Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición

EXTRACTIVISMO Y NEOEXTRACTIVISMO: DOS CARAS DE LA
MISMA MALDICIÓN
POR ALBERTO ACOSTA

EN LA TRAMPA DE LA MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA
Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas
experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países
del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en
recursos naturales. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se
sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores
dificultades para desarrollarse. Sobre todo parecen estar condenados al
subdesarrollo aquellos que disponen de una sustancial dotación de uno o unos
pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para
aquellas economías dependientes para su financiamiento de petróleo y
minerales.
Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la
literatura especializada como “la paradoja de la abundancia” o “la maldición de
los recursos naturales”. En este contexto, incluso hay quienes han asumido
esta maldición (casi) como un fatalismo tropical: el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (1), en varios de sus reportes anuales y estudios técnicos ha
defendido “un determinismo geográfico del desarrollo: los países más ricos en
recursos naturales y más cercanos al Ecuador [a la línea ecuatorial] están
condenados a ser más atrasados y pobres. (…) Asoma un fatalismo tropical,
donde las naciones ecuatoriales parecen destinadas a la pobreza. (…) A juicio
del BID, cuanto más rico sea un país en recursos naturales, más lento será su
desarrollo y mayores sus desigualdades internas” (Gudynas, 2009c).
Frente a este determinismo geográfico y ecológico no quedaría otra opción que
la resignación. Sin embargo, el BID ofrece una salida. Esa salida, como
sintetiza el mismo Gudynas al analizar las propuestas del BID, “es el mercado y
acentuar todavía más las reformas” neoliberales.
Desde esta visión, el abordaje de los problemas y conflictos derivados del
extractivismo se resolvería con una adecuada “gobernanza” en el manejo de
los recursos naturales. Para lograrlo están las políticas económicas de
inspiración ortodoxa y conservadora, una creciente participación de la sociedad
civil como observadora de los proyectos extractivistas, una mayor inversión
social en áreas intervenidas por el extractivismo para disminuir las protestas
sociales, al tiempo que se transparentan los ingresos que obtendrían las
empresas extractivistas, los gobiernos seccionales y el gobierno central. Los
destrozos ambientales son asumidos como costos inevitables para lograr el
desarrollo. Al no dudarlo, éstas son aproximaciones poco analíticas, carentes
de análisis históricos y desvinculadas de los problemas de fondo.
No hay duda de que la audacia, con grandes dosis de ignorancia y de una bien
programada amnesia en las sociedades, va de la mano de la prepotencia.
Vale decirlo desde el inicio, esta doble maldición de los recursos naturales y la
maldición ideológica sí pueden ser superadas, no son inevitables.
¿QUÉ ENTENDEMOS POR EXTRACTIVISMO?
El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse
masivamente hace 500 años (2). Con la conquista y la colonización de
América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema
capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada
desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del
capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y
producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que
otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras
exportan Naturaleza, las segundas la importan.
Para intentar una definición comprensible utilizaremos el término de
extractivismo cuando nos referimos a aquellas actividades que remueven
grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son
limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a
los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e
inclusive pesquero (3).
En la actualidad la cuestión de los recursos naturales “renovables” debe ser
enfocada a la luz de las recientes evoluciones y tendencias. Dado el enorme
nivel de extracción, muchos recursos “renovables”, como por ejemplo el forestal
o la fertilidad del suelo, pasan a ser no renovables, ya que el recurso se pierde
porque la tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de
renovación del recurso. Entonces, a los ritmos actuales de extracción los
problemas de los recursos naturales no renovables podrían afectar por igual a
todos los recursos, renovables o no.
En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación
colonial y neocolonial. Este extractivismo, que ha asumido diversos ropajes a lo
largo del tiempo, se ha forjado en la explotación de las materias primas
indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global. Y se
lo ha hecho sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, así
como tampoco el agotamiento de los recursos. Lo anterior, sumado a que la
mayor parte de la producción de las empresas extractivistas no es para
consumo en el mercado interno, sino que es básicamente para exportación.
Pese a las dimensiones de esta actividad económica, ésta genera un beneficio
nacional muy escaso. Igualmente gran parte de los bienes, los insumos y los
servicios especializados para el funcionamiento de las empresas extractivistas,
pocas veces provienen de empresas nacionales. Y en los países extractivistas
tampoco parece que ha interesado mayormente el uso de los ingresos
obtenidos.
El extractivismo ha sido una constante en la vida económica, social y política
de muchos países del Sur global. Así, con diversos grados de intensidad, todos
los países de América Latina están atravesados por estas prácticas. Esta
dependencia de las metrópolis, a través de la extracción y exportación de
materias primas, se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad.
Algunos países apenas han cambiado unos cuantos elementos relevantes del
extractivismo tradicional, al lograr una mayor intervención del Estado en estas
actividades. Por lo tanto, más allá de algunas diferenciaciones más o menos
importantes, la modalidad de acumulación extractivista parece estar en la
médula de la propuesta productiva tanto de los gobiernos neoliberales como de
los gobiernos progresistas (4).
ALGUNAS PATOLOGÍAS DEL EXTRACTIVISMO
El punto de partida de esta cuestión radica (5), en gran medida, en la forma en
que se extraen y se aprovechan dichos recursos, así como en la manera en
que se distribuyen sus frutos. Por cierto que hay otros elementos que no
podrán ser corregidos. A modo de ejemplo, hay ciertas actividades
extractivistas como la minería metálica a gran escala, depredadora en esencia,
que de ninguna manera podrá ser “sustentable”. Además, un proceso es
sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin
que se produzca la escasez de los recursos existentes (6). Sostener lo
contrario, aunque se sostenga esta posición en una fe ciega en los avances
tecnológicos, es practicar un discurso distorsionador (7).
La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivista ha conducido
a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas
recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades “rentistas”. Todo esto
profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción,
desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente el
medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y
patrimonialistas desplegadas, que contribuyen a frenar la construcción de
ciudadanía.
Lo cierto es que la gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza las
economías primario-exportadoras, particularmente si se trata de minerales o
petróleo, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los
factores productivos; redistribuye regresivamente el ingreso y concentra la
riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos
endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abundancia de estos
recursos naturales.
Empecemos con la “enfermedad holandesa” (8), un proceso que infecta al país
exportador de materia prima, cuando su elevado precio o el descubrimiento de
un nuevo yacimiento desatan un boom de exportación. La distorsión en la
economía se materializa en la estructura relativa de los precios. Las
inversiones fluyen hacia los sectores beneficiados por la bonanza, entre los que
se cuentan los bienes no transables (no comerciables en el mercado
internacional), por ejemplo, el sector de la construcción. En paralelo se produce
un deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no
se benefician del boom exportador, en tanto pueden ser importados, incluso
debido a la revalorización de la moneda nacional. Luego del auge, como
consecuencia de la existencia de rigideces para revisar los precios y los
salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra
manifestación de dicha enfermedad.
La especialización en la exportación de bienes primarios en el largo plazo
también ha resultado negativa, como consecuencia del deterioro tendencial de
los términos de intercambio. Este proceso actúa a favor de los bienes
industriales que se importan y en contra de los bienes primarios que se
exportan. Entre otros factores, porque estos últimos se caracterizan por su baja
elasticidad de ingreso, ya que se van sustituyendo por sintéticos, porque no
poseen poder monopólico (son commodities, es decir, en la fijación de sus
precios funciona mayormente la lógica del mercado mundial), porque su aporte
tecnológico y de desarrollo innovador es bajo, y porque el contenido de
materias primas de los productos manufacturados es cada vez menor. Esta
última aseveración no desconoce el incremento masivo de extracción y
exportación de recursos primarios en términos absolutos, provocada, por
ejemplo, por el vertiginoso crecimiento de demanda por países como la China y
la India.
Adicionalmente, la elevada tasa de ganancia, por las sustanciales rentas
ricardianas (9) que contiene, invita a la sobreproducción cuando los precios en
el mercado mundial son altos. Inclusive en momentos de crisis se mantiene
esta tentación de incrementar las tasas de extracción. El exceso de oferta, para
tratar de compensar la caída de los precios, hace descender la cotización del
producto en el mercado mundial, lo que termina por beneficiar a los países
industrializados (10). Este proceso desemboca en lo que se conoce como
“crecimiento empobrecedor” (Baghwati, 1958).
Todo lo anterior explica por qué estos países con economías extractivistas no
han podido participar plenamente de las ganancias que proveen el crecimiento
económico y el progreso técnico a escala mundial. Esto se agudiza aún más
porque normalmente los países que extraen recursos primarios no los
procesan. Hay situaciones inclusive aberrantes de países que exportan
petróleo e importan derivados de petróleo porque no han desarrollado una
adecuada capacidad de refinación. Para colmo, gran parte de esos costosos
productos refinados importados los destinan a la generación de electricidad,
teniendo disponibilidades importantes de otras fuentes de energía renovables,
como la hídrica, la solar o la geotermia, como en el caso de Ecuador.
Otro rasgo característico de estas economías extractivistas es la
heterogeneidad estructural de sus aparatos productivos; es decir, la
coexistencia de sistemas productivos de alta productividad con otros atrasados
y de subsistencia. A eso se suma la desarticulación de sus estructuras
económicas, signada por la concentración de la exportación en unos pocos
productos primarios, la ausencia en la industria de una adecuada y densa
diversificación horizontal, la casi inexistente complementariedad sectorial y la
prácticamente nula integración vertical.
Este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y
tecnología, muchas veces funciona con una lógica de enclave: es decir, sin una
propuesta integradora de estas actividades primario-exportadoras con el resto
de la economía y de la sociedad. Su aparato productivo, en consecuencia,
queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial.
En estas condiciones se cristaliza un callejón sin salida. Es imposible aceptar
que todos los países productores de bienes primarios similares, que son
muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente
y sostenida para garantizar ese crecimiento por mucho tiempo.
Lo preocupante es que los países primario-exportadores, que deberían haber
acumulado parecidas experiencias a lo largo del tiempo, han sido normalmente
incapaces de un manejo coordinado de cantidades y de precios. Como una
salvedad de la anterior aseveración, con todas las limitaciones y
contradicciones que se puedan identificar en su accionar, asoma la experiencia
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La volatilidad, que caracteriza a los precios de las materias primas en el
mercado mundial, ha hecho que una economía primario-exportadora sufra
problemas recurrentes de la balanza pagos y de las cuentas fiscales, lo que
genera dependencia financiera externa y somete a las actividades económica y
sociopolítica nacionales a erráticas fluctuaciones. Todo esto se agrava cuando
se desata la caída de esos precios internacionales y la consecuente crisis de
balanza de pagos se profundiza por la fuga masiva de los capitales
“golondrinos” que aterrizaron en esas economías durante la repentina bonanza.
En este contexto les acompañan prestos los también huidizos capitales locales,
agudizando la restricción externa.
El auge de la exportación primaria también atrae a la siempre bien alerta banca
internacional que desembolsa préstamos a manos llenas, como si se tratara de
un proceso sostenible; financiamiento que, por lo demás, ha sido y es recibido
con los brazos abiertos por los gobiernos y grandes empresarios, quienes
también creen en esplendores permanentes. En estas circunstancias se
acicatea aún más la sobreproducción de los recursos primarios y, a la postre,
las distorsiones económicas sectoriales. Pero, sobre todo, como demuestra la
experiencia histórica, se hipoteca el futuro de la economía cuando llega el
inevitable momento de servir la pesada deuda externa contraída en montos
sobredimensionados durante la generalmente breve euforia exportadora (11).
La abundancia de recursos externos, alimentada por los flujos que generan las
exportaciones de petróleo, lleva a un auge consumista que puede durar
mientras dure la bonanza, y es una cuestión psicológica nada menor en
términos políticos. Este incremento del consumo material se confunde con una
mejoría de la calidad de vida. En estas circunstancias, el gobierno puede ganar
legitimidad desde la lógica del consumismo, que es no es ambiental y
socialmente sustentable, para seguir ampliando la frontera extractivista.
Esto generalmente conduce a un desperdicio de recursos. Normalmente se
pasa a la sustitución de productos nacionales por productos externos, atizada
muchas veces por la sobrevaluación cambiaria. Incluso una mayor inversión y
un creciente gasto del sector público, si no se toman las debidas providencias,
conduce a incentivar las importaciones y no necesariamente la producción
nacional. En síntesis, es difícil hacer un uso adecuado de los cuantiosos
recursos disponibles.
La experiencia de las economías petroleras y mineras de la región nos ilustra, y
el presente nos confirma, que estas actividades extractivistas, tal como se
mencionó antes, no generan encadenamientos dinámicos tan necesarios para
lograr un desarrollo coherente de la economía. No se aseguran los tan
esenciales enlaces integradores y sinérgicos hacia delante, hacia atrás y de la
demanda final (en el consumo y fiscales). Mucho menos se facilita y garantiza
la transferencia tecnológica y la generación de externalidades a favor de otras
ramas económicas del país.
De la anterior constatación se deriva una clásica característica adicional de
estas economías primario-exportadoras, incluso desde la colonia, que es su
carácter de enclave: el sector petrolero o el sector minero, así como muchas
actividades agrarias, forestales o pesqueras de exportación, normalmente
están aisladas del resto de la economía. En esta línea de reflexión también
debe incluirse la energía nuclear (12) y la producción de biocombustibles
(Houtart, 2011).
Las enormes rentas diferenciales o ricardianas que producen estas actividades,
conducen a sobreganancias que distorsionan la asignación de recursos en el
país. Derivadas de la actividad de exportación de bienes primarios, se
consolida y profundiza la concentración y centralización del ingreso y de la
riqueza en pocas manos, así como el poder político. La masiva concentración
de dichas rentas se registra en pocos grupos económicos, muchos de los
cuales no encuentran ni tampoco crean alicientes para sus inversiones en la
economía doméstica. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados,
con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y muchos manejan sus
negocios con empresas afincadas en lugares conocidos como paraísos
fiscales.
Como consecuencia de lo expuesto, las empresas que controlan la explotación
de los recursos naturales no renovables en forma de enclaves, por su ubicación
y forma de explotación, se convierten en poderosos entes empresariales dentro
de relativamente débiles Estados nacionales.
Grandes beneficiarias de estas actividades son las empresas transnacionales,
a las que se les reconoce el “mérito” de haberse arriesgado a explorar y
explotar los recursos en mención. Nada se dice de cómo estas actividades
conducen a una mayor “desnacionalización” de la economía, en parte por el
volumen de financiamiento necesario para llegar a la explotación de los
recursos, en parte por la falta de empresariado nacional consolidado y, en no
menor medida, por la poca voluntad gubernamental de formar alianzas
estratégicas con sus propias empresas estatales o inclusive con empresarios
privados nacionales. Por lo demás, desafortunadamente, algunas de esas
corporaciones transnacionales han aprovechado su contribución al equilibrio de
la balanza comercial, para influir sobre los balances de poder en el país,
amenazando permanentemente a los gobiernos que se atreven a ir a
contracorriente.
Comúnmente las compañías extranjeras han gozado y aún gozan en muchos
casos de un marco referencial favorable y, en no pocas ocasiones, sus propios
directivos o sus abogados ocupan puestos clave en los gobiernos. De esta
manera, cuentan también con el respaldo de poderosos bufetes de abogados y
en no pocas ocasiones, con el apoyo de la gran prensa, velando así
directamente para que las políticas aplicadas o las reformas legales les sean
ventajosas. Esta situación ?alentada por organismos como el BID y sus
hermanos mayores, el Banco Mundial (13) y el Fondo Monetario Internacional?
se ha registrado una y otra vez en los sectores petrolero y minero de América
Latina.
Con estos esquemas altamente transnacionalizados se ha dado paso a un
proceso sumamente complejo: la “desterritorialización” del Estado. El Estado se
desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando, por
ejemplo, la atención de las demandas sociales en manos de las empresas.
Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones
que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes
nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia generalizada,
pobreza creciente y marginalidad que desemboca en respuestas miopes y
torpes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y
económicas.
La poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y la desigualdad en la
distribución del ingreso y los activos, conducen a un callejón aparentemente sin
salida por los dos lados: los sectores marginales, que tienen una mayor
productividad del capital que los modernos, no pueden acumular porque no
tienen los recursos para invertir; y los sectores modernos, en los que la
productividad de la mano de obra es más alta, no invierten porque no tienen
mercados internos que les aseguren rentabilidades atractivas. Ello a su vez
agrava la disponibilidad de recursos técnicos, de fuerza laboral calificada, de
infraestructura y de divisas, lo que desincentiva la acción del inversionista, y así
sucesivamente.
A lo anterior se suma el hecho, bastante obvio (y desgraciadamente necesario
y no sólo por razones tecnológicas) de que, a diferencia de las demás ramas
económicas, la actividad minera y petrolera genera poco ?aunque bien
remunerado? trabajo directo e indirecto. Son actividades intensivas en capital y
en importaciones. Contratan fuerza directiva y altamente calificada (muchas
veces extranjera). Utilizan casi exclusivamente insumos y tecnología foráneos.
La consecuencia de estas prácticas hace que el “valor interno de retorno”
(equivalente al valor agregado que se mantiene en el país) de la actividad
primario-exportadora resulte irrisorio.
En estas economías petroleras y mineras de enclave, la estructura y dinámica
políticas se caracterizan por prácticas “rentistas”; la voracidad y el autoritarismo
con el que se manejan las decisiones, disparan el gasto público más allá de
toda proporción y acarrean distribución fiscal discrecional, como se analizará
más adelante.
Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de las
actividades petrolera y minera, no hay una masiva generación directa de
empleo. Esto explicaría también la contradicción de países ricos en materias
primas donde, en la práctica, la masa de la población está empobrecida.
Adicionalmente, las comunidades en cuyos territorios o vecindades se realizan
estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de
dificultades socioambientales derivadas de este tipo de explotaciones. La
miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto,
consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con
alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado
interno e incluso no lo necesita, puesto que funciona con salarios decrecientes.
No hay la suficiente presión social para obligar a reinvertir en mejoras de la
productividad. El rentismo determina la actividad productiva y por cierto el resto
de relaciones sociales. Como corolario de lo anterior, estas actividades
extractivas, petrolera o minera, promueven relaciones sociales clientelares, que
benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden
el despliegue de adecuados planes de desarrollo nacionales y locales.
Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irreversiblemente el
medio ambiente natural. El examen de la actividad minera o petrolera alrededor
del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e
irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas,
tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos.
En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas
exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros
son económicamente atrasados, en donde los problemas ambientales crecen al
ritmo que se expanden las actividades extractivistas.
Fijemos un momento nuestra atención en la minería. La explotación minera
industrial moderna implica la extracción masiva ?y en un tiempo muy corto?, de
la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado
en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los
sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin embargo, los
elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea
rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer
producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran
escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos (cianuro,
ácido sulfúrico, entre otros), un consumo cuantioso de agua y la acumulación
de grandes cantidades de desechos.
Este gigantismo provoca la generación de impactos ambientales enormes. Los
efectos nocivos no sólo afloran en la fase de exploración y explotación, cuando
se abren gigantescos hoyos en la Madre Tierra o cuando se usan químicos
tóxicos para procesar los minerales extraídos, sino también en la movilización
del material extraído que afecta grandes extensiones de territorio.
Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden
derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con metales
pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno, que puede darse por
decenas y decenas de años, ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire,
entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo
hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los
diques de desechos de la mina. Generalmente existe un alto riesgo de que se
produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo,
que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren
sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían
particularmente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas,
conocidas por generar drenaje ácido.
Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. En
numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo
humano y para la agricultura. La contaminación de las fuentes de agua provoca
además un conjunto de impactos en términos de salud pública, como
enfermedades degenerativas o de la piel, entre otras. Y todo esto sin
considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad
extractivista.
Si bien las distintas actividades extractivas tienen una prolongada y conocida
historia de depredación en el mundo, en la actualidad se registra ?en la medida
que es notorio el agotamiento de los recursos naturales, especialmente en los
países industrializados? una creciente presión en los países subdesarrollados
para que estos entreguen sus yacimientos minerales o petroleros. Incluso la
creciente defensa del ambiente en las sociedades consideradas como
desarrolladas genera una presión sobre los países empobrecidos con el fin de
que estos abran su territorio para satisfacer la demanda de minerales de la
economía mundial.
Es preciso recordar que normalmente las empresas transnacionales y los
gobiernos cómplices destacan exclusivamente los “enormes” montos de
reservas mineras y petroleras existentes, transformados en valores monetarios.
Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la
opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta
incompleta. Habría que sumar los llamados costos ocultos, ambientales y
sociales, incorporando por ejemplo, el valor económico de la contaminación.
Éstas son pérdidas económicas que normalmente no aparecen en los
proyectos y que son transferidas a la sociedad; recuérdese la devastación
social y ambiental en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, que luego dio
lugar a un juicio en contra de la compañía Chevron-Texaco. También deberían
entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos” que se
expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo
o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte (Gudynas,
2011c). ¿Se han presentado estas evaluaciones? No. Probablemente porque el
asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y
se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.
Estas actividades extractivistas generan, a su vez, graves tensiones sociales
en las regiones en donde se realiza la extracción de dichos recursos naturales,
en la medida en que son muy pocas las personas de la región las que
normalmente pueden integrarse a las plantillas laborales de las empresas
mineras y petroleras. Los impactos económicos y sociales provocan la división
de comunidades, peleas entre ellas y dentro de las familias, violencia
intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, un incremento
de la delincuencia y violencia, el tráfico de tierras, etc.
En las economías primario-exportadoras de la región, a lo largo de décadas de
una modalidad de acumulación extractivista, se han generado niveles elevados
de subempleo y desempleo, de pobreza y de una distribución del ingreso y de
los activos que se vuelve aún más desigual. Con ello se van cerrando las
puertas para ampliar el mercado interno porque no se generan empleos e
ingresos suficientes (no hay, ni habrá “chorreo”). Sin embargo, se mantienen
las presiones para orientar la economía cada vez más hacia el exterior porque
“no hay a quién vender domésticamente”, como afirman cansinamente los
defensores de este modelo.
Esta “monomentalidad exportadora” inhibe la creatividad y los incentivos de los
empresarios nacionales. También en el seno del gobierno, e incluso entre
amplios segmentos de la sociedad, se reproduce la “mentalidad proexportadora”
casi patológica, basada en el famoso eslogan “exportar o morir”,
lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades
disponibles al interior del país.
NEOEXTRACTIVISMO, UNA VERSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL
EXTRACTIVISMO
Desde sus orígenes, las repúblicas primario-exportadoras de América Latina no
han logrado establecer un esquema de desarrollo que les permita superar las
trampas de la pobreza y del autoritarismo. Esta es la gran paradoja: hay países
que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes
ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su
desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos
naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa
riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación
de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la explotación
inmisericorde de la Naturaleza.
En los últimos años, conscientes de algunas de las patologías enunciadas
anteriormente, varios países de la región con gobiernos progresistas han
impulsado algunos cambios importantes en lo que se refiere a ciertos
elementos de la modalidad extractivista. Sin embargo, más allá de los
discursos y planes oficiales, no hay señales claras de que pretendan superar
realmente dicha modalidad de acumulación. A través de este esfuerzo esperan
poder atender muchas de las largamente postergadas demandas sociales y,
por cierto, consolidarse en el poder recurriendo a prácticas clientelares e
inclusive autoritarias.
En la gestión de los gobiernos progresistas en América del Sur “persiste la
importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos
de desarrollo”, destaca Eduardo Gudynas (2009b y 2010c). Siguiendo con sus
reflexiones, si bien el progresismo sudamericano “genera un extractivismo de
nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de
viejos y nuevos atributos”, no hay cambios sustantivos en la actual estructura
de acumulación. Con esto el neoextractivismo sostiene “una inserción
internacional subordinada y funcional a la globalización” del capitalismo
transnacional. No sólo que se mantiene, sino avanza “la fragmentación
territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados
globales”. Se sostienen, y “en algunos casos se han agravado, los impactos
sociales y ambientales de los sectores extractivos”. Siguiendo con Gudynas,
“más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y
funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad,
eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos”. Entre los
puntos destacables está “una mayor presencia y un papel más activo del
Estado, con acciones tanto directas como indirectas”. Desde esta postura
nacionalista se procura principalmente un mayor acceso y control por parte del
Estado sobre los recursos naturales y los beneficios que su extracción produce.
Desde esta postura se critica el control de los recursos naturales por parte de
las transnacionales y no la extracción en sí. Incluso se acepta algunas
afectaciones ambientales e inclusive sociales graves a cambio de conseguir
beneficios para toda la colectividad nacional.
Para lograrlo, “el Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del
excedente generado por los sectores extractivos”. Además, “parte de esos
recursos financian importantes y masivos programas sociales, con lo que se
aseguran nuevas fuentes de legitimación social”. Y de esta manera el
extractivismo asoma como indispensable para combatir la pobreza y promover
el desarrollo.
No hay duda, “el neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del
desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del
progreso y del desarrollo bajo una nueva hibridación cultural y política”,
concluye Gudynas (2009b y 2010c).
Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades
extractivistas, no es suficiente. El real control de las exportaciones nacionales
está en manos de los países centrales, aún cuando no siempre se registren
importantes inversiones extranjeras en las actividades extractivistas.
Perversamente muchas empresas estatales de las economías primarioexportadoras
(con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto)
parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos
foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas a las de las
transnacionales: la depredación ambiental y el irrespeto social no están
ausentes de sus prácticas. En síntesis, la lógica subordinada de su producción,
motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías
primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce
elementos clave del extractivismo de raigambre colonial.
Gracias al petróleo o a la minería, es decir, a los cuantiosos ingresos que
producen las exportaciones de estos recursos, muchas veces los gobernantes
progresistas se asumen como los portadores de la voluntad colectiva y tratan
de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad. Como afirma Fernando
Coronil (2002) en este tipo de economías aflora un “Estado mágico”, con
capacidad de desplegar la “cultura del milagro” (14). Esto es lo que justamente
se registra en Venezuela, Ecuador o Bolivia en los últimos años.
En estos países, el Estado ha cobrado fuerza nuevamente. Del Estado mínimo
del neoliberalismo, se intenta con justificada razón reconstruir y ampliar la
presencia y acción del Estado. Pero, por lo pronto, en estos países no hay
manifestaciones serias de querer introducir cambios estructurales profundos.
La producción y las exportaciones mantienen inalterados sus estructuras y
rasgos fundamentales. En estas condiciones los segmentos empresariales
poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no
han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado
extractivismo.
Al menos hasta ahora, en estos países con gobiernos progresistas que han
instrumentado esquemas neoextractivistas, los segmentos tradicionalmente
marginados de la población han experimentado una relativa mejoría gracias a
la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros. Sin
embargo, no se ha dado paso a una radical redistribución de los ingresos y los
activos. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta
obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos
procesos sociales y políticos de redistribución.
Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación
económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan
un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos
terminados. Mientras tanto, los países exportadores de bienes primarios, que
reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que
cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales.
En la medida en que se carece de una adecuada institucionalidad para
enfrentar los costos ambiental, social y político que implican los
enfrentamientos alrededor de estas actividades extractivistas, incluso el costo
económico relacionado a controlar esos posibles disturbios utilizando la fuerza
pública, no es nada despreciable. A más de lo dicho, hay que considerar el
efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades
productivas en las zonas de influencia extractivista, por ejemplo, cuando las
actividades mineras terminan por expulsar a los campesinos de la zona
afectada.
Los efectos de estos conflictos y de esta violencia también afectan a los
gobiernos seccionales. Estos pueden ser atraídos por los cantos de sirena de
las empresas dedicadas al extractivismo masivo y de los gobiernos cómplices
de ellas, que les ofrecerán algunos aportes financieros. No obstante, a la
postre, las sociedades tendrán que asumir los costos de esta compleja y
conflictiva relación entre comunidades, las empresas y el Estado. Los planes
de desarrollo locales estarían en riesgo, pues el extractivismo minero o
petrolero tendría supremacía sobre cualquier otra actividad. Todo esto termina
por hacer pedazos aquellos planes elaborados participativamente y con
conocimiento de causa por las poblaciones locales. Y los pasivos ambientales
serán la herencia más dolorosa e incluso costosa de las actividades
extractivistas, puesto que normalmente estos pasivos no son asumidos por las
empresas explotadoras.
Está claro que si se contabilizan los costos económicos de los impactos
sociales, ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los
minerales, desaparecen muchos de los beneficios económicos de estas
actividades (15). Pero estas cuentas completas, como ya se anotó antes, no
son realizadas por los diversos gobiernos progresistas, que confían ciegamente
en los beneficios de estas actividades primario-exportadoras.
En síntesis, gran parte de las mayores y más graves patologías del
extractivismo tradicional se mantienen en el neoextractivismo.
AUTORITARISMO Y DISPUTA POR LA RENTA DE LA NATURALEZA
Esta maldición de la abundancia en recursos naturales viene atada, con mucha
frecuencia, con la maldición del autoritarismo. La masiva explotación de los
recursos naturales no renovables en estos países ha permitido el surgimiento
de Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la
capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta
minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han
añadido el monopolio de la violencia política (Coronil, 2002).
Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega
parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras
(esto comienza a cambiar en los países con gobiernos progresistas), abandona
desde la perspectiva del desarrollo amplias regiones. Y en estas condiciones
de desterritorialización, cuando las empresas asumen las tareas que competen
al Estado, éste se consolida como un Estado policial que reprime a las víctimas
del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales
y económicas. La propia institucionalidad jurídica termina envuelta en los
intereses y presiones de las empresas extractivistas privadas o estatales.
En estas economías de enclave se ha configurado una estructura y una
dinámica políticas, no sólo autoritarias, sino voraces. Esta voracidad,
particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas
veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional
distribución de los recursos fiscales. Este tipo de ejercicio político se explica
también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder y/o por su
intención de acelerar una serie de reformas estructurales que desde su
particular perspectiva asoman como indispensables para transformar las
sociedades.
Inclusive el incremento del gasto y las inversiones públicas es también el
producto del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más
disímiles grupos de poder. Esta realidad, percibida con más claridad en las
etapas de bonanza, la describe con claridad Jürgen Schuldt (2005), cuando
dice que se “se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito
derivado endógenamente del auge. Y el gasto público ?que es discrecional?
aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal
pro-cíclica)”.
Este “efecto voracidad” provoca la desesperada búsqueda y la apropiación
incluso abusiva de parte importante de los excedentes generados en el sector
primario-exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para
manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que
sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación
ciudadana (16)) aparecen en escena los diversos grupos de poder nocooperativos,
desesperados por obtener una tajada de la renta minera o
petrolera.
Así, en esta disputa por la renta de los recursos naturales intervienen, sobre
todo, las empresas transnacionales involucradas directa o indirectamente en
dichas actividades y sus aliados criollos: la banca internacional, amplios
sectores empresariales y financieros, inclusive las fuerzas armadas, algunos
gobiernos seccionales cooptados por las lucrativas rentas, así como algunos
segmentos sociales con capacidad de incidir políticamente. Igualmente, grupos
sindicales conocidos como la “aristocracia obrera” (17), vinculada a este tipo de
actividades extractivistas, obtienen importantes beneficios. Y, como es fácil
comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva,
provoca nuevas tensiones políticas.
Todo esto contribuye a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina
por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de
empresas voraces y clientelares, proclives también a prácticas autoritarias. En
efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia, sino
todo lo contrario. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los
ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la
institucionalidad existente o impide su construcción.
América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo. Son
varios los países de la región cuyos gobiernos tienen claros rasgos de
autoritarismo derivados de esta modalidad de acumulación primarioexportadora,
particularmente cuando está sustentada en pocos recursos
naturales de origen mineral.
Esta compleja realidad existe también en otras partes del mundo,
particularmente en los países exportadores de petróleo o minerales (18).
Noruega sería la excepción que confirma la regla. La diferencia en este caso de
los anteriormente descritos radica en que la extracción de petróleo en este país
escandinavo empezó y se expandió cuando ya existían sólidas instituciones
económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, con una sociedad
sin inequidades comparables a la de otros países petroleros o mineros del
mundo empobrecido. Es decir, este país integró el petróleo en su sociedad y
economía cuando ya era un país desarrollado.
No se puede concluir la reflexión sin dejar sentado un punto que aparece en
estos países atrapados por la maldición de la abundancia: la violencia, que
parece configurar un elemento consustancial de un modelo depredador de la
democracia. Esta violencia incluso aflora desde el lado del Estado, a través
inclusive de los gobiernos considerados como progresistas que criminalizan la
protesta popular en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de
garantizarlas.
La violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, respaldada
muchas veces por los gobiernos, ha provocado diversos grados de represión.
El listado de estas acciones represivas e incluso genocidas es demasiado largo
y conocido en América Latina (19). Tampoco han faltado guerras civiles (20),
hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas
potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre
todo hidrocarburíferos (21).
Estos enfrentamientos, que se procesan en un ambiente de constantes
inestabilidades, conllevan costos económicos por diversos motivos. Piénsese,
por ejemplo, en los efectos distorsionadores que provoca la ausencia de
instituciones sólidas: la subvaluación de las exportaciones o la sobrevaluación
de las importaciones por parte de las empresas mineras o petroleras para
reducir el pago de impuestos o aranceles; las eventuales e incluso sorpresivas
reducciones de la producción por parte de las empresas transnacionales para
forzar mayores beneficios; la creciente presencia y accionar de intermediarios
de todo tipo que dificultan las actividades productivas y encarecen las
transacciones. Este tipo de problemas, que no agotan una lista de
deformaciones y distorsiones que podría ser interminable, a la postre incluso
podrían provocar la reducción de las inversiones sectoriales, al menos de las
empresas más serias.
Por otro lado, depender tanto de la generosidad de la Naturaleza margina los
esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas
oligopólicas, patrimonialistas y rentistas. Y estas prácticas, atadas a la
creciente injerencia de las empresas extractivistas en los gobiernos, como se
conoce hasta la saciedad, fortalecen a pequeños pero poderosos grupos
oligárquicos.
Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las
presiones latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de
“pacificación fiscal” (Schuldt, 2005), dirigida a intentar reducir la protesta social.
Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos
y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en
condiciones de demandar derechos políticos y otros (derechos humanos,
justicia, cogobierno, etc.), desplazándolos del poder. El gobierno puede asignar
cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la
represión de los opositores.
Una situación de abundancia relativa de recursos financieros puede permitir un
manejo económico expansivo, que se complementa con endeudamiento
externo. La búsqueda permanente de más recursos para financiar la economía,
viene de la mano de los créditos externos (22). En este punto, entonces, asoma
nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el
festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo
internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de
endeudamiento externo (23). Últimamente China concede cada vez más
créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América
Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias
extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción
de importantes obras de infraestructura.
Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de
los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo,
los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En
muchas ocasiones despliegan una mínima presión tributaria y hasta dejan de
cobrar impuestos, en particular el impuesto a la renta. (Por lo demás, la
maldición ideológica neoliberal también desalienta el incremento de la presión
tributaria) (24).
En este punto cabe destacar el esfuerzo de algunos gobiernos progresistas,
como el ecuatoriano o el boliviano, para mejorar la recaudación tributaria,
incluso introduciendo esquemas más progresivos y equitativos.
De todas maneras, como reconoce Jürgen Schuldt (2005), el manejo poco
exigente de las finanzas públicas “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es
peor, “con ello se logra que la población no le demande al gobierno
transparencia, justicia, representatividad y eficiencia en el gasto”. La
permanencia de cuantiosos e inequitativos subsidios, por ejemplo en los
derivados del petróleo, se explicaría por esta mala costumbre, que es incluso
asumida equivocadamente como una “conquista popular”.
La demanda por representación democrática en el Estado, nos recuerda el
mismo Schuldt, surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de
impuestos, por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y en
Francia a principios del siglo XIX. La lógica del rentismo y del clientelismo
difiere de la lógica ciudadana, en la medida que inclusive frena e impide la
construcción de ciudadanía.
Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo cuentan con
importantes recursos sobre todo en las fases de auge para asumir la necesaria
obra pública, sino que están en capacidad de desplegar medidas y acciones
dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de
gobernabilidad que les posibilite introducir las reformas y cambios que ellos
consideran pertinentes. El clientelismo ahoga la consolidación de ciudadanía.
Es más, cuando estas prácticas clientelares alientan el individualismo, con
políticas sociales individualmente focalizadas como las desarrolladas en
esquemas neoliberales y que han continuado en los gobiernos progresistas?
pueden llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, lo que
termina por afectar a las organizaciones sociales y lo que es más grave, al
sentido de comunidad (25).
Estas acciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales
autoritarios y mesiánicos que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse
detrás de lo que Guillermo O’Donnel calificaba como “democracias
delegativas”, o lo que hoy se conoce como democracias plebiscitarias.
Por otro lado, este tipo de gobiernos hiperpresidencialistas (neoliberales o
progresistas), que atienden en forma clientelar las demandas sociales,
constituyen el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad
sociopolíticas. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de
la pobreza y la marginalidad. Se redistribuyen partes de los excedentes
petroleros o mineros, pero no se dan procesos profundos de redistribución del
ingreso y los activos. Igualmente, los significativos impactos ambientales y
sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se
distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez
exige nuevas respuestas autoritarias.
Sin pretender que con esto se resuelva la insustentabilidad intrínseca de la
explotación de los recursos naturales no renovables, siguiendo la
recomendación de Anthony Bebbington, una idea de sustentabilidad ?al menos
para la transición? debería ser construida democráticamente. Los límites al
desarrollo deben estar vinculados a la propia sociedad civil y su participación,
no deben estar circunscritos a modelos donde los actores más poderosos ?las
transnacionales y los Estados, muchas veces en ese orden? son los que
deciden. De este modo se pondría a discusión el uso de los recursos naturales
y ésta sería una salida para la atmosfera antidemocrática que acompaña al
mismo extractivismo.
En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas
ocasiones, consolida gobiernos caudillistas, incluso autoritarios, debido a los
siguientes factores:
• Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas y capaces de
fiscalizar las acciones gubernamentales.
• Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discrecionalidad en el
manejo de los recursos públicos y de los bienes comunes.
• Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que a la larga, al
consolidar el rentismo y patrimonialismo, disminuye la inversión y las tasas de
crecimiento económico.
• Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.
• Ilusión de la riqueza fácil y abundante derivada de la explotación y
exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en
amplios segmentos de la sociedad y los gobiernos.
DEL DESARROLLISMO SENIL AL POSTEXTRACTIVISMO
A alguien por mala fe o por ignorancia se le podría ocurrir una peregrina idea: si
la economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la
solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente,
esa es una falacia. La maldición de los recursos naturales no es una fatalidad
del destino, sino una elección. El reto radica en encontrar una estrategia que
permita construir el buen vivir aprovechando los recursos naturales no
renovables, transformándolos en “una bendición” (Stiglitz, 2006).
Entonces, la tarea pasa por elegir otro camino, que nos aleje de la maldición de
los recursos naturales y de la maldición de las visiones ortodoxas que nos
mantienen subordinados al poder transnacional. Por eso, una de las tareas
más complejas es la construcción y ejecución de una estrategia que conduzca
hacia una economía postextractivista.
Esta nueva economía no surgirá de la noche a la mañana. Incluso es complejo
imaginarse la posibilidad de cerrar abruptamente los campos petroleros o
mineros en explotación. Pero esa transición no será nunca una realidad si se
siguen ampliando las actividades extractivistas y si no hay alternativas
específicas para irlas reduciendo a través de una evolución adecuadamente
planificada. Por cierto que esa transición no es fácil en un mundo capitalista
impensable sin las actividades extractivas como el petróleo, minería, o forestal.
Construir estas transiciones es la gran tarea del momento, en tanto convoca
todas las capacidades del pensamiento crítico, así como de inventiva y de
creatividad de las sociedades y las organizaciones sociales. Los esfuerzos para
dar paso al postextractivismo en el Sur global deberían venir de la mano del
decrecimiento económico (26), o por lo menos, del crecimiento estacionario en
el Norte global; tema que ocupa una creciente preocupación en muchos países
industrializados.
El camino de salida de una economía extractivista, que tendrá que arrastrar por
un tiempo algunas actividades de este tipo, debe considerar un punto clave: el
decrecimiento planificado del extractivismo. La opción potencia actividades
sustentables, que podrían darse en el ámbito de las manufactureras, la
agricultura, el turismo, sobre todo el conocimiento… En definitiva, no se debe
deteriorar más la Naturaleza. El éxito de este tipo de estrategias para procesar
una transición social, económica, cultural, ecológica, dependerá de su
coherencia y, sobre todo, del grado de respaldo social que tenga.
De lo que se trata es dejar atrás las economías extractivistas dependientes y
no sustentables, que son primario-exportadoras, sobreorientadas al mercado
externo, des-industrializadas, con masivas exclusiones y pobreza,
concentradoras del ingreso y la riqueza, depredadoras y contaminadoras. Lo
que se quiere es construir economías sustentables, es decir, diversificadas en
productos y mercados, industrializadas y terciarizadas con capacidad de
generación de empleo de calidad, equitativas, respetuosas de las culturas y de
la Naturaleza. En este punto conviene propiciar un reencuentro con las
cosmovisiones indígenas en las que los seres humanos no sólo conviven con la
Naturaleza de forma armoniosa, sino que forman parte de ella.
Para lograr poner en marcha esta transición, que necesariamente será plural,
es imperiosa una nueva y vigorosa institucionalidad estatal y una nueva forma
de organizar la economía, así como una concepción estratégica para participar
en el mercado mundial. Se requieren, por lo tanto, esquemas y organizaciones
reguladoras, así como mecanismos debidamente establecidos que permitan
procesar estas transiciones (27).
En la mira está, entonces, la consecución de un nuevo perfil de especialización
productiva para tener países con sostenimiento interno, en base a un consenso
amplio de los diversos intereses. Para lograrlo hay que robustecer el mercado
interno y el aparato productivo doméstico, así como generar estrategias de
transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda
importancia económica. El reencuentro con la Naturaleza está también entre
los puntos prioritarios de la agenda, lo que significa superar los esquemas y
prácticas centradas en la explotación y apropiación de la Naturaleza.
Tengamos presente que la humanidad entera está obligada a preservar la
integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de
materiales en la biosfera. Esto implica sostener la biodiversidad del planeta.
Para lograr esta transformación civilizatoria, la desmercantilización de la
Naturaleza se perfila como indispensable. Los objetivos económicos deben
estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin
perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de
vida de las personas y las comunidades.
Esto obliga a mantener, sin destruir, aquellos territorios que poseen gran
cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la
mayor cantidad de biodiversidad: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador, es un
ejemplo global (28). También conduce a establecer el concepto de
sustentabilidad fuerte (el capital económico no puede reemplazar íntegramente
al “capital natural”), como un nuevo paradigma de la forma de organizar la
sociedad. Y también implica cambiar la contabilidad macroeconómica
convencional por nuevos indicadores e índices de sustentabilidad.
De igual manera, se precisa una amplia y verdadera participación social para
enfrentar el reto del extractivismo a gran escala. Esto conlleva,
imperativamente, a procesar una profunda y radical redistribución de los
ingresos mineros y petroleros, tanto como de otros ingresos y activos
existentes en una economía. Las inequidades (29) deben ser abatidas, puesto
que éstas son la base de los autoritarismos de todo tipo en todos los ámbitos
de la vida humana.
El tema de fondo radica en empezar por no seguir extendiendo y profundizando
un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. El tratar de
desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora,
que sobrevalora la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que
destroza sistemáticamente el medio ambiente y afecta gravemente las
estructuras sociales y comunitarias, que prefiere el mercado externo y descuida
el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las
equidades, no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Entonces,
tampoco lo será para la construcción de una opción posdesarrollista, como lo
es el buen vivir o sumak kawsay (30).
El buen vivir, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que
supera los desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”;
en síntesis, una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Y
que incluso disuelve el concepto del progreso en su versión productivista. Por
lo tanto, el buen vivir sintetiza una oportunidad para construir otra sociedad
sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la
Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales
existentes en cada país y en el mundo. La parte intrínseca de esta propuesta,
con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos
infunda a transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-biocéntricas,
con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales.
Definitivamente, por la vía del “desarrollismo senil” (Martínez Alier, 2008), es
decir manteniendo y peor aún profundizando el extractivismo, no se encontrará
la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales,
pero a la vez empobrecidas. www.ecoportal.net
Referencias:
1. Son varios los tratadistas que construyeron, desde varias ópticas, este
“fatalismo tropical”. Entre otros podemos mencionar a Michael Gavin, Michel L.
Ross, Jeffrey Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto Rigobon e Ivar Kolstad.
2. A pesar de tener tanta historia como modalidad de acumulación, la palabra
“extractivismo” no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española.
3. Es un error asumir que el extractivismo existe solo cuando se extraen
recursos minerales o hidrocarburíferos. Hay muchas experiencias de prácticas
igualmente extractivistas en la explotación de madera o en la agricultura de
monocultivo. Sobre el caso del café en Colombia, por ejemplo, se puede
consultar en Oeindrila Dube y Juan Fernando Vargas (2006).
4. Raúl Zibechi ve en el extractivismo de estos gobiernos progresistas una
segunda fase del neoliberalismo (2011).
5. Ver el valioso aporte de Schuldt (2005). También se puede consultar en
Schuldt y Acosta (2006), así como en Acosta (2009).
6. Desarrollo sustentable es aquel proceso que permite satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras. Para la construcción del buen vivir hay que ir incluso mucho más allá
del desarrollo sustentable, hay que asumir a la Naturaleza como sujeto de
derechos.
7. Un sugerente aporte para desmontar los mitos de la megaminería
transnacional es el elaborado en Argentina por el Colectivo Voces de Alerta
(2011).
8. El término “mal holandés” o “enfermedad holandesa” surge en la década de
los 1970, como su nombre indica, en los Países Bajos donde el descubrimiento
de yacimientos de gas incrementaron fuertemente las divisas en el país. Esto
generó la apreciación de la moneda holandesa, el florín, perjudicando la
competitividad de las exportaciones de productos manufacturados.
9. Recordemos que las rentas ricardianas son aquellas que se derivan de la
explotación de la Naturaleza, más que del esfuerzo empresarial, a diferencia de
las utilidades que derivan del esfuerzo y creatividad (“productividad”) de la
mano de obra.
10. Al inicio de la primera gran crisis global del siglo XXI, cuando cayeron los
precios del petróleo y los minerales, en muchos países se reforzaron las
tendencias para aumentar el volumen producido y para ofrecer
compensaciones a las empresas por los menores ingresos obtenidos.
11. La lista de textos sobre estos procesos de endeudamiento y crisis es larga,
bastaría con revisar en Ugarteche (1986), Vilate (1986), Calcagno (1988),
Marichal (1988) o Acosta (1994).
12. La energía nuclear no supone una liberación del modelo extractivista. Por
un lado, es indispensable conseguir la materia prima, el uranio, y por otro lado,
esta energía es usada para sostener e incrementar las mismas actividades
extractivas, como sucede normalmente con el desarrollo de grandes represas
hidroeléctricas y por cierto, de las plantas que emplean energía fósil.
13. El Banco Mundial aupó el ingreso de la minería a gran escala durante la
época neoliberal y todavía sostiene que la extracción masiva de recursos
naturales es positiva. Ver Sinnott, Nash y de la Torre (2010).
14. Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general
Juan Vicente Gómez hasta antes del gobierno del coronel Hugo Chávez Frías.
15. Sobre los pasivos de la industria petrolera véase, por ejemplo, el aporte de
Fander Falconí (2004).
16. No se trata exclusivamente de la ciudadanía individual/liberal. Pues, desde
la lógica de derechos colectivos se abre la puerta a ciudadanías colectivas, a
ciudadanías comunitarias. Por igual, los derechos de la Naturaleza necesitan y
a la vez originan otro tipo de ciudadanía, que se construye en lo individual, en
lo social colectivo, pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanía es
plural, ya que depende de las historias y de los ambientes, acoge criterios de
justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia. Eduardo
Gudynas (2009) denomina a estas ciudadanías como “meta-ciudadanías
ecológicas”.
17. En los términos que lo planteó Eric J. Hobsbawm (1981).
18. A modo de ejemplo, basta con analizar la realidad de aquellos países
ubicados en el Golfo Pérsico o Arábigo, que pueden ser considerados como
muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con
elevados niveles de ingreso per cápita. Sin embargo, de ninguna manera
pueden incorporarse en la lista de países desarrollados: los niveles de
inequidades registrados son aberrantes, la ausencia de libertades es notoria, la
intolerancia política y religiosa está a la orden del día. Muchos de sus
gobiernos no solo que no son democráticos, sino que se caracterizan por
profundas prácticas autoritarias; Arabia Saudita, una monarquía con rasgos
medievales, sería un ejemplo paradigmático de una lista bastante larga.
19. En las zonas mineras del Perú, país al que se pretende poner como
ejemplo de apertura minera, las violaciones a los derechos humanos se han
multiplicado en forma exponencial. En este país los conflictos mineros y
petroleros, sobre todo los primeros, superan más del 80% de todos los
conflictos sociales registrados (De Echave, 2008, 2009). Lo que aconteció en
Bagua, en junio del 2009, es apenas uno de los episodios más difundidos de
una larga cadena de represión y violación sistemática de los derechos
humanos. En Colombia, un país azotado por una cruenta y larga guerra civil,
cerca del 70% de los desplazamientos forzados ocurridos entre 1995 y 2002,
se produjeron en áreas mineras. En Ecuador, los más graves casos de
violaciones de los derechos humanos ocurridos en los últimos años están
relacionados con empresas mineras transnacionales y por supuesto, con las
actividades petroleras.
20. Nigeria confirma esta aseveración: allí se registró una larga y dolorosa
guerra civil por el control del crudo y posteriormente, una aguda represión en
contra de los Ogoni. Luego del colapso de la Unión Soviética la violencia no
cesa en los países del Cáucaso, ricos en hidrocarburos: Turkmenistán,
Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Osetia, Daguestán o Chechenia.
21. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar
norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de
las reservas petroleras y gasíferas. La intervención de la Organización del
Tratado Atlántico Norte (OTAN) en Libia en el año 2011, podría ubicarse
también en este campo de agresiones imperiales efectuadas para controlar el
petróleo y uno de los mayores yacimientos de agua en el mundo.
22. Así, por ejemplo, Ecuador, como nuevo rico petrolero, pudo conseguir
créditos más fácilmente que cuando era apenas un pobretón bananero. En
pleno auge económico de los años setenta en el siglo XX, su deuda pública,
particularmente externa, creció más que proporcionalmente en relación al boom
petrolero propiamente dicho (es cierto que también creció por condiciones
externas derivadas de las demandas de acumulación del capital).
23. Ver Osmel Manzano y Roberto Rigobon (2001), a más de la lista de autores
citada anteriormente, quienes abordan el tema de la deuda externa.
24. En Ecuador, uno de los gobernantes militares de la época del boom
petrolero en la década de los 1970, el general Guillermo Rodríguez Lara, se
vanagloria como uno de los logros de su gestión el no cobro de impuestos.
25. Los diversos proyectos Socio País del gobierno de la “revolución
ciudadana” en Ecuador estarían provocando, consciente o inconscientemente,
estos efectos. Adicionalmente cabría mencionar que este gobierno trata
abiertamente de debilitar y dividir a los grandes movimientos sociales, sobre
todo al indígena, que son férreos opositores a la expansión de las actividades
extractivistas.
26. Incluso en el Sur global hay pensadores que plantean estas cuestiones
para deconstruir la economía, véase Leff (2008).
27. En los últimos años se ha empezado a discutir cada vez más sobre cómo
impulsar estas transiciones. Son varios los autores que han aportado diversas
ideas y sugerencias en este campo, entre otros: Eduardo Gudynas, Joan
Martínez Alier, Enrique Leff y Roberto Guimarães. A modo de ejemplo
concreto, véase el aporte múltiple editado por Alejandra Alayza y Eduardo
Gudynas en Perú (2011). Algunos aportes sugerentes para construir estas
transiciones se podrían obtener del informe sobre el tema elaborado por
OXFAM (2009). El autor de estas líneas también ha planteado algunas
reflexiones para la construcción de una economía pospetrolera (Acosta 2000 o
2009). Cabe anotar que en el año 2000 se publicaron, por parte de varios
autores, varias propuestas para construir un “Ecuador pospetrolero”.
28. Ver en Martínez y Acosta (2010). Esta iniciativa se enmarca en una
propuesta de moratoria en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana que fue
formulada en el año 2000, en el libro de varios autores, El Ecuador Post
Petrolero.
29. Inequidades del tipo económica, social, intergeneracional, de género,
étnica, cultural, regional, especialmente.
30. De una bibliografía cada vez más amplia sobre el tema podemos sugerir:
Acosta y Martínez (2009), Acosta (2010). Otro texto que permite englobar este
debate en un contexto más amplio es el de Tortosa (2011).
Alberto Acosta - Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Ex
Ministro de Energía y Minas. Ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex
asambleísta constituyente. Nota: En este texto el autor recoge y sintetiza varios
de sus trabajos anteriores.