Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente (II)

DINÁMICA DE LA MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA COMO SISTEMA EMERGENTE
Dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional

César Romero Francisco Ruiz  
 
César Romero
Ingeniero Metalúrgico y Ciencia de los Materiales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Integrante y activista de la “Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco”. Accionante legal del recurso de nulidad del decreto 2248 (Arco Minero del Orinoco) introducido en la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en mayo de 2016. Articulista del sitio web www.aporrea.org, con publicaciones de artículos referentes a la mega-minería y sus impactos. Militante de la organización política Marea Socialista.
Francisco Javier Ruiz Marfil
Sociólogo (UCV). Especialista en Desarrollo Sustentable (Universidad de Lanús). Magister en Investigación en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Estudiante de doctorado en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Forma parte del Laboratorio de Bioética y Biopolítica del Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Sus líneas de investigación y publicaciones enmarcadas en las áreas sobre críticas de y al desarrollo, ecología política y pensamiento ambiental latinoamericano. Actualmente emprende una investigación territorializada y documental sobre el proyecto Arco Minero del Orinoco.
Comentarios al texto
Maristella Svampa
“Lo que describen los trabajos es la emergencia una esfera paraestatal, desde abajo, que involucra un gran número de actores económicos legales e ilegales, y sujetos sociales.”
“¿Es la colonización de la subjetividad el corolario del nuevo orden social, la emergencia de una “soberanía criminal”? ¿Cuánto de esta territorialidad violenta que se consolida en los márgenes como “nuevo orden”, forma parte del centro mismo –las grandes ciudades-, al calor de la crisis económica-política, de la crisis del modelo rentista y la descomposición social? En todo caso, en los márgenes pareciera que no hay instituciones u organizaciones capaces de disputar la construcción de una subjetividad diferente, alternativa o contrahegemónica, lo cual constituye un golpe importante para cualquier tentativa de reconstrucción de un proyecto democrático.”
Karin Gabbert
“Un elemento que me parece que hace falta en los análisis es el despojo de otros tejidos sociales mas alla de los mineros. Como todo esto afecta a familias, municipios y comunidades indigenas en la región? Como se esta transformando la naturaleza con las actividades de despojo?”

1. Yacimientos auríferos y tipos de minería a pequeña escala
La región de Guayana posee una superficie cercana a los 414.000 km2 y ocupa aproximadamente el 45% de la superficie de todo el territorio venezolano. El régimen de explotación aurífera en esta región comenzó aproximadamente en la segunda década del siglo XIX y el primer hallazgo de oro en este territorio se ubicó en la cuenca de Yuruari, ahora El Callao (Cazabonne et. al., 1999).
La mina, como territorio para la obtención de renta a partir de la extracción de naturaleza, retornaría al país posteriormente, pero en clave petrolera, constituyéndose hasta nuestros días como la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, la minería nunca desapareció como actividad económica de la región sur. Para el tercer decenio del siglo XX ya se contaba con la presencia de cuarenta mil mineros, sólo en la zona de Santa Elena de Uairén, fronteriza con Brasil (BCV, 2017).
De acuerdo con las formaciones y fenómenos geológicos se pueden presentar distintos tipos de yacimientos auríferos. Los tres principales son: hidrotermal, residual y de placeres. Los hidrotermales, que varían sus características según su temperatura de formación, son los más difundidos y, por lo general, se presentan en forma de vetas o filones . Además de las vetas, los cuerpos minerales de oro se pueden presentar en forma de stockwork (o depósitos diseminados) y placeres (acumulaciones de arena que por lo general tienen forma de aureolas alargadas que se forman en el cauce de los ríos o sus cercanías) (SACC, 2004). Ver figura n.º1.
Figura n.º 1.
Sistema de Terrazas – Minería de Aluvión

Fuente: Sacc Ingenieros 2004 “Geología de Yacimientos de Minerales Auríferos”.
En Venezuela, la mayoría de los yacimientos de oro se encuentran ubicados en el Escudo de Guayana y presenta depósitos primarios hidrotermales en forma de vetas y depósitos secundarios en forma de aluviones y eluviones . Dependiendo del tipo de yacimiento se desarrollan distintos métodos de extracción y explotación. En la minería de aluvión, la extracción se puede llevar a cabo por dos vías: 1) seca, empleando maquinarias (bulldozer) y en ocasiones explosivos, y 2) húmeda, mediante el uso de monitores (mangueras que expulsan agua a alta presión). En esta última, una vez removido el estéril y hallada la peña (zona rica en oro de la terraza aluvial), se emplean dragas (equipo para excavar y elevar material extraído) para succionar el mineral y transportarlo directamente a un canalón. En caso de no poseer dragas con canalón, se utilizan motobombas y elevadores para salvar diferencias de nivel y elevarlo por tuberías (ver figura n.º 2).
Figura n.º 2.
Explotación por Apiques – Ataco

Fuente: Sacc Ingenieros 2004 “Geología de Yacimientos de Minerales Auríferos”.
Un método más rudimentario aplicado en la minería de aluvión es la explotación por apiques, en la que se construyen pozos verticales o inclinados de 70-80 centímetros de diámetro hasta encontrar el horizonte de aluviones para iniciar la extracción. Las profundidades de los huecos pueden variar entre 10 y 50 metros (Sampedro, 1988). Luego, la peña se mezcla con agua y el lodo se echa a la elevadora o a la bomba draga. Extraído el material de interés, a través de cualquier método mencionado anteriormente, se transporta hacia tolvas y se arrastra por vía húmeda a través de canalones o canaletas de beneficio. Estas son canales inclinados (a través de los cuales fluye el lodo) y de pisos con trampas (rifles o rejillas) para la captura de minerales pesados, que se hunden hasta el fondo, mientras el agua expone los sólidos livianos. En los pisos se colocan alfombras para atrapar el oro fino.
La etapa de las canaletas de beneficio es una de las más críticas y centrales de todo el proceso, ya que en este ocurre la separación del oro del estéril. La amalgamación de oro se logra mediante el suministro de mercurio o azogue (como es conocido coloquialmente en las minas) a lo largo del canal. Las moléculas de oro se juntan con el mercurio, creando la aleación, y luego precipitan en unos cajones que posee el canalón.
En el caso de la minería de vetas, también conocida como minería de galería o de socavón, la extracción se realiza bajo tierra. Similar a la explotación por apiques, los mineros construyen huecos subterráneos, de menos de un metro de diámetro, utilizando picos y palas, así como de explosivos en algunos casos. Estos emplean ventiladores para garantizar la entrada de oxígeno al interior de la mina. El minero carga el material de roca en sacos fuera del apique, o a través de un sistema de poleas (si disponen de las herramientas) para posteriormente llevarlo a la etapa de molienda, para la cual emplean distintos tipos, como el molino de bolas. Durante el proceso de molienda se suministra el mercurio o azogue. El molino posee una alfombra que atrapa la amalgama Au-Hg (oro y mercurio).
Los procesos menos mecanizados y más rudimentarios para obtener oro los conocemos como minería artesanal. La diferencia principal con los procesos nombrados anteriormente es que en esta el proceso de amalgamación se lleva a cabo en bateas, que mediante el movimiento giratorio provoca que la aleación aurífera se deposite al fondo del recipiente. En la mayoría de los casos, los mineros artesanales realizan dicho movimiento manualmente y sin ningún tipo de protección. Actualmente, este tipo de minería puede implicar uso previo de maquinarias, pero aun así seguirá siendo un proceso menos tecnificado que los anteriores .
El método más efectivo para separar el oro del resto de minerales a los que este se encuentra asociado es la cianuración, proceso a través del cual se emplea una mezcla líquida de cianuro (que contiene sodio o potasio) para llevar a cabo la lixiviación . Actualmente, existen pruebas para la separación del oro con otros elementos como torio o cloro, pero a escala industrial la cianuración es la técnica empleada por su nivel de eficiencia y rentabilidad. Todos los procesos antes mencionados requieren de instrumentos tecnificados y medidas de prevención, dado la gran toxicidad del proceso, por lo que los mineros artesanales, a pesar de su bajo rendimiento, con pérdidas de hasta 60% de material aurífero, siguen aplicando la técnica de amalgamación con mercurio para la obtención del oro.
En Venezuela, el uso del mercurio en la actividad minera fue prohibido en 1998, desde la presidencia de Rafael Caldera. Se desconocen estudios sobre la cantidad de mercurio que se usa en la actividad aurífera . Además, se ilegalizó la presencia de los pequeños mineros, personas con décadas de tradición en esa región.
Las acciones institucionales anteriores al presidente Chávez se basaban en la criminalización e invisibilización de la realidad minera artesanal y de pequeña escala. Esto no implicaba el abandono de dicha práctica e incluso la perturbación de ella con el éxodo de contingentes de mineros provenientes de otros países, especialmente de Brasil (comúnmente llamados garimpeiros) y Colombia.
En 2000, el presidente Hugo Chávez modifica la Ley de Minas promulgada en 1952, a través de un decreto ley que reconoce la existencia del minero artesanal, de la pequeña minería y de la mancomunidad minera. A partir de allí se inician gestiones institucionales que tenían como objetivos el reconocimiento y regularización de la actividad minera, la protección socioeconómica de la población dedicada a esta actividad con el fin de garantizarle condiciones de vida más dignas, así como el impulso de la transición hacia otras actividades productivas. El plan de reconversión minera y la Misión Piar se dirigieron hacia estos fines. También se crearon lineamientos para contener las prácticas ilegales como la minería y la deforestación. El Plan Caura también fue ejemplo de ello.
Los resultados de estos planes no lograron los objetivos buscados ni de forma parcial, ni integral, ni definitivamente. En 2016, en el marco de la creación del Proyecto Arco Minero del Orinoco, el presidente Nicolás Maduro enfatizó la prohibición del uso del mercurio en los procesos de extracción del oro. A pesar de lo anterior, actualmente, toda la pequeña minería en Venezuela sigue empleando mercurio en esta actividad.
Según testimonios de un trabajador del sector minería en Guayana que eligió el anonimato, a partir de la creación de este proyecto megaminero se ha acelerado el proceso de instalación de plantas de cianuración, con tiempos de constitución de 3 a 4 meses. Nos dice que “están creando plantas a base de cianuración para aprovechar lo que produce el pequeño minero”. Se está planificando con la participación de empresarios que “agarran al pequeño minero, montan un centro de acopio, llevan las arenas para allá, se pesa todo lo que llevan, se procesa y allí se dividen el oro que se obtenga” (entrevista, 2017).
Las plantas de cianuración son uno de los nuevos mecanismos para redirigir el tráfico del oro. Para la lógica que está operando, los riesgos y consecuencias del uso del cianuro no representan lo fundamental, sino la alta eficiencia en este proceso de recuperar el oro del material. Sin embargo, se despliegan otras circunstancias asociadas a las características de la realidad actual, donde se expone la escasa confiabilidad de los procesos e iniciativas como esta. Un trabajador guayanés en el área de minería nos comenta que
(…) otro problema que ha afectado la política minera al Estado es la sobrefacturación. Tienes el caso en que Minerven dejó de comprarle cianuro a la única empresa que vende este químico en Latinoamérica. Crearon desde aquí otra empresa en Estados Unidos que terminaba comprando el cianuro para vendérselo a Minerven y así hacer una triangulación. [Anteriormente] 1kg de cianuro costaba 2 $, y ahora cuesta 6 $. Cuando se encarga el primer lote con la empresa intermediaria, se paró la producción porque no hubo cianuro a tiempo (entrevista, 2017)
2. Dinámica socio-económica de la minería a pequeña escala
A escala mundial, la cantidad de personas que puede involucrar la minería a pequeña escala en una sola mina, cambiará según el tipo de mineral, yacimiento y método de extracción empleado, además de factores políticos y sociales que inciden en el desenvolvimiento y especialización tecnificado del proceso extractivo. Este tipo de extracción es considerada una de las actividades más lucrativas a nivel mundial para los grandes capitales mundiales. De las 2.700 toneladas de oro producidas a nivel mundial, 400 toneladas (es decir, el 15%) provienen de la pequeña minería y minería artesanal. La mayor parte del oro termina en bancos centrales, joyería y smartphones (The Guardian, 2014).
Sin embargo, existe una diferenciación en la magnitud de la participación de la minería artesanal en los países sudamericanos. Por ejemplo, en Brasil – con excepciones como el caso de Porto Velho (en el estado amazónico de Rondonia) donde la fiebre del oro y sus externalidades ha generado procesos análogos a los otros países que aquí abordamos tangencialmente– con el agotamiento del oro superficial, las unidades de minería artesanal (garimpo) legal e ilegal, cuentan con aproximadamente 10.000 garimpeiros, disminuyendo su peso dentro de la explotación de oro en este país, dando paso a un proceso de industrialización creciente de mediana y gran envergadura. Ello ha generado una migración de estas poblaciones a países como Guyana, Surinam y la Guayana Francesa (Vallin, 2015). Ciertamente, la explotación de oro en Brasil pudiera ofrecer rasgos particulares a la de la tendencia general en la región, dada la fuerte incorporación del capital industrial extractivo a través del fuerte apoyo del Estado brasileño para tal fin:
(…) las estimaciones oficiales no poseen los medios necesarios para estimar la cantidad de oro proveniente de las minas ilegales. Las políticas públicas y factores naturales favorecen el crecimiento de la producción industrial de oro, no solo por el aumento de la inversión de las empresas, sino también por la transformación gradual de la minería de garimpo en pequeñas o medianas empresas mineras. El Gobierno brasileño espera con ello poner fin a este tipo de minería que considera “primitiva”. Se proyecta que el aumento de la producción se produzca principalmente en la región amazónica que, según el DNPM, tiene condiciones excepcionalmente favorables para la minería de oro. No existen datos oficiales o académicos para estimar la contribución del garimpagem ilegal a la producción total del país (Vallin, 2015: 106).
En Venezuela, los trabajadores de la minería a pequeña escala se organizan en la figura de la compañía, referida directamente a aquellos que están presentes en la zona de extracción y separación del mineral. La compañía está conformada por un mínimo de ocho personas, con labores que pudieran llegar a ser rotativas entre los miembros, y aunque este número pudiera variar, existe una suerte de consenso entre la revisión documental y lo contrastado por los sujetos entrevistados en el territorio, acerca de los rasgos que caracterizan este modelo tradicional de organización en Guayana. La estructura de la compañía incluye una trabajadora denominada cocinera, quien se encarga de garantizar la preparación del alimento diario de los mineros. En ocasiones, la cocinera puede llegar a ejercer el trabajo sexual con los mineros para ampliar su margen de ingresos.
Una de las características más llamativas de la cosmogonía de los habitantes del sur del estado Bolívar dedicados a la pequeña minería, es que estos desarrollan la actividad a partir de prácticas culturales aprendidas desde la configuración generacional, aspecto que influye incluso más que la expectativa del enriquecimiento. Como expresan los antropólogos guayaneses Sergio Milano y Rafael Bermúdez:
Los resultados de observaciones realizadas en pequeños mineros de oro en el estado Bolívar de Venezuela, indican que la relación de mercado no es el principal interés de la explotación o búsqueda del mineral, por el contrario, privan sobre ellas relaciones de amistad, de compañerismo, de prestigio entre los pares que se expresan mediante normas de implícita aceptación, que no son de estricto cumplimiento, pero que generalmente se cumple, como por ejemplo, regalar mineral a los compañeros mineros que no tuvieron suerte en el día, regalar dinero, una vez vendido el mineral, a los compañeros que no estuvieron presente en el primer reparto, brindar en los bares, entre otras.
La mirada simple del profano en la materia, que interprete al mineral sólo desde la perspectiva lógica unívoca de la economía clásica, como una mercancía para la transacción comercial en relaciones normales de mercado, le es difícil entender porqué el pequeño minero gasta la totalidad de lo obtenido por el mineral vendido sin detenerse a pensar que debe acumular para tiempos de escasez o por lo menos, para mejorar su vida material y la de su familia (Bermúdez y Milano, 2002: 4).
Las generaciones de bolivarenses que han estado vinculadas directamente a esta actividad, no tienen como costumbre la acumulación. Lo que ganan durante una semana (también conocido como resumen) lo gastan el sábado y domingo en necesidades básicas y en actividades que, tradicionalmente, han estado relacionadas con la minería: la ingesta de alcohol y servicio de prostitución. Se podría afirmar que el ahorro va contrario a su cultura. A diferencia del minero emergente –que se dirige a estos territorios por la obtención de ingresos que puedan paliar la profunda crisis económica por la que se encuentra Venezuela– el minero tradicional posee imaginarios muy arraigados a partir de sus prácticas, vinculados, por ejemplo, a la tensión entre lo sagrado y lo profano (ver figura n.º 3). Sus aspiraciones no se basan en acumular sino en satisfacer asuntos que son “del diablo”; sólo así el oro vuelve a aparecer para las siguientes jornadas. Si por el contrario el minero se dispone a ahorrar, ello se asocia a cosas “de dios” y entonces el oro desaparece.
Por ello, consideramos necesario comprender socialmente las prácticas de la minería artesanal, de pequeña escala, tradicional o ilegal, a partir de la complejidad de los episodios históricos que no se pueden apartar, negar ni disminuir en el abordaje. Aún permanecen, según numerosos entrevistados, prácticas idiosincráticas relacionadas a la mina e incluso al territorio como ámbito de apego por el sustento a partir del ejercicio de la extracción, que ha venido diluyéndose o reconformándose en las últimas décadas.
Figura n.º 3.
Sergio Milano. Cosmovisión del pequeño minero

EL MINERAL NO APARECE EL MINERAL APARECE

EXPLOTACIÓN
Fuente: Sergio Milano.
Los mineros tradicionales son individuos que poseen prácticas familiares asociadas a la minería; diferencia que se mantiene claramente con el empresario dueño de máquina o el individuo emergente, citadino, campesino o indígena, que por razones económicas, principalmente, se aventura en esta actividad en la cual no tiene arraigo. Por tanto, su dedicación será temporal, es decir, mientras las ganancias sean consideradas provechosas, o en el mismo léxico, “mientras la mina esté botando” (Ibíd., 2007).
Ciertamente, la actividad minera en esta región venezolana viene presentando cambios sociales, económicos y culturales importantes desde hace dos décadas. Ello se debe, de acuerdo con los sujetos entrevistados, al aumento exponencial en lo últimos años de venezolanos provenientes de otras regiones del país, así como también de otros países fronterizos, enmarcado en el reordenamiento del régimen de dominio como es el reciente fenómeno social del pranato minero . Con ello, sin embargo, figuras organizativas como el de la compañía minera y sus cosmogonías asociadas y comentadas anteriormente, se mantienen en la actualidad como referente primario de la organización minera en Guayana.
El negocio del oro ha hegemonizado la actividad económica en los municipios del sur del estado Bolívar: Piar, Gran Sabana, Roscio (Guasipati), El Callao y Sifontes (Tumeremo, Las Claritas, El Dorado, Km 88), generando una relación directa o indirecta, pero de influencia al fin, con todo comercio establecido en esa región. El intercambio fluido del metal depara en una alta circulación de dinero, produciendo así un incremento de los precios en todos los rubros. Como nos puntualiza un minero entrevistado: “el flujo de dinero es exorbitante. Una vez llegué a ver un galpón con 1.000 millones de bolívares. Full, repleto de billetes. Allí no hay bancos. Ellos compran y venden ahí, tienen su propia economía” (entrevista, 2017).
Alimentos, bebidas, vestimenta, transporte, expendio de licores, calzados, servicios en comercios (internet, telefonía, talleres mecánicos, entre otros), así como actividades ilegales como prostitución, tráfico y venta de drogas, tienen costos mucho más elevados que en el resto del país por ser zona minera en donde el patrón de intercambio está vinculado al comercio relacionado a la venta y compra de oro, y debido a que los circuitos económicos en general están coaccionados por el patrón oro que se extrae y comercializa en la zona de Guayana.
La agudización de la escasez de alimentos en el país ha generado una dinámica reciente y particular en las zonas mineras. Desde nuestro trabajo de campo, apoyado por el testimonio de los entrevistados, se evidenció que los comercios y mercados están completamente abastecidos, pero a precios muy superiores respecto al mercado nacional. Las dimensiones de la renta extraída y la alta cantidad de capital circulante en la zona, permiten que todos los rubros de primera necesidad que escasean a nivel nacional se encuentren en estos establecimientos comerciales, a partir del tráfico irregular y no formal de los mismos.
Por su parte, los territorios guayaneses son cada vez más presionados por la expansión de la actividad minera. Territorios que nunca habían sido objeto de artificialización espacial por los minerales que contiene, actualmente son tierra arrasada para la extracción. Los imaginarios también han mutado, incluso el de las comunidades originarias, y se ha introducido la lógica mercantil por el poder sobre los territorios. Según el geógrafo Gonzalo Febres: “los indígenas siempre han tenido que hacer minería por necesidad, como forma de acceder a bienes de la occidentalidad” (entrevista, 2017).
Sobre lo anterior, Mardaleno Cortés (ex coordinador de la Organización Kuyujani ) afirma que “los indígenas ye’kwana y sanema antes no nos movíamos de nuestra comunidad, ahora hay mayor salida a otros sitios; la necesidad del comercio, de tener plata, ha ido avanzando a raíz de la minería” (entrevista, 2017). Por su parte, Filimón Cortés, de la misma comunidad, en una entrevista informal afirma que culturalmente los ye’kwana no son mineros, manejan la artesanía y la madera. El chamán era el único que podía usar las piedras preciosas para sus ritos, siendo extraído de lugares sagrados.
Resalta que
el oro es visto por los ye’kwana como algo sagrado, intocable, si lo tocas te mueres. Las muertes que han ocurrido han sido por eso. Los ye’kwanas no tocaban eso. Pero después que el ye’kwana salió de sus zonas y vio otras realidades empezó la práctica minera al ver que a otras personas no les pasa nada y al saber que se aprovechaba económicamente el oro (entrevista, 2017).
En los últimos años, en el marco de las profundización de los regímenes impuestos por el pranato minero, la creciente occidentalización de las poblaciones originarias, el incremento de los precios del oro (Goldprice), la penetración de vías y canales de comunicación y transporte, la crisis económica nacional, principalmente, comunidades indígenas, incluso muy apartadas conviven con minas controladas por figuras extorsivas relacionadas al pranato minero, así como con minas controladas por indígenas o grupos de ellos. Familias completas que subsistían de otras actividades, actualmente buscan en las minas recursos para el sustento. Así nos lo relata Celina, de la comunidad ye’kwana y sanema de Kuyuwi, en el medio Caura, cuando relata:
Mi esposo trabaja en mina desde hace tres meses. Él tiene dolor de cabeza y llagas en las piernas por el agua sucia y el uso de las máquinas, tiene años trabajando en eso. Hemos trabajado en mina, sacando material y lavando materiales en la batea, con huecos de cinco metros. La mina de San Pablo está controlada por indígenas. Las otras han sido tomadas por los sindicatos (entrevista, 2017).
Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), Carla Chacón, expresa que
el lenguaje que va imponiéndose en las comunidades indígenas es el lenguaje de la mina. Esto ha ocasionado un acelerado proceso de pérdida de identidad cultural para adherirse a otra cultura que incorpora alcoholismo, prostitución, trata de personas, tráfico de drogas (entrevista, 2017).
2.1 Reconfiguración y expansión de la actividad minera
Las poblaciones presentes en las zonas mineras son muy fluctuantes. Existen meses a lo largo del año en los que los pueblos tienen poca actividad socio-económica, así como puede haber períodos donde hay mucha población minera y un sistema económico dinamizado por la actividad. Lo anterior está supeditado a varias causas directas. Una de ellas es la época del año, si es período de sequía o de lluvia; y ello incide en las técnicas empleadas para la extracción del oro, en las características físico-naturales de la zona minera y en los mecanismos de extracción del mineral. El incremento del precio del oro en el mercado internacional a principios del milenio es otro factor de influencia, dada la presión catalizadora que ejerce en la expansión o contracción de la minería ilegal. Esto coincide con testimonios de habitantes del estado Bolívar que afirman que ha habido un auge de la actividad e importantes cambios socio-culturales a partir de un período comprendido entre los años 2005 y 2007. Un cuarto factor de envergadura es que poblaciones de Brasil, Guyana y Colombia (países que comparten extensas fronteras con Venezuela) coexisten en territorio venezolano con pequeños mineros locales y otros que provienen de otras partes del país. Como quinto aspecto, tenemos que los destinos inmediatos del contrabando de extracción del oro venezolano, según personas entrevistadas cercanas a la actividad minera de pequeña escala, serían los tres países mencionados más Trinidad y Tobago. Además, inciden los medianos empresarios provenientes de otros países (iraníes, israelíes y chinos), vinculados también al tratamiento de plantas de cianuración; aspecto fundamental, dado el importante contrabando de extracción que ha fungido como aliciente clave en la configuración de canales y mecanismos para garantizar la salida ilegal del oro extraído en suelo venezolano . Siendo así, desde los testimonios recogidos en territorio, en las últimas décadas ha habido una clara tendencia al crecimiento de la actividad y población, intensificándose en los últimos cuatro años, ocasionado por la profunda crisis económica por la que atraviesa Venezuela. Como consecuencia, ingentes poblaciones provenientes de diversas partes del país se trasladan a Guayana a fin de obtener recursos extraordinarios para la supervivencia.
Los sujetos entrevistados, principalmente periodistas y pobladores de los territorios, afirman que desde 2004 se ha incrementado la introducción de maquinaria más tecnificada en los municipios del sur del estado, como monitores, dragas y motores hidráulicos. Así, la práctica de minería artesanal se ha desplazado aceleradamente, transitando la mayor parte de la población minera a un trabajo más

(4.06%), y con exportaciones menores a otros países en Europa. De esta manera, se evaden los pagos de regalías y se obtienen ganancias de una actividad ilegal a la cual no ha sido fácil hacer seguimiento y control. Así, entre 2009 y 2011 se exportaron en promedio 10 toneladas de oro más al año de las que pagaron regalías. Esto puede responder a la evasión en el pago de regalías, pero también puede sugerir que el país esté exportando oro solo en papeles, y de esta manera, se justifican la entrada al país de dinero producto de actividades ilícitas (Rudas, 2013, como se cita en Laina y Botero, 2015). Añadimos como hipótesis si esa explotación superior a la cantidad que pagó regalías pudiera estar obedeciendo a que sea oro proveniente de otros países, como Venezuela. En Ecuador, en el año 2010 y según el Banco Central de ese país, se retornó al “histórico aproximado” de cinco toneladas de oro/año, que según otras fuentes sería mucho mayor esta cifra, llegando incluso a las doce toneladas en 2013, del cual el 78% provendría de la minería ilegal y dirigiéndose principalmente a EEUU, Suiza y en tercer lugar Canadá. El blanqueamiento en este país también incorpora el oro extraído en territorio peruano debido a la facilidad de transporte de oro a través de los pasos irregulares de la frontera. A la inversa, Ecuador podría funcionar como lugar de lavado de oro ilegal de Perú, al igual que Brasil y Bolivia, especialmente para el contrabando de extracción del departamento peruano Madre de Dios. Como muestra, en marzo de 2015, se capturaron en la frontera ecuatoriana 2.5 millones de dólares en barras de oro (70 kg aproximadamente) proveniente de Perú (Fierro, 2015), país que se ha convertido en el sexto productor de oro a nivel mundial, lo que representa una producción anual promedio de entre 160 y 170 toneladas. La pequeña minería y minería artesanal representan aproximadamente el 20% de la producción nacional de oro, es decir, alrededor de 40 toneladas anuales. Se calcula que al menos el 30% de la extracción de oro proviene de la minería ilegal (Benavides, 2015). El caso particular de Brasil, el oro extraído por los garimpo tiene como destino inmediato y principal Bolivia y Sao Paulo, donde es convertido inmediatamente en activo financiero (Vallin, 2015).
tecnificado y de mayor envergadura, con lo que se sustituyen prácticas y formas organizativas asociadas a la minería tradicional. Investigadores de larga trayectoria y activistas defensores de la diversidad socio-natural, como el director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, aseguran que, anteriormente, los mineros procuraban ser más respetuosos con el entorno por el impacto ambiental que causan; estos colocaban barreras de palma (de 200 mts) en el río, generalmente de moriche, para atrapar el barro que contiene mercurio. Estos telones “eran hechos por los mismos mineros, a las 7ma o 8va barrera la limpieza del río era importante”. Esa tradición se ha perdido y actualmente el desastre ambiental (incluyendo los graves efectos en la salud humana) es devastador para una de las zonas con mayor biodiversidad en el planeta16.

16 Venezuela es el sexto país de América Latina con mayor biodiversidad y el décimo a nivel mundial. Así, en nuestro territorio hacen vida 386 especies de mamíferos, 1.463 especies de aves, 377 especies de reptiles, 340 especies de anfibios, 1860 especies de peces y 15.636 especies de plantas. Los estados Bolívar y Amazonas son las regiones de nuestro país con mayor presencia de esta mega diversidad. Numerosos procesos biológicos se realizan en estos ambientes de gran complejidad sistémica de especies vegetales y animales, los cuales han producido un gran número de especies endémicas en estos territorios (Machado-Allison, 2005, como se cita en Iranzo y Herrera, 2016). Por su parte, la cuenca del Orinoco tiene una extensión de 1.1 millón Km2. La descarga promedio que realiza este gigantesco cauce de agua al mar es de 38.000 m3/seg, siendo la tercera cuenca de mayor descarga en el mundo, después del Amazonas y el Zaire). El Delta del Orinoco es uno de los tres grandes deltas de América. Presenta un área de 30.000 Km2, aproximadamente, y posee características particulares derivadas de su condición de delta oceánico. Para conocer sus magnitudes, la descarga que genera el río Orinoco, junto con la del Amazonas, representa aproximadamente el 16 % del aporte anual de agua dulce a los mares de todo el planeta. La dispersión estacional que genera la pluma del Orinoco, una vez se descarga al mar desde su delta, alcanza regiones del Caribe oriental, cubriendo un área que excede los 300.000 km2. Buena parte de la alta productividad de plancton del noreste del país se debe a la influencia del Orinoco y esto permite una alta productividad pesquera. En el caso de la sardina, esta zona soporta el 70% de la productividad de todo el Caribe y se estima en 1.580.000 toneladas métricas (Rueda-Roa y Muller-Karger, 2013, como se cita en Iranzo y Herrera, 2016). Por su parte, la Amazonía posee 7,9 millones de km2, representando el 5% del territorio continental mundial, siendo el área con mayor biodiversidad del planeta. En este mega hábitat estarían coexistiendo el 50% de la totalidad de especies vivas del planeta (CEPAL & Patrimonio Natural, 2013).
Figura n.º 4.
Porcentaje estimado de población rural de mineros artesanales y a pequeña escala.
Centroamérica y Suramérica en 2014

Fuente: artisanalmining.org
Para el año 2014, según registros del portal sobre minería en pequeña escala artisanalmining.org, anterior Communities and Small-Scale Mining [comunidades y minería a pequeña escala] (ASM Inventory, 2017), en Venezuela habían entre 30.000 y 70.000 mineros (ver figura n.º 4). Para los habitantes de Guayana esta cifra sería conservadora, ya que aseguran que para el año 2017 esa población puede rondar entre 90.000 y 130.000 personas. En el contexto actual, resulta un desafío obtener y consensuar una aproximación más precisa de la cantidad poblacional de pequeños mineros en Venezuela, específicamente en Guayana, el Delta del Orinoco y el Amazonas, y ello debido a la reciente expansión y la falta de registros, además del surgimiento del denominado pranato minero, que dificulta aún más este tipo de estudios.
Este incremento se ha manifestado en otros países, como Colombia, en el cual, luego del censo minero 2009-2011, se contabilizó la cantidad de 14.357 unidades de producción minera, de las cuales el 56% son ilegales. Esta cifra se ha incrementado dada la realidad en cuanto a ausencia de oportunidades de trabajo para las poblaciones más humildes de este país (Laina y Botero, 2015).
Lo que sí se recoge como un dato importante desde los testimonios obtenidos, es que el crecimiento ha sido exponencial en los últimos 15 años. Como lo afirma el periodista German Dam:
El 70% es de gente que viene de otros estados, con otros oficios y profesiones, que nunca habían hecho nada ligado a la minería y que están aprendiendo allí, que quieren hacer dinero y regresar a su estado o se quieren ir del país y están reuniendo para irse, hay trabajadores fijos de empresas básicas, que cuando salen de guardia y porque hay poca actividad en Sidor entonces consiguen permisos y se van para allá. El negocio de las motos, para vender o trabajar de moto taxis o ser mecánicos de motos. Muchas mujeres que también se han ido como cocineras o prostitutas (entrevista, 2017).
La recesión presente en las empresas básicas constituiría un sexto factor de relevancia, incidiendo en que trabajadores de las mismas se incorporen a este régimen socioeconómico. Según mineros y trabajadores de este sector que accedieron a ser entrevistados y que por razones de seguridad nos reservamos su identidad, existen zonas al sur del estado que tienen permiso y asignación para la vocación minera, más no están autorizadas para su explotación, así como existen territorios no autorizados donde sí hay extracción. La empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana Minerven (CVG Minerven) –encargada formalmentye de explorar, explotar, extraer, acarrear, procesar y comercializar únicamente al Banco Central de Venezuela (BCV)– posee un historial de desinversión (El Universal, 2011) . Según los entrevistados la empresa, teniendo la capacidad de procesar 2000 kg de oro, en los hechos sólo está procesando 50 kg mensuales, lo que representa un 7,5% de su capacidad por falta de inversión. Minerven tiene minas asignadas que no explotan sino lo hace la pequeña minería bajo el control de las bandas armadas.

Así, estos circuitos socioeconómicos de servicios y comercios, están estrechamente asociados y son dependientes de la renta que ofrece la explotación de oro desde las condiciones hasta ahora descritas. El jefe de redacción del diario regional Correo del Orinoco, Oscar Murillo, afirma:
Hay muchos actores que les conviene que esta situación continúe. El boom trae dividendos, ha habido una gran bulla de mucho dinero. Ahora estamos viendo las secuelas de eso. La delincuencia organizada en la ciudad tiene como fuente de ingresos la mina. Buena parte del comercio en Ciudad Guayana depende de una economía que lava el dinero extraído de la minería (entrevista, 2017).
3. Pranato minero: el sindicato
Las condiciones que originan el pranato minero al sur de Venezuela tienen una relación intrínseca con el deterioro orgánico de las organizaciones sindicales y la violencia desarrollada fundamentalmente en el sector de la construcción y las empresas básicas en esta región del país. El último período de bonanza petrolera en Venezuela, que comenzó a manifestarse a partir de 2004, permitió el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, varios de los cuales se ejecutaron en el estado Bolívar: la Planta Hidroeléctrica Manuel Piar (represa de Tocoma), el segundo puente sobre el río Orinoco (Puente Orinoquia), la ampliación del estadio de fútbol “Cachamay”, inversiones en empresas metalúrgicas y mineras, así como la construcción de complejos residenciales, son algunos ejemplos.

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Cada obra involucraba sumas millonarias en dólares y ganancias extraordinarias para los sectores empresariales, así como eventualmente de camarillas burocráticas de las instituciones del Estado (de acuerdo con los testimonios recogidos por trabajadores mineros que prefirieron el anonimato para este trabajo) mediante el cobro de comisiones y salarios y beneficios relativamente altos para los trabajadores de estas empresas, en contraste con el resto de la clase trabajadora nacional. En esta disputa por los recursos provenientes de la renta, mafias sindicales empezaron a intervenir con fuerza, más allá de la organización y lucha por la defensa de derechos laborales o por luchas reivindicativas. La burocracia de los sindicatos se disputaba entre ellas la participación y control de las obras. Al involucrar cuantiosas sumas de capital, tal disputa se dirimía en el terreno de la violencia por parte de estos actores, deparando en alarmantes cifras de homicidios. Señalan trabajadores del sector minero que
aquí existía una pugna entre mafias sindicales del sector construcción. Lo que hizo el gobernador fue apoyar y fortalecer grupos armados para contrarrestar aquellos que pretendían hacerse de la obra y sabotear por el cobro de sus vacunas (extorsiones) […] el saldo fue varios sujetos asesinados en enfrentamientos, neutralizando a todos aquellos que pretendían echar vaina (sabotear, entorpecer, obstaculizar) y la obra se cumple en los términos establecidos (entrevista, 2017).
La organización sindical en el sector construcción sufrió una descomposición acelerada. Los asesinatos de trabajadores se multiplicaron progresivamente en pocos años, pasando de un problema coyuntural y aislado, a constituirse en un fenómeno habitual, como certifican registros periodísticos de los diarios de Guayana. En ese sentido, Clavel Rangel, periodista del Correo del Caroní, nos afirma que “en Bolívar el 42% de los casos de sicariato sindical han estado en Tocoma, Cachamay, Puente Orinoquia, grandes construcciones y esporádicamente en construcción de urbanizaciones” (entrevista, 2017).
Culminada gran parte de las obras de infraestructura mencionadas (2006-2008), la violencia sindical fue permeando en las empresas

básicas del Estado. Una vez en nómina formal, algunos grupos in tentaron organizarse políticamente dentro del sindicato, obteniendo la anuencia de los poderes políticos cercanos al gobierno regional dado que un objetivo ha sido el debilitamiento del Sindicato Único de Trabajadores de Sidor (SUTISS). Entre 2009 y 2012, Guayana fue una región de mucha conflictividad laboral, principalmente por los contratos colectivos vencidos por más de 6 años.
La política de control social en las empresas básicas se estructuró de dos formas. Primero, mediante la militarización, a través de la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los lugares de trabajo, así como la designación de militares en cargos de presidencia y principales gerencias de las empresas; y segundo, el ingreso de mafias y personas vinculadas a la delincuencia en la nómina de las empresas, que se relacionaron directamente con los sindicatos. El carácter lumpen, agresivo y descontrolado de las mafias, se empezó a manifestar en amenazas y amedrentamientos hacia trabajadores y dirigentes de luchas reivindicativas. Controlar las protestas mediante la violencia, así como asegurar la recepción de altos beneficios económicos para la burocracia sindical del sector de la construcción, ha sido la lógica con la que se han manejado estos sectores.
Esta pugna deparó en casos de homicidios, como el ocurrido en Ferrominera en junio de 2011 (Correo del Orinoco, 2011). Así, estos grupos se salen del control de los poderes políticos con los que se vinculan, iniciándose una fase clave, de despliegue y control de territorios en las minas donde van surgiendo bullas , como en El Callao y Guasipati. Eso ocurre con la anuencia de importantes figuras de poder dentro del estado Bolívar, estableciéndose una suerte de “pacto y luz verde” con dichos grupos delincuenciales para dirigirse al sur y controlar minas . Estas acusaciones han sido permanentemente negadas por actores del poder político regional. Pastora Medina, integrante del Movimiento Ecológico de Venezuela, coincide con este recuento que puede explicar el incremento y toma generalizada de la minería ilegal, así como el establecimiento de un sistema de dominio ejercido por las bandas armadas donde “él [se refiere al gobernador del estado] es responsable de esto, pero él ya no controla la situación” (entrevista, 2017) .
A partir de esta serie de eventos vinculados, comienzan a generarse una serie de conflictos por el control de los territorios y actividades derivadas y asociadas a la minería, iniciándose el proceso de desvinculación con esta figura principal que es el gobernador, dado el creciente poderío económico, territorial y armado que comienzan a tener estos nuevos actores. Para los años 2012 y 2013 se proyecta aún más comunicacionalmente la violencia sindical, las masacres por el control minero, los enfrentamientos entre bandas y la participación del ejército.
Por lo descrito anteriormente, se afirma desde los testimonios y la información recabada en el transcurso de esta investigación, que estas bandas no son el máximo eslabón de esta cadena de dominio territorial, económico y social. Existe una trama constituida por individualidades dentro de la Fuerza Armada, así como de sectores políticos tanto de oposición como del gobierno, que están en alianza con estas dinámicas. “Aquí hay un pacto, que no se ve pero que sí existe”, afirman los trabajadores entrevistados del sector minero.
El alza del precio del oro y diamante, así como el débil e ineficaz desempeño de las instituciones estatales en esas áreas, posicionó a la minería ilegal como un negocio con márgenes de ganancia y beneficios muy elevados, principalmente para los actores que controlan los territorios y dinámicas económicas derivadas. En pocos años diversas bandas coparon prácticamente todas las áreas de extracción de oro, y una vez garantizaban el control de las mismas se expandían hacia otros territorios (anteriormente no afectados) para su explotación . La capacidad de estos grupos para obtener armas e incrementar el arsenal de guerra se fue consolidando debido a la fluidez con que transportan armamento hacia el sur, así como de la apropiación de maquinaria pesada para la explotación mineral.
La violencia es la característica principal de este proceso migrato rio. La instalación y organización territorial de las bandas criminales en las minas ha implicado el enfrentamiento de bandas y personas que ya trabajaban previamente en áreas de extracción mineral a pequeña escala o la confrontación entre bandas ya instaladas con nuevas bandas que pretenden disputar ese territorio. Asesinatos selectivos, masacres, torturas y fosas comunes son los resultados que ha deparado este proceso hasta la actualidad (Faoro, 2017), siendo que hace un par de décadas estas eran prácticas desconocidas en la zona. Anteriormente, la violencia en las minas se reducía principalmente a disputas entre personas influenciadas por la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que los casos de violencia se circunscribían al ámbito doméstico.
La exportación petrolera, como fuente principal de ingreso de divisas al país, así como los períodos de bonanzas o de crisis producto de las oscilaciones del precio del crudo en el mercado internacional y el ritmo de explotación interno, han determinado los cambios sociales, políticos, culturales y económicos más importantes del último siglo en Venezuela. La lógica rentista arraigada en el Estado venezolano se expresa además en los imaginarios y prácticas sociales. Esta lógica condiciona a que toda otra actividad económica, legal o ilegal, que se desarrolle en el país se maneje bajo sus mismos principios. A pesar del descontrol de la minería ilegal, sujeta a la violencia que ha caracterizado la participación de bandas criminales, se ha expandido como actividad en el territorio, precisamente por mantenerse en el marco de la extracción de renta. De este modo, el Estado rentista pudiera estar reflejando cierto grado relativo de auspicio y complicidad directa o indirecta de las instituciones estatales sobre la minería ilegal aún desde la reciente configuración del pranato en estos territorios.
3.1 La violencia como método de instalación
Las bandas criminales que se han impuesto mediante el uso de la violencia, se autodenominan sindicatos. Tomando como supuestos referentes su participación en sindicatos legalmente constituidos y los beneficios que obtenían al involucrarse en esas estructuras gremiales, estos se han apoyado en el nombre de un organismo reconocido por el Estado para disminuir el impacto en la opinión pública de la configuración del dominio social y económico acometido en esos territorios.
Estas bandas procuran emitir una imagen de protección de la población, en la que se presta un servicio retribuible por parte de los mineros ilegales para justificar su presencia y accionar. Sin embargo, estas bandas no han emprendido luchas por la legalización de los mineros o por establecer mecanismos de reconocimiento de su labor ante las instituciones correspondientes como el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o las inspectorías del trabajo, no tienen estructuras de afiliación de trabajadores, ni ejercen las funciones de un sindicato que establecen las leyes y reglamentos respectivos. Las condiciones en las minas son sumamente precarias, como nos comenta un minero:
son completamente insalubres. Excremento en los alrededores, contacto directo con mercurio, en ocasiones las bombas de oxigenación no funcionan, no hay reforzamiento del techo, los espacios son muy reducidos. No hay ningún tipo de seguridad laboral y el ritmo de deforestación es bastante alto (entrevista, 2017).
Otro minero nos relata que “si haces un tour por todos los municipios del sur te encontrarás con hambre y miseria. La prostitución y la trata de blancas [personas], el tráfico de drogas y de combustible se lleva a cabo de manera grotesca”.
Las nuevas formas de dominio instaladas en los territorios desde hace 10 años aproximadamente, según los testimonios y revisión documental, está referido a organizaciones parapoliciales que ejercen autoridad en una región delimitada de comunidades, controlando así la actividad minero-ilegal, la cual puede ser: aurífera, diamantí fera o de coltán. Se estructura de forma piramidal, con una cabecilla o jefe denominado pran. Dependiendo del grado de confianza con el pran y la experiencia o edad, los miembros ocupan una función determinada para garantizar el accionar armado de la cuadrilla. Cada integrante obedece a una voz de mando y todas las decisiones importantes recaen en el jefe.
Según testimonios de entrevistados, los miembros de estos autodenominados sindicatos exhiben armas largas como método de intimidación. La posesión de armas de guerra, como granadas, morteros, punto 50, USY y AK, les ha permitido imponer su autoridad por encima de los cuerpos policiales municipales y regionales y mantener al margen a cuerpos de seguridad como los efectivos de la GNB, optando estos últimos por una relación más de negociación que de confrontación . La impunidad con que gobiernan estas estructuras criminales paraestatales son evidencia clara de este accionar conciliatorio.
Las cuadrillas delictivas están compuestas, fundamentalmente, por hombres jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años. El proceso de incorporación por parte de menores de edad involucra la iniciación mediante brutales golpizas por parte de sus compañeros “dejándolo casi muerto”, luego, la entrega de un arma con la orden de robar un celular a mano armada; posteriormente, el robo de una moto. Finalmente, el asesinato selectivo de alguna persona: el sicariato.
Los cabecillas se manejan bajo la lógica expansiva de la actividad minero-ilegal, que impera por la alta rentabilidad del negocio. Buscan controlar y explotar tantas minas como les sea posible. Una vez que “explota una bulla” se establece lo que coloquialmente se conoce como pueblito minero. Inicialmente, se instala la base (banda o cuadrilla armada) y progresivamente las compañías de mineros que llevarán a cabo el trabajo manual en la mina. Posteriormente, se instala la licorería y el prostíbulo o currutela en el que trabajarán mujeres (adultas y menores de edad) provenientes de Bolívar y otras múltiples entidades del país.
Desde el año 2006, la violencia ha aumentado con la llegada progresiva de más organizaciones criminales a la región. La pírrica participación ajustada a derecho y atribuciones de los cuerpos de seguridad del Estado ha dado paso a la instalación y confrontación “a sangre y fuego” entre los ejércitos irregulares que controlan los pranes. A finales de agosto de 2014, el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, afirmaba que desde 2012 la cifra de homicidios había aumentado estrepitosamente (Poliszuk, 2014). Para ese año se estimaba que la tasa de homicidios en El Callao era de 116 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra sumamente alta para una población que no supera los 30.000 habitantes.
Desde este contexto, registros periodísticos e investigaciones certifican que solo en el primer semestre de 2015 se registraron 85 homicidios en los municipios: El Callao, Sifontes, Roscio y Piar , y al igual que en el primero las cifras de muertes relacionadas a la violencia han ido en aumento para el resto de los municipios. El panorama se visualiza aún más grave cuando responsablemente debemos afirmar que éstas son cifras de las muertes conocidas, es decir, registradas oficialmente. Los casos de desapariciones forzadas y fosas comunes en estos territorios, desde las voces entrevistadas, avizoran una realidad aún más lamentable. Esta reciente reconfiguración socioeconómica impuesta por actores que se desenvuelven en la ilegalidad y criminalidad, ha conducido a masacres, como es el caso de la masacre de Tumeremo, en la que desaparecieron y asesinaron a 28 personas en el municipio Sifontes. La mayoría de los homicidios corresponden a mineros, aunque periodistas que investigaron el caso, como Germán Dam, aseveran que varios pertenecían a una banda distinta a la del pran conocido como “El Topo”,

presunto responsable principal del hecho. Luego de las investigaciones criminalísticas se encontraron 4 cuerpos en el centro-este de Venezuela, 17 cuerpos en una fosa común ubicada en Tumeremo y el resto continúan desaparecidos (Pardo, 2016).
3.2 El pranato como estructura paraestatal
La relación directa del pranato con los mineros se establece mediante el cobro de una comisión por la extracción minera, a la cual denominan vacuna. Este cobro de vacuna varía según la zona y el pran. Existen bandas que se apropian de una parte de los sacos de mineral extraído, otras esperan a que se muela y separe el oro. Incluso existen algunas organizaciones irregulares que compran el oro que le corresponde a cada trabajador ilegal. El pranato minero se extiende de las minas a los pueblos aledaños e incluso municipios si está lo suficientemente consolidado. De igual forma, las bandas cobran un porcentaje periódico de lo que produzcan los negocios o establecimientos comerciales. Todo aquel que realice una actividad económica debe entregar un pago correspondiente al grupo irregular. Según testimonios de personas que prefieren resguardar su identidad, estos grupos utilizan un porcentaje de lo cobrado para entregárselo a integrantes de la GNB y otros cuerpos de seguridad estatales. En palabras de una minera que eligió el anonimato:
Tengo 19 años siendo minera, de los cuales 9 años fueron de libre independencia. La minería a baja escala no tenía ningún tipo de tutelaje. Este nuevo modelo [el del pranato] es un monstruo que progresivamente va tomando más cuerpo, tiene muchos tentáculos (entrevista, 2017).
El pranato se presenta como una estructura sólida que puede garantizar orden y funcionamiento del comercio legal e ilegal en el área. Los pranes cobran comisión a cambio de ofrecer protección de entes delictivos internos y externos a la zona específica administrada por el jefe. Al realizar una comparación con la estructura del Estado, así como de otras realidades en países de la región, el cobro de vacuna cumple con el rol del impuesto, que garantiza el funcionamiento de la organización socio-económica establecida por el pranato como estructura paraestatal. En Colombia se ha desplegado un fenómeno similar; según la información que reporta la revista Semana, en cinco minas de este país con presencia de guerrillas o de bandas criminales, los mineros deben pagarles entre 5% y 20% del oro que saquen; los dueños de las dragas les pagan alrededor de US$ 2,500 mensuales; los comerciantes que compran, otro 10%, y los que venden gasolina para operar las retroexcavadoras, otro porcentaje. De las 51 toneladas que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por un valor de US$ 2,331 millones, más de la mitad provenía de la minería informal (Revista Semana, 2013). Como expresa uno de los entrevistados del municipio El Callao:
Si a ti te roban, tú acudes a los integrantes de la banda, ellos te preguntan:
- ¿Quién te robo?
- Pedro.
- ¿Quién es Pedro?
- Ah, Pedro no pertenece a los míos.
Pedro está pica’o [desmembrado] y te lo llevan a ti.
- Aquí está el hombre que te robo, usted siga pagando vacuna (entrevista, 2017).
El miedo está presente en los habitantes sometidos a un régimen delincuencial en el que domina “la voz y acción del más fuerte”. Ante ello, han asumido que los sindicatos son la nueva estructura de poder. Un minero nos relata que
en uno de los municipios del sur, el Callao, no puedes ver a la gente a los ojos. Debes caminar siempre viendo hacia el suelo. La irreverencia de mirar a alguien a los ojos es propicio para que te den un tiro, porque quiere decir que no estas dominado por ellos [los sindicatos].
O en palabras de una minera:
[Hay que] tener plena subordinación. Sentirte como Shakira: “ciega, sorda y muda”. Esa es la gente que logra entrar, que va y viene. Como yo. [Para acceder a la mina] prácticamente tienes que tener una invitación exclusiva. Tener alguien allá dentro que dé garantía de que tú vas a trabajar y no vas a sapear [delatar]. En las minas nadie puede tener teléfono, ni tomar fotos. Por lo general, se mueven en carros y tienen grupos de 12-14 hombres fuertemente armados para controlar e impedir el paso en la zona.
Existe en el imaginario social de los pueblos mineros del sur del país la necesidad de tener vínculos cercanos con las bandas delincuenciales organizadas para mejorar las condiciones de vida diarias. Desde las pesquisas realizadas en los abordajes directos en territorio, se percibe que la población de los municipios del sur ha perdido la expectativa sobre un proceso de reinstitucionalización desde el Estado nacional. Al estar ubicadas en zonas de seguridad estratégica o en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), ninguna de esas minas debería estar operativa, pero por el contrario, se han expandido nuevas estructuras de extracción a pequeña y mediana escala.
Debido a que la migración de las organizaciones criminales fue progresiva, actualmente existen diversos niveles de conflictividad que varían según las zonas. Existen territorios en los que habitan varias bandas, como lo expresa el periodista Germán Dan: “en El Callao hay hasta 3 o 4 bandas operando, en Guasipati entre 3 y 4 bandas. En Tumeremo 2 o 3 bandas”. Hay otros en los que gobierna un solo pran, como son los casos de El Dorado y Las Claritas (Km. 88).
En los casos en que un determinado pranato obtiene ganancias más elevadas, en contraste con el resto de las bandas que se encuentran en conflicto, el sindicato sobrepasa las estructuras ejecutivas municipales (concejalías y alcaldías), encargándose así de garantizar incluso servicios de salud y educación, reparación o mantenimiento de equipos y abastecimiento pleno de los rubros de la canasta básica a “precios de mina”. Incluso estos precios

alcanzan artículos esenciales para enfermedades relacionadas ín timamente a la actividad minera, como lo es la malaria. Según el Boletín Epidemiológico 2016 , Venezuela se encuentra actualmente en estado de epidemia por esta enfermedad. Así, según un minero entrevistado “ya ni siquiera hay sistemas de represión de la malaria. No hay tratamiento, ya cayó en manos de los traficantes porque cuesta 400.000 bolívares y eso lo produce el Estado para suministrarlo de manera gratuita”.
Este régimen para-asistencial apuesta a una naturalización y aceptación de la situación por parte de los habitantes, con fines dirigidos a proyectar mediática y territorialmente una favorable imagen. Así, según Oscar Murillo, jefe de redacción de El Correo del Caroní:
Cuando la masacre de Tumeremo ellos (la banda de Las Claritas) querían pagarles a unos periodistas para que fueran allá a que presenciaran el contraste entre Las Claritas y lo que ocurría en otros pueblos mineros. Su lema, o su gran orgullo es que allí hay paz.
Las bandas más consolidadas se conforman como un ente regulatorio del intercambio monetario que cobra comisiones ilegales (vacunas) a cambio de garantizar seguridad a la ciudadanía, servicios públicos mínimos, abastecimiento de alimentos y zonas sin ningún tipo de regulación ambiental o laboral para el desarrollo pleno de la actividad minera a pequeña y mediana escala. Los habitantes asumen forzosamente la estructura del pranato a cambio de solventar problemas que no se garantizaban con los concejales o alcaldes de turno. En palabras de una minera entrevistada:
Cuando el minero empieza a percibir oro, ese formato se convierte en una regla, y ahora tú debes trabajar para ellos y pagar un porcentaje. Estos tienen control de todo, tanto de las minas como de los comercios. Todos los comercios están obligados a pagar vacunas. Eso es en todos los pueblos, todos los municipios del Sur (entrevista, 2017).
Los factores económicos, culturales y sociales mencionados hasta ahora, reafirman que el pranato es un orden paraestatal, con sus propias instancias de poder, leyes y funcionamiento (al margen y distinto a lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al resto del ordenamiento jurídico nacional o regional). Incluso aunque dicho orden presenta limitaciones para llevar a cabo trabajos de infraestructura de mayor envergadura, como servicios de aguas servidas y aguas blancas, al no alcanzar recursos más cuantiosos como eventualmente dispondría el Estado rentista venezolano, este se maneja con la misma lógica asistencialista de supra-estructura que consuetudinariamente debe solucionar problemas de la población.
La intervención del sindicato implica que dicha explotación se hará de manera irregular y distorsionada, contraria a las convenciones nacionales e internacionales con que se manejan las empresas. El solapamiento de las funciones del Estado petro-exportador venezolano, desde las complejas combinaciones duales de explotación irregular de las minas y la desestructuración de su precaria estructura formal extractiva, sienta las bases de lo que podríamos denominar rentismo lumpenizado.
4. El Estado y la reconfiguración regional de nuevos regímenes biopolíticos
Desde estas realidades expuestas en la presente investigación, nos resulta importante señalar ciertos rasgos de las realidades socioeconómicas en regiones de países latinoamericanos, de la que incluimos a Venezuela, donde una de las esferas de prioritaria atención y estudio son las reconfiguraciones que desde los Estados comienzan a manifestarse y a mostrar aspectos similares como posibles tendencias en la región; ello también en el marco de la profundización, allende nuestras fronteras, de la avanzada extractivista y los regímenes de dominio socio-territorial con visos de ilegalidad (como son los patrones que se han desenvuelto en los últimos años desde el gobierno del pranato minero y la minería a pequeña escala en el caso venezo lano), donde “el avance de esta minería va a continuar dejando en evidencia que opera gracias a un sistema paralelo que a lo largo del tiempo se va complejizando” (Benavides, 2016: 272).
Las características y formas de estas nuevas gobernanzas y su incidencia en los territorios para la extracción están supeditadas al campo relacional, esto es, a las formaciones socioeconómicas y condiciones que la lógica de acumulación transnacional establece con los Estados. A lo anterior añadimos que las realidades y escenarios se tornan aún de mayor alcance y agudeza, cuando estos Estados, mediante importantes decisores institucionales y actores de poder dentro de él, están interrelacionados en la trama ilegal, paraestatal y de despojo, así como también cuando los proyectos extractivos están viciados de ilegalidad e inconstitucionalidad (es el caso del proyecto Arco Minero del Orinoco), lo que ocasiona un espacio muy opaco para el análisis, dada la difusa división entre las prácticas por fuera del ordenamiento formal y los regímenes y dispositivos de dominio patrimonialista.
En las actividades mineras ilegales, es un patrón relativamente constante que estos órdenes de dominio no sólo se aprovechan de bienes comunes renovables y no renovables, sino que además requieren de ingentes recursos y consumos específicos para garantizar dominio, impunidad, productividad y ganancia; ello mediante la coerción de los cuerpos de la biopluralidad en su conjunto, la que por supuesto involucra a las poblaciones humanas. En Colombia, la Policía Nacional, informó en 2011 que en 151 municipios de 25 departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados.

mientras que por gobernanza se alude a formas de manejo de dichos problemas que no necesariamente implican la existencia de formas de autoridad central, al menos legales, legítimas y aceptadas por todos los actores sociales” (2016: 51). Por su parte, cuando hablamos de grupo delictivo organizado (o términos similares), nos referimos a lo propuesto por la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando lo define como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz denuncia que en más de la mitad de los municipios productores de oro hay presencia de bandas criminales (Revista Semana, 2013). Por otra parte, Boris Miranda, caracterizando la realidad peruana, y que no dista a grandes rasgos de lo que sucede en Guayana, lo destaca de la siguiente forma:
Se trata de un modelo de economías perversas que se abastecen de servicios y colaboran entre sí para la ampliación del negocio. A los fines de la minería ilegal, las armas son fundamentales para el control de territorios en disputa y para resistir algún eventual intento estatal de poner orden. La droga sirve como moneda de cambio con otras organizaciones criminales o como mercancía para ampliar el negocio. También, junto con el dinero que se obtiene de la explotación del recurso, se utiliza para comprar voluntades políticas, sindicales, comunitarias, militares o policiales. Un elemento más (…) las concentraciones humanas que genera la minería ilegal casi siempre tienen como consecuencia el traslado de mujeres, en muchos casos menores de edad. Es así como los tratantes y clanes que se dedican a la explotación sexual también se vuelven parte de la cadena (2016: 146) .
Desde documentos consultados en base a investigaciones, en los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se han encontrado rasgos que en mayor o menor medida, y con arreglo a las especificidades de cada país, responden a las dinámicas propias de los territorios en extracción y que aquí vinculamos desde la sistematización de la información de la presente investigación en el caso venezolano. Entre ellos tenemos:
a. Pérdida de la capacidad de regulación y de control de los territorios y sus recursos por parte del Estado, ocasionado por el poder en el mercado y los lobbies que crean las empresas trans nacionales (Carrión y Sánchez, 2014).
b. Incidencia de dinámicas territorializadas y actores sobre el control de precios, stocks, flujos comerciales y financieros, afectando de manera determinante en temas fundamentales como el tributario, legislación ambiental, los regímenes de propiedad, así como la capacidad para evadir fiscalizaciones, imputaciones y sanciones en numerosos procesos judiciales.
c. Presión y justificación del necesario reacomodo del ordenamiento jurídico para el alcance sin impedimentos en este ámbito de los intereses de los actores formales transnacionales en estas dinámicas.
d. En el marco del debilitamiento institucional en estos territorios, estos actores emergentes (formales e informales, legales e ilegales) fungen como reguladores desde acciones de ejercicio exclusivo de los Estados (fiscalía, seguridad, protección ambiental, gestión social, entre otros), enmarcándose en un proceso paulatino de informal transferencia de competencias que transita de las responsabilidades de un Estado social de derecho y de justicia al del relato de la responsabilidad social-empresarial.
e. Instauración de una gobernanza corporativista, funcional al capital, cuando se evidencian nexos y posiciones claves entre y desde operadores que provienen de la empresa privada asociada y los altos cargos públicos.
f. Vinculaciones estratégicas entre Estados y empresas connacionales (por ejemplo canadienses y chinas) con capacidad de extraer y Estados con voluntad de ser despojados de sus bienes comunes, lo que añade una fuerte sujeción a los intereses de estos últimos en materia fiscal, financiera, legal, entre otros.
g. Incremento o fortalecimiento en las formas de respuesta estatal tendiente a la invisibilización, criminalización, represión y judicialización a la protesta social sobre estas avanzadas extractivistas en sus territorios.
En este marco se inscriben nuevas reconfiguraciones que incorporan nuevos regímenes biopolíticos que desbordan los campos de alcance del Estado. Estos, además, debemos enfatizar, no se sitúan en lo estrictamente político, sino en lo eminentemente económico, aunque desde una heterogeneidad importante en sus expresiones, formas organizativas, alianzas, alcances y fines para el logro de su principal objetivo, que no es otro que lo que Tilly (1985) ha llamado el rent-seeking (búsqueda de renta). Así, paulatinamente, y dependiendo de otras variables nacionales y locales, intentan diversificarse localmente y expandirse globalmente, demostrando incluso un rostro lumpen-empresarial, desde su lógica competitiva (a sangre y fuego) y su eficiencia lucrativa (compra e instalación de maquinaria desde un proceso creciente de tecnificación para la ampliación de los beneficios rentísticos, por ejemplo, el caso de la minería en Guayana).
Así, este rent-seeking, desde la mirada del investigador David Santa Cruz (2016), con un abordaje desde lo latinoamericano, pero específicamente en el caso mexicano y su poderosa red de crimen organizado, se advierte que los competidores invierten sus recursos para ganar el derecho exclusivo de extraer rentas económicas a través de la extorsión y la apropiación ilegal y por la fuerza de territorios. Este proceso se torna más acelerado cuando el monopolio de la violencia efectiva estatal está debilitado, generando que estas bandas armadas organizadas establezcan sus propios regímenes de gobierno aunque sin intentar desaparecer la presencia estatal, sino imbricándola según sus intereses.
Para Santa Cruz, basándose en Lupsha, el desarrollo del crimen organizado presenta tres etapas: 1) la etapa predatoria, donde estos grupos no amenazan al Estado y son fácilmente controlables o erradicables por los órganos de seguridad; 2) la etapa parasitaria, en la cual el Estado es permeado por sus lógicas e intereses y comienza a armarse y desplegarse la trama cómplice con tendencias a extenderse en el tiempo; y 3) cuando este tiempo se prolonga lo suficiente como para reconfigurar patrones institucionales se transita entonces a la etapa simbiótica, donde la captura del Estado se ha concretado y se expone al servicio de la delincuencia organizada y el logro de sus objetivos.
Estas formas de organización que se expresan en los territorios como el guayanés no pueden ser comprendidos en su naturaleza y

desempeño sin conocer sus actores implicados, sus relaciones mutuas y la diversidad de sus actividades conexas. Estas formas de organización en el territorio muestran una simbiosis entre lo legal y lo ilegal, mediante un proceso continuo de cooptación de los diversos aparatos del Estado, así como de un proceso creciente de ramificaciones que se vinculan entre sí desde actividades de extracción de commodities, como la minería, tráfico ilegal de fuerza de trabajo, explotación sexual , narcotráfico, comercio de armas, entre otros.
En Colombia, el abordaje se mimetiza desde lo que ocurre en Guayana:
Mandatos superiores le asignaron primero a la República, luego a la nación y ahora al Estado, la propiedad sobre los recursos naturales no renovables, pero los resultados demuestran que casi dos siglos después, los esfuerzos de los Gobiernos por asumir el dominio soberano de los minerales, su control, administración y fiscalización fracasaron, y que actualmente en el país predomina un sector extractivo marcado por una profunda informalidad e ilegalidad (Pardo, 2013, como se cita en Laina y Botero, 2015).
En regiones de México (Santa Cruz, 2016) y de Venezuela, específicamente en los territorios mineros de Guayana, para que el crimen organizado pueda desenvolverse con cierta impasibilidad, es necesario que tengan primero el control del territorio-objetivo; también establecer el control monopólico de la oferta de la violencia en este territorio; capacidad para brindar protección y evitar que otros grupos extorsionen a sus clientes. También es necesario el control o cooptación de las autoridades y fuerzas policiales y militares del Estado. Este proceso es además bidireccional porque ocurre que actores económicos privados y regulares realizan actividades delictivas (como librarse irregularmente de desechos tóxicos, eliminación de la competencia, negociación oligopólica de precios, reprimir movimientos sociales, controlar o penetrar sindicatos, evadir impuestos, entre otras) y requieren del amparo del crimen organizado y de su red corrupta para el logro de sus fines. Incluso en México se ha logrado detectar cómo en el proceso de la apropiación de los territorios y su biopluralidad, se ha insertado esta lógica en la trama agrícola, donde los procesos de extorsión por protección han controlado. Por ejemplo, la producción y distribución del aguacate, lo que ha generado un incremento en sus precios, dado que el consumidor final termina pagando los costos de extorsión que el productor o distribuidor debe otorgar a estas bandas criminales. Esto está vinculado a lo anteriormente explicado sobre los pueblos del sur del estado Bolívar, sobre la situación socioeconómica relacionada a las condiciones en la que sus poblaciones acceden a bienes y servicios controlados o coaccionados por el pranato minero.
Existen estudiosos del tema sobre el crimen organizado transnacional que asocian estas realidades a un proceso que deriva, en última instancia, en lo que Grasa denomina la captura del Estado, el cual es:
(…) un fenómeno de corrupción sistémica en el cual suele ser muy activa la delincuencia transnacional, a menudo con la complicidad de organismos legales vinculados a ella [con] la intervención de personas, grupos o empresas legales –con lazos no siempre legales– en la redacción de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas, para obtener beneficios diversos, de tipo privado y a veces ligados a actividades delictivas, a costa de fondos públicos y de la independencia de las autoridades. (…) [Se trata de] una relación constante entre lo ilegal y lo legal en la génesis de las actividades delictivas y, sobre todo, en la puesta en circulación, multiplicación y blanqueo de los resultados económicos obtenidos de esas actividades mediante redes ilícitas y nexos con actores diversos totalmente legales que están reconfigurando los Estados en todo el mundo (2016: 54).
Estas redes de corrupción en el Estado se han expresado en Ecuador con el incremento en 2007 de 4.500 concesiones mineras, muchas de ellas con fines especulativas (concesión sin trabajo exploratorio sino para venta futura). Muchas de estas concesiones habían sido solicitadas o estaban a nombre o propiedad de funcionarios del ex Ministerio de Minas y Petróleo. De estas concesiones, cerca de 4.000 fueron revertidas al Estado en 2008, previamente a la elaboración de una nueva Ley de Minería en 2009 (Fierro, 2015).
Se plantea recurrentemente una hipótesis sostenida en que el avance de la delincuencia transnacional organizada se correlaciona con la “baja institucionalidad o la debilidad del Estado” (Grasa, 2016: 55) o la “presencia deficitaria del Estado o la transferencia de sus funciones a actores privados” (Bobea, 2016: 65), lo que sugiere que nos encontramos como región latinoamericana (específicamente en países como Perú, Colombia, México y Venezuela) en un proceso diferenciado de reconfiguración del Estado-nación según las dinámicas que operan en los subterfugios telúricos asociados a la criminalidad para la obtención de rentas que les permitan a su vez expandirse en territorios y formaciones institucionales.
Existen otros investigadores que debaten esta afirmación centrada en la cantidad y fortaleza del Estado. Más bien enfocan esa reconfiguración del Estado que mencionamos más arriba, en el marco de la asunción de nuevos órdenes sociales y regímenes políticos paralelos al ordenamiento formal establecido o existiendo contradicciones entre él, dado los nuevos patrones y necesidades de adaptación que el nuevo orden exige y que se asocia a lo que Lilian Bobea ha denominado el estadotropismo, entendido como:
(…) las lógicas de articulación entre actores desregulados, criminales y estatales, así como el nivel de institucionalización de sus prácticas y los contextos (histórico-sociales y políticos) dentro de los cuales se producen esas articulaciones (…) alude también a los procesos delegativos y transmutación que subyace a esta relación entre crimen y autoridad legítima, que se presume excepcional (2016: 67).
Esta dinámica explicada por la autora tiene dos procesos centrales para caracterizarlo. Primero, se encuentran las acciones explícitas o por inmersión, que cuenta con la existencia y participación de actores formales sujetos al Estado, directa o indirectamente vinculados a diversas modalidades de actividades ilícitas y criminales, mediante prácticas como la extorsión por seguridad y protección. Por ejemplo, en Guatemala se han develado entramados complejos de este tipo llamados sindicatos o cofradías, lo que no consideramos casual la similitud de términos usados en relación a Guayana. También podemos mencionar el conocido proceso de estadotropismo que han derivado actualmente en las bacrim en Colombia, provenientes de las organizaciones y prácticas del paramilitarismo en este país, así como mencionar también las 89 poderosas organizaciones criminales que controlan y disputan territorio mexicano. Dos modos de ponderar el grado de institucionalización del fenómeno de estadotropismo por inmersión son: 1) la frecuencia de casos de corrupción de grandes magnitudes o de manifestaciones de violencia ligadas a estas prácticas y 2) la permanencia en el tiempo de estas prácticas sin que ocurra (o sólo espasmódica o esporádicamente) acciones de los organismos del Estado por erradicarlo.
En segundo lugar, se encuentra un estadotropismo velado o por omisión, en el cual se deja el Estado por fuera desde nuevas relaciones de poder para la obtención de beneficios entre actores, uno de ellos vinculados formalmente al Estado, pudiendo este último reinsertar al Estado en caso de que el canje o negociación no se concrete. Se trata de un sistema abstraído y cesante de la autoridad, en el que progresivamente existe un erosionamiento no necesariamente en la existencia de un Estado, sino en la credibilidad perceptiva y efectiva real de sus acciones, dispositivos de control y entramados formales desde el orden instituido. Las manifestaciones más cercanas para acercarse a comprender esta realidad están asociadas al clientelismo y la impunidad (Bobea, 2016).
Consideramos que en cualquiera de las dos manifestaciones (omisión o inmersión), no excluyentes por cierto, se derivan los tres procesos siguientes. Primero, la deslegitimación del Estado por parte de las poblaciones, para transitar a “condiciones y oportunidades favorables para que la criminalidad compleja solidifique estructuras criminógenas con capacidad de explotar recursos, ocupar territorios, establecer normas, instaurar órdenes sociales, cooptar liderazgos, abrir nichos productivos y mercantiles ilícitos y proveer servicios bajo condiciones de extorsión” (Bobea, 2016: 70) y así establecer una pax criminosa. En segundo lugar, esa deslegitimación estaría vinculada a lo que Machado Araoz, rescatando a Therborn (1987), denomina el impulso de un sentido de inevitabilidad, en tanto induce a que los sectores dominados no impugnen la concepción del mundo y la organización social difundida por parte de Estados, empresas y regímenes paralegales, aceptando pasivamente un devenir que se les impone como necesario, indetenible y fatal. Y el tercer proceso sería el del despliegue y fortalecimiento de formas de clientelismo forzado, el cual se refiere al grado de voluntad que caracteriza la relación clientelar. En palabras de Schröter:
(…) el intercambio puede ser forzado por las precarias circunstancias de vida del cliente. El patrón, por falta de confianza, puede adicionar métodos de monitorear el comportamiento del cliente y, de esa manera, amenazarlo. Por otro lado, en una competencia entre varios patrones, los clientes pueden presionar y extorsionar al patrón (2010: 148).
Estos procesos ubicados en la psicología social de estas poblaciones, afectadas directa o indirectamente por estos reacomodos, sugieren un proceso de resignación adaptativa que se expresa incluso en la comprensible ausencia de respuestas que intenten resistir y subvertir estos poderosos entramados de dominación.
Estos panoramas revisten desafíos fundamentales, principalmente en la labor social e institucional de desenmarañar un proceso que se ha venido desarrollando, donde se hacen difusos los hilos finos de una trama muy compleja de relaciones y de manejos del poder. Por ejemplo, sucede en Guayana con los niveles de dominio ya explicados, en el cual receptores, brigadas mineras socialistas , actores institucionales, transnacionales, medianos empresarios, dueños de máquinas, comerciantes legales e ilegales, mineros tradicionales, el ordenamiento del pranato minero, entre otros actores y procesos, inciden con mucha fuerza para que la inercia del establishment continúe. Se encuentra en el territorio una muy débil trama que gestiona las necesidades de la población. Como decía un minero en nuestras entrevistas: “es mentira todo el discurso de dignificación de la calidad de vida del minero y tenga mejores ingresos. La orientación del Estado es fomentar los intermediarios”. Incluso, nuevos actores como las brigadas mencionadas no estarían llamadas a debilitar el entramado de poder establecido por el pranato, dado que, según los testimonios, están constituidas o dominadas por él. Lo mismo se proyecta con la instalación de las plantas de cianuración. Ante la pregunta si estas plantas afectarían los intereses del pranato, un minero nos contesta:
No, porque el pranato se ubica en las minas y su ganancia está en cobrar un porcentaje a los mineros del mineral u oro extraído. Luego, el minero puede ir y vender sus sacos de mineral en las plantas de tratamiento.
De acuerdo con Echave (2016), en el caso peruano suceden procesos de similar naturaleza, en que los mineros buscan alianzas con productores de zonas vecinas, con empresas de procesamiento y comercialización de minerales, sobretodo formalizadas para el blanqueo del oro producido de manera legal. Las figuras que han ejercido este rol en Brasil han sido las cooperativas, las cuales se han encargado de formalizar el oro extraído, a partir de la obtención de concesiones de explotación y comercialización, para posteriormente ser trasladado a Sao Paulo y Bolivia, principalmente (Vallin, 2015). En el caso de Venezuela sucede lo mismo con los receptores de oro, varios de ellos legalmente constituidos, así como con los empresarios extranjeros que han instalado –y continúan instalando– plantas de cianuración para procesar el oro extraído por la pequeña minería (mayormente ilegal). Ello ha generado, en Perú y Venezuela, pero también en otros países que, como lo afirma Echave:
(…) la presencia de empresas comercializadoras de oro en las zonas más representativas de la extracción ilegal de minerales y los montos de exportación que, como hemos visto, no se corresponden con las estadísticas oficiales de producción, mostrarían la conexión entre la producción informal e ilegal y las empresas de intermediación y procesamiento (2016: 141).
En Perú, país con una extendida historia socioambiental de extracción de minerales, según informaciones de la Defensoría del Pueblo de ese país, alrededor de la mitad de los conflictos sociales tienen su origen en problemas ambientales, y de ellos, la gran mayoría (64%) son conflictos mineros, coincidiendo además con las proyecciones hechas por algunos estudios que señalan que entre 2010 y 2011 las exportaciones ilegales de oro superaron a las del narcotráfico (Echave, Ibíd.; Benavides, 2015).
5. Balances y urgencias

Venezuela transita, contrario a lo que se proyecta oficialmente, hacia un proceso de reconfiguración y metamorfosis biopolítica, de diversificación del extractivismo como respuesta al agotamiento del modelo rentista petrolero.
El impacto de las formas de acumulación basadas en la industria petrolera estatal, la minería ilegal y toda imposición de los regímenes de explotación sustentados en la extracción de recursos (naturaleza mercantilizada), ha alcanzado incluso a la población más urbanizada que se ubica en la franja norte-costera del país. Las consecuencias de dicho modelo, atentan aún más contra la diversidad de la vida y los procesos simbióticos de los ecosistemas.
Los factores políticos que aspiran y actúan para mantener o tomar el poder en Venezuela no poseen necesariamente proyectos disimiles en cuanto a las tendencias dominantes desde donde se sustenta el capitalismo neoliberal actual, basado en el extractivismo como horizonte para la obtención de renta, ampliada a rubros minerales como el oro, el carbón y el coltán.
En la última década, el proyecto bolivariano se propuso entonces el tránsito a una nueva fase de sustitución de importaciones y el impulso de las comunas como espacios territoriales, donde la democracia participativa y protagónica se articulase a su vez con nuevos modelos territorializados de carácter socioproductivo. Sin embargo, la dinámica de financiar e impulsar las experiencias socioproductivas desde la estructura, lógica y configuración rentista y clientelar del Estado venezolano ha encontrado limitaciones claras. Al no consolidar una autonomía y bases sólidas para el desarrollo de un nuevo modelo económico, esas experiencias fueron absorbidas por el impacto de la crisis mundial del capital, la fuga de capitales, el endeudamiento progresivo, la corrupción, la dinámica clientelismo-cooptación y la caída de los precios del petróleo como principal fuente de ingreso de divisas. Un ejemplo claro es la incapacidad real y efectiva de las experiencias de producción en cubrir las necesidades básicas de la población en materia agroalimentaria y agroindustrial.
Asimismo, el panorama se complejiza con la confianza generalizada por parte de la razón de Estado en la mayor exportación de naturaleza como necesidad para la prosperidad-bienestar social, que descansa en índices macroeconómicos. Esto acompaña el desafío desde las políticas públicas que exige una más extendida y eficiente redistribución de los ingresos obtenidos para la disminución de fenómenos disfuncionales sociales y de estructural raigambre endógena, en materia de acceso y garantía de cubrir derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, así como de servicios públicos vitales como el acceso y suministro de agua potable, por ejemplo.
En los últimos 15 años ha habido en América Latina una recuperación paulatina del Estado como actor fundamental en los procesos biopolíticos y su consecuente y relativa soberanía ganada sobre los bienes comunes. Y ello desde el debate sobre si el Estado o el mercado han sido capaces de incidir en el mantenimiento de los usos productivos y de largo plazo de los sistemas relacionados a los bienes comunes. Sin embargo, y más allá de los horizontes, lo que ha sucedido es la profundización de la orientación exógena de nuestras economías, lo que en el marco del extractivismo presente en nuestra región y su eventual profundización, da cuenta de escenarios complejos que avizoran, desde la razón de Estado, el sostenimiento y profundización de una economía de puertos en el país.
Esto pareciera sustentarse desde lo que sostiene Gudynas cuando refiere que “(…) el neo-extractivismo es un nuevo ingrediente de una versión contemporánea y sudamericana del desarrollismo” (2009: 188) y como sostiene Machado, el neoextractivismo “es la forma del imperialismo ecológico correspondiente a la actual fase neoliberal” (2015: 46).
Si bien es cierto que en las décadas que precedieron al Gobierno Bolivariano existían dispositivos legal-institucionales que claramente declaraban la criminalización-invisibilización de la minería artesanal y de pequeña escala, también es necesario reconocer un proceso fallido de incorporación productiva, racional y transitorio hacia nuevas posibilidades de la minería. Contrariamente, esta realidad se ha expandido, caotizado y consolidado como régimen de control social mediante el pranato minero y la respuesta del Ejecutivo a la realidad que nos ha ocupado estas páginas: la creación del proyecto megaminero Arco Minero del Orinoco.
Con la crisis económica y política, el Estado sigue siendo un armatoste ineficaz que no logra incidir de manera sostenida en resolver los asuntos básicos de la vida nacional. A ello se suma las gravísimas consecuencias que significa su gestión para resguardar la vida en su biopluralidad, así como los fortísimos vínculos de actores del Estado con la lumpenización de procesos de acumulación basados en la extracción.
En este sentido, será necesario reconocer los graves errores cometidos y que se siguen cometiendo aun con mayor impunidad y acriticidad en cuanto a la re-configuración institucional y la voluntad política desdibujada, dado que es necesario superar la premisa establecida como secreto a voces de que un punto de cuenta no es una política pública, constituyéndose como una muestra de que no se avanzó seriamente en el despliegue de orientaciones institucionales consistentes para la superación integral de problemas estructurales. Como ejemplos podemos mencionar el fracaso de los planes de Reconversión Minera, la Misión Piar y el Plan Caura desplegados en los últimos 15 años.
La revisión pasa también por realizar un balance crítico sobre los avances reales para la reestructuración verdaderamente profunda del sistema de seguridad territorial, de justicia y penal venezolanos. Existen múltiples ámbitos que justificarían nuestra mirada preocupada de que ello no ocurrió, pero puntualmente al caso que nos remite, la expansión del poder y la penetración e interconexión de actores relacionados a las actividades de extracción minera ha ido en aumento en los últimos 10 años. En estas vinculaciones y expansión de control de zonas de extracción están involucrados sectores de poder institucional, actuando bajo total impunidad. También son numerosas las denuncias de desapariciones, masacres y enfrentamientos que no llegan a resolverse judicialmente. El Estado, tal como está configurado y operado actualmente, da aquí graves muestras de incapacidad estructural para abordar consistente, sostenida e integralmente estos problemas fundamentales.
El desmantelamiento de facto de instituciones estatales vinculadas a esta problemática, como lo eran el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el componente ambiental de la Guardia Nacional, la inercia institucional del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas o del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, así como la complicidad de cuerpos seguridad (locales, regionales y nacionales) con organizaciones criminales, acentúan el desarrollo de estructuras para-estatales de control territorial en el que los habitantes de estas zonas no pueden exigir el respeto a sus derechos.
Pareciera clara la necesidad de ejercer soberanía e independencia de poderes republicanos, desarrollando una política minera desde el fortalecimiento de las instituciones que tradicionalmente han abordado las potencialidades diversas de la región, que incorpore un plan de reordenamiento del territorio y protección de las ABRAE.
En tanto se agoten crecientemente los espacios de abordajes, gestión y resistencias, se intensificarán y multiplicarán los conflictos socioambientales, se seguirán profundizando los proyectos y mecanismos extractivistas y de despojo. Esto, ocurriría en contextos socio-territoriales con creciente caotización y con imbricaciones y tramas de poder entre actores de la erosionada institucionalidad y actores de los regímenes que controlan zonas de extracción y los pueblos circundantes.
Por último, mientras no se avizoren rasgos de la voluntad política de las organizaciones sociales subalternas, el lenguaje tecnocrático y pro transnacional seguirá siendo usado como vehículo para el ordenamiento y la reconquista de la soberanía sobre los territorios, y continuará el reconocimiento tácito de la imposibilidad del Estado de abordar de manera efectiva la problemática relacionada a la minería ilegal y del pranato minero. Por este camino se seguirá afianzando y agravando la situación de creciente tensión que produce el despojo y por lo tanto la pauperización de la población, ya crítica en el marco del colapso del modelo extractivo-rentista petrolero venezolano.
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