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Los CDR presionan a Torra con una Constitución ‘del pueblo’
INVESTIGACIÓN
ÁNGELES ESCRIVÁ Madrid
El Mundo
12 NOV. 2018
Quim Torra se reunió con los CDR para fijar una estrategia común
CDR: así funcionan los comités que agitan el soberanismo en la calle
Los Comités de Defensa de la República (CDR) están impulsando un proceso constituyente en Cataluña con el que pretenden presionar al Govern y a los partidos separatistas para que ejecuten la supuesta victoria del independentismo en el referéndum ilegal del 1-O. Su objetivo final es la elaboración de una Constitución que refundaría todo el sistema político establecido en Cataluña, cuya concepción recaería en una ciudadanía -también llamada «pueblo»- controlada por ellos, que se atribuyen «un papel fiscalizador y supervisor» de las instituciones.El denominado Grupo de Trabajo Nacional del Proceso Constituyente ha elaborado un documento que ha repartido entre los miembros de los más de 200 CDR en el que aseguran que realizan «esta propuesta porque nuestro Gobierno y los partidos independentistas no están obedeciendo sus propias leyes».
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Las leyes supuestamente traicionadas por el Govern a las que se refieren los CDR son, para empezar, las aprobadas el 8 de septiembre de 2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Un fallo inasumible para quienes aseguran que su primer objetivo es «la defensa y construcción de la República Catalana», por delante de «la defensa de los derechos humanos» y de la apertura del proceso constituyente.El objetivo de esta iniciativa es el de elaborar una nueva constitución basada en un «sistema de democracia participativa que facilite a la población el control de las fuentes de poder, dado que es soberana y manda sobre dichas fuentes».
Los radicales prevén que el sistema se refunde desde las asambleas populares
Para conseguir los objetivos, el Grupo de Trabajo Nacional del Proceso Constituyente, ha concebido toda una metodología y una sucesión de fases. Las que denominan «fase de empoderamiento», «fase de legitimación» y «fase institucional». Cuando hablan del «empoderamiento» se refieren al modo de movilizar a la ciudadanía para que «empiece» a ejercer como agente político activo.«Hay que crear una sociedad con cultura política y con recursos que le permita incidir participativamente y políticamente más allá del proceso», sostienen. Como quiera que de lo que se trata es de hacer «más fuerte a la ciudadanía», hay que instaurar mecanismos de revalidación de las decisiones que vayan adoptándose a lo largo del proceso constituyente tales como las multiconsultas o los multireferendos.Los CDR, en realidad, están pretendiendo un traslado de los centros en los que se toman las decisiones. Por ejemplo, quieren articular una mesa política en la que estarían presentes, «primeramente», entidades como ANC, Òmnium y las fuerzas independentistas del Parlament, pero dejan claro que, aunque el trabajo en dicha mesa es prioritario, su relación «no es subsidiaria». La verdadera fuerza la conciben en los llamados «equipos de trabajo» formados por consejos sectoriales controlados por los Comités en los que se articularán «las soberanías y temáticas» y los modelos de Estado.
Se erigen en únicos fiscalizadores de las instituciones para que sean fieles al pueblo
En el primer epígrafe se incluyen desde «la república feminista» hasta «los derechos vitales (vida y muerte digna, derecho a la vivienda), la sexualidad, el género LGBTI, el sistema judicial y penitenciario o los derechos laborales». En el segundo epígrafe se plantea desde el rediseño de los diferentes mecanismos de representación política hasta la creación de un Nuevo Banco de la República y la regulación bancaria.No se trataría por tanto de proclamar la República solamente, sino de refundar todo el sistema político de Cataluña, establecer qué tipo de república ha de ponerse en marcha, según el dictamen de los ciudadanos aglutinados y estimulados por los CDR mediante charlas, debates y movilizaciones.Tras la fase de «empoderamiento» vendría la fase de «legitimación»: «El momento en el que se darán las condiciones de coyuntura sociopolítica para pasar al final del proceso constituyente». Y, efectivamente, en última instancia entrarían las instituciones, que intervendrían cuando «el pueblo» ya tiene conclusiones sobre cuál ha de ser el diseño definitivo de la Constitución.
De hecho, los ciudadanos participarían en su redacción y los CDR serían los fiscalizadores. «Nos transformaremos en garantes de la fidelidad de las instituciones políticas respecto de la voluntad popular adoptando un papel fiscalizador y supervisor de todas las iniciativas que se adopten».