El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que forma parte de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, que es, a su vez, sistema-mundo capitalista extractivista y colonial, formando parte de la civilización moderna, que es civilización de la muerte. Pues su desarrollo se desenvuelve dejando heridas profundas en el planeta, las proliferantes huellas eclógicas. El modelo colonial extractivista requiere de territorios para incorporarlos a la vorágine de la subsunción de los espesores territoriales al farrago de la acumulación originaria, reiterativa, y de la acumulación ampliada de capital. Por eso, las reservas fiscales, definidas durante los periodos de los gobiernos populistas del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, se vuelven un problema; así como las áreas protegidas y los parques. Mucho más si se trata de territorios indígenas. Son un problema porque se sitúan como resistencias ante el avasallamiento, las concesiones, la contaminación, la depredación, la tala, la desertificación, la destrucción. Que son los procedimientos y los efectos perversos de la incorporación territorial a la vorágine de la acumulación de capital.



20.11.2018
El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente
Notas sobre Tucabaca y el Paquió

Raúl Prada Alcoreza

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que forma parte de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, que es, a su vez, sistema-mundo capitalista extractivista y colonial, formando parte de la civilización moderna, que es civilización de la muerte. Pues su desarrollo se desenvuelve dejando heridas profundas en el planeta, las proliferantes huellas eclógicas. El modelo colonial extractivista requiere de territorios para incorporarlos a la vorágine de la subsunción de los espesores territoriales al farrago de la acumulación originaria, reiterativa, y de la acumulación ampliada de capital. Por eso, las reservas fiscales, definidas durante los periodos de los gobiernos populistas del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, se vuelven un problema; así como las áreas protegidas y los parques. Mucho más si se trata de territorios indígenas. Son un problema porque se sitúan como resistencias ante el avasallamiento, las concesiones, la contaminación, la depredación, la tala, la desertificación, la destrucción. Que son los procedimientos y los efectos perversos de la incorporación territorial a la vorágine de la acumulación de capital.

Solo a alguien demasiado apegado a la ideología del desarrollo, además en pleno crepúsculo de la modernidad tardía, se le puede ocurrir decir que las “áreas protegidas son invento de gringos”[1]. En todo caso las áreas protegidas corresponden a la cartografía que delimita espacios, por así decirlo, naturales, de los espacios urbanos y sus expansiones e irradiaciones; incluso de los espacios rurales y sus distribuciones. Por definición las Áreas Protegidas son áreas determinadas por un Estado, sujetas a un marco legal y a un orden institucional definido, para garantizar la conservación de sus peculiaridades, además de patrimonios medioambientales y culturales.

Se puede decir que los nacimientos de los territorios protegidos se remontan a la antigüedad; incluso desde los albores de las sociedades antiguas. Es cuando germinó la idea de conservar, en principio con con el objeto de regocijo espiritual contemplando paisajes silvestres de trascendente belleza. Los territorios silvestres preservaban ambientes, ya sea terrestre o acuático con exigua intervención humana. Es cuando estas áreas silvestres, que se destinan a fines de conservación, se constituyen las áreas protegidas.

Existen múltiples ejemplos en las más diversas civilizaciones, de protección de áreas y de recursos naturales, vitales para su supervivencia. Los movimientos modernos de conservación tuvieron sus inicios en las áreas del nuevo mundo, donde se registró un extremo cambio en el paisaje y en la abundancia de la fauna. La reacción ante la destrucción de los recursos naturales en las tierras de Norteamérica, precipitó la formación y crecimiento del movimiento de conservación. Se observa desde sus inicios dos vertientes fundamentales en la protección de territorios. Por una parte, el objetivo de perpetuar zonas con fines de satisfacción espiritual y por otra con fines eminentemente prácticos, vinculados a la mejor utilización y aprovechamiento de los recursos. El primer caso marcado en su inicio por un profundo carácter clasista al servicio de los sectores dominantes, continuo su desarrollo. Se conocen ejemplos como el establecimiento de las reservas de caza al servicio de la nobleza en la Europa Medieval, parques para la exhibición y desarrollo de poblaciones de cérvidos en la China de esta misma época, así como otras reservas de la flora y la fauna creadas en la propia China y en la India.

El fundar estos territorios exclusivos, ha permitido en el presente la creación de áreas protegidas con fines bien diferentes a los originales, como es el caso del Parque Nacional de Bialowieza (Polonia), erigido sobre antiguos terrenos de caza de duques lituanos, reyes polacos y zares rusos; del Parque Nacional Gran Paraíso (Italia), en aquel tiempo áreas de cacería de los duques de Saboya, etcétera. Las Motivaciones que originaron la creación de las primeras reservas, así como la visión romántica que rodeó a las áreas protegidas como sitio cuyo único objetivo consistía en transportar el espíritu lejos de la realidad por medio de la contemplación de ambientes vírgenes y paradisíacos, lamentablemente llevó a muchos casos a falsear la necesidad objetiva del establecimiento de tales territorios.

Surgen en Europa, a mediados del siglo XIX diversas reservas, como el Bosque Virgen de Bombin en Bohemia 1858, considerada como una de las primeras reservas naturales del mundo, así como el bosque de Fontainebleu, en Francia (1861), citada como la primera área protegida creada oficialmente a través de un decreto. En 1872, se habría de iniciar un movimiento clave en el destino de los territorios protegidos en el mundo.

La historia de las áreas protegidas modernas está íntimamente ligada a concepto de Parque Nacional. En este mismo año el Congreso reserva los espectaculares paisajes de Yellowstone en los territorios de Wyoming y Montana como un parque público para el beneficio y disfrute del pueblo bajo custodia del Departamento del Interior de los Estados Unidos, creando así el primer territorio designado y administrado como un parque nacional en el mundo, hecho que señala el comienzo del movimiento moderno mundial de parques nacionales y áreas protegidas[2].

El llamado movimiento de parques nacionales estaba guiado, desde sus inicios, por tres condiciones básicas que motivaban su establecimiento: 1) Oponerse a la explotación humana referido a la extracción o transformación de recursos con el objetivo de conservar especies, ecosistemas o paisajes; 2) lograr que los visitantes obtuvieran distintos beneficios recreativos, educativos, culturales de los resultados de esa conservación; y 3) aprovechar esa conservación para estudios científicos que no se pueden realizar en otro lugar.

En este afán de aplicar de forma mecánica la categoría de manejo a diversas áreas, sin considerar la realidad socio-económica y ecológica de las mismas, surgieron consecuencias negativas: en ocasiones se desvirtúan los valores reales de este tipo de área protegida y por otro lado, hubo una aplicación inadecuada de las normas de manejo que demandan los parques nacionales en áreas naturales valiosas, que requerían ser abordadas en el marco de otras categorías de manejo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió publicar una relación de parques nacionales, seleccionados, atendiendo a determinados requisitos, e incentivar a los países a correcto establecimiento de parques nacionales[3].

Definición de Parques Nacionales

Tomando en cuenta la encuesta mundial que la ONU encargó a la Comisión Internacional de Parques Nacionales, conformada en 1960, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se publica en 1967 la primera lista de parques y reservas analógicas reconocidas por las Naciones Unidas. La X Asamblea General de la UICN, aprobó en 1969, la definición de Parque Nacional, instituyendo que son: áreas relativamente extensas, donde uno o varios ecosistemas no estén sustancialmente alterados por la explotación y ocupación humana, donde las especies de plantas y animales, sitios geomorfológicos y hábitat son de especial interés científico, educativo y recreativo o contienen paisajes naturales de gran belleza.

En este sentido, las autoridades competentes del país han dado pasos para prevenir, incluso eliminar, tan pronto como sea posible, la explotación u ocupación en toda el área y para reforzar de forma efectiva el respeto por las características ecológicas, geomorfológicos o estéticas que dieron lugar a su establecimiento. En todo caso, se permite entrar visitantes, bajo condiciones especiales con propósitos de inspiración, educativos, culturales y recreativos.

Categorías

En 1978 aparece el documento de la UICN sobre Categorías, donde se definen criterios y objetivos de las áreas Protegidas, documento que clasifica a todas las formas conocidas de conservación de la naturaleza, definiendo 10 categorías generales básicas. Con esto se contribuyó a hacer más operativo el papel de las áreas protegidas en el mundo moderno; estableciendo una adecuada manera de interacción con la naturaleza.

Definición de área protegida

En el Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales, celebrado en Caracas, Venezuela, en 1992, se define un nuevo concepto de áreas protegidas, así como un sistema adecuado de categorías. De esta forma, la UICN, en 1994, define como áreas protegidas a una superficie de tierra y/o agua, especialmente dedicada a la protección y mantenimientos de las diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados, y manejados a través de medios legales u otros medios efectivos.

El nuevo sistema de seis categorías de manejo propuesto por la UICN, vigente actualmente a nivel internacional, incluye:

1. Reserva Natural Estricta.

2. Parque Nacional.

3. Monumento Natural.

4. Áreas de Manejo de Hábitat / Especies.

5. Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos.

6. Áreas Protegidas con Recursos Manejados[4].

Como puede verse, la arqueología conceptual de áreas protegidas tiene distintas fuentes, si se quiere, nacimientos. Empero, lo que cuenta, para fines del debate político, es la definición acordada por las Naciones Unidas y asumida por los Estados firmantes. Es decir, una superficie de tierra y/o agua, especialmente dedicada a la protección y mantenimientos de las diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados, y manejados a través de medios legales u otros medios efectivos. Solo a una mentalidad delirante, aferrada al imaginario estéril del desarrollismo, se le puede ocurrir que se trata de un “invento de gringos”, que quieren convertirnos en “jardineros”. Llama la atención que lo diga, además, el ideólogo del “socialismo comunitario”.

Las áreas protegidas corresponden a los dispositivos internacionales de Naciones Unidas con el objeto de proteger la biodiversidad, los recursos naturales y los sistemas culturales. Si se quiere, estos instrumentos legales son diseñados como extensiones y desplazamientos de los derechos humanos, consagrados por Naciones Unidas; lo que corresponde al desenvolvimiento de distintas generaciones de derechos, que enriquecen el bagaje jurídico de la libertad y de la humanidad. Hay que tener poco aprecio a las conquistas humanas en lo que respecta al derecho y a la libertad, así como a la justicia, como para emitir los juicios estrambóticos que mencionamos.

A lo que vamos es a volver a poner en mesa el debate sobre la biodiversidad, sobre todo al debate sobre la vida, en sentido integral, a propósito del conflicto de Tucabaca; en concreto el Valle de Tucabaca y la Reserva del Paquió. El conflicto estalla por la adjudicación de tierras a una comunidad llamada Túpac Amaru, conformada por “colonizadores”, autonombrados como “interculturales”, en el valle y en la reserva. Desacatando la Constitución, desconociendo los derechos de las naciones y pueblos indígenas, vulnerando la condición de áreas protegidas, el INRA adjudicó tierras protegidas a “colonizadores”.

El estilo del avasallamiento de tierras por de parte del “gobierno progresista” adquiere un perfil institucional, como el de la adjudicación, entrega de títulos de propiedad, como ocurrió con la entrega de títulos a los avasalladores de las cerca de 250 mil hectáreas en el Polígono Siete del TIPNIS. Mediante este procedimiento se institucionaliza y se legaliza el avasallamiento, que adquiere el cariz de propiedad campesina. Se adjudica tierras en áreas protegidas ampliando operativamente la frontera agrícola, la frontera maderera, la frontera extractivista, la frontera de la economía política del chantaje.

En Bulo Bulo se adjudicaron tierras a familias campesinas, que después fueron indemnizadas porque esas tierras fueron utilizadas para la instalación de la planta de fertilizantes, en un lugar muy distante, económicamente, de las fuentes de energía, además de los espacios de mercado. En términos prácticos lo que ocurrió es el desplazamiento desbordante de la economía política extractivista, que, bajo el nombre encubridor de “industrialización”, construye un elefante blanco, beneficiando a la burguesía rentista, que gobierna, beneficiando a la casta política populista y a la élite de la burguesía sindical campesina.

En el caso del Valle de Tucabaca y de la Reserva del Paquió asistimos a algo parecido. En el contexto geográfico de la irradiación espacial del connotado corredor bioceánico, el gobierno clientelar avanza en la toma de tierras, que se valorizarían, como zonas colindantes. Incluso se ha llegado al extremo de promover la adjudicación en espacios culturales como el de Samaipata. No hay pues miramientos ni reparos en la compulsión extractivista, rentista y comercial del proyecto depredador del “gobierno progresista”.

En defensa de Tucabaca

Al sureste de la geografía política de Bolivia se encuentra el Chaco húmedo, cuyo ecosistema corresponde a la subregión del Gran Chaco, que se diferencia del resto por su mayor pluviosidad; lo que genera mayor cantidad de recorridos fluviales y humedales; una flora y fauna distinta a la de otras regiones chaqueñas más secas. En geografía histórica podemos asociar los ecosistemas chaqueños a los pueblos guaraníes; después de la conquista y la colonización van a estar cartografiados por las conocidas misiones, primero jesuíticas, después dominicas y franciscanas. Es mucho después que las haciendas aparecen, sobre todo, las puntuales y diseminadas, entre el lapso de la salida de las misiones jesuíticas y el ingreso de las misiones dominicas y franciscanas. Es durante la república cuando las haciendas comienzan a cobrar mayor presencia; de manera notoria después de la revolución nacional de 1952. La conmoción de la guerra del Chaco (1932-35) convirtió al Chaco en una región de disputa y contienda bélica, además de provocar migraciones de los pueblos guaraníes, fuera de las movilizaciones de las tropas militares.

Contando con el hallazgo de cavernas con pinturas rupestres, se deducen los recorridos y asentamientos humanos más antiguos, oscilando su antigüedad entre 1.000 a 1.500 años A.C. Posteriormente, de acuerdo con los registros de los primeros cronistas jesuitas, estos registros dan cuenta que la zona era habitada por los nativos Boros, Taos, Otuques, Imonos, Coypotorades, además de otros, todos correspondientes al “grupo étnico” erróneamente llamado de Chiquitos.

Teniendo en cuenta la fundación de Roboré, se puede decir que se trata de una ciudad republicana. Su fundación modificó la composición cartográfica de la zona, desplazando a Santiago de Chiquitos, la que fue relegada con el nacimiento de Roboré. A fines del año 1915, don Ángel Sandóval Peña se desempeñaba de Delegado Nacional del Oriente, siendo su función, el explorar la frontera con el Brasil en busca de una ruta que comunique con el Océano Atlántico, a través de la Chiquitania. En esa tarea el Dr. Sandóval se traslada hasta Puerto Suárez por el antiguo camino trazado por el fundador de Puerto Suárez, don Miguel Suárez Arana. Al pasar por el río Roboré, hace pascana en el lugar en donde vivía un nativo llamado Francisco Borja Céspedes, para luego continuar viaje hasta la frontera. Al notar que el tramo entre San José de Chiquitos y Puerto Suárez era muy largo y sin población en el trayecto, planea construir una que sirva de nexo entre ambas. Luego de estudiar dos lugares, decide construirla a orillas del río Roboré, donde se traslada en compañía del teniente Carlos Camacho y algunos soldados del ejército. Llegando al lugar el 25 de octubre de 1916, inicia la construcción de un fortín en la orilla izquierda del río Roboré, cuyo nombre deriva del vocablo indígena Chovoré, que significa Piedra Redonda, aunque algunos historiadores opinan que el nombre proviene del vocablo Chovoreca, que significa Casa del Diablo. El 25 de octubre de 1916 es considerado el día de fundación del pueblo por don Ángel Sandóval Peña. El 4 de octubre del 1918 ya se contaba con un cuartel, dando por inaugurado el Centro Colonial del Roboré; bautizado el lugar como Villa de Castelnau, en honor al explorador francés que estuvo en Bolivia el año 1843. El 10 de septiembre de 1919, el Dr. Sandóval fundador de la Villa de Castelnau realiza la hazaña intrépida, viajando en un motorizado desde Puerto Suárez a Santa Cruz de la Sierra, llegando a la Villa Castelanu el día 15, donde es bien recibido; luego continúa viaje hacia la capital cruceña, a la que llega el 25 de septiembre de 1919, donde era esperado con una gran fiesta. Era el primer vehículo en llegar a la ciudad, así como el primer hombre en atravesar dichos campos en el motorizado. El año 1922, siguiendo la ruta del Dr. Ángel Sandóval Peña, se instala la línea de Telégrafo para comunicar el lugar con la capital; la misma ruta que serviría como base para la construcción del tramo férreo y la nueva carretera pavimentada, con la que se cuenta actualmente. El año 1930, la Villa de Castelnau recibe al entonces teniente Germán Busch Becerra, quién años después sería presidente de la República. German Busch tenía por misión el encontrar la ubicación del antiguo pueblo de San Ignacio de Zamucos, que fuera abandonada y destruida el año 1745. Cumplida la misión, el gobierno central le condecora con la mayor distinción con que cuenta el país, el Cóndor de los Andes.

Estalla la Guerra del Chaco; se alistan varios jóvenes de la Villa Castelnau y Santiago de Chiquitos para servir en la guerra. El primero de agosto de 1932, el Comando del III Cuerpo de Ejército, acantonado en la Villa de Castelnau, al mando del Gral. José L. Lanza, convoca a los reservistas del año 1926, quiénes al mando del Tcnel. Ángel Ayoroa parten hacia el Sur llegando a orillas del río Timanes en donde ubican el Fortín Ingavi. Desde este lugar logran combatir y superar la agresión del medio ambiente y del enemigo que amenazaba con tomar la Villa y Puerto Suárez. Durante esta época de hostilidades, el piloto Rafael Pabón y el metrallista Sof. Mario Calvo, compañero de Pabón, a bordo de un avión Curtiss-Osprey (Piraí), fueron abatidos por un avión enemigo el año 1934. En noviembre del mismo año, una epidemia de viruela negra azotó la población de la Villa de Castelnau, causando graves consecuencias para la población. En mayo de 1935 el abastecimiento de alimentos se hacía escaso, tanto para las tropas como para las poblaciones. El día 14 de junio de 1935 terminó la guerra, firmándose la Paz con Paraguay, fecha que la población civil rinde tributo a los excombatientes de la Guerra del Chaco. Concluidas la conflagración bélica, el año 1938, se inicia la construcción del ferrocarril, que uniría Puerto Suárez con Santa Cruz de la Sierra; vía que llega a la Villa de Castelnau el 1945, convirtiéndola en una urbe estratégica.

El nombre de Villa de Castelnau permaneció en la población hasta el 12 de noviembre de 1947, cuando en el mismo mes, 26 de noviembre, es elevada de rango de Cantón a la antigua Villa de Castelnau, llamándola Villa Roboré. Se conforma la Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos, teniendo como capital al cantón Roboré, así como otros cantones a Santa Ana y Santiago de Chiquitos. El primer alcalde de la población fue don Oscar Busch Candia, cuyo mandato se extendió hasta 1950[5].

El año 2000, mediante O.M. N°013/2000, el municipio de Roboré crea la “Reserva Municipal del Valle de Tucabaca.” Luego mediante Resolución Prefectural N°08/2006 se declara “Reserva Departamental Valle de Tucabaca.” El 2009 mediante O.M. Nº 32/2009 es declarada Área Protegida Municipal; finalmente ratificada mediante Ley Municipal 001/2011 como “Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca.” Ahora, se la conoce como “Reserva de Vida Silvestre Tucabaca” por la O. M. 018/2013, que aprueba la actualización de su Plan de Manejo. La Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca tiene una extensión de 262.305 hectáreas y se encuentra en el Municipio de Roboré a 400 km de la ciudad de Santa Cruz. La administración del área es responsabilidad del Gobierno Departamental de Santa Cruz, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, en coordinación con el Gobierno Municipal de Roboré.

La Reserva Municipal, protege una porción del “bosque seco chiquitano”, considerado como el bosque seco tropical mejor conservado a nivel mundial. Protege fuentes de agua de la serranía de Santiago y los cursos de agua que forman la base del sistema hídrico regional. En su interior conserva flora y fauna característica del lugar y valiosos sitios arqueológicos. En cuanto a la flora, se estima que existen más de 1.500 especies de plantas propias como ser, tajibo, paquió, almendra, tayoy, pesoé. La serranía de Santiago alberga el más alto potencial de plantas endémicas de todo el oriente boliviano. De la misma forma cuenta con una alta diversidad de mamíferos y especies característicos de este tipo de bosque.

La existencia de la vía férrea y la carretera interoceánica facilitan la accesibilidad a la zona. Esta área protegida cuenta con lugares paisajísticos de gran belleza, entre los que se destacan Santiago de Chiquitos, una de las últimas misiones fundadas por los Jesuitas, que se encuentra ubicada al centro de la Reserva Municipal Tucabaca. Sus impresionantes farallones y formaciones rocosas contienen numerosas sendas y miradores. También se destaca Motacú, sítio donde se puede observar pinturas rupestres. Así como el Mirador,”la antesala del cielo”. Se pueden citar también las Cuevas de Miserendino, así como La cascada de los helechos, El Arco Grande y El Chorro de San Luís[6].

En Tucabaca: La historia de una reserva natural creada y protegida por sus habitantes en Bolivia[7], se escribe:
Las comunidades que viven alrededor y dentro de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca han convertido al turismo en una fuente importante de ingresos, según Richard Rivas, director del área protegida. Sin embargo, las amenazas continúan. El gobierno incluyó la Reserva Valle de Tucabaca como área de interés para la exploración de hidrocarburos, según Sara Crespo de la ONG Probioma. Entre 2009 y 2012, se registraron hasta tres intentos por desarrollar actividades de exploración y explotación petrolera dentro de la reserva, además de las amenazas de ocupación ilegal en una zona del área protegida[8].

A 400 km al este de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, camino a la frontera con Brasil, se encuentra una región de serranía, reconocida como prodigio, digno de ser un paraíso; rodeada de una vegetación y naturaleza aún en buen estado de conservación, con paisajes encantadores, donde se asientan pequeños pueblos, donde se preservan culturas e historias locales. Estamos en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca, municipio de Roboré, área protegida creada para conservar las serranías de Santiago y Chochís y el valle de Tucabaca. La reserva, creada el año 2000 con una extensión de 262.305 hectáreas, posee una inmensa riqueza natural; el paisaje está conformado por serranías, caídas de agua, que conforman bellos cuadros naturales. En sus montañas se encuentran las nacientes de los ríos que abastecen a toda la región y a la zona sur del pantanal boliviano.

Los habitantes de la zona han convivido en armonía con los recursos naturales, así como han sabido aprovecharlos de forma sostenible. Rubén Darío Arias, expresidente del Comité de Gestión del área protegida, dice: “Nuestros abuelos ya lo hacían, protegían la serranía y la naturaleza, porque sabían que cuidándolas se beneficiaban más, ellos sabían que el agua venía desde arriba. Ahora, Roboré es uno de los pocos municipios donde tenemos agua todo el año, aunque ya vemos que ha disminuido”.

Desde la cima de la serranía se observa el valle de Tucabaca, parte del área protegida, que ya sufrió intentos de avasallamiento para establecer asentamientos de “colonos”. Actualmente el municipio y sus comunidades reconocen que el área protegida es una fuente ya no solo de agua sino de sustento y de trabajo. Las familias que viven en las comunidades de Santiago de Chiquitos, Roboré, Chochís y Aguas Calientes, además de realizar la agricultura en pequeña y mediana escala, tienen significativos ingresos, derivados del recorrido de los visitantes, que llegan los fines de semana y feriados para realizar turismo de naturaleza y disfrutar de los atractivos que ofrece la región.

Aquí los turistas invierten su tiempo y ahorros para caminar en las serranías, con paisajes magníficos, formaciones rocosas, ríos de aguas cristalinas, caídas de agua, nadar en un río de aguas termales, además de conocer la historia de la región y disfrutar de la calidez de la gente que los recibe. Justamente el fomento al turismo es una apuesta que las comunidades han realizado para su futuro, conscientes de que la Reserva de Tucabaca es la fuente de la mayoría de los atractivos para los turistas. Richard Rivas, director de la reserva, dice: “La declaración de la reserva es resultado del interés y exigencia que los habitantes de la región han hecho a las autoridades”. Es que la Reserva de Tucabaca es “una de las pocas áreas protegidas de Bolivia que se ha creado por decisión de la comunidad local; aquí fue a pedido y requerimiento de la gente que quiso que se proteja a las serranías y al valle de Tucabaca”. María Eugenia Cuéllar, exdirigente de Santiago de Chiquitos, lo confirma cuando dice que el “área protegida es nuestra, es de las comunidades. Aquí la cuidamos porque es la que nos da vida, es la que nos da agua a toda la región”. La Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca es fuente de ingresos para las comunidades, debido a las actividades turísticas que se realizan en su jurisdicción. “Ya han venido empresas mineras, queriendo explorar nuestra serranía, ofreciéndonos de todo, pero junto a todas las comunidades, hemos rechazado, no queremos la minería”, afirma Cuéllar, férrea defensora del valle de Tucabaca. Ella y sus compañeros están dispuestos a defender la reserva con uñas y dientes, como ya han demostrado antes.

Cuando las riquezas se convierten en una amenaza

Debajo de las serranías existen yacimientos de hierro y manganeso, y al norte está el valle de Tucabaca, que contiene el bosque seco tropical mejor conservado del mundo - el bosque seco chiquitano -, rico en maderas nobles y biodiversidad. Pero tanta abundancia se ha convertido en una fuente de amenazas de parte de los invasores y empresarios interesados en explotar la región. Rubén Darío, expresidente del comité cívico de la Comunidad de Roboré, dice que no habían tomado en cuenta un gran detalle: “esta tierra no solo es bendecida con las riquezas naturales, sino también por la cultura y la calidad humana de su gente, que decidió defender la naturaleza, la reserva y así su propia vida”. Según Darío, varios han sido los intentos de ocupación y exploración de la Reserva de Tucabaca, desde empresas mineras, que buscaban explorar la zona, hasta la aparición de asentamientos humanos ilegales. “Pero hemos sabido protegernos, porque la población conoce la importancia del área protegida, sabe que sin ella nuestra historia sería diferente. Y nuestra gente la defiende”. Las planicies sobre las serranías de la Reserva de Tucabaca ya están divididas en concesiones mineras, a pesar de que la explotación minera no ha sido permitida por las comunidades.

El ‘No’ a la minería dentro del área protegida

Edén Suárez es el actual presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos; desde joven conoce la importancia de proteger las serranías y el valle. Él ha sido uno de los primeros guarda-parques de la reserva y se ha capacitado como guía de turismo. Suárez nos cuenta que en los primeros años de la Reserva de Tucabaca no se había escuchado hablar sobre el intento de ocupación ilegal dentro del área protegida, ni las comunidades sabían que sus serranías escondían minerales. Fue recién a mediados del año 2009 en que apareció el primer proyecto minero, con la empresa Kyleno S.A. “Era junio de 2009 cuando supimos que había una empresa minera, la Kyleno, que estaba convocando a una consulta pública para presentar un proyecto minero en el área protegida”. “Nos cayó de sorpresa, porque no teníamos conocimiento de nada, y no todas las comunidades estaban enteradas de la consulta ni para qué servía. La empresa la había convocado para el 26 de junio y no aceptamos. En agosto tuvimos una reunión del Comité de Gestión de la Reserva de Tucabaca y decidimos aún no poner fecha para la audiencia, porque todavía se necesitaba discutir con las comunidades nuestra posición sobre el proyecto minero”. Sin embargo, la empresa Kyleno intentó realizar la audiencia el 22 de octubre en la ciudad de Roboré ─ que está fuera del área protegida ─, “pero logramos paralizarla y se definió la audiencia para el día 28 de noviembre en Santiago de Chiquitos”. Mientras tanto, el Comité de Gestión de la Reserva de Tucabaca armó su estrategia, “nos organizamos para defendernos. Buscamos asesoramiento y apoyo logístico, y logramos visitar las comunidades y explicarles lo que era la minería y los impactos que tendría en la serranía, en el agua y en nosotros mismos si se permitía. Fue un movimiento muy grande de las comunidades, y cuando ya fueron conociendo y entendiendo lo que realmente causaría la minería, ya no la querían”.

Como resultado de las jornadas informativas del Comité de Gestión e instituciones del municipio de Roboré, el 21 de noviembre, previo a consulta, las comunidades se reunieron en Aguas Calientes, donde emitieron un voto resolutivo en que expresaban su decisión de “rechazar la implementación de cualquier actividad minera […] en la reserva, porque atentaría contra los objetivos de conservación del Área Protegida y sus valores naturales”. El día de la Audiencia Pública, María Eugenia Cuéllar, que encabezaba la protección del área, recuerda que la gente dejó todos sus quehaceres, sus casas, su trabajo, “los chicos no tuvieron clases, todo por participar de la Audiencia y negarnos a la actividad minera en nuestra región”.

Durante la gestión de Rubén Darío como presidente del Comité de Gestión de la Reserva de Tucavaca se realizaron las alianzas con las instituciones locales para defender el área protegida. Foto: Giovanny Vera.

Se inició la reunión “y por respeto escuchamos a la empresa en su presentación”, dice orgullosa Cuéllar. “Pero luego, les indicamos que no queríamos actividades mineras y que la empresa no sería aceptada. Ahí mismo les entregamos el voto resolutivo donde se decía que ni ahora ni mañana ni pasado las comunidades aceptarían actividades mineras en la Reserva de Tucabaca”. Y ese fue el primer “NO” rotundo a cualquier actividad minera.

El proyecto que logró ganar

Pero no fue ese el último intento. Hubo otros más, como en el año 2010, cuando la empresa Sidereste logró tramitar su licencia ambiental para la exploración mineral al oeste de la Reserva de Tucabaca. Sin embargo, según explica Sara Crespo, especialista en monitoreo socioambiental de la ONG Probioma, Sidereste no realizó adecuadamente el proceso para lograrla. Para la consulta solo tomaron en cuenta a las comunidades más cercanas, a las que informaron “sobre los beneficios positivos que la minería les traería, como empleos, escuela, nuevas casas, además de invitarles churrasco y cerveza durante la consulta, pero, además, les escondieron los impactos al medio ambiente”. De esa “siniestra manera”, afirma Crespo, “en junio de ese año la comunidad de Naranjos aceptó la minería, afectando el área protegida”. Aunque días después se envió una denuncia e impugnación a la Consulta Pública a las autoridades nacionales, de igual forma se aprobó la licencia ambiental para el proyecto, aunque hasta el día de hoy permanece paralizado por falta de financiamiento.

Alertas ambientales

El tercer intento vino el año 2012, cuando extraoficialmente se supo del interés de la empresa minera Montecarlo de realizar trabajos de exploración en la serranía de Santiago. Ante esta alerta y aún sin ningún contacto oficial de la minera, las autoridades de Santiago de Chiquitos decidieron convocar a las demás instituciones del municipio para expresar su rechazo a la minería en el área protegida. El 26 de mayo de ese año, en reunión en Santiago de Chiquitos, las comunidades e instituciones relacionadas con la Reserva Valle de Tucabaca emitieron un voto resolutivo que decía: “Rechazamos cualquier intento de instalar una Actividad Obra, o Proyecto de explotación Minera […] en el interior del Área Protegida Tucabaca, por considerarla atentatoria contra la generación de agua que producen estas serranías, pudiendo contaminar los cursos de agua que abastecen a todas las comunidades del municipio y porque consideramos además que, la minería a cielo abierto es la única que no es sustentable por definición, pues destroza toda la cobertura vegetal y con esta, la gran cantidad de especies existentes con fuerte impacto ambiental”.

De acuerdo con Sara Crespo, el apoyo de las propias comunidades en dar gritos de alertas ante amenazas en la zona ha permitido hacer frente a estos eventos, sea el de proyectos mineros, asentamientos ilegales o deforestación. “Las comunidades ya se acostumbraron a avisarse entre ellas sobre las amenazas y luego dan parte a las instituciones responsables. Se han convertido en un sistema de alerta temprana en el área protegida”.

La ocupación ilegal del área protegida

Richard Rivas, el director del área protegida, explica que el área protegida fue creada en un momento en el que “la demanda por los recursos naturales en la zona era muy poca, la accesibilidad era muy difícil, los caminos aún no estaban […] pero los tiempos cambiaron, se establece una carretera internacional muy cercana, con los respectivos impactos, como el incremento por la demanda de recursos, de madera, y otros, como de uso y ocupación de la tierra”. En 2007 se dieron los primeros intentos de ocupación ilegal de tierras, que fueron repelidos por la administración del área protegida, apoyada por la misma población que presionó a los invasores para abandonar el área. “Fue esta una de las primeras muestras de la conciencia de la gente. Pero en 2011 los invasores se vieron fortalecidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, que autorizó la dotación de parcelas de terrenos dentro de la Reserva de Tucabaca.

La alternativa encontrada, cuenta Edén Suárez, fue ejercer la presión social contra la ocupación del área. “Necesitábamos tener mucha fuerza y así, encabezados por nuestro comité cívico, que aglutina a la mayoría de las instituciones del municipio, decidimos bloquear y cerrar el paso por la vía férrea y la carretera bioceánica, que unen Bolivia a Brasil. Nuestro mensaje era claro y directo al gobierno central, al INRA y al Ministerio de Minería, que no queríamos saber de exploración y explotación de minerales en nuestras tierras, ni avasallamientos - ocupación ilegal de tierras - al área protegida, y exigíamos seguridad jurídica para la misma”. El bloqueo duró dos días, la gente de Santiago bajó cerca de 14 kilómetros hasta la carretera para bloquearla, mientras la población de Roboré bloqueó en su jurisdicción. “Jóvenes, niños y ancianos participaron del bloqueo, todos con un objetivo común, de decir no al avasallamiento, ocupación ilegal de tierras, de nuestra área protegida”. María Eugenia Cuéllar recuerda que “la gente estaba decidida a ir y apoyar. En la radio del pueblo se explicó del paro, se pidió colaboración y así se logró que muchos apoyaran, hasta con comida”. Al final el bloqueo logró los objetivos esperados. Se consiguió la consolidación legal del área protegida con la promulgación de la primera ley municipal de Roboré, declarándola Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca. “Y como pueblo ganamos, porque nuestra área protegida se consolidó y protegemos nuestra agua”. “¿Te imaginas si aquí no fuera área protegida? ¿Cómo estaríamos? ¿Y cómo estarían los de allá abajo, tal vez ya sin agua?”.

“Nuestra área protegida es una reserva de agua, y la gente ya sabe que destruyendo ese cerro, nos quedamos sin agua”, dijo María Eugenia, exdirigente de Santiago de Chiquitos que estuvo junto a los demás pobladores en la lucha para proteger su reserva. Foto: Giovanny Vera.

Un futuro incierto

Según Sara Crespo, de Probioma, la reserva se encuentra en una situación incierta, debido a que las empresas aún tienen los derechos de exploración en el área, lo que la deja a la merced de las mineras. Además, asegura Crespo, el gobierno incluyó la Reserva de Tucabaca como área de interés para la exploración carburífera, lo que hace aún más inseguro el panorama. Las amenazas de afectaciones para explotar los recursos naturales cobijados por el área protegida están a la orden del día, aunque para los habitantes de la región, la defensa continúa. Rubén Darío asegura que hoy los habitantes de Roboré están despiertos y atentos a cualquier nueva amenaza a su área protegida, y que estarán para defenderla de nuevo. Este movimiento es el “fruto de varios años de un proceso de aprendizaje y de educación ambiental que promovió la apropiación del área protegida por parte de la gente”.

Edén Suárez recuerda que el hecho de que la Comunidad de Santiago de Chiquitos esté dentro de un área protegida ha traído mejoras hasta en la calidad de vida de sus habitantes. “Hoy Santiago - comunidad - vende ecoturismo, nos genera ingresos usando de forma sostenible sus recursos y su naturaleza, y por eso la defendemos. Somos orgullosos porque el área protegida es un referente a nivel nacional de protección y conservación”. “Estar dentro del área protegida también ha servido para ayudar a mantener nuestras tradiciones y costumbres, ya que es lo que buscan los turistas que vienen, ellos quieren vivir como nosotros vivimos”, dice María Eugenia Cuéllar. “¿Cómo no proteger lo que nos da de todo, nos da agua y nos da vida?[9]”

En el conflicto reciente, por lo tanto, recurrente, se han vuelto a dar movilizaciones de defensa del valle de Tucabaca y la Reserva del Paquió. Contingentes roboreseños marcharon hasta el INRA en defensa de Tucabaca. En la ciudad de Santa Cruz, los residentes de Roboré se concentraron en la plaza 24 de septiembre, desde donde partieron en caravana a protestar hasta las oficinas del INRA, en rechazo a la otorgación de la reserva municipal de El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca, que abarca 24.000 hectáreas, a la comunidad Túpac Amaru[10]. Además, afirmaron que la caravana es en apoyo a las medidas que llevan a cabo sus pares en la carretera bioceánica.

El conflicto no parece tener una pronta solución, a pesar de los anuncios del gobierno. En la mesa de dialogo entre el gobierno y las dirigencias y organizaciones involucradas en el conflicto, aparecen con cierta nitidez la contraposición entre los actores del enfrentamiento; los dirigentes municipales, regionales y locales, por una parte, frente al gobierno, sus voceros, ministros, y dirigencias sindicales campesinas, por otro lado. En el periódico El Deber sobresalen los temas del impase; se dice que:

El texto del convenio fue cambiado por lo menos cinco veces, pues los vecinos llegados desde la localidad chiquitana exigen la anulación de la resolución de asentamiento emitida por el INRA y no dejar que haya una verificación de la zona[11].

El Ministro de Desarrollo Rural Hugo César Cocarico aseveró que el Valle de Tucabaca, de 264.000 hectáreas, no está en discusión, pues su territorio está saneado y es imposible asentar comunidades nuevas. “Al lado hay un predio que en 2005 fue saneado como tierra fiscal disponible, son 57.000 ha, de las cuales 24.000 ha están en discusión”. Pide verificación in situ. El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, declaró a ANF que los campesinos dejarán Tucabaca siempre y cuando salgan del lugar los empresarios y ganaderos, que también realizan desmontes, calificando la protesta de Roboré como política y discriminatoria. Ante estos hechos, en San Ignacio de Velasco las instituciones, mediante voto resolutivo, exigieron una auditoría al INRA sobre las tierras dotadas en ese municipio y la paralización de nuevos asentamientos humanos con campesinos e indígenas del interior afines al MAS.

Las proyecciones insaciables del extractivismo

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, una vez asentado, parapetado, puesto a funcionar, en la historia moderna, desde sus comienzos mismos, no puede parar; sus proyecciones requieren de más territorios, de más bosques a talar, de más geología a explorar y depredar. Este modelo colonial extractivista, que sostiene el desarrollo del sistema-mundo capitalista, se reproduce expansivamente, aboliendo fronteras, sean agrícolas, mineras, hidrocarburíferas o de otra índole. Los espesores territoriales tienen que ser subsumidos a la vorágine destructiva de la acumulación originaria reiterativa, que sostiene a la acumulación ampliada de capital. Ante su avance no hay salvación, salvo si los pueblos resisten y se oponen a su expansión, además, claro está, de lograr vencer a los aparatos políticos, jurídicos, comunicacionales, ideológicos, de chantaje, que acompañan a la expansión del modelo extractivista.

La peculiaridad del caso reciente, en el conflicto de Tucabaca, es que se trata de otorgación de tierras a “colonos”, por parte del dispositivo de reforma agraria del Estado. Ya hace un tiempo aclaramos que cuando se habla de extractivismo, el modelo no se circunscribe a la mineria y a los hidrocarburos; puede integrarse al modelo una agricultura, una agroindustria y una ganadería expansivas y depredadoras. También anotamos, en otros ensayos, que la economía campesina, caracterizada como de operaciones complementarias de heterogéneos cultivos, además de variadas estrategias, que apuntan a la reproducción de la comunidad, deja de ser tal cuando tiende y se vuelve de monocultivo, y cuando su única estrategia resulta ser comercial y ganancial, basada en las lógicas del mercado. Bueno pues, hoy asistimos a transformaciones de las llamadas economías campesinas, de tal manera que se han conformado élites empresariales, que apuntan al monocultivo y al control expansivo y extractivo de los territorios. En escritos anteriores señalamos como ejemplo a las economías campesinas que se especializaron en el monocultivo de la hoja de coca; incluso señalamos el caso insólito que comunidades indígenas se transformen en monopolio de un monocultivo, como el de la quinua, ocasionando la formación de una burguesía comunitaria. Los anteriormente llamado “colonizadores”, ahora autonombrados como “interculturales”, que, en principio aparecieron como singulares economías campesinas, se fueron transformando, al apuntar, si bien, no del todo al monocultivo, pero si a cultivos altamente rentables, convirtiendo a las economías campesinas en economías empresariales. Valdría la pena hacer un balance de lo que ocurre, por ejemplo, donde se cultiva arroz en mayor escala, destinado al mercado de las ciudades.

Ciertamente, ni las economías campesinas son homogéneas, sino heterogéneas, diferenciadas y singulares, tampoco las economías campesinas en transformación, hacia un perfil más empresarial. De ninguna manera se trata de demonizarlas como las portadoras del capitalismo salvaje y depredador, sino de comprender cómo, en esta gama de perfiles agrícolas y agropecuarios, aparecen asentamientos claramente destructivos, como es el caso del Polígono Siete del TIPNIS, de los asentamientos clandestinos en áreas protegidas, y como es el caso del problema que nos ocupa, la dotación de tierras en Tucabaca y en el Paquió.

La primera anotación que podemos hacer es que estas dotaciones de tierras no corresponden al tipo de las dotaciones de tierras entregadas a los “colonizadores” por las políticas agrarias del gobierno de la revolución de 1952. En aquel entonces los asentamientos de “colonizadores” en el oriente boliviano correspondían como a una extensión de la reforma agraria, vía farmer, de esta revolución del nacionalismo-revolucionario. Lo que se asentó en las tierras de “colonización” fueron economías campesinas, que, primero, tenían que cubrir el cultivo de su subsistencia, para después ingresar al mercado. Lo que se dio con el avasallamiento del Polígono Siete es la expansión de la economía política de la hoja de coca excedentaria, de por sí, monocultivo, aunque vaya acompañada por otros cultivos colaterales. Es decir, el avasallamiento corresponde a la ampliación de la frontera agrícola de la hoja de coca excedentaria, en otras palabras, de la empresa de producción de coca, altamente rentable, cuya forma de organización es sindical. Lo que se reproduce, en este caso, es la burguesía sindical de la hoja de coca excedentaria.

La otorgación de tierras, por parte del INRA, en el Valle de Tucabaca y en la Reserva del Paquió, no corresponde a asentamientos campesinos, aunque le otorguen a esta dotación ilegitima e ilegal e inconstitucional el nombre de Comunidad Túpac Amaru, sino a asentamientos empresariales. No estamos diciendo que si fueran asentamientos campesinos fuesen legales y legítimos, pues se trata de áreas protegidas, donde no se permite tampoco este tipo de asentamientos. Lo que tratamos de caracterizar es el perfil mismo de la dotación otorgada por el INRA en este caso. Más se parece, aunque no del todo, a lo que pasó en Bulo Bulo, donde la concesión de tierras a dirigentes campesinos no tenía como objeto la producción campesina, sino la especulación de tierras; sobre todo, la ocupación de tierras, para que el Estado pueda ocuparlas después, con la debida indemnización, destinando estas tierras para la economía extractivista, que no deja de ser eso la economía industrial. Como anotamos más arriba, los proyectos bioceánicos, tanto carreteros como ferroviarios, definen campos gravitacionales para el capitalismo especulativo, donde el Estado juega un papel de monitoreo.

[1] Mención recurrente del Vicepresidente Álvaro García Linera.

[2] Leer Áreas Protegidas en el Mundo. https://www.ecured.cu/%C3%81reas_Protegidas_en_el_Mundo.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Leer Municipio de Roboré. https://www.feelpublicidad.com/ppas/robore.php.

[6] Unidad de Conservación del Patrimonio Natural y Área Protegida Tucabaca. https://www.santacruz.gob.bo/sczturistica/medioambiente/recursos_areasprotegidas_municipal/contenido/10001/30002210.

[7] Leer de Giovanny Vera Tucavaca La historia de una reserva natural creada y protegida por sus habitantes en Bolivia. Mongobay Latam. 27 septiembre 2016

https://es.mongabay.com/2016/09/areas_naturales_protegidas-biodiversidad-mineria-conflictos-pueblos_indigenas/.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Leer Roboreseños marcharon hasta el INRA en defensa de Tucabaca.

https://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=roboresenos-marcharon-hasta-el-inra-en-defensa-de-tucabaca#.

[11] Leer Tensa reunión para defender la reserva de Paquió de Roboré. https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Tensa-reunion-para-defender-la-reserva-de-Paquio-de-Robore-20181115-0008.html.