El giro eco-territorial de las luchas y la revalorización de la matriz comunitaria

28 de junio de 2013
Maristella Svampa: “En Argentina hay una exacerbación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave peronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de desposesión”
Maristella Svampa (1961) es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad de la Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Conferencista internacional, es autora de varios libros en los que analiza diversas realidades sociales, políticas y económicas en el ámbito latinoamericano, entre ellos “La brecha urbana. Countries y barrios privados en Argentina”, “Minería transnacional. Narrativas del desarrollo y resistencias sociales” y “El dilema argentino: civilización o barbarie”. En América Latina, explica la socióloga e investigadora argentina, se viene ejecutando una segunda fase del criminal modelo neoliberal que tantos perjuicios económicos, sociales y políticos generó a la región durante el último cuarto de siglo, mediante la puesta en marcha de lo que se ha dado en llamar la “locomotora minera” para significar unas supuestas ventajas y oportunidades económicas. Este modelo conocido como extractivismo (explotación de los recursos naturales) tiene en la minería de cielo abierto, “la actividad más perversa en la medida en que muestra lo peor: desposesión y despojo descarnado, altos índices de contaminación del medio ambiente, aprovechamiento al máximo de los territorios objeto de explotación no dejando ganancias económicas para los países, y amenaza a la democracia y a los derechos humanos”. Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar minería con creación de puestos de trabajo, señala Svampa, frente a lo cual, agrega, “suele ocultarse que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales que crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad menos empleo genera y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su labor: la mayor parte es ganancia del capital”. En Argentina, por ejemplo, pese a las promesas de los megaemprendimientos mineros, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. El modelo minero a cielo abierto que han adoptado varios gobiernos latinoamericanos en la última década “no solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimerización de la economía, la desposesión social y amenaza a las democracias”. Para Svampa, un nuevo consenso se ha extendido entre los gobiernos de la región. La valorización financiera ha dado paso a economías basadas en la exportación de bienes primarios a gran escala. Esto es, se ha pasado del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera (que conllevó políticas de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meramente regulador), al Consenso de los Commodities (entendiendo el concepto de “commodities” en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo) y biocombustibles. Desde el punto de vista social, este proceso conlleva la profundización del despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en alianza con los diferentes gobiernos, como actores principales. Para analizar con detenimiento las consecuencias del modelo extractivista y uno de sus principales componentes, la explotación de la minería metalífera, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano dialogó en Buenos Aires con esta destacada científica social. La entrevista, a cargo de Fernando Arellano Ortiz, fue publicada en “La Haine”, portal de Internet de contrainformación de España, el 9 de mayo de 2013.

El modelo extractivista en América Latina en el que sobresale la explotación de minas de oro a cielo abierto tan funesto desde el punto de vista medioambiental, ¿corresponde como lo han señalado algunos investigadores sociales a una segunda fase del esquema del neoliberalismo en el que paradójicamente están comprometidos algunos gobiernos que se denominan progresistas?

En 2006 cuando comencé a escribir sobre estos temas yo planteaba que, efectivamente, esta es la segunda fase del modelo neoliberal. La primera estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que este análisis no es del todo representativo porque ello implicaría ver solo un costado del problema. En los últimos tiempos he estado repensando el tema y creo que el panorama es mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez años. Además han emergido gobiernos de izquierda o de centro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categorización y es hablar del paso del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities que me parece que da cuenta mucho mejor del cambio de escenario económico que implica que las economías latinoamericanas que siempre han sido adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo marco de la nueva división del trabajo territorial y global por el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez más. En algunos casos acompañan la consolidación de una matriz neoliberal como pueden ser los casos de Colombia, México, o Perú, y en otros casos viene acompañado de reformas, de procesos de centroizquierda y de izquierda que aparecen en escenarios específicos como Bolivia, Argentina, más allá de la diferencia que hay, caracterizados por lo nacional-popular.

¿Se puede señalar que la privatización de los recursos naturales a través del modelo extractivista es parte de la consolidación del modelo neoliberal?

Cuando se habla de la mercantilización de los bienes de la naturaleza no hay que olvidar que eso se hizo en la década de los ‘90 y lo que ha habido es la consolidación de ese modelo. En esa década lo que se hace es desarrollar el marco jurídico a partir del cual se posibilita la comercialización de recursos naturales, y sobre todo, se hace el ajuste sectorial en relación con la minería a cielo abierto.

En el desarrollo de este proceso usted habla de desposesión, ¿por qué?

En líneas generales el capitalismo hoy en día, como dice David Harvey, acentúa más lo que es la acumulación por desposesión que la acumulación por reproducción ampliada, retomando la concepción de Rosa Luxemburgo y otros teóricos; en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que leer es con qué está coexistiendo esa dinámica de desposesión y hay que dar cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos sólo de lógica o dinámica de desposesión estamos perdiendo de vista otros procesos políticos y simbólicos que son importantes en América Latina. Digo esto tratando de subrayar esos procesos. En Argentina, por ejemplo, veo que hay una exacerbación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave peronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de desposesión.

¿En qué sentido?

En el sentido de que coexisten varios modelos de desarrollo: hay un modelo industrial relativamente reactivado que es defendido como el gran avance por parte del gobierno, hay un modelo de agronegocios, otro de acaparamiento de tierras que habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los megaemprendimientos turísticos y también está el de la minería a cielo abierto. Esas tres cuestiones modales están lejos de ser un costado débil del gobierno argentino, es en realidad parte del principio mismo del modelo de dominación. Por eso hay que analizar esa coexistencia dañina.

Hablemos del caso concreto de la minería…

En el caso de la minería uno se encuentra con una suerte de figura extrema, porque la misma es un modelo que sintetiza devastación institucional dado que tiene un marco jurídico que favorece ampliamente a las grandes empresas transnacionales. Es un modelo de expoliación económica porque no deja ganancias en el país, lo que crea son economías de enclave como espacios socioproductivos absolutamente dependientes sin crear desarrollo endógeno, y además estimula y genera depredación ambiental. Entre todas las actividades ligadas al extractivismo, la minería de cielo abierto es la más perversa en la medida en que muestra lo peor.

Pero además, usted ha señalado que la minería de cielo abierto atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué?

Ese es un tema muy importante porque, a la hora de debatir si se hace minería a cielo abierto, se tratan de involucrar por lo general en los distintos países argumentos económicos ligados a la rentabilidad del sector o argumentos sociales en el sentido de las ventajas que se obtienen de la explotación de los recursos naturales. Se afirma que se pueden desarrollar políticas sociales compensatorias y suele dejarse de lado todo lo que tiene que ver con la efectiva violación de derechos humanos. El extractivismo abre un nuevo capítulo en la violación de los derechos humanos porque, hablando de los contrastes y de las grandes paradojas en América Latina, hoy en día lo que observamos es que este modelo de desposesión viene acompañado de una expansión de la frontera de los derechos: los derechos ambientales, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los derechos fundamentales en general que aparecen en la letra de nuestras constituciones y raras veces son cumplidos. Cuando hablamos de extractivismo aludimos a “desarrollo” entre comillas a gran escala, lo que supone decir una gran envergadura y por ende el impacto sobre la población va a ser mayor. Con lo cual, esto coloca mucho más en el centro la necesidad de que sean discutidos de manera participativa y democrática por aquellos que están necesariamente involucrados como comunidad afectada. Es decir, que la cuestión de la democracia es central para evitar el impacto que tienen estos modelos. Entonces, uno de los elementos fundamentales a la hora de analizar el extractivismo consiste en subrayar el déficit de democracia en el cual nos instala porque no se consulta a las poblaciones y estos modelos avanzan sin el consenso de las mismas. Por lo general se escamotean las consultas previas que deben hacerse a los poblaciones indígenas o las consultas públicas que deben hacerse a las poblaciones urbanas o rurales. Ahí radica uno de los grandes peligros que, en nombre de las ventajas comparativas dado el alto precio de los “commodities”, en nombre de políticas sociales compensatorias que se pueden llevar a cabo con la rentabilidad que produce la explotación, se está violando el derecho de las poblaciones a decir no a un tipo de emprendimiento o supuesto modelo de desarrollo que afecta no sólo el estilo de vida, su presente, sino el futuro de las generaciones. En el caso del modelo minero es un modelo de mal desarrollo no solamente porque contamina y no deja ganancias económicas sino porque amenaza la democracia, al menos la democracia bien entendida que implica sostener una política de participación, de discusión y debate de los modelos o supuestos modelos de desarrollo para la adopción de decisiones.

Usted también ha analizado pormenorizadamente el grado de conflictividad social que generan los proyectos de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la situación de América Latina en ese sentido?

En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados por las empresas mineras o los gobiernos con las comunidades. Se pueden observar los casos de México, varios países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, y en Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente ciento viente conflictos activos que involucran a más de ciento cincuenta comunidades afectadas a lo largo de toda la región. En Perú, donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera, los conflictos por esta actividad concentran el 70% y éstos a su vez, representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país.

El impulso del modelo extractivista en América Latina responde, ha dicho usted, no sólo a una decisión económica o ambiental, sino política…

Efectivamente, porque de lo que se trata es de saber si queremos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones en nombre de las “nuevas oportunidades económicas”, el nuevo consenso de los “commodities”, y de un falso desarrollo. Infortunadamente no hay plan estratégico en los países de América Latina para enfrentar la explotación de recursos naturales.

Tras este completo análisis y desolador panorama, ¿cuál cree que es la alternativa política para contrarrestar el modelo extractivista en América Latina?

El punto de partida para pensar en alternativas a este modelo radica en el giro eco-territorial de las luchas que atraviesa la región y plantean una redefinición de las reglas de juego, cuestionando el modelo de desarrollo y las lógicas de acumulación. Por giro eco-territorial hay que entender la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad -que expresa la convergencia entre visión ambientalista y revalorización de la matriz comunitaria- no se halla restringido al ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias campesinas e indígenas. También se expande al ámbito urbano, sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores involucrados. Desde el punto de vista económico se debe exigir altos impuestos a las actividades extractivistas, así como a las sobreganancias de las transnacionales por la explotación del sector energético.