Situación, derechos y garantías para las mujeres en la Venezuela bolivariana (VI)

SITUACIÓN, DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS MUJERES EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA
Alcances de la política pública de género en medio de la crisis

Anaís López Caldera 

Anaís López Caldera
Socióloga de la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación está vinculada a los estudios de género y las políticas públicas dirigidas a las mujeres con relación a las formas de organización social de estas y su relación con el Estado en la Venezuela Bolivariana. Actualmente cursa estudios de Maestría en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y es investigadora asociada al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).
 
(…) los números retan a las palabras, en definitiva a la retórica.
No hay nada más contundente que las cifras que, desde diversos frentes, se arrojan intentando explicar la realidad (…) el lenguaje escrito-hablado se puede adornar con artificios lingüísticos y la realidad, por contundente que sea, aparecerá también decorada
con esos mismos artificios. Por eso, las estadísticas resultan siem-
pre un lenguaje duro y contundente que intenta, a veces de manera dramática, explicar los hechos que se suceden en la sociedad, en la propia vida. Sin embargo, los números, en cuanto lenguaje,
requieren de las palabras para hacerlos hablar, para que se ex-
pliquen. Un lenguaje –las estadísticas y las cifras– no puede estar sin el otro –las palabras–, forman un matrimonio perfecto, casi indisoluble.
El Laberinto de las Cifras, Marcelino Bisbal

Comentarios al texto
Kristina Dietz
“Mientras en la Venezuela Bolivariana oficialmente se formularon políticas de género, en realidad en las programas que derivaron de estás políticas confundieron género con mujeres, familia y maternidad.”
Ulrich Brand
“Este trabajo llama a continuar investigando sobre casos específicos de formulación de políticas públicas dirigidas a las mujeres venezolanas. Estudios de caso subsiguientes permitirán ampliar la comprensión sobre la brecha entre la formulación y su implementación, indagando en las razones estructurales y coyunturales, así como las contingencias en la política pública.”  
1. Presentación
El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de la investigación realizada entre marzo y septiembre de 2017, sobre la situación de las mujeres venezolanas en el contexto de la profunda crisis económica, política y social que experimenta la nación desde el año 2013. Los datos que expondremos evidencian que hoy las mujeres venezolanas se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad, no solo por ver truncadas sus posibilidades de sortear las enormes dificultades frente a la crisis, sino que además no han tenido acceso a oportunidades reales de desarrollar su autonomía en ningún ámbito de su vida.
Así lo evidencia el cruce y análisis de la información que combina datos oficiales y propios, que dan cuenta de cómo la calidad de vida de las mujeres en la Venezuela de hoy se encuentra profundamente deteriorada, llevando este deterioro al límite de poner sus vidas en riesgo, por estrictas razones asociadas a su género.
Para desarrollar nuestra investigación hemos combinado la investigación de tipo documental con la realización de una exploración en campo que les pregunta directamente a mujeres de diversas edades y estratos sobre su situación en materia de trabajo, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género. Para esto último diseñamos una entrevista a profundidad que se aplicó a 64 mujeres residentes en el Área Metropolitana de Caracas durante los meses de agosto y septiembre de 2017. La muestra fue diseñada de la siguiente manera:
Ficha técnica de la muestra
Ficha técnica estadística del estudio:
Tipo de estudio Documental, investigación cuali-cuantitativa
Metodología Aplicación de instrumentos en entrevista a las mujeres
Población objeto Mujeres entre 15 y 55 años en la zona metropolitana de
Caracas 676.400(1)
Cobertura
Horizontal Municipios: Libertador,
Sucre (2), Chacao y Vargas (3) 4 municipios
26 parroquias
Cobertura
Vertical (Mujeres económicamente
activas y en edad fértil (4) 676.400(1)
Tipo de
Muestreo Muestreo No Probabilístico por Cuotas
Tamaño de muestra Fórmula de cálculo para población finita con el 95% de confianza y 5,35%de error máximo admisible 64 mujeres
Desagregación de la muestra Proporcional a la distribución geográfica y etaria Ver Cuadros: Parroquia/Eje y Grupo/Edad
(1) Proyecciones al 30 de junio de cada año, calculadas en el segundo trimestre del año 2013, con base al Censo 2011, entendiendo que la población femenina comprende el 50% de la población general proyectada por el INE. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
(2) Sólo incluye las parroquias Petare y La Dolorita, por ser las más representativas del municipio
(3) Sólo incluye la parroquia Urimare, por ser la más grande del muncipio
(4) La edad fértil en las mujeres se estima hasta los 45 años, para la población objeto el rango etario fue ampliado hasta 59 años para incorporar a las económicamente activas.
En cuanto a la distribución geográfica de la muestra, abarcamos 22 parroquias del municipio Libertador, más una parroquia del municipio Sucre (adscrito al área metropolitana de Caracas) y la parroquia Urimare del estado Vargas dada su cercanía al área metropolitana; el criterio en ambos casos fue la densidad de su población, quedando distribuida de la siguiente manera:
Gráfico n.° 1.
Distribución geográfica de la muestra

Fuente: elaboración propia.
En cuanto a las edades de las encuestadas, la mayor parte de la muestra se concentró en la caracterización de mujeres en edad fértil y productiva, siendo que el 81,3% de las mismas tenía entre 15 y 44 años.
Sobre el nivel de instrucción de las encuestadas encontramos que el 21,9% de las mismas posee estudios técnicos (Técnico Superior Universitario), mientras que el otro porcentaje importante (37,6%) poseen a su vez estudios secundarios y universitarios incompletos. Solo el 17,2% de las mujeres entrevistadas poseía estudios universitarios completos.
2. Contexto
Desde el año 2013, Venezuela experimenta una profunda crisis política, económica y social marcada muy especialmente por la desaparición física de Hugo Chávez y, a partir del año 2014, por la estrepitosa caída de los precios del petróleo. Si bien es cierto que desde el proyecto bolivariano plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de 1999 se establecen derechos y garantías dirigidas a las mujeres con el objetivo de ampliar su participación en la vida social, eliminar los factores de discriminación y pobreza que las vulneran, y garantizarles condiciones de vida con equidad e igualdad, los indicadores referidos a la situación de estas siguen mostrando profundas brechas en materia de desigualdad de género, y al interior de estos indicadores, la brecha por razones de clase es aún más severa. En otras palabras, siguen siendo las mujeres venezolanas más pobres, y sus hijos e hijas, las más excluidas y con menos posibilidades de llevar sus vidas más allá del límite de la sobrevivencia.
El período de gobierno que inicia en 2013, con Nicolás Maduro, inaugura un nuevo ciclo de crisis de los ya conocidos en el país (Cartay, 1996), dada la dependencia estructural del Estado venezolano de la renta petrolera, a través de la cual se financia no menos del 90% del gasto público y social . Dicha crisis ha conducido al mismo tiempo a una caída estrepitosa de indicadores claves del bienestar económico y social alcanzados con la bonanza petrolera en años anteriores.
El agotamiento de la renta petrolera como fuente de financiamiento de acumulación del capital ha colocado al Estado venezolano en un serio dilema sobre la forma de administrar y distribuir los precarios recursos que ahora ingresan a la nación. Esta situación coincide con una serie de vencimientos de pagos de deuda externa en donde la opción más conveniente pareciera ser declarar el default y destinar esos recursos a la importación de alimentos, medicinas e insumos para la producción, todos ámbitos relacionados y relevantes para la recuperación de la economía nacional. Sin embargo, no es esto lo que ha ocurrido. El gobierno venezolano ha privilegiado el pago de deuda, sacrificando su capacidad de importación, lo que ha traído como consecuencia una escasez sostenida los últimos tres años acompañada de una altísima inflación3 que hace prácticamente imposible que quienes dependen de su salario puedan sostener su capacidad de consumo y procura de bienes básicos.
Como plantearemos más adelante en este estudio, la disminución del ingreso ha traído como consecuencia una profunda regresión en su distribución, lo que ha generado una continua expansión, profundización y diversificación de la pobreza en los últimos 4 años, acompañada de una serie de ajustes macroeconómicos no declarados oficialmente, básicamente en lo referido a la devaluación de la moneda y la liberación de precios. En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido generar bonos directos y eliminar paulatinamente los subsidios indirectos relacionados con alimentos, medicinas y artículos de aseo personal e iniciar una política de compensación social por la vía de las transferencias dinerarias directas a través de un instrumento de registro y control conocido como el Carnet de la Patria . A pesar de la retórica sobre el aumento sostenido de la
3 De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, para finales de 2015 la inflación se ubicaba en 180,9%, desde entonces no se publican cifras oficiales en la materia. Los datos sobre inflación que circulan son difundidos a través de diversas instituciones públicas y privadas, tal es el caso del trabajo que realiza la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y la firma de análisis macroeconómico Econométrica, quienes coinciden en afirmar que desde octubre de 2017 el país se encuentra formalmente en hiperinflación. De acuerdo con el diputado Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento: “La inflación en noviembre [de 2017] fue de 56,7%, lo que implica que la inflación acumulada en los primeros 11 meses del año es de 1.370%. Tenemos la inflación más alta del mundo en este momento” (Sojo, 2017). El diputado agregó que lo más probable es que al cierre de 2017 la inflación venezolana esté entre 2.000% y 2.100%, una previsión que también comparten algunas firmas nacionales.
inversión social en materia de alimentación, salud y educación, la aplicación de programas puntuales a través de misiones sociales5 para contener la expansión de la pobreza, no ha tenido resultados efectivos para detener su crecimiento acelerado.
De acuerdo con los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en abril de 2016, con respecto al índice de pobreza en Venezuela, para el cierre del primer semestre del año 2015 el número de familias pobres, al final de dicho período, se ubicaba en 2.434.035 familias, lo que representa el 33,1% de la población. El número de familias en pobreza extrema, se ubicaba en 683.370, representando al 9,3% de la población.
Esta cifra demostraría el aumento en progreso de la pobreza extrema, debido a que en 2014 el índice se ubicó en 8,4% y en 2012 cerró en 6%.
Desde entonces el INE no ha vuelto a publicar cifras sobre esta situación y algo similar ocurre con otras instituciones oficiales que dejaron de hacerlo desde el año 2013. El dato más actualizado sobre pobreza en el país, lo encontramos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)6. La misma muestra un aumento

que oficialmente este instrumento no ha sido establecido como la única forma acceder a derechos y servicios garantizados por el Estado, en la práctica se viene imponiendo como tal, especialmente para la población más vulnerable y dependiente así como para todos los empleados de la administración pública nacional. Para ampliar las denuncias sobre este instrumento ver: Itriago, 2017; Moreno, 2017.
5 Las misiones sociales constituyen un conjunto de programas sociales implementados desde el año 2003 destinados a saldar la deuda social en materia de salud, alimentación y educación. Desde entonces se fueron ampliando a otras áreas temáticas relacionadas con el desarrollo productivo, agrícola y energético. Actualmente, incorpora también ámbitos como la vivienda y, fundamentalmente, la asignación de transferencias dinerarias directas hacia sectores definidos como “vulnerables” y de máximo interés para el gobierno nacional, entre estos, principalmente: mujeres, adultos mayores, niños y jóvenes.
Para ampliar la información sobre la historia y el recorrido de las misiones sociales ver: Minci (2014), y para una lectura crítica de las mismas ver: Aponte (2010).
6 La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida es una iniciativa que adelantan la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar en la que abordaron en forma coordinada la realización de una encuesta cuyo propósito fue determinar las reales
Cuadro n.° 1.
Hogares pobres por ingreso
Situación de pobreza 2013 2014 2015
1er Semestre 2do
Semestre 1er Semestre 2do
Semestre 1er Semestre
Total 7.187.291 7.268.692 7.308.554 7.426.679 7.519.342
Total Declarado 6.988.584 6.948.982 7.175.306 7.310.921 7.364.701
No Pobres 4.937.410 5.049.392 5.059.509 4.930.640 4.930.666
No Pobres (%) 70,6 72,7 70,5 67,4 66,9
Pobres 2.051.174 1.899.590 2.115.797 2.380.281 2.434.035
Pobres (%) 29,4 27,3 29,5 32,6 33,1
Pobres No Extremos 1.224.139 1.287.539 1.511.102 1.688.258 1.750.665
Pobres No Extremos (%) 17,5 18,5 21,1 23,1 23,8
Pobres Extremos 827.035 612.051 604.695 692.023 683.370
Pobres Extremos (%) 11,8 8,8 8,4 9,5 9,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
dramático de la población en situación de pobreza, señalando que, para el cierre de 2016, casi el 82% de la población se encontraba en esta situación.
Para la medición de la pobreza, la ENCOVI utiliza el criterio de medición de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas, apuntando a una caracterización estructural de la misma, es decir, utiliza la misma base metodológica del INE para caracterizar la variable pobreza. Sin embargo, dicho dato no está exento de polémica en la medida que este tipo de levantamientos en contextos inflacionarios, como el que ha experimentado Venezuela los últimos dos años, pueden ser engañosos y magnificar la gravedad de la situación. A pesar de ello, creemos que es importante incluirlo en el análisis en vista de que es el único registro que se viene haciendo de forma sistemática y a escala nacional, sobre las condiciones de vida de la población.
Es bien sabido que la pobreza, las crisis y la aplicación de medidas de ajuste no tienen un efecto homogéneo en todos los estratos de

condiciones de vida de la población del país, brindando resultados a nivel nacional, regional y municipal sobre la población, así como las características de la vivienda y el hogar.
la población. Dichas medidas impactan de forma más negativa a las mujeres , por sus dificultades para acceder a trabajos estables y bien remunerados, el aumento de las tasas de desempleo y la duración del mismo, por las desventajas estructurales con las que pueden enfrentar la crisis en contextos como el venezolano en el cual la maternidad determina enormemente las posibilidades de acción y las condiciones de vida de las mujeres.
Como en otros países de América Latina, en Venezuela, la crisis económica y la aplicación de medidas de ajuste produce al mismo tiempo un ajuste invisible adicional que afecta a las mujeres pobres, cuando la desinversión social resultante de la disminución del gasto social es compensada por el fondo social que ellas aportan con sus trabajos remunerados y no remunerados (Bethencourt, 1999). Este fondo social se sustenta, fundamentalmente, en el trabajo doméstico y comunitario. Si bien es cierto que la política comunitaria impulsada en Venezuela ya descansaba casi exclusivamente sobre los cuerpos de las mujeres, en medio de esta situación han devenido en las responsables directas de la administración de los programas de contención de la pobreza impulsados por el gobierno nacional en su comunidad. Vale la pena destacar el carácter voluntario y, por lo tanto, impago en términos formales y con los beneficios de ley que significa este trabajo “extra” para las mujeres pobres, convirtiéndose así en una suerte de tercerización precaria de las condiciones en las que las mujeres que habitan en sectores populares pueden acceder a un determinado ingreso o “beneficio” de los que oferta el gobierno nacional.
Como se puede apreciar hasta ahora, poco o nada dicen estos hechos sobre los derechos de las mujeres para sí mismas o hasta qué punto el proceso de transformación social ocurrido en el país les ha permitido ser más autónomas e independientes. En este sentido, nos parece importante señalar el contraste que existe entre autonomía y libertad de la mujer con el reconocimiento discursivo que estas han tenido durante el proceso bolivariano, y con el aumento de su participación en cargos públicos. Adonde queremos apuntar es a que, aunque se reconozca discursivamente a las mujeres o se les dé más cargos de responsabilidad, esto no les ha garantizado más “derechos para sí mismas”. Un ejemplo claro de esto es cómo a pesar de toda la reivindicación, reconocimiento y desarrollo legal de la categoría feminicidio , una década después, salvo esporádicas campañas publicitarias y la creación de una institucionalidad mínima para atender el problema de la violencia, estructuralmente, no se ha hecho nada para evitarla, erradicarla y combatirla frontalmente. Algo similar ocurre en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente en lo referido a la despenalización del aborto, en los que a pesar de la movilización y participación activa de distintos colectivos de mujeres en la revisión del Código Penal en dónde está criminalizado, dicha reforma fue engavetada por la Asamblea Nacional hace poco más de una década también.
En Venezuela, las llamadas políticas de género han sido, fundamentalmente, un conjunto de programas sociales para contener la pobreza, dirigidos a mujeres-madres. Esto en sí mismo no es cuestionable porque ante la histórica deuda social existente en el país, los programas de transferencia para la contención de la pobreza son necesarios, el problema es que se han limitado a ellos y en un contexto de crisis económica, los mismos suelen verse afectados, dado que se diluye la necesidad específica de garantizar la atención y el acompañamiento a las mujeres para la superación de las desigualdades específicas relacionadas con el género, para atender la pobreza en general y, por la misma vía, descargar en las mujeres aún más responsabilidad asociada a la administración y el cuidado en condiciones precarias. Por ejemplo, la Misión Madres del Barrio , cuya razón de ser estaba fundamentada en el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo, tal y como lo establece la constitución, y que se planteaba en su diseño como un programa de capacitación y promoción de la independencia de las mujeres, ha venido a ser sustituido por la Misión Hogares de la Patria que solo se limita a una transferencia dineraria mensual.
Este tipo de programas sociales, confundidos con “política de género”, pone en escena la cuestión de la extensión social del rol maternal y libera al Estado de la responsabilidad de garantizar el cuidado y el bienestar de las mujeres para sí mismas, confinando a las mujeres pobres en la esfera de lo doméstico ahora exaltado por el Estado en el contexto de la comunidad.
Los hogares, a través del trabajo doméstico y de las tareas del cuidado de las que se hacen cargo las mujeres, asumen los costos de la flexibilidad laboral y de los conflictos que se producen en la esfera de la producción. De este modo, “la familia” persiste a través del tiempo porque asegura la supervivencia de todos sus miembros o al menos ayuda a mantener determinado nivel de vida difícil de sostener individualmente o a través del mercado. En el interior de las familias, habitualmente hay una serie de intercambios, redistribuciones y reciprocidades desiguales porque las mujeres siempre aportan más de lo que reciben. Por eso, las políticas estatales no buscan nunca sustituir la familia, si bien asumen responsabilidades en relación con ella. El Estado protege a la familia porque le permite asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y mantener determinado nivel de vida de la población. Una de las estrategias de protección de las familias es el apoyo (económico) a las mujeres-madres para que continúen y aseguren labores de cuidado (Anzorena, 2013). En el caso venezolano, la comunidad deviene en una suerte de familia extensa en la que las mujeres reproducen y asumen la responsabilidad del cuidado en una relación tan asimétrica como la que se encuentran al interior de sus propias familias.
3. Las políticas públicas “de género” en la Venezuela
Bolivariana
Existe un amplio consenso entre las organizaciones feministas y de mujeres sobre cómo el proceso constituyente de 1999, y la Constitución derivada del mismo, significó un gran salto adelante en materia de derechos y garantías para las mujeres venezolanas. Antes de esta Carta Magna, existían derechos vagamente definidos y una institucionalidad más bien precaria. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado venezolano no estuviese obligado a garantizar y promover los derechos de las mujeres. De hecho, en la década de 1970 Venezuela experimenta la expansión del feminismo y la proliferación de organizaciones de mujeres vinculadas a partidos políticos dentro y fuera del poder. Al mismo tiempo, estaba en pleno desarrollo el boom petrolero de la época, lo que permite ubicar en este período de nuestra historia el primer antecedente importante de la promoción desde el Estado de la institucionalidad para la mujer.
Sin embargo, la sostenibilidad de dicha institucionalidad se vio seriamente afectada cuando una década después, a mediados de 1980, colapsan los precios internacionales del petróleo y el país experimenta una dramática reducción de sus ingresos fiscales, aunado además a la obligación de pago de altas sumas de dinero por concepto de deuda externa. En este contexto, la institucionalidad para la mujer se vio fuertemente afectada y fue siendo reducida a departamentos y áreas del Estado que trataban los problemas de las mujeres, siempre en con la familia.
Para los Estados “fusionar” los temas mujer y familia, resulta extraordinariamente conveniente y rentable, en términos de los beneficios y reducción de costos que supone tratar los problemas de las mujeres asociados a la familia, dado el rol fundamental que estas representan en materia de cuidados, especialmente de hijos y personas mayores o enfermas. De esta manera, el Estado, tradicionalmente echa mano de programas destinados a la mujer, cuyo impacto calculado pasa por el beneficio directo que esto supone para las familias y que le permite mejorar sus indicadores sin necesidad de preocuparse por la situación de las mujeres en sí. Por ejemplo, durante la década de 1990 la política institucional dedicada a atender los problemas de las mujeres quedó reducida a pequeños programas de subsidio, dirigidos fundamentalmente a mujeres-madres.
La constitución del año 1999 vino a representar una ruptura en materia de avance de derechos para todas las mujeres en términos amplios y democráticos, pero muy especialmente en el sentido de reconocer que las mujeres, además de protección como madres, necesitaban garantías para que pudieran desarrollar su personalidad. En ese sentido, y después de una lucha persistente y polémica con sectores conservadores nacionales de la política y la iglesia, fue posible incorporar dos artículos que a nuestro modo de ver abrían nuevos y mejores horizontes para las mujeres venezolanas:
Por un lado, el artículo 76 que establece que:
(…) La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o el padre. Las parejas, tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y los medios que les aseguren en el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general, a partir de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos (…).
La inclusión de este artículo en el texto constitucional fue harto polémico dado que no afirma tajantemente la protección de la vida “desde la concepción” sino que lo atenúa en la redacción con “en general”, abriendo el camino para la conquista de la legalización del aborto, mientras que lo blinda desde el inicio planteando que solo las parejas pueden decidir el número de hijos que deseen concebir, reforzando la garantía de servicios de planificación familiar integral, basada en información científica. Para las organizaciones feministas y de mujeres comprometidas y directamente involucradas con la redacción del nuevo texto constitucional, esta fue una conquista parcial, puesto que la meta era que de ninguna forma se estableciera la protección de la vida desde la concepción, pues esa era la propuesta que hacían los sectores conservadores y las iglesias de diversos signos.
Por otro lado, el artículo 88 estableció el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo:
El Estado garantizará la igualdad y la equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado, reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.
Este reconocimiento del trabajo doméstico de las mujeres como trabajo productivo fue visto como una gran conquista por el movimiento de mujeres, puesto que abría paso al reconocimiento de que las mujeres amas de casa realizan un trabajo que también genera riqueza y bienestar social, y al ser reconocido como tal se crearon las condiciones para que las amas de casa pudieran acceder a un ingreso fijo y a todos los beneficios de ley que implicaba reconocer su labor. Este ejercicio podía resultar en la práctica muy emancipador en la medida en que les otorgaba cierta autonomía financiera a las mujeres en sus hogares y a partir de este tipo de autonomía eran otras las que se podrían desplegar.
Cuando se aprueba la Constitución de 1999 la deuda social existente en el país se había acumulado durante casi dos décadas, esto definió en buena medida las primeras acciones del primer gobierno del presidente Chávez que había desarrollado las campañas electorales previas en el reconocimiento y la necesidad de saldar dicha deuda.
A partir de entonces, desde el Estado se inicia el despliegue de un conjunto de programas sociales destinados a dar respuesta a las demandas más urgentes y concretas de la población más excluida y más vulnerable, dichos programas estaban relacionados, fundamentalmente, con el ingreso, la salud, la alimentación y la educación.
En lo que se refiere específicamente a la política de género, dos instituciones fueron muy importantes durante el primer período de gobierno del presidente Chávez (1999-2006), a saber: el Instituto Nacional de la Mujer (1999) y el Banco de Desarrollo de la Mujer (2001). Ambas instituciones tenían la orientación de priorizar la atención a mujeres pobres y/o en situación de pobreza extrema. Sin embargo, especialmente el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) formalizó una apuesta innovadora en el país, de acompañar la entrega de financiamientos de programas de formación con contenido feminista en el mismo proceso durante el cual las mujeres accedían de forma individual o colectiva a micro-créditos para la realización de pequeños emprendimientos productivos. Así se llegó a consolidar la Red de Usuarias de Banmujer, sostenida por una red de mujeres que había accedido a los programas de financiamiento y formación del banco, y ahora se convertían en multiplicadoras y formadoras de otras desde su propia experiencia.
El Instituto Nacional de la Mujer, por su parte, adoptó un papel más institucional de sistematización y acompañamiento de los diversos programas sociales puestos en marcha con la tarea de dotarlos de la “perspectiva de género”. Aunque ambas experiencias vistas a la luz de ese momento histórico, suponen indudablemente avances, lo cierto es que aún no se vislumbraba cómo y cuándo es que comenzarían a implementarse esta serie de garantías y derechos para las mujeres (que no solo para las madres) establecidas en la nueva constitución.
No es sino hasta el año 2006 que el Estado da los primeros pasos en la materialización de, al menos, uno de los derechos fundamentales que mencionamos anteriormente. El 24 de marzo de 2006, se crea la Misión Madres del Barrio, aunque tanto su presentación a la nación por el propio presidente Chávez, como los documentos oficiales en donde se establecen sus bases, objetivos y funcionamientos, parten del artículo 88 que reconoce el trabajo del hogar y el cuidado como trabajo productivo, en la dimensión cualitativa se establece que la Misión se dirige a:
• Mujeres y familias con altísimo nivel de precariedad económica, social y cultural.
• Mujeres y familias con crisis y distorsiones en términos de valores y actitudes individuales y sociales, con una importante carga de desesperanza y aislamiento, así como ausencia de autoestima.
• Mujeres y familias excluidas de derechos básicos: acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, al trabajo digno, entre otros. Sin acceso a servicios básicos y comúnmente en condiciones de hacinamiento.
• Mujeres y familias excluidas de las redes de atención del gobierno, en sus diversas instancias.
• Mujeres y familias con condiciones especiales de vulnerabilidad.
Esta orientación refuerza y ata (aún más) la relación entre las mujeres y sus familias, obviando así el reconocimiento de las mujeres por sí mismas y las posibilidades de trascender el ámbito familiar como único espacio de acción e interacción para ellas. A partir de entonces –y a pesar de hechos muy concretos que también pueden ser señalados como avances y conquistas para las mujeres, como la aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, y la posterior creación de un Ministerio del Poder Popular para la Igualdad y Equidad de Género en el año 2008– la orientación de la política pública dirigida a las mujeres, ha sido tratada solo desde lo asistencial por la vía de subsidios, donaciones y programas de empleo a tiempo determinado que al cabo de una década no solo han reforzado los niveles de vulnerabilidad y dependencia de las mujeres, especialmente de las más pobres, sino que ha devenido al mismo tiempo en una red clientelar que usa y explota las necesidades de las mujeres en favor del poder del Estado, movilizando a las mujeres vinculadas a estos programas, como operadoras de la política social en el territorio y a la congregación de todas las beneficiarias a los actos oficiales del gobierno nacional.
Es así como el programa Madres del Barrio, los poco más de 10 años que tuvo vigencia, difícilmente superó las 100.000 mujeres “beneficiadas”; además, se alejaba bastante de lo que establece el artículo 88 de la constitución porque es una transferencia dineraria que nunca alcanzó los niveles del salario mínimo legal, así como tampoco los beneficios de ley correspondiente. Estructuralmente, desde el año 1999 a la fecha el Estado venezolano no ha dejado de clasificar a las mujeres amas de casa, como población económicamente inactiva, es decir como no productivas.
En marzo de 2017, el gobierno nacional anunció la “fusión” de la Misión Madres del Barrio en un nuevo programa que desde hace un año intenta concentrar todas las misiones destinadas a atender a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema:
(…) para garantizar la atención integral de las familias venezolanas de escasos recursos, se han fusionado las siguientes misiones: Niño Jesús, Hijos de Venezuela, Niños y Niñas del Barrio, Madres del Barrio y la Gran Misión Hogares de la Patria, transformándose la naturaleza de la Fundación Madres del Barrio para dar paso a la Fundación Misión Hogares de la Patria (RNV, 2017).
Esta decisión evidencia varias cosas: la primera, y quizás la más obvia, es que en contextos de profunda crisis económica, los programas destinados a las mujeres son de los primeros sacrificados sin que opere mayor resistencia al interior del Estado y de la misma sociedad; la segunda evidencia, que no es tan obvia, es la del fracaso de una apuesta revolucionaria en términos de reconocimiento del rol y el aporte de las mujeres a la economía y a la sociedad y la reducción definitiva de estas a la maternidad que, por cierto, en la Venezuela Bolivariana, se extiende a la comunidad.
4. El rol del movimiento feminista y de mujeres

Nos parece importante resaltar el rol que cumplen las organizaciones feministas y de mujeres en este contexto y su posibilidad de incidencia para visibilizar los graves problemas que enfrentan las mujeres venezolanas hoy. No sería posible explicar esto sin tomar en cuenta las tensiones y rupturas desarrolladas al interior del mismo, inscrito en una profunda polarización. Venezuela cuenta con una tradición de lucha y organización de mujeres y feministas que durante todo el siglo XX fue capaz de poner las diferencias partidarias a un lado y unir voces y esfuerzos en función de los derechos de las mujeres todas. Esto fue incluso así durante el propio proceso constituyente, durante el cual mujeres de partidos e ideologías antagónicas se reunieron para impulsar que el articulado del nuevo texto constitucional incorporara de forma explícita derechos y garantías para todas.
Sin embargo, una vez aprobada la Constitución e instalado ya formal y definitivamente el nuevo gobierno, se desató una lucha feroz contra el mismo, con una sucesión de acontecimientos trágicos y desafortunados para la nación13 que agudizaron la polarización y

13 Desde finales de 2001 hasta mediados de 2005, Venezuela experimentaba una profunda crisis política desatada por los cambios en materia institucional adelantados por el presidente Hugo Chávez. El 13 de noviembre de 2001, Chávez decreta 49 leyes amparándose en la Ley Habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior, instrumento legal que le permitía legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. Aunque originalmente dos tercios de la Asamblea estaban controladas por el chavismo, la situación había cambiado debido a que unos diputados se habían vuelto disidentes y era poco probable que Chávez lograse conseguir otra Habilitante; razón por la cual el Presidente aprueba estas leyes un día antes de que su poder especial expirara. Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial; adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hace de la tierra; además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. A partir de entonces se desencadena un conflicto con llamados a huelgas patronales, que culminan en un golpe de estado contra el presidente Chávez el 11 de abril de 2002. Aunque este golpe es derrotado por la movilización de militares leales a Chávez y una amplia movilización popular que demandaba la restitución del orden constitucional. Los años subsiguientes, hasta 2006, están marcados por una agudización de la polarización, mediados por: un segundo paro patronal que duró poco más de dos meses (diciembre 2002-febrero 2003); un referendo revocatorio del mandato del presidente Chávez (2004) y el retiro de la oposición en las elecciones parlamentarias (2005).
fue profundizando las brechas entre el movimiento de mujeres, deviniendo finalmente en una ruptura definitiva entre quienes estaban a favor y en contra del gobierno. Esto ha significado en la práctica una disolución del movimiento de mujeres y feminista venezolano, fragmentado y reducido a pequeños espacios de opinión o académicos, algunas ONG y mujeres pertenecientes a partidos políticos sin mayor incidencia en la opinión pública en general.
Frente a ellos se ubica todo el aparato del Estado destinado a la mujer, operado desde dos instancias fundamentales: el Ministerio del Poder Popular para la Igualdad de Género y la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer). Ambas instancias son las responsables de la movilización masiva de mujeres a partir de la oferta de subsidios y programas para el “emprendimiento productivo” de las mujeres, los cuales en la práctica son una variante de los subsidios dado lo limitado de los montos y, por ende, de los proyectos que con estos se pueden impulsar.
Al interior de esta corriente, pero en permanente disputa con ella, se ubica la del feminismo popular, que parte de una crítica radical a las prácticas feministas más tradicionales, pero muy especialmente frente al feminismo que hace vida desde la academia y pequeñas ONG. Desde la perspectiva de la autora, este feminismo popular no ha sido tan radical para exigirle pública y frontalmente al gobierno que garantice los derechos de las mujeres seriamente vulnerados los últimos años. En la práctica, este es un sector que ha relativizado permanentemente las responsabilidades del Estado con respecto a la precariedad en que transcurre la vida de las mujeres. Así mismo, a pesar de reivindicar su independencia como corriente, no tiene autonomía para operar ya que depende, fundamentalmente, del financiamiento externo y de sus relaciones con el gobierno nacional. Muchas de sus principales promotoras han sido o son funcionarias de algún nivel en alguna de las instituciones destinadas a la mujer y, sin embargo, es muy escasa o nula su producción en términos de investigación y propuestas en materia de los principales problemas de las mujeres venezolanas.
Dos casos del balance que nos proponemos hacer ilustran perfectamente esta relación. En lo referido al debate sobre la legalización del aborto, las feministas chavistas, en sus distintas variantes, han apostado siempre a la política del lobby y la negociación con actores concretos dentro del gobierno en distintas instancias: diputados, ministros, vicepresidentes, etc. Es así como, a partir del año 2005, el debate al interior del movimiento feminista más cercano al chavismo optó como “estrategia” frente a la resistencia y el rechazo que en sectores conservadores del chavismo producía el término aborto, dejar de reivindicar la legalización del mismo, para hablar más bien del derecho a la “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, han transcurrido 12 años desde entonces y el aborto en Venezuela sigue penalizado.
Otro ejemplo dramático de cómo opera la lógica de este sector del feminismo venezolano es de data más reciente y tiene que ver con la garantía de derechos en materia sexual y reproductiva de las mujeres venezolanas. Aunque la lista de medicamentos esenciales que sugiere la OMS es la que adopta el Estado venezolano, y esta ciertamente incluye hormonas sexuales y modificadoras del sistema genital, la escasez aguda desde hace cuatro años de estos medicamentos en la red de salud pública, así como su disposición esporádica y a muy altos costos en la red privada, se configuran por inacción una política en la cual, y aunque no esté dicho de forma explícita y oficial, el gobierno nacional ha decidido recortar las importaciones, provocando un impacto particularmente sensible en rubros como alimentación y medicamentos , entre estos, los anticonceptivos. A pesar de que está demostrado y ha sido reconocido por el propio gobierno, la decisión de contraer las importaciones con sus respectivos efectos , varias voceras de esta corriente feminista popular argumentaron públicamente que la escasez de anticonceptivos en el país respondía a un plan de las transnacionales farmacéuticas para evitar que las mujeres controlaran su reproducción .
Más recientemente, en vista del incremento alarmante y sostenido de la mortalidad materna por razones asociadas a la crisis hospitalaria, la escasez de medicamentos y alimentos en general, algunas de estas mujeres y organizaciones (nuevamente por la vía del lobby) le plantearon al ejecutivo nacional la necesidad de un programa de emergencia para atender esta situación, por la vía de la creación de una sala situacional adscrita directamente a la Vicepresidencia de la República.
las importaciones del país con respecto a los años anteriores, lo cual atribuyó a la fuerte baja de los precios del petróleo. Esta declaración vino a confirmar lo que distintos analistas económicos y activistas sociales venían señalando sobre la determinación del gobierno de Maduro de mantener el pago de la deuda externa, a costa de sacrificar las importaciones de bienes básicos. Aunque desde hace por lo menos 3 años se ocultan las cifras de indicadores económicos y sociales, los últimos datos divulgados por el INE demostraban ya en 2014 este proceso sostenido de derrumbe de las importaciones, mucho antes de que se agravara la crisis del petróleo. Hasta octubre de 2014, últimos datos oficiales revelados por el INE, se importaron en 10 meses bienes por $37.823 millones, lo que supuso una caída del 16% con respecto a los primeros 10 meses de 2013. En un estudio realizado en 2016 por el reconocido economista Francisco Rodríguez, de la firma Torino Capital, se demuestra una baja del 58,1% de las compras externas entre junio de 2015 y junio de 2016.
5. Las políticas públicas dirigidas a las mujeres en medio
de la crisis
Para contener un poco el impacto que ha tenido la crisis económica en términos de acceso a alimentos e insumos médicos y sanitarios en general, el gobierno nacional ha presentado del 2014 hasta la fecha, una serie de programas de compensación y transferencias directas destinados a los sectores más pobres de la población, a saber:
• Bases de Misiones
• Misión Hogares de la Patria
• Comités Locales de Abastecimiento y Producción Local (CLAP)
• CLAP Maternal (Asistir con insumos básicos a las mujeres embarazadas o recién paridas)
• Micro Misión Paula Correa (Para promover y garantizar el parto humanizado)
• Programa Soy Mujer
Todos estos programas son de alguna forma la continuación localizada de otras iniciativas desarrolladas en el contexto del proceso bolivariano para llegar a la población más excluida. En el contexto de la bonanza petrolera, este tipo de programas logró disminuir los altos niveles de desigualdad y pobreza que existían en el país. Sin embargo, dada la profunda crisis económica, por un lado, y de legitimidad de la capacidad del gobierno para enfrentarla, por otra, son miles los venezolanos y venezolanas que cada año, desde el 2014 a la fecha, vienen a engrosar las estadísticas de pobreza y que no acceden a este tipo de programas. Esta política ha estado acompañada de medidas compensatorias cuya estrategia ha sido sustituir paulatinamente los subsidios indirectos y generalizados por programas y subsidios directos y localizados, canalizado fundamentalmente a través de las Bases de Misiones y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuyas principales administradoras y beneficiarias son las mujeres pobres residentes de sectores populares urbanos y rurales.
Con respecto al Programa Soy Mujer, su directora general, Zulay Aguirre, ha expresado lo siguiente:
El programa Soy Mujer me lo puso el presidente en las manos (…), más que para la mujer, para la familia, para la mujer criadora que puede trabajar desde su casa (…). Cuando una dice soy mujer, es como decir soy hogar, soy familia para que la mujer desde su casa con su familia pueda desarrollarse (Unión Radio, 2017).
Este testimonio evidencia cómo en este contexto, la mejor y más sólida política del Estado venezolano hacia las mujeres ha sido la de reforzar su rol de madre y cuidadora, cuyo lugar “natural” es el hogar. De acuerdo con la economista e investigadora Adicea Castillo, este tipo de programas difícilmente tendrá la capacidad de contener el crecimiento de la pobreza, siendo las más afectadas las mujeres pues se ha demostrado que: “no bastó la creación de las misiones a partir de 2004 con el boom petrolero, pues al no acompañarse de políticas sociales que ayudaran al empoderamiento y a la productividad, hoy las madres, en su mayoría, están padeciendo una crisis que las hace más pobres” (2016). La crisis actual, destaca la investigadora, agudiza todos estos problemas que ya existían, por lo que afirma que hay un retroceso en las condiciones y calidad de vida de las mujeres venezolanas, especialmente de las más pobres.
Un indicador clave para evaluar la situación de las mujeres en el contexto de la crisis es el relacionado con la nutrición. En las entrevistas realizadas para esta investigación se les consultó a las mujeres si habían perdido peso durante últimos dos años y si relacionaban esta pérdida con su capacidad adquisitiva y de acceso a los alimentos, encontrando que el 67% de ellas respondió afirmativamente tal y como muestra el gráfico n.° 2.
Cuando preguntamos a estas mismas mujeres cuánto peso habían perdido y promediamos los resultados de toda la muestra, encontramos que el 67% de las mujeres de nuestra muestra había perdido entre 10 y 20kg en los últimos dos años.
Gráfico n.° 2.
Pérdida de peso de las mujeres 2015-2017
¿Ha bajado de peso en los últimos dos años debido a la situación de acceso a los alimentos?

Fuente: elaboración propia.
Gráfico n.° 3.
Pérdida de peso promedio de las mujeres
¿Cuánto peso bajó?

Fuente: elaboración propia.
Además de las razones asociadas al poder adquisitivo para garantizar una alimentación balanceada, las mujeres reconocían estar comiendo menos con tal de garantizar la alimentación de sus hijos e hijas.
6. Situación de las mujeres en el mundo del trabajo: principales problemas
Según el último censo, para el año 2011 el 39% de los hogares dependía principalmente de una mujer. Hace diez años esta cifra se ubicaba en 29% y hace 20 años, en 24%, con lo que se observa una tendencia creciente en las jefaturas femeninas del hogar.
Según la última encuesta de hogares por muestreo publicada por el INE en abril de 2016, la población económicamente activa para entonces fue de 14.124.319 (62,7%), que, en comparación con abril de 2015 cuando fue de 14.322.536 personas (64,8%) indica que existe una disminución en cifras absolutas de 198.217 personas, 2,1 puntos porcentuales.
Según dicha encuesta, se observa un aumento significativo en los hombres de 110.290 en cifras absolutas (0,4 pp.), y una disminución en las mujeres de 308.507 personas (3,7 pp). De acuerdo con el propio INE: “(…) esta disminución en la población activa en las mujeres ha sido muy marcada en el año 2015 y continúa manifestándose en el año 2016, lo que ha traído como consecuencia una reducción de la población total activa a nivel nacional” (2016: 4).
La población económicamente inactiva en abril de 2016 fue de 8.396.288 personas (37,3%), que, en comparación al mismo mes del año 2015 cuando fue de 7.783.374 (35,2%), refleja un aumento significativo en cifras absolutas y porcentuales de 612.914 personas, que corresponde a unos 2,1 puntos porcentuales. Por sexo se observan incrementos significativos en las mujeres de 518.716 (3,7 pp.) y en los hombres de 94.198 (0,4 pp.). Como un complemento del análisis estadístico de la población inactiva de 15 años y más, se observa en los tabulados de fuerza de trabajo del mes de abril que, como consecuencia de la disminución de la población activa, ocurre el incremento de la población inactiva. Es posible explicar el incremento de la inactividad en el grupo de edad “15 a 24” por la incorporación de Gráfico n.° 4.
Tasa de actividad 2015-2016

Fuente: INE.
parte de esta población a el sistema educativo (aumenta en 204.055). Pero es resaltante que la población inactiva femenina aumenta en forma significativa en la comparación interanual; específicamente se incrementa de manera importante la categoría “Quehaceres del Hogar” (428.330 personas). Esta situación viene ocurriendo desde el inicio del año 2015, y es importante llamar la atención sobre este dato, dado que, el abandono de un porcentaje importante de la población femenina del mercado laboral impacta en los ingresos de los hogares (Encuesta de hogares por muestreo, mayo de 2016).
Gráfico n.° 5.
Tasa de inactividad 2015-2016

Fuente: INE.
Por otra parte, también existe una diferencia entre ambos sexos en cuanto a la dedicación exclusiva al hogar: un grupo de 3.071.881 mujeres contra apenas 64.000 hombres. Este factor ha mermado la oportunidad de las mujeres de ingresar al mercado laboral y, por lo tanto, de lograr cierta autonomía económica.
Para efectos de nuestra investigación nos interesaba conocer si las mujeres poseían empleo y las características del mismo, si era formal o informal. Estos fueron los resultados: el 52% de las mismas declaró no poseer empleo formal, mientras que el 48% restante se ubicaba en la informalidad o dependiente de algún tipo de subsidio, y en algunas casos ocurría que además del empleo informal, estas mujeres accedían también a algún subsidio de los ofrecidos por el Estado (Madres del Barrio u Hogares de la Patria, fundamentalmente):
Gráfico n.° 6.
Tipo de empleo

Fuente: elaboración propia.
A aquellas mujeres que no se encontraban trabajando de forma dependiente les preguntamos si lo habían hecho alguna vez. El 78% respondió afirmativamente y el 55% de estas afirmó que había renunciado a dichos empleos. Al indagar en las razones, la mayoría afirmó que habían renunciado por razones asociadas al cuidado de los hijos e hijas, mientras que el 45% de las mismas aludía al despido como la razón principal de su salida del mercado laboral. Tal y como se muestra en los gráficos a continuación.
Por otra parte, el 52% de las mujeres que trabaja se ubica en el sector público, mientras que el 48% restante lo hace en el sector privado. De estas últimas, el 35,9 % lo hace en el sector servicios. Esta ubicación no expresa ninguna particularidad con respecto a la ubicación del total de la población económicamente activa y ocupada en el país.
Gráfico n.° 7.
Trabajo dependiente anterior
Los que no están trabajndo
¿Alguna vez lo han hecho de forma dependiente?

Fuente: elaboración propia.
Gráfico n.° 8.
Razón del fin de la relación
¿Por qué terminó la relación de trabajo?

Fuente: elaboración propia
Gráfico n.° 9.
Sector en el que trabajan las mujeres
¿En qué sector trabaja?

Fuente: elaboración propia.
Con respecto a sus ingresos, el 29,7% de las encuestadas que poseía trabajo formal declaró ganar sueldo mínimo, mientras el 15,6 % de las mismas afirmó que sus ingresos por concepto de trabajo equivalían a dos salarios mínimos, tal y como se muestra en la tabla a continuación:
Cuadro n.° 2.
Ingresos percibidos
Monto aproximado del pago recibido por trabajo
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado
32 50,0 50,0
2 salarios mínimos 10 15,6 68,8
Hasta 3 salarios mínimos 1 1,6 70,3
Salario Mínimo 19 29,7 100,0
Total 64 100,0
Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, preguntamos a todas las encuestadas, tanto a las que trabajaban de forma dependiente como a las que no, si sus ingresos les resultaban suficientes para cubrir los gastos alimenticios (solo gastos alimenticios de ellas y sus familias) y el 56% afirmó que no, que sus ingresos no eran suficientes debido al alto costo de la vida y a la inflación. Este resultado contrasta con la propaganda oficial y evidencia que los sucesivos aumentos del salario mínimo por parte del ejecutivo no logran contrarrestar la cada vez más precaria situación de las y los trabajadores venezolanos.
Gráfico n.° 10.
Capacidad de ingresos para costear alimentos
¿El dinero que percibe mensualmente le es suficiente para cubrir los gastos alimenticios de Ud. y su familia?

Fuente: elaboración propia.
7. Situación de las mujeres en materia de derechos sexua-
les y reproductivos
En este apartado queremos referirnos de manera específica a cómo la escasez de anticonceptivos afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al traer como consecuencia el crecimiento sostenido de embarazos adolescentes y no deseados, así como altas cifras de mortalidad materna, problemas agudizados por la crisis económica y el colapso del sistema sanitario por falta de insumos médicos y profesionales capacitados en el mismo.
Todos estos problemas relacionados con la actividad sexual de las mujeres, tal y como lo establece la constitución, deben ser una prioridad para el Estado. Así, el mismo debe ofrecer garantías para el ejercicio de una sexualidad plena y no limitada a la reproducción. Sin embargo, este no parece ser un elemento a tomar en cuenta para la política pública en materia de género que después de una década de consolidación de las estructuras institucionales y presupuestarias para ello, sigue limitada a tratar los derechos sexuales solo como derechos reproductivos. Al preguntar a las entrevistadas en edad reproductiva (15-44 años) si sus embarazos habían sido planificados, el 62% de las mismas manifestó que no. Esto evidencia la ausencia total de una política de Estado en esta materia y una continuidad con la indiferencia que mantuvieron los gobiernos anteriores al chavismo en esta materia.
Gráfico n.° 11.
Planificación del embarazo
¿Tus embarazos fueron planificados?

Fuente: elaboración propia.
Al indagar entre las encuestadas si habían recibido algún tipo de orientación sexual, la respuesta generalizada fue que sí, pero que dicha orientación (por lo general ocurrida en el centro educativo) solo se había limitado a una charla sobre anticoncepción.
7.1 Escasez de anticonceptivos
A partir del año 2014 la distribución masiva de métodos anticonceptivos y de barrera comienza a diezmar drásticamente. Para el año 2015 la escasez de anticonceptivos se ubicó en 45,2% y para febrero de 2016 ya se situaba en 80% (Ceballos, 2017). Según el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, la escasez de anticonceptivos alcanzó el 90% para finales de ese mismo año, rango que superaba el índice general de desabastecimiento de medicamentos que, de acuerdo con el directivo de Fefarven, es de 80%. Pero la carencia de este tipo de productos se remonta al primer semestre de 2014, cuando la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) denunciaba que la escasez de anticonceptivos ponía en riesgo la planificación familiar y violaba el derecho de las mujeres a elegir si quedar o no embarazadas (Plafam, 2016). Previo a este período se comercializaban en Venezuela alrededor de 80 marcas diferentes de métodos anticonceptivos, entre pastillas diarias, píldoras de emergencia, parches, ampollas, óvulos, implantes subcutáneos y condones.
7.2 Las afectadas: 7.277.620 mujeres en edad fértil
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la edad reproductiva de las mujeres oscila entre los 15 y los 44 años (Unicef). Sin embargo, se sabe que este ciclo se puede iniciar antes de los 15 años y prolongarse después de los 44. En Venezuela, según proyecciones del INE, derivadas del último Censo Nacional (INE, 2011), para el año 2016 habría en el país 7.277.620 mujeres en edad fértil. Esta cifra representa el 23,5% de la población general y el 47% de la población femenina. Es por ello que no es un tema menor plantear la escasez de anticonceptivos como un gran problema de planificación económica y social, así como de salud pública en general.
Antes del año 2014, fecha en la que empiezan a verse con más claridad los efectos de la crisis económica, el Estado venezolano garantizaba de forma más o menos regular la distribución de anticonceptivos de manera gratuita a través de la red ambulatoria de salud. Cualquier persona tenía acceso a píldoras anticonceptivas, condones y dispositivos intrauterinos, aunque esta distribución se realizaba de manera generalizada y no formaba parte de una política integral de salud sexual y reproductiva que incluyera campañas efectivas para prevenir el embarazo adolescente y el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Tanto médicos como pacientes coinciden en afirmar que existe una relación directa entre la ausencia a métodos anticonceptivos y el incremento de embarazos no deseados, así como de alteraciones en las pacientes que los consumen para estabilizar deficiencias hormonales.
Además de los descritos, se presenta el problema de que las mujeres optan por comprar y usar cualquier anticonceptivo, así no sea el que frecuentemente toman, lo que además de producir alteraciones hormonales que pueden ser graves en sus cuerpos, no tiene ningún efecto en la prevención de un embarazo ni es eficaz en un tratamiento, puesto que al cambiar de anticonceptivo o de molécula, es como si no estuviera utilizándolo, se pierde la propiedad de protección.
La escasez de anticonceptivos, sumado a su alto costo cuando se consigue, ha llevado a las mujeres en edad fértil a asumir como un riesgo su sexualidad. Durante 2017, comenzaron a encontrarse en el mercado algunas marcas de anticonceptivos. Sin embargo, sus costos exceden con creces las capacidades de adquirirlos regularmente. Para efectos de nuestra investigación de campo consultamos a las entrevistadas en edad reproductiva sobre su acceso a ellos y el 44% del total de la muestra manifestó no tener acceso a métodos anticonceptivos, sin embargo, al discriminar según grupo de edades, encontramos que entre las más jóvenes (15-19 años), el 64% de las mismas afirma no tener acceso a anticonceptivos. Lo mismo ocurre con los grupos de edades que van de 30 a 39 años, cuando indagamos en las razones, además de las escasez, las encuestadas aludían a los altos costos de los mismos y que a pesar del riesgo y su determinación y conciencia de no tener condiciones para asumir un embarazo en estos momentos, no podían hacer más nada. Varias de ellas nos lo plantearon así: “O compro comida o compro las pastillas, tú me dirás…”.
Gráfico n.° 12.
Acceso a anticonceptivos
40 - 44 años
67%
SI
NO
33%
35 - 39 años
SI 43 %
NO
57%
30 - 34 años
SI 29%
NO
71%
25 - 29 años
56%
SI
NO
44%
20 - 24 años
75%
SI
NO
25%
15 - 19 años
SI 36 %
NO
64 %

Fuente: elaboración propia.
Si el Estado, como es su deber, no garantiza la disponibilidad y el acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos, los próximos años tendrá que lidiar –como de hecho ya está ocurriendo– con serios problemas de salud pública, que más tarde devendrán en problemas sociales graves, como más pobreza, violencia, exclusión y discriminación, y las mujeres serán las primeras y principales afectadas en esta materia.
Gráfico n.° 13.
Capacidad de pago por anticonceptivos
90,9%
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ NO
NO
NO
SÍ
SÍ
66,7%
58,3%57,1% 57,1%
50% 50%
41,7%42,9%42,9%
33,3%
9,1% NO
15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 - 44 años Fuente: elaboración propia.
7.3 Embarazo adolescente
Según datos del INE los jóvenes en edad comprendida entre 15 y 34 años suman 10.413.667, de los cuales 5.126.196 son mujeres, y entre ellas 2.679.467 son adolescentes en edades proclives a un embarazo a edad temprana y no planificado. El 19,09% de la población venezolana son jóvenes entre 15 y 24 años. El porcentaje de embarazos adolescentes es de 22%, con una tendencia al incremento, lo que se traduce en que cada año en Venezuela más de cien mil (100.000) adolescentes se convierten en madres cada año.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Juventudes, realizada por el gobierno nacional:
(…) las jóvenes entre 15 y 19 años de estratos socio-económicos pobres se embarazan 4 veces más que sus pares de estratos socio-económicos altos. La mayoría de madres entre los 11 y 19 años en toda el área Metropolitana, pertenecen a los sectores populares, lo que evidencia que la estructura de la desigualdad para las mujeres venezolanas sigue afectando a las niñas y mujeres más pobres, que no solo no han dejado de serlo, sino que en el contexto de la crisis son sin duda de las más castigadas ante la ausencia de una política de Estado que le brinde herramientas y opciones de gestionar proyectos de vida a tiempo para prevenir un embarazo que como evidencian los propios datos oficiales, se les hace en extremo difícil desarrollar una vez que se convierten en madres (2013: 4).
Las madres adolescentes alcanzan niveles de escolarización más bajos que aquellas adolescentes que no lo son. Siete de cada diez adolescentes (72%) que han tenido al menos una hija o hijo se encuentran fuera del sistema educativo.
De acuerdo con datos aportados por el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (2017-2021), que impulsa una articulación de diversos organismos públicos:
Venezuela es actualmente el país de mayor índice de embarazo en América del Sur (21,64% de los niños o niñas nacidos vivos), solo superados en América Latina y el Caribe por Nicaragua (24%). Según datos nacionales, alrededor del 22% de los nacimientos que ocurren en el país son de madres adolescentes menores de 20 años. El 85% de los casos de embarazo en adolescentes ocurre entre los 15 y 17 años de edad, mientras que un 15% ocurre en entre 10 y 12 años de edad. La tasa más alta de fecundidad adolescente (menores de 20 años de edad), se concentra en 50 de los 335 municipios del país. Estos municipios se ubican en su mayoría en estados donde existe una alta proporción de población indígena, aunque también hay una incidencia importante en estados altamente urbanizados. Los estados son: Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Monagas, Zulia, Aragua, Miranda y Distrito Capital. La desigualdad reproductiva y la tasa de embarazo en adolescentes en Venezuela tienen una expresión territorial (2017: 6).
En las zonas rurales, la desigualdad y la tasa de embarazo adolescente son mayores que en las zonas más urbanizadas. Entre las alarmas que resalta dicho plan vale la pena destacar:
• Una de cada cinco mujeres menores de 20 años ya ha tenido la experiencia de ser madre.
• De las adolescentes de 18 a19 años, tres son madres de uno y más hijos.
• La tercera causa de muerte en las mujeres entre 15 y 19 años obedece a complicaciones obstétricas.
• Nueve de cada diez adolescentes conoce los métodos anticonceptivos, revela haberlos usado pero solo una de cada diez los usa actualmente.
• Para efectos de nuestra investigación, encontramos que el 36% de las adolescentes encuestadas había estado embarazada al menos una vez.
7.4 Mortalidad materna
En los últimos 10 años Venezuela presenta un ascenso sostenido de la mortalidad materna, que se ha visto agudizado por la crisis económica, reflejada también en el sistema público de salud en el cual la mayoría de las mujeres atiende sus embarazos.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la razón de mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 2015. Según las cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en ese mismo período en Venezuela, la tasa de mortalidad materna aumentó 52,61%. Si se saca la misma cuenta, pero con datos del año 2016, esta tasa aumentó en 90,52%.
De acuerdo con un informe elaborado por un grupo de mujeres activistas, vinculadas al sistema salud y alarmadas por las altas tasas de mortalidad materna, durante el puntofijismo la tasa de mortalidad materna se mantuvo estancada durante 20 años aproximadamente.
Gráfico n.° 14.
Mortalidad materna 1948-2003

Fuente: Dirección de atención a la madre, niño, niña y adolescentes del MPPPS.
En el gráfico n.° 15 se observa que en Venezuela la tendencia de mortalidad materna es fluctuante entre 1990 y 2011, presentando ascensos acentuados en los años de 1994, 2002, 2009 y 2011 con tasas de 69,91; 68,00; 73,03 y 72,13 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos (NV) respectivamente:

políticos hegemónicos para entonces: Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). El nombre se debe al llamado “Pacto de Puntofijo”, que fue el nombre del acuerdo para gobernar el país luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, por parte de AD, Copei y el partido Unión Republicana Democrática (URD) y que se desarrolló en la residencia Puntofijo del político de Copei, Rafael Caldera (1916-2009).
Gráfico n.° 15.
Tasas de mortalidad materna por 100.000 n.v. 1990-2011

Fuente: Boletín Sala Situacional Instituto de Altos Estudios de Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAES), 2011. Cifras preliminares, 13 vol. VII, n.º 1, marzo 2015 .
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente al año 2016 (después de un año sin publicar datos sobre la situación epidemiológica nacional), para ese año se notificaron 141 muertes en menores de un año. Al distribuirlas por componentes, la mortalidad neonatal (0 a 27 días) concentra 68,08% del total de las muertes infantiles cuyas causas más frecuentes fueron sepsis neonatal, neumonía enfermedad de membrana hialina y prematuridad. La mortalidad post neonatal representó 31,91%. Al comparar con la semana homóloga del año anterior hay un ascenso de (n=33) muertes. El acumulado anual hasta la semana 52 del año 2016 (n=11.466) ha aumentado 30,12% en relación con el año 2015.
Para el año 2016, según cifras del Boletín Epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el acumulado anual de 2016 fue de739 muertes maternas. El índice se encuentra en 130,70/100.000 nacidos vivos.
En el gráfico n.° 16 se evidencia el ascenso del indicador en esos últimos años. Hasta 2013, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se mantenía más o menos estable y para ese año el indicador estaba en 68,66, es decir, por cada 100.000 nacidos vivos, ocurrían 68,66 defunciones maternas. En los tres años siguientes esta cifra no ha parado de subir. Para julio de 2016, la RMM se ubicaba en 112,29. Aumentó 63,5% en apenas 36 meses. La más baja es la correspondiente a 1998, el indicador tuvo varios picos siempre altos y se mantuvo alrededor del 60%.
Gráfico n.° 16.
Razón de mortalidad materna 1990-2016.
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
AÑOS
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.
De acuerdo con Nancy Bello, médica del hospital clínico universitario e integrante de la organización Mujeres por los Derechos (Muderes), esta situación de la mortalidad materna es sumamente grave y debe ser atendida con urgencia por el gobierno nacional a través de la adopción de medidas estructurales en el sistema de salud. Además de la crisis y las tremendas dificultades que tienen las mujeres para cuidar sus embarazos dada la escasez de alimentos y medicinas, el propio sistema de salud tal y como funciona actualmente viene a agravar esta situación.
Esto no es normal y contraviene todos los derechos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los compromisos adquiridos a nivel internacional para erradicar este flagelo que acaba con la vida de las mujeres, siendo esto último lo realmente importante.
Este tipo de prácticas es completamente funcional para encubrir la responsabilidad que el gobierno tiene en esta situación, al promover por acción u omisión un modo de gestión de la salud en medio de la crisis en el que ni la institución que define los principios rectores en materia de salud, ni sus directivos asumen ningún tipo de responsabilidad. Así mismo, se encubre que los servicios de consulta para embarazos de alto riesgo están prácticamente parados, que no se prestan servicios diferenciados para la atención de población adolescente o para las mujeres indígenas y los graves problemas de insalubridad y contaminación en los principales hospitales del país.
Las muertes de mujeres ocurridas antes, durante y después del parto por razones asociadas al mismo no son normales y su crecimiento sostenido nos obliga a interpelar al Estado, señalar y denunciar sus responsabilidades que no pueden ser asumidas por nadie más (fundamentalmente en lo referido a infraestructura, personal capacitado e insumos) y exigir garantías para que el ejercicio de la maternidad no tenga que ser vivido como una condición de alto riesgo de muerte, porque de hecho en buena parte del mundo hace poco más de medio siglo esto dejó de ser así.
Esta sumatoria no garantiza respuestas apropiadas y en tiempo real a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en general, y en particular a las mujeres embarazadas, por lo que el mapa sobre la mortalidad materna para finales de 2016 se mostraba de la siguiente manera:
Mortalidad materna.
Disribución de muertes por entidad federal.
República Bolivariana de Venezuela, año 2016

Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica, MPPS, 2016. SIVIILA (Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna e Infantil) Nota: Datos Acumulados hasta SE 52.
El mapa anterior muestra la concentración de la mortalidad materna en todo el territorio nacional. Como se puede apreciar es alta prácticamente en todos los estados. Llegados a este punto era de esperar que el gobierno nacional decretara la emergencia sanitaria en esta materia, y sin embargo, no es esto lo que ha ocurrido. Para empezar, no ha habido por parte de las autoridades en materia sanitaria un reconocimiento oficial del problema. En julio de 2017, el propio Presidente de la República anunció la implementación de un Plan Nacional para el Parto Humanizado cuyas prioridades serían las siguientes:
El Plan Nacional de Parto Humanizado fue activado el 11 de julio pasado y contempla entre sus objetivos atender en su primera fase a 900 mujeres en proceso de gestación, combinar todos los avances de la ciencia y conocimientos ancestrales para atender a las féminas que estén en estado de gestación (…) Un total de 10 mil promotoras comunitarias se prevé formar a través del Plan Nacional de Parto Humanizado, con el propósito de orientar a las 500.000 gestantes que se registran anualmente en el país (VTV, 2017).
Así, para el gobierno nacional, el problema de la mortalidad materna pasa por “humanizar el parto”, a través de garantizar el acompañamiento de promotoras comunitarias que acompañen a las mujeres en sus lugares de residencia y no por garantizar condiciones materiales mínimas para que estas puedan desarrollar sus embarazos sin mayores contratiempos, las más fundamentales: acceso a una alimentación balanceada y a los suplementos alimenticios recomendados durante el embarazo, acceso a controles regulares, exámenes, medicamentos e insumos durante todo el embarazo. Pero no. A pesar de sus propios datos oficiales, el gobierno no reconoce que el problema de la mortalidad de las mujeres está directamente asociado, por un lado, a la severa crisis económica que no les permite alimentarse bien, y por otro, no poder garantizar los controles regulares que un embarazo amerita. Si relacionamos los testimonios de las mujeres y sus tremendas dificultades para garantizar el mínimo vital en materia de alimentación, con las posibilidades de una mujer embarazada se hace evidente la correlación que existe entre la crisis y la mortalidad materna.
Recientemente circularon unas fotos de mujeres en dos estados del país pariendo en el piso o en salas de emergencia habilitadas para tal fin. La respuesta del gobierno fue detener a través del servicio de inteligencia a la enfermera y las estudiantes de medicina que circularon dichas imágenes como forma de denuncia frente a tan lamentable situación (El estímulo, 2017).
8. Situación de las mujeres en materia de violencia
En medio de las muchas violencias que experimenta la sociedad venezolana hoy, es difícil posicionar en el debate público los crímenes contra las mujeres. Sin embargo, incluso una revisión no muy exhaustiva permite apreciar que las muertes violentas de mujeres repiten un patrón que indica claramente que ser mujer en esta sociedad sigue siendo un riesgo con el que hay que vivir; a diferencia de las otras violencias, la violencia hacia las mujeres no se presenta como un problema, a pesar de todo el entramado institucional para prevenirla y erradicarla.
Diversas autoras y organizaciones feministas coinciden en afirmar que ha habido un aumento significativo de la violencia mortal contra las mujeres y que es en parte producto del crecimiento de la violencia contextual en el país.
En los últimos años ha ocurrido un avance en la creación de institucionalidad específica para la administración de justicia en casos de violencias contra la mujer (56 tribunales, 69 dependencias fiscales especializadas en violencia de género, la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial). Sin embargo, estos son avances formales que no trascienden el diseño legal e institucional.
En el año 2014 se aprobó la incorporación del feminicidio como delito en la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), así como la inducción al suicidio. Esta introducción permite a partir de 2015 tener datos sobre feminicidios, lo cual debería incidir en mayor precisión y orientación de políticas para enfrentar la pérdida de vida de las mujeres por razones de género. Sin embargo, no ha sido así.
De acuerdo con el Informe Anual de Gestión de la Fiscalía General de la República, durante el año 2016 se registraron 122 feminicidios consumados y 57 frustrados. Según datos recopilados en prensa por el Instituto Metropolitano de la Mujer (Inmemujer), solo entre enero y mayo de 2017 habían sido asesinadas 174 mujeres en todo el país.
El balance de la gestión del Inmemujer en los años 2014 a 2016 arroja una serie de datos importantes a considerar sobre los crímenes perpetrados contra las mujeres, a saber:
Uno de los aspectos más significativos detectados es que a pesar de que la denuncia es la herramienta fundamental para combatir la violencia doméstica y de género la mayoría de los casos, 63%, no son denunciados ante las autoridades. Un 50% de los casos no fueron denunciados por miedo, bien sea a quedarse en la calle, a perder sus hijos, o a retaliaciones más fuertes. Otras razones para no formular las denuncias ante las autoridades son: Las agredidas anteponen la relación que tienen con sus agresores a su seguridad y no los acusan, o bien sienten vergüenza, incertidumbre o no denuncian porque ignoran que la ley las protege” (Inmemujer, 2016).
El estudio del Inmemujer señala que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica mantenían relaciones afectivas con sus agresores: en 84% de los casos había una relación sentimental entre víctima y victimario, 43% de los agresores eran ex parejas, 41% eran las parejas actuales y 7% de los agresores son parientes consanguíneos. La casa se convierte en el lugar más peligroso para las víctimas 59% de los hechos violentos ocurrieron en el hogar y 20% de los ataques fueron perpetrados cerca de la residencia de las personas con quienes mantienen o mantuvieron relaciones sentimentales. En las entrevistas realizadas a 64 mujeres para esta investigación, el 51% de las mujeres afirmó haber sido sometida alguna vez a maltratos físicos. En todos los casos este maltrato había sido cometido por sus compañeros sentimentales, incluso una vez terminada la relación:
Gráfico n.° 17. Maltrato físico
¿Alguna vez has sido sometida a maltrato físico?

Fuente: elaboración propia.
Con respecto al conocimiento de las encuestadas sobre sus derechos en esta materia encontramos que, si bien es cierto que el 92% de ellas declaró estar al tanto de la existencia de la Ley, el 69% de las mismas no la había leído o bien no estaba para nada familiarizada con los derechos garantizados en la misma en materia de acceso a la justicia.
Gráfico n.° 18.
Conocimiento de la LODMVLV
¿Sabes que existe la Ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?

Fuente: elaboración propia.
Gráfico n.° 19.
Lectura de la LODMVLDV
¿Has leído la Ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?
Fuente: elaboración propia.
Así mismo, el 73% de las encuestadas manifestó conocer uno o varios casos de otras mujeres cercanas a ellas víctimas de violencia:
Gráfico n.° 20.
Conocimiento caso cercano de violencia contra alguna mujer
¿Tienes conocimiento de algún caso cercano de violencia contra alguna mujer?

Fuente: elaboración propia.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de haber sido víctima de violencia o conocer casos cercanos, el 86% de las encuestadas manifestó no haber canalizado esta situación por la vía de la denuncia. Entre las razones aludidas para ello, las mujeres declararon que además de desconocer el procedimiento para la realización de la denuncia, no tenían mayor confianza en que esta fuera una solución efectiva para el problema por la burocracia con la que opera el Estado. En el caso del 14% que sí se amparó en la Ley, tenía las mismas críticas al sistema de administración de justicia: burocracia, corrupción, ruleteo , etc.
Gráfico n.° 21.
Amparo en la LODMVLDV
¿Has tenido que canalizar alguna situación de maltrato amparada en la Ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?

Fuente: elaboración propia.
Según el Informe Alternativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer producido por el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres:
(…) las dificultades para aplicar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene que ver con la existencia de fallas graves en la preparación de los operadores de justicia, especialmente en los receptores de denuncias, en los presupuestos asignados y en el seguimiento y monitoreo de las denuncias; así como en los vacíos de la Ley o ciertas exigencias que retardan el proceso y la aplicación de medidas de protección que deben ser inmediatas a la presentación de la denuncia, los innumerables diferimientos de las audiencias o el extremo retardo del juicio en todas sus etapas, lo que conlleva al sobreseimiento de la mayoría de las causas en curso, generando a su vez un alto nivel de impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres, especialmente entre las mujeres pobres residentes en áreas rurales, indígenas, afrodescendientes, adultas mayores y en situación de discapacidad (2016: 7).
La violencia contra la mujer se ha tipificado como un delito de acción pública y está vigente una ley específica de carácter orgánico que la asume como un asunto de derechos humanos y de salud pública. Sin embargo, no hay planes ni acciones concretas para reducirla o erradicarla, por lo que no se está aplicando como debería.
9. Aprendizajes
El trabajo de campo que hemos realizado a partir de una pequeña muestra en el área metropolitana de Caracas, nos ha permitido constatar la precariedad en la que transcurre la vida de las mujeres en medio de la crisis. Pérdida de empleo, informalidad laboral, serias dificultades para garantizar la subsistencia de ellas y de sus hijos, pérdidas dramáticas de peso, situaciones de violencia intrafamiliar y acoso, desconocimiento casi total y absoluto de derechos relacionados con su género, así como de las instituciones que existen para atenderlas. Esto evidencia el divorcio entre la institucionalidad y las mujeres necesitadas de ella, por un lado, pero también refleja la invisibilización de las voces que han venido demandando respuestas efectivas y cumplimiento de lo establecido en la constitución.
En cuanto a los aprendizajes del proceso antes descrito, podríamos afirmar que efectivamente hubo avances, especialmente en al ámbito jurídico y, en determinados períodos, voluntad y disposición de materializar lo establecido en las leyes. Sin embargo, esto no fue suficiente. Ya hemos señalado algunos, pero resulta problemático hablar de avances formales cuando la situación en la que está la mayoría de las mujeres venezolanas hoy es bastante precaria y vulnerable. Un aprendizaje fundamental es que la lógica de la polarización fracturó de tal manera el movimiento de mujeres en Venezuela que, a pesar de la gravedad de la situación, en la actualidad aparece como disperso, desorientado, limitando su capacidad de actuar e incidir en la opinión pública en general. Por otra parte, está todo este asunto de la consolidación del lobby y de relaciones y alianzas personales, para impulsar tal o cual propuesta sobre la situación de las mujeres, resolviendo por esta vía solo ciertos problemas a ciertas mujeres, pero que dejan en el limbo de la indiferencia a todas las demás.
Es necesario hacer una revisión crítica de todas y cada una de las instituciones del Estado destinadas a proteger y garantizar todos los derechos para todas las mujeres, en términos de su estructura y el personal que hace parte de las mismas puesto que en la mayoría de los casos el personal no está capacitado para ello. Así mismo, es necesario exigir un debate público sobre los presupuestos asignados a los programas que promueven estas instituciones ya que por lo general resultan insuficientes y precarios. En este sentido, urge abrir una discusión también que permita clarificar la diferencia entre la política pública de género y la política social, puesto que, a partir de los altos niveles de pobreza existente en el país, se manipula deliberadamente programas destinados a contener y aliviar la pobreza y se presentan como “políticas para la mujer”. Siendo así, vale la pena señalar también que deben mejorarse los procesos de formulación, diseño, ejecución y evaluación de la política pública de género y un esfuerzo serio y real por transversalizar la misma en la estructura del Estado en su totalidad.
No tenemos ninguna duda de que en Venezuela hubo condiciones, tiempo y recursos suficientes para haber construido una institucionalidad de género sólida, capacitada para atender necesidades, pero también promover iniciativas que permitieran a las mujeres transitar hacia la conquista de su autonomía en los ámbitos económicos, físicos y de toma de decisiones. Si eso se hubiese logrado, Venezuela tendría hoy quizás una generación de mujeres jóvenes con horizontes más amplios que la maternidad como destino único de llegada. Ahora el país y sus instituciones se encuentran en una situación tan precaria que de lo que se trata es de evitar más muertes de mujeres por razones asociadas a su sexualidad o limitadas a la sobrevivencia. En un contexto tan inestable como el que hemos caracterizado anteriormente, se suma como un agravante la dispersión y la permanente contradicción en materia de política pública, mientras que algunas de las instancias públicas de atención a los problemas de las mujeres parten de una caracterización coherente de la realidad, tal y como se expresa en la justificación del plan para la prevención del embarazo adolescente:
El patriarcado desde tiempos milenarios redujo a las mujeres a su rol de madres, promoviendo la idea e imagen de la mujer-naturaleza, esta exaltación de la maternidad ha tenido un correlato que implica la negación de la mujer como sujeto individual. El pensamiento feminista al respecto ha planteado que cuando la maternidad no es libre, cuando se convierte en un destino impuesto, ya sea en el terreno legal o en el simbólico, limita el ejercicio pleno de la libertad y el desarrollo integral de los derechos de las mujeres (Minmujer, 2014).
Esta visión parece ir a contravía de lo que el primer mandatario nacional opina sobre las mujeres y su reproducción:
(…) obviando las alarmantes cifras de embarazo adolescente, el alto costo de mantenimiento de un hijo, y que el 51% de las mujeres venezolanas no posee ingresos propios salvo a los que puedan acceder por la vía de algún subsidio de los que oferta el Estado, desconociendo además los preocupantes niveles de escasez de anticonceptivos, las altísimas cifras de mortalidad materna y las defunciones por aborto, el presidente Nicolás Maduro recientemente ha llamado a la juventud a procrear: Eso es lo que queremos, la patria estudiando, la patria trabajando y la juventud procreando. Venezuela tiene que crecer, tenemos 30 millones de habitantes, aquí pueden vivir 60, 70 millones de personas (Pineda, 2017).
Este tipo de visiones representan sin duda un obstáculo para avanzar en cualquier solución a los problemas de las mujeres en materia de derechos y garantía de los mismos. Sin reconocimiento de los problemas difícilmente se puede lograr su superación y los últimos años de ejercicio del poder en Venezuela han sido sin duda los de la negación de los problemas más acuciantes para la inmensa mayoría de la población.
En la medida en que esta situación no se solvente y el Estado no pueda garantizar un piso mínimo de condiciones materiales en donde la vida pueda ser medianamente estable, difícilmente podrán recuperarse las posibilidades de que lo establecido en la constitución se materialice en materia de derechos y garantías para las mujeres.
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