En Oaxaca, juicio popular contra mineras

En el juicio popular se denunciaron 22 casos de violaciones de las minas a los derechos de los pueblos, en un ejercicio que permitió que reivindicaran su autonomía frente al modelo extractivista



Los de Abajo
En Oaxaca, juicio popular contra mineras

Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada

Ya con un nuevo titular al frente del gobierno federal, las comunidades y organizaciones oaxaqueñas que participaron en el juicio popular comunitario en contra del Estado y las empresas mineras, celebrado el 11 y 12 de octubre pasado, darán a conocer el informe y veredicto el próximo 10 de diciembre.

En el juicio popular se denunciaron 22 casos de violaciones de las minas a los derechos de los pueblos, en un ejercicio que permitió que reivindicaran su autonomía frente al modelo extractivista. El próximo lunes y ya con un nuevo interlocutor federal, denunciarán en la plaza pública de la capital oaxaqueña las violaciones a los derechos humanos que en las últimas décadas han cometido las autoridades estatales y federales en agravio de los territorios oaxaqueños.

Para 52 comunidades de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco y mestizo, el juicio abrió una nueva etapa en su lucha frente a los proyectos extractivos, hidráulicos, energéticos, turísticos y de construcción de infraestructura. Adelantaron que el veredicto dibuja un panorama de reivindicación de sus autonomías y de la organización comunitaria que serán pilares fundamentales para detonar los cambios que anhelamos y fortalecer los procesos de defensa de nuestros territorios,

Actualmente hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca, mismos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía, se advirtió en el juicio de mediados de octubre, otorgó 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 tan sólo en esta entidad, en una superficie de 462 mil 974 hectáreas. Los proyectos, acusaron las comunidades, han violado el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Un testimonio de la comunidad de San José del Progreso resume el daño causado por las minas: Nos han dañado las parcelas, nos han encarcelado y nos han asesinado.

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