción de grupos concretos y que confiaran en
los métodos de acción directa, tal como ocurriría con el sindicalismo re­
volucionario o el anarquismo a principios de siglo XX. Estos dirigente*
espontáneos sólo tendrán capacidad para dirigir movimientos amplios por
cortos períodos, luego del cual darían paso a dirigencias más orgánicas y

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burocratizadas. En fin, sería este “espontaneísmo” obrero el cooptado pos­
teriormente por las estructuras autoritarias y demagógicas del peronismo,
que de este modo lo desviarían de sus propósitos originales.

Populismos, Estado y pacto social
Para otros autores, el populismo se comprende menos por sus orígenes
sociales que por el papel político que el Estado desempeña en América
Latina. El populismo es explicado entonces por el modo de intervención
del poder estatal. Aquí se insertan diferentes análisis que explican el surgi­
miento de estos regímenes como una respuesta a la incapacidad de las bur­
guesías latinoamericanas de asegurar la dominación social y la dirección
del proceso de modernización.
En esta línea, existen por lo menos cuatro enfoques diferentes. Un pri­
mer enfoque es aquel que desarrolló el brasileño F. Weffort (1978, 1994)
con su caracterización del populismo como un “estado de compromiso”,
resultado de la incapacidad de la burguesía latinoamericana de asegurar su
hegemonía de clase y la constitución, por ende, de un Estado que se desliga
de los intereses particulares para tratar de dominar el conjunto del cuerpo
social. Así, el populismo sería una ideología de sustitución en un período
de evidente crisis de hegemonía de las clases dominantes. Desde el punto
de vista ideológico, se reduciría a una táctica para hacer frente a situaciones
concretas antes que a una concepción global, estratégica de la sociedad. Sin
embargo, es un fenómeno político complejo, que remite a dos factores: por
un lado, la crisis de la oligarquía y del liberalismo; por el otro, la debilidad
política de los grupos dominantes urbanos cuando intentaron sustituir a
la oligarquía tradicional en países tradicionalmente agrarios y dependien­
tes. El populismo, como la expresión más completa de la irrupción de las
masas populares en el proceso de desarrollo urbano e industrial, exigirá un
proceso de incorporación de éstas al juego político.9
En términos más generales, para Weffort el populismo es algo más
que un fenómeno de manipulación de las masas. Éste existió, no hay duda,
pero nunca fue absoluto. Pero aceptar dicha teoría sería avalar la visión
liberal que ve al populismo como una relación emocional de las masas con
un líder caracterizado por la falta de principios. El populismo es sobre todo

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latinoamericanos

exaltación de lo público-estatal; una “democratización por vía autoritaria”
(Weffort, 1978). La diferencia con la democracia representativa occidental
es que el Estado se presenta de manera directa frente a todos los ciudada­
nos; todas las organizaciones se presentan como mediación entre el Estado
y los individuos, esto es, se convierten en anexos del Estado antes que en
órganos autónomos.
Otros autores también subrayan el predominio de categorías políti­
cas por sobre las categorías sociales. Así, entre ellos, el francés Alain Touraine caracteriza al populismo como una forma de intervención social
del Estado (1988). Una de las cuestiones que explica este fenómeno es
la multidimensionalidad de la acción en América Latina, que tradicio­
nalmente ha combinado la lucha de clases, las luchas nacionales y las
luchas antiimperialistas. Esta segmentación a nivel de la acción colectiva
da cuenta de la ausencia de correspondencia entre situación objetiva y ca­
pacidad de acción, o de lo que Touraine ha denominado, en concordan­
cia con una larga tradición de conceptos latinoamericanos sobre el tema,
como “desarticulación” (1988). N o hay principio central que oriente las
conductas colectivas; lo cual conlleva el reconocimiento de la debilidad
de los partidos de clases, pero también de los movimientos sociales. I)c
ahí que la acción colectiva en América Latina sólo sea eficaz cuando com
bina las tres dim ensiones, lo cual hace precisamente el populismo. De
modo que no existiría relación de representatividad entre grupos sociales,
fuerzas políticas y expresión ideológica. No habría separación clara enur
Estado y sociedad civil. E l Estado interviene como actor político central
y los actores sociales responden a la intervención del Estado más que a la
iniciativa de otros actores sociales. Desde esta perspectiva, el Estado no o»
un mediador entre clases sociales ya constituidas sino que es el verdadrm
“constructor” de las clases sociales, clases que no existen independien ir
mente de su intervención. Esta peculiar articulación marca también la
escasa autonomía de los actores sociales (Touraine, 1988). En suma, rM»
segundo enfoque p ro p o n e pensar el populismo como un modo de dona
rrollo latinoam ericano, orientado por una política redistributiva. En Ih
económico se caracterizaría por un capitalismo limitado y dependirm»
a la vez que por una a lta tasa de inversión; y en lo social, por una hetem
geneidad estructural, a la vez que por una fuerte participación polítii n
cultural urbana.

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En esta misma línea, existe un tercer enfoque que considera que el
populismo puede ser leído como una estrategia especifica de acumulación
de capital. Así el sociólogo argentino Carlos Vilas sostiene que se trata
de una estrategia de acumulación que hace esencialmente a la ampliación
del consumo personal y eventualmente de una distribución del ingreso.
Corresponde así a una estrategia de acción de una cierta fracción de la
burguesía en una determinada etapa de la acumulación capitalista (1994:
124). Esta lectura destaca, al igual que en el populismo ruso, la gravitación
de la pequeña propiedad. En cuanto a la dimensión político-ideológica, el
populismo posee una autonomía relativa y una especificidad propia. Más
que alianza de clases, el autor ve un sistema de equilibrios inestables de
compromiso, impuestos “desde afuera” de las clases y fracciones involucra­
das por el Estado (ibídem: 133). El Estado populista sería el encargado de
garantizar las relaciones de poder y de reproducción, por lo cual se crearía
así la idea de un Estado separado, por encima del bloque de fuerzas en el
poder.
Por último, existe otra versión que implicaría una radicalización de
este enfoque, que lee al populismo como una variante del “bonapartismo”. Esta perspectiva es suscripta por los más diversos autores, que incluye
desde aquéllos marxistas hasta otros, de corte funcionalista. Por ejemplo,
para Milcíades Peña el peronismo es una forma de bonapartismo, lo cual
explica tanto la preservación del orden burgués como el alejamiento de
la clase obrera de la lucha autónoma, privándola de conciencia de clase.
IVrón había hecho abortar, canalizando por la vía estatal, las demandas de
un creciente y combativo movimiento obrero (Peña, 2 0 1 2 : 484). Así, en la
Argentina -com o en otras latitudes capitalistas-, la estatización del movi­
miento sindical había beneficiado a los intereses capitalistas que regían la
aonom ía, intereses a los que en definitiva sirve el Estado (ibídem: 487).
Desde otra matriz epistémica e ideológica, Torcuato Di Telia retomai Li posteriormente la hipótesis del bonapartismo, para articularla con la
•le espontaneísmo obrero. En esta línea sostendría que el surgimiento del
peronismo como bonapartismo fue facilitado por la división de las élites,
pues si gran parte de los sectores industriales se opusieron a Perón, hubo
muís que no lo apoyaron pero que se vieron beneficiados por su política
v, por ende, no ejercieron una oposición cerrada. Esta división favoreció
L irrupción del peronismo como movimiento de masas, acaudillado por

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latinoamericanos

pequeñas élites. Así, la tesis del bonapartismo explicaba, por un lado, la
pasividad de las masas y, por el otro, que los intereses defendidos fueran
aquéllos de los sectores altos y no populares, con lo que el poder pasaría
de las élites medias y altas a otro sector de las élites altas (Di Telia, 1983).

Populismo, desarrollo y dependencia
Para toda una línea interpretativa, el populismo será el actor fundamental
de una política desarrollista en América Latina, aunque encontrará sus lí­
mites en la nueva situación de dependencia. De modo que el populismo
será leído como un “momento” que corresponde a una fase en la evolución
de las contradicciones entre la sociedad nacional y la economía dependien­
te. Así, por ejemplo, para los ya citados Cardoso y Faletto, el “populismo
desarrollista” es una ideología que se corresponde con la expansión de la
Industrialización Sustitutiva (ISI), caracterizada por el desarrollo de polí­
ticas tendientes a la :onsolidación del mercado interno. En consecuencia,
entre 1950 y 1960, el desarrollo hacia adentro daría cuenta de dos tendcn
cias u orientaciones: la satisfacción del mercado interno o la orientación
a la participación, con su dosis de distribucionismo social y económico; y
la expansión de nuevos sectores dominantes en la economía, en pos de la
consolidación de dicho sistema de dominación hacia adentro. No otra cosa
sería el “populismo desarrollista” (Cardoso y Faletto, 2003), un sistema dr
dominación donde coexistían y se articulaban intereses y objetivos con
tradictorios. En este marco se destacaría no solamente el rol que el Estado
pudiera asumir, sinc la “forma” en que éste se expresaría como instrumento
de dominación en rdación a los grupos que lo conforman. 10
Sin embargo, apartir de los años 60 se advertiría un agotamiento drl
modelo del populisno-desarrollista, visible en una crisis del sistema de do
minación anterior yla emergencia de una nueva situación de dependencia,
lo cual forzaría a los diferentes países (sobre todo, Brasil, Argentina, Méxi
co) a la apertura de los mercados internos al control externo (inversiones
extranjeras directas en las econom ías industriales periféricas). Tal como lu
sido dicho en otro capítulo, este importante cambio resignificaría la tic*
pendencia, reformdándola y colocándola en un nuevo marco -una nueva
“situación”, en la cual convergerían transformaciones de la estructura pío

M aristella S vampa ———————————————————— 281

ductiva en niveles crecientes de complejidad y situaciones económicas y
sociales de exclusión, respecto de las masas populares-. Cardoso y Faletto
explicaban así el pasaje de regímenes democráticos representativos (popu­
lismo desarrollista) a regímenes autoritarios-corporativos.
Esta línea de interpretación estructural será refrendada por otros in­
telectuales dependentistas. Así, por ejemplo, Dos Santos sostendría que el
populismo desarrollista habría mostrado los límites del desarrollo autóno­
mo, generando por ello una gran frustración en diferentes sectores sociales.
Las nuevas formas de la dependencia implicarían un gran protagonismo de
los capitales monopólicos, una fuerte presencia de mecanismos acumulati­
vos de la dependencia (deuda, ayuda internacional, entre otros), exigiendo
una redefinición de las relaciones, tanto a nivel internacional como a nivel
nacional. En ese marco dinámico, el sistema se revelaría incapaz de resolver
las contradicciones que generaría al interior de las economías dependien­
tes, tanto en los sectores avanzados como en la eliminación de los más
atrasados.
Por último, desde una perspectiva cercana al dependentismo, se ubica
el enfoque de Octavio Ianni (1975), quien consideraba que los populis­
mos de América Latina ocurrieron en una época en la cual estaba confor­
mándose definitivamente la sociedad de clases. En esta fase, emergería la
política de las clases urbanas, y en los centros industriales, la lucha contra
las oligarquías y las formas arcaicas de imperialismos. Esta etapa se co­
rrespondería con el momento final del proceso de disociación entre los
trabajadores y los medios de producción, a causa de la formalización de
las relaciones económicas capitalistas. Por último, en el plano cultural, el
populismo expresaría el proceso de secularización de la cultura. En otro
orden, Ianni advertía que el carácter de clase del populismo no aparece de
modo inmediato y que en esa línea había que distinguir dos niveles princi­
pales: un populismo de altas esferas (de élites burguesas y de clases medias),
t|ue abandona a las masas a su propia suerte (Perón, Arbenz, Goulart) y
c11íc promueve la armonía de clases; y un populismo de las propias masas,
de los trabajadores, de los migrantes, de las bajas clases medias, de los
estudiantes radicalizados, de los partidos de izquierda. Cuando las contra­
dicciones políticas y económicas se agudizan, ocurre o puede ocurrir la metumorfosis de los movimientos de masas en lucha de clases. Por supuesto,
el populismo expresa una alianza política; pero de todos modos, no habría

282

D ebates

latinoamericanos

ruptura entre populismo y pasado político de la clase obrera; antes bien,
aquél constituye una fase o momento del movimiento político obrero. En
realidad, en el proceso mismo de evolución, el populismo daría cuenta de
sus límites. La crisis del modelo desarrollista “hacia adentro” se convertiría
simultáneamente en la crisis de la política de masas.

Parte II. Los debates sobre el populismo
1. La lectura acerca de los orígenes en clave juncionalista y sus críticaí11
En América Latina, las primeras interpretaciones sobre el surgimiento del
populismo y sus bases sociales se situaron en una doble matriz: por un
lado, subrayaron la presencia (negativa) de elementos lúmpenes y plebe­
yos, que se conectaban con la pervivencia y actualización de la herencia
caudillista; por el otro, como consecuencia de ello, apuntaron a negar los
orígenes obreros de la experiencia. Una y otra lectura se inscribían empero
en matrices epistemológicas diferentes, pues mientras la primera estaba
más vinculada a la disputa partidaria y tenía como voceros a dirigentes y
ensayistas provenientes de la izquierda partidaria, la segunda remitía a las
primeras interpretaciones académicas, ligadas al funcionalismo.
Ciertamente, el enfoque sobre el carácter lumpen y plebeyo de las
bases sociales aparece asociado al impacto que produce la irrupción de
las clases populares en el espacio público y, más aún, a las formas de
participación de lo popular. En términos político-culturales, lúmpenes
son aquéllos sectores que se colocan por fuera de la estructura social, por
la vía del desclasamiento o de la exclusión. Marx y su caracterización
sobre el bonapartismo abonaban este tipo de lectura, que —como ha sido
señalado- tendría en América Latina innumerables cultores. Sin embargo,
la cuestión de la emergencia de lo plebeyo añade otras connotaciones,
pues refiere, de un lado, a un proceso de autoafirmación de lo popular en
cuanto ser negado y excluido; del otro, a una impugnación de caráctei
iconoclasta y antielistista en relación con la cultura dominante. Así, ilr
manera general, cuando se h ab la de lo plebeyo en América Latina se h;u r
referencia a ciertos rasgos culturales del mundo de los excluidos; pero
cuando se alude específicamente a la irrupción de lo plebeyo, se csirt

M aristella S vampa ———————————————————— 283

ligando esta dimensión cultural y simbólica a fuertes procesos de cambio
estructural.
Es sabido que en la Argentina el surgimiento del peronismo generó
un enorme cisma dentro de las izquierdas, las cuales reaccionaron nega­
tivamente, cuestionando la raíz obrera del peronismo y reasociándolo al
tópico sarmientino-liberal de la barbarie, en contraposición con la civi­
lización y el progreso. En esta línea se desplegaron tanto las lecturas del
Partido Socialista como las del Partido Comunista. Por ejemplo, los socia­
listas partían del reconocimiento de que existían regiones bárbaras dentro
de la sociedad; o, para decirlo en otros términos, que junto a las ‘ clases
laboriosas” se hallaban las “clases peligrosas” que, desde la marginalidad,
amenazaban con transformar las revueltas obreras en actos de criminalidad
social. Vale la pena aclarar que, según esta perspectiva, se trataba de un
problema prepolítico, esto es, cultural y educativo. 12 En suma, la primera
lectura que desde la política -d e izquierda—se hizo del populismo fue la de
indagar sobre los orígenes espurios de clase, vinculando la experiencia con
el lumpenaje y la barbarie nativa y los caudillismos del siglo XIX.
Como ha sido dicho más arriba, desde la academia, hacia los años 30,
tocaría a Gino Germani elaborar una de las primeras interpretaciones aca­
démicas del populismo, con pretensiones continentales. La interpretación
socioestructural de Germani sobre el peronismo se insertaba en el marco
de la lectura normativa y secuencial que establece una división entre lo
tradicional y moderno. La llegada de un nuevo contingente de obreros des­
provistos de ideología y la incapacidad de los partidos existentes de darles
una expresión adecuada dieron lugar a una situación de “anomia” que sería
capitalizada por nuevos movimientos políticos, dirigidos por élites dota­
das de la flexibilidad necesaria para utilizarlas. La supuesta “disponibilidad
ideológica” de las masas se convertiría así en el gran factor explicativo:
el peronismo era el resultado de una participación política relativa de las
masas y de una manipulación demagógica. Por otro lado, dicha interpre­
tación se apoyaba en la distinción estructural y psicosocial entre “obreros
nuevos” (origen rural, tradicionales y escasa cultura política) y “obreros
viejos” (tradición urbana, muchos de ellos inmigrantes europeos, dotados
de una cultura política). Los primeros militantes obreros peronistas, puede
concluirse por extensión, habrían sido trabajadores sin formación políti­
ca manipulados por un líder y subordinados al aparato estatal. Existirían

284

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latinoamericanos

también otras razones, como por ejemplo que para la mayoría de los países
de América Latina y, en particular, para los estratos recién movilizados, los
símbolos de la democracia no tenían significado positivo.
Más allá de las notorias diferencias sociales, económicas y étnicas, exis­
ten importantes puntos de contacto entre la lectura que Germani hace de
los orígenes del peronismo en la Argentina, y aquella que realizó el intelec­
tual de izquierda, Agustín Cueva, respecto de los orígenes del velasquismo,
haciendo referencia a J. M. Velasco, 13 el caudillo ecuatoriano que arribó al
poder en 1934 y que, con diferentes interrupciones, dominó la política de
su país durante cuarenta años. Ciertamente, la lectura fundadora de Cueva
se inscribirá en una matriz que combinará la perspectiva de la izquierda
ortodoxa con el enfoque estructural-funcionalista. En un texto de 1972,
Cueva formuló una interpretación de los orígenes del velasquismo ape­
lando a la tesis germaniana de la manipulación de las masas, en la cual si
bien no hablaba de “nuevos obreros”, sostenía como hipótesis central que
las bases sociales eran el “subproletariado urbano”, cuya plaza fuerte había
sido la ciudad costeña de Guayaquil. En un artículo llamado a tener gran
influencia, Cueva argumentaba que ni la crisis económica ni la crisis de
hegemonía eran suficientes para explicar el surgimiento de una solución
populista como la de Velasco. Si éste terminaría por imponerse sería gra­
cias a la conformación de un nuevo contexto social y político ligado a la
transformación de las urbes ecuatorianas en los años 30, algo que el autor
denominaba “situación de masas” (2007 [1972]: 51). ¿De qué masas se
trataba? El colapso de los años 30 habría generado, según Cueva, una crisis
importante en el sector campesino, obligando a éstos a migrar a la ciudad,
a Quito y, sobre todo, a Guayaquil, lo cual crearía “áreas de tensión en las
ciudades por la conformación de un sector marginal urbano” (ibídem: 54).
En consecuencia, dicha crisis capitalista -y no la de un sector tradicional
de las élites- habría dado origen a un “subproletariado”, el cual quedó .so­
cial y políticamente disponible, a la espera de un redentor:
Inconformes con su nuevo destino; paupérrimos a la par que psi­
cológicamente desamparados; tanto más insumisos, cuanto que
en ellos ya no impactaban, con suficiente fuerza, los controles
tradicionales, pero incapaces al mismo tiempo, de encontrar una
salida revolucionaria, esos subproletariados no podían impulsar

M aristella S vampa ———————————————————— 285

otra cosa que un populismo como el que Velasco inauguró y que,
por supuesto, no ha sido el único en Ecuador.
La tesis de Cueva (ibídem: 55) encerraba varias consecuencias, además de
articular aspectos de la lectura estructural-funcionalista de Germani y Di
Telia con las lecturas de ciertas izquierdas marxistas. Sin embargo, discre­
paba con la perspectiva funcionalista al desligar el proceso ecuatoriano
de un fenómeno de modernización económica. Antes bien, especificaba
que se trataba de una crisis del capitalismo (desempleo masivo). En esa
línea, aun si el velasquismo expresaba un elemento de conservación del
orden burgués, Cueva rechazaba la idea de que en el origen sintetizara un
enfrentamiento entre burguesía liberal y oligarquía exportadora, media­
das por la acción de un líder autoritario. Asimismo, subrayaba la relación
de tensión también con las clases medias y el carácter antiintelectual del
velasquismo, algo que también se vinculaba con su extracción mestiza,
lo cual había constituido un desafío simbólico hacia las élites blancas,
restituyendo así una cierta dignidad a los sectores bajos y marginales,
representados por el nuevo gobierno. Sin embargo, lo esencial del velas­
quismo era que había resuelto el impasse entre las clases dominantes y el
control de las subordinadas.
En fin, ruralidad y caudillismo; una amalgama ideológica que combi­
naba elementos católicos y carisma, ritos y ceremonias religiosas que apare­
cían como sustitutos de la transformación política en manos de una pobla­
ción marginal, y que convertirían a Velasco casi en una suerte de sacerdote
de una religión popular, vinculaban la lectura de Cueva con aquella propia
de las izquierdas partidarias argentinas (comunistas y socialistas). Sin em­
bargo, en Cueva no había ni un desprecio por lo plebeyo como sí aparecía
en la izquierda argentina. Antes bien, su lectura apuntaba a demostrar el
fenómeno de la “falsa conciencia” . 14
Volviendo a la Argentina, a principios de los 70, en un contexto que
aunaba revalorización del peronismo en clave de izquierdas y rechazo del
paradigma funcionalista, la lectura de Germani encontró fuertes cuestionamientos. En esta línea, la refutación más significativa vino de la mano
de los sociólogos M. Murmis y J. C. Portantiero (1972), quienes se pro­
pusieron analizar “la constelación de fuerzas sociales” que caracterizó la
situación previa al origen del peronismo. La tesis central subrayaba la uni­

286

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latinoamericanos

dad de la clase obrera, rechazando así la distinción en términos de anclaje
laboral, orientaciones y participación política entre nuevos obreros y viejos
obreros. Una de las cuestiones fundamentales, según los autores, era que
el proceso de industrialización comandado por las fuerzas tradicionales, si
bien había señalado el inicio de la intervención estatal en diferentes esferas,
no habría sido acompañado por una legislación social. En consecuencia, la
represión política y las restricciones en los consumos acentuaron “la opo­
sición obrera al sistema y el crecimiento de la organización sindical”, lo
cual no impidió, sin embargo, el establecimiento de una relación creciente
entre sindicalismo y Estado, que el peronismo habría profundizado con
posterioridad. Así, los sectores obreros fueron sometidos a un proceso de
explotación y acumulación capitalista sin distribución del ingreso y sin
intervencionismo social, lo cual llevó a la constitución de un conjunto de
reivindicaciones obreras que abarcaba a toda la clase trabajadora. Sobre
esta base, sindicatos nuevos y viejos articularon una política de alianza con
un sector del aparato estatal, sin renunciar empero, como lo muestra la
creación del Partido Laborista, a sus pretensiones de autonomía a través de
un programa nacionalista-democrático y distribucionista.
Por otro lado, los autores subrayaron que la participación conjunta
de nuevos y viejos obreros tenía un componente de cierta continuidad
programática con reclamos previos de las organizaciones obreras, en una
alianza policlasista que ya aparecía como tendencia dentro del sindicalismo
anterior al peronismo. En fin, la conclusión del estudio de Murmis y Portantiero era clara: la vieja guardia sindical había tenido una participación
relevante en la operación política que consolidó a Perón. Posteriormente
y desde diferentes ángulos, se añadieron otros elementos empíricos que
confirmarían la hipótesis revisionista. En suma, haciendo hincapié en los
cambios ideológicos del movimiento obrero de la época, sobre todo ante­
riores a 1943, varios de estos estudios demostraron la efectiva cooptación
de dirigentes de os viejos sindicatos y la participación de la antigua y la
nueva clase obren en el fenómeno de emergencia del peronismo. 15
En cuanto ú Ecuador, la lectura de Cueva también encontró una
fuerte réplica, ha:ia 1980, cuando el politólogo Rafael Quintero López
publicó el libro 11 mito del populismo, producto de su tesis de doctorado.
En dicho texto destacaba que el velasquismo no era un fenómeno unívoco
u homogéneo, por lo cual había que abrirse a la posibilidad de teorizar los

M aristella S vampa ———————————————————— 287

diversos velasquismos de 1940, 1945, 1952, 1960, 1968, como ya habían
señalado algunos historiadores. El punto de discrepancia de Quintero res­
pecto del enfoque de Cueva era la caracterización de las bases sociales del
primer velasquismo. Quintero consideraba que el primer análisis de las
ciencias políticas ecuatorianas había asociado erróneamente populismo y
velasquismo, contribuyendo a erigir el “mito del populismo” tanto dentro
como fuera del Ecuador. En esa línea se destacaba la argumentación de
Cueva, centrada en la noción de subproletariado marginal. En relación a
ello, apelando al análisis de fuentes primarias (un análisis electoral, reali­
zado a nivel parroquial por primera vez en Ecuador), Quintero demos­
traba que el triunfo de Velasco Ibarra en 1933 no se debió a la votación
del subproletariado urbano, ya que su votación decisiva fue más rural que
urbana. Además demostró que la votación fundamental que permitió el
triunfo de Velasco provino de la Sierra central y norte, y no de Guayaquil
(Quintero, 2009: 15). Así, las bases sociales del primer velasquismo eran
menos el subproletariado urbano y mucho más las clase media rural, lo
cual se expresó en un clientelismo rural que terminó por dar forma a la
nueva coalición política.
Tal como señalan los historiadores Juan Maiguashca y Liisa North
(1991), los autores en disputa realizaban un análisis de clase, y sostenían
que el velasquismo era un medio para controlar a las masas peligrosas,
aunque, sin embargo, las diferencias surgían a la hora de identificar la
base de sustentación. “El desacuerdo en este punto parece ser más una
cuestión de énfasis, ya que ambos autores conciben al velasquismo como
el instrumento político a través del cual los intereses terratenientes dom i­
nantes de la Sierra ‘tradicional’ y de la Costa ‘capitalista se aliaron para
defender sus intereses comunes, en un contexto de protesta de masas
y aun, de rebelión. A partir de esto, los dos detectan una ‘vía junker’
de desarrollo capitalista” (Maiguashca y North, 1991: 9 1 ).16 El texto de
Quintero iba, sin embargo, más allá, pues - a través de la crítica a Cuevaponía en cuestionamiento las interpretaciones de índole especulativas
sobre el populismo. En su opinión, la lectura de Cueva no había hecho
más que reproducir la hipótesis que relacionaba el voto por Velasco con
un sector social (el subproletariado urbano) basándose en la experiencia
histórica de otros países latinoamericanos, a los que asimiló al Ecuador
(Quinteros, 2009: 2 7 ).17

288

D ebates

latinoamericanos

En los años 70, en la Argentina el debate fue tanto académico como
político. La emergente “sociología crítica”, ligada a la izquierda académi­
ca, no sólo cuestionaba al estructural funcionalismo, por considerar que se
trataba de una orientación teórica que carecía de las condiciones necesarias
para interpretar correctamente la realidad latinoamericana (donde, como ya
he desarrollado en el capítulo anterior, cobraba especial relevancia teóricoepistemológica la dependencia como marco común y el paradigma de la
revolución como marco político); también conllevaba una revalorización del
peronismo desde la izquierda. En el Ecuador de 1980, sin duda la polémica
presentaba otras aristas, pues si bien enfrentaba a dos intelectuales de izquier­
da, no había revalorización alguna del velasquismo. En un punto, Quintero
compartía la perspectiva marxista-fiincionalista, pero no la caracterización
de clase de las bases sociales velasquistas con Cueva. 18 Esta posición iría ex­
tremándose, pues hacia fines de los 90, en una nueva edición del libro donde
aparece reproducido el debate, lo que cuestionará el autor no será solamente
el ensayismo de Cueva, sino el uso amplio de la categoría de populismo
como un concepto general para dar cuenta de la participación política de los
sectores obreros y/o marginales. 19

El debate sobre el populismo y la vía autónoma
No hay una interpretación de Marx más grotesca que la
que sugiere que esperaba una revolución exclusivamente
en los países industrializados de Occidente.
E. Hobsbawm, Formaciones económicas
precapitalistas, 1964.
Una segunda clave de lectura nos remonta a los orígenes rusos del término
(narodnichestvo), y es aquella que considera el populismo como la expre­
sión de otra ideologñ, no capitalista, vinculada al estilo de vida campesino
y a la propiedad corrunal. Un autor que analizó los elementos fundamen­
tales del populismo ruso, extrayendo consecuencias más generales, es el
historiador P. Walicli, en un ensayo publicado en la célebre compilación
de G. Ionescu y E. Gellner, titulada Populismo: sus significados y caracterís­
ticas nacionalespde 1969. En su ya clásico artículo, Walicki citaba a R. Pi­

M aristella S vampa ———————————————————— 289

pes, quien establecía dos sentidos del término populismo, que ya aparecían
configurados en la época de Lenin; el primero aludía a un uso histórico
estrecho y hacía referencia a un momento de la lucha revolucionaria rusa,
hacia 1870, cristalizado en el movimiento “de ida al pueblo”, encabezados
por sectores de la intelligentzia rusa, que buscaban difundir ideas de refor­
ma social entre el campesinado. Una rama del movimiento luego derivó
hacia el terrorismo revolucionario, que culminó en el asesinato del zar en
1881, mientras que la otra adoptó puntos de vista del marxismo. El se­
gundo sentido es más amplio y se refiere a una corriente de pensamiento
con diferencias internas, que postulaba la idea de que el capitalismo no era
inevitable y abogaba por otras vías de desarrollo no capitalistas, ligadas al
campesinado y sus formas organizativas. El campesinado aparecía como el
depositario de una virtud, cuyas formas organizativas serían necesarias para
alcanzar un desarrollo armónico integral de la sociedad, en oposición a la
desintegración que se vivía en las ciudades.
Para Walicki, esta idealización de la comuna rural y el rechazo al ca­
pitalismo coincidió con la publicación del primer volumen de E l Capital
de Marx, en 1867, donde podía leerse la dura descripción de las conse­
cuencias del proceso de acumulación primitiva del capital (desposesión,
desarraigo, expulsión a la ciudad, explotación, aumento de la miseria), a lo
cual se agregaba la crítica visión que el propio Marx transmitía acerca de
la democracia formal. Franco Venturi, el historiador italiano, autor de uno
de los grandes libros sobre el populismo ruso, sostuvo también que esta
crítica al capitalismo ya se encontraba en Herzen, quien luego de partici­
par en las luchas obreras en Francia e Italia, entre 1848 y 1849, y analizar
dichas derrotas, extrajo como conclusión la necesidad de crear una nueva
generación para el desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia; crear
una suerte de ideal psicológico, la del “revolucionario completo” . Desde la
perspectiva de Venturi, las ideas fundamentales del populismo ruso serían:
desconfianza de la democracia en general, creencia en el desarrollo autó­
nomo de un socialismo en Rusia, rol futuro de la estructura comunal rusa,
la confianza en la fuerza del campesinado y necesidad de crear un tipo re­
volucionario; vinculadas a la idea de un revolucionario completo (Venturi,
1979: 156-157, vol. I).
La crítica populista al capitalismo consolidó la idea de que era necesario
evitar por todos los medios la etapa capitalista, la cual conllevaba la separa­

290

D ebates

latinoamericanos

ción entre los medios de producción y los productores y un proceso de dife­
renciación social que implicaba retroceso y desintegración. En esta línea, los
populismos reivindicaron la propiedad comunal de la tierra, lo que de manera
incompleta o deficiente podía encontrarse en las aldeas rusas, y consideraron
que su preservación era el camino más corto hacia el socialismo: “el desarrollo
de las relaciones entre el trabajo y la propiedad ya existente” (Walicki, 1970).
Por otro lado, esta lectura insiste en que el modo en cómo ha sido
leído el populismo debe mucho a Lenin y su crítica (Díaz Polanco, 1978).
Lenin no sólo dio al populismo una connotación histórica y sociológica
más concreta, sino que percibió el doble rostro de Jano del populismo,
que presentaba un costado reaccionario (el socialismo populista, basado
en el pequeño productor) y un costado democrático general, de carácter
progresista (Walicki, 1970: 94). En términos más concretos, para Lenin,
el populismo era una manifestación contra el capitalismo, que adoptaba el
punto de vista de los pequeños productores, los cuales -arruinados por
el desarrollo capitalista- abogaban tanto por la abolición de las formas
capitalistas como de las formas feudales de explotación. Para Lenin, los
populistas eran románticos, expresaban una utopía pequeño burguesa que
condensaba la idealización de relaciones económicas y sociales precapi­
talistas. Hay que señalar, sin embargo, que la crítica leninista era parcial,
pues el populismo no sería solamente una reacción contra el desarrollo
capitalista en Rusia sino también en otras latitudes; no sería solamente la
ideología de los pequeños productores sino además la primera expresión de
los rasgos específicos de los países atrasados, cuyas estructuras económicas
expresaban una coexistencia conflictiva entre lo tradicional y lo moderno.
En esta línea, el populismo ruso no constituiría solamente una respuesta
al capitalismo o:cidental sino también al socialismo occidental, producto
de la reacción de una intelectualidad democrática en un país campesino
atrasado, en una fase primitiva del capital (Walicki, 1970: 117-120).
En la línea de interpretación desarrollada más arriba, la noción de
populismo terminó por aludir no solamente a la experiencia rusa sino tañí
bién a la de otms países atrasados, que cuentan o contaban con una im­
portante población campesina. Así, en dichos países fue extendiéndose Li
idea de que el campesinado era el depositario de los valores más nobles del
pueblo, en razó.i de lo cual podía constituirse en un actor político central,
capaz de lidera: el proceso de reformas. En consecuencia, el populismo

M aristella S vampa ———————————————————— 291

aparecerá asociado a los partidos campesinistas que se expandirían hacia
1920 por diferentes países de Europa oriental, antes de decaer luego de la
gran crisis de 1930 por diferentes razones políticas y económicas.
El populismo campesinista tuvo una gran repercusión en América
Latina dada la presencia importante de sectores campesino-indígenas en
estas geografías. No es mi interés proponer un recorrido por la cuestión
campesina en América Latina, tema que tiene un peso específico propio
en la historia de los debates de la región. Antes bien, quisiera subrayar que
en nuestras latitudes la discusión sobre la llamada “cuestión campesina”
sólo se superpone de modo parcial con el debate sobre el populismo; en
especial, en lo que refiere a la valoración del campesinado y sus formas
comunales de organización como punto de partida para la transformación
de la sociedad. En lo que respecta al populismo, su vinculación con la tesis
campesinista está asociada a la afirmación de una suerte de vía política es­
pecífica —algunos dirán “autónoma”- , más allá de la perspectiva capitalista
clásica y del socialismo clásico, asentada sobre la valoración de las estructu­
ras agrarias campesinas e indígenas, de carácter comunal.
Para dar cuenta de la riqueza de esta lectura, es necesario tener en
cuenta también la obra del “Marx tardío” (Shanin), quien interpelado por
los populistas rusos, se vio llevado a reconsiderar las comunidades rurales.
La carta a Vera Zasúlich, donde Marx deslizaba la posibilidad de evitar
los males del capitalismo, gracias a la viabilidad de una revolución sobre
la base de la comunidad rural ( Obshchina:), Los cuadernos etnológicos, los
Grundrisse, el Cuaderno Kovalevsky, donde Marx habla de la comuna rural
rusa y de otras posibles formas de producción, han sido abundantemen­
te citados, luego de su exhumación y difusión, hacia la década de 1970.
Desde América Latina, autores como José Aricó contribuyeron de modo
decisivo a su difusión.
Para ilustrar esta visión, presentaré la reflexión de cuatro autores sobre
el tema: la reivindicación de la vía autónoma del socialismo, en J. C. Mariátegui; la lectura de Aricó sobre este tema; la crítica marxista del antro­
pólogo mexicano Díaz Polanco a las vías autónomas (antropología crítica
y neoindigenismo); la visión neoindigenista del sociólogo boliviano Alvaro
Ciarcía Linera y, por último, la lectura del argentino Carlos Vilas, que tien­
de puentes entre el populismo ruso y el populismo latinoamericano, en su
versión estatista-desarrollista.

292

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latinoamericanos

El primer momento del populismo campesinista remite a la obra del
ya citado autor peruano, J. C. Mariátegui, quien en su encuentro con el
mundo andino fiue uno de los primeros en valorizar la importancia de la
pervivencia de la comunidad entre las poblaciones indígeno-campesinas,
en el marco de una lucha revolucionaria. Estas comunidades habrían
sobrevivido tanto a la colonia como al paso de la república liberal. Para
Mariátegui, dos fenómenos se destacan en la realidad peruana; por un
lado, el fin del socialismo comunitario incaico y la consolidación de un
orden feudal; por el otro, la pervivencia, pese a todo, de la propiedad co­
munitaria. El feudalismo al que refiere Mariátegui no tiene vinculación
con la estructura comunal agraria, sino con otro tipo de propiedad rural,
asentada sobre el latifundio y el servilismo de los indígenas (Mariátegui,
1988: 51). Por otro lado, es el propio autor peruano el que establece la
comparación entre la pervivencia de la comunidad en Perú y las comunas
rusas. Así, escribe Mariátegui: “La feudalidad dejó análogamente subsis­
tentes las comunas rurales en Rusia, país con el que es siempre interesan­
te el paralelo porque a su proceso histórico se aproxima el de estos países
agrícolas y semifeudales, mucho más que al de los países capitalistas de
Occidente” (ibídem: 64).
En esta línea, como subrayarán diferentes autores (Flores Galindo,
Aricó, Lowy), Mariátegui compartía con los populistas rusos -aunque no
los hubiese leído- su fe en la comunidad y en la posibilidad de un vía
autónoma al socialismo. Ciertamente, para Mariátegui, si el capitalismo
en América hubiese sido dinámico y vigoroso, la comunidad habría sido
disuelta y los indígenas hubiesen pasado de un régimen mixto de común i
dad y servidumbre a un régimen de asalariados libres, todo lo cual habría
desembocado en un proceso de proletarización. Como sabemos, nada ilr
eso sucedió. El latifundio, sostiene M ariátegui, fue hundiendo la comuni
dad en la servidumbre pero, al mismo tiempo, se salvaguardaron elementos
que expresan “en parte el espíritu y la materia de la antigua civilización”
(Mariátegui, 1988: 77-78). Estos elementos vinculados al socialismo prác
tico tienen que ver con las variadas form as de cooperación y asociación tic
los indígenas (la m inga por ejemplo), con el colectivismo (de la tierra, ilrl
usufructúo, del uso d élos pastos y d el agua). Así, la defensa del comuni.*
mo, lejos de hacerse sobre valores abstractos, se asienta sobre la práctica
colectiva. Esto im plica reconocer que más de cien años de régimen republi

M aristella S vampa ———————————————————— 293

cano no lograron hacer al indio individualista; antes bien, el comunismo
fue su defensa (ibídem: 83).
En consecuencia, la solución al problema indio -que para Mariátegui
es la solución a la cuestión nacional- consiste en retomar elementos vincu­
lados al socialismo comunitario o práctico que están vivos en la sociedad
peruana y manifiestan posibilidades de desarrollo y evolución. Por ende,
no habría necesariamente renuncia a los atributos étnicos. Antes bien, la
supervivencia de la comunidad, visible en elementos del socialismo prác­
tico, podría ser la punta de lanza para un cambio social, sintetizado por el
mito o la esperanza de la revolución socialista. Como ya ha sido señalado
en un capítulo anterior, esta visión difería de aquella que Víctor Haya de
la Torre había desarrollado en E l antiimperialismo y elApra. Finalmente, en
Aniversario y balance, Mariátegui va a sostener que si bien el socialismo no
es una doctrina americana al igual que el capitalismo, ya es un movimiento
global (1972: 248). Sin embargo: “El socialismo, en fin, está en la tradi­
ción americana. La más avanzada organización comunista primitiva, que
registra la historia, es la incaica” (ibídem: 249), insistirá Mariátegui, antes
de concluir con aquella célebre frase de que el socialismo en América no
puede ser calco ni copia, sino creación heroica.
Sin embargo, como afirma el ensayista peruano Flores Galindo en su
libro La agonía de M ariátegui (1980: 51): “Nada de esto fue valorado con
entusiasmo por la Internacional: les desagradó ese hincapié en la autono­
mía pero sobre todo la defensa de los campesinos y la proclamación resuel­
la del socialismo, todo lo cual, a cualquier conocedor de la historia bol­
chevique le evocaba esa vieja polémica entre Lenin y los populistas” (48).
El defensor de la comunidad tenía que ubicarse próximo a Vera Zasúlich o
I Icrzen, y en una perspectiva diferente y quizá antagónica con la que se ex­
pone en E l desarrollo del capitalismo en Rusia, libro que Mariátegui no llegó
a conocer. Por entonces —en 1929- se ignoraban los escritos de Marx sobre
el llamado “modo de producción asiático” (inéditos hasta 1939) y también
la correspondencia entre éste y Vera Zasúlich, donde se había planteado, en
1881, la cuestión de si el socialismo -exigía o no una previa etapa capitalista
(49). Ciertamente, las posiciones de Mariátegui bien podrían asociarse a las
i\c Vera Zasúlich, a quien Marx a respondió en una célebre carta de 1881.
Otra fase se abrirá en los años 70, cuando América Latina viva un remrno a posiciones campesinistas. En su libro Mariátegui y bs orígenes del

294

D ebates

latinoamericanos

marxismo latinoamericano, de 1978, Aricó volvió a colocar en el centro de
la lectura de Mariátegui sobre Marx, lo que además le permitirá revalorar
al “populismo” mariateguiano y establecer algunos paralelos con la intelec­
tualidad rusa del siglo pasado, remitiendo a los estudios de Franco Venturi.
El caso es que para Aricó la condena del populismo no sólo implicará una
negación de todo movimiento ideológico revolucionario “que no estuviera
conducido directamente por los comunistas”, sino que ponía de relieve la
brecha entre movimiento revolucionario marxista y movimientos sociales la­
tinoamericanos (Aricó, 1978: XXXVIII-XXXIX). Esto habría acarreado tres
consecuencias mayores: la primera, la exclusión de toda búsqueda original
basada en el estudio de la realidad social del país y no a partir de doctrinas
sectarias; la segunda, el desprecio de la potencialidad revolucionaria del “de­
gradado mundo rural”, asociado al atraso; la tercera, frente al mundo rural,
carente de potencial histórico, los comunistas debían luchar por la destruc­
ción política e ideológica de todas aquellas formas intelectuales vinculadas
al regionalismo, el indigenismo y el campesinismo (ibídem). Así, el ataque
contra Mariátegui y la acusación de “populista” “lleva una carga infamante
y cumple una función política precisa: la de clausurar una temática subya­
cente en las elaboraciones estratégicas y tácticas de los partidos comunistas
de los países no-europeos en los años 2 0 , temáticas que los vinculaba con las
indagaciones marxianas de los años 80, cuando al reflexionar sobre el caso
concreto de Rusia, Marx entrevió la posibilidad de que ese país, en virtud
precisamente de su atraso y de la presencia aún poderosa de ana institución
fenecida mucho tiempo antes en Europa occidental, la comuna rural, pu­
diera eludir el capitalisno y pasar directamente a formas socialista de vida y
producción” (ibídem: >L).
En suma, el rescate de Mariátegui apuntó a la revalorización de un;i
perspectiva en la cual populismo y campesinismo/neoindigenismo se vin
culan entre sí e ilumimn con una nueva luz la hipótesis revolucionaria, en
el marco del marxisme latinoamericano, a partir de la posibilidad de un.i
vía autónoma en aquélos pueblos no europeos, en una rdación siemprr
conflictiva entre los diversos modos de producción y los tiempos históricos.
Sin embargo, lo esencial es que estos pueblos no europeos tendrían otras
herramientas para realisar su propia utopía o revolución histórica.
Curiosamente, el nismo año en el que Aricó publicaba en México su
libro-compilación so b e Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoa

M aristella S vampa

295

mericano, Héctor Díaz Polanco, quien años más tarde se convertiría en un
referente del paradigma de la autonomía indígena, publicaba un artículo
crítico sobre el populismo campesinista/indigenista. Ciertamente, en un
largo artículo titulado “Indigenismo, populismo y marxismo” (1978), el
antropólogo mexicano discutirá acerca de las relaciones de tensión y dife­
rencia entre estos tres polos. El artículo desarrollará una crítica marxista/leninista al populismo presente en cierta perspectiva indigenista/campesinista. Aun si reconocía que el populismo es un pensamiento crítico en relación
al capitalismo, Díaz Polanco, en sintonía con el leninismo, lo consideraba
como una crítica romántica y pequeño burguesa. El punto es importante
porque en realidad Díaz Polanco estaba discutiendo con la actualización
de las corrientes populistas en México, lo cual encontraba ilustración en
el campo intelectual a través del nuevo indigenismo (indianismo) y de la
antropología crítica. En fin, para Díaz Polanco estas lecturas culturalistas
presentaban dos problemas: por un lado, la idealización de la comunidad,
a partir de la cual invertía el etnocentrismo, planteando la superioridad de
la sociedad indígena. Por otro lado, consideraba que sus defensores creían
poder realizar ese milagro al interior de la sociedad capitalista.
Hacia los 90 surgirán otros enfoques que, retomando la perspectiva del
“Marx tardío”, buscaron articular la relación entre indianismo y marxismo.
En esa línea reflexionó el sociólogo boliviano Alvaro García Linera, quien
apuntó a criticar la visión del “marxismo primitivo” (García Linera, 2007:
149) u ortodoxo en relación al mundo agrario, retomando precisamente
los textos de Marx sobre la comuna rural rusa. En esa línea, apoyándose en
las reflexiones del marxismo crítico, García Linera subrayó la importancia
de una concepción multilineal de la historia en la obra tardía de Marx. En
la introducción al Cuaderno Kovalevsky, García Linera afirmaba que, en
conjunto, Marx habría desplegado una visión compleja del desarrollo his­
tórico, muy diferente de los esquemas lineales -y racistas- presentados por
la Segunda Internacional, que luego fueron sistematizados por Stalin en su
texto Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y numerosos
manuales de divulgación de la ortodoxia comunista (García Linera, 2008
[1989]: 27). Tanto el trotskismo como el estalinismo en América Latina
habrían compartido esta visión lineal y gradualista canonizada por el es­
talinismo. Asimismo, García Linera señalaba que al analizar el caso de la
comunidad incaica, Marx había subrayado la existencia de otras posibles

29 6

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latinoamericanos

formas de producción. En suma, respecto de este tema, García Linera res­
cataría de Marx dos ideas centrales que tenían la virtud de interpelar a las
izquierdas bolivianas: por un lado, Marx había tomado nota del carácter
revolucionario de la comunidad campesina; por el otro, también habría
señalado la existencia de fuerzas externas e internas que empujaban a su
disolución (2008: 38).
Para cerrar este apartado, quisiera hacer mención de un enfoque que
de modo diferente explora las relaciones entre el populismo ruso y el po­
pulismo latinoamericano. Ciertamente, en una importante compilación
sobre el populismo publicada en 1994, el argentino Carlos Vilas sostuvo
que los populistas rusos no cuestionaban al capitalismo per se, ni tampoco
propugnaban la abolición de la propiedad privada, sino que consideraban
que, a diferencia de Europa, las particularidades del capitalismo en Rusia
-y por extensión, en los países atrasados- hacían de éste un fenómeno
trasplantado, artificial, ilegítimo y, por ende, inviable. El capitalismo ruso,
tempranamente monopolístico, devenía entonces un mecanismo de enri­
quecimiento para una minoría que operaba además como freno para un
desarrollo general de la economía, que no contribuía a la ampliación del
mercado y terminaba generando más miseria. En razón de ello, la propucx
ta de los populistas rusos sería entonces la de “una industrialización no
capitalista bajo los auspicios del Estado” (Vilas, 1994: 31), la cual podría
realizarse a través de dos vías, a saber, por un lado, la estatización de la
gran propiedad y la producción a gran escala y, por el otro, la ampliación
y protección de la pequeña propiedad campesina y artesanal. En esta linca
de interpretación, según Vilas, se podrían tender numerosos lazos con la*
experiencias populistas de mediados del siglo X X en America Latina; en
tre ellos, la idea de que el populismo ingresa a las sociedades periférica*
en su fase monopolista y de concentración industrial-financiera;de allí la
desconfianza en la gran propiedad, la consideración de que el consumo r*
una forma de realización del excedente y que, por ende, se puede combina!
acumulación y distribución, la importancia de la hipótesis conspirativa (lo*
enemigos del proyecto son externos), y la necesidad o el énfasis ea el papel
activo del Estado (op. :it.: 36-37).

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297

E l debate en clave nacional-popular
El doble carácter de lo nacional-popular
Hacia los años 70, a los análisis sobre las condiciones socioeconómicas y las
formas posibles de expresión política, se añadió otro modelo de interpre­
tación, que partía de constatar que ninguna de las teorías existentes sobre
el populismo reconocía de modo específico la existencia de un sujeto cons­
tituido en la experiencia nacional-popular. Ciertamente, tanto la hipótesis
de la manipulación de las masas como el recurso a la demagogia por par­
te del líder eludían o evacuaban esta dimensión constitutiva (Valenzuela,
1991). Asimismo, esta lectura buscaba independizar el análisis del llamado
“momento populista”, para hacerlo más extensivo nutriéndose de la pers­
pectiva gramsciana sobre lo nacional-popular y sus esbozos sobre los proce­
sos de construcción de una voluntad nacional colectiva contrahegemónica.
Ciertamente, en el libro La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en
América Latina, José Aricó (1988) recordaba que la difusión de las ideas
del autor italiano en el subcontinente se había realizado a caballo de dos
momentos históricos diferentes: entre 1960 y 1970, marcado por la ilusión
de Cuba y el desplazamiento hacia las dictaduras, y en 1980, década ca­
racterizada por la descomposición de los regímenes autoritarios. Quedaba
claro que una clave fundamental era la irreductibilidad de Gramsci a la
matriz leninista-vanguardista. Este rescate de Gramsci abría la posibilidad
ilc articular una nueva lectura, de la mano de otros conceptos, entre ellos,
el de “hegemonía”, lo “nacional-popular”, “revolución pasiva” y “Estado
ampliado”. La posibilidad de leer estos conceptos en el espejo de la realidad
latinoamericana remitía al hecho de que la sociedad sobre la cual había
reflexionado Gramsci (la Italia de entreguerras) era sin duda más cercana a
América Latina que a otras sociedades europeas.
Ahora bien, ¿qué se entiende por lo nacional-popular y cómo pensarlo
rn clave latinoamericana? En un artículo sobre “Gramsci en clave latinoa­
mericana”, Juan Carlos Portantiero (1991) reflexionaba sobre la categoría
tic lo nacional-popular, concepto que se encuentra en las Notas sobre M atfuiavelo, y alude a las tradiciones populares (en especial, a la literatura) y al
proceso de construcción de una voluntad colectiva. Portantiero afirmaba
c|iic Gramsci no tenía una visión “populista” del pueblo, no veía a éste

298

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latinoamericanos

como el reino de lo puro e incontaminado; antes bien, consideraba que
en él coexistían de modo contradictorio tradiciones conservadoras, que
reflejaban condiciones de vida pasada, y estratos de innovación, creadores
y progresistas. “Lo que Gramsci va a proponer, como proceso de construí
ción de la Voluntad colectiva nacional-popular es la necesidad de ese nexo
entre una cultura moderna, laica y científica y los núcleos de ‘buen sentido’
en la contradictoria cultura popular. […] Las reflexiones sobre la hegemo
nía no hacen más que coronar su discurso sobre lo nacional-popular como
categoría fundante de la posibilidad de un cambio histórico” (Portantiero,
1991: 152-157). De ahí que la cuestión central para Gramsci pasaba por Li
relación entre intelectuales y pueblo, a través de la llamada “reforma monil
e intelectual”, así como la idea de que no siempre las clases subalternas pin­
dén superar el horizonte corporativo económico, convirtiéndose en gm
pos contrahegemónicos, agrupando a su alrededor una voluntad colectiva
nacional-popular. Ahora bien, para Gramsci, esa construcción colectiva
suponía como alternativa una articulación entre democracia y socialismo
Sin embargo, a la luz de la historia política latinoamericana, reflexionaba
Portantiero, lo que aparece ligado a la categoría de lo nacional-popular no
es precisamente la alternativa del socialismo (la relación entre lo nacional
popular y el socialismo ha sido más bien accidentada), sino la alterna! iva
del populismo. En razón de ello, Portantiero proponía reflexionar en h.m
a los populismos existentes, detrás de los cuales percibía la articulación
una visión antropomórfica del Estado (el caudillismo paternalista) como
tema central de la acción política.
En una línea similar, enfatizando el doble carácter de lo nacional
popular, se encuentran también los trabajos del boliviano René Zavalria.
quien sostenía que er. su herencia cada pueblo contiene y lleva en sí mismo
tendencias contradiciorias. Así, en la tradición mexicana estaría la rebelión
democrática, pero también el recuerdo de la servidumbre. Lo mismo sin •
de en la tradición alemana, en cuya cultura encontramos a la vez el semillo
de la organización política y el antisemitismo. Es poi esta razón que r*.
necesario operar la reforma intelectual y moral, esto es, operar un resi.m
una selección, pues ii el proletariado ni el pueblo en general son poii.i
dores inherentes de xn programa progresista. La masa puede constituid»
también en torno a iiterpelaciones reaccionarias; puede desagregarse, pin
de que nunca se constituya como sujeto popular autodeterminado. No pin

M aristella S vampa ———————————————————— 299

casualidad Zavaleta partía también de la constatación de las sociedades la­
tinoamericanas como sociedades desarticuladas, y en especial, la boliviana,
como una sociedad abigarrada en la cual se superponen jerárquicamente
diferentes temporalidades y formas de organización social, política y cultu­
ral. De hecho, los conceptos de “multitud” y “masa” son más amplios que
los de “clase” y “proletariado” y se revelan como necesarios para entender
la estructuración de lo nacional-popular. En fin, el objetivo —que Zavaleta
propone aplicar al estudio de los sucesos políticos bolivianos, muy espe­
cialmente de la revolución de 1952 y la constitución del “poder dual”- era
el de analizar la estructura de lo nacional-popular en Bolivia, en el sentido
ilc la autodeterminación y la libertad.20
En suma, en esta línea de interpretación lo que se problematiza es
la posibilidad de construcción del sujeto popular como bloque de poder
iimtrahegemónico, esto es, opuesto al principio general de dominación,
lín razón de ello, como ya ha sido dicho, los populismos traen a la palestra,
larde o temprano, una perturbadora e incisiva pregunta; en realidad, la
pregunta fundamental de la política: ¿Qué tipo de hegemonía se está construyendo? ¿Se trata de una hegemonía popular-democrática o más bien
ilc tipo popular-organicista o regional-estatal? Esto es lo que, a mi juicio,
constituye la clave nacional-popular.

Populismo, política y hegemonía
Ln esta línea, una de las lecturas más reconocidas dentro del mundo acadé­
mico es la del argentino Ernesto Laclau, quien propuso una interpretación
más amplia y general del populismo, asociando a éste con la construcción
ilc un proyecto hegemónico popular-democrático. Desde sus orígenes, Lai lau desarrollaría una teoría del antagonismo no clasista, basado en la idea
ilc que el populismo es una determinada forma de articulación.
Conviene, sin embargo, señalar, junto con varios autores -entre
rllos, Retamozo (2006) y Aboy Caries (2006, 2 010)-, que la obra de
I .aclau sobre el populismo conoce diferentes etapas: una primera, en los
artos 60 y 70, que es su etapa althusseriana, cuando para escapar del reiluccionismo economicista Laclau se preguntaba sobre los vínculos pro­
blemáticos entre clase y populismo. Para ello, distinguía entre la lucha de

300

D ebates

latinoamericanos

clases, la cual tendría lugar en el nivel de las relaciones de producción, y
la lucha popular-democrática, que existiría en el nivel de las relaciones
político-ideológicas, y podían ser articuladas en uno o varios discursos
de clase. El populismo es una forma determinada de articulación de las
interpelaciones popular-democrática. Dicho de otro modo, el discurso
populista tendría el mérito de constituir al “pueblo” bajo la forma de
“interpelaciones democrático-populares” . Pero habría diferentes tipos de
populismo: populismos de clases dominantes (fascismo, peronismo) y
populismos de clases dominadas (socialismo). En lo que respecta a esta
primera época, Laclau señalaba una continuidad posible entre populis­
mo y socialismo, así como abría la posibilidad de pensar el populismo
como fascismo.
Una segunda etapa se abre con el libro escrito juntamente con Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista (1987), donde los autores
profundizan la diferencia entre luchas populares y luchas democráticas,
desde una perspectiva posmarxista y posestructuralista. Sin embargo, en
esa época el objetivo de Laclau no eran los populismos sino los nuevos
movimientos sociales, entendidos estos últimos como una nueva tentativa
de formación contrahegemónica. Desde el nuevo paradigma teórico, no
habría identidades preconstituidas, tampoco un sujeto político privilegia­
do; todos los actores tienen que luchar dentro de sus propias esferas en un
espacio político plural, y van construyendo su identidad colectiva, a través
de la articulación de significados.
Finalmente, una tercera etapa se consolida con el libro La razón po­
pulista (2005), la cuai se inserta -com o se verá más adelante- en los de­
bates actuales sobre e] tema. Ahí Laclau vuelve a centrar su interés en los
populismos, refinando aún más su concepción. La base del populismo es
la división que ordena el espacio de lo social en dos campos antagónicos:
pueblo y bloque en e.1poder. Esto es lo que Laclau denomina “la ruptura
populista”, que articularía tres dimensiones: la equivalencia de demandas
insatisfechas, la cristaización de todas en ellas entorno a ciertos símbolos
comunes, la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de
identificación popular. La conformación de un sujeto popular no se ex
plicaría por un acto de sumatoria entre elementos preconstituidos, sino
como un proceso de articulación (cadena de equivalencias entre demanda»
subalternas) que reconfigura esos m ism os elementos.

M aristella S vampa ———————————————————— 301

En esta última obra, Laclau no sólo identifica al populismo como una
lógica inherente a lo político; hay, como señalan Gerardo Aboy Caries
(2014) y el uruguayo Francisco Panizza (2012), una suerte de deslizamien­
to de lo político entendido como hegemonía a lo político entendido sin
más como populismo.21

Entre la tentación hegemonista y el unanimismo
Los trabajos de los argentinos Emilio de ípola y Juan Carlos Portantiero
contribuyeron a problematizar la cuestión de la constitución del sujeto
popular desde una perspectiva gramsciana, que polemizará abiertamente
con la visión filopopulista de Laclau. En un conocido artículo publicado
en 1987,22 estos dos autores se abocaron a reflexionar sobre “lo nacionalpopular y los populismos realmente existentes”, desde un enfoque que
apuntaba a privilegiar un análisis de las clases sociales como sujetos de ac­
ción histórica, esto es, a dar cuenta (o no) del pasaje de una acción corpo­
rativa al proceso de descorporativización de las clases sociales. En términos
gramscianos, los autores afirmaban que el terreno de lo nacional-popular
es el sentido común, en el cual se alojarían tendencias contradictorias, esto
es, tanto hacia la ruptura como a la integración. De modo que lejos de ser
un sistema coherente que condensa la resistencia o la opresión, lo nacionalpopular sería, por ende, un “campo de lucha, donde coexisten todas las
concepciones del mundo y de la vida”.
El objetivo de los autores apuntaba a discernir el carácter de la ideolo­
gía y de los movimientos populistas efectivamente existentes. Ciertamente,
el populismo como ilustración de lo nacional-popular expresaría un doble
proceso: por un lado, la constitución del pueblo como sujeto político; por
el otro, la construcción de un orden estatal nuevo. Ahora bien, en el citado
artículo, De ípola y Portantiero (1994) planteaban la distinción entre lo
nacional-popular y lo nacional-estatal; más aún, analizaban el modo en
que en el pasaje de uno a otro se producía la captura de lo nacional-popular
por parte de los populismos. Dicha “captura” era sintetizada a través de los
siguientes pasos: en primer lugar, se operaría un desplazamiento de los ele­
mentos antagónicos presentes en las demandas populares, sólo contra una
expresión particularizada definiéndose la oposición (la hegemonía oligár-

302

D ebates

latinoamericanos

quica; el antipueblo); luego, se interferiría en esas demandas con la propia
matriz doctrinaria de la élite que conduciría el movimiento y, finalmente,
se recompondría el principio general de la dominación, fetichizando el
Estado (“popular” ahora) e implantando una concepción organicista de la
hegemonía.
Más allá de la innegable agudeza del análisis, el punto de partida de los
autores es que habría una concepción fuertemente organicista en los popu­
lismos realmente existentes, con lo cual el proceso de “captura” analizado
estaba lejos de constituir una “desviación”. Así, el problema principal sería
que el populismo constituye al pueblo sobre la base de premisas organicistas que lo reifican en el Estado y que niegan su despliegue pluralista, trans ­
formando en oposición frontal las diferencias, las cuales articulan el campo
popular a través de la división “amigo/enemigo”. Este proceso encuentr.i
su corolario en la mitologización del líder que personifica la comunidad
En términos concretos, el peronismo ilustraría a cabalidad dicho modelo
de constitución del sujeto político, así como su sometimiento al Estado
encarnado en el jefe carismático. En consecuencia, en lo que respecta .1
la crítica a Laclau, ésta se asienta en diferentes aspectos: por un lado, no
habría continuidad, sino ruptura, entre populismo y socialismo,23 poi el
otro, ningún populismo realmente existente sería antiestatal; así, lejos dr
tener un rol provisorio, el Estado tendría en el populismo un rol central
Claro que esto no significaba que el populismo no contengaelemento»
progresistas. En un texto anterior, De Ipola (1983) había realizado el análr.i»
(discursivo) de las articulaciones progresistas, insistiendo en la idea de qu< la
reivindicación de lo nacional-popular no es algo “episódico” o una diim 11
sión secundaria de la discursividad y la política del peronismo. Lejos esta.....
entonces de las lecturas germanianas acerca de la adhesión irracional de Im
masas al líder. No obstante, el reconocimiento de estos elementos positivo»
no pueden llevarnos a obturar algo constitutivo del fenómeno peróním.i. Iit
subordinación de lo nacional-popular a lo nacional-estatal y, por tan lo, -ti
principio general de dominación (De ípola, 1983: 163)-24
Asimismo, en otro texto, Portantiero subrayaría la tensión ennr It*
dos principios -e l popular y el estatal-, lo que aparecía asociado a la vis....
latinoamericanista que coloca el Estado en el centro y que, por las vías i|vl
caudillismo paternalista, corona la articulación de las masas y el fu a ili
con una visión antropomórfica de identificación con el líder. En toniia«M

M aristella S vampa

303

con esta perspectiva estatalista, la percepción de los socialistas europeos
sería societalista, la cual supone que “frente a un Estado cerrado a la parti­
cipación, la presencia de las masas en él sólo podría estar garantizada por
la irrupción, fuera ella molecular o violenta de la sociedad” (Portantiero,
1991: 156).
En otros términos, la centralidad de la matriz estatalista, generada des­
de arriba, coloca al líder como clave de bóveda de lo nacional-popular y
explicaría su carácter refractario a cualquier intento de construcción de un
sujeto popular autodeterminado. En otros textos, denominamos a este ras­
go constitutivo del populismo como “unanimismo” (Martuccelli y Svam­
pa, 1997). Con ello, nos referíamos a una concepción política que siempre
encuentra dificultades para conceptualizar el conflicto, e incluso para dejar
un espacio político a los otros partidos políticos. El unanimismo aspira, al
contrario, a imponer, sobre todo de manera simbólica dado sus limitacio­
nes prácticas, una concepción unitaria del cuerpo social cuya formulación
teórica mayor no se presenta nunca como una versión opuesta a la demoi tacia. Por otro lado, el unanimismo no rechaza la aritmética electoral y
el principio individualista sobre el cual ésta se asienta; por el contrario, en
oís versiones latinoamericanas el recurso a las urnas es el camino por el
i nal se afirma una representación “orgánica” de la sociedad. Por último, el
munimismo no se apoya exclusivamente sobre una concepción estamental
ilc la sociedad, a partir de la cual ésta sería entrevista como un conjunto
tic unidades jerarquizadas, donde lo superior incorpora a lo inferior; por
»l lontrario, si las jerarquías son respetadas, ellas lo son en el seno de una
nutriz igualitarista y, por momentos, plebeya. De abí también el sinnúmeiii de análisis centrados en torno del carácter híbrido de los movimientos
imi umal-populares, procesos de democratización articulados con princi|ilm antiliberales, que conjugan la ampliación de la base de la inclusión
un ul con la denegación del espacio de la deliberación política.25
En la Argentina de los 80, se profundizaría la pregunta sobre la relai luí i entre los populismos existentes y la democracia. Ciertamente, en un
i mui xto histórico que remitía al proceso de posdictadura, las lecturas no
lúln n forzaban la explicación de la elección racional de la clase obrera por
' I I" nmismo,26 sino que también buscaban indagar sobre la relación entl> pt tonismo y democracia. Así, uno de los interrogantes de Juan Carlos
lime era cómo combinar un movimiento de reforma política y social, co­

304

D ebates

latinoamericanos

mandado por un liderazgo plebiscitario, con la preservación de un espacio
pluralista y democrático. En una línea de reflexión histórica, Torre agre­
garía que el apoyo de masas que recibió Perón fue un fenómeno político
que violentó la conciencia de una generación de intelectuales para quienes
existía una continuidad entre el mundo del trabajo, el progreso social y
los valores democráticos (Torre, 1991). Ante un movimiento que ponía
en cuestión la consistencia de esa convicción, la reacción natural fue la de
buscar una interpretación-refugio. La noción de “desviación” cumpliría así
la función de poner a salvo las creencias amenazadas.
Preguntas de ese orden atraviesan también la lectura más reciente de
Gerardo Aboy Caries, quien analiza la emergencia y la consolidación de
una matriz populista en la Argentina, ilustrada tanto por el yrigoyenismo
como por el peronismo, caracterizada por una gran ambigüedad. Ambos
movimientos se habrían planteado una representación de la nación en su
totalidad, y adoptaron por ello la forma de una radical frontera, de una
ruptura, en relación al orden político y social previo. “Nación y ruptura,
para ser más precisos, referencia nacional estatales y referencias nacionalpopulares, tuvieron en el inicio una conflictiva convivencia que caracteri
zaría el devenir político argentino”. El hegemonismo estaría ligado así al
proceso mismo de constitución de las identidades políticas y la expansión
de la ciudadanía. Sin embargo, las lecturas predominantes habrían bus
cado subrayar uno u otro elemento. O bien éstas pretendieron ver en el
fenómeno populista un mero transformismo asentado en la capacidad dr
manipulación del líder y la referencia a la idea de Pueblo-Uno bajo la figu
ra de la “comunidad orgánica”, o bien tendieron a enfatizar la dimensión
revolucionaria de la ruptura (2001: 311-312). Ambos énfasis oscurecerían
la riqueza del concepto mismo de populismo. Sin embargo, lo que es cierto
es que ni el yrigoyenismo ni el peronismo se habrían concebido como pal
tes de un sistema político pluralista. Según Aboy Carlés, la supervivencia
de estas concepciones hegemonistas y la pugna que se establecía por la
apropiación de elementos comunes habría sido uno de los factores no me
ñores de la crónica inestabilidad política argentina (ibídem: 313).
En suma, estas reflexiones sobre los límites del populismo, sobre el tío
ble carácter de lo nacional-popular y su articulación con la hipótesis popu
lista; más aún, sobre la inherente tentación hegemonista o unanimista que
recorre a los populismos realmente existentes, atravesaron las preocupa

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dones de un sector de las izquierdas latinoamericanas, muy especialmente
entre los años 80 y 90, que buscaban no sólo avanzar en la posibilidad de
construcción de un sujeto popular autónomo, sino también realizar una
lectura de la política en el espejo de la democracia. Esta concepción unaniinista, y sus efectos sobre la vida política y el futuro de la democracia, sería
así uno de los temas centrales de los estudios políticos realizados las últimas
décadas. D e múltiples maneras, y desde diversas perspectivas, se trataba
ile mostrar su permanencia y sus límites, así como sus transformaciones
sucesivas.
En el marco de la crisis del marxismo y de la crítica posestructuialista y el giro lingüístico, los 80 y los 90 fueron testigo también del
despliegue de numerosos estudios anclados en la perspectiva del análisis
del discurso. Ya el primer ensayo de Ernesto Laclau, si bien presentaba
una visión más general del fenómeno populista, tenía como eje las inter­
pelaciones discursivas (1978), aunque no necesariamente desligado de
la estructura social. Sin embargo, los trabajos posteriores realizados con
l ¡hantal Mouffe sobre los nuevos movimientos sociales (1986) plantea­
ban una ruptura respecto de la idea de un sujeto político preconstituido
desde lo social. Dos de las interpretaciones más influyentes sobre el pe­
ronismo desde el análisis del discurso fueron los trabajos de Emilio de
ípola (1982), ya mencionado, y el de Silvia Sigal y Elíseo Verón, Perón
0 muerte. Los fundam entos del discurso peronista (1986). En este último
icxto, los autores se proponían estudiar la producción discursiva27 aso1 iada a un campo de relaciones sociales, lo cual abarcaría desde el estudio
del discurso de Perón en sus diferentes etapas hasta el de la organización
guerrillera Montoneros. Desde una “teoría del observador” -n o desde el
.ictor- los autores analizaban el modo en que el peronismo había signilicado la aparición de un nuevo estilo político, novedad confirmada por
rl propio estilo discursivo de Perón, quien se habría reapropiado de ele­
mentos democráticos del discurso opositor insertándolos en un espacio
ilicotómico en el cual se destacaba la oposición entre la oligarquía “frau­
dulenta y explotadora” y el pueblo explotado y trabajador (Sigal y Verón,
1986). Pero a diferencia de Laclau, tanto el trabajo de De ípola como el
de Sigal y Verón señalaban los aspectos organicistas del discurso peronis­
ta y la intención del líder de presentarse como encarnación de la totali­
dad del cuerpo social. Esta concepción movimientista de la política y de

306

D ebates

latinoamericanos

la sociedad conllevaba el rechazo de una visión conflictiva de lo social a
la vez que se apoyaba en la constante afirmación de la oposición amigoenemigo, a fin de contrarrestar los supuestos peligros existentes y los
efectos de disociación producidos por este último en la esfera política.28

E l ingreso de la perspectiva plebeya
En las últimas décadas emergió un nuevo tipo de enfoque que propone
una mirada de la historia “desde abajo” y enfatiza la afirmación de lo plebe
yo como componente esencial de las formas de participación de lo popular
en el marco de los populismos. El análisis de estos elementos en la configu
ración de una identidad popular —que habían sido señalados por diferentes
historiadores latinoamericanos- va dar origen a lo que bien podría deno
minarse como una perspectiva plebeya, la cual encontró una clave de lectura
a partir de la utilización de conceptos del marxismo inglés, provenientes ib
la obra de E. P. Thompson y R. Williams.29
Esta dimensión de lo plebeyo nos remite nuevamente a la historia de
América Latina, a la época de las luchas políticas posindependentistas cu
la cual la democracia aparecía asociada con lo inorgánico y el desborde
plebeyo. En el siglo X X , las diferentes experiencias nacional-populares vol
vieron a instalar la figura de lo plebeyo en el centro de la escena política,
En ese sentido, el populismo aparecía marcado por la idea del “exceso”, cu
donde convergían, por un lado, la irrupción popular en el espacio público,
y por el otro, la tentación unanimista del líder, bajo la figura del “Pueblo
Uno” (Martuccelli y Svampa, 1997). Esta asociación entre lo plebeyo y
las formas de participación de lo popular recorrerá sin duda gran parle di
los países latinoamericanos, cristalizada en la imagen de la “invasión di
los pobres y excluidos, que bajan de los cerros, de la sierra, de las previo
cias, para “cercar” o “sitiar” el centro político y económico de las ciudad#!
(Saint-Upéry, 2009).
La perspectiva plebeya encuentra diferentes ilustraciones raciónale#,
entre las cuales, podemos mencionar los casos argentino y ecuatoriano
Para el caso de la Argentina, uno de los aportes más significativos es el o#«
tudio sobre el peronismo realizado por el historiador inglés Daniel |amM
quien en su ya clásico libro Resistencia e integración, publicado en 190(1,’”

M aristella S vampa

307

analizó el modo en que el peronismo forjó una identidad cultural que sig­
nificó una ruptura con otras culturas obreras del período. Una fórmula que
debió su éxito a la capacidad del peronismo de dotar de un sentimiento
de protagonismo social y político a las clases trabajadoras, al asociarlas a la
representación de una Argentina industrial. Pero, sobre todo, en esta fase el
peronismo permitió la expresión contradictoria de dos órdenes de realidad
en una sola conciencia de clase. Por un lado, la lealtad a un movimiento
que pregonaba la armonía de clases, la necesidad de subordinar los intere­
ses de los trabajadores a los de la nación y la importancia de obedecer con
disciplina a un estado paternalista y, por el otro, la aparición de formas de
resistencia obrera y la consolidación de una contracultura. Por último, la
i lase trabajadora demostró capacidad para defender sus intereses, al tiem­
po que desafió las formas establecidas de las jerarquías sociales y los sím­
bolos de la autoridad.
El núcleo de la interpretación de James subrayaba que los debates so­
bre la nueva y la vieja clase obrera y sobre la organización formal de la clase
obrera habían pasado por alto las formas concretas de la movilización y de
protesta social que tomaron los acontecimientos. Desde su perspectiva, el
movimiento también había vehiculado una cultura política contestataria,
ilc rechazo a todo lo que había existido antes en lo político, en lo social y en
lo económico, incluso establecía un sentimiento de “blasfemia” contra las
normas de la élite tradicional. En un artículo anterior, publicado en 1987,
en base a entrevistas, James analizaba lo sucedido en las históricas jorna­
das del 17 y 18 de octubre de 1945 y, en clave thompsoniana, desplegaba
una lectura que daba cuenta de una situación de desborde popular en los
diferentes centros urbanos en las marchas, una atmósfera carnavalesca, de
quebrantamiento de las normas tradicionales y ataque a diferentes institui iones, representativas. Este comportamiento festivo y carnavalesco, que
podía derivar en situaciones violentas, corresponde a lo que Thompson denomina como “contra-teatro”, esto es, el cuestionamiento de la autoridad
dmbólica. Estos ataques que ponían de manifiesto la desigual distribución
del poder cultural también ilustraban’acerca del modo en que las jerarquías
»oi inles se expresaban, espacialmente, a través de la relación asimétrica enin el centro y la periferia. Afirma James: “Los acontecimientos de octubre
violaron las convenciones vigentes: los suburbios invadieron el centro” (Ja­
lo. s. 1987: 124).

308

D ebates

latinoamericanos

Dichas conductas plebeyas mostraban una clara distancia con la ver­
sión canónica oficial sobre la marcha a Plaza de Mayo (imagen de armonía
social e individual, de la familia obrera) pero también con la “otra versión
oficial”, que ligaba el 17 de octubre a elementos lúmpenes. Cabe aclarar
que la explicación de James no pretendía reemplazar la lectura estructural
por una culturalista, pero sí intentaba iluminar otros aspectos de un fe­
nómeno tan complejo y ambivalente como el peronismo, mostrando ese
carácter herético que adoptaron dichas jornadas de octubre, y que revelaba
la contienda simbólica, a través del ataque a las instituciones consideradas
“legítimas”, a partir de las cuales los sectores subalternos buscaban el reco­
nocimiento de su valor y de su experiencia.
Asimismo, en una investigación ya citada que realizamos junto con
Danilo Martuccelli, publicada en 1997, retomamos el concepto de “es­
tructura del sentir” para aplicarlo al estudio de las transformaciones del pe­
ronismo.31 La presencia de un conjunto de procesos y de elementos opues­
tos nos permitía hablar, para el caso argentino, en términos de estructura
del sentir y de experiencia más que de ideología y de “clase”, es decir, de
representaciones elaboradas a partir de experiencias sociales primarias, ellas
mismas interpretadas a través de prácticas acumuladas y traducidas en ex­
periencias simbólicas. En dicho estudio nos preguntábamos también, and­
el auge de la política neoliberal bajo el menemismo, qué quedaba de la
doble realidad constitutiva de esa estructura del sentir cuando la ya tradi
cionalmente débil conciencia de clase se debilitaba aún más y cuando l.i
contracultura herética del peronismo parecía diluirse. En verdad, decíamos
en aquel tiempo, a lo que se asistía era a una progresiva erosión de los valo
res “obreristas” del peronismo y a una reducción del peronismo, de mana i
cada vez menos dinámica, a ciertas referencias al bienestar social pasado. Y
sin embargo, el doble debilitamiento no significaba la anulación sin más
del peronismo como marco primigenio de percepción de lo social. El pero
nismo continuaba siendo la matriz desde la cual todavía una parte impoi
tante de los sectores populares vivía la política, aunque ésta se redujera cada
vez más a la sola experiencia del olvido, del abandono, de la humillación,
Por último, en Ecuador, la perspectiva plebeya o desde abajo apara < ilustrada por el estudio de Maiguashca y North, quienes tomaron el guaní*
en la polémica Cueva-Quintero, para analizar -u n a vez m ás- los orígenes
y significados del velasquismo. En un largo artículo publicado en 1 9 9 1 ,1»

MARISTELLA SVAM PA---------------------------------------------------------------------------------------------

1(19

autores criticaban el enfoque de clases desarrollado tanto por Cueva como
Quintero; uno por su ambigüedad, el otro por su ahistoricidad, dado que
desde su perspectiva la sociedad ecuatoriana de 1930 no era una sociedad
de clases plenamente conformada. En razón de ello, proponían un análisis
sociorregional, en términos thompsonianos de “lucha de clases”, en donde
conceptos como el de “economía moral de la multitud” tomaban centralidad. Por otro lado, los autores coincidían con el análisis de Cueva sobre la
ausencia de un proletariado industrial, pero ponían el acento en los cam­
bios en la conformación de clase en la zona de la costa, donde se mezclaban
lo viejo y lo nuevo en la protesta popular, así como en la zona de la sierra,
donde se destacaban artesanos, pequeños comerciantes, campesinos (pre­
caristas, huasipungueros, etc.). Fue en esta situación de crisis generalizada
que Velasco apareció como la “fórmula de arbitraje”, afirmaban los autores
retomando la expresión de Cueva, tanto de los conservadores como de los
liberales, ambos partidos clientelares de los grupos dominantes que se uni­
ficaron en esta circunstancia. Velasco, quien ya era conocido como un gran
mediador, surgió en esta coyuntura de crisis, de dislocación social, con un
discurso llano que articulaba la idea de jerarquía con la demanda de dere­
chos de los sectores subalternos, sin cuestionar el sistema de dominación
o el orden tradicional. En esto Maiguashca y North retomaban a Cueva y
criticaban a Quintero, que no reconocía ni aceptaba la función “arbitral”
ile Velasco. No había nada que arbitrar: era una extensión del Partido Con­
servador y las estructuras clientelares de la Iglesia católica.
Estamos frente a un discurso que, al insistir en las obligaciones
de los ricos y los derechos de los pobres, se revela típico de la
transición, tal cual la caracteriza E. P. Thompson. No existe en el
pensamiento de Velasco la percepción de un sistema de domina­
ción, más allá de la voluntad individual. Debido a la fragmenta­
ción y movilidad social prevalecientes, tampoco los sectores po­
pulares hubieran podido percibir tal sistema. Para ellos el abuso,
la corrupción, la manipulación de precios, etc., eran cuestión de
individuos, cuando más de camarillas: “las argollas”. He aquí la
fundamental correspondencia entre el mensaje de Velasco y las
experiencias contradictorias por las cuales atravesaban todos los
sectores subalternos.12

310

D ebates

latinoamericanos

La tesis de ambos historiadores concluía con que el discurso y la política
de Velasco expresaban el agravio y la protesta en términos tradicionales,
y no en los de una sociedad de clases modernas. Pero por sobre todas las
cosas, este discurso estaba lejos de ser concebido como un esfuerzo de pura
manipulación o “falsa conciencia”, como denunciaban las lecturas vigentes
del velasquismo, sino como el tipo de conciencia propio de los artesanos.

E l debate sobre neoliberalism o y populismo
La década del 90 será testigo del regreso un tanto paradojal del concepto de
populismo. Del regreso, porque no pocos autores buscaron leer a través del
concepto de “neopopulismo” varios de los regímenes políticos que realizaron
el viraje al neoliberalismo bajo la época del Consenso de Washington. Muy
en particular esto sucedería con los gobiernos de Carlos Menem en la Ai
gentina (1989-1999), de Alberto Fujimori en el Perú (1990-2000), de Caí
los Pérez en Venezuela (1989-1993) y, de manera muy efímera, de Abdal.l
Bucaram en Ecuador (1995-1996) y de Fernando Collor de Mello en Brasil
(1990-1992). Paradójico, porque esta conversión al neoliberalismo se h;u la
sobre el fondo del desmantelamiento del llamado Estado nacional-populai v
la crisis de las identidades tradicionales.
Uno de los primeros autores que abrió la puerta a una reflexión en n i
minos de “regreso del populismo” fue el mexicano Sergio Zermeño, quien
en un difundido artículo publicado en 1989, titulado sugestivamente "lil
regreso del líder”, hablaba del doble desorden que atravesaba América I ali
na: el primero, producido por la salida del orden tradicional y el desarrollu
acelerado; el segundo, por “el muro de la estancación”. En ese tránsito .m
lerado al estancamiento se operaba una vuelta de la relación líder-m.i . n,
pero no en términos de populismo clásico (mediado por las instituí m
nes creadas desde el Estado), sino de una relación más directa, que ponU
de manifiesto la crisis de las identidades tradicionales y el ingreso .i .....
etapa caracterizada por la atomización, el individualismo, la anoiniu, 'I
desbordamiento espontáneo. Se operaría así para Zermeño una sm io il#
emergencia de lo popular sin sujeto popular, a saber, una masa iip.ilu a y
despolitizada, cuya contraparte sería un orden construido sobre la baxe iU
la manipulación de los líderes o de una burocracia altamente centrali/uilt

M aristella S vampa

311

Por otro lado, sin hablar directamente de neopopulismo, Guillermo
O ’Donnell acuñaría el concepto de “democracia delegativa” (1992) para
hacer referencia al problema tradicional de las democracias recién instala­
das. O ’Donnell argumentaba que los problemas de consolidación o institucionalización se habían visto agravados por las repercusiones de la crisis
económica sobre la integración social. La situación de crisis y emergencia
socioeconómica heredada, así como la debilidad de los actores sociales,
conducían al presidente a adoptar un estilo decisionista, que se arrogaba
la potestad absoluta, al tiempo que desconocía todo tipo de rendición de
cuentas o “accountability', sea horizontal como vertical. Todo apuntaba a
la preocupación política por la democracia liberal. Si bien el autor iniciaba
el artículo afirmando que buscaba describir un “nuevo animal”, esto es,
“un tipo de democracia existente todavía no teorizado” (O ’Donnell, 1997:
287), en otra parte vinculaba las democracias delegativas con la tradición
plebiscitaria, analizada en términos de “cesarismo, caudillismo, populismo
y otras por el estilo” (ibídem: 297). Al mismo tiempo, sostenía que éste
era un nuevo tipo peculiar de democracia, y aun si sus características se
superponían con elementos autoritarios, no dejaba de ser una poliarquía.
En esta misma línea, en la Argentina, los diez años de la presidencia
del peronista Carlos Menem tendieron a ser interpretados en términos de
neopopulismo y democracia delegativa. El término de neopopulismo bus­
caba explicar la convergencia entre un programa económico excluyente y
un determinado estilo político del liderazgo. Diferentes trabajos aportaron,
i on sus matices analíticos, a esta conceptualización.33 Más cercanamente, el
•irgentino Carlos Vilas (2004) subrayó el simplismo conceptual de aquellas
lecturas que buscaban transponer un concepto históricamente situado (el
populismo), vinculándolo con el neoliberalismo, a través de la hipótesis
ilrl neopopulismo. Para estas tesis provenientes sobre todo de las ciencias
políticas norteamericanos, el populismo sería una opción permanente en
l.i política latinoamericana y terminaría por ser reducido a nuevas formas
ili clientelismo o caudillismo. Desde su perspectiva, el populismo men­
uda menos a una forma de articulación política (o de constitución de
iilmtidades) que a una práctica política, un régimen, asociado a una etapa
particular del capitalismo periférico.
Por su parte, en Ecuador, a casi veinte años del debate con Cueva
11'>‘)8), Rodolfo Quintero volvería a afirmar que frente a la heteroge­

312

D ebates

latinoamericanos

neidad del populismo y la tendencia a etiquetar fenómenos tan dispares
en relación al populismo histórico, como los gobiernos de Menem en la
Argentina o Fujimori en Perú, debía prescindirse del uso del concepto.
En esta línea, a partir de un encuentro académico realizado en Quito,
se publicará el libro E l fan tasm a del populism o (1998), compilado por
Felipe Burbano de Lara, cuyo interés era el de reflexionar sobre el estatus
teórico del concepto de populismo, indagar en su “escasa cientificidad ’
y el “estigma” del cual era portador, a partir de su asimilación al “regreso
del líder”, “sin frenos institucionales ni constitucionales en la generali­
dad de los casos, porque cuenta con un apoyo incondicional de algunos
sectores que lo siguen y que él logra controlar por distintas vías a partir
del momento que llega al poder” (citado en Rodríguez y Pinto, 1999). I I
libro buscaba romper “con el simplismo de quienes consideran que por
el empleo recurrente de la retórica y por la movilización animada por la
apelación a lo popular, el fenómeno de los liderazgos emergentes debe
ser conceptuado como populista o neopopulistas” (Rodríguez y Pinto,
ibídem: 4 1 0 ).34
La apelación al concepto, estableciendo continuidades y rupturas entre
el viejo y el nuevo populismo, así como la recurrencia a la estigmatización
—pues quienes utilizaban el concepto de “neopopulismo” lo hacían en un
sentido crítico y descalificante- daban cuenta de un peligro mayor: el de l.i
caída en el nominalismo o el vaciamiento de un concepto de por sí amplio
e impreciso, pero rico en sus inflexiones analíticas. Así lo hizo saber en un
interesante artículo el sociólogo argentino Aníbal Viguera (1993), quien
con mucho tino criticó dichos usos y abusos, por lo cual propuso recupe
rar la capacidad heurística del concepto distinguiendo dos dimensiones (Ir
análisis: una, la que define al populismo como un “estilo político”; oiu,
la que lo asocia a un “modelo de acumulación”. Teniendo en cuenta esm*
dos niveles diferentes, claramente, el neopopulismo se referiría a aquella»
definiciones que ponían el acento en el estilo político, sin vinculación .il
guna con un proyecto determinado. Según Viguera, la construcción de un
“tipo ideal”, que combinara las dos dimensiones de análisis identificadla
tendría el mérito de evitar las dificultades que la aplicación del ………….
“populismo” habría generado, proporcionando criterios de observación i
investigación. Desde esta perspectiva, bien podría decirse que, a difcivin l.i
del momento clásico, los neopopulismos de los 90 eran populismos i|in

M aristella S vampa

313

solo articulaban una dimensión, a saber, estilo político y liderazgo; desliga­
do del modo de acumulación.

* * *

Lejos de ser un fantasma o un espectro que recorre la historia latinoa­
mericana, el populismo es más bien una presencia viva y multiforme, un
fenómeno político complejo y ambivalente, cuyos corsi e ricorsi, sus in­
terpretaciones, variantes y valoraciones atraviesan los diferentes territorios
discursivos; desde la sociología, la historia, la filosofía política, hasta la eco­
nomía, la antropología y las ciencias políticas. Su poder de interpelación
es tal que nos obliga a interrogarnos y debatir una y otra vez acerca de los
acuerdos político-sociales fundamentales de nuestras sociedades, sobre las
formas de entender la democracia realmente existente, sobre la persistencia
de los liderazgos carismáticos; en fin, sobre las variantes de ayer y de hoy
en los procesos de construcción de hegemonía.

Notas
1 Efectivamente, el pacto liberal-conservador dará luz a lo que el constitucionalista y
sociólogo Roberto Gargarella denominará como un “constitucionalismo de fusión”
(2014). En un libro fundamental que aborda críticamente el constitucionalismo latinoa­
mericano, Gargarella da cuenta de la existencia de tres tradiciones constitucionales y mo­
delos de república. El modelo liberal, que busca equilibrar el poder y se afirma en la neuiralidad moral del Estado; el modelo conservador, de la cruz y la espada, que es el
i onstitucionalismo que más arraigo tiene en América Latina; y ha venido de la mano de la
promesa de la estabilidad política. Por último, está el modelo republicano o radical, el que
i rece con las luchas independentistas y a la vez que las alimenta, basado en la idea de auli igobierno y tres rasgos mayores, el mayoritarismo político; la extensión del mayoritarisllio a la esfera de la moral y los derechos y el rechazo de la idea de un Estado neutral; un
l itado activista. Ejemplo del tercer modelo serían la efímera Constitución de Apatzingan
■1•1814, la prédica y los escritos del chileno Francisco Bilbao y el caudillo oriental Artigas,
ruirc otros. El siglo X IX es testigo de un constitucionalismo de fusión, que articuló el
p li to liberal-conservador, expulsando la tradición radical-republicana a los márgenes o la
periferia (Gargarella, 2014).
2 Como los y las lectores se imaginarán, existen numerosos textos y compilaciones
vibre populismo. La primera y fundamental fue la de Ionescu y Gellner, Populismo,

314

D ebates

latinoamericanos

1969 (Amorrortu, 1970). El libro de la inglesa Margaret Canovan, Populism (1981),
sentó una inflexión al cuestionar el uso mismo del concepto “populismo”. Hay varios
textos publicados en España que ingresaron a la discusión desde una lectura crítica-pe­
yorativa, entre ellos, el de Álvarez Junco, Populismo, cau dillaje y discurso dem agógico
(1986). Véase también la compilación de AA. W , Populism o posm oderno, Buenos Aires,
1996 (donde se encuentran artículos de Taguieff, entre otros). En la Argentina fueron
publicados dos excelentes compilaciones, la de Carlos Vilas, L a dem ocratización fu n d a
m en tal (1994), y la de Moira Mackinnon y Mario Petrone, Populism o y neopopulism o en
A m érica L atin a (1998). Detalladas revisiones de las principales interpretaciones sobre el
tema pueden encontrarse también en el libro del peruano Carlos Moscoso Perea, E lp o
pulism o en A m érica L atin a (1990, Madrid), y recientemente, en el del argentino A. 1.a
ría, en L a religión popu lista (2011). El retorno del populismo en los últimos años produ
jo nuevas publicaciones, entre ellas la de Flavia Freidenberg, autora de L a tentación
popu lista: una vía de acceso a l p od er en A m érica L atin a (Madrid, 2007) y la compilación
de Carlos De la Torre, E l retom o d el pueblo. Populism o y nuevas dem ocracias en América
L atin a (2008, Ecuador, Flacso). Haré referencia a otros textos en el desarrollo del prr
sente capítulo.
3 Desarrollaré las diferentes lecturas en torno a esta visión en la parte consagrada íi “I.i
clave nacional-popular”. He abordado el tema junto con D. Martuccelli (1992, 1997).
4 Hofstader, La age des reformes, 1965, citado en Martuccelli, 1995: 208.
5 Pessin analiza los elementos mínimos (los mitemas) de la ideología populista, caí .a
terizada como la búsqueda de un lazo entre líder y el pueblo. Para el autor, esos mitennm
serían esencialmente cuatro: el pueblo, el guía, el exilio y el ser, todos ellos atravesados |iul
dos ejes, la historia y la palabra.
6 En otro texto, coescrito con Martuccelli (1998), relacionábamos esta interpreta! íón
con el carácter trunco del populismo peruano y la centralidad que adquiría el rol del líilri
Decíamos: “Haya de la Torre, el ‘jefe máximo’, construyó su aura personal de acuerdo con
estas vicisitudes históricas. En él priman la exigencia moral del sacrificio y la valoración di I
sufrimiento como elemento de redención. Esto es sobre todo notorio en el discurso del .'’I
de mayo de. 1945 para sostener la candidatura de Bustamente y Rivero: el APRA « rl
partido de los ‘mártires’, de ‘ciudadanos ejemplares’ unidos por una ‘disciplina fraternal’
Avatar histórico que requiere de la presencia de un líder caracterizado por su rectitud mn
ral (‘guía’ y ‘maestro’) y por su eminencia intelectual, dos cualidades que le permito illl
asumir su papel de mediador entre el pueblo y el partido. El papel casi ‘mítico’ del V I*
máximo’, la sobrepresencia retórica de los temas de la ‘abnegación y del ‘sacrificio’ cllttf*
gen como una radicalización de lo propio del estilo populista, a saber la necesidad di
construir una identidad política bajo la amenaza de un tercero. En las experiencias popii
listas muchas veces este ‘enemigo’ fue más virtual que real, pero en el caso del APEA H|
proscripción no hizo sino acentuar este rasgo central”. Igualmente, para Vega Ccntrun mi
es el discurso del jefe y de sus seguidores sino el “efecto del discurso” sobre el pueblo li n|in
lo acogió bajo el esquema sociocognitivo del mito del agravio.
7Tema que será abordado más adelante, vinculado a la cuestión de la construa iím ib
la hegemonía.

M aristella S vampa

315

8 Retomo acá trabajos anteriores: Martuccelli y Svampa, 1997, y Svampa, 2005.
5 El caso con el cual ilustrará sus hipótesis es el de Brasil, país donde ninguno de los
grupos (clases medias, sector cafetero, sectores agrarios menos vinculados a la exportación)
detentaban con exclusividad el poder político. Esta situación de “vacío político” expresaría
entonces la incapacidad de que una clase social construya hegemonía, pues ninguno de los
sectores sociales participantes en el poder podía asegurar su legitimidad. En estas condicio­
nes aparecen las masas como única fuente posible de legitimidad. Esta circunstancia de
compromiso abrió a la posibilidad de que el Estado, como órgano político, pudiera colo­
carse por encima de los intereses inmediatos, por sobre el conjunto de la sociedad. Sin
embargo, la figura misma del pacto social dentro de los límites definidos por el orden so­
cial vigente oscurece las divisiones sociales y los intereses en conflicto al establecer la idea
de Pueblo o de Nación como una comunidad de intereses solidarios. Por último, cabe su­
brayar que los seguidores de Getulio Vargas o de J. Domingo Perón se identifican en el
plano político como getulistas o peronistas, pero no como clase social (vinculado al lugar
de trabajo o la condición laboral).
10 Por otro lado, existirían tres tipos de industrialización según la relación entre burgue­
sía y Estado: una industrialización liberal, basada en la conducción de sectores empresariales
privados; una industrialización nacional-populista, que expresa una alianza entre burguesía,
sectores medios y populares (sindicatos), vinculados al aparato de poder, que junto con el
sector agroexportador e importador compartirían —en diverso grado—la conducción del pro­
ceso; y por último, la industrialización orientada por un Estado desarrollista, donde la debi­
lidad del sector agroexportador sería compensada por un programa estatal que generaría un
sistema impositivo orientado a impulsar las inversiones en el sector industrial.
11 Agradezco los comentarios y las sugerencias de Pablo Ospina sobre el caso ecuatoriano.
12 Los verdaderos culpables de este retraso eran, sin embargo, otros: “Esa masa no es
culpable. En algún sentido es acusadora de los males de fondo. Pero los culpables son los
caudillos de la guerra civil que, para lograr el triunfo de sus apetitos y ambiciones, no tie­
nen escrúpulos en azuzar los resentimientos y las fuerzas primitivas de la miseria, aun sa­
biendo de antemano que con tales movimientos convulsivos no se avanza un solo paso en
el mejoramiento social e histórico”. No por casualidad el socialismo colocaba el acento en
la figura del resentimiento social (Ghioldi: 24-25, citado en Svampa, 1994).
13 J. M. Velasco Ibarra ejerció la primera magistratura en Ecuador en cinco oportuni­
dades por el voto popular, dos de las cuales se autoproclamaría como dictador. Así, gober­
nó en la crisis económica (1934-1935); un segundo período entre 1944-1947; uno terce­
to, en medio del “boom ” bananero (1952-1956); luego entre 1960-1961; y, por último,
poco antes del comienzo del “ boom petrolero (1968-1972).
14 Otro texto de Agustín Cueva que analizaría en profundidad la relación entre líder
y masas en la época del velasquismo es E l proceso d e dom inación política en E cuador (Quito,
Planeta, 1988). Una revisión más exhaustiva de las diferentes lecturas sobre el velasquismo
puede hallarse en De la Torre (1994). Lo que ofrecemos aquí es mucho más escueto y con
tiñes comparativos.
15 Por un lado, se destacan aquéllos estudios centrados en el análisis del proceso de
rrcamiento entre Estado y sindicatos en el período anterior a 1945: R. Gaudio y J. Pilo­

316

D ebates

latinoamericanos

ne en J. C. Torre (comp.). 1988; H. Del Campo, 1983; H. Matsushita, 1986. Por otro
lado, están aquéllos trabajos que han contrastado empíricamente las deficiencias de la
lectura germaniana acerca del origen migratorio de las bases sociales del peronismo: véase
el libro dirigido por M. Mora y Araujo, 1980.
16 “En resumen, y a pesar de su referencia a la Vía junker’, Cueva interpreta al velasquismo como un fenómeno nuevo: un populismo costeño, urbano y basado en las masas
‘marginales’ subproletarias. Para Quintero representa la consolidación definitiva, a través
del Partido Conservador, de la hegemonía política de la clase terrateniente tradicional de
la Sierra y está basado en las clases intermedias de la ciudad, los pueblos y la sociedad rural
ecuatoriana. Más aún, según Quintero, el contenido social y económico de la política de
Velasco fue una extensión de la política del Partido Conservador. Vale decir: el velasquismo
no tuvo carácter propio. Ésta es una discrepancia fundamental: Quintero lo vuelve una
expresión pura y llana de la hegemonía terrateniente conservadora serrana, mientras Cueva
le da entidad propia, como solución ‘de compromiso’, producto de la crisis de hegemonía.
En consecuencia, la aplastante victoria electoral de 1933 lo convirtió en un ‘partido nacio­
n a l, capaz de subordinar los intereses capitalistas de la Costa. Así, Quintero llega a la
conclusión de que el velasquismo fue el mecanismo a través del cual la ‘vía junker’ (defini­
da como el predominio de la clase terrateniente sobre la burguesía emergente) se estableció
en el Ecuador” (Juan Maiguashca y Liisa North, 1991: 92).
17Y continuaba: “La tesis de Germani y de Di Telia (de la cual la suya era una varian­
te) que interpretaba al populismo como una respuesta a la situación creada por la masiva
migración rural hacia las ciudades y la presencia de una ‘masa políticamente disponible’ de
marginales urbanos fue la base de interpretaciones estándares del velasquismo. Hoy esta
tesis ya no la reproduce la comunidad académica, porque la ciencia avanza, también en el
Ecuador, a pesar de las prepotencias” (Quintero, 2009: 32).
18 Pero además cuestionaba un tipo de enfoque, que en el rudo cruce verbal que tu
viera con Cueva denominó como propio de la “sociología especulativa y la sociología sub
jetiva” (2009: 100). Quintero buscaba rebatir la cientificidad de las hipótesis de Cueva y
en ello cuestionaba un modo de hacer y producir conocimiento —el ensayismo-. Cueva y
Quintero se trenzaron en un áspero debate en el III Encuentro de Historia y Realidad
Económica y Social del Ecuador, realizado en la Universidad de Cuenca, en noviembre di
1980. En la transcripción poco editada que publicó Quintero (al menos en lo que relien
a Cueva, no a su propia intervención), Cueva calificó de “empirista” el análisis de Quinte
ro. Decía así: “Lo que quiero decir con mucha firmeza es que esas hipótesis que deben n
ner muchos errores, deben tener muchas lagunas [se refiere a sus hipótesis], pero qm
frente a un empirismo como el que se está ahora esgrimiendo en contra de mis tesis, r»u*
tesis valen más epistemológicamente, valen más teóricamente, porque si se quiere dist mu
todo este fenómeno del caudillismo, todo este fenómeno de la crisis de hegemonía, burnn,
habrá que tomar otro esquema de interpretación de la realidad ecuatoriana que me gumu
ría, a propósito, saber en qué consiste, cuál es el fundamento, más allá de lo que yo vi «lt
tal parroquia donde ganó Velasco, los conservadores que apoyaron a Velasco, etc., colU
que, repito, son archisabidas, y que me asombra que algunas personas ahora lo prese un n
como novedad. ¿Es que no se está al tanto del debate histórico aquí habido? Entonce», tul)

M aristella S vampa

317

cuestiones importantes” (Quintero, 2009: 91-92). Así, Quintero estaba cargando contra el
ensayismo en las ciencias sociales, proclive a las grandes interpretaciones o generalizacio­
nes, pero sin suficiente (o con desprecio de la) base empírica.
13 En realidad, desde el principio Quintero cuestionó la utilización misma del con­
cepto de populismo. Al respecto, Pablo Ospina escribe: “Para Quintero, ‘populismo’ es la
definición de Lenin de populistas rusos. Usarlo de otra forma, recaía en la sociología sub­
jetiva. El contraste entre debates académicos argentinos y ecuatorianos tiene quizás un
desbalance en el sentido de que en Argentina muestra sus puntas académicas y políticas,
mientras en Ecuador sólo muestra su arista intelectual y casi personal. En Ecuador es un
debate al interior del marxismo y de posiciones que nunca ‘revalorizaron’ el velasquismo
desde una perspectiva de izquierdas. Siempre fue, sin lugar a dudas, para ambos autores,
un instrumento de las oligarquías dominantes (la izquierda ecuatoriana sólo tuvo un ro­
mance fugaz con el velasquismo en 1944 y entonces se rompió para siempre. No fue como
en el peronismo). Cueva y Quintero escriben sin ningún romanticismo o sin ningún mo­
vimiento popular articulado al velasquismo, algo que Portantiero y Murmis sí contempla­
ban: un movimiento obrero peronista. Acentúan más entonces la manipulación y ‘falsa
conciencia’ que Portantiero y Murmis cuestionan en las aproximaciones funcionalistas.
Esto tiene un origen político” (comunicación personal con la autora).
20 Ya en esa línea, Zavaleta había avanzado su discrepancia con las lecturas que asimi­
laban populismo y bonapartismo, cuando afirmaba: “si la connotación básica del populis­
mo es la subsunción del dato clasista en lo popular como masa congregada, entonces es
una modalidad sin duda no incompatible con la lógica del bonapartismo”. No obstante la
relación de uno y otro con el Estado, hay un rasgo diferenciador de las experiencias popu­
listas más características, entre ellas, el zapatismo en México o el M IR en Bolivia en 1952:
aquí la masa se constituye al margen y aun en contra del Estado, se apodera de la iniciativa
y en muchos casos rebasa o desordena el marco estatal. Esto hace una diferencia importantr con el bonapartismo que, por su carácter, asigna la iniciativa en profundidad a la culmi­
nación concentrada del poder. “En el bonapartismo, las masas están a merced del poder;
rn el populismo el poder está a merced de las masas” (2006: 44).
21 Volveré más adelante sobre el tema, a la hora de dar cuenta de los debates actuales.
22 Reeditado en la compilación de Vilas, 1994.
23 Lo que efectivamente fue reconocido posteriormente por Laclau, quien en sus
obras posteriores no insistiría en el tema.
24 El libro de De ípola consagra dos artículos al estudio del fenómeno populista en
términos de la clave nacional-popular. En el primer capítulo (“Populismo e Ideología I”), De
[pola critica la primera obra de Laclau sobre el tema, y señala la ausencia de algunos elemen­
tos teóricos e históricos, entre ellos, “el desconocimiento y la distancia existentes entre las
t ondiciones de producción directas y las condiciones de recepción de los discursos sociales”
( l l)H3: 119). Como señala Valenzuela (1991), De Ipola llamaba la atención sobre los com­
ponentes no discursivos del populismo, que no habían sido tomados en cuenta por Laclau.
Por otro lado, y citando un conocido texto de Juan Carlos Torre (1982), De ípola hacía reli trncia al proceso clave de desplazamiento de la conducción de la CGT, por parte de J. D.
I’ctón en 1946 (bajo la dirección de Luis Gay, tratábase de una central independiente y

318

D ebates

latinoamericanos

fundadora del Partido Laborista), y su reemplazo por una dirigencia sindical incondicional,
que implicó el fin de la autonomía del movimiento obrero y su “peronización”.
25 Si el totalitarismo es la alteridad acabada y opuesta de la democracia, el unanimismo es tan sólo su inverso complementario. De ahí que si el horizonte final de lo político
en América Latina ha sido siempre la democracia (todas las rupturas constitucionales han
sido entrevistas como “transiciones”, todas las rupturas han tendido a legitimarse siempre,
aunque sea plebiscitariamente, por las urnas), el unanimismo haya sido, constantemente,
su desafío más importante. La confusión mayor proviene del hecho de que mientras la
democracia se distingue y se opone al unanimismo, éste último pretende prolongar y en­
carnar la democracia. En el caso argentino, decíamos en el mismo texto, el unanimismo
informa sobre todo las concepciones movimientistas, tanto la concepción que de lo políti­
co tuvo la tradición de la Unión Cívica Radical como el peronismo. Ambas corrientes
políticas y sus dos expresiones históricas mayores, los “dos movimientos históricos”, com­
parten una concepción “rousseaunista” de la soberanía popular (Palermo, 1985: 102), si
bien es cierto que es sobre todo en el peronismo en el cual se agudiza una concepción del
ejercicio de la democracia como expresión de la “voluntad general”. En él, el líder aparece
como la sola figura posible de representación en la medida en que no permite ninguna
institucionalización autónoma y aboga por un vínculo directo, transitorio e intransferible
En su versión movimientista, el unanimismo es portador de una verdad fundamental, que
impide todo conflicto legítimo, y reduce al adversario al rol del enemigo, ya sea del “pur
blo” —como en el peronismo—, ya sea de la “democracia” —como en el radicalismo—.
26 La respuesta positiva de la clase obrera a la convocatoria de Perón, lejos de ser en
tonces un fenómeno de anomia o un síndrome clientelista, expresaba el resultado de una
elección racional, que opuso a las desventajas del orden social anterior las oportunidades
otorgadas por el nuevo régimen. Esta línea interpretativa, asentada sobre la elección raí io
nal y la oportunidad política, recorre varios de los trabajos de los sociólogos e historiadores
argentinos J. C. Torre (1990, 2012) y Ricardo Sidicaro (1998).
27 Los autores afirmaban que el análisis de los discursos sociales era el “único camino
para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados a la acción”. El semillo
no es objetivo ni subjetivo; es una relación compleja entre la producción y la recepción, en
el seno de intercambios discursivos.
28 El giro discursivo no es exclusivamente argentino. Así, para el caso de Eciiadm
como fuera reseñado por Carlos de la Torre (1993), a quien seguimos en este punto, el gllu
discursivo permitió una revisión de la profusa producción discursiva de Velasco |hurí a
Entre los tópicos del discurso, se destacan el reconocimiento de la existencia del problema
social, el antagonismo y el rechazo de la perspectiva comunista (el “socialismo boli le el
que”), la incorporación del indio, y el reconocimiento de los derechos de los mestizos, l■ I”
ello dentro de una concepción jerárquica de la sociedad (De la Torre, op. cit.).
29 Conceptos como el de “economía moral de la multitud” de E. P. Thompson, ilti
como el de “estructuras del sentimiento” de Raymond Williams alimentan esta perspa llva
plebeya. Según Marc Saint-Upéry (2008: 78), la expresión “perspectiva plebeya” apuiviM
en un artículo del politólogo y americanista británico James Dunkerley, que se apoya i l.i •it
las anticipaciones de René Zavaleta.

M aristella S vampa

319

30 La primera edición en inglés es de 1988.
31 Por dicho concepto, Williams (1980) se refiere a un tipo de sentimiento y de pen­
samiento efectivamente social y material, que se halla en una especie de fase embrionaria,
sin dar lugar jamás verdaderamente a formas plenamente articuladas y definidas; a saber,
una dimensión específicamente cualitativa y nunca enteramente incorporada en las formas
fijas e institucionales.
32 1991: 111.
33 Por ejemplo, en la Argentina, M. Mora y Araujo (1995) adujo que si el menemismo podía ser leído como una ruptura con respecto al proyecto autárquico y aislacionista
del peronismo, éste no era sino una continuidad del “tradicionalismo” político. Para Ricar­
do Sidicaro (1995), la continuidad-ruptura del menemismo se encontraría en la “anti-élite” que lo rodeaba, un grupo de individuos provenientes de una de las provincias menos
desarrolladas del país, o sea, en el fondo, la interpretación señalaba una suerte de desplaza­
miento del carácter “herético” de las masas peronistas hacia la “anti-élite” menemista. Para
J. C. Portantiero, la fórmula política del menemismo no sería así otra que la desarticula­
ción de la sociedad civil y la delegación de la autoridad en el liderazgo personal (1995). Por
último, para M . Novaro (1994, Pilotos de tormenta), los cambios derivados de la crisis de
representación daban cuenta de una particular modalidad de apropiación de las tradicio­
nes populista, conservadora y liberal-republicana, y por la incorporación a ellas de ciertas
novedades. En suma, estas interpretaciones presentaban un rasgo en común. La situación
argentina se caracterizaba por la articulación de principios heterogéneos, por lo menos
entre un liberalismo económico y un estilo político, que algunos denominaban como
“populista”. Realizamos una revisión de la bibliografía en Martucceli y Svampa, 1997.
34 Disponible en www.redalyc.org/pdf/122/12208310.pdf. Véase asimismo la reseña
de Quintero López (2009: 115-118).

Segunda Parte
Escenarios, debates contemporáneos
y categorías en disputa

Introducción
Han transcurrido más de quince años desde que América Latina, o, par­
ticularmente, algunos países latinoamericanas, marcaron un cambio de
época. Recordemos que a partir del año/zOOO^Jias luchas de los diferen­
tes movimientos sociales y organizaciones indígenas en contra del ajus­
te neoliberal, el cuestionamiento del Consenso de Washington, en fin, la
desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo, y la
posterior emergencia de diferentes gobiernos, caracterizados de modo ge­
nérico como progresistas, de izquierda o de centro-izquierda, insertaron al
subcontinente en un novedoso(escenario transicionaT^
Uno de los términos más empleados para caracterizar estos gobier­
nos ha sido el de “progresismo”, cuya significación es bastante amplia,
pues en su origen remite a la revolución francesa y hace referencia a aque­
llas corrientes ideológicas que abogaban por las libertades individuales y
el cambio social (el “progreso” leído como horizonte de cambio). Así, la
denominación genérica de progresismo abarcaría corrientes ideológicas
y perspectivas políticas diversas, desde aquellas de inspiración más instii ucíonalista, pasando por el desarrollismo más clásico, hasta experiencias
políticas más radicales: a saber, desde Chile, con Ricardo Lagos y MicheIle Bachelet; Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff; Uruguay, bajo
el Frente Amplio; la Argentina de los Kirchner; el Ecuador de Rafael
( iorrea; la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Chávez-Maduro,
entre otros. Avanzando un poco más, algunos autores hablaron de “giro
i 11 i/qniprrln” y “pncnpnlihpralismn” y, con el objeto de afinar los~d!ag>
nm fico.v p repusieron distinguir entre dos izquierdas, trazando una línea
iyisjjuáa-e ntre aquellos gobiernos más rad irab e p innnvarlnrpc (la tríada
Bolivia, Ecuadg^ HgVL a pi-r^pcr,c rr.ncfifnypp^cí y aquellos
^Mhtrmm-pj:ngresisfas considerados más co n serv ad o res (eUntartetO sud­

americano, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile).

324

D ebates

latinoamericanos

Sin embargo, este cambio de época, que fue acompañado por una im­
portante narrativa latinoamericanista, que supo producir una gran expec­
tativa respecto de la ampliación de los derechos y las formas de participa­
ción de lo popular (asambleas constituyentes y nuevas Constituciones en
países como Bolivia, Venezuela y Ecuador), encontró severas limitaciones
__y crecientes frentes de muflirlo. Por un lado, gracias al boom de los precios
internacionales de las materias primas, los diferentes gobiernos se encon­
traron ante una coyuntura económica sumamente favoraMe. por no decir
^excepcional, un nuevo ciclo basado en la exportación masiva de materias
primas, eFcual combinaba alta rentabilidad y ventajas económicas com­
parativas. Por otro lado, más allá de la retórica nacionalista en boga, en el
marco del nuevo ciclo económico, el retorno del Estado se fue instalando
en un espacio de geometría variable, donde uno de los elementos claves
sería la asodac.ión con los capitales privados j Tnflrinarinn^les, cuyo peso en
las economías nacionales, lejos de atenuarse, se iría acentuando a medida
que se expandían y multiplicaban las actividades primario-extractivas.
En este libro definimos la actual fase de acumulación que atraviesa
América Latina bajo el concepto de “Consenso de los commodities” (Svanv
‘pa, 2(111, 2013)” Esta caracterización parte del recoñocirníeruo’de que, .1
diferencia de los años 90, las economías latinoamericanas se vieron enor
memente favorecidas por los altos precios internacionales de los productos
primarios (commodities), lo cual aparecerá reflejado en las balanzas comci
dales basta 2011-2013, cuando se inicia el llamado final del superciclo di
los commodities. En este contexto, todos los gobiernos latinoamericanos,
más allá del signo ideológico, habilitaron el retorno de una visión pro
ductivista del desarrollo, y con ello apuntaron a negar o escamotear los
debates y las discusiones de fondo acerca de las implicancias (impacto»,
consecuencias, daños) en torno a los diferentes modelos de desarrollo, 1111
nimizando los derechos colectivos y ambientales de las poblaciones, los
cuestionamientos y las protestas socioterritoriales.
Así, con el correr de los años, el cambio de época fue configurando
un escenario conflictivo en el cual úna de las notas mayores parecer sel la
(re)articulación entre ^adición populista y paradigpaa-extractivista. ( iaii’
gorías críticas como la de “(neo)extractivismo”, “maídesarrollo , “nueva
dependencia”, “populismos del siglo X X I”, y otras, de tipo prepositivo,
como “autonomía”, “Estado plurinacional”, “Buen Vivir”, “bienes como

M aristella S vampa ———————————————————— 325
nes”, “derechos de la naturaleza”, “ética del cuidado” y “posextractivismo”,
atraviesan los debates intelectuales y políticos, así como las luchas sociales
de la época, planteando modos diversos -sino antagónicos- de pensar la
relación entre economía, sociedad, naturaleza y política.
Asimismo, estos debates y reposicionamientos respecto de la relación
entre extractivismo, retorno del populismo, emergencia de una nueva de­
pendencia, y boom de los commodities trajeron consigo una fractura al in­
terior del pensamiento crítico latinoamericano. Ciertamente, a diferencia
de los 90, cuando el continente aparecía reformateado de manera unidirecs
cional por el modelo npnlihpral( pI nupyn siglo viene signado por un con_JijatQ.de tensiones y contradicciones de difícil procesamiento. El p~ásaíe~dri
Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instaló diversas
problemáticas y paradojas que tendieron a reconfigurar el horizonte del
pensamiento crítico, enfrentándonos a nuevos desgarramientos teóricos y
políticos.
Para dar cuenta de estos escenarios en disputa, en los próximos cuatro
capítulos presentaré algunos de los debates latinoamericanos vinculados a
la actualización y reelaboración de los cuatro temas indagados en este libro,
T sa b e f el lugar de lo indígena, el desarrollo, la dependencia y el populismo?

-

Capítulo 1
Las vías del indianismo
Los derechos de los pueblos originarios a debate
I I nuevo protagonismo político de los pueblos indígenas se instala tanto
en el terreno de la memoria larga como en el de la memoria corta de las
luchas: en efecto, por un lado, la relegitimación de la matriz comunitaria
liene como telón de fondo el avance de las luchas y el reconocimiento
de los derechos colectivos, obtenidos en las últimas décadas. Por otro
lado, dicho proceso de expansión de la frontera de derechos tiene como
contracara la expansión de las fronteras del capital hacia los territorios
indígenas. Dicho antagonismo va suscitando respuestas diferentes, las
que, por encima de las tensiones existentes, colocan en el centro la temá­
tica de la autonomía y la defensa del derecho de consulta previa de los
pueblos indígenas.
En razón de ello, en este primer capítulo abordaré tres debates que hoy
recorren nuestro continente referidos a la cuestión indígena: 1) la proble­
mática de la autonomía; 2) la apuesta por la creación del Estado plurinai tonal; y 3) las disputas en torno del derecho de consulta previa. Mientras
los dos primeros constituyen una respuesta o propuesta “ofensiva” de los
pueblos indios —sea que hablemos de autonomía de hecho, sea que haga­
mos referencia a las propuestas constitucionales plurinacionales-, el tercer
debate, referido al incesante reclamo del derecho de consulta, se corres­
ponde a una respuesta más bien “defensiva” de los pueblos indígenas, en la
defensa de sus tierras y territorios, ante el avance de la frontera extractiva
tinocí ado a las nuevas formas de acumulación del capital.

328

D ebates

latinoamericanos

Debate 1: Autonomía indígena. Las vías del zapatismo
Autonomía: auto-nomos (darse) uno mismo sus leyes.
Precisión apenas necesaria después de lo que hemos dicho
sobre la heteronomía. Aparición de un eidos nuevo en
la historia del ser: un tipo de ser que se da a sí mismo,
reflexivamente, sus leyes de ser.
C. Castoriadis, Un mundo fragmentado,
Buenos Aires, Altamira, 1997.
De por sí es muy pequeña nuestra palabra de los zapa
tistas, pero su paso es muy grande y camina muy lejos y
se entra en muchos corazones. Estos corazones que nos
escucharon son de hombres, mujeres, niños y ancianos
que quieren un país democrático, libre y justo. Estos co
razones son los que nos ayudaron a llegar hasta el Zócalo
de La ciudad de México. Estos corazones quieren lo mis
mo que los zapatistas queremos y lo que todos queremos
Queremos un México que nos tome en cuenta como seres
humanos, que nos respete y reconozca nuestra dignidad.
Por eso queremos unir nuestra pequeña voz de zapatistas
a la voz grande de todos los que luchan por un México
nuevo. Llegamos hasta aquí para gritar, junto con todos,
los ya no, que nunca más un México sin nosotros, iso
queremos, un México donde todos tengamos un lugo
digno.
Comandante Ramona en el Zóc.ilu,
Ciudad de México, 12 de octubre de 1996,
Existe una enorme literatura y variados enfoques en América Latina sobii
la cuestión de la autonomía, sobre sus posibilidades y sus límites. La ene»
tión de la autonomía tuvo la virtud de abrir importantes debates polítii u»
respecto de los sujetos-agentes del cambio social, respecto de la cono p
ción del poder y de modelos organizacionales, respecto de los vínculos tic
las organizaciones y los movimientos sociales contestatarios con el Esimln
nacional, respecto de su posición en relación a los grandes actores transí ni

M aristella S vampa

329

cionales (empresas y agencias de cooperación, organismos multilaterales),
respecto de otras organizaciones (sociales, políticas, sindicales); en fin, res­
pecto de las escalas de la acción colectiva (local, regional, nacional, global).1
Algunos de estos registros son de corte más general, teórico y político;
otros abren a una discusión de orden más específico, de tipo organizacional. En términos generales, la autonomía hace referencia a una larga y nu­
trida discusión de carácter político sobre estrategias y horizontes políticos
emancipatorios; en términos específicos, la autonomía remite también a
una dimensión epocal, suerte de ethos militante que recorre los movimien­
tos sociales contemporáneos y forma parte de la nueva gramática política,
que abarca desde colectivos culturales urbanos hasta grandes estructuras
socioterritoriales.
Desde una perspectiva teórico-política, aunque la noción misma de
.uitonomía en relación a la clase obrera se encuentra en ciertos escritos
de Marx (véase Modonesi, 2010 y 2011), ésta aparece tematizada por los
filósofos Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, impulsores del grupo Soi ialismo o Barbarie en Francia, hacia los años 50; posteriormente, desde
tina perspectiva neomarxista, hace referencia a la experiencia autonomista
italiana (Potere Operaio) de los años 70, ilustrada por la reflexión del filósolo italiano Antonio Negri, e incluye en la actualidad un sector importante
de la filosofía crítica de ese país (Paolo Virno, Sandro Mezzadra, Maurizio
I azzarato, entre otros). Ciertamente, acordando con Modonesi (2011),
la autonomía no sólo remite a una cuestión organizativa y decisoria - “la
independencia de clase”—, sino también a un planteo estratégico acerca de
lo que se entiende por proyecto revolucionario. Castoriadis lo resume de
manera muy clara:
El proyecto revolucionario es el objetivo histórico de una socie­
dad que haya superado la alienación. Por alienación entiendo
un hecho sociohistórico (la heteronomía instituida), no un dato
metafísico. En otros términos, es el objetivo de una sociedad au­
tónoma, que no está subordinada a su pasado o a sus propias
creaciones. Digo bien, subordinada […] ¿Qué es una sociedad
autónoma? Al principio yo había dado un concepto de autono­
mía extendido a toda la sociedad, en el sentido de “gestión colec­
tiva”. Ahora me siento animado a darle un sentido más radical,

330

D ebates

latinoamericanos

que no es simplemente la gestión colectiva (la autogestión), sino
que es la autoinstitución permanente y explícita de la sociedad, es
decir, un estado donde la colectividad sabe que sus instituciones
son su propia creación y que devino capaz de verlas como tales, de
retomarlas, de transformarlas. Si aceptamos esta idea, ésta define
la unidad del proyecto revolucionario.2
Fueron sin duda los escritos más recientes de( A. Negriy en colaboración
con el filósofo norteamericano^M. Hardt. los que,luego de un período ca­
racterizado por la crisis de los lenguajes revolucionarios y la consolidación
del neoliberalismo como discurso único, recolocaron en la agenda global
el tema de la emancipación y la autonomía, con el exitoso y controvertido
librn Imperio (100?^ texto que propone una nueva lectura de la dinámica
de confrontación entre el capital globalizado y las luchas sociales emergen­
tes. En sintonía con escritos del filósofo francés G. Deleuze y del autonomismo obrero italiano de los 70, la obra propone pensar el poder revolu
cionario como contrapoder, bajo la figura de la dispersión, del rizoma, de
la descentralización, de la multitud, del éxodo; en fin, figuras del poder
popular más cercanas a la idea de la Comuna o del consejismo obrero (po
der constituyente) que a la del Estado centralista (poder constituido) que
conocieron las revoluciones triunfantes del siglo X X. Una de las virtudes
del libro es que potenciaba una narrativa específica capaz de acoplarse con
aquellas formas de snhjprivTrión política
en diferentes punios
del planeta que venían cuestionando no sólo la globalización neoliberal,^
jUino también la concepción, organizacional v revolucionaria, sostenida Pof
las izquierdas socialdemócratas yj .eninis.las. En consecuencia, este planteo
desafiaba abiertamente el pensamiento de izquierda más tradicional, an< l.t
. do en las visiones clásicas acerca del poder^y en los modos de construcción
de hegemonía.
Esta digresión nos permite introducir la idea de que la autonoml.i
es también un marco colectivo común que recorre diferentes formas dr
resistencia, desde las más pequeñas (colectivos culturales ligados a la en
municación alternativa, el cine documental, la educación popular, el arl«
político, entre otros), hasta pequeñas y grandes organizaciones sociales, dr
carácter urbano o rural, que reivindican como elementos centrales la hol'i
zontalidad y la democracia directa. Dicho de otro modo, ligado a esta mi

M aristella S vampa

331

rrativa autonómica asistimos a la emergencia de un nuevo ethos m ilitante
(Svampa, 2005, 2 0 10), que afirma como imperativo la desburocratización
y democratización de las organizaciones, se alimenta de una desconfian­
za radical respecto de las estructuras partidarias y sindicales, así como de
roda instancia articulatoria superior) En tanto talante epocal, la demanda
de autonomía ilustra una transformación importante en la dinámica de
construcción de las subjetividades políticas como resultado de los cambios
en la sociedad contemporánea de las últimas décadas, situación que gran
parte de la teoría social contemporánea ha conceptualizado en términos
de procesos de individualización. Por ello mismo hablamos de una narra­
tiva, pues ésta se construye como un relato identitario, de producción del
sujeto, en el cual cuenta más la experiencia personal de los actores antes
que una inscripción del sujeto en la comunidad, el pueblo o la clase social.
Cabe aclarar, además, como lo hace el historiador Martín Bergel (2009)
que los movim ientos antonómirn»; se nutren Hp una prdrfira antes que He
un discurso reorirq- afirman “el reconocimiento de la superioridad epis­
temológica y política del momento práctico, y el celo por la irreductible
^singularidad de cada experienria” .3 O , como subraya el analista George
Katsiaficas, se caracterizan por una suerte de “espontáneísimo consciente”,
que apunta a cambios en el poder y en las relaciones de la vida cotidiana;
esto es, lucha contra dos formas de opresión, el capitalismo y el patriarcado
(2011: 134-135).4
En este sentido, en América Latina, el llamado a la autonomía está
presente en dos de las principales matrices sociopolíticas que recorren las
luchas y los conflictos sociales: la matriz campesino-indígena comunitaria
y, de manera más específica, la matriz autonómica.5 Si la primera alude a
un proyecto político que postula la autonomía délos pueblos indígenas, la
segunda aparece como una demanda de múltiples organizaciones sociales
y colectivas, que apuestan a la creación de formas organizativas flexibles,
horizontales, generalmente vinculadas a la democracia por consenso.
Por otro lado, la autonomía como mito movilizador ha tenido tres
momentos sucesivos en América Latina, tres escenarios diferentes: en pri­
mer lugar, irrumpe innovadoramehte como demanda democrática con el
levantamiento neozapatista, en Chiapas, en 1994 ( momento fundacional) ,
el cual constituye además el primer movimiento contra la globalización
neoliberal;6 en segundo lugar, la autonomía tuvo su momento destituyente

332

D ebates

latinoamericanos

en las movilizaciones v levantamientos urbanos en la Argentina (ajxayé_s de
las asambleas- movimientos de desocupados, fábricas recuperadas, colectivos culturales), que cuestionaron ^1 neoliberalismo y rechazaron las formas
institucionales de la representación política (2002~-2003); en tercer lugar,
hacia 2006, el eje se trasladó a Bolivia. donde la demanda de autonomía
se asoció al proyecto de creación de un Estado plurinacional (momento
constituyente), en el marco del gobierno de Evo Morales. .
Efectivamente, el neozapatismo constituye el momento fundacional
del reclamo autonómico, en el marco de la globalización neoliberal. El
neozapatismo irrumpió en la escena política el I o de enero de 1994, sa­
cando de la invisibilidad a las comunidades indígenas de Chiapas, tra­
dicionalmente excluidas, mediante la insurgencia armada y un discurso
político radical que reclamaba al Estado mexicano democracia y autono­
mía.7 Ningún otro movimiento de insurgencia latinoamericano suscitaría
tanta solidaridad continental y global, ni tendría tanto impacto sobre la
subjetividad contestataria emergente. Pues si bien el alzamiento zapatista
venía acompañado de una poderosa interpelación específica (desde y ha­
cia los pueblos indígenas), ésta estaba lejos de declinarse en términos de
un neofundamentalismo étnico o de un repliegue identitario. La defensa
de una política concebida desde abajo, que apelaba a la autonomía y la
dignidad como consignas fundamentales y a la democracia por consenso,
colocaban al neozapatismo en sintonía con el ethos epocal emergente, que
entraría en la escena pública cinco años más tarde en Seattle (1999), movi
lización contra la Organización Mundial del Comercio (O M C ) que fijarl.i
el acta de nacimiento del movimiento contra la globalización neoliberal.
Al mismo tiempo, su concepción del poder -n i hegemonista ni estatalis
ta— acarrearía iinumerables debates al interior de las izquierdas, que sr
disputaban el campo contestatario.
El neozapa ismo posee así dimensiones que lo han hecho único, tanto
por su capacidad para tender “puentes interclasistas, intergeneracion.ili •.
e internacionales” (Ceceña, 2004) como por su persistencia y dinamismo
a lo largo de u r proceso conflictivo, desde 1994 hasta la actualidad, en el
cual se han ido alternando, de manera singular, la acción guerrillera y l.i
negociación, e l silencio y la palabra, la apertura hacia la sociedad civil y
el repliegue hacia las comunidades indígenas para la construcción de luí
propias institudones (Juntas de Buen Gobierno, los caracoles). TampoiU

M aristella S vampa

333

ha sido ajeno a este proceso de irradiación la palabra pregnante, por no
decir encantatoria, que provenía de Marcos^)su vocero principal, con su
modo particular de enlazar narratividad indígena y metáfora literaria en las
extensas comunicaciones escritas dirigidas a la opinión pública. Como sos­
tiene García Linera, el neozapatismo no inaugura la época de las rebeliones
indias del continente (las hubo antes en Guatemala, Bolivia y Ecuador),
pero su contribución estará ligada a la revaloración de la cultura indígena,
de la democracia comunitaria, de la discusión sobre los modos de eman­
cipación; en fin, a su capacidad de irradiación y diálogo con otros sectores
no-indígenas y subalternos de la sociedad (García Linera, 2004).
Respecto del debate sobre la autonomía zapatista, es posible establecer
dos momentos claramente diferenciados: el primero se refiere a la demanda
de reconocimiento de los derechos colectivos de los indios, a través de los
Acuerdos de San Andrés, realizados entre 1995 y 1996, entre el gobierno
federal mexicano y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional);
el segundo, a la decisión por parte del zapatismo de construir sus institu­
ciones, a través de las Juntas de Buen Gobierno (JBG ) y los municipios
autónomos. En cuanto a la primera etapa, referida a los Acuerdos de San
Andrés, éstos fueron recogidos por la llamada iniciativa de C O C O PA ,8
que lejos estaba de atentar contra la unidad nacional, pues reconocía los
derechos indígenas en el marco del estado mexicano; era apoyada por re­
presentantes de las principales organizaciones indígenas, agrupadas en el
( Congreso Nacional Indígena; y en los años anteriores había sido analizada
y discutida en numerosas comunidades indígenas del país.9
La iniciativa también garantizaba la participación de las mujeres en
condiciones de equidad. Sin embargo, como es conocido, la reforma cóns­
ul ucional realizada en 2001 aprobó una ley indígena que distorsionaba los
Acuerdos de San Andrés, razón por la cual el Ejército Zapatista de Liberat ión Nacional suspendió toda negociación con el gobierno federal.
Luego del fracaso institucional, de un período de retiro y de silencio,
i partir de 2003, el zapatismo entraría en una nueva fase, que iría en la
dirección de la construcción de sus propias instituciones, a través de las
|BGy de los municipios autónomos, a distancia del Estado, lo que abriría
un nuevo capítulo en el debate sobre las autonomías. La base de las mismas
«•rían los territorios controlados y los municipios autónomos. Asimismo,
11 conformación de las JB G respondía también a la necesidad de organizar

334

D ebates

latinoamericanos

y coordinar los apoyos externos.10 Las estructuras autónomas se proponen
generar sistemas alternativos de educación, salud, justicia, relaciones de
género; proyectos alternativos de agroecología, producción y comercializa­
ción; medios de comunicación, entre otros.
¿Hasta dónde ha podido consolidarse dicha autonomía, en términos
de autogobierno político y socioeconómico, sobre todo en un contexto de
cercamiento militar y ataque a las bases que, a partir de 2007, sufriría el
zapatismo? Las lecturas son diversas y dispares entre ellas. Según Héctor
Díaz Polanco (2006: 45), el proceso anunciado con la creación de las JBG
implicó un importante paso de lo local a lo regional al incorporar la nece­
sidad de una articulación y coordinación entre los municipios y las JBG ,
pues éstas no pueden concebirse como pequeñas unidades, desconectadas
entre sí, como un archipiélago.11 Según uno de sus críticos, la verdadera
fuerza del zapatismo no está en la autonomía (que no es posible, dada su
dependencia del mercado no agrícola y su condición de zona pobre y atra­
sada), sinola decisión asamblearia de los asuntos comunes en cada munici­
pio, en los cuales los administrativos y dirigentes son elegidos y revocados
democráticamente; y donde la participación de las mujeres y los jóvenes cu
la educación y en el cuidado de los ancianos va en el sentido de la democra
tización délas relaciones de género e intergeneracionales (Almeyra, 2008).
A más de diez años de iniciada la experiencia de autonomía de lu­
cho, los des aspectos mencionados arriba no constituyen un dato metioi
No hay que olvidar que el zapatismo ha tenido tanto dificultades interna-,
(confrontación con comunidades que no son ni están interesadas en ser
zapatistas) como externas, sobre todo a partir de 2008, con el ascenso de
Calderón il gobierno. En ese contexto de guerra irresuelta, “una de lúa
características más importantes de la autonomía es la defensa del territorio
pues, sin él, simplemente no hay nada” (Gloria Muñoz Ramírez, 2000)
Asimismo, el avance en la despatriarcalización de las relaciones de género
constituye también un logro importante, máxime teniendo en cuenta qut
las comunidades indígenas suelen ser muy conservadoras y jerárquicas.1J
Por otro lado, los zapatistas debieron encarar la autonomía de hr< lio
con escaso? recursos económicos y, por supuesto, sin ayuda o apoyo alguno
del Estado. La autonom ía deviene así un asunto frágil, que depende i.inin
“del flujo ininterrumpido de la solidaridad material con las comunidad™",
así como d: la influencia que el propio zapatismo pueda lograr sobre l is n

M aristella S vampa

335

laciones de fuerza a escala nacional (Lang, 2015: 251). En un contexto lati­
noamericano donde las poblaciones vulnerables y una parte importante de
las organizaciones y los movimientos sociales es objeto de políticas sociales,
el hecho merece ser subrayado. Al respecto, el ensayista uruguayo Raúl
Zibechi (2013) sostiene que los zapatistas han logrado no sólo autonomía
política, sino también económica, lo que incluso se traduce en la no acep­
tación de planes sociales que las comunidades que bordean el territorio zapatista reciben.13 Otra cuestión interesante es el avance de las autonomías
indígenas de facto en otras regiones de México. Hay que tener en cuenta
que los Acuerdos de San Andrés abrieron un espacio de oportunidades po­
líticas para la discusión de las autonomías para todos los pueblos indios, en
las cuales participaron numerosas organizaciones indígenas y especialistas
en el tema. En 2001, se retomaron estas discusiones, en vista de la reforma
constitucional que el gobierno prometía encarar, pero una vez más esta
posibilidad les fue arrebatada. Este fracaso por la vía institucional llevó a
la construcción de las autonomías de hecho en varios estados mexicanos,
como Guerrero y Oaxaca. Con menos impacto político, ese avance en las
autonomías locales (hoy estudiado por numerosos especialistas) supone el
ejercicio del autogobierno (elección y rotación de autoridades según usos
y costumbres, creación en ciertos Estados de una policía comunitaria, ejer­
cicio de la justicia comunitaria, gestión comunitaria de la educación).14
El avance de las autonomías locales va revelando progresivamente un
modelo de construcción del poder, en contraposición a la estatalidad y el
"inal gobierno”, representada por la dupla del PRI (Partido de la Revo­
lución Institucional) y el PAN (Partido de Acción Nacional). Así, López
Márcenas destaca que “con la decisión de construir autonomía, los pueblos
indígenas buscan dispersar el poder, para posibilitar el ejercicio directo de
l.is comunidades indígenas” (López Bárcenas, 2011: 97);una descentralizai ión diferente a la propuesta por los expertos del Banco Mundial desde los
uftos 80. La autonomía es, por ende, un proceso en construcción, cuyo ali .mee todavía no puede ser evaluado en su impacto y magnitud, aun si para
nlgunos autores designa un proceso de lucha que parece no tener retorno
11 <>pez y Rivas, 2011). Luchas locales que progresivamente enfrentan pro­
blemas nacionales en el marco de la globalización: la lucha por la tierra y el
territorio (soberanía alimentaria, lucha contra la privatización de la energía
eléctrica, el petróleo y los recursos naturales).

336

D

e b a t e s l a t in o a m e r ic a n o s

Por otro lado, es interesante observar que, a diferencia de Bolivia,
donde los sentidos de la autonomía entraron en un campo de disputa
con la oposición regional, en México ésta aparece como una prerroga­
tiva absoluta de los pueblos indígenas, en su resistencia a las políticas
de expropiación neoliberal llevadas a cabo por el gobierno. Asimismo,
contrariamente a lo sucedido en Bolivia, donde la fragilidad del Esta­
do nacional es una cuestión de origen y trayectoria histórica (Estado
aparente), en México, el proceso de construcción del Estado nacional,
conducido por el PRI a lo largo del siglo X X , ha sido considerado como
particularmente “exitoso” (Estado corporativo), aun si en la actualidad
habría que matizar tal afirmación frente a la expansión de las redes de
narcotráfico. Sin embargo, la apertura a la globalización asimétrica y los
acuerdos comerciales celebrados con los Estados Unidos implicaron un
trastocamiento de las relaciones sociales y una reorientación de la estruc­
tura estatal priista (Gilly, 2000). Así, no es casual que uno de los aspectos
más notorios que sobresale en el discurso de los diferentes actores es,
como ya lo subrayaba el neozapatismo, la crítica a la clase política, “inca­
paz de reconstruir el Estado nacional”. Es en ese marco específico, como
afirma R . Gutiérrez (2006), que los reclamos de los pueblos indígenas se
harán bajo la consigna de la dignidad y la autonomía.
En suma y volviendo al neozapatismo: la construcción de la autonomí.i
se desarrolla en un contexto de guerra o de conflicto militar irresuelto, el cu.il
tendió a agravarse desde 2008, con la llegada del presidente Calderón al g<>
bierno federal (2006-2012) y luego con Peña Nieto (2012-), traduciéndov
en un cercamiento militar sobre los territorios aurónomos.Jsin embargo, m.ís
allá de las enormes dificultades, el provecto zapatista signe gnjoie; los caracoli *
cumplieron ya más de doce años de existencia. Incluso, más allá del importanii
traspié que significó “La otra campaña”,15 el zapatismo continúa sorprenda n
do al mundo gracias a su gran capacidad para modificar sus repertorios dr
acción sobre la marcha y a su renovada creatividad por repensar los vira u
los sociales y políticos hacia adentro y hacia afuera. De modo más recicnii’.
en un inédito proceso de apertura, y a más de veinte años de insurgendu, fl
zapatismo decidió abrir lo; caracoles, a través de la propuesta de “la escuclitu ■
la libertad”, donde personas provenientes de los cinco continentes realizan mm
estadía comunitaria que permite adentrarse en la visión del zapatismo, .quilll
de la convivencia cotidiana y el trabajo colectivo.16

M aristella S vampa

337

Debate 2: Bolivia: El desafío de fundar el Estado plurinacional
Lo que es diverso no está desunido, lo que está unificado
no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico,
lo que es diferente no tienen que ser injusto. Tenemos de­
recho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza;
tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos
descaracteriza.
B. de Sousa Santos, “Las paradojas
de nuestro tiempo y la plurinacionalidad”,
Ecuador, Abya-Yala, 2009.

En Bolivia, la demanda de refundación del Estado, en clave plurinacional,
encuentra dos fuentes fundamentales. La primera de ellas remite a las or­
ganizaciones indígenas de las tierras bajas, nucleadas en la C ID O B , que
en 1990 realizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad, gracias a lo
cual obtuvieron el reconocimiento de “territorios autónomos”. Cinco años
más tarde, en 1995, desde la C ID O B , la Asamblea de Pueblos Guaraníes
(APG) propondría la realización de una Asamblea Constituyente. La se­
gunda fuente de “demanda e imaginación de un Estado Plurinacional”
(Tapia, 2011: 138-139) remite a la corriente político culturé katarista,
t|iic desde los años 70 en adelante llevó a cabo la tarea de reinvención de
11 indianidad, articulando la identidad sindical con elementos clasistas. El
I*ai lirismo construyó la reivindicación de lo aymara en términos de “nación
aginara”, reformulando - o pretendiendo reformular- “las fronteras simbó!n .is en el imaginario colectivo” a propósito de la nación (García Linera,
¿004: 223).
En términos de memoria corta de las luchas, la llamada Guerra del
Agua (Cochabamba, año 2000) inauguró un nuevo ciclo de luchas, al logi ai la expulsión de la empresa transnacional Aguas del Tunari (Bechtel).
I’u esc marco, la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, que
mu leaba diferentes organizaciones sociales, urbanas y rurales, propuso un
programa político con ejes en la restitución del servicio público, la nacioiimIi /.u ión de los recursos naturales y la Asamblea Constituyente. Hacia el
ano 2003, durante la Guerra del Gas, que produjo la renuncia del presi­

338

D ebates

latinoamericanos

dente Gonzalo Sánchez de Lozada, las diferentes fuerzas y organizaciones
sociales, campesinas, indígenas, urbanas y rurales confluyeron en la lla­
mada “agenda de Octubre”, sintetizada en dos consignas: nacionalización
de los recursos naturales y Asamblea Constituyeme. Un nuevo escenario
político se abriría finalmente en diciembre de 2005. dan el triunfo electoral*
de la fórmula encabezaba por Evo ‘Morales, un dirigente campesino de ori
gen avmara. secundado por urTintelectltal de clases medias criollas, Alvaro
-TGarcía Libera, quienes obtendrían el 53,7% de los votos.
Bolivia devino así un interesantísimo laboratorio político, casi único
en el contexto latinoamericano, en el cual los elementos indígenas y pie
beyos y la demanda de democratización protagonizada por un conjunto
heterogéneo de organizaciones y movimientos sociales, rurales y urbanos
parecían acoplarse de modo inédito con las propuestas constituyentes de
un nuevo Estado-el Fstad^-pkirinacional, para lo cual si bien había ante
ceden tes (en otras latitudes), no había libreto alguno ni recetas mágicas.
Boaventura de Sousa, quien participó tempranamente de numerosos
intercambios y debates tanto en Ecuador como en Bolivia, sostiene que
una de las paradojas fundamentales en la refundación del Estado es la m
gencia por cambiar la realidad en el corto plazo, así como la exigem i.i
de pensar en transformaciones civilizacionales. Esta difícil combinación
entre urgencia y largo plazo hace que debamos pensar desde un coir.ti
tucionalismo transformador, pero también experimental (2009 y 2010)
El experimentalismo permite “desdramatizar los conflictos” y trazar oiin
horizonte temporal, pensado en términos de sucesivas revisiones (ensayo
y error). Además, abre la posibilidad a algo que efectivamente constituye
uno de los reclamos cruciales de los movimientos sociales: que el pueblo
mantenga el poder constituyente, ya que una vez que la Constitución rst4
hecha, el pueblo suele desaparecer detrás del poder constituido (De Sons i
Santos, 2009: 53).
¿Pudo finalmente mantenerse esa enorme energía social co la uva
desplegada entre 2 0 0 0 y 2006 como potencia instituyeme o bien sucedió
como con tantos otros procesos revolucionarios en los cuales la dinámn a
de institucionalización terminó por desembocar en el congelamiento y en»
propiación de lo instituyeme, en nombre del poder constituido? ¿Fuen m el
MAS, como partido en el gobierno, y Evo Morales, como dirigente m.Ub
mo, capaces de convertirse en los mediadores políticos de un conjunto

M aristella S vampa

339

organizaciones sociales heterogéneas, que expresaban diferentes líneas de
acumulación histórica, o bien sucedió, como en tantas otras ocasiones,
que terminó por operarse una transferencia de poder —gradual o acelerada,
según los casos- hacia el Ejecutivo y el MAS, de acuerdo a la lógica centra­
lista y la inercia de las tradiciones políticas populistas y lo presidencialistas?
Aunque no es mi intención responder a estos dilemas en esta breve
presentación,17 empezaré diciendo que los conflictos y las tensiones que
recorrieron el escenario boliviano durante el primer mandato de Evo Mo­
rales (2006-2010) pueden ser comprendidos desde dos escenas. El primer
escenario alude a la coexistencia entre dos dimensiones del proyecto de
cambio; por un lado, la narrativa indianisra y plnrinarinnaJ.. rpnfrada en
la creación del Fnrnrln plnrimrinníil v en el reconocimiento rle-k s autono­
mías indígenas (administrativas y territoriales); por otro lado, la narrativa
peipulista, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista,
así como por un determinado modo de concebir la participación y la po­
lítica. El^segundo escenario se refiere a la confrontación entre el proyectopolítico popular, encarnado por el nuevo gobierno, y aquel otro defendido
por las oligarquías regionales. En los primeros años de gobierno, este se­
gundo escenario fue diseñando una polarización cada vez mayor en térmi­
nos de relaciones de fuerza y lógicas políticas, profundizando la división
en dos bloques antagónicos: de un lado, se situaron los movimientos y
organizaciones sociales, en torno de la figura del líder; de otro lado, las
oligarquías regionales, atrincheradas en la medialuna, con sus prefectos y
estamentos institucionales.
Al calor de los conflictos, entre 2006 y 2010, la doble dinámica del
proyecto descolonizador fue configurando un perfil más definido. La rea­
lización de la Asamblea Constituyente, y a través de ella, el proceso de
i onstitucionalización de los derechos colectivos y del Estado plurinacional,
conllevó en un efectivo empoderamiento de las organizaciones sociales,
pero también derivó en una transferencia de la conducción del proceso
Inicia el liderazgo carismático de Evo Morales.18 Asimismo, en un marco

nándose a la necesidad de consolidar un Estado central y regulador. Es en
rsic escenario, atravesado por esta doble tensión, donde se llevaron a cabo
i Irrtos debates sobre el Estado plurinacional.

340

D ebates

latinoamericanos

Entre el Pacto de Unidad y la redefinición del Estado
La expresión más acabada del proyecto político indígena aparece ilustrada
por el Pacto de Unidad, el cual estaba integrado por ocho organizaciones
indígenas y campesinas19 que en 2006 prepararon y publicaron especial­
mente para la Asamblea Constituyente un documento que proponía la
creación de un Estado comunitario y plurinacional, prueba elocuente de
la apuesta política realizada por importantes organizaciones sociales, de
carácter indígena y rural, respecto de los objetivos refundacionales que se
planteaba la Asamblea Constituyente. El proyecto sintetizaba por primera
vez una serie de propuestas orientadas al reconocimiento e implementación de lo pluricultural en diferentes planos: nuevo ordenamiento territorial-estatal a partir del reconocimiento de diferentes tipos de autonomía
-departamental, regional, municipal y la autonomía indígena-; la elección
de representantes según usos y costumbres; la constitucionalización de la
justicia comunitaria, la propiedad comunitaria y el control de los recursos
naturales, la afirmación de la interculturalidad. Asimismo, contemplaba
un nuevo régimen de la tierra y el territorio sobre la base “del dominio
originario” de los recursos no renovables en manos de las naciones y los
pueblos indígenas originarios y campesinos. El régimen propuesto incluía
no sólo la participación en las decisiones, a través de consultas populares
vinculantes, sino también otras demandas de las organizaciones y pueblos
originarios, como la cogestión y coadministración con el Estado plurina­
cional, vinculada a los recursos naturales.
Como ha sido dicho más arriba, a diferencia de México, en Bolivia el
llamado de autonomía se inserta en un espacio de disputa con las propias
oligarquías regionales, para afirmar una estrategia política de corte segre
gacionista, con “un significado virtual de extraterritorialidad” (Chávcz,
2 0 0 8 ).20 García Linera apunta otras diferencias: mientras México preseni.i
un reducido porcentaje de indígenas en relación con la población total, lo
cual llevó a que las lecturas se abocaran a hacer hincapié en los derechos tic
las minorías étnicas, en Bolivia nos encontramos con una discusión ligad.i
a los-derechos de las mayorías nacionales sin Estado (2009 [2004]: 245).
El Pacto de Unidad definió la autonomía indígena originaria y cam
pesina21 como:

M aristella S vampa ------------------------------------------------------------ 341
la condición y el principio de libertad de nuestros pueblos y nacio­
nes como categoría fundamental de descolonización y autodeter­
minación; está basada en principios fundamentales y generadores
que son los motores de la unidad y articulación social, económica
y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el con­
junto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la
construcción de la vida plena, bajo formas propias de representa­
ción, administración y propiedad de nuestros territorios.22
En cuanto al régimen de tierras, el Pacto de Unidad promovía la prohi­
bición del latifundio y establecía como misión del Estado plurinacional
"la distribución equitativa de tierras, previendo los derechos y necesida­
des actuales y futuras de las naciones y pueblos indígenas originarios y
campesinos y el bienestar de toda la población”. Otra de las innovaciones
importantes era la exigencia del reconocimiento del pluralismo jurídico
(la coexistencia, dentro del Estado plurinacional, de los sistemas jurídicos
indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental, en
un plano de igualdad, respeto y coordinación). Por último, la propuesta
también hablaba de la creación de un cuarto poder (el poder social), y
conllevaba el reconocimiento e institucionalización alternativa del poder
instituyeme del cual eran portadores las organizaciones y los movimientos
sociales. Aunque los desarrollos eran muy incipientes, este poder social se
pensaba como independiente y autónomo del Estado, formado por “repre­
sentantes de la sociedad civil” (naciones y pueblos indígenas originarios y
campesinos, representantes de las organizaciones sociales y otros), y tenía
Iunciones de control social transversal (antes que de autogobierno).
Sin embargo, los acuerdos posteriores en el seno de la ajetreada Asam­
blea Constituyente se orientaron hacia el reconocimiento de una propie­
dad compartida entre las naciones y los pueblos indígenas originarios y
campesinos y el Estado Unitario Plurinacional. Asimismo la Constitución,
que finalmente fue aprobada en 2009, a través de una salida pactada, no
incluyó la figura de la consulta vinculante para la exploración y explotai ión de recursos naturales, sino sólo la “consulta informada”.
Parte de este complejo proceso se refleja en los aportes teóricos y las
discusiones políticas que hubo entre 2007 y 2010, en torno a la caracteri­
zación y la implementación del Estado plurinacional, promovidos por di-

342

D ebates

latinoamericanos

ferentes organizaciones sociales y O N G, así como también desde espacios
institucionales, tal como la Vicepresidencia de la Nación. Históricamente,
este debate también remitía al diagnóstico que René Zavaleta hiciera de
Bolivia como “formación social abigarrada”, que indica la superposición
de diversos tipos de sociedad, diferentes tiempos históricos y visiones del
mundo, que coexisten de manera desarticulada, estableciendo relaciones
de dominación y distorsión unas sobre otras (Zavaleta, 2002, y Tapia,
2013). En razón de elb, el reconocimiento de las autonomías y el desafío
de la creación de un Estado plurinacional apuntaban a acoplar Estado y so­
ciedad, estableciendo una “convivencia no dominante de lo abigarrado 23
En esta línea, algunos de los aportes más enriquecedores fueron realizados
por miembros del grupo Comuna, a saber, Luis Tapia, Raúl Prada y, A.
García Linera, el actud vicepresidente desde 2006.24
En 2004 García Linera publicó un texto importante sobre el tema,
((Autonomía indígena y Estado multinacional)-’, en el que -además de revi
sar la vasta bibliografía internacional sobre la cuestión del multicuturalismo
y el Estado—proponít un nuevo esquema de ordenamiento autonómico,
que reconocía distintos grados de autogobierno político dependiendo de
“la densidad política r extensión de las identidades culturales demandan ­
tes” (2009: 2 4 9 ).25 Habría un primer tipo de autogobierno para aquellas
identidades étnicas nás reducidas, las cuales podrían avanzar a través de
una confederación en regiones autonómicas, monoétnicas o pluriétnicas; y
un segundo tipo que debido a su dimensión y cualidad nacional, exigiría
una estructura de autogobierno autonómico más compleja, como es el caso
de la nación aymara. Estos tendrían un derecho a la nacionalidad aymara
(no sólo como comtnidades), esto es, a la libre autodeterminación, a la
autonomía política como parte del Estado boliviano (2009: 249-254).
Sin embargo, yadesde el gobierno, García Linera fue modificando m i
visión sobre el Estado. Por un lado, sus reflexiones posteriores se orienta
ron más bien a caracterizar el “Estado de transición” en el nuevo campo
de lucha, al calor dé recrudecimiento de la confrontación político-soi lal
con las oligarquías regionales. Mientras que el concepto “Estado plurilta
cional” aparecía cadi vez más naturalizado en el discurso político,26 oinn
conceptos empezaron a ganar importancia: “crisis del Estado”, “Estado ilí
transición”, “em pan catastrófico”, “punto de bifurcación”, marcando inl
una reflexión cada t z más teñida de estatalismo.27 Como sostiene S tfb

M aristella S vampa

343

noni (2007: 24): “Quizá la evolución político-ideológica más significativa.
de García Linera es su pasaje - rnn escasas mediar'1"1!!1^ - de
pnsjr ir»nes
S
‘autonomistas’ a una defensa casi hegeliana del Estado, como síntesis de la
‘voluntad general’ . |___C
Una de ks-tnkadas más originales y creativas del proceso boliviano
proviene d/LuisTapiaJquien escribió varios textos sobre la cuestión, entre
los cuales se destaca “Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional”
(2008). En dicho libro Tapia reflexiona sobre la diversidad de naciones y
estructuras comunitarias, sobre las tensiones entre el reconocimiento de la
diversidad y la tendencia centrífuga del estatalismo, y se pregunta cómo
pensar la representación en un contexto de plurinacionalidad, en el cual
conviven mayorías con minorías étnicas. En esta línea, advierte sobre los
peligros del régimen presidencialista en la efectiva implementación de un ■
régimen representativo plurinacional y propone un régimen colegiado de
poder.28 En un texto posterior (2010), producto de una reunión convocada/
por la Vicepresidencia (“Debate sobre el cambio”), Tapia afirma que hubo
una reducción del Estado plurinacional a un formato liberal, cuyo resulta­
do es la emergencia de un Estado plurinacional débil, organizado de modo
jerárquico y no igualitario (2010: 161). Por último, insiste en varias opor­
tunidades que la idea de autonomía que propugnaba el Pacto de Unidad
implicaba importantes niveles de codecisión con el Estado plurinacional,
sobre todo respecto de la exploración y explotación de recursos naturales,
cuando para el partido del gobierno se trata de subordinar la autonomía en
torno a este tema (Tapia, 2011: 150).
Por su parte, desde su puesto de viceministro, Raúl Prada se orientó a
trabajar sobre la ampliación de las bases de la gestión, a través de un nuevo
modelo de gestión pública plurinacional y comunitaria. Así, la propuesta,
de corte programático, emanada de la Nueva Constitución Política del
listado, impulsó a mediados de 2009 un “decreto de descolonización” (De­
creto Supremo n.° 212) que dispuso la creación de una escuela de gestión
pública para formar a los futuros administradores del Estado plurinacional
que no entraría en funciones— a fin de contribuir en “la construcción y
i onsolidación de la nueva gestión del Estado, mediante la formación y
i .ipacitación de servidoras y servidores públicos” (texto del decreto). Prada
promovía una visión descentralizada del Estado, acerca de la “participación
locial” y el “control social” como nuevos ejes articuladores, con el objetivo

1

344

D ebates

latinoamericanos

de avanzar en una nueva concepción de la gestión pública, que debía ser
plurinacional, comunitaria e intercultural (Prada, 2010).
A partir de fin de 2009, Bolivia asistió al final de la resistencia regionalizada que caracterizó a buena parte del primer mandato presidencial y
el país se fue desplazando hacia una nueva época, marcada por la creciente
hegemonía política del MAS. Así, durante el segundo mandato de gobier'ñ o T 2 o n r -2 u iu el escenario' político nacional fue colocando el conflicto
principal en un lugar diferente, ya no fuera sino al interior mismo del
proyecto de cambio. Esto se hizo visible a partir del enfrentamiento entre,
por un
r\ m-,hip[-nn del MAS, afirmado cada vez más en su lógica
estatalista y el llamado populista y, por otro lado, el accionar de determi'Itacfc'organizaciones representativas de los pueblos originarios (C ID O B y
Vr O Ñ A M A Q j? Tque luego de la experiencia del Pacto de Unidad oscilaban
entre la afirmación de una lógica plurinacional y la demanda corporativa,
centrada en la defensa de las autonomías y los derechos territoriales ins­
criptos en la Constitución Plurinacional.
En pos de la consolidación de la nueva estatalidad, el gobierno se en­
caminó a la sanción de varias leyes estratégicas, que restringían el derecho
de consulta y la autonomía de los territorios indígenas, y facilitaban el
desarrollo de los proyectos extractivos. La afirmación de esta tendencia
crítica al interior del proyecto de cambio se expresó abiertamente durante
la realización de la Contracumbre en Tiquipaya sobre el cambio climático
(abril de 2 0 1 0 ), que reunió en la mesa 18 (no autorizada por el gobierno)
a aquellas organizaciones que buscaban debatir sobre la problemática am­
biental en Bolivia. En un contexto en el cual se combinaban, en la escala
nacional, los conflictos de intereses con el gobierno del MAS (la falta de
satisfacción por parte de éste a sus demandas) así como el inicio de explora­
ciones hidrocarburíferas, proyectos energéticos y carreteras, y concesiones
mineras en territorios indígenas, que implicaron ausencia o irregularidades
en las consultas previas, organizaciones como C ID O B y C O N A M A Q fu c
ron privilegiando un lenguaje ambientalista. En un contexto de confron
tación y movilización, exigieron el cumplimiento del derecho de consulla,
tal como lo estiblece la convención 169 de la O IT, recogido por la C oii.n
titución boliviana; el respeto por las estructuras orgánicas (y el rechazo .i
votaciones y pronunciamiento de autoridades originarias paralelas). No
estuvo ausente de este cam bio de posición la interacción constante con

M aristella S vampa

345

otras organizaciones sociales afines, al interior de un espacio militante lati­
noamericano caracterizado por el giro ecoterritorial (Svampa, 2010), que la
propia experiencia boliviana contribuyó a forjar y potenciar. Pero el punto
de inflexión sin duda fue el conflicto del T IP N IS (Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure), a propósito de la construcción del segun­
do tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio.30
Por otro lado, existen pocos trabajos que den cuenta del avance del
proceso estatuyente en relación a las Autonomías Indígenas Originario
Campesinas (AIOC). Entre los trabajos pioneros se destaca el dejóse Luis
Exeni (2015), quien analiza el proceso de autonomías a partir de tres ejes:
sistema de gobierno, jurisdicción indígena y alternativas al desarrollo. Lue­
go de analizar tres estudios de caso, Exeni concluye que las autonomías han
quedado relegadas respecto de la agenda de gobierno. Uno de los proble­
mas relevados es la dificultad de su construcción, dadas las barreras y los
requisitos impuestos por el poder público así como las fuertes huellas del
municipalismo. Otro de los problemas fundamentales es que existe una
tensión entre la autonomía como “esencial del Estado plurinacional” y la
base extractiva y neodesarrollista del mismo. Así, es evidente que la sobe­
ranía de las A IO C sobre los territorios ancestrales encuentra una muralla
ante la voluntad estatal de controlar “su” territorio, en especial, el dominio
sobre los recursos naturales no renovables (Exeni, 2015: 185).
En consecuencia, el gobierno del MAS se ha ido encaminando a una
definición del proyecto de descolonización en términos clásicos, entendido
éste como la necesidad de democratizar el Estado a partir del control del
excedente, la modernización de la economía, la generación de cuadros bu­
rocráticos eficientes y el reparto progresivo de tierras. Así, pese a todas las
innovaciones que supone, la Nueva Constitución Política confirma el rol
central del Estado-nación, así como también del Ejecutivo. Como sostiene
R. Prada, “la propia cuarta parte de la Constitución, dedicada a la orga­
nización económica, plantea tensiones fuertes. Se habla de una economía
plural pero a la vez sostiene el fortalecimiento del Estado; el Estado es el
.irticulador de las distintas formas de organización económica; el Estado
se hace cargo de toda la cadena productiva, de la industrialización de los
recursos naturales, del apoyo a la pequeña y micro empresa. El Estado se
convierte en el promotor de la economía plural, con lo cual hay una tensión entre el pluralismo económico y una visión estatalista” (Prada, 2010).

346

D ebates

latinoamericanos

Ya han pasado diez años y todo parece indicar que más allá de los
efectos democratizado res a nivel social (lo cual no es un tema menor), el
Estado plurinacional encontró serios escollos en su avance e implementación en el marco del proceso posconstituyente; entre ellos, debido el
avance de una lógica centralista y reorganizadora del poder (“un modelo
Estado-céntrico”, según Mayorga, 2011: 85); ligada a la consolidación de
una dinámica extractiva en función de un proyecto neodesarrollista. Más
aún, especialistas en el tema advierten del riesgo del “efecto de deconstitucionalización” (Exeni, 2015), o de contrarreforma, como podría llegar a
verse en el ámbito de la Justicia, lo cual pondría en jaque el constituciona­
lismo transformador y experimental, y debilitaría aún más la posibilidad
de realización de un horizonte plurinacional.

Debate 3: El derecho de consulta previa
Otra de las cuestiones fundamentales es el derecho de consulta previa, li
bre e informada (de aquí en más, CPLI) a los pueblos originarios, ya que
durante los 90, todas las constituciones latinoamericanas incorporaron el
convenio 169 de la O IT (1989) y, posteriormente, la Declaración Uní
versal de los Derechos Indígenas de la O N U (2007). La cuestión deviene
crucial debido a que en las últimas dos décadas asistimos a una multipli
cación de megaproyectos extractivos, ligados a la expansión de la frontcr.i
petrolera, minera, energética y los agronegocios, entre otros, que amenazan
directamente los territorios indígenas, multiplican las asimetrías ya exis
tentes y conllevan un aumento exponencial de los procesos de violación ele
derechos funcamentales.31
Al escribir sobre el tema, el constitucionalista colombiano César Kn
dríguez Garabito (2010) habla “del derecho en los campos minados del
capitalismo gobal”. La acertada metáfora de “campo minado” tiene un
sentido no sólo jurídico o legal, sino también económico (grandes inte
reses en juego, ligados al extractivismo; sobre todo megaminería, petróleo
y megarrepre:as) y sociales (territorios donde dominan las sociabilidad en
violentas y desconfiadas y donde cualquier paso en falso puede ser lci.il)
Si bien R. Garavito tiene m uy en cuenta el escenario de violencia de Cu*
lombia, no esmenos cierto que la metáfora de “campos sociales minado*"

M aristella S vampa

347

puede ser aplicada hoy al conjunto de los países latinoamericanos, dada la
alta conflictividad socioterritorial existente.
Un informe reciente de la Cepal sobre la situación de los pueblos indí­
genas (2014), basado en los reportes del relator especial de la O N U de los
pueblos originarios (período 2009-2013), resalta como uno de los grandes
nudos de los conflictos producidos por la expansión de actividades ex­
tractivas en territorios indígenas, el “incumplimiento del deber estatal de
consulta con los pueblos indígenas y de adopción de los resguardos y me­
didas para proteger sus derechos antes de otorgar concesiones o autorizar
la ejecución de proyectos extractivos”.32 El informe de la Cepal reproduce
además un mapeo sobre industrias extractivas realizado por el Proyecto de
Apoyo para el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
de la Universidad de Arizona, que muestra que todos los países de América
Latina donde existen territorios indígenas presentan conflictos socioambientales. Dicho mapa identificaba, al menos, 226 conflictos socioambientales
en territorios indígenas de América Latina durante el período 2010-2013,
asociados a proyectos extractivos de minería e hidrocarburos (2014: 139).
Ahora bien, la cuestión está lejos de ser unívoca, pues ¿se trata de inter­
pretar la CPLI en términos de consulta o de consentimiento? ¿Esta debe ser
no-vinculante o bien los pueblos originarios tienen derecho a veto? La O IT
determina que la consulta debe hacerse de buena fe y que su finalidad debe
ser intentar obtener el consentimiento de la comunidad o, por lo menos, lle­
gar a un acuerdo.33 Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la O N U en 2007 daría
un paso más al involucrar el principio del consentimiento libre, previo e in­
firmado para el traslado de grupos indígenas de sus tierras, así como para la
udopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que los afec­
ten, entre otras situaciones. Adicionalmente, ordena a los Estados reparar to­
dos aquéllos bienes de orden intelectual, cultural o espiritual que los grupos
indígenas hayan perdido sin su consentimiento libre, previo e informado.
Aunque estas disposiciones no tienen un carácter vinculante, establecen un
i ompromiso fuerte por parte de los Estados y ejercen una presión sobre los
mismos para que lleven a cabo una adecuación.
En esta línea, Rodríguez Garavito distingue entre una interpretación
Inerte del derecho de consulta y otra débil. Desde su perspectiva, “orga­
nismos internacionales como la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos

348

D ebates

latinoamericanos

Indígenas de la O N U y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(2007) han fijado interpretaciones del derecho internacional más exigen­
tes, sobre todo cuando se trata de grandes planes de desarrollo o inversión
que tengan un impacto profundo sobre un pueblo indígena”. En el otro
extremo, tenemos la concepción procedimental débil, como la expresada
por la Corte Constitucional de Ecuador (2010: 48).
Existen además otras herramientas jurídicas a escala regional, como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C ID H ), de la OEA, con
asiento en Costa Rica, que tienen un carácter vinculante para los Estados
americanos. Muy importantes son también los informes del Relator Espe­
cial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Pueblos Indígenas, ya que suelen dar visibilidad y
fuerza política de las demandas indígenas, al investigar formas de superar
los obstáculos existentes para proteger los derechos de los indígenas, ade­
más de recopilar información sobre violaciones de dichos derechos, realizar
misiones a las regiones en conflicto y elaborar informes.34
La C ID H tiene una tradición garantista sobre el tema. Así, por ejem­
plo, en 2007, a través del análisis de cinco casos contenciosos, determinó
un marco jurídico internacional para resolver los problemas entre los Esta­
dos y las comunidades indígenas. En primer lugar, estableció que es tarea
de los Estados asegurar la efectiva participación de los pueblos indígenas,
para lo cual tienen el deber de consultar a dichas comunidades según cos­
tumbres y tradiciones, aceptar y brindar información, promover la comu­
nicación entre ambas partes; las consultas deben realizarse de buena fe, .i
través de procedimientos culturalmente adecuados, desde las primeras eta
pas de los proyectos de desarrollo, y se debe asegurar que las comunidades
conozcan los posibles riesgos. En segundo lugar, dio recomendaciones so
bre las materias que se deben consultar, entre las que se destacan la extrae
ción de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas. Además es el
pueblo indígena y no el Estado el que debe decir quiénes representaran ,il
pueblo indígena en cada procedimiento de consulta. Por último, si el plan
de desarrollo es de gran escala o de gran impacto, los Estados no pueden
seguir adelante sin obtener el consentimiento previo, libre e informado
(Antkowiak y Gonza, 2010).
Un avance importante en la línea de la interpretadón en sentido
fuerte ha sido la sentencia de la C ID H del 30 de julio de 2012 en r< l.i

M aristella S vampa ------------------------------------------------------------ 349
ción al pueblo kichwa Sarayaku de la amazonia ecuatoriana. El caso es el
siguiente: hace más de una década se radicó una denuncia en contra del
Estado ecuatoriano por haber otorgado una concesión petrolera y permi­
tir que una empresa de capitales argentinos hiciera exploración sísmica
en el territorio del pueblo Sarayaku, sin realizar la consulta previa con el
pueblo. La C ID H determinó que Ecuador violó los derechos a la consul­
ta previa e informada, a la propiedad comunal indígena y a la identidad
cultural. El Estado también fue declarado responsable por poner en grave
riesgo los derechos a la vida e integridad personal, así como por la viola­
ción de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en
perjuicio del Pueblo Sarayaku. En consecuencia, la C ID H ordenó que
Ecuador debe “retirar la pentolita del territorio del Pueblo Sarayaku”.
Además, “el Estado debe conducir una consulta adecuada, efectiva y ple­
na antes de empezar proyectos de extracción de recursos naturales. Debe
todavía realizar ‘cursos obligatorios’ acerca de los derechos de los pueblos
indígenas, dirigidos a funcionarios involucrados con pueblos indígenas,
y organizar ‘un acto público de reconocimiento de responsabilidad’ por
las violaciones. Por último, la Corte estableció que el Estado debe pagar
9 0 .0 0 0 dólares en daños materiales y 1.250.000 de dólares en daños no
materiales al pueblo de Sarayaku”.35
En suma, este fallo de la C ID H marcó un hito en el tema y se prevé
que tendrá impacto sobre los litigios pendientes entre derechos indígenas
y avance de la frontera extractiva. No es casualidad, entonces, que desde
2012-2013, la C ID H ha estado bajo la lupa de los países latinoamericanos:
el gobierno venezolano decidió retirarse de la misma, alegando su parcia­
lidad y decadencia moral, y Brasil amenazó con hacer lo mismo, luego de
que recibiera medidas cautelares por parte de la C ID H que implicaban la
suspensión de la construcción de la megarrepresa de Belo Monte, llevada a
cabo sin la debida consulta a las poblaciones indígenas.36

Los campos minados del capitalism o latinoam ericano
M i pedido es, aprobado o no, acelerar las consultas co­
rrespondientes, queremos la participación de nuestros
compañeros dirigentes. En las comunidades cómo acele-

350
,

D ebates

latinoamericanos

rar la consulta correspondiente en temas, yo diría, espe­
cialmente de explotación, a veces perdemos tiempo uno,
dos años hasta tres años en exploración. Si sólo en con­
sulta vamos a perder tres años, imagínense qué tiempo
estamos perdiendo.
Evo M orales, sobre el anteproyecto de Ley de C P L I,
5 de diciem bre de 2 0 14.37

Si además de eso ponemos la consulta previa —que to­
davía no se ha realizado en actividad minera—a comu­
nidades que no tienen el perfil para ser consultadas...
simplemente, cualquiera que se pone una pluma ya tien e
derecho a ser consultado... bueno pues, la cosa será m ás
difícil.
G erente de m inera Yanacocha, Perú, mayo de 2 0 1 4 ,

La CLPI se instala en un campo de disputa social y jurídico crecientemente
complejo y dinámico. En la perspectiva de los gobiernos latinoamericanos,
en tiempos de extractivismo neodesarrollista, la C PLI constituye algo más
que una piedra en el zapato. Más allá de las declaraciones grandilocuentes
en nombre de los derechos de los indígenas y la defensa de la Pachamama,
no hay gobierno latinoamericano que no busque minimizar la CPLI y
acotarla a sus versiones débiles, mediante diferentes legislaciones y regla
mentaciones, que tienen por objeto establecer su carácter de consulta |m
vinculante, así como facilitar la tutela o manipulación en contextos de
fuerte asimetría de poderes.
Esto es válido pera un gobierno democratizador como el de Evo Mo
rales, que además no se privó de hacer un uso claramente manipulada
de la CPLI durante el conflicto del T IP N IS (Territorio Indígena y Parqin
Nacional Isiboro Sécure). También lo es para el gobierno fuertemente 111
minalizador de las luchas sociales de Rafael Correa, en Ecuador, que peno
a su ratificación, en a práctica no se ha cumplido y corre el riesgo de sn
acotada y reformulada bajo otras figuras, como por ejemplo, la consului
prelegislativa. Sucede en Perú, donde los sucesivos gobiernos neoliberales,
desde Alan García htsta el actual de Ollanta Húmala, han buscado colín ai
un freno (violento) í la demanda del derecho de consulta y acotarla a Ion

M aristella S vampa

351

pueblos amazónicos. Lo es para la Argentina, donde se han aprobado le­
yes estratégicas sobre los recursos naturales (como la de hidrocarburos, en
2014, que incluye el fracking) sin incorporar la figura de la consulta a los
pueblos originarios. En fin, lo es también para el Brasil desarrollista de Dil­
uía Rousseff, que llegó a desestimar las medidas cautelares de la C ID H que
frenaban la construcción de la controversial megarrepresa de Belo Monte,
en el Estado de Pará.
La cuestión de la CPLI resulta ser así uno de los temas más difíciles
y controversiales de la normativa internacional, regional y nacional sobre
derechos de pueblos indígenas. Pese a que aparece como “un instrumento
especializado”, en sólo dos décadas ha sido objeto de conflictos jurídicos
en donde se juegan grandes intereses económicos así como la supervivencia
de pueblos indígenas y otros grupos étnicos. En razón de ello, la CPLI se
lia convertido en una estrategia fundamental -aunque no la única- en la
dinámica de luchas de las organizaciones indígenas.
En Bolivia, en los últimos años, hubo dos momentos de inflexión
respecto del tema: el primero de ellos está vinculado al final de las expectai ivas políticas que organizaciones indígenas como C ID O B y C O N A M A Q
tenían respecto del gobierno de Evo Morales; el segundo, al conflicto del
l 'IPNIS. Todavía en 2009, las autoridades de C ID O B y C O N A M A Q en
I a Paz consideraban que la herramienta fundamental de sus organizacio­
nes residía en el control y gestión de los recursos naturales en sus territorios
y no específicamente en el ejercicio del derecho de consulta previa.38 A
tres años de iniciado el proceso de cambio en Bolivia, recién sancionada
la Nueva Constitución Política que establecía el Estado plurinacional y
reconocía las autonomías, la gran expectativa de ambas organizaciones era
l.i ile codecidir en los territorios indígenas. Sin embargo, a partir de 2010,
esta expectativa se fue diluyendo, y las organizaciones pasaron de la fase
ofensiva a una fase defensiva, sin abandonar por supuesto el reclamo de
.uiionomía, pero apelando con fuerza al derecho de consulta previa. Esto
tuvo como correlato, como fuera señalado en el apartado anterior, la sani ¡ón de varias leyes estratégicas por parte del gobierno, entre otras, la ley
que restringía la autonomía de los territorios indígenas. De modo que, en
un contexto de confrontación y movilización, C ID O B y C O N A M A Q co­
menzaron a exigir al gobierno de Morales el respeto del derecho de CPLI,
u'iogido por la Constitución boliviana; el respeto por las estructuras orgá-

352

D ebates

latinoamericanos

nicas (y el rechazo a votaciones y pronunciamiento de autoridades origi­
narias paralelas), así como “la coherencia entre el discurso de defensa de la
Madre Tierra y la práctica extractivista del gobierno”.39 En junio de 2013,
estas organizaciones dieron a conocer un pronunciamiento en el cual rea­
firmaron “su lucha por la recuperación y reconstitución de sus territorios
ancestrales y su verdadera liberación en el marco de un verdadero Estado
Plurinacional” y exigían someter a consulta previa la propuesta de Ley
Marco de Consulta a fin de obtener su “consentimiento expreso” antes de
su aprobación y promulgación.40
El segundo punto de inflexión fue el conflicto del T IP N IS , a pro­
pósito de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa TunariSan Ignacio de Moxos. Hay que tener en cuenta que el T IP N IS es, desde
1965, una reserva natural, y desde 1990, territorio indígena, hábitat de
pueblos amazónicos como yuracarés, chimanes y mojeños. Dicho con­
flicto presentaba un carácter multidimensional, pues si bien es claro que
uno de los objetivos del proyecto era el de interconectar el país (un re­
clamo real e histórico de muchas poblaciones), lo central era que los
pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. En ese marco, no
resultaba descabellado pensar que la carretera habría de convertirse en la
puerta de entrada de proyectos extractivos, que traerían consecuencias
sociales, culturales y ambientales negativas (sea Brasil o cualquier otro el
socio del Estado boliviano).
Inicialmente, el gobierno del MAS impulsó la escalada del conflicto,
mostrando con ello una tendencia poco pluralista de construcción de la
hegemonía.41 Sin embargo, luego de varias marchas realizadas en 2011
desde el T IP N IS hasta La Paz y de un episodio de represión, el gobierno
de Evo Morales se vio obligado a retroceder, suspendiendo la construcción
de ese tramo de la carretera. Pese ala oposición de las organizaciones (que
consideraban plebiscitado el rechazo a la construcción, sin necesidad de
implementar una consulta), el gobierno hizo el llamado a la consulta y luis
có, claramente, tutelarla en su favor. Sin embargo, un informe de la Iglesia
Católica, realizado junto con la Asamblea Permanente de los D D H H ele
Bolivia, de abril de 2013, señaló que treinta de treinta y seis comunidadn
rechazaron la construcción de la carretera, y que la consulta “no fue libio
ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y «t
la realizó con prebendas” (2 0 1 3 ),42que no se respetaron normas y procedí

M aristella S vampa ------------------------------------------------------------ 353
miemos propios, no se cumplieron con las condiciones de información, no
se presentaron estudios de impacto ambiental, social, cultural, económico,
de la construcción de la carretera, entre otros problemas.
Así, es necesario leer la enseñanza que dejó el conflicto del TIP N IS en
clave más general y regional, respecto de otros procesos de consulta previa
en América Latina: en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan
virulentos y politizados -donde los diferentes actores parecen involucrarse
en un juego de suma cero—, el proceso de realización de una CPLI a los
pueblos originarios (según marca el convenio 169 de la O IT ) se enrarece
inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y te­
mas, resulta complicadísima y de carácter muy controversial.
Las últimas medidas en relación al derecho de consulta previa resul­
tan muy preocupantes. Reemplazando toda normativa prevista, en marzo
de 2015 el gobierno modificó el reglamento de participación y consulta
de actividades hidrocarburíferas (Gandarillas, 2015). Otro decreto supre­
mo, de mayo del mismo año, permite la exploración hidrocarburífera en
zonas protegidas. Asimismo, según el Cedib (Centro de Documentación
e Información de Bolivia), en siete años hubo al menos cuarenta y nue­
ve consultas previas sin evaluación ambiental, con lo cual las poblaciones
concernidas desconocen los impactos de dichas actividades.43
Por otra parte, en Perú, el modo en que ingresó la C PLI a la agenda
política revela de antemano su carácter conflictivo y dramático. El 5 de
junio de 2 0 0 9 , Día Mundial del Ambiente, comunidades indígenas de
la Amazonia peruana, que llevaban a cabo una protesta desde hacía casi
dos meses en contra de una batería de decretos legislativos que atenta­
ban contra la Amazonia, fueron reprimidas en la provincia de Bagua,
a unos mil kilómetros de Lima, en la frontera con Ecuador, por orden
del gobierno de Alan García. La represión costó la vida de una treintena
de pobladores amazónicos, diez policías y un número indeterminado de
desaparecidos.44
Sin embargo, la represión de Bagua y las solidaridades urbanas, nacio­
nales e internacionales que se gestaron en torno a las poblaciones amazó­
nicas, obligaron al gobierno de A. García a derogar aquéllos decretos que
afectaban directamente el derecho de consulta, al tiempo que hicieron que
el país asomara al descubrimiento de los pueblos amazónicos, histórica­
mente excluidos. La Amazonia, con el 11% de población peruana, cuenta

354

D ebates

latinoamericano 'S

con 66 pueblos diferentes, 14 de los cuales no tienen contacto con la cul­
tura occidental.45
Fue así que en mayo de 2010 el Parlamento peruano votó una ley de
consulta para las organizaciones indígenas, en acuerdo con la legislación
internacional. Sin embargo, dicha ley fue vetada por el presidente Gar­
cía, quien realizó “observaciones” y la reenvió al Parlamento. Los puntos
cuestionados se referían tanto al carácter vinculante de la consulta como
a su extensión, puesto que el presidente se oponía a que la misma inclu­
yera a los pueblos campesinos de los Andes. En mayo de 2011, poco des­
pués del triunfo electoral de Ollanta Húmala, la Ley de Consulta Previa
a los pueblos indígenas fue finalmente sancionada. Un año más tarde, fue
reglamentada, pero quedó entrampada en nuevos dilemas referidos a la
pregunta acerca de los sujetos colectivos sobre quienes se aplicaría. Para el
Ejecutivo quedaba claro que sólo las comunidades “nativas” podrían ser
consideradas indígenas, lo cual incluía a los pueblos amazónicos pero de­
jaba fuera a las comunidades andinas “campesinas”, así como a las “rondas
campesinas”, cuyo estatus es reconocido por diferentes leyes nacionales y
su rol cada vez mayor en la lucha contra la megaminería.46 El caso es que,
dado los desacuerdos sobre el tema, en el camino renunciaron dos vicemi­
nistros de la interciilturalidad. Además, el gobierno tardó en divulgar uta
base de datos de pueblos indígenas, la cual sería publicada finalmente .i
fines de 2013 e incluía a 52 pueblos indígenas: 48 amazónicos y 4 andinos
(quechuahablante, rymara, uroyjacaru).
Desde la aprobación en el 2011 de la Ley de Consulta Previa diez
procesos de consuLa se finalizaron y otros quince estaban en curso (I li
ruela, 2015). Sin embargo, los pueblos andinos no han sido incluidos la consulta previa respecto a proyectos mineros en sus territorios, que se i>
efectivamente los más conflictivos, pues para el gobierno peruano dicEn
comunidades no serían pueblos originarios, sino campesinos y como i .1,
no tendrían por qué ser consultadas. Al respecto, recientemente la Coid
sión Interamericam de Derechos Humanos (C ID H ) exhortó al gobicrm
peruano a cumplir :on la Ley de Consulta Previa antes de licitar megapr*
yectos en comunidtdes indígenas andinas.47
Paradojas del proceso de desindianización que hacen a la especifit idiil
del caso peruano, y i señalado (p. 109-112).48 En Perú es el Estado quien m
reserva el derecho Je decidir quién es “pueblo indígena” y quién no lo < *,

M aristella S vampa -

355

La CPLI deja así afuera un espectro muy amplio de poblaciones campe­
sinas (desde comunidades andinas hasta ronderos campesinos), que desde
hace años se oponen al avance de la megaminería en sus territorios, tema
que constituye la mayor fuente de conflictos sociales en el Perú contem­
poráneo, y coloca a las poblaciones movilizadas en un escenario de mayor
vulnerabilidad, frente al avance de la criminalización y de la represión a la
protesta social.
-------------------Q o y ’L O
Finalmente, si analizamos el caso de lasArgentina^hay muy poco para
aportar en el sentido positivo.£1 20 de m ayode 2Q1Q, en el año del bicentenario de la república, en una marcha masiva los pueblos indígenas
desfilaron por la histórica Plaza de Mayo.49 Esta suerte de segundo Malón
de laJSzJiab ía comenzado el 12 de mayo, en fujuy, Misiones. Neuquén y
atravesado diez provincias^ Los dirigentes indígenas fueron recibidos por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quiefrmantuvieron uña
gonversarión e hicieron entrega de tres documentos/ cuyo marco general
era la idea de “reparación histórica a una deuda histórica”: la implementación del derecho a la consulta previa; la reparación cultural/educativa; la
reparación de la madre naturaleza, que ponga freno al avance de las industrias extractivas y m n t a m i n a n f p s - i a r r e a r i n n r l p n n lU in i c t- p .- i n .I n f piv-ul f Mral
Indígena con plena participación de las organizaciones; y una reparación
Cli m Ó m Í r--a-m p rlÍQ n rp la r r p - ir in n rln .iin .E r,r> rlr, P c p e r i a l P p f p i a n e n t e ( F o n d o

l’iduciario) para implementar los planes de vida que cada pueblo defina en
sus territorios a fin de alcanzar un desarrollo desde la identidad J)Briones,\
.’,()! 4)^ El intercambio entre los dirigentes indígenas y la presidenta n o j^ ^
liic muv fructífero^ “El discurso de la Presiden tajhrré-4ApamutosAC55z
segundos. Llamó en nueve oportunidadeslTser ánteligentejlpara negociar
y aceptar los cambios. También llamó a ser ‘realista¿y-s^B«atQs’” (Aranda,
¿PIO). Esta suerte de segundo desencuentro histórico50 tiene como base
una realidad muy preocupante, que se sitúa lejos de las imágenes multicul111 la les que ha buscado construir el gobierno kirchnerista a través de una
enorme campaña mediática^cultural.
En suma, pese a la retórica multicultural, en la Argentina los pue­
blos originarios están casi ausentes de la agenda pública y política. Tin
icalidad, la problemática de los pueblos originarios en la Argentina del
■■itflo X X T debe leerse en el espejo de la memoria larga, pues es la sombra .
misma del genocidio originario la quevuelve a cernirse en el horizonte,

356

D ebates

latinoamericanos

visible ei/la a r n n b s r i m i mlizadnin y úpspojp de tprrimrinx, una vez más
en notríbre deD j r o g r e s o ” v el “desarrollo”. Parte de esa realidad aparece
rescripta en^dmforme del relator de la Ó N U , James Anaya, quien realizó
una visita al país en 2011. El informe, publicado en 2012, no sólo con­
signa que no se aplica la legislación internacional sobre la consulta pre­
via que han incorporado tanto la Constitución Nacional como aquellas
de las diferentes provincias (Convenio 169 de la O IT, artículo 75 de la
Constitución Nacional), sino que además, pese a que existe una norma­
tiva que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la
realización de un relevamiento territorial - la Ley 2 6 .1 6 0 , de 2 0 0 6 -, son
muy pocas las provincias que han iniciado dicho relevamiento de tierras,
al tiempo que se con tin ú an los des^lnjnc vinleprnc ÍFormosa. Neuquén,
Salta, Jujuy, entre otras provincias).51 Además del impactoamEíeñtálTeí
“”im p a cto cultural, la falta de consulta previa y los desalojos violentos, hay
fuertes situaciones de criminalización y represión.
Asimismo, los datos que proporciona un informe realizado por En­
cuentro Memoria, Verdad y Justicia (2012) sobre criminalización de la
protesta según sector son alarmantes. Un relevamiento de 2198 casos,
ocurridos entre 2001 y 2 0 1 2 , señala que el 31,4% de los mismos corres­
ponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, lo que
es equiparable al sector de las luchas sindicales. Si ya sorprende por su
magnitud, mucho más impacta si tenemos en cuenta que en la Argen­
tina hay menor cantidad de protestas de pueblos originarios en relación
a las luchas sindicales, con lo cual pareciera desprenderse que una gra u
cantidad de las protestas de los pueblos originarios terminan por ser n i
minalizadas. Mientras que en el sur del país la situación de los pueblos
originarios da cuenta de la reducción de la cuestión indígena a una cues
tión penal, en el norte la situadón de los pueblos originarios aparee r
directamente ligada a la m uerte violenta: desde asesinatos directos pui
parte de las fuerzas de seguridad y de los terratenientes, hasta “extraños”
accidentes de tránsito, “muertes difusas” (Mirta Antonelli), o aparen
tes delitos comunes, que hoy sunan casi dos decenas de muertos, lisios
cambios producidos en las fornas de violencia de Estado indican mi
creciente proceso de tercerizaciói de la represión (policías provincialn,
con grupos de choque, sicarios inpulsados por propietarios sojerosy la­
tifundistas). Así, la política de storesión física se ha ido deslizando ha> m

M aristella S vampa

357

las provincias y sus márgenes, donde fueron arrinconadas las poblaciones
indígenas y campesinas, y hoy se registra un fabuloso proceso de acapa­
ramiento de la tierra.
Respecto de la consulta previa, uno de los casos más notorios ha sido
el del inicio de la exploración y explotación dtddmoVn el norte del país, el
cual ha generado movilizaciones y reclamos por parte de las comunidades
originaria/^Así, en noviembre de 2010 se creó una Mesa de 33 Comuni­
dades Originarias para la Defensa y Gestión del Territorio (Salta y Jujuy),
la cual presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación exigiendo la CPLI. Fue precisamente la presentación de esta
demanda ante el Foro Permanente de Derechos Humanos de la O N U , en
Ginebra, que hizo posible la visita del relator James Anaya de la O N U a las
comunidades, en las Salinas Grandes, lo cual tuvo un fuerte impacto sobre
el gobierno provincial y las empresas (Gobel, 2013).52 Finalmente, en ene­
ro de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el amparo
interpuesto por comunidades originarias de Jujuy, alegando una cuestión
de forma, no de fondo. En el fallo, la C SJN afirmó que “las acciones en­
tabladas contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional son ajenas a la
competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.53
Frente a esto, los miembros de las organizaciones decidieron acudir a la
C ID H , la cual, al cierre de este libro, todavía no se había pronunciado.
Tampoco han sido consultadas las comunidades mapuches en relación
a la explotación de los hidrocarburos (convencionales y no convenciona­
les). Por ejemplo, la nueva ley de hidrocarburos que introduce el fracking,
sancionada en 2014 no contempla en absoluto la consulta previa a los pue­
blos originarios. La cuenca del Neuquén y el gran yacimiento de hidrocar­
buros no convencionales de Vaca Muerta es concebido como un territorio
vacío, un “desierto”, por las autoridades provinciales y nacionales, lo cual
además de traer funestos recuerdos, implica el desconocimiento de que
hoy se asientan más de veinte comunidades mapuches que actualmente
reclaman su derecho a ser consultadas y que serán afectadas por el avance
de la explotación petrolera.54 Asimismo, cabe reiterar el constante proceso
de deslegitimación de los reclamos indígenas, que incluye la “acusación”
ile que los mapuches no serían argentinos, sino chilenos, desconociendo su
preexistencia a la formación del Estado nacional.

D ebates

358

latinoamericanos

* * *

La situación de los pueblos originarios se inserta en un escenario lleno de
contrastes y contradicciones. El reconocimiento de los derechos colectivos
abre a numerosos debates en América Latina acerca de los procesos de
democratización plural en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI
y, sobre todo, a fuertes interrogantes acerca de la viabilidad y el alcance
de dichos derechos enunciados a nivel internacional, recogidos por todas
las constituciones políticas latinoamericanas hoy vigentes. Estamos pues
ante un dilema que da cuenta de la colisión de dos dinámicas. Por un
lado, a escala global, desde mediados del siglo X X y al calor del proceso
de descolonización, asistimos a la expansión de la frontera de los derechos culturales y políticos de los pueblos originarios. Conceptos-horizonte
“de “autononmC “derechos’T^íecnvos1’ y “Estado durinacional1′
/
‘ —– recorren la narrativa indianista e ilustran el empoderamiento político cre­
ciente de les pueblos originarios en diíerpnl~pc p a f w Ap .A m érica f ariña
Dor otro lado, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave
extractivista^. da r nenra de un nuevoproceso de ‘árrinconamiento de los
TosjÓ rSnariaZ amenlazandcfen suconjunto la preservacióndeTosré*
cuf7r,g Kjcii-nsjja ra la vida^D espojo’ , repobmización”, son algunos délos
términos utilizados de modo recafféñte ya’séá~¡5or numerosos referentes
indígenas como por movimientos socioterritoriales. En sumí, la expansión
de la frontera extractiva hace estallar por los aires la posibilidad misma de
aplicar los derechos colectivos de los pueblos originarios apenas reconocí
dos a nivel global, nacional y local.

Notas
1 Sobre ¿ concepto de autonomía, en términos teóricos políticos se destaca la obra tío
Castoriadis, e t el marco del grupo Socialismo o Barbarie, y de A. N egi, que remite .1 la
experiencia autonómica en Italia (P oten Operaio) y más cercanamente a sis análisis sobo la
globalización 3 las resistencias (los textos publicados junto con M. Hard), y otrosáutore»
italianos, corro P. Virno. El libro de Altamira (2006), pero sobre tod« el de Madoneil
(2 0 1 0 ), recon.truyen de modo esclarecedor la trayectoria de este concefto en losautote»
europeos ligadas al marxismo. E n América Latina, véase, entre otros, Racuel Gutiérrez y I

M aristella S vampa

359

Escárzaga, 2006, 2 vol.; Gutiérrez Chong (coord.), 2008; Albertani, Rovira y Modonesi,
2009; González, Burgete Cal y Mayor, Ortiz, (coords.), 2010; AA. W , 2011. Para la
experiencia argentina, pueden consultarse los textos de M. Bergel, E. Adamovsky, H. Ouvifia,
M. Thwaites Rey, Colectivo Situaciones, R. Cerdeiras, R. Zibechi y los de la autora. En
México, véanse, entre otros, C. Albertani, J. Holloway, G. López y Rivas, F. López Barcenas,
Gustavo Esteva, Raquel Gutiérrez, Massimo Modonesi y Ana Esther Ceceña, además de los
ya citados H. Díaz Polanco y C. Sánchez. En Bolivia, véanse los escritos del grupo Comuna
(Raúl Prada, Luis Tapia, Alvaro García Linera, Oscar Vega), a lo cual hay que sumar, entre
muchos otros, a F. Patzi y X. Albó. Por otro lado, la discusión también alcanza notoriamente
a un país como el Ecuador (Pablo Dávalos, Pablo Ospina, Alberto Acosta, entre otros). Ante
una lista interminable, la enumeración que hacemos dista de ser exhaustiva.
1 Castoríadis, 2005: 60. La traducción es nuestra; las bastardillas, del autor. La defi­
nición se encuentra en el famoso texto “Porque no soy más marxista”, de 1974, reproduci­
do en Une société a la dérive. Entretiens et D ébats, 1974-1997.
3 Aunque M . Bergel habla los autónomos argentinos, el rasgo que describe es de
corte mas general.
4 También hay que señalar la continuidad de ciertos ejes estructurantes entre este
ethos epocal y los valores defendidos por los llamados nuevos movimientos sociales (las
feministas y los ecologistas, principalmente) surgidos a partir de los años 60 en Europa y
los Estados Unidos.
5 En otro texto (Svampa, 2010a) he definido a las matrices político-ideológicas como
“aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como
l.i concepción acerca del cambio social. Si bien cada matriz político-ideológica posee una
configuración determinada, los diferentes contextos nacionales así como las tensiones in­
ternas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular. En
otras palabras, las matrices político-ideológicas no se encuentran en estado puro, pues ks
diferentes dinámicas políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones
(entre indianismo y marxismo, entre indianismo y matriz nacional-popular, entre india­
nismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejem­
plos), como también a un proceso de conflicto y colisión, que puede llevar a acentuar las
diferencias en términos de concepciones, modos de pensar y hacer la política. Esta pro­
puesta, de orden analítico, tiene por objeto dar cuenta de aquéllos elementos más dinámii’os y organizadores presentes en las diferentes configuraciones político-ideológicas que
boy recorren el escenario político latinoamericano”.
6 No olvidemos que el levantamiento ocurre el 1° de enero de 1994, día en que enl raba en vigor el T L C (Tratado de Libre Comercio) firmado entre los Estados Unidos,
( lanadá y México, el cual tendría severas consecuencias comerciales sobre los estilos de
producción campesino-indígenas. Por otro lado, en términos globales, constituye también
i I primer levantamiento contra la globalización neoliberal, que luego sería reafirmado por
los sucesivos foros y encuentros realizados en Chiapas.
‘ Para una historia del zapatismo, en términos de memoria larga, véase el libro de

360

D ebates

latinoamericanos

8 “La llamada ‘Ley Cocopa fue elaborada en diciembre de 1996 por los legisladores
de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Los legisladores pertenecieron a los
4 partidos políticos más importantes: el PRI, el PAN, el PRD y el PT ”. “En lo fundamen­
tal, la ‘Ley Cocopa’ reconoce constitucionalmente una realidad: los pueblos indios son
parte de México y tienen sus propias formas de organización social y política, es decir,
tienen el derecho a ser indígenas y a ser mexicanos”. Centro de Documentación sobre el
zapatismo, 2001. Disponible en www.cedoz.org/site/content.php?doc=407.
9 Según López y Rivas, en esta etapa la autonomía reclamada por el zapatismo no se
proponía establecer “un régimen o un nuevo nivel de gobierno; no crea derechos corpora­
tivos ni fueros, no crea reservaciones. Tampoco identifica territorios autónomos o una di­
visión administrativa de territorios específicos en la geografía nacional como sí ocurre en
los casos de Nicaragua o el Estado español. Por el contrario, los Acuerdos de San Andrés
reconocen el derecho de los pueblos a la autonomía en el marco del Estado mexicano. [... ]
San Andrés define el sujeto de la ley, siguiendo lo estipulado en el convenio 169 de la OIT,
y fija competencia de autonomía en el manejo interno de formas de organización social,
sistemas normativos, representación política, tierra y territorio” (2004).
10 Véase la comunicación de Marcos, “La treceava Estela”, donde anuncia la creación
de las JB G y divide en cinco regiones, las que, al decir de Héctor Díaz Polanco, constitu­
yen una “nueva cartografía autonómica” (2006). Al mismo tiempo, las comunidades se
“despegaban” relativamente del mando militar.
11 En rigor, existen tres niveles, el de la comunidad, el del municipio y el que reúne a
diferentes municipios, el caracol. A su vez, los territorios autónomos no son cerrados y
suponen una relación con territorios no-zapatistas, sobre todo en lo que respecta al ejcrt i
ció de la mediación y la justicia. Para un análisis detallado de la evolución de las autono
mías, basada en un estudie de campo realizada entre 2005 y 2007, véase Bruno Barón ik i ,
Mariana Mora Bayo y Riciard Stahler-Sholk, 2011.
12 Tradicionalmente, los reclamos principales de las mujeres indígenas han sido con
tra la violencia de género v en favor de la igualdad de derechos.
13 “En el comunicado del 30 de diciembre el subcomandante Marcos asegura qui Yn
estos años nos hemos fortilecido y hemos mejorado significativamente nuestras condii io
nes de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las comunidades indígenas afines gil
biernos de turno, que reciben limosnas y las derrochan en alcohol y artículos inútilc,"
(citado en Zibechi, 20 1 3 ). Para el tema véase también J. Baschet, 2014.
14 Para un análisis de esas otras autonomías de hecho, véase el trabajo colectivo de
Gasparello y Quintana Guerrero (2010) que aborda en la primera parte diferentes aspei 101
de la autonomía en Guerrero y Oaxaca.
15 En junio de 2 0 0 5 , con la Sexta Declaración de la Selva Lacmdona (2005), el /.ip i
tismo lanzó “La otra campaña” a fin de crear un nuevo movimiento “desde abajo y drtdli
la izquierda”, que implico un progresivo alejamiento de sectores intelectuales al ncgai imU
posibilidad de acuerdo o articulación con candidatos progresistas (como López Obt.idml,
vistos éstos como contiiuadores o estabilizadores del neoliberalismo. Según M o d o r»
(2009), el zapatismo fue transitando una etapa de aislamiento político e involución, IrilMi
no sólo de la política de hostigamiento del gobierno federal, sino también de sus ciiuu»

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361

políticos. Asimismo, sostiene que la figura misma de Marcos perdió el “aura” y la capaci­
dad de convocatoria política que lo había caracterizado en años anteriores.
16 El primer curso, “La libertad según l@s zapatistas”, se hizo entre el 11 y el 18 de
agosto de 2013, con 1.700 participantes -d e todas las edades- vinculados a organizaciones
sociales de México y de todo el mundo. Véase el artículo de L a Jom ada, de 2013, que descri­
be los cursos y anuncia la realización de la segunda y tercera vuelta de la escuelita zapatista.
Disponible en www.jornada.unam.mx/2013/07/20/politica/015nlpol. En mayo de 2014,
Marcos anunció que no sería más vocero del EZLN argumentando, en parte, que había ya
un relevo generacional.
17 Volveré sobre el tema en el último capítulo, sobre populismo.
18 Para el tema de los avatares de la Asamblea Constituyente, véase Prada, 2010.
19 Las ocho organizaciones involucradas en tal propuesta fueron las siguientes: Con­
federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C SU TC B); Confede­
ración de Pueblos Indígenas de Bolivia (C ID O B); los colonizadores; las “Bartolinas”;
CConsejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ; Coordinadora de
Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC; Movimiento Sin Tierra de Bolivia (M ST);
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de
Bcni (CPEM B), además de una gran cantidad de O N G . Véase “Pacto de Unidad, ‘Pro­
puesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia
la Asamblea Constituyente’”, agosto de 2006. Disponible en www.aguasustentable.org/
umstituyente/constituyente/docs/propuestas%2 0 constitucionales/pacto%2 0 de% 2 0 unidad.pdf.
20 De hecho, la nueva Constitución Política después reconocerá la autonomía depar­
tamental.
21 La nueva Constitución boliviana reconoce la preexistencia de naciones y pueblos
mdígenas-originarios-campesinos”, triple categorización que se corresponde, según MaViirga, a la combinación de tres códigos: naciones originarias, denominación utilizada por
lita organizaciones de las tierras altas; pueblos indígenas, usado por los grupos étnicos de las
Unías bajas, y campesinos, que responde a la organización de los trabajadores del campo,
organizados desde 1952, en sindicatos rurales (Mayorga, 2011: 84).
n Conceptualización elaborada por la Asamblea del Pueblo Guaraní y enriquecida
por las diferentes organizaciones participantes del proceso (06/07/06).
13 La expresión entrecomillada pertenece a Ximena Soruco Sologuren, 2011: 87,
i|iiíen realizó un ensayo sobre el tema (“Apuntes sobre el Estado Plurinacional”), encarga­
do y publicado por la Vicepresidencia. Lo extraño de este ensayo es que el 90% está destin ido a dar cuenta de la historia de Bolivia y sus luchas, sus avatares y complejidades, pero
i am no avanza en la caracterización del Estado plurinacional. Este tipo de tratamiento gem*i ii o se encuentra en numerosos autores; no así sobre el tema más específico de las auto­
nomías indígenas, donde hay mayores desarrollos.
H Destino singular el de este grupo de intelectuales. Además de los citados más
ollhii, el grupo estuvo compuesto por la mexicana Raquel Gutiérrez (actualmente resiilniiir en su país) y Oscar Vega. Entre 1999 y 2006 sus miembros acompañaron las lui li.ii sociales y publicaron conjuntamente diferentes ensayos. A partir de la asunción de

362

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latinoamericanos

García Linera a la Vicepresidenciahubo una inflexión y continuación del diálogo (aun­
que ya no tanto en términos de coactivo) hasta 2010. Por su parte, Raúl Prada tuvo una
participación importante en la Aamblea Constituyente (véanse las entrevistas que le
realizamos sobre el tema, Svampa Stefanoni y Fornillo, 2 0 1 0 , y Prada, 2014), y luego
fue viceministro de Planificación Estratégica en el Ministerio de Economía y Finanzas.
A su salida, en 2010, se convirtióen uno de los críticos más acérrimos del gobierno de
Evo Morales y particularmente diSu ex compañero de Comuna, García Linera. Varios
libelos, escritos de un lado y otro, jan cuenta de una profunda desavenencia política. La
reflexión de Prada se inserta en in análisis de más largo plazo de la crisis del Estadonación y los umbrales de la descoonización, y se ha ido orientando cada vez más a en
fatizar la crisis civilizatoria y la anbiental (2014). Por su parte, el filósofo Luis Tapia
nunca fue funcionario del nuevo obierno, aun si su opinión era requerida y escuchada,
en los primeros años, sobre todopara debatir estos grandes temas (Estado plurinacio
nal). Sin embargo, a partir de 20 0-2011, sus críticas al gobierno del MAS lo alejaron
definitivamente. Por último, Gari¡a Linera realizó numerosas actividades desde la Viccpresidencia de la república. Si b in una parte importante de ellas está destinada al cu
cuentro con intelectuales reconocdos a nivel internacional, especialmente invitados pin
la Vicepresidencia (como A. Neg¡, E. Laclau o S. Zizek, entre otros), también se pro
movieron seminarios sobre temasjigados al proceso de cambio y numerosas publicar io­
nes (aunque la mayor parte de/e]as está destinada a difundir las ponencias y discurso*
del propio vicepresidente). Vé;Se el sitio oficial www.vicepresidencia.gob.bo/spip
php?page=publícaciones.
/
25 El artículo se encuentra er ]a compilación L a poten cia plebeya, editado por Clui *o
en 2009, pero éste fue publiéado0riginalmente en 2004 y reproducido parcialmente en
otro libro, Las transform aciones p liralistas d el Estado, a fines de 2007, junto con textos di
Prada y Tapia.
I
26 Nos referimos a que la noqón misma de “Estado plurinacional” no aparece prolili
matizada, sino como un dato del proceso de cambio en curso.
27 En una entrevista que le realizamos junto con Pablo Stefanoni en 2007, a un iilln
de su asunción como v¡cepresiderte, García Linera hablaría acerca de ujp^rtrbcgdian*'
7en relación a su consegción sobn ej Estado, orientado al fortalecimiento y la gestión tlfl
aparato estatal Asimismo, pon ía ¿nfasiseríla tensión, propia del momento de inmlilu,
entre centralización y socializado! de las decisiones. Por último, postularía la hipótesi* di I
capitalismo andino-amazónico ccmo figura de una modernidad pluralista. (Svampa v Ntfj
faroni, 2007). Más adelante, G a:cía Linera desplegaría una reflexión sobre el Esudit di
transición en un triple nivel: el Estado como la construcción de una (nueva) coallt lóll
política dominante, el Estado et, términos de nueva institucionalidad y, por últintii, *1
Estado como ¡dea o relación de Lgitimidad política, como “monopolio del poder miiiIiiV
lico”. L a poten cia plebeya, Bueno; Aires, Clacso-Prometeo, 2009.
28 “Para organizar un Estadc, plurinacional con alguna forma de gobierno pin..... .. IHH
nal, parece que sería más conveniente adoptar alguna forma colegiada de ejercicio de |nitlsf
político en los diferentes poderesen los que se divide el Estado, y en particular el F,)ei mi
vo” (2008: 80).

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363

29 CONAM AQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) es una orga­
nización indígena rural, asentada en regiones aymara/quechua, que surgió en 1997 en
cuestionamiento al sindicalismo campesino, como fruto de la organización de los ayllus
pero también de las instituciones no gubernamentales (Taller de Historia Oral andina,
Cooperación Danesa). En CO N A M AQ aparece la figura de la comunidad en un sentido
Inerte, pues el ayllu está en la base de las diferentes estructuras reguladoras de la vida social
(la reconstitución de las autoridades originarias), así como la reconstrucción del Tawantisuyo diseña el horizonte político.
30 Volveré sobre el tema en el próximo apartado.
31 Aunque daremos cuenta de estas cuestiones en otro capítulo, consagrado al debate
«obre el desarrollo, en este último apartado me interesa realizar un primer avance sobre la
relación entre el derecho de consulta y los conflictos suscitados en el marco de la expansión
tic las fronteras extractivas.
32 Los otros “nudos problemáticos” con los cuales se entrelaza esta cuestión remiten a
los inadecuados o inexistentes resguardos jurídicos de los derechos de los pueblos indíge­
nas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales, biodiversidad y territorio; a los conflictos
por la afectación de lugares sagrados; a la inexistente o deficiente evaluación independienli* ile los impactos ambientales, económicos y territoriales de los proyectos extractivos; a la
exclusión de los pueblos indígenas de la participación en los beneficios por la explotación
de recursos en sus territorios; en fin, a la criminalización de la protesta social indígena por
proyectos que afectan sus derechos y territorios (Cepal, 2014: 58).
33 Como afirma Rodríguez Garavito: “Ello lo desarrolla de manera amplia la Guía de
Aplicación del Convenio 169, que la O IT adoptó como respuesta a numerosas solicitudes
lie los Estados parte, pueblos indígenas y organizaciones sociales que buscaban conocer
i mi mayor profundidad el significado, el alcance y los impactos del convenio. En esta guía
•i' manifiesta que los Estados deberán celebrar consultas, incluso cuando se modifiquen
>lis|xisiciones jurídicas sobre las tierras y el territorio, pero que los pueblos indígenas, como
“ningún segmento de la población nacional de cualquier país tiene derecho a vetar las
políticas de desarrollo que afecten a todo el país” (Garavito, 2012).
11 Existen otras herramientas no vinculantes, entre ellas, el Pacto Internacional sobre
I ‘■ lechos Civiles y Políticos (PIDCP), pronunciamientos emitidos por el Comité de Deii i líos Humanos de las Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos), el Comité para
la I limlnación de la Discriminación Racial (CED R): órgano de monitoreo; el Comité de
I lechos Económicos, Sociales y Culturales (CD ESC): recibe informes periódicos de los
I «linios parte sobre el cumplimiento de las disposiciones del pacto y realiza observaciones
lliniles con respecto a ellos. Recomendaciones del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas (Foro Permanente). En este punto, agradezco especialinriilr el trabajo de sistematización realizado por Florencia Puente.
” Disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf.
Recordemos que la C ID H es un organismo de la OEA, y que su objetivo es realizar
un n guimiento general de distintos temas relativos a los derechos humanos. En los últi­
mo’. años, la CID H ha sido muy criticada por la politización de sus sentencias. Ha tenido
iiiiim rosos conflictos con Venezuela (denuncias por violaciones de D D H H ), Ecuador (de­

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latinoamericanos

nuncias contra la libertad de prensa) y Nicaragua (violaciones de derechos htumanos y la
falta de derechos de los nicaragüenses que trabajan en Costa Rica). Asimismo,, se le repro­
cha que nunca ha condenado a ningún dictador o dictadura latinoamericama, algo que
sucedió por ejemplo con el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras. En este sentido,
la visión que hay de la CID H en la Argentina es diferente, debido a la históricca visita que
esta comisión hizo al país en 1979, durante la última dictadura militar. Volviendo al pre­
sente, en 2 0 1 2 , el entonces canciller del gobierno venezolano, Nicolás Madurco, acusó a la
C ID H de ser “una burocracia internacional controlada desde Washington” e invitó a sus
pares latinoamericanos de la CELAC a crear un organismo propio. Disponible en www.
bolpress.com/art.php?Cod=2012051102. Más aún, debido a las medidas cauttelares dicta­
das en relación al caso de Belo Monte (2012), incluso Brasil, a través de ha presidenta
Rousseff, amenazó con apoyar la propuesta de crear una comisión de DDHEH latinoame­
ricana, sin la presencia de los Estados Unidos. Véase diario Clarín, “Argentima, más lejos
de la C ID H ”, 09/06/2012. Disponible en www.clarin.com/politica/Argentiina-lejos-CID H _0_715728572.htm l.
37 Disponible en www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica//bolivia-tendra-una-ley-de-consulta-indigenas-sobre-proyectos-economicos.
38 Basado en entrevistas propias, realizadas ese año en La Paz.
39 Disponible en www.cidob-bo.org. Véase Svampa, 2010.
40 Disponible en http://servindi.org/actualidad/89197.
41 Por supuesto, que habría que destacar el interés de los sectores del campesinado
cocalero a favor de la construcción de la carretera, y por ende, en expandir la frontera de
cultivos, y la oposición de sectores de pobladores originarios.
42 El informe oficial del gobierno boliviano señalaba que un 82% de las¡ 69 comuni­
dades consultadas dijeron “no” a la intangibilidad del T IP N IS, y el 80 % aprobó la cons­
trucción de las carreteras. 1 1 comunidades no quisieron participar, 57 decidlieron por lu
abrogación de la intangibilidad del TIPN IS y 55 aprobaron la construcción de la tan
mentada carretera. Estos resultados fueron cuestionados por la Asamblea Permanente d< Derechos Humanos (2013). Disponible en www.paginasiete.bo/2013-04-116/Nacion.il/
Des:acados/6Nac0021ó.aspx.
43 “El investigador del Centro de D ocum entación e Información Bcolivia, Pablo
Villegas, informó que desde 2 0 0 7 hasta 2 0 1 4 se realizaron en el país alrededor de 4'l
comultas previas en materia de hidrocarburos, pero sin tomaren cuenta ha evaluación
ambiental. A raíz de ello subsisten conflictos en 18 territorios indígenais y 11 área#
protegidas. ‘De 2 0 0 7 a 2 0 1 4 se hicieron 4 9 consultas previas por causa d e los hidru
carburos según datos de ese ministerio pero la evaluación de im pacto am biental mi
estáamarrada a la realización de la consulta previa’, criticó Villegas. [ ...] . ISegún contó
el iivestigador a ANF, el tratamiento del impacto ambiental se realiza sini base cien 11
ficay cuando se habla sobre las compensaciones se lo hace sin la evaluacióm ambieitl al,
lo que implica que los pueblos indígenas no conocen cómo les afectará lai explora» bilí
en ai territorio. Agregó que las evaluaciones de im pacto ambiental son urna espri ir d»
‘secreto de Estado’ y que su acceso es restringido para los ciudadanos y para los pin
blo: indígenas”. Disponible en www.cedib.org/post_type_titulares/cedilb-en-7 aun#

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365

hubo-al-menos-49-consultas-previas-sobre-hidrocarburos-sin-evaluacion-ambientalpagina-siete-17-8-15.
44
D os años antes, en octubre de 2007, el presidente Alan García había publicado en
el tradicional diario E l Comercio, de Lima, un artículo titulado “El síndrome del perro del
hortelano”. Allí, García afirmaba: “Hay millones de hectáreas para madera que están ocio­
sas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni
cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de
hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que
bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir ener­
gía eléctrica”. “Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben
inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por
ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo
que no lo haga nadie’. El primer recurso es la Amazonia. Tiene 63 millones de hectáreas y
lluvia abundante. [...] Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Ama­
zonia Qy por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de gran­
des lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de
empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del horte­
lano”. E l Comercio, 28 de octubre de 2007. El ya célebre artículo anticipaba de manera
brutal y descarnada su política en relación a la Amazonia y los recursos naturales. La mis­
ma comenzó a materializarse tres meses después, cuando el presidente García obtuvo la
delegación de facultades legislativas por parte del Congreso, con la finalidad de que se
dictaran normas con rango de ley que “facilitaran” la implementación del Tratado de Libre
( Comercio (TLC) con los Estados Unidos. En junio de 2008, el Ejecutivo sancionó un
centenar de decretos legislativos, entre ellos el paquete de once leyes que afectaban a la
Amazonia. Los decretos legislativos, rebautizados como “la ley de la selva” por las organi­
zaciones indígenas y O N G ambientalistas, serían cuestionados desde diferentes sectores.
I )os de ellos, el 1015 y el 1073, que implicaban una distorsión del derecho de consulta,
lucron derogados dos meses después de su sanción. Asimismo, en diciembre de 2008, una
comisión multipartidaria se expidió recomendando la derogación de los nueve decretos
restantes que afectaban la Amazonia, al considerarlos inconstitucionales, puesto que vul­
neraban los derechos de los pueblos indígenas (entre ellos, el derecho a la CPLI).
4'’ Históricamente, el sentimiento de superioridad social y cultural hacia los amazónicos
lio sólo ha sido compartido por las élites y clases medias urbanas —sobre todo limeñas—, sino
liu luso por los pueblos campesinos-indígenas de las zonas andinas. Véase Arroyo, 2009.
46 Para el tema de las rondas campesinas, véase Hoetmer, Castro et al., 2013. Para una
In tura en clave jurídica sobre la pertinencia de las rondas campesinas respecto del derecho
llr consulta previa, véase R. Irigoyen Fajardo (2012).
47 “Consulta previa en minería no avanza por no reconocer a pueblos andinos”, nota
ilc licatriz Jiménez, diario L a República, 10/0J/2015. Otros trabajos consignan que pese “a
i|iie el 47.8% del territorio de las comunidades campesinas se encuentra concesionado a la
actividad minera”, no se ha realizado ninguna consulta. Hiruelas, 2015.
4B Sin embargo, como sostiene Raquel Irigoyen, “el Convenio 169 de la O IT no dice
quiénes son pueblos indígenas sino a quiénes se aplica. Es necesario responder dos pregun­

366

D ebates

latinoamericanos

tas a los pueblos originarios para definir mejor a estos grupos: ;Tienen conciencia Uds. de
descender de pueblos que estaban antes del establecimiento del Estado peruano? ¿Tienen
Uds: tm idioma piupiu? Si el imelilu [rene conciencia de laTdentidad, se le aplican todos
( los derecRos relativos a pueblos indígenas” (2012).
49 Véase Darío Aranda, 2010.
50 El primero se refiere al Malón de la Paz, de 1946, del que di cuenta en páginas
anteriores.
51 Sólo contabilizar las denuncias recogidas por Anaya genera escalofríos. Por hacer
una mención incompleta: hay 20 comunidades indígenas con conflictos en la provincia de
Neuquén, vinculados a la explotación petrolera y minera; 23 sobre 24 reclamos en Río
Negro están ligados al problema de tierras, a latifundistas, al impacto ambiental y la mine
ría; de 15 en Formosa, 10 están vinculadas al reclamo de tierras y a la criminalización; de
56 reclamos de pueblos originarios en Jujuy, 4 7 están ligados al problema de tierras, .il
impacto ambiental y la falta de consulta previa a las comunidades relacionadas con la mi
nería (sobre todo, el litio); de 50 reclamos en la provincia de Salta, 42 están ligados u
conflictos por la tierra, la persecución, la criminalización, el impacto ambiental, la fa lt a >l<
consulta previa...
52 Puede verse el corto filmado por Miguel Pereyra, “Encuentro con la sal”, por la
visita de Anaya. Disponible en www.frequency.com/video/salinas-grandes-litio-visita-n i.i
tor/43999190.
53 Para el tema, véase Puente y Argento, 2015.
54 En una entrevista de 2014, el werken de la Confederación Mapuche del Neuquin,
Jorge Nahuel, expresó: “El problema principal es con las-extractivas, sobre todo poten i
exige un campo desocupado, libre, y la petrolera entra y necesita que esa tierra sea desuní
pada, por lo t á ñ t o V i géíérando unapolíticade desplazamiento a las buenas o a las m.iln
(Opsur, 2014).