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Emiliano Teran Mantovani*
GEOGRAFÍA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN VENEZUELA:
PETRO-ESTADO, CRISIS HISTÓRICA Y LAS NUEVAS FRONTERAS DE LOS COMMODITIES
I. INTRODUCCIÓN
En Venezuela los estudios e investigaciones desde la perspectiva de la ecología política han sido escasos y con poco impacto en las discusiones políticas, y en general, los conflictos socio-ambientales en el país han tenido muy poca atención. Este trabajo intenta visibilizar estas luchas tratando de examinar no solo cómo se desarrollan en una localidad específica, sino al mismo tiempo cómo son parte de procesos conflictivos y diferenciados de producción y transformación del territorio a escala nacional.
En este artículo presentaremos un análisis de 20 de los conflictos socio-ambientales actuales más emblemáticos del país, los cuales
son analizados en conjunto para proponer una geografía de conflictos ambientales en Venezuela. La idea es evidenciar las tendencias
y diferenciaciones de estas luchas, determinadas en muy buena medida por la forma en la cual el extractivismo (petrolero) venezolano
* Es Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental,
Económica y Social, Universidad Autónoma de Barcelona y sociólogo de la
Universidad Central de Venezuela. Autor del libro El fantasma de la Gran Venezuela
(Fundación Celarg, 2014), que obtuvo mención honorífica del Premio Libertador
al Pensamiento Crítico 2015. Es miembro del Observatorio de Ecología Política de
Venezuela y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.
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ha configurado un modo de apropiación, organización y gestión del
territorio nacional con el fin de cumplir sus objetivos macroeconómicos y posibilitar la acumulación de capital a escala nacional e
internacional.
El período donde se analizan estos conflictos socio-ambientales
es el de la Revolución Bolivariana (1999 hasta nuestros días); un
complejo proceso político en el cual la bandera de la “justicia social”
ha sido enarbolada no solo en las narrativas hegemónicas sino también en una serie de políticas públicas de corte social y reivindicativo aplicadas durante años, que lograron mejorar los indicadores de
acceso socio-económico y promovieron el reconocimiento social y la
participación política ciudadana de sectores históricamente excluidos. Sin embargo, el extractivismo y los impactos socio-ambientales
a lo largo y ancho del país se han profundizado (Teran, 2014). En
este artículo mostraremos cómo una serie de patrones histórico-estructurales de poder y una serie de disputas territoriales están generando una notable situación de injusticia ambiental en el proceso
político actual, lo que problematiza los propios pilares de esta idea
de justicia social.
El rol del Petro-Estado, como una de las especificidades históricas
del caso venezolano, será analizado examinando cuál ha sido su rol
particular en la Revolución Bolivariana. Veremos cómo, en términos
de conflictos socio-ambientales, una serie de políticas han establecido plena dominación histórica de este Petro-Estado en sus territorios
tradicionales, al norte del río Orinoco. En contraste, en la zona sur –la
región Guayana− se están desarrollando intensas disputas territoriales por el control de zonas y recursos estratégicos.
El contexto en el cual se enmarcan estos conflictos es el de una
extraordinaria crisis a escala nacional, que ha afectado todas las
esferas de la vida y ha deteriorado las condiciones de existencia de
la población (incluyendo los avances sociales alcanzados en este
proceso desde 1999) (Lander, 2014). Esta situación no solo afecta
las instituciones formales sino que también ha promovido la emergencia o expansión de nuevos actores y prácticas sociales vinculados a economías subterráneas (informales, ilegales e irregulares),
resaltando el crecimiento de la minería ilegal, lo cual intensifica las
disputas territoriales y complica aún más la situación de injusticia
ambiental.
Por último, serán brevemente examinados los horizontes de las
luchas socio-ambientales en el país, sea desde las perspectivas de los
pueblos indígenas ante estos escenarios, así como la potencial emergencia de nuevos sujetos, valoraciones, narrativas y prácticas ecológicas en las ciudades.
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II. SOBRE ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLOGÍAS
Como se ha mencionado, el foco principal en este artículo está puesto sobre los “conflictos ecológico-distributivos” –también entendidos
como ‘socio-ambientales’– los cuales son aquellos que emergen a raíz
de las desigualdades en el acceso y disposición de los recursos naturales, servicios ambientales y en las cargas y consecuencias de la
degradación ambiental (Martínez-Alier, 2002). En este sentido, la justicia ambiental es el horizonte político en el cual estas desigualdades
son solventadas. Aunque un conflicto puede estar motivado simultáneamente por otras razones (económicas, culturales, entre otras), la
distinción entre la distribución económica y ecológica es importante
dado el alto grado de invisibilización y poco valor que se le ha otorgado a la segunda, y las luchas por una mayor justicia ambiental en
Venezuela.
En el presente trabajo, estos conflictos son analizados a la luz
de políticas de producción del territorio en múltiples escalas –crossscale analysis– (Escobar, 2001; Paulson and Gezon, 2005). El territorio es entendido pues como un espacio geográfico que se construye
socialmente. En este sentido abordamos la perspectiva de Deleuze y
Guattari (2010) desde la ecología política, entendiendo la territorialización como el proceso mediante el cual el territorio es socialmente
transformado, dominado, amoldado, controlado, significado, valuado
y/o disputado, incluyendo los elementos que lo componen, como sus
recursos, ciclos ecológicos y los seres humanos que lo habitan.
Estos procesos de producción del territorio en diversas escalas
son analizados dentro de las dinámicas globales de acumulación capitalista (Harvey, 2005, 2007a, 2007b). Esto nos permite mostrar que
las relaciones de poder globales, regionales, nacionales y locales son
determinantes de estos procesos de desterritorialización (la ruptura de
un orden o configuración territorial en un determinado tiempo) y reterritorialización (su reconfiguración basado en nuevos patrones), en los
cuales el Capital y el Estado son actores principales orientados fundamentalmente a la apropiación de recursos, trabajo y territorios y la
viabilización de la acumulación capital a escala nacional e internacional, en detrimento de pobladores, pobladoras y comunidades locales.
En América Latina, estos procesos son gestionados y canalizados a través del modelo extractivista. A partir del enfoque que hemos
propuesto, es necesario hacer explícito un relativo distanciamiento
del concepto de extractivismo de Eduardo Gudynas (2015) el cual es
entendido como una particular actividad económica o un “emprendimiento específico” que no debe ser confundido con una economía
primario-exportadora. La construcción de una geografía de los conflictos ambientales como la que hemos planteado, nos lleva a analizar
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no solo el proceso de territorialización específico en el que se inscribe
un conflicto determinado, sino comprender cómo cada uno de estos
se encuentra también inserto en configuraciones territoriales interrelacionadas a escala nacional e internacional. En este sentido, es necesario un concepto ampliado de extractivismo.
Más allá del tradicional concepto económico de “modo de producción”, el extractivismo es entendido aquí no solo como un modo
particular de acumulación capitalista, sino también como un sistema
económico-ecológico-político que también implica un modo de territorialización, el cual se desarrolla vinculando territorios primordialmente en torno a los procesos de extracción masiva de los llamados
“recursos naturales” y la distribución de los excedentes económicos
obtenidos de estos. Este enfoque es útil al menos para el caso de las
economías latinoamericanas, y puede ser estudiado desde el ámbito social y territorial que abarca el Estado-nación, sin menoscabo de
otras escalas de análisis local, regional o, incluso, global.
En Venezuela, el principal gestor del modo de territorialización
contemporáneo, y el gran agente estructurador de la economía rentista petrolera (Baptista, 2010) es el “Petro-Estado” (Coronil, 2002; Karl,
1997; Watts, 2001). Una de sus principales características políticas es
la extraordinaria hegemonía que alcanza a nivel nacional, a través de
la apropiación y gestión de todo o gran parte del negocio petrolero
en el país, el cual se convierte en su principal fuente de ingresos económicos. Resalta el hecho de que el Estado es constituido no por un
commodity cualquiera (como las bananas, el cobre o el ganado) sino
por el principal recurso en el metabolismo social del sistema capitalista al menos desde la segunda mitad del siglo XX, por lo que su nivel
de influencia puede llegar a escala internacional (recordemos el rol de
Venezuela en la creación de la OPEP en 1960).
En las economías petroleras, el Petro-Estado tiende a monopolizar la “creación” de riqueza en el país y configura una “hipercentralización” (Watts, 2001) política, económica e incluso cultural en la
medida en la que ha construido en Venezuela, a partir de la década
de los años 30, un poderoso imaginario social de riqueza, progreso y
modernidad, sin precedentes en América Latina. A pesar de las diversas crisis que se han vivido en el país en las últimas décadas, dicho
imaginario aún conserva legitimidad en el grueso de la población. De
esta forma, el Petro-Estado se ha convertido en el estandarte de la
transformación socio-económica del país y la compañía petrolera nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) juega un rol central en estos
procesos. Es este Estado el principal actor sobre el cual recaen las
interpelaciones ciudadanas y quien confronta los conflictos ecológicodistributivos en el país.
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Además de los aportes planteados desde la economía y la teoría política sobre los rasgos de los Petro-Estados, en este artículo
afirmamos que el Petro-Estado venezolano produce un específico
“eco-régimen” al construir no solo configuraciones geográficas a escala nacional sino también un régimen sobre el “tejido de la vida”
(Moore, 2011; 2013)1
. En amplia escala, el modo de territorialización estructuró una especie de saturación geográfica al Norte del río
Orinoco, donde se encuentra el 95% de la población, los principales
enclaves urbanos donde se asignaron las funciones territoriales de
las zonas extractivas petroleras, los polos agrícolas y las zonas de
sacrificio2
, entre otras.
En contraste, al sur del Orinoco, salvando el polo urbano de
Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Puerto Ordaz, se encuentran las
extensas nuevas “fronteras de los commodities” (Moore, 2000), entendidas como los espacios geográficos ubicados más allá de los márgenes de los circuitos centrales de acumulación de capital, que fungen no solo como zonas de reserva de recursos, sino que también se
constituyen como zonas de “bajo costo” donde se pueden resolver o
mitigar crisis de acumulación, cargando los costos de estos procesos
sobre campesinos, pueblos indígenas, economías locales, áreas protegidas, ciclos de vida, entre otros. Estas configuraciones territoriales
marcan determinantemente las dinámicas de los conflictos ecológicodistributivos en el país.
En una escala micro-social, el eco-régimen del Petro-Estado configura, a partir de los rasgos descritos en esta sección, una correlación
de fuerzas en la cual es muy dificultoso confrontar a la industria petrolera nacional, ícono del progreso en el país. A su vez, intenta crear
un marco de acción para los conflictos de distribución ecológica a
partir de una política rentista, esto es, usando la renta del petróleo
para administrar y confrontar tanto los conflictos de distribución económica como los de distribución ecológica.
1 Moore propone una teoría unificada del capitalismo como ecología-mundo –una
nueva metáfora de la economía-mundo capitalista de Wallerstein (2004)– integrando
“dialécticamente” la acumulación de capital y la búsqueda del poder, con la “producción” de la naturaleza. La naturaleza es vista en Moore como una red de relaciones,
las cuales constituyen el tejido de la vida. Su análisis abandona la yuxtaposición
capitalismo y naturaleza y se orienta al desarrollo del “capitalismo-en-la-naturaleza”.
2 El concepto de zona de sacrificio, que comienza a utilizarse en la ecología política
estadounidense, se refiere a áreas geográficas que son permanentemente impactadas
por daños ambientales, comúnmente provocados por corporaciones (pero también
por los Estados) quienes dirigen estas cargas a sectores económicamente marginados o racialmente discriminados.
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METODOLOGÍA
La selección de los 20 casos analizados para este trabajo se basó en
la realización de un registro inicial de 82 conflictos socio-ambientales
que fueron hallados en 18 de los 24 estados del país, y que representan
una amplia gama de casos, que varían en la intensidad de las luchas,
relevancia política nacional, antigüedad, tipo de actividad económica
involucrada, entre otros.
Seis fueron los criterios para elegir estos 20 conflictos: a) que fuesen actuales, aunque hayan bajado su intensidad o fuesen latentes; b)
su representatividad geográfica (10 casos al norte del río Orinoco y 10
al sur, distribuidos en las regiones más importantes del país); c) impactos socio-ambientales significativos (que en el caso venezolano están altamente relacionados a las industrias extractivas); d) movilizaciones relativamente prominentes; e) casos desarrollados como
procesos en el tiempo (antes que solo incidentes, como la explosión de
una refinería); y f) casos localizados en territorios específicos (antes
que campañas nacionales).
Una zonificación nacional fue diseñada, buscando representar las diferenciaciones de la geografía nacional a partir de las dinámicas de los
conflictos ecológico-distributivos. Las zonas fueron planteadas partiendo de que las territorializaciones se producen en la interrelación de
factores tales como grupos movilizados en resistencia, biorregiones,
Cuadro 1. Lista de conflictos socio-ambientales en Venezuela seleccionados
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Figura 1. Zonificación de los conflictos socio-ambientales en Venezuela seleccionados
función económica del territorio y patrones de poblamiento, en vez de
recurrir solo a las fronteras de las entidades federales del país como
referente de zonificación.
Dieciséis zonas fueron delimitadas (ver figura 1), y en cada zona
fueron elegidos uno o varios de los conflictos más representativos
de las mismas, a excepción de dos de ellas donde no se registraron
casos, dada la escasa relevancia relativa de estas zonas respecto a
este tipo de conflictos. Cinco de las zonas se encuentran al norte del
Orinoco y once al sur. Las nuevas fronteras de los commodities han
sido señaladas con colores cálidos e incluyen además de toda la región Guayana, la Sierra de Perijá, al occidente del fronterizo estado
Zulia.
Todos los casos fueron registrados siguiendo el instrumento del
“Atlas de Justicia Ambiental” (Environmental Justice Atlas – EJAtlas
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conflictos que se producen en el marco de las economías subterráneas, informales e ilegales, tales como la minería ilegal. Diversas
fuentes fueron consultadas tales como declaraciones de pueblos
indígenas y de organizaciones sociales y ambientalistas, entrevistas
publicadas, archivos de video y documentales, reportes y denuncias
de las comunidades afectadas, documentos de investigación realizados por activistas, documentos y declaraciones oficiales, artículos
de prensa, investigaciones académicas y entrevistas realizadas especialmente para este trabajo. La información más relevante ha sido
colocada en línea en el Atlas de Justicia Ambiental, en la sección
de Venezuela y se encuentra disponible para el escrutinio público
La metodología de análisis usada se ha basado en un enfoque
cuali-cuantitativo, recurriendo a la ecología política comparativa
(Martínez-Alier et al., 2016), examinando los detalles de cada caso,
y planteando sus tendencias geográficas a partir del mapeo, la estadística y la comparación cualitativa de casos, de manera de establecer algunas generalizaciones y diferenciaciones acerca de los grupos
movilizados, tipos de commodity involucrados, intensidad de los
conflictos, impactos socio-ambientales, resultados de los conflictos,
entre otros.
III. GEOGRAFÍA DE LOS CONFLICTOS ECOLÓGICODISTRIBUTIVOS EN VENEZUELA
En la cartografía de estos veinte conflictos ecológico-distributivos emblemáticos de Venezuela, vemos que el 60% son originados por minería (carbón, níquel, hierro, bauxita y numerosos casos de minería
ilegal de oro, diamantes y coltán), lo cual resalta en un país cuya economía está profundamente determinada por el petróleo. Cuatro fueron los casos directamente vinculados a la actividad petrolera y de gas
natural, mientras que dos casos se relacionaban con infraestructuras,
uno con gestión del agua y uno con desechos.
Cuando se analizan estos casos como una geografía de conflictos
ambientales es posible evidenciar dinámicas territoriales diferenciadas, atravesadas no solo por el eco-régimen configurado por el PetroEstado venezolano, sino también por intensas disputas territoriales
que se expanden al calor de la severa crisis que se vive en el país. Las
nuevas fronteras de los commodities presentan rasgos notablemente
distintos a las zonas norte-costeras y urbanas dominadas desde hace
ya muchas décadas por el Petro-Estado.
El grueso de los conflictos socio-ambientales (65%) se encuentra
en áreas rurales, 30% en zonas urbanas y el 5% en semi-urbanas. El
100% de los conflictos ubicados en la zona norte del río Orinoco son
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originados por proyectos y actividades económicas formales, todos
estos gestionados por una institución o compañía nacional, incluyendo empresas mixtas donde el Estado tiene la mayoría accionaria (Ver
figura 2). Ejemplos de estas iniciativas nacional-estatales son las diversas actividades económicas de PDVSA en el occidente y oriente del
país; las mineras Lomas de Níquel (estado Aragua) y Carbozulia (estado Zulia), recuperadas por la Nación en 2012 y 2013 respectivamente;
o proyectos de infraestructura urbana liderados por el Ministerio para
el Transporte Terrestre y Obras Públicas. Esta es una muy marcada característica en Venezuela, en comparación con otros países latinoamericanos donde hay mucha mayor presencia e incidencia de compañías
transnacionales en estos conflictos.
Como tendencia opuesta, en las nuevas fronteras de los commodities los conflictos ecológico-distributivos están marcados por
actividades económicas subterráneas, ilegales e informales, siendo
básicamente la minería ilegal la que origina estas disputas. Solo los
conflictos de minería de Carbón en la Sierra de Perijá con los yukpa
de los ríos Yaza y Tukuko, y con los wayúu del río Socuy están dentro de un proyecto formal (Carbozulia). Del resto, a lo largo y ancho
de los estados sureños Bolívar y Amazonas se despliegan numerosos
casos de minería ilegal, como por ejemplo los de minería de oro en
El Callao; en la cuenca del río Caura en perjuicio de los indígenas
yek’wana y sanemá; o en el río Ocamo del estado Amazonas, afectando a los yanomami. Este tipo de casos en conjunto representan el
50% del total analizado, siendo que esta actividad se encuentra en un
extraordinario crecimiento al menos desde hace una década y refleja
que una parte de los impactos del extractivismo también se producen
fuera de los marcos de las corporaciones transnacionales, empresas
nacionales e instituciones oficiales.
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La intensidad de los conflictos varía y está determinada por las dinámicas territoriales descritas, así como por los grupos movilizados y
los commodities involucrados. Ocho del total de los casos emblemáticos analizados son de baja intensidad, que sumado a un caso latente3
en El Callao totalizan el 45% de los conflictos analizados. Fuera de las
fronteras de los commodities se encuentran el 75% de los conflictos de
baja intensidad. Destaca el hecho de que 4 de 5 conflictos relacionados
directa o indirectamente con petróleo y gas son de baja intensidad,
siendo que el quinto conflicto es de intensidad media y está impulsado
en buena medida por sindicatos petroleros del Complejo Industrial
José Antonio Anzoátegui. En términos ecológico-distributivos, las
3 De acuerdo a la metodología del Atlas de Justicia Ambiental, en un conflicto de
baja intensidad existe alguna organización local pero poca o nula movilización contra el impacto socio-ambiental visible o potencial y los agentes que lo producen. En
los de media intensidad se expresan movilizaciones de calle e interpelaciones y narrativas más numerosas e incisivas. En los de alta intensidad ya se incluyen confrontaciones violentas. En los conflictos latentes, aunque las movilizaciones no existen,
las condiciones potenciales para su surgimiento están dadas (Temper et al., 2015).
Figura 2. Dinámicas territoriales diferenciadas en los conflictos socio-ambientales en Venezuela
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luchas urbanas y campesinas suelen ser más frágiles, discontinuas
y fragmentadas, dirigiendo en cambio sus demandas más hacia una
mayor justicia en la distribución económica. Esto no supone de ninguna manera que estos conflictos no hayan subido su intensidad en
momentos determinados, como ocurrió con las movilizaciones de calle para el cierre del vertedero Cambalache en la zona urbana del estado Bolívar o los cierres de acceso a la minera Lomas de Níquel por
parte de la población de Tiara, estado Aragua, en 2010.
En contraste con esto, los conflictos de alta intensidad, que representan el 30% del total, ocurren en las nuevas fronteras de los commodities y en todos estos, pueblos indígenas están involucrados. A pesar
de representar menos del 3% de la población nacional (INE, s.f.), estos
pueblos cumplen un rol fundamental en los conflictos de distribución
ecológica −haciendo parte del 60% del total de casos analizados−,
pues disputan y defienden estas fronteras –que suelen ser áreas naturales protegidas–, tal y como ocurre con los indígenas yabarana en el
municipio Manapiare del estado Amazonas y los pemón del río Carrao
en el Parque Canaima del estado Bolívar (ambos casos relacionados a
la minería ilegal de oro) o los yukpa en la Sierra de Perijá.
Cabe resaltar que el oro es el commodity más conflictivo, no solo
por ser el recurso que está vinculado a más casos (8 en total) sino por
estar relacionado con varios de los conflictos más violentos en el país
–67% de los conflictos de alta intensidad–.
En la mitad de los casos analizados se registra un incremento
de la violencia respecto a la situación previa al conflicto, y 90%
de estos están en las nuevas fronteras de los commodities, como
ocurre por ejemplo contra los arawaks del sur en la cuenca río
Atabapo en Amazonas y contra los indígenas wayúu en la Guajira
venezolana. Intensas disputas territoriales en torno a la minería
ilegal y otras actividades ilícitas se están desarrollando en el sur
del río Orinoco por el control de territorios y minas, siendo la población indígena la más afectada, incluyendo la muerte de algunos
de sus integrantes.
Bandas criminales y grupos armados irregulares aparecen en casi
todos estos casos analizados como actores que ejercen notable poder
e influencia en estos territorios, usando formas de violencia extrema,
como es evidente en casos como los de El Callao y el Alto Paragua en
el estado Bolívar. Adicionalmente se destaca un proceso de militarización que va en crecimiento en el 40% del total de los casos, todos ellos
en las nuevas fronteras de los commodities.
El crecimiento en importancia y el poder territorial que han desarrollado estos grupos ilegales, informales e irregulares en los últimos diez años en Venezuela le ha otorgado un significativo rol en los
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conflictos de distribución ecológica y un notable posicionamiento estratégico en las nuevas fronteras de los commodities. En todo caso, es
necesario resaltar que casi todos los pueblos indígenas y organizaciones sociales en resistencia en estos conflictos señalan que miembros
de las fuerzas militares han actuado en complicidad o han operado
en la minería ilegal, creando autoridades territoriales y sacando provecho económico de esta actividad económica paralela, lo que revela
complejas alianzas entre lo formal y lo informal.
INJUSTICIA AMBIENTAL: EL LADO OSCURO DE LA “JUSTICIA
SOCIAL” EN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
La idea de justicia social, vinculada desde el siglo XIX al reconocimiento de derechos de las clases trabajadoras y que toma su forma
contemporánea en el Estado de bienestar, las mejoras en la distribución económica, el reconocimiento social y la participación política ciudadana (Dubet, 2011; Fraser, 2008; Murillo y Reyes, 2016)
ha sido una importante reivindicación discursiva en la Revolución
Bolivariana –y en general en los progresismos latinoamericanos– desde la Constitución Bolivariana de 1999 hasta nuestros días.
Esta noción ha tenido centralidad no solo en la narrativa gubernamental sino también en una serie de políticas a partir de las cuales,
se concretaron en años anteriores varios avances respecto a la distribución económica (baja de los índices de pobreza y de desigualdad
social, entre otros), en el reconocimiento social (reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres,
entre otros) y en la participación política ciudadana (creación de los
consejos comunales, inclusión social en nuevos mecanismos electorales) (Teran, 2014).
Sin embargo, cuando analizamos las dinámicas de la distribución
ecológica en la Revolución Bolivariana, es posible constatar una muy
marcada situación de injusticia ambiental, la cual constituye no solo
una notable contradicción con la reivindicada idea de “justicia social”,
sino también una especie de lado oscuro de la misma.
En el análisis de los conflictos socio-ambientales que hemos realizado, también se evaluó si la lucha de los grupos movilizados logra
conseguir o no la justicia ambiental: “Sí” (éxito), “No” (fracaso) o “No
parcial” (logro parcial). Se tomó en cuenta si las demandas de estos
grupos afectados fueron atendidas y si los daños e impactos socioambientales fueron remediados.
Nuestro análisis arroja que en el 75% de los conflictos no se consigue de ninguna manera materializar la justicia ambiental. Demandas
de los grupos movilizados por el reconocimiento de las tierras ancestrales para los pueblos indígenas, remediaciones ambientales y
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atención sanitaria, solicitudes para detener o reformular proyectos y
realización de consultas previas a los mismos, respeto por los derechos humanos y seguridad para la población, por mencionar las peticiones más recurrentes, básicamente no son atendidas.
La evidencia de esta marcada injusticia ambiental aparece en casi
todos los conflictos de minería ilegal al sur del río Orinoco, donde la
actividad y sus consecuencias están en un peligroso crecimiento; en la
dramática situación del pueblo warao en el delta del Orinoco, enfatizando en los problemas de salud causados en estos; en comunidades aledañas (o trabajadores) a las instalaciones de petróleo y gas, ubicadas en
las zonas tradicionales de la actividad, que continúan sufriendo notables
impactos desde hace décadas (como las comunidades de la península
de Paraguaná) o de manera relativamente reciente (como los indígenas
kariña de Tascabaña y las comunidades de Puerto Píritu, al oriente del
país); en los proyectos de minería formal que cambian la vida de la población de Tiara (Lomas de Níquel) y socavan los medios de vida del pueblo
yukpa en la Sierra de Perijá; o bien en proyectos urbanos recientes como
el trasvase de aguas del Lago de Valencia y la ampliación de la autopista
Valle-Coche en Caracas, los cuales han sido desarrollados a pesar de las
críticas y consecuencias advertidas por los grupos sociales movilizados.
El restante 25% de los conflictos examinados fueron considerados como “No parcial”. En estos cinco casos una o algunas demandas
fueron atendidas pero la justicia ambiental no ha sido alcanzada. Por
ejemplo, en 1995 la comunidad de El Hornito en el estado Zulia fue
reubicada pero nunca compensada por los daños socio-ambientales
provocados por la Petroquímica Ana María Campos, a pesar de ser
esta una de las principales reivindicaciones de la población. Una situación similar ocurre cuando la ubicación del Puerto de aguas profundas en Araya, estado Sucre, fue replanteada, pero actualmente se
mantiene la preparación de tierras para su construcción en esta península, a pesar de las críticas y oposiciones.
En 2014, el vertedero de Cambalache fue clausurado, lo cual había
sido una de las principales peticiones de las comunidades afectadas,
pero el saneamiento del mismo y la atención médica a los afectados
no han sido efectuados, y el gobierno regional está creando nuevos
vertederos improvisados, los cuales producen tensiones en las comunidades aledañas. En 2015 el Gobierno Nacional formaliza el reiterado anuncio de expansión de la extracción de carbón en los municipios
Guajira y Mara en el estado Zulia. Seis meses después, a partir de
diversas movilizaciones y campañas sociales en su contra, las medidas
de expansión decretadas eran revertidas. En la actualidad, los gobiernos regional y central insisten en esta expansión extractivista, mientras que las campañas populares en resistencia continúan. Por último,
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indígenas pemón del Alto Paragua en el estado Bolívar, ocupan una
mina en 2011 y fundan la comunidad autónoma de Musukpa, pero las
reivindicaciones ambientales no están entre sus prioridades, e incluso
estos indígenas ejercen la minería ilegal con mercurio y motobombas.
En el marco de la expansión del neoliberalismo a escala global
(Harvey, 2005) y de intensas disputas por el control de recursos naturales, la situación de la justicia ambiental en el mundo, a rasgos generales, es muy precaria. Según la base de datos del Atlas de Justicia
Ambiental para octubre de 2016, solo el 17% de los conflictos llegan a
término exitoso para los grupos en resistencia y en cambio casi en el
50% la justicia ambiental no es alcanzada. Para tener una visión general
de estas tendencias en Suramérica, se presenta una comparación entre
Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, partiendo del registro
del EJAtlas actualizado a octubre de 2016 (ver cuadro 2). Venezuela
tiene a la fecha un total de 30 casos registrados en esta base de datos.
Es posible notar que los resultados de “fracasos” de estos países son
muy cercanos a la media mundial con excepción de Brasil y Venezuela
que tienen un resaltante 74% y 76%, respectivamente. En relación a
los éxitos para la justicia ambiental, Argentina aparece con resultados muy por encima del promedio, mientras que los de Colombia y
Venezuela son resaltantemente más bajos.
A pesar de que estos datos nos permiten hacer algunas comparaciones generales, estos por sí mismos no dan cuenta de los diferentes
dispositivos de control, regulación y dominación que se aplican en
cada país sobre las comunidades y organizaciones sociales que luchan
por concretar la justicia ambiental. Tampoco son suficientes para explicitar las diversas correlaciones de fuerza que se configuran a partir
de tejidos sociales más o menos fuertes que resisten y luchan para
intentar lograr un mejor balance en la distribución ecológica en un
determinado país.
En este sentido, cabría decir, por ejemplo, que el Estado colombiano ha tenido a la violencia como uno de los principales mecanismos
Cuadro 2. Justicia ambiental en los resultados de los conflictos socio-ambientales, octubre, 2016
Fuente: EJAtlas database.
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para confrontar los conflictos de distribución ecológica (Pérez Rincón,
2014), y no así el Petro-Estado venezolano, que se ha servido históricamente de diversos mecanismos de asimilación de estas luchas a
través de un amplio abanico de políticas posibilitadas por la captura
y distribución de la renta petrolera. Lo que entendemos aquí como
mecanismos de asimilación son aquellas políticas que hacen tolerables los impactos socio-ambientales a través de la integración de la
población tanto en las dinámicas económicas y políticas como en las
expectativas sociales de la economía rentista petrolera.
De esta manera, el Petro-Estado confronta las crecientes desigualdades en la distribución ecológica buscando compensarlas por
la vía de una socialización estratégica y selectiva en la distribución
económica (básicamente por medio de diversos mecanismos de distribución de la renta petrolera) e incluso promoviendo expectativas e
imaginarios de inclusión y progreso vinculados a estos mecanismos,
todo lo cual varía en sus formas dependiendo de la coalición política
que gobierna en un momento histórico determinado.
En este marco, se intenta invisibilizar y/o posponer al máximo el
conflicto socio-ambiental, principalmente en las zonas de influencia
del Petro-Estado. De ahí que, partiendo de esta geografía de conflictos
ecológico-distributivos analizada, dichas zonas podemos considerarlas como áreas pacificadas, a diferencia de las calientes nuevas fronteras de los commodities, donde intensos conflictos de este tipo se están
desarrollando y expandiendo.
En el período de la Revolución Bolivariana, la distribución económica se socializó como nunca antes en la historia de Venezuela, configurando un balance mucho más positivo para las clases desfavorecidas –lo cual ha comenzado a revertirse a partir del año 2013 (Lander,
2014). Sin embargo, se replicó, actualizó y profundizó la estructura
de desigualdades en la distribución ecológica, impulsando dispositivos coloniales sobre los territorios y sus pobladores, imponiendo o
manteniendo “zonas de sacrificio” sin ningún tipo de consulta previa a
las poblaciones, manteniendo el patrón de generación de degradación
ambiental/marginalización social (Robbins, 2004), reproduciendo y
reformulando mecanismos de asimilación propios del eco-régimen
del Petro-Estado, con el fin de impulsar la expansión del extractivismo
y cumplir los objetivos macroeconómicos del modelo de acumulación
de capital.
En nuestro estudio, esto es evidente al menos en dos escalas.
Por un lado, todos los proyectos, actividades económicas o malas
gestiones ambientales que originan los conflictos y que existían
antes del inicio de la Revolución Bolivariana fueron relanzados o
se reforzaron durante este período. Por ejemplo, la insistencia de
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108
formalización de la expansión del extractivismo carbonero en el norte del Zulia, la ampliación de los complejos refinadores y el proyecto
de construcción de un nuevo complejo industrial como en el caso de
Paraguaná, el colapso del vertedero de Cambalache, la expansión de
la contaminación por mercurio debido a la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, o el empeoramiento de la gestión ambiental
en el Complejo Industrial Petrolero de Jose en el estado Anzoátegui.
Sumados éstos, a los nuevos casos surgidos durante este proceso político (8 en total), es evidente que todas las fuentes de los conflictos
ecológico-distributivos analizados son producidos en la Revolución
Bolivariana.
Por otro lado, los mecanismos de asimilación para confrontar los
conflictos de distribución ecológica son impulsados y actualizados en
este proceso político, entre los que se cuentan: mantenimiento y expansión de la supremacía de la industria petrolera en los territorios
donde se ubica (como en el caso de Paraguaná); construcción de infraestructuras de carácter social en localidades ambientalmente impactadas (como en el caso de las comunidades kariña de Tascabaña);
asistencia en alimentación y salud que no están relacionadas directamente con los impactos ambientales causados; organización de
las comunidades indígenas en formas de afiliación estatal (como ha
ocurrido con una parte los indígenas yukpa); y la promoción de una
narrativa y bandera “ecosocialista” por parte del Gobierno Nacional.
En la superficie de la economía rentista, es decir en el sistema
de distribución de la renta petrolera, se ha intentado dirimir en la
Revolución Bolivariana las desigualdades y la conflictividad social, al
tiempo que se ha ido intensificando un proceso de capitalización y
apropiación de la naturaleza y de degradación ambiental que supone un avance del Capital sobre los territorios y el “tejido de la vida”
(Moore, 2011). Las luchas socio-ambientales disputan con el Capital
y el Petro-Estado las formas de valoración de la Naturaleza, los recursos, los usos y gestiones de la tierra y las formas como se distribuyen
los impactos ambientales de las actividades económicas. La importancia de estas luchas radica en la interpelación que plantea a la bandera
de la “justicia social” desde la materialidad de los territorios y en la
defensa de la riqueza de la vida.
CRISIS HISTÓRICA DEL MODELO RENTISTA PETROLERO E
INTENSIFICACIÓN DE LAS DISPUTAS TERRITORIALES
La situación de injusticia ambiental en la Revolución Bolivariana
no puede ser solo entendida como consecuencia del eco-régimen
del Petro-Estado y sus políticas de asimilación, sino que también
debe analizarse a la luz de factores de corto plazo vinculados a la
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109
extraordinaria crisis que vive Venezuela en la actualidad, la cual impacta todas las esferas de la vida, y a una variedad de actores nacionales e internacionales que disputan territorios y recursos estratégicos.
Dicha crisis puede ser interpretada como el agotamiento del modelo capitalista-rentista debido a severos problemas en los procesos
formales de acumulación de capital, cambios en la composición del
petróleo venezolano –mayoritariamente pesado y extrapesado– y notorios desequilibrios económicos que se desarrollan al menos desde
la década de los años setenta hasta nuestros días (Baptista, 2004;
Baptista, 2010; Teran, 2015). Los actuales problemas del Petro-Estado
para capturar la renta del petróleo y mantener una distribución relativamente equilibrada de la misma comprometen notablemente los
mecanismos de asimilación para evitar y confrontar los conflictos de
distribución ecológica. La crisis se proyecta también en las ya poco eficientes instituciones ambientales y se generan intensas presiones para
una flexibilización de las regulaciones que protegen a la naturaleza.
Por otro lado, las dificultades en el acceso a los alimentos, el alza
de los precios de los productos, la afectación de las políticas sociales
de distribución de la renta, la reducción de oportunidades en el sector
laboral, la intensificación de la crisis energética, entre otros factores,
impulsan y estimulan el desarrollo masivo de mecanismos de apropiación informal de dinero, bienes de consumo e incluso de commodities
como el oro, el coltán o los diamantes, lo cual ocurre de manera creciente en las nuevas fronteras de los commodities.
Bandas criminales o grupos irregulares están no solo disputando, administrando y controlando minas ilegales en estas zonas, sino
también están produciendo nuevas territorializaciones en el sentido de
ejercitar poder sobre los territorios, impulsar grandes transformaciones de la naturaleza –evidentes en cuencas de ríos como el Cuyuní,
Caura o Ventuari, o en Parques Nacionales como Canaima−, creando economías locales, permeando así el tejido social. Además de los
mecanismos de violencia, estos grupos de actores crean sus propios
mecanismos de asimilación en la medida en la que integran a la población local a las dinámicas de la minería ilegal, incluyendo parte
de los pueblos indígenas, lo cual genera un tremendo impacto cultural en ellos. Esto ha creado, principalmente en los estados Bolívar y
Amazonas, un eco-régimen informal el cual está en algunos casos más
allá del Estado y compromete aún más la justicia ambiental.
La escala de estos fenómenos en las nuevas fronteras de los commodities en Venezuela es considerable para el país, no solo en extensión sino
también en intensidad. De acuerdo al Ministro de Petróleo Eulogio del
Pino (2016), de 10 a 15 toneladas de oro son sacadas cada año a partir
de la minería ilegal. La más alta cantidad de “producción” de la minería de
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oro formal desde 1998 fue de 12,23 toneladas en 2009 (USGS, 2015). Si
tomamos en cuenta la caída de la producción legal para el año 2014 (1,09
toneladas) esto significa que en la actualidad alrededor del 90% de la extracción de oro en Venezuela provendría de la actividad ilegal.
Analizado en su extensión geográfica y su creciente sofisticación
de operación y organización, esta forma de extractivismo podría estar
configurando un modo de territorialización en sí, el cual disputa a los
patrones tradicionales de poder del Petro-Estado en estos territorios.
Si adicionalmente se estudiara la muy notable expansión de este fenómeno en Perú y Colombia (Contraloría General de la República, 2013;
Torres, 2015), y su crecimiento en Brasil, Ecuador y Bolivia (SPDA,
2014) podríamos afirmar que el mismo tiene un carácter amazónico,
sin obviar las diferentes modalidades e intensidades que adquiere en
cada país. En todo caso se trata de una forma de valuación y apropiación de territorios y recursos paralela que podría ser entendida como
las fronteras ilegales de los commodities.
Sin embargo, estos procesos no deben ser analizados solo como
la emergencia de un poder externo a la hegemonía del Petro-Estado.
Como hemos mencionado anteriormente, en casi todos los conflictos
en las nuevas fronteras de los commodities se han producido colusiones, cooperaciones y articulaciones entre los ámbitos de lo formal
(principalmente el sector militar) y lo informal, entre lo legal y lo ilegal. No existe una separación pura entre estos ámbitos.
Los enfoques dominantes en el debate sobre el neo-extractivismo
se han desarrollado en torno a las estructuras tradicionales de poder y
las diversas políticas llevadas adelante por los gobiernos progresistas
latinoamericanos (Svampa, 2013; Gudynas, 2009). Una coalición o hibridación entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, en las cuales
gobernanzas descentralizadas y de carácter delincuencial tendrían un
importante rol en la apropiación y gestión de los territorios y recursos,
presenta una nueva forma de poder territorial, un potencial nuevo
modo de territorialización que es también necesario atender. Algunas
mutaciones de las instituciones políticas tradicionales podrían estar
desarrollándose, lo cual plantea una discusión sobre nuevas formas
de estatalidad en Sud y Latinoamérica en el siglo XXI –el caso mexicano es tal vez el más emblemático (Saxe-Fernández, 2014; Zibechi,
2014)−, en un contexto de profunda crisis civilizatoria.
¿HACIA NUEVAS LUCHAS SOCIO-AMBIENTALES EN
VENEZUELA?
La actual situación de crisis en el país ha estado también marcada por
largas sequías, crecientes problemas en la generación y distribución
energética, y un marco ambiental en el cual Venezuela tiene una de
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111
las cuatro “huellas ecológicas” (consumo de hectáreas globales por
persona) más altas de Latinoamérica, superando la “biocapacidad”
nacional (hectáreas globales por habitante), por lo que se encuentra
en situación de “déficit ecológico” (WWF et al., 2012). Las intensas
disputas por el control y administración de territorios, en el marco
de un conflicto geopolítico por los recursos naturales, suponen grandes desafíos para las luchas socio-ambientales, principalmente en las
nuevas fronteras de los commodities, donde parece desarrollarse, en
algunas zonas mineras, especie de guerras de baja intensidad, mientras que el Gobierno nacional impulsa políticas de militarización y
decretos de estados de excepción en varios de estos territorios.
Bajo estas condiciones muy probablemente los conflictos de distribución ecológica tengan cada vez más relevancia en el país. El rol de
los pueblos indígenas es fundamental al respecto. El recrudecimiento
de estos factores de penetración y neocolonización de sus territorios
ha llevado a algunos de estos pueblos a intensificar sus narrativas y
prácticas de resistencia. La defensa del territorio ha sido su principal
reivindicación en las declaraciones que surgen a raíz de los conflictos,
en pueblos tales como los wayúu y yukpa (Sierra de Perijá), yek’wana
y sanemá (cuenca del río Caura), yanomami (río Ocamo, municipio
Alto Orinoco, estado Amazonas), pemón (Alto Paragua) o yabarana
(municipio Manapiare, estado Amazonas). Muchos de estos pueblos
han declarado que, ante estas severas amenazas a su vida, llevarán sus
luchas hasta las últimas consecuencias.
En estas luchas, diversos métodos de acción directa han sido llevados adelante tales como capturas y retenciones de efectivos militares (como lo realizado por los indígenas pemón del Alto Paragua en
2011), ocupación de tierras (como lo efectuaron los yukpas de los ríos
Yaza y Tukuko), intervención en zonas mineras (como lo hecho por los
yanomami del río Ocamo y los yabarana en el municipio Manapiare),
bloqueo de aeropuertos (realizado por los pemón del río Carrao en el
parque Canaima), creación de comunidades autónomas, entre otras.
Ante nuevos escenarios, nuevas formas y métodos de lucha podrían
desarrollarse en el futuro.
Las crecientes dificultades de la vida cotidiana en las ciudades,
que combina los intensos problemas de distribución económica con
los de distribución ecológica, plantea potencialidades para la configuración de nuevas valoraciones socio-ecológicas y la incorporación de
organizaciones sociales a las luchas socio-ambientales. Esto se ha hecho evidente en las nuevas movilizaciones que se han producido contra el proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea una intensa colonización de las nuevas fronteras de la commodities (111.843,70
kms2 en el estado Bolívar, 12% de todo el territorio nacional) por
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medio de la extracción minera de oro, diamantes, bauxita, hierro y
coltán en asociación con varias compañías transnacionales, llevando
la mega-minería a una escala nunca antes vista en Venezuela.
Nuevas voces y generaciones, vinculadas a organizaciones de
agroecología urbana, nuevas movilidades urbanas, estudiantes universitarios y liceístas, grupos ambientalistas, organizaciones políticas
que comienzan a sensibilizarse con el tema ecológico, se han movilizado contra este proyecto, lo cual representa una evidencia de las
potencialidades de lo que Henri Acselrad (2010) llama una “ambientalización” de las luchas populares.
IV. CONCLUSIONES
Hemos visto algunas de las características generales de la geografía
de los conflictos ambientales en Venezuela, evidenciándose dinámicas territoriales diferenciadas en las cuales las zonas norte-costeras y
urbanas, dominadas desde hace muchas décadas por el Petro-Estado,
son áreas en cierta forma pacificadas en términos de conflictos ecológico- distributivos. Las nuevas fronteras de las commodities presentan
rasgos muy diferentes, en la medida en la cual la intensidad de los
conflictos es mucho más alta, están dominadas por la lógica de la minería ilegal y los pueblos indígenas son los principales sujetos en estas
luchas.
Estas dinámicas han sido analizadas en el marco de la Revolución
Bolivariana, evaluando cómo, a pesar de una narrativa y una serie de
políticas orientadas a la “justicia social”, se ha producido en este período una muy marcada injusticia ambiental en la medida en la que
los impactos socio-ambientales visibles o potenciales y las demandas
de los grupos movilizados no son atendidos o se ha hecho superficialmente y con poca transparencia. El Petro-Estado en la Revolución
Bolivariana ha mantenido el eco-régimen de degradación ambiental/marginalización social como consecuencia de la expansión de su
modelo de desarrollo, y se han impulsado y actualizado una serie de
mecanismos de asimilación para enfrentar de diversas maneras los
conflictos de distribución ecológica.
Sin embargo, hemos planteado que esta situación de injusticia
ambiental debe ser también entendida en el marco de una extraordinaria crisis que se vive en el país, en la cual intensas disputas territoriales se están desarrollando. En las nuevas fronteras de los commodities no solo se imponen lógicas de violencia, economías subterráneas
y grupos armados, sino que también se están produciendo nuevas
territorializaciones en torno a recursos como el oro, en la que estos
grupos disputan territorios e imponen gobernanzas particulares, en
muchas ocasiones más allá del Estado. En numerosos casos estas
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113
formas ilegales de apropiación de recursos funcionan en colusión y
articulación con formas de instituciones del Estado (como las fuerzas militares), por lo que conviene analizar estas modalidades como
potenciales nuevas formas de estatalidad, a la luz de lo que ocurre en
la región amazónica, México y Centroamérica, regiones de África y
Medio Oriente, entre otras partes del mundo.
El agotamiento del modelo rentista petrolero venezolano podría
implicar, asimismo, el agotamiento de los mecanismos de asimilación
del Petro-Estado por lo que éste podría recurrir a nuevas modalidades
para confrontar los conflictos de distribución ecológica y económica,
con los cuales podría aumentar el uso de la violencia.
La crisis, el déficit ecológico señalado en este artículo y las disputas
por recursos naturales en clave geopolítica, probablemente otorguen
mayor relevancia a los conflictos de distribución ecológica en el país.
Las nuevas fronteras de los commodities van tomando una extraordinaria importancia en el desenlace de la crisis y el Gobierno Nacional
intenta solventarla colonizando aceleradamente estos territorios por
medio del proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual ya ha creado
un nuevo conflicto socio-ambiental a escala nacional. Esquemas y dispositivos de militarización y de estados de excepción están ya siendo
aplicados en estos territorios por parte del Gobierno central.
Por último, nuevas condiciones ecológicas, políticas y económicas abren posibilidades para la configuración de nuevas valoraciones, subjetividades y escenarios para las luchas socio-ambientales.
Pueblos indígenas, aunque en condiciones de mucha adversidad, han
escalado en sus luchas y defienden en numerosos casos sus territorios
con enorme ímpetu. La crisis en las ciudades abre las posibilidades
también de una mayor ambientalización de las luchas populares en
estas zonas urbanas.
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