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Pedro Sánchez amenaza ahora a Quim Torra con enviar a la Policía a Cataluña
MARISOL HERNÁNDEZ Madrid
El Mundo
10 DIC. 2018 21:49
«Inadmisible», «intolerable» e «irresponsable». La apelación a la vía violenta eslovena como procedimiento para conseguir la independencia y la inacción ante los boicots de los CDR (Comités de Defensa de la República), que cortaron la AP7 durante 15 horas, hizo ayer estallar la platónica relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra. Por más que en julio pasado se reunieran en Moncloa, que visitaran juntos la fuente donde Antonio Machado se citaba con su último amor, por más veces que Sánchez haya evitado confirmar que no indultará a los presos del procés, la política de apaciguamiento hacia el indepentismo quedó enterrada este lunes. Hacía meses que Torra había echado tierra sobre ella. Con el agua del supuesto deshielo se ha dedicado incluso a remojarla. Los desórdenes en Cataluña, y la defensa de Torra de la «vía sangrienta», en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, dejaron caer la venda en los ojos del Ejecutivo. Es posible que hayan contribuido también los resultados de las elecciones andaluzas y el efecto que en ellos haya podido tener los flirteos del Ejecutivo con el independentismo.Tras una jornada clarividente donde el Gobierno cambió absolutamente su lenguaje hacia Cataluña advirtiendo de que el caos del fin de semana tendría «consecuencias», en la que la Abogacía del Estado estudió de que manera se puede intervenir para que Torra no haga «dejación de sus funciones», el Ejecutivo puso en marcha la vía administrativa para reconvenir al Govern por sus actos y amenaza con tomar el control de los Mossos. A través de tres cartas -una de la vicepresidenta Calvo al vicepresidente Pere Aragonès [léala en PDF] y otras dos del ministros de Fomento [documento en PDF] y de Interior a los consellers del ramo- el Gobierno pide explicaciones por la situación vivida en Cataluña, que ha impedido la libre circulación de personas y mercancías. Carmen Calvo transmite a la Generalitat la «inquietud» del Gobierno y le advierte de que evaluarán «los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido». Y el ministro del Fomento, José Luis Ábalos, expresa su «profundo malestar», el daño que los hechos hacen a España y a Cataluña y exige que se atiendan las posibles reclamaciones de los afectados.Pero es la misiva del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la que deja claro hacia donde apunta el Ejecutivo [lea la carta en PDF]. Sin consideraciones de ningún tipo Marlaska describe los hechos -el corte de la AP7 durante 15 horas y el levantamiento posterior de las barreras en algunos peajes- como una «grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico, con riesgo para personas y bienes», cuya «gravedad» es mayor por tratarse de un puente con desplazamientos masivos. Los Mossos, continúa, «aún hallándose allí, no han ejercido su función». El ministro reclama explicaciones al conseller de Interior, Miquel Buch, pero sobre todo le recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque las competencias estén cedidas, actúan bajo dependencia del Gobierno. Y apunta a su obligación «vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas». Interior, de hecho, demanda específicamente a la Generalitat que lo haga. «Que dé las instrucciones necesarias para que los Mossos d’Esquadra ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben».De no reaccionar Grande-Marlaska advierte que el Gobierno «ordenará la intervención de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en los términos de proporcionalidad y necesidad». En definitiva que el Ejecutivo se reserva la opción de enviar efectivos a Cataluña cuando entienda que es necesario para preservar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos y las libertades.Una intervención, al menos de las competencias de la Generalitat en Interior, cuyas consecuencias son muy difíciles de medir. Torra convierte en casi inevitable la actuación del Gobierno por su permanente desacato, su aliento a los CDR, su control a distancia de los Mossos en función de sus necesidades políticas y el desamparo en el que ha dejado al resto de ciudadanos catalanes. Pero la toma de la Policía de la Generalitat por parte del Ministerio le deja también las manos libres para alentar la protesta callejera, como ha hecho hasta ahora, sin encontrarse en la disyuntiva institucional de tener que reprimirla. La calle queda libre para el independentismo y probablemente del Gobierno será la responsabilidad de poner orden. El escenario es tan incierto como cada paso que se ha dado en este fase de la legislatura, tras la moción de censura. ERC y el PDeCAT siguen librando su propia batalla pero el Gobierno parecía mantener alguna esperanza de poder tramitar e incluso aprobar sus Presupuestos. Ahora será necesario un triple salto mortal para lograrlo.