Pueblo mapuche… lo que el gobierno no quiere ver

Pueblo Mapuche… lo que el Gobierno no quiere ver

Marcos Barraza Gómez
11 diciembre, 2018
El Mostrador

El funeral de Camilo Catrillanca y luego el Tragün (gran reunión mapuche) realizado en la comunidad de Temucuicui, convocado de manera amplia y transversal por la familia del joven asesinado –probablemente los hitos políticos más importantes en autoconvocatoria mapuche de las últimas dos décadas–, deben ser leídos como un punto de inflexión en cuanto a las capacidades de cohesión del pueblo mapuche. Constituyen una expresión de unidad amplia, que muestra la tendencia centrípeta del pueblo mapuche para sobreponerse a las ya conocidas diferencias entre las comunidades de cómo enfrentar su relación con el Estado de Chile. La presencia de representantes de comunidades y organizaciones indígenas de toda la macrozona sur da cuenta de una convocatoria que, sobre la base de la demanda histórica tiende a superar la fragmentación y atomización, en vínculo y solidaridad permanente con la organización mapuche urbana.

El título de este artículo debe complementarse con la frase “… y una parte de la oposición se resiste a asumir”, como expresión de no responsabilización del cuadro político complejo y delicado que emerge tras el recrudecimiento e incremento de la violencia institucional en la zona de La Araucanía y que cobra una nueva vida con el homicidio del joven Camilo Catrillanca.

Desde la irrupción del movimiento indigenista en el segundo lustro de los años 90, el pueblo mapuche progresivamente viene acumulando apoyos y, con ello, construyendo una fuerza movilizadora que tiene expresión rural y urbana, sostenida en una consolidación, fortalecimiento y recreación de su identidad, que traspasa en validación y legitimidad a los integrantes de su pueblo, siendo en ello demostrativos los resultados del último Censo (12% de la población nacional se siente parte de un pueblo indígena y mayoritariamente del pueblo mapuche), logrando establecer, pese a las políticas de asimilación y clientelismo que han caracterizado en lo sustantivo a todos los gobiernos democráticos desde el inicio de la transición, demandas de reforma estructurales que cuentan con amplio respaldo social y ciudadano.

Al respecto, en este artículo se proponen los siguientes elementos de análisis para entender e incidir en un conflicto que requiere soluciones políticas y no militares.

En primer lugar, el funeral de Camilo Catrillanca y luego el Tragün (gran reunión mapuche) realizado en la comunidad de Temucuicui, convocado de manera amplia y transversal por la familia del joven asesinado –probablemente los hitos políticos más importantes en autoconvocatoria mapuche de las últimas dos décadas–, deben ser leídos como un punto de inflexión en cuanto a las capacidades de cohesión del pueblo mapuche. Constituyen una expresión de unidad amplia que muestran la tendencia centrípeta del pueblo mapuche para sobreponerse a las ya conocidas diferencias entre las comunidades sobre cómo enfrentar su relación con el Estado de Chile. La presencia de representantes de comunidades y organizaciones indígenas de toda la macrozona sur da cuenta de una convocatoria que, sobre la base de la demanda histórica, tiende a superar la fragmentación y atomización, en vínculo y solidaridad permanente con la organización mapuche urbana.
Un segundo elemento, consecuencia directa de la manifiesta unidad de las diferentes identidades territoriales y organizaciones mapuche, es la esperable tendencia al incremento del movimiento social pro derechos del pueblo mapuche. El llamado transversal de las organizaciones mapuche a la desobediencia, debe ser leído en clave de exigencia de restitución de tierras y derechos políticos plenos, mediante movilización social que puede traducirse en un incremento de la protesta, con amplia legitimidad social e internacional. Esto marcará un punto de ruptura y distanciamiento con la forma de relacionamiento pasivo y de cooptación de muchas comunidades indígenas hacia la institucionalidad política.
Un tercer elemento es la evidencia clara de estar frente a un Gobierno sin política pública real y efectiva. Los contenidos del Plan Impulsa-Araucanía, por su acotado y restringido énfasis para el reconocimiento cultural y no político, y por su propósito claro de validar y profundizar desigualdades en la Región de La Araucanía, toda vez que se propone ahondar en un patrón de desarrollo sin pertinencia cultural, desprovisto de una orientación y fortalecimiento de la organización indígena de carácter colectivo y cooperativista, y orientado a la explotación y concentración en favor de las empresas forestales y grupos económicos, queda sin sustento de actores reales, que no sean la multigremial y las forestales, ambas entidades partes interesadas en preservar sus privilegios económicos y abiertamente negacionistas de los derechos indígenas.
Lo que finalmente hace que el Gobierno pierda iniciativa es que, tras el crimen por parte de Carabineros del joven Camilo Catrillanca, se hace visible la estrategia dual y adversa por parte del Ejecutivo para el pueblo mapuche: la del policía bueno, representado en el Ministerio de Desarrollo Social, y del policía malo, representado por el Ministerio del Interior, siempre prevaleciendo el policía malo y su política criminalizante. Por ello, en los hechos se está frente a un Gobierno carente de política pública, desprovisto de iniciativa y con un repertorio de respuestas insuficiente, dado su rechazo a pensar el Estado de Chile desde la noción de una República Inclusiva y de los derechos de los pueblos originarios.
Sin embargo, lo que finalmente hace que el Gobierno pierda iniciativa es que, tras el crimen por parte de Carabineros del joven Camilo Catrillanca, se hace visible la estrategia dual y adversa por parte del Ejecutivo para el pueblo mapuche: la del policía bueno, representado en el Ministerio de Desarrollo Social, y del policía malo, representado por el Ministerio del Interior, siempre prevaleciendo el policía malo y su política criminalizante. Por ello, en los hechos se está frente a un Gobierno carente de política pública, desprovisto de iniciativa y con un repertorio de respuestas insuficiente, dado su rechazo a pensar el Estado de Chile desde la noción de una República Inclusiva y de los derechos de los pueblos originarios.

En cuarto lugar, de existir en el Gobierno sectores que busquen hacer prevalecer el realismo en sus respuestas, cediendo y abriendo espacios de incidencia política frente a la demanda mapuche de derechos políticos efectivos, estas chocan constantemente con una correlación de fuerzas en la derecha contraria a cualquier reforma que posibilite la deliberación política de los pueblos indígenas. Correlación de fuerzas anclada en el racismo y la ultraderecha especialmente en la Región de La Araucanía, zona que constituye una de las bases de apoyo electoral más importante para el Gobierno del Presidente Piñera.
Un quinto elemento es la inobjetable y creciente pérdida de legitimidad del Gobierno, dada la ausencia de ascendente sobre instituciones claves para mantener la legitimidad ciudadana en cuanto a percepción de justicia y probidad. El anuncio directo del Presidente Piñera, no mediado por segundas autoridades, del retiro del Comando Jungla y del Gope de la zona rural de La Araucanía, pese a que no asegura la desmilitarización de la zona rural, no solo expresa una debilidad en las posiciones y estrategia gubernamentales, sino que muestra con claridad la imposibilidad de ejercer control efectivo y real de la policía por parte del poder civil.
Así, en este cuadro político, vale la pena preguntarse cómo reaccionará por separado y en conjunto la oposición tras la interpelación al ministro del Interior por parte de la diputada Emilia Nuyado, habida cuenta de la conducta elusiva o al menos silenciosa que una parte importante de la izquierda y del centro ha desplegado en las actuales circunstancias frente al conflicto en La Araucanía, reflejo de culpas no asumidas. Lo cierto es que el discurso de criminalización de los derechos del pueblo mapuche tiene su origen en una formulación de la derecha política y grandes empresarios para mantener y preservar la expropiación de tierras hecha durante la dictadura, sin embargo, dicha visión negacionista en el plano político y económico del pueblo mapuche fue asumida de manera proactiva por todos los gobiernos democráticos.

Lo esperable en este nuevo escenario político es que las fuerzas democráticas puedan desvincularse y provocar una ruptura completa con el discurso persecutorio de la derecha, haciendo prevalecer el camino de las reformas políticas estructurales, que pongan al centro derechos de primera, segunda y tercera generación en el pueblo mapuche y los nueve pueblos que habitan Chile.

De lo anterior, no es sano creer que el conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, tenga resolución acotando la interacción política a la zona de La Araucanía; la asimetría entre la derecha, expresada en el poder económico de la derecha, la multigremial, las forestales y el gremio de los camioneros frente al pueblo mapuche, obliga a asumir que siempre las comunidades indígenas estarán en desventaja. Se requiere de un diálogo o parlamento entre el Pueblo Mapuche y el Estado, que en este último vaya más allá del Ejecutivo, que convoque sin exclusiones a todos los poderes del Estado, a las diferentes espiritualidades, a los partidos políticos y movimientos sociales.

La vitalización y recreación de la causa mapuche da cuenta de un nuevo momento histórico, de crecimiento de las capacidades organizativas del movimiento indígena, de acumulación de voluntades que exigen a las fuerzas políticas y sociales visión histórica para saldar la deuda de genocidio, usurpación de derechos, asimilación y negacionismo.

Conviene tener presente que el Pueblo Mapuche construye una visión común de sus demandas de participación, deliberación política y derechos territoriales, fundadas en la legitimidad que le da su condición de Pueblo y su conciencia de haber vivido siglos de lucha, y frente al incumplimiento en que sucesivamente ha incurrido la democracia conviene tomar conciencia del imperativo histórico que interroga.