Naturalezas y territorialidades en disputa. Primera parte del libro “Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario”

VENEZUELA DESDE ADENTRO
Ocho investigaciones para un debate necesario
1ra edición. Fundación Rosa Luxemburg
Miravalle N24-728 y Zaldumbide
(La Floresta)
Telf.: (593-2) 2553771/6046945/6046946
Quito - Ecuador info.andina@rosalux.org www.rosalux.org.ec
Compiladoras: Karin Gabbert y Alexandra Martínez
Coordinadora de edición: Alexandra Martínez
Asistente de edición: Orión Hernández
Corrección de estilo: Orión Hernández
Portada: Freddy Coello
Foto de portada: Violette Bulé. Mural:
“Venezuela: una historia viva”
Autor: Ian Pierce
Diseño y diagramación: Freddy Coello Impresión: Artes Gráficas SILVA
ISBN: 978-9942-8539-2-9
Impreso en Quito – Ecuador, mayo 2018
Esta publicación, de distribución gratuita, fue auspiciada por la Fundación Rosa Luxemburg con fondos del Ministerio Alemán para la
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons
Atribución no comercial-SinDerivar 4.0 Internacional

ÍNDICE
Introducción ……………………………………………… 9
Alexandra Martínez y Karin Gabbert
NATURALEZAS Y TERRITORIALIDADES EN
DISPUTA: Los ecologismos populares venezolanos
y el eco-socialismo realmente existente en la
Revolución Bolivariana ………………………………… 17
Emiliano Terán Mantovani
1. Introducción ……………………………………………………………… 23
2. Eco-régimen, Petro-Estado y las luchas de los ecologismos
populares venezolanos. Un marco histórico-conceptual ….. 26
3. Disputa en los entramados de la vida en la Revolución
Bolivariana: la antropología de los ecologismos populares
y el eco-socialismo realmente existente …………………………. 30
4. Venezuela: ¿hacia un nuevo período histórico? ……………… 60
5. Conclusiones …………………………………………………………….. 71
6. Fuentes consultadas ……………………………………………………. 73
DINÁMICA DE LA MINERÍA A PEQUEÑA ESCALA
COMO SISTEMA EMERGENTE. Dislocaciones y
ramificaciones entre lo local y lo nacional ………….. 87
César Romero y Francisco Ruiz
1. Yacimientos auríferos y tipos de minería a pequeña escala 91
2. Dinámica socio-económica de la minería a pequeña escala 98
3. Pranato minero: el sindicato ……………………………………….. 110
4. El Estado y la reconfiguración regional de nuevos
regímenes biopolíticos ………………………………………………… 122
5. Balances y urgencias ………………………………………………….. 133
6. Referencias bibliográficas ……………………………………………. 137
NO TODO LO QUE MATA ES ORO. La relación entre violencia y rentas mineras en el sur del
Estado Bolívar …………………………………………… 145
Andrés Antillano, José Luis Fernández-Shaw y Damelys Castro
1. Introducción ……………………………………………………………… 149
2. El Arco Minero y la pequeña minería ………………………….. 151
3. Minería y violencia …………………………………………………….. 159
5. Bandas armadas y gobierno criminal …………………………… 165
6. Soberanía criminal y violencia …………………………………….. 171
7. Economía y violencia …………………………………………………. 174
8. Violencia y lucha de clases ………………………………………….. 176
9. Violencia y rentismo …………………………………………………… 178
10. Bibliografía ……………………………………………………………… 182
PODER POPULAR: UNA MIRADA DESDE LAS
BASES. Representaciones, valoraciones y prácticas
en torno al poder popular de voceros que
participan en comunas de los sectores populares … 191
Jesús Machado, Betty Nuñez y Nanciely Arraíz
1. Introducción al tema: el poder popular en Venezuela …….. 195
2. La mirada desde las bases: esto es poder popular …………… 199
3. Lista de acrónimos y siglas ………………………………………….. 221
4. Referencias
PODER POPULAR TERRITORIAL. Logros y retos
de las prácticas organizativas de 7 comunidades
populares …………………………………………………. 225
Ana Graciela Barrios Benatuil, Martha Lía Grajales Pineda
y Antonio González Plessman
1. ¿Qué es el Programa Bolivariano del Poder Popular
Territorial? ……………………………………………………………….. 230
2. ¿Cómo se expresa el Programa en el territorio? …………….. 241
3. Conclusiones …………………………………………………………….. 261
4. Bibliografía ……………………………………………………………….. 265
SITUACIÓN, DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS MUJERES EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA.
Alcances de la política pública de género en medio
de la crisis ………………………………………………… 273
Anaís López Caldera
1. Presentación ……………………………………………………………… 279
2. Contexto …………………………………………………………………… 281
3. Las políticas públicas “de género” en la Venezuela
Bolivariana ……………………………………………………………….. 289
4. El rol del movimiento feminista y de mujeres ………………… 294
5. Las políticas públicas dirigidas a las mujeres en medio
de la crisis …………………………………………………………………. 299
6. Situación de las mujeres en el mundo del trabajo:
principales problemas …………………………………………………. 302
7. Situación de las mujeres en materia de derechos sexuales
y reproductivos ………………………………………………………….. 309
8. Situación de las mujeres en materia de violencia ……………. 322
9. Aprendizajes ……………………………………………………………… 327
10. Bibliografía ……………………………………………………………… 330
ENTRE LA RESOLUCIÓN DEL DÍA A DÍA Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LO COMÚN. Tensiones y
posibilidades en contextos populares urbanos frente
a la crisis venezolana …………………………………….. 337
Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas
Pérez
1. A modo de introducción …………………………………………….. 341
2. Algunas precisiones metodológicas ………………………………. 346
3. Caracterización de las formas de resolución de las
condiciones materiales de vida y de las formas de
administración de común ……………………………………………. 348
4. Análisis de los resultados: re-configuraciones, tensiones y
contradicciones …………………………………………………………. 364
5. A modo de conclusión ………………………………………………… 377

6. Bibliografía ……………………………………………………………….. 378
ENTRE LO POSIBLE Y LO COMÚN: experiencias
de vida y economía en comunas del estado Lara ….. 383
María Eugenia Fréitez, Johanna Marianny Alves,
Anit Quintero, Rebeca Gregson y María Claudia Rossell
1. Lo económico comunal en Venezuela ………………………….. 391
2. Comuna Capitán Carmelo Mendoza …………………………… 393
3. Comuna El Eterno Gigante ………………………………………… 410 4. Un sistema económico en una sola comuna no existe:
experiencia de articulación para la conformación de la
Ciudad Comunal Comandante Carache ………………………. 419 5. ¿Con qué vara medimos la transformación?
¿La medimos? …………………………………………………………… 424
6. Referencias bibliográficas ……………………………………………. 428

INTRODUCCIÓN
Alexandra Martínez Coordinadora de Proyectos para Venezuela de la Fundación Rosa Luxemburg
Karin Gabbert
Directora de la Región Andina de la Fundacion Rosa Luxemburg
En los últimos 20 años, desde las coordenadas de las izquierdas, la experiencia venezolana ha estado en el centro del debate político regional, en tanto modelo de transformación, organización popular, redistribución y justicia social, y también como expresión de extractivismo, de las tensiones en los populismos y de rentismo. Actualmente, este modelo, sus prácticas, contradicciones y disputas parecieran estar tocando sus límites como experiencia posible de transformación desde el Estado.
Vista a través del prisma de los medios de comunicación masivos internacionales, de la polarización existente en la región y en el mundo, y ante el avance del capitalismo y de las experiencias de derecha, Venezuela se ha erigido como el símbolo de la crisis, de la amenaza “castro-chavista”, del caos de las opciones populares o de izquierda en el poder. En el caso de los medios de comunicación alemanes, se reduce el discurso a un chavismo = socialismo, al que se culpa como modelo fracasado, sin preocuparse por entender las múltiples aristas de la realidad política, económica, social y cultural en Venezuela, y mucho menos entrar en el debate sobre la existencia o no de un modelo socialista venezolano.
Como continuidad del trabajo que la Fundación Rosa Luxemburg ha tenido en la región, pero también desde nuestras propias inquietudes y compromisos con las luchas sociales, quisimos dedicar nuestro trabajo en Venezuela durante el año 2017 a promover una serie de investigaciones cortas que tuvieran que ver con unas líneas gruesas de temáticas de interés (articuladas con las líneas de trabajo de la Fundación en la región) y que permitiera a investigadores, in vestigadoras y activistas de Venezuela aplicar con propuestas de investigación que quisieran desarrollar. De esta convocatoria abierta resultaron seleccionadas ocho que son las que compilamos en esta publicación.
Los criterios para la selección fueron principalmente la experiencia de los investigadores e investigadoras en trabajos de campo, que tuvieran una trayectoria de izquierda amplia (incluyendo diversas posturas con respecto al chavismo), su vinculación con luchas y procesos de transformación social, y que estuvieran viviendo en Venezuela. Con este último punto, queríamos apoyar y fortalecer el trabajo en y desde el país, en un momento de creciente migración y poco apoyo a la investigación social.
Así, los textos que presentamos en este libro dan cuenta de apuestas comprometidas, territorializadas en su mayoría, y que no buscan dar explicaciones absolutas o lecturas unívocas sobre la crisis, la coyuntura o el modelo venezolano. Son más bien miradas sobre aspectos de esas múltiples realidades de un país asediado y amenazado constantemente por Estados Unidos, con fronteras atravesadas por lógicas mafiarizadas, y con un flujo de contradicciones internas –políticas, económicas, culturales y sociales-, cada vez más difíciles de remontar. Éstas son también miradas sobre un país con un gobierno con una popularidad cuestionada, y atravesado por múltiples disputas y tensiones, y con una realidad cotidiana que pareciera cada vez más alejarse de las promesas de bienestar, participación, justicia y equidad social con las que llegó Hugo Chávez al poder, ya hace 20 años. El propósito de estos textos es principalmente abrir el debate entre las izquierdas plurales, aprender de lo que es la experiencia venezolana tanto en las luces y en la tenacidad de los sujetos en sus luchas, como en sus sombras y opacidades en medio de una crisis que cada día dificulta más no sólo pensar en horizontes transformadores, sino incluso reproducir el día a día.
Las investigaciones se realizaron de marzo a septiembre de 2017. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el país vivió una inestabilidad política en las calles de gran magnitud, violencia e incertidumbre. En estas condiciones, los investigadores e investigadoras realizaron el trabajo de campo, sorteando dificultades metodológicas y personales para poder cumplir con los objetivos propuestos. Cabe destacar que las metodologías utilizadas en los trabajos incluyeron múltiples entrevistas, grupos focales, trabajo de campo, etnografías, mapeos, recopilación de datos, entre otros, permitiendo recabar gran cantidad de material empírico (mucho más del que queda expuesto en los documentos finales). Esto, desde nuestra mirada, enriquece mucho el resultado de estas investigaciones pues logran situarse más allá de los matices, fuera de los discursos ideológicos polarizados, para adentrarse con mucha honestidad intelectual, a los territorios y realidades que abordaron. Según algunas de las investigadoras, este conjunto de investigaciones “tocan temas medulares de las experiencias progresistas de los últimos lustros en la región. Sirven para alimentar la discusión y el balance sobre esas experiencias” (Texto evaluación del proceso de investigación FRL).
Tuvimos la oportunidad de debatir sobre las riquezas y límites de las investigaciones que aquí presentamos en una reunión entre los investigadores e investigadores y participantes del Grupo Permanente de Trabajo de Alternativas al Desarrollo . Esta reunión, realizada en Caracas, en noviembre de 2017, nos permitió el espacio para comentar a profundidad y discutir los alcances de estos trabajos en la necesaria y pendiente tarea de delinear e interpretar las dinámicas complejas existentes en el país. Algunos de estos aportes externos fueron incluidos antes de cada texto, a manera de citas con los comentarios, y se han compilado de manera más completa en la página web de la Fundación .
Hay que destacar también el proceso colectivo de los investigadores e investigadoras en el apoyo y enriquecimiento mutuo de los trabajos, así como su apertura para debatir con otras posturas no siempre similares a las propias. Para uno de los grupos de investigación “intercambiar los avances del proceso con otros y otras fue, sin duda, una experiencia retadora” ya que estos espacios de diálogo “abonaron una visión más integral de los problemas actuales desde diversas perspectivas analíticas” (Texto evaluación del proceso de in vestigación FRL).
En este sentido hemos incluido una presentación más extensa de los equipos de investigación, pues creemos que son una muestra del potencial académico y político de la izquierda venezolana, más allá del blanco y el negro que se suele querer imponer en las lecturas sobre el país. Queremos que sus trabajos nos inspiren a mirar a fondo los distintos procesos que se han dado en la Venezuela bolivariana, miradas solidarias y críticas que nos interpelen y nos permitan aprender de esta experiencia como algo también nuestro, indagar en los aprendizajes que podemos tener como izquierda en América Latina y en el mundo.
Una parte de las investigaciones nos hablan de procesos organizativos propiamente chavistas. Otras nos muestran los efectos actuales del capitalismo en América Latina en una fase caracterizada por la profundización del modelo extractivo de materias primas para la exportación. Los textos centrados en actividades extractivas evidencian lógicas de corrupción y economías ilegales en zonas mineras, con semejanza a violencias territoriales por recursos que podemos encontrar en países como Colombia, Perú o México. El libro empieza con este grupo de investigaciones.
Inicia un texto de Emiliano Teran Mantovani, quién a partir de su investigación Naturalezas y territorialidades en disputa: los ecologismos populares venezolanos y el eco-socialismo realmente existente en la Revolución Bolivariana elabora un mapeo de las experiencias de resistencias y conflictos socioambientales en el país. Aun cuando las luchas eco-socio ambientales parecieran secundarias en Venezuela, Teran Mantovani se toma el trabajo de evidenciar el tejido territorial que de a poco se articula para resistir los embates de un modelo económico centrado en el rentismo petrolero y que cada vez más aspira ampliar su frontera extractiva.
Siguen dos trabajos sobre minería a pequeña escala, que nos permiten aproximarnos a una realidad no sólo propia de Venezuela, sino también presente en la región. Francisco Javier Ruiz Marfil y César Romero describen en Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente. Dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional, la trama compleja que se da en los territorios del estado Bolívar en los que se practica la minería a pequeña escala en Venezuela y analiza cómo ésta genera flujos económicos que se tensan entre lo lícito y lo ilícito, generando unas coordenadas territoriales específicas en la organización social de la vida. Este texto nos invita a pensar desde lo local las implicaciones socioeconómicas y culturales que significa la actividad extractiva minera en un territorio en disputa entre las mafias, el Estado y los circuitos económicos de la minería.
Enfocados en el mismo territorio –el Sur del estado Bolívar–, en el trabajo No todo lo que mata es oro. La relación entre violencia y rentas mineras en el sur del estado Bolívar, Andrés Antillano, José Luis Fernández-Shaw y Damelys Castro nos acercan, desde una entrada cuantitativa y con herramientas etnográficas, a problematizar la relación entre muertes por arma de fuego, renta y actividad extractiva, acercándose a la realidad de la explotación de los mineros. Esta investigación delinea las tensiones entre la actividad extractiva no formalizada y los circuitos de opresión a los que están sujetos los pequeños mineros, a merced de los circuitos comerciales operados por las mafias, en territorios desprovistos de regulación por parte del Estado.
Luego de este apartado, nos centramos en experiencias organizativas del poder popular en la capital del país. Jesus Machado, Betty Nuñez y Nancielly Arraíz, presentan en Poder popular: una mirada desde las bases. Representaciones, valoraciones y prácticas en torno al poder popular de voceros que participan en comunas de los sectores populares un esfuerzo de reconstruir desde las miradas de las voceras y voceros comunitarios de las 22 parroquias que conforman el municipio Libertador de la ciudad de Caracas, lo que significa para ellos la idea de poder popular, con sus apuestas, contradicciones y significados.
Por otro lado, Antonio González Plessman, Martha Lía Grajales y Ana Barrios (colectivo Surgentes) en Poder popular territorial. Logros y retos de las prácticas organizativas de 7 comunidades populares intentan valorar y evaluar lo que ha sido la experiencia organizativa de los consejos comunales en un emblemático barrio popular de Caracas. En este trabajo de investigación acción militante, se intenta reflejar los límites y las potencialidades de la organización comunitaria, sus contradicciones y tensiones, y la lectura que sus mismos protagonistas hacen de ello.
El último apartado del libro se compone de tres artículos que in tentan recoger las singularidades de la crisis y las maneras de afrontarla desde distintos sectores.
Cuáles han sido las políticas públicas del gobierno hacia las mujeres y cómo ha impactado la crisis en la vida de las mujeres son dos preguntas centrales que se hace Anaís López Caldera en su texto Situación, derechos y garantías para las mujeres en la Venezuela Bolivariana. Alcances de la política pública de género en medio de la crisis. López nos apro-
xima desde un trabajo que combina las encuestas en campo y la investigación documental, a la situación de las mujeres venezolanas actualmente y cuál ha sido el rol del Estado frente a esta situación.
Por su parte, Edith Pineda, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas nos ilustran las formas de afrontar la cotidianidad en algunas comunidades del área metropolitana de Caracas. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Tensiones y posibilidades en contextos populares urbanos frente a la crisis venezolana permite profundizar en categorías de análisis sobre las formas en que los tejidos populares procuran la reproducción cotidiana de la vida. La hipótesis central que se articula entre líneas la investigación es que esta crisis podría significar la reconfiguración de patrones de consumo, de modos de vida y de formas de reproducción de lo común, históricamente arraigadas en la cultura rentista y colonial venezolana.
Por último, el colectivo Códigos Libres, bajo la autoría de María Eugenia Fréitez, Johanna Marianny Alves, Anit Quintero, Rebeca Gregson y María Claudia Rossell, construyen el texto Entre lo posible y lo común: Experiencias de vida y economía en comunas del estado Lara, como producto de una investigación de mapeo de experiencias organizativo-productivas en el país. En este texto analizan las apuestas que desde la autogestión adelantan estas comunas y sus desafíos en el marco de la crisis.
Esperamos que estos textos nos sirvan, como bien plantearon algunos de los investigadores “para tender puentes de comunicación y articulación entre sectores (…) y que sean insumos para continuar con actividades que suponen resistencia crítica y propositiva …” (Texto evaluación del proceso de investigación FRL). La apuesta es que este libro invite, propicie y genere espacios de reflexión entre sectores de izquierda, sujetos políticos organizados, movimientos sociales, estudiantes y jóvenes, y más allá. Ampliar los debates necesarios sobre Venezuela, significa afrontar las realidades de nuestros países y sus posibilidades de transformación.

 
NATURALEZAS Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA
Los ecologismos populares venezolanos y el eco-socialismo realmente existente en la Revolución Bolivariana

Emiliano Teran Mantovani 

Naturalezas y territorialidades en disputa
Emiliano Teran Mantovani
Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención “Magna Cum Laude” y Master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor del libro El fantasma de la Gran Venezuela (Fundación Celarg, 2014), que obtuvo mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburg, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y de la Red Oilwatch Latinoamérica.
 
Introducción
Lo que quieren los Pueblos es que se dé a la Tierra el Sembrador que pide y al Sembrador la Tierra que reclama; lo que quieren los Pueblos es que el Pan tenga el tamaño de su Hambre, su gobierno la forma de su Justicia…
Andrés Eloy Blanco

Comentarios al texto
Leonardo Luna
“La investigación despierta una serie de preguntas sobre el manejo del territorio, las fuerzas en pugna y las violencias que ahí se despliegan: ¿cómo se pone de manifiesto la alianza directa y formal del sector militar con las transnacionales? ¿cómo entra en este juego la participación de la empresa estatal CAMIMPEG, entre otras? ¿cuáles son los grupos armados paraestatales en el territorio y a qué intereses favorecen?”
Laura Rodríguez
“La población indígena apenas alcanza 2% del total y, a pesar de esto, el análisis evidencia que es el grupo social que más demanda justicia ambiental, con presencia en la mitad de los 21 conflictos identificados. La resistencia indígena se mantiene a pesar de su invisibilidad histórica en la gran mayoría de los medios de comunicación estatales y privados, pero también a pesar de la remanencia de una política gubernamental colonial deliberadamente dirigida a cooptar y dividirlos.”
“Una de las grandes deudas del proceso bolivariano es justamente la demarcación de los territorios ancestrales indígenas. Este derecho consagrado en la Constitución de 1999 debía, según las disposiciones transitorias de este documento, concretarse en el transcurso de los dos primeros años de vigencia de la nueva carta magna.”
1. Introducción
En Venezuela, la instauración de la Revolución Bolivariana y su bandera de justicia social, proponía desde sus inicios una narrativa inclusiva y reivindicativa de las clases populares, y conllevó a una serie de políticas públicas que lograron mejorar los indicadores de acceso socio-económico y promovieron el reconocimiento social y la participación política ciudadana de sectores históricamente excluidos. Varias demandas ambientales fueron también incorporadas a la agenda gubernamental (García Guadilla, 2014), así como una serie de leyes y políticas públicas sobre este ámbito, y se recurrió a la idea de eco-socialismo como bandera política (Teran Mantovani, 2016). Sin embargo, el extractivismo y los impactos socio-ambientales a lo largo y ancho del país se han profundizado (Lander et al., 2013; Teran Mantovani, 2014a).
En el caso venezolano, esta tensión ecológica en la Revolución Bolivariana ha sido poco atendida, debido a que el grueso de las investigaciones y análisis sobre el modelo socio-político y económico nacional han estado centradas en las dinámicas de acumulación y distribución de la renta petrolera, en las estructuras de poder del Estado, en la confrontación entre bloques políticos partidarios o en el qué hacer revolucionario, profundamente influido por la tradición del pensamiento de izquierda desarrollista. Muy pocos aportes pueden encontrarse en relación con la distribución ecológica y la forma cómo se configuran, moldean y producen los territorios a escala nacional, con el fin de favorecer los objetivos macro-económicos del modelo de desarrollo imperante. Aún en menor escala son atendidos los diversos conflictos socio-ambientales que se originan a raíz de estos procesos.
Sin embargo, las dinámicas de distribución ecológica son fundamentales no sólo para comprender los fenómenos de impactos ambientales en el país, sino también los flujos de energía, agua y materiales que constituyen la economía del extractivismo, así como las disputas socio-políticas que se desarrollan en torno a los bienes comunes para la vida.
A partir de un análisis de 31 conflictos de distribución ecológica o socio-ambientales (Martínez-Alier, 2003) en el período de la Revolución Bolivariana, presentamos una caracterización de estas dinámicas distributivas, buscando trazar las coordenadas generales de estas disputas a escala nacional, al tiempo que se puedan hacer visibles las particularidades de las comunidades, sujetos, pueblos y territorialidades que resisten y reorientan estas desigualdades, y los mecanismos que componen el eco-régimen del Petro-Estado Bolivariano, esto es, el régimen dominante que se estructura sobre el tejido de la vida (ecosistemas, territorios y cuerpos).
En el proceso bolivariano se constata una marcada injusticia ambiental, en el que se resalta la actualización y profundización de la estructura histórica de desigualdades en la distribución ecológica, y severas carencias de un sistema político e institucional que facilite la consecución de la justicia ambiental. Sin embargo, este artículo también resalta, re-interpreta y re-valoriza a una subjetividad que suele ser desestimada por el ideal revolucionario y constreñida a ceñirse a los procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2007) impulsados por el Gobierno Bolivariano: los ecologismos populares venezolanos. Sus formas de organización, narrativas y métodos de acción representan un rico acervo no sólo para las luchas populares, sino para el conjunto de la pluriculturalidad territorial del país.
Los conflictos seleccionados son analizados a la luz de políticas de producción del territorio en múltiples escalas (Escobar, 2001; Paulson y Gezon, 2005), teniendo como base la unidad de análisis Venezuela. Por otro lado, las dinámicas ecológico-políticas examinadas son inscritas en tres procesos temporales que se sintetizan o solapan en la actualidad, y que van a determinar la secuencia de exposición del artículo: uno, el que marca los patrones históricos del eco-régimen del Petro-Estado venezolano, configurado desde la década de 1920; un segundo tiempo es el que marca el período de la Revolución Bolivariana (1999-2013); y un tercer tiempo el que se inicia en el período de caotización sistémica (2013-actualidad), que pone en crisis el conjunto del sistema político y abre nuevos campos para redefiniciones de poder y disputas político-territoriales.
Los casos fueron seleccionados a partir de la elaboración de un mapa eco-político de conflictos, desde el cual se ha propuesto una zonificación nacional con un total de 18 zonas que cubren toda la geografía venezolana (ver mapa No. 1, p.15). Dichas zonas buscan representar procesos de producción del territorio que se desarrollan en una compleja relación entre cuatro dimensiones: 1) biorregiones o ecosistemas (ver anexo 2), 2) nivel de conflicto ecológico-distributivo, 3) patrones de asentamiento poblacional y culturales (ver anexo 6), y 4) función económica de la región respecto al conjunto de la economía nacional (ver anexos 3 y 4). La selección de casos se hizo en función de cubrir cada una de las 18 zonas y poder arrojar caracterizaciones de estas a partir del análisis de los conflictos. Los 31 casos fueron elegidos sobre la base de criterios de contemporaneidad, importancia regional, alto impacto ambiental de la actividad y si las movilizaciones fueron relativamente prominentes. Cada caso fue analizado a partir del registro de variables clave relacionadas con las principales actividades económicas que originan los conflictos; detalles del proyecto o el evento en cuestión; actores involucrados; detalles del conflicto, demandas y movilizaciones de los grupos afectados; diversos impactos del proyecto o el evento; desarrollo, resultados y respuestas ante conflicto, entre otros datos (Temper et al., 2015).
El artículo presentará en primer lugar, un marco histórico-conceptual de la configuración del eco-régimen del Petro-Estado y de las luchas de los ecologismos populares venezolanos. Seguidamente, se analizará la relación conflictiva entre el régimen extractivista en la Revolución Bolivariana y el conjunto de comunidades, organizaciones y pueblos que se movilizan contra los impactos ambientales e imposiciones de externalizaciones . Serán detallados los dispositivos de control utilizados por el Estado en los conflictos, así como los mecanismos, valoraciones y métodos de los grupos en resistencia. Finalmente, se analizará la configuración de una nueva fase del extractivismo en Venezuela, el surgimiento de nuevas soberanías vinculadas a la apropiación informal e ilegal de bienes comunes por parte de grupos armados, y las perspectivas de los ecologismos populares ante el crítico período que se desarrolla desde 2013 hasta la actualidad.
2. Eco-régimen, Petro-Estado y las luchas de los ecologismos
populares venezolanos. Un marco histórico-conceptual
El extractivismo venezolano, su tipo de régimen político, los rasgos de su Estado, sus modos de apropiación de la naturaleza, sus estructuraciones territoriales y las dinámicas de las luchas políticas en el país, deben ser entendidos en el marco del desarrollo sui géneris de una economía petrolera desde principios del siglo XX. Este proceso ha prefigurado los rasgos de un capitalismo rentístico (Baptista, 2004; 2010), basado fundamentalmente en el usufructo del petróleo –el cual es un bien no producido− y la captación de una renta internacional de la tierra (Mommer, 2010), que proviene básicamente del mercado capitalista mundial.
Como producto de esta configuración económica, se ha constituido un Petro-Estado (Karl, 1997; Coronil, 2002; Watts, 2001), siendo que una de sus principales características políticas es la extraordinaria hegemonía que alcanza a nivel nacional, a través de la apropiación y gestión de todo o gran parte del crucial negocio petrolero en el país, el cual se convierte en su principal fuente de ingresos económicos. Resalta el hecho de que el Estado es constituido no por un commodity cualquiera (como las bananas, el cobre o el ganado), sino por el principal recurso en el metabolismo social del sistema capitalista al menos desde la segunda mitad del siglo XX, por lo que su nivel de influencia puede llegar a escala internacional (recordemos el rol de Venezuela en la creación de la OPEP en 1960).
Sin embargo, el capitalismo rentístico y el Petro-Estado no sólo configuran una economía política, sino que también constituyen un régimen sobre todo el entramado de la vida, los ecosistemas, los territorios y los cuerpos. Esto es lo que Jason Moore (2011; 2013) ha definido como un régimen ecológico y que nosotros llamaremos eco-régimen.
Este eco-régimen tiene una dimensión macro-política y una micro-política. La macro-política está definida por la forma en la cual el Petro-Estado, junto con el capital, producen ordenamientos del territorio nacional de acuerdo con la lógica y demandas del mercado capitalista mundial (zonas extractivas, áreas urbanas, zonas de sacrificio , áreas naturales protegidas, polos agrícolas, entre otros). Esta configuración nacional de los territorios y la naturaleza será llamada modo de territorialización.
El modo de territorialización desarrollado en Venezuela en los últimos cien años ha estructurado una especie de saturación geográfica al norte del río Orinoco, donde se encuentra el 95% de la población (ver anexo 6) y una considerable dominación geo-económica de las cuencas petroleras nor-occidental (Zulia) y nor-oriental (Anzoátegui y Monagas) (ver anexo 3). En contraste, al sur del Orinoco, salvando el polo urbano-industrial de Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Puerto Ordaz, se encuentran las extensas nuevas fronteras de las commodities (Moore, 2000), entendidas como espacios geográficos ubicados más allá de los márgenes de los circuitos centrales de acumulación de capital, que fungen no sólo como zonas de reserva de recursos, sino que también se constituyen como zonas de bajo costo donde se pueden resolver o mitigar crisis de acumulación, cargando los costos de estos procesos sobre campesinos, pueblos indígenas, economías locales, áreas protegidas, ciclos de vida, entre otros. Estas configuraciones territoriales marcan determinantemente las dinámicas de los conflictos ecológico-distributivos en el país.
En relación con la dimensión micro-política del eco-régimen, esta debe ser entendida como el conjunto de mecanismos a los que recurre el Petro-Estado para incidir sobre las subjetividades, corporalidades y territorialidades, facilitando así procesos de apropiación de la naturaleza, acumulación de capital y confrontando los conflictos que puedan surgir por las desigualdades en la distribución ecológica.
El caso venezolano ha sido poco conocido por sus luchas socio-ambientales, no sólo por la escasa producción académica y difusión mediática al respecto, sino también por la poca y discontinua incidencia que éstas han tenido en el rumbo de la política a escala nacional. Es en este sentido que conviene resaltar el rol histórico del Petro-Estado venezolano en las dinámicas de distribución ecológica en el país. Mientras que la violencia ha jugado un rol central para el Estado colombiano (Pérez Rincón, 2014) o nigeriano (Watts, 2001) –considerado este último también un Petro-Estado− como mecanismo para enfrentar los conflictos ecológico-distributivos, por recurrir a dos casos comparativos, para el Petro-Estado venezolano en cambio ha sido secundaria. El principal dispositivo al que ha recurrido este último ha sido la asimilación de los conflictos socio-ambientales a través de una socialización estratégica y selectiva en la distribución económica (básicamente por medio de diversos mecanismos de distribución de la renta petrolera) e incluso promoviendo expectativas e imaginarios de inclusión y progreso vinculados a estos mecanismos, todo lo cual varía en sus formas, dependiendo de la coalición política que gobierna en un momento histórico determinado. Estos dispositivos buscan hacer tolerables los impactos ambientales y persiguen la integración de la población a las dinámicas políticas y culturales de la economía rentista petrolera.
Los dispositivos de asimilación han sido aplicados durante décadas, en un proceso muy particular que conviene describir con más detalle. Venezuela se convierte en el primer exportador de petróleo del mundo desde 1928 hasta 1970, período en el que se desarrolla un extraordinario y acelerado crecimiento económico sin precedentes en América Latina (Baptista, 2010). La súbita entrada de petro-dólares y la significativa modernización impulsada inicialmente por regímenes militares, producen un dramático shock a nivel de las comunidades y el cuerpo político nacional (Watts, 2001). Con la subsecuente estabilización del modelo, importantes cambios territoriales, culturales, sociales y ambientales fueron estableciéndose, junto con la consolidación de una notable dominación del Petro-Estado en el país. En este sentido, tres factores deben ser resaltados:
Primero, se produjo un temprano y acelerado proceso de urbanización que ubicó a la gran mayoría de la población en las ciudades, donde las expectativas sociales se orientaron, fundamentalmente, hacia la distribución de la renta petrolera y al consumo masivo –se produce un progresivo distanciamiento geográfico y simbólico de lo rural venezolano y de parte de las territorialidades indígenas.
Segundo, desde las primeras décadas del período democrático-liberal que inaugura el llamado Pacto de Punto Fijo (1958), el descontento social fue progresivamente absorbido y asimilado a través de un uso y distribución populista de la renta petrolera (Bautista Urbaneja, 1992). La cooptación e institucionalización del conflicto social fue impulsada por grupos de poder que componían al Petro-Estado en estos años, configurando una debilidad estructural de todas las organizaciones sociales que se encontraban fuera de dicho pacto (García Guadilla, 1992), incluyendo las organizaciones ambientalistas, la cuales, a pesar de algunas victorias puntuales (especialmente en las décadas de 1980 y 1990), tuvieron un impacto menor a nivel de la política nacional.
Y tercero, los diferentes mecanismos de distribución de la renta petrolera y la marcada territorialización urbana permitieron fortalecer los mitos de riqueza y progreso súbito que están íntimamente asociados al oro negro (Coronil, 2002). En este sentido, planteamos que la gran mayoría de la población ha sido profundamente permeada por el específico lenguaje de valoración (Martínez-Alier, 2003) configurado en torno a los valores crematísticos de la renta petrolera, desplazando significativamente otros lenguajes de valoración mucho más cercanos a valores ecológicos.
Los dispositivos de asimilación y el mito del oro negro han sido efectivos para invisibilizar, debilitar o posponer los conflictos socio-ambientales, principalmente en las áreas de influencia del Petro-Estado, ubicadas fundamentalmente al norte del río Orinoco. Adicionalmente, la política rentista ha sido también usada para confrontar los problemas y conflictos en la distribución ecológica a través de la compensación económica.
Sin embargo, el poder del Petro-Estado no debe ser entendido como una fuerza absoluta e irresistible. Varias movilizaciones exitosas preceden al conjunto de luchas socio-ambientales que serán analizadas en este trabajo. Cabe resaltar la emergencia de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (FORJA) en 1978; las movilizaciones para evitar la minería en la Reserva Forestal del Imataca (estados Bolívar y Delta Amacuro) en 1997; las luchas del pueblo indígena pemón contra el proyecto de Turisur en la Gran Sabana entre 1995 y 1997; la coalición de organizaciones que se movilizaron contra la contaminación de la British Petroleum (BP) en Pedernales, en el Delta del Orinoco; el surgimiento de la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch; y luchas dignas de la comunidad de El Hornito (Zulia) contra la compañía nacional Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 1994 o de los campesinos del municipio Ospino (Portuguesa) en 1997 contra la corporación irlandesa de monocultivo de plantaciones Smurfit Kappa . Muchas de las movilizaciones socio-ambientales actuales son continuaciones o herederas de estas. Numerosas reivindicaciones ecológicas que el Petro-Estado ha asumido e institucionalizado en la Revolución Bolivariana son en buena parte resultado de las anteriores luchas de estos ecologismos populares.
3. Disputa en los entramados de la vida en la Revolución Bolivariana: la antropología de los ecologismos populares
y el eco-socialismo realmente existente
El grueso de los debates sobre la Revolución Bolivariana se han enfocado en evaluar los éxitos o fracasos de las políticas de distribución social de la renta petrolera, del potencial avance de su modelo de desarrollo o de las figuras de participación política e inclusión socio-cultural. Esto ha desestimado el hecho de que el proyecto Bolivariano se ha configurado también como un régimen de valoración, apropiación y capitalización de la naturaleza; o para decirlo en clave histórica, que el resurgimiento del Petro-Estado desarrollista en este proceso, luego de su intento de desmantelamiento en el período neoliberal (1983-1998), ha supuesto una actualización del eco-régimen, su modo de territorialización y su estructura de desigualdades en la distribución ecológica. En este sentido, la hegemonía de las variables macro-económicas y de las dinámicas de la política partidista-electoral también han marginado e invisibilizado subjetividades, comunidades, pueblos, cosmovisiones y territorialidades que, en diversas maneras e intensidades, están contra y más allá de las lógicas de acumulación capitalista, del patrón dominante de progreso y desarrollo e incluso de algunos de los pilares del imaginario social de lo que Rodolfo Quintero llamó la cultura del petróleo (Quintero, 2012).
Al menos desde el punto de vista programático, la Revolución Bolivariana supuso una radicalización de la narrativa y la propuesta ambiental, en comparación con los proyectos gubernamentales del pasado. La consagración de derechos ambientales en la Constitución Bolivariana de 1999, la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, la Ley de Aguas de 2007, la prohibición de la pesca de arrastre en 2009, así como el impulso de las mesas técnicas de agua, o políticas como la Misión Árbol y Misión Revolución Energética , entre otras, además de la vocería crítica del presidente Chávez en las cumbres de cambio climático, fueron tomando forma e inscribiéndose en la matriz discursivo-ideológica del eco-socialismo, formalizado posteriormente en el plan de gobierno propuesto por el entonces presidente Chávez para el período 2013-2019, conocido como “Plan de la Patria” 2013-2019 y su quinto objetivo histórico de “salvar la vida del planeta”.
Sin embargo, con la inauguración de un período de hegemonía y radicalización del proyecto chavista que comienza a partir de 2004-2005, luego de la muy conflictiva, inestable y reformista primera etapa (1999-2004), va a aflorar la crucial tensión ecológica de este proceso político. El despliegue del Socialismo del Siglo XXI −posterior eco-socialismo− como programa fundamental del Gobierno Bolivariano, se va a producir en consonancia con la primera oleada desarrollista-modernizadora del proceso revolucionario, en la cual prácticamente todos los proyectos y emprendimientos económicos de gran escala son revisados, reformulados, relanzados y en su gran parte estatizados. Se trata de un reimpulso del extractivismo a escala nacional, con la Faja Petrolífera del Orinoco como gran bastión, la reorganización y promoción de polos de desarrollo, proyectos de infraestructura energética y conexión con los planes regionales de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) –con apoyo de Brasil−, el surgimiento en 2011 del entonces “Arco Minero de Guayana” y la misión de convertir a Venezuela en una “Potencia Energética Mundial” que, entre otras cosas, extrajera seis millones de barriles de crudo diario para el año 2021. La sistematización de toda esta geo-arquitectura extractivista era finalmente sintetizada y presentada de manera detallada y codificada en 2012, con la presentación del llamado “Plan de la Patria” 2013-2019.
La reconfiguración integral que se produce en el período de hegemonía y radicalización del proceso político (2004-2009), al calor del boom de las materias primas y que se frena con la crisis económica mundial 2008-2009, va a representar un punto de inflexión del mismo, que marca de manera determinante la situación actual en Venezuela. Además de los desalentadores resultados económicos, sociales y políticos, conviene también analizar la Revolución Bolivariana a la luz de la distribución y disputas ecológicas de los últimos años. Esto permite evaluar no solo “limitaciones” existentes en la política ambiental, sino algo mucho más profundo: la forma cómo se configura la materialidad del sistema de dominación en la relación particular entre economía-ecología-política; los mecanismos mediante los cuales se organizan los territorios venezolanos; la estructuración de un marco de insostenibilidad socioambiental que se va haciendo cada vez más amenazante; el estado de la justicia ambiental ante la multiplicidad y expansión de los procesos de acumulación por despojo progresistas (e informales) y el conjunto de subjetividades y territorialidades que, desde abajo, resisten a estas dinámicas.
A continuación, presentamos una caracterización de estas dinámicas distributivas en el período de la Revolución Bolivariana a partir del análisis de 31 casos originados en todas las latitudes del país, buscando así trazar las coordenadas generales de estas disputas a escala nacional –en el marco del modo de territorialización−, al tiempo que se puedan hacer visibles las particularidades de las comunidades, sujetos, pueblos y territorialidades que resisten y reorientan estas desigualdades, así como de los mecanismos que componen el eco-régimen del Petro-Estado Bolivariano.
3.1 Conflictos ecológico-distributivos en la Revolución Bolivariana (1999-2017)
Para un primer paneo general, los 31 conflictos de distribución ecológica (ver tabla n.º 1) son analizados para responder estas preguntas: ¿qué tipo de actividades económicas generan los conflictos?, ¿quiénes las promueven?, ¿quiénes entonces las resisten?, ¿cómo se expresan estas dinámicas geográficamente?, ¿qué intensidad adquieren las disputas?
A pesar de que la actividad petrolera ha sido profundamente dominante en Venezuela, es la minería la que genera más conflictos, siendo que prácticamente la mitad del total de los casos registrados están vinculados a emprendimientos mineros (45,2%, un total de 14). Estos conflictos se despliegan a lo largo y ancho del territorio nacional y varían en escala e intensidad de remoción de materiales y nivel de conflictividad. Destacan proyectos formales como la ya vieja minería de bauxita en Los Pijiguaos en el nor-occidente del estado Bolívar (caso n.º 27) o las minas de carbón en la Sierra de Perijá (casos n.º 1 y 2) –ambas han generado desplazamientos y afectaciones a pueblos indígenas como los mapoyo y los wayuú respectivamente− o los violentos conflictos provocados por la extracción ilegal de oro que se desarrollan actualmente en toda la región Guayana.
Tabla n.º 1.
Conflictos ecológico-distributivos en la Revolución Bolivariana (1999-2017)
Caso nº. Nombre del caso Zona Tipo de población Commodity involucrado
1 Indígenas Wayúu del río
Socuy defienden sus territorios para evitar avance de la minería de carbón
(Carbozulia) Sierra de Perijá Indígena Carbón
2 Indígenas Yukpa de los ríos
Tukuko y Yaza luchan para detener la expansión de
proyectos de Carbozulia en la Sierra de Perijá Sierra de Perijá Indígena Carbón
3 Contaminación en el Lago de Maracaibo Cuenca
petrolera occidental Urbana Petróleo y gas
4 El Complejo Petroquímico “El Tablazo” y las luchas de la comunidad de El Hornito contra PDVSA Cuenca
petrolera occidental Semi-urbana Petróleo y gas
5 Impactos socio-ambientales del Complejo Refinador Paraguaná Cuenca
petrolera occidental Urbana Petróleo y gas
6 Impacto sobre los humedales del Parque Nacional Morro-
coy por proyectos de desarro-
llo turístico Serranía Lara-Falcón Urbana Cemento
7 Comunidades de Veracruz y
La Bárbara luchan contra la apertura de mina de sílice en el municipio Torres Serranía Lara-Falcón Rural Ganado y productos agrícolas
8 Las luchas para salvar y regenerar la Laguna de Urao (Mérida) Andina Urbana Cemento
Continuación de la tabla n.º 1
Caso nº. Nombre del caso Zona Tipo de población Commodity involucrado
9 Pobladores de La Azulita se movilizan en defensa de los
humedales del municipio
Andrés Bello (Mérida) Andina Rural Ganado y productos agrícolas
10 Comunidades de los municipios Bolívar y Barinas
denuncian contaminación del Río Santo Domingo Los Llanos Urbana Productos agrícolas
11 Las luchas de las comunidades campesinas de Ospino contra las plantaciones de eucalipto
(Smurfitt Kappa Cartón de Venezuela) Los Llanos Rural Madera
12 Trasvase de aguas del Lago de Valencia Centro Norte-costera Urbana Agua
13 Ampliación de la autopista Valle-Coche Centro Norte-costera Urbana Cemento
14 Impactos socio-ambientales en las comunidades de Tiara
y Altagracia de la Montaña por la minera Loma de
Níquel Centro Norte-costera Rural Níquel
15 Proyecto de presa en el río Cuira “Sistema Tuy IV” Centro Norte-costera Rural Agua
16 El proyecto del puerto de aguas profundas en la península de Araya Cuenca
petrolera oriental Rural Cemento, petróleo y gas,
aluminio,
bauxita,
hierro, pesca y oro
17 Impactos socio-ambientales del Complejo Industrial
Petrolero Jose Antonio Anzoátegui Cuenca
petrolera oriental Urbana Petróleo y gas
18 Indígenas kariña de
Tascabaña afectados por
PDVSA Cuenca
petrolera oriental Indígena Petróleo y gas
Continuación de la tabla n.º 1
Caso nº. Nombre del caso Zona Tipo de población Commodity involucrado
19 PDVSA y escasez de agua en la Faja Petrolífera del Orinoco Cuenca petrolera oriental Semi-urbana Petróleo y gas
20 Impactos socio-ambientales a los indígenas warao por
explotación petrolera en
Pedernales Alto Delta
Amacuro Indígena Petróleo y gas
21 Indígenas Warao en el
Bajo Delta del Orinoco contaminados por desechos tóxicos de la Corporación
Venezolana de Guayana y la minería ilegal Bajo Delta Amacuro Indígena Aluminio, bauxita, petróleo
y oro
22 Minería ilegal y contaminación por mercurio en El Callao Municipios mineros orientales Urbana Oro
23 El vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana Urbano-
industrial de
Bolívar Urbana Bauxita, aluminio y hierro
24 Disputas de los indígenas pemón del Alto Paragua en
torno a la minería ilegal en
sus territorios Cuenca del Caroní Indígena Oro y diamantes
25 Indígenas pemón del río
Carrao afectados por la minería ilegal en el Parque
Nacional Canaima Cuenca del Caroní Indígena Oro y diamantes
26 Indígenas yek’wana y sanemá afectados por la
minería ilegal de oro en el
Alto Caura Cuenca del Caura Indígena Oro
27 Mina de bauxita a cielo abierto Los Pijiguaos, de la estatal CVG Bauxilum Municipio Cedeño Semi-urbana Bauxita y aluminio
Continuación de la tabla n.º 1
Caso nº. Nombre del caso Zona Tipo de población Commodity involucrado
28 La fiebre del coltán amenaza a los indígenas guajibo,
piaroa y e’ñepa en los estados Bolívar y Amazonas Municipio
Cedeño y
Autana-Puerto
Ayacucho-eje carretero Indígena Coltán
29 Indígenas arawaks del sur afectados por la minería
ilegal en la cuenca del río
Atabapo Sur-occidental fronteriza Indígena Oro, diamantes
y coltán
30 Indígenas yanomami de la cuenca del río Ocamo afectados por la minería
ilegal Territorio
yanomami Indígena Oro
31 Indígenas yabarana, hoti y e’ñepá afectados por la minería ilegal en el municipio Manapiare Municipio Manapiare Indígena Oro
Fuente: elaboración propia.
Los casos vinculados directamente a la industria petrolera (petróleo y gas) son apenas la mitad (7) de los registrados por minería, aunque el conflicto contra el puerto de aguas profundas de la península de Araya (caso n.º 16) se puede contar como un octavo caso debido a que también está relacionado con dicha industria. Estos se encuentran básicamente en las zonas Cuenca Petrolera Oriental y Cuenca Petrolera Occidental, y en la zona Alto Delta Amacuro, específicamente en Pedernales (caso n.º 20). Son conflictos de baja intensidad a excepción de las movilizaciones registradas por comunidades de San Diego de Cabrutica, que interpelan a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) por carencias de agua (caso n.º 19) y las protestas sindicales en el Complejo Industrial Petrolero José Antonio Anzoátegui (CIPJAA), donde se mezclan demandas laborales con denuncias por afectaciones a la salud por contaminación (caso n.º 17).
El resto de los conflictos están vinculados a la actividad agropecuaria (3), obras de infraestructura y construcciones (3), gestión del agua (2), turismo (1) y gestión de desechos y residuos (1).
En relación con los grupos movilizados, la subjetividad que planta mayores resistencias en este tipo de disputas son los pueblos y comunidades indígenas, quienes protagonizan las luchas en doce casos, aunque también aparecen en el conjunto de grupos movilizados en otros tres conflictos más –como ocurre en las luchas por la defensa de la laguna de Urao en Mérida (caso n.º 8)− lo que en suma representa casi la mitad del total registrado de grupos movilizados (48,4%). Los campesinos y pescadores encabezan las luchas en seis casos rurales desde los andes hasta la oriental península de Araya, al tiempo que participan en tres conflictos más –como ocurre con las contingentes protestas de pescadores por la contaminación en el Lago de Maracaibo (caso n.º 3)− lo que en total los posiciona en casi el 30% de los casos. Se registran también diez casos urbanos –que se expresan en diversas escalas y configuraciones de ciudad− así como tres semi-urbanos (que en realidad son zonas rurales semi-urbanizadas por el desarrollo de los enclaves petroleros y minero, como en Los Pijiguaos en el estado Bolívar, caso n.º 27, y los Puertos de Altagracia en el estado Zulia, caso n.º 4).
Del conjunto de actividades económicas que generan los conflictos, dos terceras partes son emprendimientos formales , prácticamente todos estatales (donde PDVSA juega un rol fundamental), empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado venezolano, empresas que en medio del conflicto fueron estatizadas o concesiones para proyectos que serían ejecutados por una empresa privada venezolana –como ocurre con la minera Inesco S.R.L. para impulsar la minería de sílice en el municipio Torres del estado Lara (caso n.º 7). A su vez se registran nueve casos de iniciativas ilegales (básicamente minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas) y tres de emprendimientos particulares con poca o nula regulación estatal, como ocurre con productores del campo y el avance de la frontera agrícola y la contaminación con agrotóxicos que generan en ríos del estado Mérida (caso n.º 9) y Barinas (caso n.º 10).
El mapa general de la distribución ecológica en Venezuela que proponemos (ver mapa n.º 1), es expresión no sólo de un momento histórico del modo de territorialización, o de las distintas valoraciones que se encuentran en disputa en cada territorio –piénsese en la geopolítica del oro en la Amazonía venezolana ante la valoración que los indígenas ye’kwana le otorgan al río Caura, agredido dramáticamente por el avance de la minería ilegal (caso n.º 26)− sino también de relaciones y correlaciones de fuerza, en la cuales zonas calientes contrastan con zonas mucho más apaciguadas en términos de reivindicaciones de justicia ambiental. En este sentido, destaca el hecho que los siete conflictos de alta intensidad registrados se desarrollan casi todos en las nuevas fronteras de las commodities, en torno a la minería y a los pueblos indígenas (Amazonía venezolana casos n.º 24, 26, 30 y 31, Sierra de Perijá casos n.º 1 y 2), lo que contrasta con los viejos enclaves petroleros donde las comunidades han sido en buena medida asimiladas, por décadas, a esta actividad, o con territorios mucho más contradictorios, donde coexisten la modernidad con ruralidades, tradiciones comunitarias y sociabilidades barriales, y brotan antagonismos contingentes ante los impactos socio-ambientales que afectan la vida cotidiana de estos pobladores.
Conviene ahora examinar con más detalle el mosaico de resistencias, valoraciones, prácticas y narrativas de lo que podríamos entender como los ecologismos populares venezolanos.
3.2 Los ecologismos populares venezolanos: organización, valoraciones y acción directa
El conjunto de luchas socio-ambientales que brotan desde los territorios venezolanos en plena Revolución Bolivariana, es el reflejo de un rico mosaico de prácticas, valoraciones y resistencias que se producen desde la pluriculturalidad popular del país; también expresan las potencialidades o limitaciones que tienen al momento de establecer comunidades de lucha más amplias. En este sentido, la alusión a los ecologismos populares no solo hace referencia a organizaciones o actores que se auto-identifican como ecologistas, sino fundamentalmente a grupos que, de formas diferenciadas y desde variadas perspectivas de naturaleza y códigos culturales, se movilizan contra las desigualdades en la distribución ecológica y en defensa de la reproducción de la vida en sus propios territorios u otros no tan próximos, reivindiquen o no esta identidad de manera explícita –tal y como lo ha demostrado el trabajo de Joan Martínez-Alier (2003). Estas expresiones se evidencian en diferentes tonalidades y no son interpretadas en este trabajo como perspectivas cerradas, pudiendo en cambio mezclarse o yuxtaponerse a variadas peticiones de corte económico, espiritual o cultural.
También es necesario aclarar que no estamos en la búsqueda de caracterizar un movimiento ambiental venezolano, ni tampoco verificar si sus movilizaciones se acercan o no a un ideal ecologista estandarizado. A pesar de que el análisis que presentamos está inscrito en una más amplia discusión sobre las diferentes tipologías generales de los movimientos ambientalistas (García-Guadilla, 2001; Bebbington y Humphreys, 2009; Tobasura, 2007), nos enfocamos fundamentalmente en rastrear sus particulares vínculos con la reproducción de la vida, sus variadas perspectivas de naturaleza, y la relación de estos aspectos con sus códigos culturales territoriales y los procesos de intervención y degradación ambiental que se produce en sus entornos.
Para esto, planteamos tres dimensiones de análisis, como son: sus perspectivas de organización y lucha, el conjunto de lenguajes de valoración que encarnan de ellas, y sus métodos de acción y territorialización.
3.3 Perspectivas de organización y lucha
Como recurso analítico, planteamos una clasificación general y no excluyente de la diversidad de perspectivas de organización y lucha que se evidencian en las movilizaciones y prácticas de los ecologismos venezolanos.

Al otro extremo de las demandas sociales por una mayor asistencia estatal o más efectivas compensaciones socio-ambientales, parecen ubicarse lo que podríamos denominar los ecologismos nucleares, los cuales se movilizan no fundamentalmente a partir de una demanda socio-ambiental específica, sino a partir de la estrecha relación entre territorio, identidad y vida, que constituye su configuración bio-socio-cultural. La vida es territorio y el territorio es vida, como se desprende de la narrativa yanomami, hoti y e’ñepá (casos n.º 30 y 31). El territorio es pues, la principal demanda y petición compartida en las variadas luchas de los pueblos indígenas, a diferencia de, por ejemplo, los pedidos de estudios de impacto ambiental o gestiones responsables en los emprendimientos económicos, como lo solicitan grupos movilizados en otros conflictos. Por estas razones, estas formas de ecologismo declaran dar su vida por ello, como lo han expresado yukpas y yabaranas en sus resistencias contra la minería (casos n.º 2 y 31). A su vez, defienden las autonomías y reproducen sus economías locales como modo de resistencia -los wayuú del río Socuy (caso n.º 1)-, quienes consolidan comunidades autónomas de producción agroecológica para contrarrestar la expansión de la minería de carbón y buscar la continuidad sociocultural de su pueblo en esos espacios.
Aunque desde otras miradas, varias organizaciones campesinas, comunidades agroecológicas, comunidades de pescadores y guardianes de semillas comparten esta noción integrada entre territorio, identidad y vida, lo que los moviliza a enfrentar a los degradadores de sus tierras, incluso si estos fuesen productores agrícolas de comunidades cercanas, como en el caso de las comunidades de la Azulita en defensa de los humedales del municipio Andrés Bello (caso n.º 9). Estos ecologismos nucleares del campo, como las comunidades campesinas de Ospino que han enfrentado a la corporación transnacional Smurfit y sus plantaciones de eucalipto y pino en estos territorios (caso n.º 11), representan una de las expresiones más vigorosas y potentes de las luchas socio-ambientales populares.
Una función bisagra muy importante la han cumplido los que podemos llamar los ecologismos políticos, compuestos por las organizaciones ecologistas locales y de escala regional y nacional, muchas de ellas con perfiles más radicales, que han logrado conectar las luchas territoriales de los ecologismos nucleares con el campo de la política masiva, generando mayores canales de comunicación, alimentación y visibilización de estas movilizaciones. Es indudable el rol jugado en luchas históricas por organizaciones ecologistas como Amigransa (caso n.º 11) y FORJA (caso n.º 16), El Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela en las luchas indígenas del Caura (caso n.º 26), la Fundación Movimiento Ecológico de Torres en las movilizaciones contra la implantación de la minería de sílice en Lara (caso n.º 7), la organización Homo et Natura en las luchas contra la minería de carbón (casos n.º 1 y 2) y otras organizaciones locales en apoyo a las luchas en la comunidad campesina de Tiara contra las afectaciones de la minería de níquel (caso n.º 14) o los impactos del CIPJAA (caso n.º 17), por mencionar algunos casos.
Existe una expresión del ecologismo popular que a nuestro juicio es muy interesante y significativa que podríamos llamar ecologismos chavistas o eco-socialistas , en los cuales destaca el importante rol jugado en varias luchas socio-ambientales por parte de integrantes de consejos comunales, comunas, consejos campesinos y mesas técnicas de agua, o bien de organizaciones explícitamente identificadas con el proyecto Bolivariano o la figura del presidente Chávez, siendo que en varios casos éstas han sido un agente central a favor de la justicia ambiental. En el 42% de los casos registrados pudieron hallarse de maneras variadas estas perspectivas de organización del ecologismo. Por ejemplo, en las luchas por el cierre del vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana (caso n.º 23) tuvieron un rol central. En el caso de los campesinos de la cuenca del río Cuira, estos se han cobijado en la Ley de Tierras, y en el discurso agrario y ambientalista del Gobierno nacional para generar apoyos a sus demandas, en contra de los efectos de la construcción de la represa del proyecto Tuy IV (caso n.º 15). En el caso de las críticas a la ampliación de la autopista Valle-Coche, los consejos comunales interpelaban al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y le exigieron que detenga la obra (caso n.º 13). Por otro lado, movimientos campesinos de La Azulita apelan al Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria 2013-2019 y a la construcción e impulso de un modelo productivo sustentable, endógeno y socialista, como forma de interpelar al Estado para que reaccione a favor de salvar los humedales del municipio Andrés Bello en Mérida (caso n.º 9). Las variaciones desde posturas críticas hasta otras más acomodaticias no resta el hecho de que este tipo de ecologismos interpela y enfrenta al Estado desde un interés comunitario-territorial que genera canales y vasos comunicantes que pueden ser contradictorios, pero también pueden abrir otros caminos de potenciación de las luchas concretas.
Comunidades afectadas y asociaciones de vecinos que se movilizan fundamentalmente por la queja puntual de un impacto socio-ambiental determinado (sin mayor pretensión inicial que su solución) pueden ser denominadas ecologismos instrumentales. Entre estos podemos contar buena parte de las comunidades movilizadas por la contaminación del río Santo Domingo en el estado Barinas (caso n.º 10), de San Diego de Cabrutica por las carencias de agua adjudicadas a PDVSA (caso n.º 19), o los lancheros afectados por los proyectos turísticos en el Parque Nacional Morrocoy (caso n.º 6). También los sindicatos del CIPJAA pueden contarse entre estos ecologismos, orientados a demandas laborales y quejas por afectaciones a la salud que producen las malas gestiones ambientales en el complejo (caso n.º 17). Sus demandas instrumentales no pueden ser sólo interpretadas en blanco y negro. Las necesidades de obtención de alimento y el derecho a una vida sana pueden entremezclarse con preocupaciones más centradas en la vida ecológica de sus entornos, como ocurre con diversas comunidades de pescadores en varios casos analizados. Cuando los impactos se hacen más severos, suelen radicalizar sus movilizaciones, como ocurrió con las luchas de la comunidad de El Hornito contra los impactos del Complejo Petroquímico El Tablazo (caso n.º 4) a mediados de los años 90, logrando que fuesen atendidas algunas de sus demandas. Estos ecologismos son, en definitiva, expresiones de defensa de la vida que juegan un importante rol en la consecución de la justicia ambiental.
Los grupos conservacionistas o ecologismos no-políticos también pueden aportar a estas luchas populares, en la medida en la que suelen contribuir con saberes y vocerías especializadas en defensa de diversos ecosistemas, como ocurre con la Sociedad Conservacionista de Guayana (SCG), en las movilizaciones contra el cierre del vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana (caso n.º 23), o la Sociedad Amigos del Árbol “Sadarbol” en las protestas contra la deforestación provocada por la ampliación de la autopista Valle-Coche (caso n.º 13).
El conjunto de organizaciones populares y movimientos sociales que, aunque no se identifiquen directamente con las luchas ambientales, ni sus demandas y agendas puntuales estén orientadas hacia estos códigos explícitos, pero que hacen parte de los grupos movilizados en las luchas socio-ambientales, podrían catalogarse como ecologismos de militancia. El rol de este tipo de organizaciones como la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), en el crecimiento a nivel nacional de la campaña de los yukpa del cacique Sabino Romero contra la expansión de la minería de carbón en la Sierra de Perijá (caso n.º 2), ha sido fundamental. Grupos de jóvenes estudiantes también juega un papel impulsor en las movilizaciones, como ocurre en las luchas contra la minería de sílice en el municipio Torres (caso n.º 7) o colectivos de ciclismo urbano en las reivindicaciones de construcción de otro modelo de ciudad al movilizarse contra la ampliación de la autopista Valle-Coche.
Por último, pero no menos importante, existe un conjunto de actores que pueden ser considerados ecologismos de soporte y gestión, los cuales hacen parte fundamental del conjunto de luchas ambientales. Tales son las organizaciones en defensa de los pueblos indígenas, como Wataniba y su rol en las movilizaciones del pueblo yanomami (caso n.º 30), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) en las luchas del pueblo yabarana contra la minería ilegal (caso n.º 31); organizaciones de derechos humanos como Provea y su apoyo a las comunidades de Punta Cardón afectados por la refinería (caso n.º 5); organizaciones internacionales como World Rainforest Movement y su vital respaldo a las movilizaciones campesinas contra la corporación Smurfit (caso n.º 11); instituciones religiosas como el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho quienes denuncian impetuosamente el flagelo de la minería ilegal en el río Atabapo (caso n.º 29); académicos, profesores universitarios y gremios profesionales que aportan conocimientos científicos y especializados y legitimidad institucional a las demandas sociales, y que pueden ser detonantes de procesos de movilización, como ocurre con el Colegio de Ingenieros del estado Zulia (CIDEZ) contra la contaminación en el Lago de Maracaibo (caso n.º 3) o los estudios científicos que señalan la severa contaminación provocada por el uso de mercurio en la minería informal en El Callao (caso n.º 22); periodistas ambientales, que logran dar difusión a escala nacional a las denuncias pocas veces atendidas de los grupos impactados, como ocurre con el portal Ciencia Guayana en relación con las afectaciones provocadas por el vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana o la web El Estímulo y los impactos de la minería ilegal en el río Caura (caso n.º 26); y, finalmente, partidos políticos de oposición que, en sus luchas contra el gobierno nacional, visibilizan quejas vecinales sobre impactos socio-ambientales en todo el país, como lo hace el partido Voluntad Popular en varios casos registrados.
Las disputas más violentas suelen estar vinculadas a luchas por la tierra y los territorios, por lo que los ecologismos nucleares suelen estar a la vanguardia. En el 52% del conjunto de casos registrados, las comunidades, pueblos y organizaciones movilizadas logran configurar una coalición de actores que suelen dar mayor auge a sus demandas. Solo una de las luchas que no producen este tipo de comunidades amplias alcanzó una alta intensidad. Buena parte del conjunto de conflictos suelen tener constantes vaivenes, que fluctúan también al calor de la volatilidad política en el país.
3.4 Lenguajes de valoración
“Para nosotros lo primero es el agua, lo segundo es el agua y lo tercero es el agua”, sentenciaban en asamblea los pobladores de la comunidad de Veracruz, al sur del municipio Torres para reafirmar su oposición a la apertura de la mina de sílice en el cerro El Plan (caso n.º 7). Un código valorativo que resuena a lo largo y ancho de Venezuela, en las comunidades de La Azulita en Mérida, en la cosmovisión ye’kwana, en las comunidades campesinas de Tiara que por años han resistido los impactos de la mina Loma de Níquel (caso n.º 14) o en los wayuú del Socuy, que contraponen el agua al carbón y declaran dar la vida por ella (caso n.º 1).
En este conjunto de cosmovisiones encontramos algo constitutivo, que tiene que ver más con los arraigos ecológico-materiales del territorio, con el tributo a la reproducción bio-cultural de la vida que con un ideario ambientalista estereotipado. De ahí los significados vitales de las sabanas y los bosques nativos para los campesinos del municipio Ospino (Portuguesa), que se contraponen a los paisajes de los monocultivos de eucalipto (caso n.º 11); del amor por las montañas de los pobladores de las comunidades de San Luis en La Azulita; de los sentidos por la vida campesina para la comunidad de El Jobito, desplazados por la represa en el río Cuira; del valor del horizonte de mar para los pescadores y habitantes de Manicuare, amenazados por la construcción del Puerto de aguas profundas en Araya (caso n.º 16); o incluso a escala urbana, la sentencia de la organización Sadarbol cuando afirma que “el árbol es vida” y se pregunta “¿qué le podemos dejar a nuestros hijos si nos quitan los árboles?” en relación con la construcción de la nueva sección de la autopista Valle-Coche (caso n.º 13).
Visto antropológicamente, se trata de una Venezuela profunda. Una Venezuela existente entre los intersticios de la vida del país y sus territorios, simbólicamente distante de la hegemonía crematística de la valoración de la renta petrolera, de la siembra petrolera, de la libertad, igualdad y fraternidad, pero también de la matriz desarrollista del ideal revolucionario, que tuvo expresión en el lema de Chávez “Patria, Socialismo o Muerte”. De ahí que los wayuú del Socuy reivindiquen el lema “Tierra, agua y dignidad”.
En este sentido, no conviene sólo mirar estas narrativas como el reflejo de un pasado que ha quedado atrás, dado que también se van resignificando, reformulándose, se confrontan con los imaginarios dominantes, resisten y negocian ante las valoraciones de la cultura rentista, y no logran ser asimiladas completamente por esta. Son los maikiraalasalii, que en wayuunaiki significa “los que no se venden”; los “odiadores del dinero” como los campesinos de El Jobito; los del “Nos quieren dar créditos para callarnos la boca, la comunidad no quiere sus créditos, queremos es el cierre del vertedero”, expresado por los habitantes de Cambalache (caso n.º 23); o los de “Este pueblo

Imagen n.º 1.
“Para nosotros, lo primero es el agua, lo segundo es el agua y lo tercero es el agua”. Comunidad de Veracruz en asamblea, movilizada contra la minería de sílice en el Cerro El Plan, municipio Torres, estado Lara. Abril de 2017. Fuente: Emiliano Teran Mantovani.
era hermoso hasta que llegó PDVSA”, como los pobladores de la península de Araya, que sugieren claramente que la pesca vale más que el petróleo. Esta lógica de resignificaciones también abre caminos a la producción de nuevas subjetividades, como ocurre con la revitalización étnica de comunidades que, en busca de su ancestralidad, se autodefinen como indígenas de los pueblos guasábaras, quinanoques, orkas, mucumbus y casés y participan en las luchas por salvar la laguna de Urao en el estado Mérida (caso n.º 8).
En el caso de la laguna de Urao, la cual viene siendo afectada por intervenciones de infraestructuras de viviendas, actividad agrícola y turismo en sus alrededores, se expresa una significación mítico-tradicional de ese ecosistema –“el agua de los dioses de los andes”− en el que se produce la confluencia de rituales, encuentros y celebraciones colectivas, que en los últimos años se han vinculado también a la lucha por salvar la laguna. Este tipo de valoraciones de sacralidad ha alcanzado cierta significación a escala nacional con el Lago de Maracaibo o el Parque Nacional Canaima, lo que lleva a que permanentemente existan vocerías críticas en todo el país que denuncien los daños que ocurren en esos ecosistemas. Sin embargo, este tipo de sacralidad incrustada en buena medida en imaginarios de territorios ajenos o lejanos para millones de venezolanos que no habitan cerca de estos ecosistemas, no refleja valoraciones de arraigo vital suficientes –son valoraciones en cierta forma desterritorializadas− para generar movilizaciones de mayor escala que acompañen, por ejemplo, las luchas de los pemón del río Carrao contra el avance de la minería ilegal en el emblemático parque Canaima (caso n.º 25).
Pocos de estos lenguajes de valoración descritos han logrado generar impactos masivos en las discusiones nacionales sobre el modelo de sociedad. Los planteamientos sobre el Buen Vivir ofrecidos por los indígenas ye’kwana, nucleados en la organización Kuyujani (caso n.º 26) o el horizonte de construcción de un Estado Plurinacional y una Venezuela Postpetrolera construido desde los territorios, como lo propone la organización wayuú Maikiraalasalii (caso n.º 1) inciden muy poco en esta nuclear discusión. Sin embargo, una lucha que sí logró tener un nivel de disputa simbólica a escala nacional fue la de los yukpa en apoyo al cacique Sabino Romero contra la minería de carbón en la Sierra de Perijá –el presidente Chávez tuvo que pronunciarse sobre el caso públicamente−, y debido a la resonancia mediática que logró y la persistencia de sus campañas, plantearon una narrativa que vinculaba la justicia social, la lucha indígena, la lucha por la tierra y el ambiente, con la propia idea de revolución. Estos códigos lograron permear a un sector de la base popular del chavismo, haciendo más visible la tensión ecológica del proceso bolivariano. Las diversas organizaciones populares y ecologistas que apoyan y acompañan esta lucha indígena, logran posicionar diversas consignas que sintetizan un particular lenguaje de valoración, diferente en esencia a la narrativa oficial hegemónica en la Revolución Bolivariana. Una de estas consignas es “Sabino marca el camino”. Un camino claramente vinculado a la lucha contra el extractivismo y a la consigna “agua, territorio y dignidad”.
3.5 Los métodos de acción y territorialización
Los grupos movilizados en los conflictos han recurrido a un conjunto de métodos de lucha entre los que se cuentan campañas mediáticas o en medios alternativos, marchas y protestas de calle, realización de estudios de impacto ambiental alternativos, articulación con organizaciones e instituciones de diversos tipos, construcción de alternativas económicas, y diversos métodos de acción directa, como los cortes de ruta u ocupaciones de tierras, entre otros.
Es posible notar que, más allá de las peticiones e interpelaciones que se le hacen al poder constituido, a las instituciones oficiales o a los agentes particulares de degradación y despojo en los territorios, existen ecologismos que también canalizan la resolución de sus problemas socio-ambientales a través de la acción o gestión directa. Del conjunto de los casos analizados, un 52% de los grupos movilizados recurrieron a este tipo de métodos. Los cortes de ruta son fundamentales para hacer valer sus demandas. Por ejemplo, se pueden mencionar pescadores bloqueando el canal de salida de buques de la importante refinería de Amuay (Falcón), en protesta por la afectación de la pesca a raíz de la colocación de tuberías en el mar por parte de PDVSA (caso n.º 5); la ocupación del aeropuerto de Canaima por parte de los indígenas pemón del río Carrao para llamar la atención ante el avance de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima (caso n.º 25); comunidades bloqueando la entrada a los territorios de las minas implantadas en Veracruz (Lara) y Tiara (Aragua) (casos n.º 7 y 14), de la sede de las compañías petroleras en San Diego de Cabrutica (Anzoátegui) (caso n.º 19), de las áreas de construcción de la represa de Cuira (Miranda) (caso n.º 15) y del vertedero en Cambalache (Bolívar); entre otros.
También resalta la ocupación de tierras por parte de los campesinos del municipio Ospino (Portuguesa) como mecanismo para transformar su uso, en buena proporción ocupada por los monocultivos de eucalipto y pino; o la ocupación de haciendas por parte de los yukpa del río Yaza para avanzar contra la potencial expansión de la minería de carbón en la Sierra de Perijá; retención de militares que abusan de los indígenas y usufructúan de la minería ilegal en sus

Imagen n.º 2.
La comunidad pemón del río Carrao cierra la pista de aterrizaje en el aeropuerto del Parque Canaima.
Fuente: Jorge Victoria, junio de 2015.
territorios, como lo realizaron los pueblos pemón del río Paragua y los ye’kwana del Caura (Bolívar) (casos n.º 24 y 26); intervención de zonas mineras para recuperar sus territorios por parte de los indígenas yabarana, hoti y e’ñepá (Amazonas) (caso n.º 31); o bien inspecciones comunitarias y tribunales in situ en fincas de productores señalados de generar impactos ambientales en los humedales como en el caso de La Azulita (Mérida) (caso n.º 9).
Como vemos, estos ecologismos de acción directa son principalmente pueblos indígenas y campesinos, o bien se trata de cuatro casos de actores urbanos y semi-urbanos que en realidad viven en zonas de sacrificio o sufren de clasismo ambiental . Suelen tener arraigos territoriales significativos que los movilizan hacia este tipo de

Imagen n.º 3.
Pescadores bloquean el canal de entrada y salida de buques de la refinería de
Amuay, en protesta por la afectación de la actividad pesquera por la colocación de tuberías en el mar. Fuente: El Universal, junio de 2017.
métodos, y son una expresión de las luchas ecologistas más potentes que se registran en el campo popular venezolano.
Aunque vigorosos, los métodos de acción directa no necesariamente garantizan resultados positivos para las luchas, y en algunos casos han sido seguidos de intensas represiones y del recrudecimiento de la violencia (como en los casos n.º 11, 30 y 31). Por otro lado, la acción directa no debe ser sólo interpretada como una muestra de radicalidad programática, sino también como una reacción ante la desesperación que supone ver incrementadas las amenazas a la reproducción de la vida en los territorios.
La faceta productiva de estas formas directas de resistencias son las territorializaciones o re-territorializaciones populares que son impulsadas como mecanismo de conservación o transformación del uso transgresor del suelo y suelen ser entendidas o asumidas como la construcción social de alternativas económicas. En algunos casos, estas territorializaciones son presentadas como proyectos que contienen una propuesta política potencialmente difundible. Este es el caso por ejemplo de los wayuú del Socuy, quienes crean la Asociación Cultural Indígena Wayuu Yalayalama’ana para la construcción de formas autónomas de economía y organización, con el fin de preservar la vida y construir una fuerza propia (caso n.º 1). Las tierras ocupadas por campesinos del municipio Ospino del estado Portuguesa, estén o no legalizadas, van sustituyendo (con resultados diversos) monocultivos de eucalipto por cultivos de yuca, maíz, auyama (calabaza), quinchoncho (chícharo), entre otros (caso n.º 11). A su vez, inspirados en su libre determinación, los ye’kwana conforman autodefensas no armadas y oficinas de seguridad para monitorear sus territorios ante la creciente presencia de mineros y grupos irregulares; esto lo hacen siguiendo la “estrategia de la hormiga del bosque”: no saliendo “afuera de nuestros territorios” sino más hacia adentro (caso n.º 26).
En otros casos, estas otras territorializaciones sencillamente se basan en mantener las formas y métodos con los cuales las comunidades han reproducido su vida tradicionalmente. Esto va desde la fundación de comunidades yukpa en antiguas haciendas, como Shaktapa, hasta la simple defensa de la vida cotidiana campesina, como lo plantean los campesinos de El Jobito.
Este conjunto de grupos, voces, comunidades y pueblos son, en medio de su pluralidad, fortalezas y contradicciones, los principales defensores de la vida. Se trata de un sujeto nombrado a veces por la narrativa revolucionaria bolivariana, pero constreñido a desenvolverse en los marcos valorativos y territoriales del neo-extractivismo progresista. Mientras el eco-socialismo realmente existente iba corporativizando el grueso de las luchas y los territorios, este conjunto de grupos se incorporaba de lleno a la disputa en la distribución ecológica, allí en el tejido de la vida, en la base material que alimenta, posibilita y motoriza el modo de acumulación capitalista rentista venezolano.
3.6 La paradoja justicia social/injusticia ambiental y el Eco-socialismo realmente existente
Más allá de la indudable valía de estas luchas populares en defensa de la vida, de sus variadas incidencias en las historias territoriales, debemos re-evaluar sus sentidos y pesos en el mapa de las relaciones y correlaciones de fuerza de la distribución ecológica en el país. En este sentido, examinamos el estado general de la justicia ambiental en la Revolución Bolivariana, preguntándonos cómo las estructuras de poder resuelven, confrontan, negocian o reaccionan ante las demandas y movilizaciones de los variados ecologismos populares.
En nuestro análisis se evaluó si la lucha de los grupos movilizados logra conseguir o no la justicia ambiental: “Si” (éxito), “No” (fracaso) o “No, pero algunas demandas fueron atendidas” (logro parcial). Se tomó en cuenta si las demandas de estos grupos afectados fueron atendidas y si los daños e impactos socio-ambientales fueron remediados (ver tabla n.º 2). El resultado refleja una muy marcada injusticia ambiental, en el 58% de los casos (18 del total) no se consigue, de ninguna manera, materializar esta forma de justicia. Básicamente, no son atendidas las demandas de los grupos movilizados por el reconocimiento de las tierras ancestrales para los pueblos indígenas, las remediaciones ambientales y atención sanitaria, las solicitudes para detener o reformular proyectos y la realización de consultas previas a los pobladores, la realización o acceso a estudios de impacto ambiental, el respeto por los derechos humanos y seguridad para la población, e incluso peticiones tan elementales como la de exigir una gestión socio-ambiental responsable por parte de las industrias, por mencionar las peticiones más recurrentes.
La evidencia de esta marcada injusticia ambiental aparece en casi todos los conflictos de minería ilegal al sur del río Orinoco, donde la actividad y sus consecuencias están en un peligroso crecimiento; en la dramática situación del pueblo warao en el delta del Orinoco, tanto en Pedernales (caso n.º 20) como en el Bajo Delta (caso n.º 21), resaltando los problemas de salud causados a estos; en el incremento de la deforestación de manglares por parte de las empresas de turismo en el Parque Nacional Morrocoy (caso n.º 6); en comunidades aledañas a las instalaciones petroleras, ubicadas en las zonas tradicionales de la actividad, que continúan sufriendo notables impactos desde hace décadas (como las comunidades de la península de Paraguaná o de la cuenca del Lago de Maracaibo), o de manera Tabla n.º 2.
Demandas y peticiones puntuales más comunes de las luchas
Demanda o petición Número de casos en que es expresada
Inspecciones y/o remediaciones ambientales por parte de los agentes de contaminación y degradación 10
Reconocimiento a los indígenas de sus tierras 9
Suspensión del proyecto (fases iniciales o posterior expropiación) 8
Realización o acceso a estudios de impacto ambiental 7
Gestión socio-ambiental responsable de la industria, elaboración de un plan local ambiental y cumplimiento en materia de servicios públicos 7
Desalojo definitivo de mineros y grupos armados 5
Plan de atención en salud continuo y eficiente a los afectados ambientales 5
Realización de consulta previa y mesas de trabajo antes de impulsar, continuar cualquier proyecto o adelantar remediaciones en la comunidad 5
Realización de estudios epidemiológicos para las comunidades afectadas 5
Garantía de puestos de trabajo, estabilidad laboral y compensaciones
económicas 5
Detener la expansión de la industria y/o moratorias (petrolera, minera, etc.) 4
Fuente: elaboración propia, 2017
relativamente reciente (como los indígenas kariña de Tascabaña y las comunidades de Puerto Píritu, al oriente del país); en los proyectos de minería formal que cambian la vida de la población de Tiara (Lomas de Níquel, caso n.º 14) y Los Pijiguaos (CVG Bauxilum, caso n.º 27); o bien en proyectos urbanos recientes como el trasvase de aguas del Lago de Valencia (caso n.º 12) y la ampliación de la autopista Valle-Coche en Caracas (caso n.º 13), los cuales han sido desarrollados a pesar de las críticas y consecuencias advertidas por los grupos sociales movilizados.
En el 35% (11 del total) de los conflictos se consideró que no se había alcanzado la justicia ambiental, pero algunas demandas habían sido atendidas. Por ejemplo, en 2014, el vertedero de Cambalache (Bolívar) fue clausurado; esta fue una de las principales peticiones de las comunidades afectadas, pero el saneamiento del mismo y la atención médica a los afectados no han sido efectuados; el gobierno regional ha creado nuevos vertederos improvisados, que producen tensiones en las comunidades aledañas y no se termina de inaugurar el relleno sanitario Cañaveral prometido desde el cierre de Cambalache. En San Diego de Cabrutica (Anzoátegui), a pesar de algunas políticas de responsabilidad social de las empresas de servicios petroleros, las comunidades aún no logran tener un servicio de agua que sea al menos similar al que tienen estas empresas (caso n.º 19). Situación parecida atraviesan las comunidades del municipio Bolívar y Barinas en el estado Barinas las cuales, a pesar de varias obras de agua propuestas para mejorar la situación de la zona, siguen señalando problemas de salud por la contaminación del río Santo Domingo (caso n.º 10). Las movilizaciones de las comunidades campesinas de San Luis (La Azulita, Mérida) han tenido apoyo de algunos funcionarios y autoridades del Estado, pero hasta la fecha siguen expresando que el problema de la degradación de los humedales se mantiene (caso n.º 9). Por último, en 2015, el Gobierno Nacional formaliza el reiterado anuncio de expansión de la extracción de carbón en los municipios Guajira y Mara en el estado Zulia. Seis meses después, a partir de diversas movilizaciones y campañas sociales en su contra, las medidas de expansión decretadas eran revertidas. En la actualidad, dichos proyectos mineros han sido recuperados a través de acuerdos con corporaciones chinas, reapareciendo el peligro de esta expansión extractivista, mientras que las campañas populares en resistencia continúan (caso n.º 1).
Sólo en dos casos la justicia ambiental ha sido alcanzada. En muchos sentidos, en la Revolución Bolivariana se reivindicó la lucha histórica de los campesinos del municipio Ospino, al ser expropiadas unas 12.000 hectáreas a la empresa transnacional Smurfit y varias de estas entregadas a los pobladores para iniciar proyectos agroproductivos. El caso sigue abierto en la medida en que persisten plantaciones de eucalipto de la empresa en el municipio, y se presentan obstáculos para concretar los proyectos campesinos asignados, en una zona de intensas luchas por la tierra. Respecto al caso de la mina de sílice en el municipio Torres (estado Lara), hasta el momento está detenida, aunque los pobladores piensan que es probable que se retome el proyecto y se insista en iniciarlo en sus territorios (caso n.º 7), tomando en cuenta los planes de relanzamiento de la minería que el Gobierno nacional impulsa formalmente desde 2016.
Es indudable que en el período de la Revolución Bolivariana, la distribución económica se socializó como nunca antes en la historia de Venezuela, configurando un balance mucho más positivo para las clases desfavorecidas –lo cual ha comenzado a revertirse a partir del año 2013 (Lander, 2014). Sin embargo, se replicó, actualizó y profundizó la estructura de desigualdades en la distribución ecológica, impulsando dispositivos coloniales sobre los territorios y sus pobladores, imponiendo o manteniendo zonas de sacrificio sin ningún tipo de consulta previa a las poblaciones, manteniendo el patrón de generación de degradación ambiental/marginalización social (Robbins, 2004), reproduciendo y reformulando mecanismos de asimilación propios del eco-régimen del Petro-Estado, con el fin de impulsar la expansión del extractivismo y cumplir los objetivos macroeconómicos del modelo de acumulación de capital.
Como ejemplos de este impulso y actualización de los dispositivos de asimilación de los conflictos ecológico-distributivos se pueden mencionar:
a. Cooptación a través de formas de distribución directa o indirecta de la renta petrolera, como ocurre con la entrega directa de recursos económicos a las organizaciones de base en San Diego de Cabrutica para diversos proyectos que no se concluyen, lo que resta capacidad de movilización de las mismas sin que sea resuelta la desigualdad en la distribución de agua en la zona (caso n.º 19); o para legitimar los proyectos turísticos en las áreas aledañas al Parque Nacional Morrocoy, aunque se sigan deforestando los manglares (caso n.º 6).
b. Creación de formas de organización afiliadas a la estructura estatal y a planes gubernamentales para los pueblos indígenas, como ha ocurrido con comunidades yukpa en la Sierra de Perijá y las consecuentes disputas y divisiones que se pueden producir entre ellas (caso n.º 2).
c. Construcción de obras públicas o grandes infraestructuras para compensar los impactos ambientales, como ha ocurrido en las comunidades kariña de Tascabaña, donde se han construido canchas deportivas y se hacen envíos irregulares y defectuosos de camiones cisterna para compensar la contaminación de sus aguas producidas por fugas de gas metano de PDVSA (caso n.º 18).
d. Hegemonía territorial y supremacía económica e institucional de los enclaves extractivos y polos de desarrollo, como ocurre en la cuenca del Lago de Maracaibo y la península de Paraguaná, donde los enormes impactos ambientales no se corresponden con las frágiles movilizaciones en protesta y existen enormes dificultades para las denuncias locales de estos daños; esto no sólo ocurre con la industria petrolera sino con viejos enclaves mineros como el de la CVG Bauxilum en la zona de Los Pijiguaos (caso n.º 27) y la relación clientelar que desarrolla con los indígenas de la zona.
e. Creación y gestión de las expectativas sociales en torno a productos de consumo masivo, imposición de la valoración desarrollista y la promoción de la narrativa eco-socialista como forma de legitimar iniciativas económicas y al propio modelo en su conjunto.
Otra forma de confrontar los conflictos de distribución ecológica en el eco-régimen del Petro-Estado ha sido lo que podemos catalogar como dispositivos de degradación, los cuales operan a través de la erosión, deterioro y desgaste de los medios de vida y los cuerpos de los pobladores de un territorio específico. Esto puede ocurrir a través de continuas carencias de agua potable o el empobrecimiento de la fertilidad de los ecosistemas debido a procesos sostenidos de degradación ambiental, lo que provoca la proliferación de enfermedades y epidemias, hambrunas y procesos de malnutrición, muertes, etc., debilitando notablemente las resistencias sociales en el tiempo.
El caso más emblemático que expresa los efectos de estos dispositivos en Venezuela es el de la dramática afectación provocada a los indígenas warao en el Delta del Orinoco, después de décadas de polución y deterioro ambiental producida por varias actividades que se desarrollan aguas arriba (petrolera, minería, desechos industriales o el cierre del Caño Manamo en el propio estado en 1968). Estos procesos los han expuesto a numerosas sustancias tóxicas, múltiples enfermedades, migraciones forzadas, episodios de hambruna y muerte al tiempo que han debilitado significativamente sus luchas, las cuales fueron más vigorosas en años anteriores (véase casos n.º 20 y 21). Hoy estos territorios están más olvidados que nunca.
Los dispositivos de degradación también afectan a los indígenas yabarana, hoti y e’ñepá (caso n.º 31), wayuú (caso n.º 1), yukpa (caso n.º 2), e incluso ha tenido incidencia en pobladores cercanos a las instalaciones petroquímicas como las comunidades de los Puertos de Altagracia (caso n.º 4) y a refinerías como las comunidades de Paraguaná (caso n.º 5).
En todo caso, los dispositivos de degradación pueden ser no sólo una explícita política de “olvido” para socavar las fuerzas de actuales o potenciales oponentes a una iniciativa económica dada, sino también el resultado indirecto de externalizaciones económicas y ecológicas, ineficiencias e indolencias en las gestiones burocráticas, motivaciones de grupos de interés particulares, convicciones desarrollistas de gobernantes, operadores y planificadores, entre otras. La muerte lenta que se ha generado en la laguna de Urao provocada, entre otras cosas, por el aumento de las construcciones autorizadas por Inparques, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y el municipio Sucre (estado Mérida) (caso n.º 8); o los efectos negativos que provocan los emprendimientos agrícolas particulares de Mérida en el río Santo Domingo de Barinas (caso n.º 10) y los humedales de Urumal (caso n.º 9), son el reflejo de falencias y omisiones del control estatal en procesos que podrían haber sido regulados y gestionados de mejor manera.
Por último, aunque su rol haya sido secundario, es necesario detallar brevemente cómo se han expresado los dispositivos de violencia en los conflictos ecológico-distributivos analizados. Estos han estado vinculados principalmente a casos ubicados en las nuevas fronteras de las commodities y relacionados a procesos de militarización. Por ejemplo, el pueblo wayuú ha sufrido un incremento de la criminalización y una intensa militarización en sus territorios, en la zona fronteriza con Colombia, la cual ha producido confrontaciones violentas y muertes de varios de sus integrantes. En la misma región (Sierra de Perijá), el emblemático cacique Sabino Romero, líder indígena que luchó contra la expansión de la minería de carbón, fue asesinado en 2013, a pesar de las continuas denuncias sobre las amenazas que cernían sobre su vida (caso n.º 2). Los ye’kwana y sanemá del Caura han denunciado permanentemente ataques y abusos de funcionarios militares, lo que ha provocado enfrentamientos entre estos (caso n.º 26). Los casos descritos están relacionados con las intensas disputas que se desarrollan en los estados Bolívar y Amazonas alrededor de la minería ilegal de oro, diamantes y coltán, y los mecanismos de violencia descritos pueden coincidir con las agresiones que bandas criminales vinculadas a esta actividad ejercen sobre los pueblos indígenas.
La evidencia expuesta revela claramente la ecuación planteada por Maristella Svampa de “a mayor extractivismo menor democracia” (Garay, 2015), incluso si el modelo desplaza a una parte de las corporaciones transnacionales de los emprendimientos económicos y procede a estatizarlos; o bien si amplía la distribución de los excedentes monetarios a mayor parte de la población, lo cual no sólo se hace a costa de la discriminación y marginación de grupos sociales y la degradación ecológica de los territorios –lo que podría catalogarse como clasismo y racismo ambiental−, sino que esto es posible sólo en períodos de bonanza rentista, al tiempo que alimenta un modo de vida insostenible (principalmente en las ciudades).
En el caso venezolano, que desde la década de 1960 difundió una imagen de democracia estable y que en los últimos años ha sido conocida por llevar adelante una revolución socialista, la justicia ambiental ha enfrentado y enfrenta enormes obstáculos ante un modelo político hipercentralizado (Watts, 2001), en el cual la influencia y poder de la industria petrolera y en general de las élites que controlan y gestionan el Petro-Estado (subrayando el rol del sector militar y el Partido Socialista Unido de Venezuela), tienen aún gran capacidad para asimilar y absorber buena parte de los conflictos ecológico-distributivos. Es clara la carencia de un sistema político e institucional que facilite la consecución de la justicia ambiental y no parece existir la disposición para generar cambios profundos en los dispositivos de operación del eco-régimen y en la estructura de desigualdades en la distribución ecológica. En cambio, a medida que la economía entra en fases más recesivas, prevalece la lógica empresarial en las iniciativas estatales y la necesidad de maximización de las ganancias y de la externalización socio-ambiental.
4. Venezuela: ¿hacia un nuevo período histórico?
4.1 Adiós al neoextractivismo progresista
El proceso bolivariano se encuentra en una encrucijada. Además de la crisis actual y las intensas disputas políticas, esto ocurre por la confluencia de los factores estructurales de agotamiento del capitalismo rentístico –la larga crisis 1983-2017 (Teran Mantovani, 2014b)− y factores de orden coyuntural. En el período que va desde 2009 hasta 2013, se va configurando con más claridad un proceso de estancamiento, influido por dinámicas de desgaste del poder constituido, ralentizaciones de la efervescencia popular de períodos anteriores y los serios impactos que la crisis económica global (2008-2009) causa en la economía nacional. Esto va delineando progresivas mutaciones y sutiles giros que evidencian tendencias de transformación (regresiva) interna en relación a los períodos anteriores. La muerte de Chávez marca un punto de inflexión en estas tendencias.
A partir de 2013 hasta la actualidad, nos encontramos en una etapa que podemos denominarla de caotización económica y beligerancia política en la cual la fuerza del bloque chavista y del propio Petro-Estado ha sido mermada significativamente. Este tiempo se ve claramente determinado por el derrumbe de los precios internacionales del crudo desde 2014; la ausencia del presidente Chávez genera una crisis hegemónica y fragmenta los campos en disputa; se desquicia la economía, y la corrupción y las economías informales adquieren un extraordinario auge. Las formas que caracterizan las pugnas políticas van tomando un cariz bélico extremadamente peligroso, las instituciones formales y el contrato social han sido desbordados y los marcos democráticos han sido notoriamente vulnerados por los actores en pugna.
Estos factores han configurado las condiciones y orientaciones de un significativo giro del régimen político, económico y ecológico que ha caracterizado a la Revolución Bolivariana –nacionalismo energético, democracia participativa y protagónica, economía anti-neoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional− lo que se está traduciendo, al menos desde 2014, en una reorganización de la composición del conjunto de actores hegemónicos; de los marcos de negocio y el modo de territorialización –resaltando la Agenda Económica Bolivariana y sus 15 Motores Productivos−; y de los esquemas de gobernabilidad.
A partir del conjunto de políticas propuestas y ejecutadas en este período, es posible adelantar algunos rasgos generales de este giro del extractivismo en el país:
1. El impulso de políticas de flexibilización económica y un “régimen especial de inversiones” (como lo llamara el ex-ministro de petróleo, Eulogio del Pino), como se evidencia, por ejemplo, con la aparición de figuras de participación mayoritariamente privadas, en casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, como lo explicita la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015); o bien formas de flexibilización en las propias políticas de territorialización, como la creación de las Zonas Económicas Especiales o Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional (13/11/2014), que implican una liberalización radical de territorios para su “desarrollo” acelerado. Paraguaná, el eje fronterizo Ureña-San Antonio, el eje Morón-Puerto Cabello, la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco son Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional.
2. Ampliación planificada de las fronteras y cuotas de extracción a escala nacional, resaltando proyectos de inversiones foráneas para el incremento de la “producción” en la Faja Petrolífera del Orinoco; búsqueda de reconexión de pozos en el occidente del país; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore , con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza; re-impulso y reactivación de las obras del Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya; conformación de empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco como “Siembra Minera” (proyecto “Las Brisas”, oro) o “Parguaza” y “Oro Azul” para la extracción de coltán; reactivación de minas que cayeron en el reciente período de crisis como Loma de Níquel y Carbozulia, junto a proyectos más pequeños de minería no metálica en varias partes del país; así como la creación de la Faja Pesquera en la fachada Caribe-Atlántica; entre otras.
3. Vinculación del relanzamiento del extractivismo con mecanismos de financiarización de los llamados recursos naturales y endeudamiento público externo, tales como la certificación de reservas (Proyecto Magna Reserva Minera) o el pago de deuda con commodities (hipotecamiento de los bienes comunes y los territorios).
4. Alianza directa y formal entre el sector militar y corporaciones transnacionales para la gestión de emprendimientos extractivos, como lo ocurrido con la conformación de la empresa militar CAMIMPEG y su asociación en empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco.
5. Configuración de los marcos de un estado de excepción continuo, el cual se ha materializado a través de los decretos que, desde enero de 2016, declaran el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional, prorrogados permanentemente desde entonces. En el Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 se indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.
6. En este marco de situación extraordinaria, de intenso conflicto político en el país y de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se impulsa una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” - OLP) y la securitización militar de las áreas de recursos naturales estratégicos.
Este es el marco político que se está configurando en este período post-2013 en Venezuela, el cual, como se evidencia, replantea la forma y la intensidad de los procesos de apropiación y capitalización de la naturaleza y de la gestión de las desigualdades en la distribución ecológica. Estamos probablemente ante un nuevo escenario histórico de acumulación por desposesión en el país y un proceso de (re)colonización de las nuevas fronteras de los commodities, lo que en concreto está representando un asalto final a los pueblos indígenas y las últimas áreas protegidas del país.
La alianza fundamental de poder sector militar/corporaciones transnacionales traza las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los recursos naturales, al tiempo que parece conformar un esquema de gobernabilidad en el que las formas más democráticas que caracterizaron a este proceso político previamente parecen ponerse en suspenso, mientras los entramados socio-territoriales son permeados por las lógicas de militarización y securitización. En este contexto las narrativas eco-socialistas ofrecidas por el Gobierno Bolivariano son cada vez más disonantes, como se constata con la creación del “Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico”, la conformación de empresas mineras mixtas “ecosocialistas” o “empresas ecológicas turísticas” que deforestan decenas de hectáreas de manglares en el Parque Nacional Morrocoy.
El agotamiento histórico del modelo rentista petrolero venezolano podría implicar también el agotamiento de los dispositivos de asimilación de los conflictos ecológico-distributivos ejecutados por el Petro-Estado, por lo que éste podría recurrir a otras modalidades para confrontarlos, apelando aún más al uso de la violencia.
La reorganización del eco-régimen del Petro-Estado, en la medida en la que intensifica y desregula los procesos de apropiación de la naturaleza, agudiza también directa o indirectamente los focos de conflicto socio-ambiental, mientras consolida un marco de excepcionalidad en el cual los ecologismos populares ven fragmentarse el marco político y de derechos en el que se ha desenvuelto su dinámica de interpelación, demanda y movilización.
En el contexto de lo antes expuesto y del agotamiento del período progresista en América Latina (Modonesi, 2015; Peters, 2016; Svampa, 2016), conviene re-examinar el difundido concepto de neoextractivismo progresista (Gudynas, 2009; Svampa 2013, Acosta 2011), el cual ha servido para caracterizar cómo gobiernos como el venezolano han impulsado una serie de novedades en sus políticas, prácticas y narrativas sin alterar el modelo extractivista, y por tanto, sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos. Las diferencias y particularidades señaladas por este concepto, respecto a las prácticas extractivistas realizadas en el pasado, o bien respecto a gobiernos de corte conservador y neoliberal, parecen desvirtuarse o perder vigencia y nitidez ante los cambios en curso.
La borrosidad actual de la distinción entre progresismo y neoliberalismo, las notables dificultades económicas y materiales para sostener el mantenimiento y crecimiento de las políticas de financiación de masivos programas sociales, y los límites para apuntalar una política soberana sobre los recursos, ante el avance de mecanismos de flexibilización económica, evidencian que, los elementos diferenciadores que delimitaron los neoextractivismos latinoamericanos parecen estar disolviéndose. Este concepto ha sido útil para evaluar críticamente los procesos de transformación social y política ocurridos en Latinoamérica en los últimos 15 años, pero podríamos afirmar que se trata de un concepto notablemente coyuntural. Estamos ante la probable configuración de otra fase del extractivismo en la región, que será necesario intentar definir con mayor precisión.
4.2 Estructuras delincuenciales, disputas por los bienes comunes y la emergencia de nuevas soberanías
La severa crisis del período actual (2013-actualidad), que se expresa en las dificultades de acceso a los alimentos, el aumento extraordinario de los precios de los productos, la afectación de las políticas sociales de distribución de la renta, la reducción de oportunidades en el sector laboral formal, la intensificación de la crisis energética nacional, entre otros factores, han fortalecido el crecimiento y robustecimiento de las economías informales y subterráneas. Esto se evidencia no sólo en el desarrollo masivo de mecanismos de apropiación informal de dinero, bienes de consumo y gasolina, sino también en los bienes comunes, lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país, principalmente en las nuevas fronteras de la extracción.
Sea en términos de sobrevivencia o bien para el usufructo de grupos de contrabando, se ha incrementado el tráfico de madera (7 de los casos de estudio está vinculados de forma secundaria con este tipo de actividad extractiva informal), contrabando o bachaqueo de agua (Bolívar, 2015), hurto generalizado de cultivos en numerosas parte del país (Hurtado, 2017), tráfico de especies protegidas y tal vez la que tiene mayor dimensiones e incidencia, la minería ilegal en la Región Guayana (fundamentalmente oro, diamantes y coltán).
Como ha sido mencionado, en todo el territorio de los estados sureños Bolívar y Amazonas, se despliegan numerosos casos de minería ilegal, como por ejemplo los de El Callao; en la cuenca del río Caura; en el municipio Gran Sabana, en el río Atabapo, en el muncipio Manapiare o en el río Ocamo del estado Amazonas, entre muchos otros. Esta actividad se encuentra en un extraordinario crecimiento al menos desde hace una década y refleja que una parte de los impactos del extractivismo también se producen fuera de los marcos directos del Petro-Estado, sus instituciones y empresas nacionales. La escala de estos fenómenos en las nuevas fronteras de las commodities es considerable, no sólo en extensión sino también en intensidad. De acuerdo con quien fuera ministro de petróleo, Eulogio del Pino (2016), entre 10 y 15 toneladas de oro son sacadas del país cada año a partir de la minería ilegal. La más alta cantidad de “producción” de la minería de oro formal desde 1998 fue de 12,23 toneladas en 2009 (USGS, 2015). Si tomamos en cuenta la caída de la producción legal para el año 2014 (1,09 toneladas) esto significa que en la actualidad alrededor del 90% de la extracción de oro en Venezuela provendría de la actividad ilegal.
Bandas criminales y grupos armados irregulares aparecen en casi todos estos casos como actores que ejercen notable poder e influencia en estos territorios, usando formas de violencia extrema, como es evidente en casos como los de El Callao y el Alto Paragua en el estado Bolívar. Entre algunos de los grupos mencionados por las comunidades y organizaciones movilizadas se cuentan los llamados sindicatos mineros, bandas criminales fuertemente armadas que tienen especial presencia en la zona Municipios Mineros Orientales o diversos frentes de la guerrilla de las FARC en las zonas Municipio Cedeño, Autana-Puerto Ayacucho-Eje Carretero y Sur-Occidental fronteriza, entre otros. El crecimiento en importancia y el poder territorial que han desarrollado estos grupos en los últimos diez años les han otorgado un significativo rol en los conflictos de distribución ecológica y un notable posicionamiento estratégico en las nuevas fronteras de las commodities. Además, no solo están disputando, administrando y controlando minas ilegales en estas zonas, sino también están produciendo nuevas territorializaciones en el sentido de crear regímenes de poder local, impulsar grandes transformaciones de la naturaleza –deforestación, contaminación de ríos con mercurio, pérdida de biodiversidad− y establecer economías locales específicas, permeando así el tejido social.
Junto con los mecanismos de violencia, estos grupos de actores crean sus propios dispositivos de asimilación en la medida en la que integran a la población local a las dinámicas de la minería ilegal, incluyendo parte de los pueblos indígenas, lo cual genera un tremendo impacto cultural en ellos. Se ha creado un eco-régimen informal el cual está en algunos casos más allá del Estado y compromete aún más la justicia ambiental. Analizado en su extensión geográfica y su creciente sofisticación de operación y organización, esta forma de extractivismo podría estar configurando un modo de territorialización en sí, que disputa a los patrones tradicionales de poder del Petro-Estado en estos territorios.
Sin embargo, estos procesos no deben ser analizados sólo como la emergencia de un poder externo a la hegemonía del Petro-Estado. Como se ha registrado en los casos en estudio, en casi todos los conflictos en las nuevas fronteras de las commodities se han producido colusiones, cooperaciones y articulaciones entre los ámbitos de lo formal (principalmente el sector militar) y lo informal, entre lo legal y lo ilegal, lo que realmente permite que la minería ilegal funcione en estas áreas. No existe una separación pura entre estos ámbitos.
Los enfoques dominantes en el debate sobre el neo-extractivismo se han desarrollado en torno a las estructuras tradicionales de poder y las diversas políticas llevadas adelante por los gobiernos progresistas latinoamericanos. Una coalición o hibridación entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, en las cuales gobernanzas descentralizadas y de carácter delincuencial tendrían un importante rol en la apropiación y gestión de los territorios y recursos, presenta una nueva forma de poder territorial, un potencial nuevo modo de territorialización que es también necesario atender. Algunas mutaciones de las instituciones políticas tradicionales podrían estar desarrollándose, lo cual plantea una discusión sobre nuevas formas de estatalidad en Sud y Latinoamérica en el siglo XXI –el caso mexicano es tal vez el más emblemático (Saxe-Fernández, 2014; Zibechi, 2014)−, en un contexto de profunda crisis civilizatoria.
4.3 Desde los intersticios: ecologizar desde la reproducción de la vida
Los ecologismos venezolanos actuales están configurados al menos por cuatro oleadas generacionales: una tradicional, arraigada en la pluralidad de cosmovisiones y valoraciones sobre la naturaleza, la vida socio-ecológica, la cultura y los paisajes locales; una segunda, que florece desde los años 80 y 90, al calor de las movilizaciones más vigorosas del ecologismo venezolano, previas a la instauración de la Revolución Bolivariana; una tercera que se constituye en el seno de los códigos revolucionarios a lo largo de este período, pero que también bebe de las experiencias vividas a escala organizativa y de politización simbólica en el proceso; y una última, que está en gestación en este período de colapso, crisis y confusión, de aprendizajes recientes ante formas de caos generalizado, formas extremas de violencia y pérdida de sentido de buena parte de los códigos de la política dominante hasta la fecha.
¿Cómo pueden este conjunto de luchas ecologistas enfrentar los nuevos tiempos que parecen configurarse con tan grandes obstáculos frente a sí, recuperando estas memorias, saberes y haceres que los constituyen? Lo primero que podría asomarse son otra serie de preguntas que traten de seguir esta ruta: ¿qué aprender, por ejemplo, de la potencia de los ecologismos nucleares?, o bien, ¿cómo posicionar sus cosmovisiones, sus lenguajes de valoración, sus estrategias, en el mainstream del debate político? ¿Cómo convertirlos en referente político, en proyecto popular?
En todo caso, el conjunto de luchas venezolanas que hemos analizado evidencian que no conviene de ninguna forma pensar estos ecologismos desde un ideal de pureza completamente comunitario y solidario o con una homogénea vocación ambiental. Tampoco son los tejidos de los grandes movimientos sociales ni de robustos pueblos indígenas andinos. Son, en cambio, entramados sociales muy urbanizados y fragmentados, con una tradición de lucha que podríamos catalogar de levantisca, turbulenta y aluvional –desde las guerras de independencia a principios del siglo XIX hasta el “Caracazo”, podemos rastrear los rasgos de esta tradición− (Teran Mantovani, 2015); o pueblos indígenas caribe y arawaks con sus propias particularidades. Estas luchas pueden ser de identidades muy volubles, de a ratos ambiguas, discontinuas, que desarrollan pragmatismos con relación a la renta petrolera, a su disposición de negociar con el Petro-Estado. Buena parte de lo que catalogamos como ecologismos chavistas o eco-socialistas se han movido en estas dualidades, en esas contradicciones, sin que por eso necesariamente perdieran sus potencialidades o dejaran de abrir canales para la producción de otras subjetividades o el logro de la justicia ambiental.
Antes que recurrir a sus contradicciones y discontinuidades para negar estas formas de ecologismos populares, vale más bien la pena analizar la forma cómo defienden sus medios de vida. Conviene además hallar qué los vincula con el resto de las demandas y luchas populares, que parecen tan distantes en términos de imaginarios sociales y cultura política. Del conjunto de casos que hemos estudiado, en su considerable pluralidad cultural y de situaciones, cada uno se conectaba desde lo vital: todos los grupos movilizados de cada conflicto, sin excepción y sin ponerse de acuerdo, eran defensores del agua. Y en realidad, todos y cada uno de los humanos somos potenciales defensores del agua.
Aquí es donde parece que podemos retornar a la metáfora antropológica de la Venezuela profunda, buscando esas formas esenciales de ecología popular que han sido arropadas durante décadas por la cultura del petróleo, pero que brotan de diversas formas y en diversas intensidades cuando la relación metabólica del sujeto con la vida ecológica es perturbada. Estos ecologismos populares están, pues, en todos los intersticios del sistema de dominación, en sus grietas, sin haber emergido aún con masividad histórica, pero constituyendo al tejido social venezolano. Desborda las identificaciones de opositor y chavista, las generacionales, las rurales y urbanas, las de obreristas e indigenistas.
Adicionalmente, hay un factor contemporáneo que merece ser mencionado. Existe una subjetividad que, desde una valoración económica, tiene la potencialidad para producir configuraciones sociales favorables a la centralidad de la reproducción de la vida en los territorios: el comunero. Este no sólo nos remite a los sujetos de ámbitos rurales, semi-urbanos, urbanos, indígenas, que son capaces de ponerse de acuerdo y gestionar por sí mismos su vida inmediata colectivamente (los bienes comunes), sino también, y ya de manera explícita en relación con el proceso político actual, nos señala todas esas pulsiones contrahegemónicas que, desde abajo, asumieron como proyecto popular de amplia escala la idea de la Comuna, como base del ideario revolucionario bolivariano. Más allá de la lógica corporativa que intentaba imponer el Petro-Estado, numerosas organizaciones campesinas y de agricultura urbana, comunidades indígenas, colectivos estudiantiles, de mujeres, artistas y cultores populares, redes de trueque, grupos ambientalistas, entre otros, asumieron el proyecto como suyo y lo instalaron en su horizonte. Queda por evaluar con el tiempo si el proceso ha logrado cierto viraje cultural o si, por el contrario, el entorno de estancamiento y crisis del proyecto bolivariano ha terminado socavando las afecciones a la comuna, a lo comunitario.
Es claro que en un entorno tan hostil, las contradicciones pueden brotar con mucha facilidad y tensionar notablemente ese horizonte de lo común, como de hecho ocurre con frecuencia en este período en el país. Una muestra significativa de ello es el caso de los indígenas pemón del Alto Paragua, en el estado Bolívar. En 2011 los indígenas se organizan y se alzan contra los grupos armados irregulares y los militares que ejercen la minería ilegal de oro en sus territorios. Retienen a 22 militares, desalojan a los mineros y ocupan la mina Tonoro. Como forma de defensa comunitaria, de sus recursos y territorios, varios indígenas fundan en la mina la comunidad independiente de Musuk Pa, desde la cual ejercen la minería en el sector con motobombas y mercurio, establecen sus propias pautas comunitarias de vida y crean sus propias estructuras de autodefensa contra los numerosos peligros que los acechan. Líderes indígenas se han declarado “proambientalistas”, pero expresan que por el momento el asunto ambiental no es su prioridad. Y afirman que las condiciones de intensas disputas por sus territorios los han llevado a explotar ellos mismos estos recursos, procurando alcanzar la forma menos dañina para la explotación, con sus propias reglas comunitarias y que esta vez beneficie directamente a los habitantes de los territorios.
Estas contradicciones son muy relevantes en la medida en la que señalan que estos tejidos comuneros con potencial para la defensa de la reproducción de la vida no sólo son agredidos por agentes externos, y por la condiciones críticas que los presionan a asumir ciertas formas de apropiación económica y no otras, sino que también afectan su propia constitución imaginaria y sus propios lenguajes de valoración, sus propias perspectivas de naturaleza, lo que resalta además por tratarse de pueblos indígenas. Se pone así sobre la mesa un crucial debate sobre los propios horizontes de definición, constitución y posibilidad de lo común, ya no sólo en su concepción ideal, sino también en la forma que adquiere en la concreción material de la vida cotidiana en los territorios.
De cualquier manera, las condiciones ambientales en todo el país están creando una situación crítica de insostenibilidad a escala nacional. El conjunto de luchas que analizamos revelan una geografía de afectaciones a las fuentes de agua en toda Venezuela, impactada no sólo por el flujo de sustancias tóxicas sino también por las perturbaciones que proyectos de desarrollo o actividades mineras provocan en los sistemas hidrológicos. Si a esta cartografía le sumamos la pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria que se va provocando, tenemos un conjunto de condiciones socio-ambientales que muy probablemente generará más conflictos y luchas en un futuro no lejano.
Aunque un grupo de estas luchas se ha deteriorado con el tiempo, la considerable mayoría ha logrado mantenerse estable a pesar de las numerosas adversidades. Las condiciones descritas revelan enormes obstáculos para la consecución de la justicia ambiental, pero a la vez evidencian potencialidades para estas movilizaciones. La entrada en un probable nuevo período histórico en el país podría generar la aparición de novedosas narrativas y formas de lucha, así como la aparición de nuevos actores, en lo que podríamos catalogar como la cuarta generación de los ecologismos populares.
5. Conclusiones
Presentamos una geografía de conflictos ecológico-distributivos en la Revolución Bolivariana en la cual se evidenció una marcada injusticia ambiental para las comunidades, organizaciones y pueblos que se movilizan contra estos procesos de degradación, discriminación y despojo en sus territorios. El proyecto bolivariano se ha configurado también como un régimen de valoración, apropiación y capitalización de la naturaleza y el Petro-Estado ha actualizado el eco-régimen histórico, su modo de territorialización y su estructura de desigualdades en la distribución ecológica.
La minería aparece como la actividad más conflictiva en el país, tanto en número como en intensidad, mientras que la actividad petrolera, que domina ampliamente la economía nacional, genera la mitad de conflictos que la extracción minera y éstos suelen tener baja intensidad. Esto es debido a la capacidad de asimilación que, por décadas, ha instaurado la industria petrolera en Venezuela, al tiempo que ha desarrollado múltiples mecanismos de distribución económica para compensar las desigualdades en la distribución ecológica.
Los pueblos indígenas son los grupos que plantan las resistencias más vigorosas, teniendo además presencia en casi la mitad de los casos, aunque sólo representan el 3% de la población del país. A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación informal sumamente dañinas. Encarnan modos de vida y saberes que ofrecen importantes aprendizajes para construir alternativas al modelo rentista petrolero y al propio modelo civilizatorio.
Desde el análisis detallado de la diversidad de ecologismos que se han movilizado en la Revolución Bolivariana, se resaltó no solo las formas como estos se movilizan para alcanzar la justicia ambiental sino también el conjunto de cosmovisiones que encarnan, no solo más vinculadas al mundo socio-ecológico y el valor de la vida, sino también a lo que hemos denominado la Venezuela profunda, una que existe entre los intersticios de la vida del país y sus territorios, simbólicamente distante de la hegemonía crematística de la valoración de la renta petrolera, de la siembra petrolera, de las lógicas neoliberales, pero también del patrón desarrollista que permeó el ideal revolucionario bolivariano.
Destacamos la configuración de un nuevo extractivismo, que ya no es el llamado neoextractivismo progresista, sino uno que se conforma como un régimen de radicalización de la apropiación y capitalización de la vida, no sólo por sus políticas de flexibilización económica a favor del capital transnacional, sino también por su acelerado salto hacia las nuevas fronteras de los commodities, destacando el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco. A su vez, el esquema de gobernabilidad propuesto supone una creciente militarización de la vida, en un marco político de permanente estado de excepción y conflicto social, lo que abre el camino para una potencial criminalización de las luchas socio-ambientales.
El crecimiento y proliferación de grupos armados vinculados a la apropiación informal/ilegal de bienes comunes constituye un extraordinario desafío para la consecución de la justicia ambiental. Estos grupos controlan cada vez más territorios y tienen cada vez mayor incidencia socio-económica en ellos. Planteamos que se ha estado creando un eco-régimen informal, el cual está en algunos casos más allá del Estado, y podría estar configurando un modo de territorialización en sí, el cual disputa a los patrones tradicionales de poder del Petro-Estado en estos territorios.
Por último, analizamos las potencialidades y limitaciones que los ecologismos populares venezolanos tienen ante los nuevos tiempos que se configuran. Quedan abiertas múltiples interrogantes, no sin dejar de advertir que el severo incremento de la devastación ambiental puede generar condiciones para que las valoraciones ecológicas se posicionen en niveles más altos de consideración social.
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