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Tirar a matar
Abel Barrera Hern?ndez
4 enero 2019
Desinform?monos
Con motivo de la desaparici?n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014, un gran n?mero de organizaciones sociales y sindicales se dieron cita en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para conformar la Asamblea Nacional Popular (ANP), con el objetivo de realizar acciones conjuntas y mantener viva la exigencia de dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. El 21 de diciembre de ese mismo a?o, la ANP se pronunci? por la cancelaci?n y boicot de las elecciones del 7 de junio de 2015, haciendo un llamado a la poblaci?n para no votar. Acordaron instalar plantones en los ayuntamientos con el fin de conformar consejos municipales y al mismo tiempo, denunciar el v?nculo de las autoridades con el crimen organizado. Se instalaron 42 plantones en los 81 municipios del Estado. En Tlapa, el movimiento popular guerrense(MPG), logr? mantener por m?s de ocho meses su plant?n en el corredor del ayuntamiento.
Conforme avanzaba el proceso electoral, las autoridades federales implementaban un aparatoso despliegue de cuerpos militares y policiacos, en los municipios calificadoscomo focos rojos. El ambiente que se viv?a era muy tenso, sobre todo por las protestas que se multiplicaban en varias regiones del estado. Para las autoridades federales y estatales no hab?a otra alternativa que utilizar las fuerzas policiales para desalojar a las organizaciones que manten?an tomados los ayuntamientos.
El primero de junio de 2015, en la ciudad de Tlapa, al filo de las 23:00 horas, un grupo de personas pertenecientes al PRI, al partido de los pobres, al PT y al verde, llegaron con palos, tubos y machetes, para desalojar a los miembros del MPG. Al d?a siguiente lleg? el gobernador interino, Rogelio Ortega, acompa?ado por el grupo agresor, para hacer la entrega formal de las instalaciones al presidente interino Isa?as Rojas. En su mensaje el gobernador reconoci? la ?valent?a? de las personas armadas que recuperaron elinmueble y aseguraban la realizaci?n de las elecciones. En este clima de crispaci?n social, el 4 de junio, cuando varias organizaciones marchaban para repudiar el desalojo violento, polic?as estatales antimotines y miembros del 93 batall?n, impidieron que los manifestantes llegaran a la bodega donde se resguardaba la papeler?a electoral. El d?a 5 de junio, se realiz? otra marcha convocada por el MPG, que parti? de la gasolinera de Atlamajac hacia el centro de la ciudad. En el trayecto, la polic?a estatal en coordinaci?n con el grupo de choque, encararon a los manifestantes, losgolpearon brutalmente y se llevaron al maestro Juan Tenorio y Leog?n S?nchez, al corredor del ayuntamiento para exhibirlos con los rostros ensangrentados, como loscausantes de la violencia.
La agresi?n escal? el mismo d?a de las elecciones. Alrededor de las 13:00 horas, varias personasdesconocidas quemaron una camioneta del Instituto Nacional Electoral a la altura del puente del r?o ?jale?. De inmediato un grupo de la polic?a federal que se encontraba acuartelada en las instalaciones del 93 batall?n de infanter?a, se desplaz? hacia las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educaci?n (CETEG), porque supuestamente ah? se encontraban varios integrantes del MPG. Allanaron ilegalmente las oficinas de la CETEG y de domicilios aleda?os. En este operativo detuvieron arbitrariamente ?en distintos lugares y circunstancias- a cinco hombres, dos mujeres y un menor de edad. Ninguno de ellos se encontraba en las instalaciones de la CETEG, m?s bien, algunos fueron detenidos en la calle y otros dos cuando se trasladaban enun veh?culo. De inmediato fueron llevados a las instalaciones militares sin justificaci?n alguna. Los mismos polic?as federales se encargaron de tomarles fotograf?as, coloc?ndoles garrafas de gasolina y artefactos explosivos. Posteriormente fueron trasladados en un helic?ptero de lamarina al puerto de Acapulco, dejando correr la versi?n que ellos hab?an quemado el veh?culo del INE.
La detenci?n arbitraria de las ocho personas moviliz? a los colonos del Tepeyac y a varios vecinos que llegaron a solidarizarse con las familias de los detenidos. De inmediato procedieron a detener a los polic?as federales, que hab?an ingresado nuevamente a las oficinas de la CETEG para llevarse dos camionetas. Fueron retenidos 34elementos, como represalia de las 8 personas detenidas arbitrariamente.
Alrededor de las 20:30 horas, el delegado del gobierno federal inform? a los familiares que los detenidos se encontraban en Chilpancingo con el gobernador. Solo fue para dar constancia de que cumpl?an con el compromiso deregresarlos a la ciudad de Tlapa. El planteamiento de los familiares y vecinos fue que los polic?as federales soloser?an liberados hasta que llegaran los detenidos a Tlapa.Sin embargo, la decisi?n ya estaba tomada y las autoridades federales ordenaron a los polic?as que se encontraban en el batall?n, que subieran a rescatar a sus compa?eros. Se abrieron paso con el apoyo del ej?rcito, yde forma violenta dispersaron a los colonos que resguardaban a los polic?as. Mientras tanto, los detenidos al sentirse apoyados, lanzaron bombas lacrim?genas para dispersar a la gente. Uno de los polic?as retenido sac? su arma y realiz? al menos dos disparos contra los manifestantes, que se encontraban rodeados por los polic?as que sub?an a la capilla para rescatar a sus compa?eros. Al momento de los disparos el estudiante Antonio Vivar D?az, dirigente del MPG, recibi? dos impactos de bala, uno en el hombro derecho y otro en el t?rax, quede inmediato lo privaron de la vida.
A tres a?os y seis meses de estos hechos, la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emiti? este 27 de diciembre la recomendaci?n 85/2018 dirigida a varias autoridades federales y del estado. Acredit? la inviolabilidad al domicilio de una de las v?ctimas y de las instalaciones de la CETEG, atribuible a elementos de la Polic?a Federal; a la legalidad, seguridad jur?dica y libertad personal por la detenci?n arbitraria y retenci?n ilegal de ocho v?ctimas, entre ellas un adolescente, atribuiblestambi?n a la Polic?a Federal, as? como su retenci?n ilegal atribuible a la Secretar?a de la Defensa Nacional (SEDENA). A la integridad personal y dignidad de las personas con motivo de las lesiones que presentaron al menos 11 v?ctimas se?alando como responsables a elementos de la Polic?a Federal y personal de la SEDENA; al uso excesivo de la fuerza que deriv? en la p?rdida de la vida de Antonio Vivar, siendo responsable al menos uno de los elementos de la Polic?a Federal retenidos, as? como la violaci?n al derecho de acceso a la justicia por parte de la PGR.
Al Gobernador de Guerrero, en coordinaci?n con la Comisi?n Ejecutiva de Atenci?n a V?ctimas, se le emplaza para que brinde la reparaci?n integral del da?o a una de las v?ctimas lesionadas. Tambi?n se pide que colabore con la Contralor?a Interna de la Fiscal?a General del Estado, a fin de que inicie el procedimiento administrativo contra 10 servidores p?blicos. A la Fiscal?a del Estado se le recomienda que inicie el procedimiento administrativocontra el personal ministerial involucrado en los hechos.
Es lamentable que hasta la fecha la PGR, no haya avanzado en las investigaciones, y m?s bien siga encubriendo a los responsables. Queda evidenciado c?mo las autoridades federales y estales optan por el uso excesivo de la fuerza, para reprimir las protestas p?blicas. No solo se usa el aparato represivo del estado para desmovilizar a la poblaci?n, si no que se alienta la conformaci?n de grupos de choque para enfrentar a los manifestantes. Tambi?n usan la fuerza letal como parte de la estrategia de terror, que se ha implantado entre los sectores duros que toman decisiones dentro del aparato gubernamental. La presente recomendaci?n se enmarca dentro de un contexto de alta conflictividad social, provocada por las autoridades federales que son los responsables de la desaparici?n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que inventaron la verdad hist?rica, para encubrir a los verdaderos perpetradores. La polic?a federal tir? a matar para acallar la voz de Antonio Vivar, un joven estudiante que abraz? la causa de los 43 hasta las ?ltimas consecuencias. ?Cumplir?n las nuevas autoridades con la recomendaci?n emitida por la CNDH?