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Dictadura de la mayoría
Brasil en Rojo
Desinformémonos
Spensy Pimentel
8 noviembre 2018
La clásica discusión sobre las democracias como una especie de “dictadura de la mayoría” en ciertas circunstancias gana significados nuevos con la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil.
No fueron pocas las veces en que durante su larga campaña de los últimos años – como ex militar, diputado y webcelebridad, ya venía rodando todo el país en acalorados comicios, com imágenes abundantemente disponibles en internet – el político disparaba frases de alta densidad como: “Las minorías deben doblarse a las mayorías” o “Las minorías se adaptan o simplemente desaparecen”.
Como demostró el resultado en las urnas el 28 de octubre, la idea de hacer “un gobierno para la mayoría” tuvo un fuerte atractivo popular, predominantemente en la parte centro-sur del país, más blanca y con mayores índices de renta y desarrollo económico y social. La polarización entre el PT y la derecha principalmente representada por Bolsonaro (pero también por sectores del PSDB y otros partidos tradicionales) fue impresionante, una vez más: los mapas de resutados electorales mostraron una intensa división entre Norte y Sur del país que persiste desde 2010.
Por cierto, parece haber sido decisivo en el resultado final el pésimo desempeño del PT en dos estados populosos del Sudeste que viven fuertemente el encuentro entre esos dos mundos del sur y del norte – Río de Janeiro y Minas Gerais. En el caso de Brasil, el PT eligió al gobernador en 2014, pero, aún, candidato a la reelección, Fernando Pimentel fue sólo el tercero más votado.
Esta “mayoría” que vence la elección con Bolsonaro, es bueno recordar, representa en realidad poco más de un tercio del electorado (57,7 millones, o 39,2%). El PT, con sus 47 millones de votos ahora (54 millones en 2014), no fue derrotado sólo por la oposición férrea, pero, mucho, por el desaliento que, con la adhesión a tantas malas costumbres de los partidos tradicionales, causó la parte de los 42,5 millones de personas que votaron blanco, nulo o simplemente no se presentaron a las urnas – en Brasil, el voto es obligatorio, pero la multa por no votar es irrisoria, menos de US$ 1.
De cualquier manera, habas o votos contados, la única posibilidad imaginable actualmente de que el gobierno de Bolsonaro no suceda sería una impugnación de su candidatura por el Tribunal Superior Electoral, en función de eventual confirmación, por investigación policial, de las denuncias, publicadas en la prensa una semana antes de la segunda vuelta, de abuso económico en la campaña, por medio del envío de mensajes de whatsapp pagados por empresarios. Considerando, sin embargo, la actuación del Poder Judicial en los últimos años en el país, una acción más enérgica es más que improbable.
Así pues, tendremos un gobierno que, ciertamente, bajo un discurso de extrema derecha, ampara en una coalición de intereses muy diversa, incluyendo sectores militares, una élite ultraliberal y un sector popular hiperconservador, sobre todo ligado a las iglesias neopentecostales. Brasil, actualmente, vive una masiva conversión evangélica y hay demógrafos que ya proyectan para la próxima década un país de mayoría protestante. Es bueno tenerlo en mente porque, cuando Bolsonaro habla en “mayoría”, está, sobre todo, resonando discursos de políticos evangélicos, que a menudo alegan que, a pesar de laico, Brasil tiene casi el 90% de cristianos, que compartieron preceptos morales hoy “marginados” en función del relieve dado por los gobiernos del PT a las llamadas “minorías”. No por casualidad, el mote principal de la campaña ganadora fue “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”.
Lo que hace muy peculiar todo lo que ocurre ahora es que el proceso en que esa mezcla ganó liga fue, vean sólo, el ciclo de manifestaciones de calle vivido desde 2013 en Brasil. Inicialmente llamada por movimientos autónomos como el Pase Libre y luego turbinada por la fuerte (y entonces muy reciente) presencia del Facebook en país, la movilización fue literalmente hackeada por la derecha, a partir de la bandera del combate a la corrupción. Incluso, el primer gran anuncio en la composición del nuevo gobierno fue el nombre del nuevo ministro de Justicia, el juez Sergio Moro, el mismo que en abril mandó arrestar a Luiz Inacio Lula da Silva (PT), ex presidente que hasta el inicio de septiembre lideraba con holgura las encuestas de intención de voto.
A pesar de que, a lo largo de los años, ha dado varias declaraciones que, en rigor, podrían traer sospechas sobre él (que hacía lo posible para sonegar el máximo posible de impuestos, que utilizaba el auxilio-vivienda como diputado sin necesidad, etc.), Bolsonaro logró convencer a un enorme electorado de que, en 27 años de vida política, no tuvo ninguna implicación en corrupción. Sin pasado evangélico, se casó en 2013 con una fiel de la iglesia de uno de los pastores más conocidos por su actuación política conservadora, Silas Malafaia. En 2016, se bautizó en el río Jordán, en Israel, consolidando públicamente su conversión.
En Brasil, vale observar, la memoria sobre el período de la dictadura militar no fue prioridad en los últimos gobiernos – diferente de lo que se observó en países como Argentina. En un país con el pasado que tenemos – genocidio indígena, esclavitud, etc. – no es de sorprender que el período 1964-85, sin mayores acciones educativas, sea visto como apenas un período en que cierta clase media blanca experimentó, al final, el tipo de persecución al que negros, indígenas y campesinos ya estaban bien acostumbrados a vivir desde siempre.
No es casual que algunos observadores ya apuntan a la elección de 2018 como marco de clausura de la llamada Nueva República, iniciada en la redemocratización de los años 80. La ironía histórica es enorme y, ciertamente, hay muchas figuras – tanto civiles como militares – que desde hace décadas se tragaba en seco términos como “dictadura militar” y “golpe de 64” y ahora abren una amplia sonrisa. Elegir Bolsonaro es, de hecho, cómo probar que es posible, sí, obtener mayoría en una elección para un gobierno militar en Brasil.
Ditadura da maioria
Spensy Pimentel
A clássica discussão sobre a democracia como uma espécie de “ditadura da maioria”, em certas circunstâncias, ganha significados novos com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro no Brasil.
Não foram poucas as vezes em que, durante sua longa campanha dos últimos anos – como ex-militar, deputado e webcelebridade, ele já vinha rodando todo o país em acalorados comícios, fartamente disponíveis na internet – o político disparava frases de alta densidade como: “As minorias devem curvar–se às maiorias” ou “As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem”.
Como demonstrou o resultado nas urnas em 28 de outubro, a ideia de fazer “um governo para a maioria” teve forte apelo popular – predominantemente na parte sul do país, mais branca e com maiores índices de renda e desenvolvimento econômico e social. A polarização entre o PT e a direita principalmente representada por Bolsonaro (mas também por setores do PSDB e outros partidos tradicionais) foi impressionante, mais uma vez: os mapas eleitorais mostraram uma divisão entre Norte e Sul do país que persiste desde 2010.
Por sinal, parece ter sido decisivo no resultado final o péssimo desempenho do PT em dois estados populosos do Sudeste que vivem fortemente o encontro entre esses dois mundos do sul e do norte, tendo bolsões de riqueza e de pobreza lado a lado – Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para que se tenha ideia, em Minas, segundo estado brasileiro mais populoso, o PT elegeu o governador em 2014 mas, agora, mesmo candidato à reeleição, Fernando Pimentel foi apenas o terceiro mais votado.
Essa “maioria” que vence a eleição com Bolsonaro, é bom lembrar, representa, na realidade, pouco mais de um terço do eleitorado (57,7 milhões, ou 39,2%). O PT, com seus 47 milhões de votos agora (54 milhões em 2014), não foi derrotado apenas pela oposição ferrenha, mas, muito, pelo desalento que, com a adesão a tantos maus costumes dos partidos tradicionais, causou a parte dos 42,5 milhões de pessoas que votaram branco, nulo ou que simplesmente não compareceram às urnas – no Brasil, o voto é obrigatório, mas a multa por não votar é irrisória, menos de US$1.
De qualquer maneira, favas e votos contados, a única chance imaginável atualmente de o governo de Bolsonaro não acontecer seria uma impugnação de sua chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, em função de eventual confirmação, por investigação policial, das denúncias, publicadas na imprensa uma semana antes do segundo turno, de abuso econômico na campanha, por meio do envio de mensagens de whatsapp pagas por empresários. Considerando, porém, a atuação do Judiciário nos últimos anos no país, uma ação mais enérgica é mais que improvável.
Assim sendo, teremos um governo que, certamente, sob um discurso de extrema direita, ampara numa coalizão de interesses muito diversa, incluindo setores militares, uma elite ultraliberal e um setor popular hiperconservador, sobretudo ligado às igrejas neopentecostais. O Brasil, atualmente, vive uma massiva conversão evangélica e há demógrafos que já projetam para a próxima década um país de maioria protestante. É bom ter isso em mente porque, quando Bolsonaro fala em “maioria”, está, sobretudo, ecoando discursos de políticos evangélicos, os quais, frequentemente, alegam que, apesar de laico, o Brasil tem quase 90% de cristãos, que compartilhariam de preceitos morais hoje “marginalizados” em função do relevo dado pelos governos do PT às chamadas “minorias”. Não por acaso, o mote principal da campanha vencedora foi “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.
O que torna altamente peculiar tudo isso que ocorre agora é que o processo em que essa mistura ganhou liga foi, vejam só, o ciclo de manifestações de rua vivido desde 2013 no Brasil. Inicialmente puxada por movimentos autônomos como o Passe Livre e turbinada pela expansão do Facebook no país, entre 2011 e 2012, a mobilização foi literalmente hackeada pela direita, a partir da bandeira do combate à corrupção. Não por acaso, o primeiro grande anúncio na composição do novo governo foi o nome do novo ministro da Justiça, o juiz Sergio Moro – o mesmo que, em abril, mandou prender Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente que até setembro liderava com folga as pesquisas de intenção de voto.
Apesar de, ao longo dos anos, ter dado diversas declarações que, a rigor, poderiam trazer suspeita sobre ele (que fazia o possível para sonegar o máximo possível de impostos, que utilizava o auxílio-moradia como deputado sem precisar etc.), Bolsonaro conseguiu convencer um enorme eleitorado de que, em 27 anos de vida política, não teve nenhum envolvimento em corrupção. Sem passado evangélico, ele casou-se em 2013 com uma fiel da igreja de um dos pastores mais conhecidos por sua atuação política conservadora, Silas Malafaia. Em 2016, batizou-se no Rio Jordão, em Israel, consolidando publicamente sua conversão.
No Brasil, vale observar, a memória sobre o período da ditadura militar não foi prioridade nos últimos governos – diferente do que se observou em países como a Argentina. Num país com o passado que temos – genocídio indígena, escravidão etc. – não é de surpreender que o período 1964-85, sem maiores ações educativas, seja visto como apenas um período em que certa classe média branca experimentou, afinal, o tipo de perseguição ao qual negros, indígenas e camponeses já estavam bem acostumados a viver desde sempre.
Alguns observadores já apontam a eleição de 2018 como marco de encerramento da chamada Nova República, iniciada na redemocratização dos anos 80. A ironia histórica é enorme e, certamente, há muitas figuras – tanto civis como militares – que há décadas engoliam em seco termos como “ditadura militar” e “golpe de 64” e agora abrem um largo sorriso. Eleger Bolsonaro é, de fato, como provar que é possível, sim, obter maioria numa eleição para um governo militar no Brasil.