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Nicaragua: Ortega saca el manual de Somoza para acallar a sus críticos
18.12.2018
Por Carlos Dada
Cíper
La policía nicaragüense cierra los medios dirigidos por el principal periodista del país, Carlos Fernando Chamorro, en una ofensiva contra los críticos al régimen de Daniel Ortega. Exiliados de sus redacciones, los periodistas de la revista Confidencial y el programa televisivo Esta Semana trabajan desde donde pueden para continuar denunciando a un régimen que hoy tiene más presos políticos que los que tenía el dictador Anastasio Somoza.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro llegó la tarde del pasado lunes al complejo judicial de Managua a presentar un amparo. Habían pasado ya tres días desde que agentes policiales ingresaron por la fuerza y se instalaron en las oficinas de la revista Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, todos dirigidos por Chamorro.
Treinta reporteros de los pocos medios independientes que quedan en Nicaragua, y de la prensa extranjera, acuerparon su llegada, ante la presencia de antimotines dirigidos por el mismo oficial que, el sábado por la mañana, había ordenado el desalojo por la fuerza de Chamorro y la mayoría de estos periodistas de la sede de la Policía Nacional.
“Vengo blindado por la moral de mis padres, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios de Chamorro. Eso es lo que me protege a mí para estar aquí”, dijo, cuando le preguntaron si no temía por su seguridad. Para quien conozca un poco de la historia nicaragüense, la frase fue poética, irrebatible, contundente.
Chamorro es una de las figuras más reconocidas de Nicaragua. Su padre, periodista también, fue asesinado por esbirros del dictador Anastasio Somoza en 1978. Entonces era director del periódico La Prensa e inflexible crítico contra la dictadura. Su asesinato desató masivas protestas contra Somoza, lo que terminó desencandenando su caída.
Poco después del crimen, Carlos Fernando se unió a las filas sandinistas y dirigió el periódico Barricada. Fue viceministro de cultura del primer gobierno de la revolución, que dejó el poder tras el triunfo electoral de su madre, la liberal Violeta Barrios de Chamorro.
Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia, en enero de 2007, Chamorro se ha convertido en el mayor referente de periodismo independiente y crítico en el país, reconocido internacionalmente y acosado por el poder político. Ortega y su partido, el Frente Sandinista, gustosos de presumir internacionalmente que en su país existe libertad de expresión, han comprado en los últimos años algunos de los principales canales de televisión, mismos que ahora controlan sus hijos; y creado su propio sistema de medios. Habían ya acosado a los dos medios que dirige Chamorro, pero nunca llegaron a cerrarlos. Hasta ahora.
Carlos Fernando Chamorro, su esposa Desirée Elizondo y otros periodistas que se presentaron con ellos al Complejo Policial Faustino Ruiz para exigir un respuesta ante la confiscación de la redacción de Confidencial y Esta Semana, fueron desalojados por un grupo de antimotines que los golpearon. 15 de diciembre, 2018. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
La ocupación, sin orden judicial mediante, de las instalaciones de Confidencial y Esta Semana, así como el incautamiento de sus equipos, dan cuenta de un nuevo capítulo en la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de este año. Un capítulo en el que el presidente Daniel Ortega ha decidido arremeter, con o sin leyes en la mano, contra medios y organizaciones críticas hacia su gobierno. Ortega ha decidido echar mano del manual de Somoza para acallar a la oposición. Él, que fuera preso político de la dictadura somocista, hoy tiene más presos políticos que los que tuvo Somoza; y los muertos por la violencia en esta crisis, casi todos atribuidos a sus fuerzas paramilitares y policiales, supera ya los 350.
La semana pasada, la Asamblea canceló el registro jurídico de siete organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el principal centro de recepción de denuncias de víctimas de la represión desatada por las fuerzas de seguridad sandinistas y grupos paramilitares desde el pasado 18 de abril, cuando una protesta estudiantil marcó el inicio de esta crisis. Más de 350 personas han sido asesinadas desde entonces, y las cárceles controladas por Ortega albergan ahora a 567 presos políticos, según estas organizaciones.
Amparado por el voto parlamentario, de mayoría orteguista, el ministerio de Gobernación procedió a incautar las propiedades y los bienes de estas organizaciones. Pero entre ellas no se encuentran los medios dirigidos por Chamorro, que pertenecen a dos empresas privadas y no a oenegés. A pesar de ello, la redacción de Confidencial se encuentra ahora ocupada por policías fuertemente armados que prohíben el ingreso de los periodistas.
La noche del jueves, agentes uniformados irrumpieron en las instalaciones y se llevaron todos los equipos: más de 20 computadoras, cámaras de televisión, equipos de audio y todos los documentos que encontraron, incluyendo facturas y recibos y el archivo. La noche siguiente volvieron, expulsaron a los vigilantes y prohibieron el acceso a periodistas y empleados. Desde entonces los agentes policiales, portando armas largas, se pasean por los pasillos o miran televisión en las únicas pantallas que no se llevaron.
Exiliados de su redacción, los periodistas, administradores y productores de Esta Semana y de Confidencial han continuado su labor desde donde les ha sido posible: desde sus casas, desde computadoras prestadas, desde un cuarto de hotel donde instalaron las dos únicas computadoras que lograron rescatar, desde los estudios de Canal 12 a los que solo tienen acceso por tiempo limitado.
El sábado, desde el cuarto de un hotel, reporteros y editores se reunieron para acordar el plan de contingencia, cómo seguir publicando sin oficina y sin equipos. Lo siguen haciendo. “La sala de redacción está en el alma, en el cerebro de los periodistas”, dijo Chamorro frente a los juzgados, cuando le preguntaron si la ocupación de sus oficinas ponía en riesgo la producción de información. “Seguiremos trabajando desde donde podamos”.
El domingo por la noche, desde otro cuarto de hotel, los periodistas Wilfredo Miranda y Néstor Arce subieron a Youtube y Facebook el programa Esta Semana, paralelo a la transmisión por Canal 12 de televisión abierta.
Los periodistas de Confidencial Carlos Herrera y Wilfredo Miranda observan el video de como fueron desalojados del complejo policial por los antimotines. 15 de diciembre, 2018. Foto: Fred Ramos
“Nuestras oficinas están tomadas ilegalmente por la Policía Nacional, consecuencia de la escalada represiva de la dictadura”, dijo Chamorro en la apertura de su programa dominical Esta Semana, grabado en un estudio que Canal 12 les facilitó. A continuación hizo un recuento de la última ofensiva del aparato orteguista, incluyendo el cierre de las siete organizaciones no gubernamentales. Una de ellas es el Centro de Investigaciones para la Comunicación, CINCO, de cuya junta directiva forma parte Chamorro, pero cuyas instalaciones se encuentran en otro lugar, lejos de las oficinas que los policías se tomaron.
El sábado por la noche, otro canal de televisión, 100 por ciento Noticias, abrió sus noticieros con el siguiente titular: “Carlos Fernando Chamorro, su esposa y periodistas que lo acompañaban, son agredidos por la policía”. Esa mañana, Chamorro llegó a las puertas de Confidencial, acompañado de familiares y de periodistas que cubrían los hechos, a solicitar documentación que avalara la ocupación o el embargo de sus oficinas y a explicar a los agentes armados que la suya era una ocupación ilegal. Al otro lado de la reja, los agentes le sugirieron pedir las explicaciones directamente en la sede de la policía nacional. Chamorro se trasladó allá y reiteró su denuncia. En respuesta, medio centenar de antimotines salió a desalojar con violencia a todos los que le acompañaban. El video, en el que se ve a los antimotines golpear a los periodistas, corrió de inmediato por las redes sociales, fue portada en los principales periódicos e imagen omnipresente en los pocos canales de televisión fuera del control estatal.
“Este no es un ataque solo a Esta Semana y a Confidencial“, dijo Chamorro en su programa. “Es un ataque a los ciudadanos, a su derecho a estar informados. Es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libre empresa”.
El domingo por la noche, Miranda y Arce veían por televisión las imágenes repetidas de la gopliza que recibieron de los antimotines. Néstor Arce aún tiene las huellas de esos golpes. Varios periodistas de Confidencial, especialmente Miranda, han sido objeto de ataques en redes sociales durante los últimos días, han recibido amenazas y su foto ha circulado en páginas de seguidores del presidente Daniel Ortega. “Ya no salgo mucho”, dice Miranda, molesto porque estos ataques en su contra le impiden reportear en la calle. Pero lo que él no puede reportear lo hacen hoy otros.
El lunes, la treintena de periodistas que cubrió la llegada de Chamorro a los juzgados se dio cita una hora antes en las inmediaciones. Juntos caminaron, los treinta, hasta la puerta. Un motociclista se detuvo frente a ellos y sacó un celular para tomarles fotos. La respuesta fue unánime: treinta cámaras de fotografía, video y celulares apuntaron al motociclista. Lo fotografiaron también. La escena se repitió algunos minutos después, cuando un antimotín sacó también su celular. Los periodistas se pusieron en fila, no muy distinta a la de los agentes, y apuntaron con sus cámaras. Nadie se movió hasta que Chamorro y su esposa se fueron. Entonces, todos en fila caminaron al mismo estacionamiento y salieron en varios vehículos, en caravana. Si algo ha logrado Ortega es consolidar la unidad de un incipiente gremio de medios independientes.
Policías mantienen tomada las instalaciones de Confidencial y Esta semana. 15 de diciembre, 2018. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
LOS MOTIVOS DEL PRESIDENTE
El fin de semana pasado, mientras la policía cerraba organizaciones y medios de comunicación, el presidente Ortega pedía ayuda en La Habana. Se reunió con los presidentes de países miembros del Alba (Venezuela, Cuba y Bolivia) para responder a la Nica Act, la ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que prevé sanciones individuales contra miembros del gobierno nicaragüense, y limitantes a las actividades financieras internacionales en el país, incluyendo el acceso a préstamos de organismos financieros internacionales. Ortega acusó a Washington de injerencia y recibió el respaldo de sus homólogos de Cuba, Venezuela y Bolivia.
Es poco más lo que le queda al presidente nicaragüense. El deterioro de su relación con Estados Unidos se da también con el fin de su luna de miel con la Iglesia Católica e incluso del contubernio que mantuvo durante una década con los grandes empresarios. A partir de la brutal represión desatada por Ortega contra las protestas estudiantiles de abril y las manifestaciones generalizadas de mayo y junio, la principal gremial empresarial se ha distanciado del régimen.
El cierre de las oenegés y de Confidencial, además, ha provocado fuertes críticas al régimen por parte de la ONU, la OEA, la Unión Europea, varios gobiernos latinoamericanos y periodistas de todo el continente. El comandante se va quedando solo.
El lunes 17, Carlos Fernando Chamorro asistió junto a su esposa Desirée Elizondo al Complejo Judicial de Managua para presentar un recurso de amparo. Foto: Fred Ramos
“Ortega es un hombre al que le gusta acumular”, dice Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense ganador del Premio Cervantes. “Tiene más de 500 presos políticos, ahora el cierre de todas estas organizaciones y los medios de comunicación. Él cree que esto le sirve para negociar, para quedarse en el poder cediendo todas estas fichas que va acumulando. Cree que se puede regresar a la situación de antes del 18 de abril. Pero esto es imposible. Esta crisis tiene una magnitud tal de deslegitimación, de antidemocracia, de represión, de ilegalidad, que no puede resolverse solo devolviendo esas fichas. Tampoco se resuelve con una invasión extranjera. La única salida es una negociación política”.
En este capítulo recién abierto de la ya larga y profunda crisis, las agresiones contra Chamorro y los periodistas de Confidencial confirman que el régimen ya no está dispuesto siquiera a la simulación del Estado de derecho. Ya no es necesaria. Ortega, con el manual de Somoza en la mano, enfrenta la crisis con la censura, el encarcelamiento y la represión. Carlos Fernando Chamorro sigue los pasos de su padre, el periodista crítico e incómodo a la dictadura. Protegido por su herencia histórica, es hoy el gran referente del periodismo nicaragüense. Tocarlo a él es tocarlos a todos. Por eso lo acompañan periodistas de todos los medios independientes en el país. Ellos también lo protegen.