Saqueo, devastación ambiental y recolonización de territorios indígenas: La frustrada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia

Este estudio realizado por investigadores bolivianos y de otros países, muestra el carácter capitalista-extractivista del gobierno de Evo Morales, la gran estafa que se ha hecho hacia las izquierdas que aún creen que es posible el cambio desde la superestructura del estado que cada vez más se demuestra agente activo del proceso de acumulación del capital y, por lo tanto, destructor del planeta y culpable de la miseria y marginación creciente del género humano, que debe emigrar por millones buscando formas de sobrevivencia.



Saqueo, devastación ambiental y recolonización de territorios indígenas: La frustrada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia

CEDLA, Bolivia

INTRODUCCIÓN
Los efectos negativos de la explotación de hidrocarburos, de carácter económico, social y ambiental, son, según Seoane (2013), “una necesidad propia del proceso de acumulación capitalista en curso”, lo que se ha denominado extractivismo en la literatura latinoamericana. El extractivismo se basa en la extracción intensiva o de gran escala de recursos naturales, orientada a la exportación sin procesamiento industrial (o muy poco). Gudynas (2011) distingue entre el extractivismo clásico relacionado con políticas neoliberales, de transnacionalización y privatización, mientras en el llamado
neo-extractivismo progresista el estado tiene un protagonismo mayor.
Se defiende el extractivismo con el argumento de querer combatir la pobreza y fomentar el desarrollo nacional. Pero, aunque es cierto que el extractivismo se realice bajo estrategias diferentes, es importante notar que se repiten los impactos sociales y ambientales, y al mismo tiempo se acentúa la inserción subordinada en el mercado internacional (Seoane, 2013).
Siguiendo Watts (2009), “la política petrolera…
trabaja a través de formas complejas de despojo”,
Harvey (2003) ha explicado estos mecanismos bajo
la rúbrica de “acumulación por desposesión”. Este
proceso, que puede considerarse como la continuación de lo que Marx llamó acumulación primitiva,
puede adoptar muchas formas, por ejemplo, mercantilización, privatización, erosión de los derechos
de bienestar y procesos de apropiación de bienes,
incluidos los recursos naturales (Harvey, 2003).
La historia de Bolivia está llena de ejemplos de
estas políticas de saqueo. Porque desde la época colonial, cuando se descubrieron las fértiles minas de
plata en Potosí, Bolivia ha sido víctima de un despojo inmenso de recursos naturales. Como escribió
el uruguayo Eduardo Galeano (2004) en referencia
a la región, ”nuestra riqueza ha generado siempre
nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de
otros: los imperios y sus caporales nativos”.
Los hidrocarburos, es decir el petróleo y el gas,
han jugado un papel crítico en la historia boliviana.
El descubrimiento de petróleo en el sur de Bolivia
provocó una guerra con el vecino país de Paraguay

El autor encuentra que las empresas petroleras han consolidado su posición dominante en el sector, y que, en un momento de
desaceleración en la economía boliviana, el gobierno se ha visto
empujado a cumplir una agenda que coincide muy bien con los
intereses de las transnacionales.

En un trabajo que también es un repaso a la historia reciente
del país, Kommes-Ravnsmed recuerda que lucha por la nacionalización de los hidrocarburos abrió hace 14 años el paso para
la victoria de Evo Morales, seguida de un periodo de bonanza
económica entre 2006 y 2014, que derivó en un recuento de retrocesos y fracasos finales.
Si bien el actual bloque gobernante, fortalecido especialmente
por empresarios del oriente, ha cubierto estas políticas con un
discurso y retórica revolucionarios, corre el riesgo de entrar en
una crisis de legitimidad con los sectores sociales, porque su política extractivista ha exacerbado los procesos de acumulación por
desposesión.

RESUMEN
Evo Morales llegó al poder tras la Guerra del Gas y una rebelión subsecuente, que había derrocado dos
presidentes en 2003 y 2005. Pero la anunciada nacionalización de los hidrocarburos se quedó en papel, y se
lanzó una nueva ofensiva extractivista que profundiza los procesos de acumulación por desposesión, ya que
ahora hay más saqueo, devastación ambiental y recolonización de territorios indígenas. Estos resultados se
deben a diferentes factores, que están dialécticamente relacionados: 1) los contratos petroleros del 2006, que
permitieron que las transnacionales conserven una posición dominante en el sector, 2) el desafío de encontrar nuevas reservas de gas para poder seguir exportando los volúmenes actuales, 3) la alta dependencia de
la renta petrolera para mantener el nivel de gastos públicos, ya que no se ha logrado cambiar la matriz productiva y 4) el proceso de degeneración política que se ha vivido en el MAS. Sin embargo, no hay coherencia
política y discursiva, porque el gobierno encubre su política en un discurso revolucionario.
Palabras claves: Bolivia, Hidrocarburos, Nacionalización, Extractivismo, Acumulación por desposesión

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(la Guerra del Chaco de 1932-1935), donde 50 mil
bolivianos perdieron su vida. Luego de la guerra,
en 1937, se nacionalizó el petróleo y confiscó los
bienes de Standard Oil, y se fundó la empresa estatal Yacimientos Petroleras Fiscales de Bolivia
(YPFB).
Veinte años después los hidrocarburos pasaron
nuevamente a manos privadas, cuando se entregó
las reservas de petróleo y gas a manos de Gulf Oil.
Esta empresa estadounidense tenía el control de la
industria hasta 1969, cuando se produjo la segunda
nacionalización de los hidrocarburos. Pero pocos
años después, en 1971, hubo un golpe de estado, y
bajo la dictadura de General Hugo Banzer se volvió a entregar los hidrocarburos en concesión a
empresas extranjeras (Puente, 2011).
En 1996, bajo un gobierno neoliberal, se privatizó varias empresas públicas, entre ellas YPFB, que
quedó como una empresa residual, después que se
había vendido sus principales unidades de negocio.
También se aprobó una nueva ley de hidrocarburos
que significó la reducción de impuestos de 50% a
18% (Puente, 2011). Mientras las ganancias de las
empresas privadas se multiplicaron, el estado quedaba con un déficit por la disminución de ingresos.
Como resultado el estado boliviano se vio obligado a pedir nuevos préstamos del Banco Mundial
y FMI que, en cambio, dictaban recortes en los
presupuestos públicos e introducción de nuevos
impuestos, que iban a tener mayor impacto para
los más pobres (Spronk and Webber, 2007). Como
consecuencia de esta política neoliberal, entre 1998
y 2003, la cantidad de pobres aumentó con más de
800.000 personas en Bolivia (Tabera, 2004) de una
población total de 8,2 millones habitantes en 2001
(Erbol, 2012). Entonces la forma de acumulación
por desposesión que tuvo lugar era de gran escala.
I. DE LA GUERRA DEL GAS AL ASCENSO
DE EVO
En 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada impulsó un plan para exportar el gas natural
a Estados Unidos a través del a través del puerto
chileno de Arica. Pero estos intentos de profundizar la extranjerización y el despojo de los hidrocarburos en Bolivia desencadenaron la llamada Guerra del Gas en septiembre y octubre de 2003. Una
lucha que fue reprimida violentamente y tuvo un
saldo de más de 70 muertos. El presidente tuvo que
huir a Estados Unidos, y su vicepresidente, Carlos
Mesa, asumió el cargo.
En 2004 Mesa llamó a un referéndum sobre el
destino del gas, donde la mayoría de los votantes
respondieron que estaban a favor de la propuesta
de subir nuevamente los impuestos de 18% a 50%.
Esa determinación fue plasmada en una nueva ley
de hidrocarburos, que se presentó en 2005. Pero
para el presidente y las empresas petroleras, esta ley
era excesiva, y las fuerzas conservadoras del país
presionaron para que el presidente vete la ley (Gordon and Luoma, 2008).
Por otra parte, los movimientos sociales se movilizaron nuevamente, exigiendo la renacionalización inmediata, la expulsión de las transnacionales,
la retoma del papel del YPFB anterior al neoliberalismo y la industrialización del gas (Gutiérrez,
2005). El parlamento y el congreso se vieron obligados a promulgar la nueva ley de hidrocarburos.
Pero eso no calmó las protestas, que se habían
masificado a lo largo del país, y a inicios de junio
2005 Bolivia estaba bloqueada en más de 70 puntos
de carreteras. La Paz estaba cercada desde la ciudad de El Alto, que llevaba más de dos semanas de
paro indefinido (Bolpress, 2005), y en varias partes
del país campesinos habían tomado el control de
pozos gasíferos y otras instalaciones (Gutiérrez,
2005).
Este camino desembocaba directamente en
el asunto del poder y de la fuerza. Esto lo sabían
las transnacionales, y también el presidente Carlos
Mesa, quien manifestó: “lo de la ley ahora es secundario” (Figueras, 2005). Con el fin de buscar una
salida constitucional a la crisis, Mesa renunció (Gutiérrez, 2005). Como dijo Miguel Zubieta, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de
Bolivia, en una masiva marcha de 500.000 personas
en la ciudad de La Paz, “las petroleras quieren otro
payaso en el gobierno para defender sus intereses,
pero nosotros haremos el nuevo gobierno del pueblo que surge hoy de la Asamblea Popular bajo la
línea de la nacionalización de los hidrocarburos”
(Econoticiasbolivia, 2005a).
En esta situación, el diputado Evo Morales, líder del partido Movimiento Al Socialismo (MAS),
que aspiraba a ser el nuevo presidente, demandó
públicamente a las organizaciones sociales a levantar los bloqueos y dar una tregua. Como el MAS
tenía cierto control sobre sectores campesinos de
los valles y en el oriente del país, y también por el
cansancio de las bases movilizadas debido a un ciclo de protestas casi constantes desde 2000, se hizo
muy difícil continuar la lucha (Econoticiasbolivia,
2005b).
Pero, aunque Evo no había apoyado la idea de
nacionalizar los hidrocarburos (Gordon and Luoma, 2008), él “tuvo que recorrerse hacia la izquierda, al menos temporalmente (…) a fin de no perder su capacidad de influir en el conjunto de los
acontecimientos” (Gutiérrez, 2005). Por eso decidió utilizar la consigna de “nacionalización de los
hidrocarburos” en su programa electoral para las
elecciones de diciembre de 2005 (MAS-IPSP, 2005).
Alrededor de este programa, que también hablaba
de una reforma agraria y una Asamblea Constituyente, el MAS logró aglutinar la mayor parte de los
movimientos sociales y así consiguieron una victoria electoral (Puente, 2011).
LA PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO
EXTRACTIVISTA
Evo prometió acabar con el saqueo de Bolivia
e industrializar y diversificar la economía. Pero en
realidad, las políticas públicas han profundizado el
patrón primario exportador (Escobar de Pabón et
al, 2014). En los primeros 9 años de gestión de Evo
Morales se experimentó una mayor generación de
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ingresos (Fig. 1). Eso se debe a la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH, vigente
desde 2005) por el incremento de precios internacionales (INE, 2018a) y por los mayores volúmenes de producción (INE, 2018b).
Entonces, durante este periodo de bonanza
económica se fortaleció la ilusión de que era posible acabar con el saqueo, sin enfrentarse con las
transnacionales. Como dice Brand et al (2016),
“parecería que las venas de América Latina se
abrieron una vez más (…) pero esta vez, al menos
en algunos aspectos, de manera positiva y bajo diferentes condiciones”. Sin embargo, la debilidad de
este modelo extractivista nuevamente se ha hecho
visible cuando cayeron los precios internacionales
que provocaron la caída abrupta de la renta petrolera en Bolivia a partir de 2014 (Fig. 1).
Como respuesta al declive de los precios de gas
y petróleo, el gobierno intentó aumentar los volúmenes de exportación. Como dice el investigador Jorge Campanini del Centro de Información
y Documentación de Bolivia (CEDIB); “en el plan
nacional de desarrollo 2015-2020 y la agenda 2020-
2025, lo que indican es que vamos a hacer más
proyectos, más exploración, más extracción, y si se
acaba el gas y el petróleo, ahora vamos a vender
electricidad. Pero la idea es el mismo” (Entrevista,
Cochabamba, 27 de julio 2016).
Después de la caída de los ingresos de los hidroOtros autores como Webber (2017) y Andreucci (2016) han analizado el “proceso de cambio” en
Bolivia con inspiración de Gramsci y sus conceptos de “revolución pasiva” y “transformismo”. Un
proceso donde “el cambio social no llegó a alterar
de forma suficientemente profunda las relaciones
económicas y políticas dominantes, se produjo una
restauración o incluso consolidación de correlaciones de fuerzas previamente existentes” (Andreucci, 2016). Mientras Webber ha definido el proyecto
del MAS como neoliberal (Webber, 2009), Andreucci considera, en una entrevista con Zegada
(2015), que este bloque político “ha actuado como
mediador entre demandas radicales procedentes de
los sectores populares movilizados en contra del
neoliberalismo y los sectores dominantes”.
Bajo presión de los movimientos sociales, a veces se ha visto obligado a inclinarse más hacia la
izquierda, y en otros momentos, ha pactado con
sectores capitalistas nacionales y transnacionales al
momento de implementar sus reformas.
Para entender mejor donde ha fallado el gobierno de Evo Morales en una transformación profunda de la sociedad boliviana, pienso que es importante analizar una serie de factores económicos y
políticos, que están dialécticamente relacionados:
1) los contratos petroleros del 2006, que permitieron que las petroleras conservaran una posición
dominante en el sector, 2) la falta de inversión en
actividades de exploración, que ha puesto en peligro los compromisos de exportación de gas, 3) la
alta dependencia de la renta petrolera en los ingresos públicos, ya que no se ha logrado cambiar la
matriz productiva, y 4) el proceso de degeneración
política que se ha vivido en el MAS.
II. IMPACTOS DEL MODELO
EXTRACTIVISTA BAJO EL GOBIERNO DE
EVO MORALES
ECONÓMICO Y SOCIAL
Entre 2005 y 2016 el índice Gini en Bolivia bajó
de 58,5 a 44,6 (World Bank, 2018), y la incidencia
de pobreza extrema cayó de 38,2% a 18,3% entre
2005 y 2016 (Jubileo, 2017b). Pero en el Censo de
Población y Vivienda en Bolivia del año 2012, sólo
25% de la población tenía sus necesidades básicas
satisfechas (INE, 2012).
Eso, paradójicamente, es algo muy visible en
las comunidades guaranís donde se encuentran los
carburos en el año 2014, el gobierno ha aprobado
un paquete de normativas que da mejores incentivos a las empresas petroleras para que inviertan
en la exploración. Pero como dice el Director Ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE), Yussef Akly, “para las petroleras, es una época muy complicada. Entonces, para
atraer inversiones, el gobierno tiene que ofrecer
condiciones que son realmente competitivas” (Entrevista, Santa Cruz, 29 de julio 2016).
LAS LIMITACIONES ESTRUCTURALES
PARA EL CAMBIO
Queda abierta la cuestión de por qué el gobierno de Evo Morales no ha logrado superar el extractivismo, como fue planteado en el primer Plan
Nacional de Desarrollo del 2006, y por qué ahora
se está cumpliendo con una agenda que coincide
muy bien con los intereses de las petroleras.
Algunos autores han ofrecido explicaciones que
enfatizan las limitaciones estructurales, incluyendo
“los efectos dependientes del camino de las políticas neoliberales anteriores de Bolivia y las restricciones sociomateriales de extracción, transporte y
uso de gas natural” (Kaup, 2010). Y según Kohl y
Farthing (2012), la dependencia de la renta petrolera “puede socavar el desarrollo de la capacidad
institucional necesaria para aprovechar al máximo
esos mismos recursos”.
campos gasíferos más grandes y la tasa de pobreza
supera la tasa promedio de sus respectivos departamentos (Arze, 2018). Como afirma el dirigente del
Consejo de Capitanes Guaraní de Tarija (CCGT),
Tomás Araray: “estas comunidades no tienen agua
potable, no tienen energía eléctrica, no tienen camino para llegar a estos territorios, han perdido las
aguas superficiales, las quebradas, por consecuencia de las actividades petroleras, y las ganancias, por
el tema de los hidrocarburos, son los que no se ven
hasta ahorita” (Entrevista, Tarija, 28 de julio 2016).
Parte de la explicación de esta situación es que la
explotación de hidrocarburos, por ser intensiva en
capital, solamente ha generado bajísima demanda
de mano de obra local en Bolivia (Arze, 2018).
MEDIO AMBIENTE
En 2015 el gobierno aprobó tres decretos que
abre las áreas protegidas y territorios indígenas a la
explotación petrolera, debilitando la consulta previa y permitiendo mayores niveles de contaminación (GoB, 2015a; 2015b, 2015c). Como dice Yussef Akly de CBHE, “el gobierno ahora entiende las
necesidades que tienen las empresas” (Entrevista,
Santa Cruz, 29 de julio 2016). La ampliación de la
frontera petrolera a casi 32 millones de hectáreas
pone en peligro ecosistemas frágiles y comunidades indígenas.
Concretamente el gobierno ha permitido actividades hidrocarburíferas en 11 de las 22 áreas
protegidas de Bolivia, afectando más de 3 millones
de hectáreas (Jiménez, 2015), y en 75 de los 223
territorios indígenas que hay en Bolivia (TIERRA,
2011; Paye et al, 2013; Jiménez, 2013; Campanini,
2015).
Rolando Villena manifestó en 2016, mientras
ocupaba la función de Defensor del Pueblo en Bolivia (Ombudsman), que estos decretos vulneran 7
artículos de la Constitución de 2009 y 5 tratados
internacionales sobre medio ambiente y pueblos
indígenas (Erbol, 2016). Pero el gobierno no está
dispuesto a retroceder, como afirma el senador
de MAS, Pedro Montes, “se va a seguir haciendo
exploración y explotación en las áreas protegidas.
Porque es nuestro trabajo seguir descubriendo materias primas, para el beneficio del pueblo boliviano”. (Entrevista, La Paz, 1 de agosto 2016).
En la nueva constitución del año 2009 se consagró el derecho a la consulta previa, pero desde
2015 las comunidades afectadas tienen 45 días
FIGURA 1
RENTA POR HIDROCARBUROS (IDH Y REGALÍAS)
(EN MILLONES DE USD)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(P)
2018
(P)
IDH 288 682 754 912 914 954 1,307 1,765 2,266 2,274 1,618 893 830 899
REGALÍAS 338 391 456 480 523 536 563 691 1,050 1,269 1,305 918 502 467 506
Fig. 1. Renta por hidrocarburos (Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías). Datos de 2017 y 2018 son preliminares. Fuente: Jubileo (2018).
3,500
4,000
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
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máximo para llegar a un acuerdo con las petroleras. Y si no llegan a un acuerdo, el ministerio igual
va a entregar una licencia ambiental a las empresas,
para que puedan seguir “de manera interrumpida
sus actividades, dado el carácter de interés y utilidad pública” (GoB, 2015a). Otro decreto, 2195
de 2014, ha establecido límites a la compensación
económica para las comunidades afectadas que no
superan el 1,5 % del total invertido en los proyectos (GoB, 2014).
Estos impactos negativos también han sido revelados por Anthias (2018). Como explica Hernán
Ruíz del Consejo de Capitanes Guaraní de Tarija
(CCGT), “las actividades extractivas han generado
impactos ambientales bastante severos en algunas
zonas. Y esto ha tenido impacto en la economía de
manera negativa. Porque se han afectado sus fuentes de agua, sus áreas de caza, pesca, y de cultivo.
También es importante el impacto negativo que
tiene la industria sobre la cultura y su forma de
vida dentro del pueblo guaraní”, (Entrevista, Tarija, 28 de julio 2016). Y esto también preocupa a
Lucio Ayala, el ahora ex presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB):
“con estos proyectos de exploración de hidrocarburos en las comunidades va a haber migración,
va a haber expulsión del movimiento indígena. El
gobierno no mira justamente estos peligros, lo que
solamente quieren es el desarrollo” (Entrevista,
Santa Cruz, 30 de julio 2016).
El nuevo reglamento ambiental para el sector de hidrocarburos, que fue aprobado en 2015
(GoB, 2001, 2015c), permite un más alto nivel de
contaminación petrolera que en el viejo reglamento de 2001 en cuerpos de agua con los llamados
btex (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), que
son algunas de las sustancias más peligrosas de los
residuos de petróleo (Mollo, 2011). Eso es preocupante, porque ya se ha comprobado que comunidades ubicadas en un radio de 30 km alrededor
de los campos de extracción de petróleo consumen
agua con diferentes compuestos contaminantes de
la industria petrolera (Gonzáles et al, 2010). Para el
MAS, “no es una imposición del estado, sino una
necesidad del pueblo boliviano” (Pedro Montes,
Entrevista, La Paz, 1 de agosto 2016).
III. LAS TRANSNACIONALES SIGUEN
DOMINANDO
Una nacionalización implica que el estado recupera el control, no solamente de la comercialización, sino también de la exploración y explotación de hidrocarburos, como dice Arze (2013),
“la nacionalización permite establecer qué cosas se
produce y para qué propósitos, además controlar el
excedente económico que se genera en un sector”.
El primero de mayo 2006 el gobierno de Evo
Morales proclamó la tercera nacionalización de los
hidrocarburos (GoB, 2006a). Pero en esta ocasión
no hubo confiscación de bienes. A finales del año
2006 ninguna de las 17 empresas privadas de la industria petrolera había dejado el país. Solo hubo
renegociación de 44 contratos, donde se determinaba que las empresas privadas tenían que adecuarse a la nueva ley de hidrocarburos del año 2005, lo
que significa pagar 18% en regalías más 32% extra,
por el nuevo Impuesto Directo a Hidrocarburos
(Paz and Ramírez-Cendredo, 2018). Además, se
procedió a pagar más de 2,5 billones de dólares
en compensación, para comprar el 50% más 1 de
las acciones de las empresas subsidiarias de YPFB,
que habían sido privatizadas en los años noventa
(Fernández, 2016).
Los nuevos contratos establecían una participación de YPFB en las ganancias de las transnacionales, ya que ellas ahora son sus “socias”. Las
transnacionales se encargan del ‘upstream’ (exploración, perforación y producción), y luego tienen
que entregar toda su producción a YPFB, que se
encarga del ´downstream´ (refinación y comercialización) (Jubileo, 2012).
Pero todos los riesgos de la inversión petrolera se transfieren a YPFB al reconocer la totalidad
de los gastos de las empresas transnacionales, los
llamados “costos recuperables”. Esto quiere decir,
que YPFB paga por los salarios, maquinas, gastos de transporte etc. de las empresas (CEDLA,
2007). Con este arreglo, las transnacionales se han
quedado con una ganancia de casi 800 millones de
dólares en promedio cada año desde 2006 a 2016
(Jubileo, 2017a). Esto explica porque estas empresas quieren ser “socias” de YPFB, y eso demuestra
que siguen saqueando a Bolivia.
El decreto de nacionalización determinó la realización de auditorías petroleras a todas las empresas
que operaban en el país. Estas auditorías, efectuadas por el ministerio de Hidrocarburos, revelaron
que las empresas petroleras habían incumplido los
contratos anteriores, hecho muy pocas inversiones,
dañado el medio ambiente (Hora 25, 2008) y los
impuestos no pagados por evasión fiscal sumaron
1,74 billones de dólares (Soliz Rada, 2008). Como
indica Orgáz (2011 y 2012), el gobierno ha perdido
mucho por no realizar una expropiación completa de las empresas transnacionales, igual como se
hizo en 1969, cuando se nacionalizó Gulf Oil.
El resultado de la política hidrocarburífera del
gobierno de MAS es que las transnacionales han
conservado una posición dominante en el sector. Y
en 2015 se aprobó la llamada ley de incentivos, que
determina que las transnacionales van a recibir un
precio más alto por su producción de líquidos, es
decir, los condensados de gas y el petróleo (GoB,
2015d). Las transnacionales tienen que vender estos líquidos a un precio fijo de 27,11 dólares por
barril en el mercado interno, y entonces se quedan
con 13,56 dólares después de pagar los 50 % en impuestos (regalías y IDH). Pero ahora, con la ley de
incentivos, reciben entre 30 a 55 dólares extra por
cada barril, dependiendo del precio en el mercado
internacional, y así pueden quedar con una ganancia de hasta 68,56 dólares el barril (Arze, 2015).
Estos incentivos no solamente se dan para la
producción en nuevas áreas, para de este modo incentivar a la inversión en exploración, sino también
para la producción en las áreas existentes. Por eso
no sorprende que el presidente de Repsol, Antonio
Brufau, haya dicho que considera a Bolivia como
“un país magnífico para invertir” (Página Siete,
2015).
Los incentivos van a ser financiados con parte del dinero que las mismas empresas pagan en
impuestos, ya que se reserva 12% del IDH para
este propósito (GoB, 2015d). Como dice Jiménez
(2015), “esto, en la práctica no es otra cosa que la
expropiación al pueblo boliviano de un porcentaje
de los recursos que por ley debe obtener por la actividad de extracción hidrocarburífera”.
En efecto, en la gestión 2016, el estado ya no recibió 50% del valor total de los ingresos por venta
de hidrocarburos, sino solamente 44,6 %, mientras
que las transnacionales obtuvieron 40,8 % y YPFB
el 14,6% de estos ingresos (Jubileo, 2017a).
Pedro Montes, senador de MAS, indicó; “que
me importa lo que se ha disminuido. No va a tener
ningún impacto” (Entrevista, La Paz, 1 de agosto
2016). Pero por este déficit que genera la ley de
incentivos ya se ha visto paralización de obras y
eliminación de proyectos en los municipios (Jorge
Campanini, Entrevista, 27 de julio 2016).
Y esto viene encima de la disminución de ingresos por efecto de la caída de los precios internacionales de hidrocarburos. En la gestión de 2018, en
comparación con el nivel más alto que se registró el
2014, las gobernaciones departamentales tuvieron
una caída de ingresos fiscales de 57% y los gobiernos municipales de 33% (Jubileo, 2018). Por eso,
“son lógicas que se usaban en la época neoliberal,
es decir, le cargas el peso a la población. Existe un
déficit, pero le vamos a cargar el peso a la población, mientras el Estado incentiva con ese dinero
a las empresas a que hagan algún tipo de trabajo o
exploración,” según afirmó Jorge Campanini (Entrevista, 27 de julio 2016).
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IV. EL DESAFÍO DE ENCONTRAR NUEVAS
RESERVAS DE GAS
Ahora el gobierno se enfrenta con el enorme
desafío de encontrar nuevas reservas de gas para
poder seguir exportando los volúmenes actuales
(Trigo, 2017). El problema es, que en los contratos
petroleros de 2006 no se establecía compromisos
y garantías de inversión (Paz and Ramírez-Cendredo, 2018). Las petroleras solo hicieron inversión en
actividades de explotación de las reservas conocidas, ya que eso les permitió aprovechar los altos
precios internacionales de hidrocarburos que se
experimentó en los primeros 9 años de gestión de
Evo Morales. Sin embargo, ”el perjuicio fue para
la actividad de exploración, la cual fue descuidada
y a la fecha enfrenta a las autoridades nacionales
al enorme desafío de no sólo reponer el consumo
de los últimos años, sino también de incrementar
las reservas certificadas, a fin de garantizar el cumplimiento de contratos suscritos con Argentina y
el nuevo que se vaya a negociar con Brasil, considerando que el actual contrato vence el año 2019”
(Jubileo, 2016).
Aparte del mercado externo, también se tiene
un mercado interno de gas que se ha triplicado entre 2005 y 2017, y eso va a seguir creciendo por los
programas del gobierno de redes de gas natural, de
gas natural licuado, y de generación eléctrica (Jubileo, 2018). Por eso se necesita encontrar nuevas
reservas, “pero descubrirlas es caro y complicado”,
agenda impuesta por las petroleras”, según Patricia
Molina, directora del Foro Boliviano sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (Entrevista, La Paz, 1 de
agosto 2016).
El gobierno ha aceptado el mito de que las
transnacionales son necesarias para descubrir hidrocarburos y que el riesgo exploratorio sólo puede ser cubierto por el capital extranjero. Pero un
estudio de Gandarillas y Rodriguez (2011) demuestra que “la antigua YPFB ha sido más eficiente que
las empresas extranjeras, ha perforado más pozos y
ha tenido más éxitos exploratorios”. Además, aunque Bolivia tiene importantes reservas de hidrocarburos, eso no justificaría hacer nuevos contratos
de exportación. Se debería solamente extraer los
hidrocarburos necesarios para el consumo energético del país y para proyectos de industrialización,
que genera más valor y menos contaminación. Si
se hace nuevos contratos de exportación, debería
ser con menos volúmenes y como factor de negociación para obtener mercados para productos
industrializados.
V. LA ALTA DEPENDENCIA EN LA RENTA
PETROLERA Y LA MATRIZ PRODUCTIVA
En un escenario de altos ingresos, como se experimentó entre 2005 y 2014, se tuvo un significativo crecimiento de gastos corrientes (sueldos,
jubilaciones, bonos sociales y otros). Las inversiones públicas también se han multiplicado en la gestión de Evo Morales, de 629 millones de dólares
en 2005 a 6.210 millones de dólares programadas
para 2018 (Jubileo, 2018).
Sin embargo, existe una alta dependencia para
los gastos públicos en la renta petrolera. En promedio, durante los años 2005-2016, la renta petrolera representaba 33% sobre el total de los ingresos
de todo el aparato público estatal (Jubileo, 2017a).
Esta tasa se encuentra entre las más altas en toda
America Latina (Farthing and Kohl, 2014).
El resultado de esta alta dependencia en la renta
petrolera es un impacto negativo en periodos con
bajos precios internacionales de petróleo, como en
los años 2015 a 2018 (INE, 2018a), donde se ha
producido altos déficits fiscales. Como consecuencia, la deuda externa de Bolivia ha subido a más de
9.500 millones de dólares en 2018. Tan solo en un
año, de diciembre 2016 a diciembre 2017, la deuda
externa creció 28% (Jubileo, 2018).
No se ha priorizado los sectores que podrían
según Yussef Akly, el director de la CBHE (Entrevista, Santa Cruz, 29 de julio 2016).
Desde el 2005 se ha empezó a reservar nuevas
áreas de exploración y explotación para YPFB. En
2015 el número de áreas reservadas para YPFB llegó a 99, que en total suman más de 29 millones de
hectáreas (Campanini, 2015). Si a eso se agrega las
áreas donde las empresas petroleras tienen contratos de operación (Jiménez, 2013), la nueva frontera
hidrocarburífera llega a casi 32 millones de hectáreas, lo que equivale a más de 29% del territorio de
Bolivia (Campanini, 2015). Esta ampliación de la
frontera petrolera pone en peligro parques nacionales, ecosistemas frágiles y gran parte de los territorios indígenas.
YPFB ha realizado muy poco hasta la fecha
en las áreas reservadas. Según Akly (CBHE), este
resultado “era lógico de esperar”, porque “una
empresa pública siempre es más burocrática, más
pesada, porque tiene que conseguir autorización,
porque tiene que conseguir los presupuestos, hay
que ir al congreso” (Entrevista, Santa Cruz, 29 de
julio 2016). Por lo tanto, el gobierno decidió buscar
nuevos socios entre las transnacionales quienes le
han respondido que, si quieren nuevas inversiones
en esa zona exploratoria, “tienen que ir perfeccionando la normativa y las condiciones de competitividad” (Yussef Akly, Entrevista, Santa Cruz,
29 de julio 2016). El resultado es que el gobierno ahora está “cumpliendo al pie de la letra una
diversificar la economía para generar ingresos y
empleo. Entre 2007 a 2011 la inversión pública en
la industria solo equivalía a 1,2% de toda la inversión estatal (Escobar de Pabón et al, 2014). Y esa
tendencia sigue, porque en 2018 solo se ha reservado 2% de la inversión para la industria (Jubileo,
2018).
El gobierno escribió en su primer Plan Nacional de Desarrollo de 2006, que el patrón primario
exportador no sustente el desarrollo nacional, y
por lo tanto era necesario diversificar la economía
y construir un modelo “que consiste en la agregación de valor y la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables”. Este
cambio de modelo fue visto como “una condición
imprescindible” para revertir la desigualdad y erradicar la pobreza en el país. Y además se planteaba
que el Estado sea el protagonista y promotor de
este nuevo modelo (GoB, 2006b).
El gobierno dice que ha cumplido con la promesa de industrializar el gas, con la construcción
de una planta de urea y amoniaco en 2017. Pero
menos de 5% de estos fertilizantes van a ser para
el mercado interno (Melendres, 2018). Entonces se
mantiene el patrón exportador, que muy poco ayuda a sostener un desarrollo nacional.
Bolivia sigue teniendo una economía capitalista
atrasada, con baja productividad, donde se incrementa los empleos precarios, sujetos a una explotación laboral creciente (Escobar de Pabón et al,
2014). Datos oficiales muestran que el empleo informal se disparó a 75% en 2015 (OIT, 2016). En
2005 la cifra era 59,1% (Yañez and Landa, 2007).
Como dice el secretario internacional de la Central
Obrera Boliviana (COB), Jaime Quispe, “el gobierno no tiene políticas de cómo generar economía.
Siempre nos han dicho que hay más inversión, pero
eso ¿cómo llega a los ciudadanos y ciudadanas? No
les llega” (Entrevista, La Paz, 29 de julio 2016).
Para el investigador Carlos Arze, el problema
principal para salir del extractivismo en Bolivia no
es la falta de recursos, sino “una clase social que,
dentro del marco del orden establecido, disponga
de interés y de poder suficientes para abrirse paso
en este punto decisivo” (Vila and Orgáz, 2014).
Desde mi perspectiva, en un país capitalista atrasado como Bolivia, la burguesía es demasiado débil
y dependiente del capital extranjero para poder industrializar y desarrollar el país.
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VI. LA DEGENERACIÓN DEL MAS
El gobierno de Evo Morales ahora está cumpliendo con una agenda que coincide muy bien con
los intereses de las petroleras. Estas conciliaciones
no son un simple resultado de la alta dependencia
de la renta petrolera, sino también el producto de
un proceso de degeneración política del MAS.
2006-2008: ATAQUES EXTERNOS Y
DIVISIONES INTERNAS
Después de la victoria electoral en 2005, el gobierno tenía el apoyo de las grandes mayorías para
impulsar transformaciones estructurales en el país.
Pero internamente en el MAS y en los movimientos sociales, diferentes posiciones se enfrentaban
sobre cómo llevar adelante los cambios políticos.
Sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), los mineros y el Movimiento Sin Tierra, luchaban por una confrontación más abierta
con las transnacionales, los latifundios y la oligarquía nacional. Mientras que los sectores pro capitalistas del gobierno y del MAS, liderados por el
vicepresidente Álvaro García Linera, optó por la
vía del diálogo (Krommes-Ravnsmed, 2014).
Este conflicto también produjo la salida del
gobierno del primer ministro de Hidrocarburos,
Andrés Soliz Rada, quien había firmado una resolución ministerial en agosto 2006, que recuperaba
el control de las refinerías de manos de Petrobras,
para aplicar el decreto de la nacionalización. Pero
Brasil se quejó al vicepresidente, Álvaro García Lidos primeros años de gestión de Evo. Desde sus
bastiones en la parte oriental del país, la derecha
orquestó un movimiento separatista, y en la primera mitad de 2008 organizaron referendos autonómicos en los departamentos de Santa Cruz, Tarija,
Beni y Pando.
Con la aprobación de estatutos autonómicos
quisieron obligar al gobierno a la concertación,
para modificar la propuesta de una nueva Constitución, que iba a afectarles en el tema de tenencia
de tierra y propiedad de los recursos naturales.
Algunos exponentes del gobierno declararon
disponibilidad de diálogo, pero los referendos se
encontraron con resistencia popular y movilizaciones en todo el país. Luego, el 10 de agosto se llamó
a un referéndum revocatorio, donde más de dos
tercios respondieron “sí” a la continuación de Evo.
Los movimientos sociales tenían la expectativa de
que ya no había más pretextos para avanzar con
cambios estructurales (Schlez, 2008).
Pero la oligarquía, apoyada por el imperialismo
a través de la Embajada de los EEUU, intentó orquestar un golpe en los departamentos de Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando (Schlez, 2008). Entre el
9 y 11 de septiembre de 2008, avasallaron instituciones del estado, tomaron control con los aeropuertos, atacaron y ocuparon instalaciones petroleras y gasíferas, y lanzaron ataques contra las sedes
de los movimientos sociales y oficinas de canales
de radio y la televisora estatal. En el departamento
de Pando, el 11 de septiembre 2008 hubo una matanza de 30 campesinos. Bolivia estaba al borde de
una posible guerra civil (Fuentes and Munckton,
2008).
En este escenario el canciller de Brasil, Celso
Amorim, declaró: “Si Morales no logra asegurar el
gasoducto, Brasil puede abrir sus propios contactos con los gobernadores orientales” (Aróstegui,
2008). Sin embargo,en el barrio pobre y populoso
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, llamado
Plan 3000, los movimientos sociales resistieron los
ataques de la derecha, e hicieron un llamado al pueblo de Bolivia para que se movilice (Zibechi, 2009).
Miles de campesinos, mineros y trabajadores
empezaron un cerco a Santa Cruz para “tomar latifundio y fábricas”, como se lee en un documento firmado por COB y la Coordinadora Nacional
por el Cambio (Bolpress, 2008). Esta movilización
hizo fracasar el golpe de estado, pero el gobierno
detuvo las movilizaciones e invitó a la derecha a
nera, quien claudicó ante este poder subimperial y
congeló la medida que iba a afectar a Petrobras.
Como decía Andrés Soliz Rada, “hubo que enfrentar además de los ataques externos, fuertes trabas internas” (El País, 2016). Después de su salida
del gobierno trataron de impedir la finalización de
las auditorías petroleras, maltrataron a los auditores, documentos importantes fueron destrozados,
y el encargado de las auditorías, Enrique Mariaca,
incluso sufrió un asalto violento, que le impidió
seguir trabajando temporalmente. Porque, según
Soliz Rada, “los avances de las auditorías preocuparon al grupo palaciego”, y cuando las autoridades empezaron a recibir los primeros resultados de
las auditorías se impuso una censura interna y un
arreglo precipitado de contratos con las petroleras
(Sagárnaga, 2010).
Estos hechos reflejan la batalla interna en el
MAS y en los movimientos sociales, entre posiciones reformistas y más radicales. Durante 2007 y
2008, en el pueblo de Camiri, conocido como la capital petrolera de Bolivia, hubo huelgas y bloqueos
de carretera, para exigir una “verdadera nacionalización” de los hidrocarburos (Petropress, 2008).
Como dijó Mirko Orgáz, vicepresidente del Comité Cívico de Camiri, “Evo nos ha dado ‘gato por
liebre’, la verdadera nacionalización quiere decir
que se expropien los capitales de las trasnacionales
y eso no se ha hecho” (BBC, 2007).
Las vacilaciones del gobierno fortalecieron a
la derecha opositora que logró rearticularse en los
negociar cambios en la propuesta de nueva constitución, antes de llevarla a un referéndum (ABI,
2008a).
La derecha logró modificar 146 de los 411 artículos del texto aprobado en la Asamblea Constituyente en 2007 (ABI, 2008b). En el tema de los
hidrocarburos, se planteó su nacionalización, pero
la derecha logró introducir un párrafo que dice que
“en ningún caso (el nuevo régimen jurídico) supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”
(Disposiciones transitorias, octava (I), GoB, 2009).
En cambio, en la propuesta de nueva Constitución
que fue aprobada en la Asamblea Constituyente,
se decía que el Estado tenía que resolver aquellas
concesiones sobre recursos naturales “que contravengan a la presente Constitución” (Disposiciones
transitorias, octava (I), CJA, 2008). Con esta modificación se dejó de hecho el poder de los transnacionales sobre el gas y el petróleo.
2009-2013: INFILTRACIONES DE LA
DERECHA Y CONFLICTOS CON SECTORES
SOCIALES
En las elecciones en diciembre 2009 el gobierno
logró un amplio triunfo electoral, obteniendo una
mayoría de dos tercios (Cuiza, 2016). Sin embargo,
las contradicciones entre las expectativas populares que permitieron al MAS llegar al gobierno y las
consecuencias de su política conciliadora crecieron
durante la segunda gestión de Evo Morales (Schneider, 2014).
Uno de los conflictos ocurrió en diciembre del
2010, cuando el gobierno lanzó un decreto conocido como el gasolinazo, que eliminaba las subvenciones estatales al precio de gasolina, diésel y otros
carburantes en el mercado interno, duplicando
prácticamente su costo. La medida debía servir a
“incentivar las inversiones” de las transnacionales
para que aumenten la producción de gas y petróleo (Pereira, 2010). Pero quien iba a pagar el mayor
precio por esta medida era la gente pobre, como
que todos los productos de la canasta familiar subieron de golpe después de la promulgación de
este decreto (Stefanoni, 2010). Los movimientos
sociales lo consideraron como una victoria de las
petroleras y una huelga general de los trabajadores
fue determinante para reorientar las decisiones del
gobierno, que luego tuvo que abrogar el decreto
(Gilbert, 2010; Sosa, 2010).
Los siguientes pares de años se registró varias
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movilizaciones de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas, que intentaron influenciar y orientar las decisiones del gobierno. Por ejemplo, sobre
temas salariales, pensiones, y el conflicto de TIPNIS (Schneider, 2014).
El ala izquierda del MAS también lanzó un manifiesto, donde proponían “reconducir” el proceso
de cambio, en base a una verdadera nacionalización
de los hidrocarburos y mayores esfuerzos para salir
del extractivismo (CPR, 2011). El manifiesto fue
duramente atacado por el vicepresidente, Álvaro
García Linera (García Linera, 2011), y en general,
hubo muy poco debate en el partido sobre la necesidad de una reconducción del proceso de cambio.
La excepción se dio en algunos congresos de
Juventudes del MAS, donde el ala izquierda logró
que se apruebe documentos políticos con reivindicaciones sociales importantes, como la nacionalización de las minas en manos de empresas transnacionales (Taboada, 2011).
Pero las corrientes izquierdistas dentro del
MAS no estaban bien organizadas y finalmente
los sectores conservadores tomaron la dirección,
apoyados por grupos derechistas infiltrados que
oportunamente habían subido al carro del vencedor (Mendoza, 2009). Cabe recordar que el número de puestos laborales en el aparato público
creció 74,5% entre 2005 y 2015 (Mamani, 2016),
señal que la burocracia ganó una más sólida base
ciales. Y los tránsfugas oportunamente se pusieron
la camiseta de MAS para lograr un cargo político y
obtener beneficios económicos.
Pero, como dijo el líder socialista boliviano
Marcelo Quiroga Santa Cruz, en política “hay sumas que restan” (Rodas, 2010), porque con este
tipo de alianzas se va sembrando desconfianza y
decepción en la militancia y los sectores sociales de
trabajadores y campesinos, y por lo tanto se acaba por fortalecer a la derecha (Rodas, 2010). Estas
nuevas alianzas también fueron cuestionadas por
las bases, como en el municipio de Pailón en el departamento de Santa Cruz, donde un dirigente de
MAS dijo; “da mucha pena, que nuestro partido,
que antes era un instrumento político por la soberanía de los pueblos, un partido de los pobres, hoy
paulatinamente se esté convirtiendo en un partido
de la derecha” (Erbol, 2014).
En las elecciones presidenciales de 2014 Evo
Morales logró el 61,36% de los votos a su favor,
mientras que el total de votos conseguidos por los
candidatos del MAS en las elecciones subnacionales de 2015 llegó a 41,79% (Cuiza, 2016). En estas
elecciones subnacionales el MAS perdió en casi
todas las más pobladas ciudades del país, donde
vencieron los partidos tradicionales de derecha, incluso en la ciudad de El Alto, epicentro de la Guerra del Gas en 2003 (Cuiza, 2016).
Luego el gobierno intentó abrazar aún más el
de maniobra en el oportunismo y el clientelismo
que le permitió, además, degradar el debate político en el partido.
Como resultado, la vida del partido se encerró
en una pugna interna para conquistar espacios de
poder y ‘pegas’ (empleos públicos).
En vez de que los militantes sean el cauce para
conectar las demandas sociales con la lucha por el
socialismo, los bases fueron llamadas a ser simples
activistas electorales. En este contexto también se
produjeron algunas escisiones en el MAS, de ministros, exministros, y militantes de base (Curi, 2015),
y poco a poco las corrientes procapitalistas en el
partido se fortalecieron.
2014-2018: COLABORACIÓN DE CLASES
En el 2014 Álvaro García Linera afirmó: “el
MAS ya no es el de 2005, ha ido mudando la propuesta, ya no es tan comunitario, ahora ha abrazado
el ‘modelo cruceño’, que es capitalista” (Ortiz and
Salvatierra, 2014). Esta búsqueda de colaboración
de clases también se reflejó en las elecciones generales del 2014 como las subnacionales en 2015,
donde el MAS invitó a muchas personas de derecha a candidatear para el partido (Lucha de Clases,
2014). La dirección nacional del partido pensaba,
que para conquistar el voto de la clase media es
necesario moderar el programa recurriendo a invitados que no sean identificables con las luchas somodelo capitalista, coqueteando con empresarios
y agroindustriales, ofreciéndoles garantías y una
representación política (Saavedra, 2015; Tierra,
2017). En ella, la burguesía nacional y las empresas transnacionales encuentran una ventaja, porque como dice el ex viceministro de Tierras del
gobierno de Evo, Alejandro Almaraz, ahora “los
intereses empresariales encuentran la protectora y
viabilizadora legitimación política y social que las
leyes e instituciones de los gobiernos pasados no
pudieron darles” (Almaraz, 2015).
Para mantener una legitimación política y social,
el gobierno ha intentado cooptar las organizaciones sociales (Almaraz, 2015) o fomentar divisiones
(Paredes, 2018), tildando de derechista o imperialista cualquier reclamo o movilización en su contra
(ABI, 2010; El Día, 2012; Lucha de Clases, 2015).
Un ejemplo fue en abril 2017, cuando Álvaro García Linera hizo un duro discurso contra los “colonialistas ambientalistas”, refiriéndose a una marcha
de centenares de indígenas, que protestaban contra
el ingreso de YPFB y Petrobras al área protegida
Tariquía, en Tarija, que ellos habitan (Somos Sur,
2017).
Pero es evidente que el gobierno corre el riesgo de entrar en una crisis de legitimidad con los
sectores sociales, porque según Jaime Quispe de la
Central Obrera Boliviana (COB), “hay un descontento generalizado contra el gobierno. Como tra-
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bajadores hemos cumplido con el proceso de cambio, pero lamentablemente este gobierno no nos
respeta, más bien va en desmedro de nosotros”.
El descontento popular provocó una derrota
electoral el 21 de febrero 2016, en un referéndum
constitucional sobre la posibilidad de que Evo podía volver a postularse. Luego, en 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional
admitió la reelección indefinida de todas las autoridades electas del país.
Por eso lo más probable es que la elección en
2019 resulte en un gobierno y un parlamento debilitados, donde se va a practicar aún más la política de colaboración de clases. Sin embargo, las
condiciones objetivas también abren un espacio
político a la izquierda del MAS. Como dice Jaime
Quispe de COB: “´Hemos planteado una nacionalización sin indemnización, pero al final no ha
sido cumplido. No compartimos que esos dineros
vayan a favor de los transnacionales. Vamos a pelear. No vamos a permitir, que carguen las cargas
a la población (…) No podemos permitir que este
gobierno actúe en contra de los pueblos indígenas
y de los trabajadores. Luchamos por los derechos
y beneficios de todos los bolivianos y bolivianas”
(Entrevista, La Paz, 29 de julio 2016).
VII. CONCLUSIÓN
La lucha por la nacionalización de los hidrocarburos abrió el paso para la victoria de Evo Morales
en 2005. El pueblo empobrecido esperaba por fin
acabar con el saqueo de Bolivia. Pero los contratos
firmados con las transnacionales en 2006 abrogaron la nacionalización.
A pesar de eso, se vivió un periodo de bonanza
económica entre 2006 y 2014, debido al Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH, vigente desde
2005), los altos precios internacionales de gas y petróleo, y los mayores volúmenes exportados.
Entonces se creyó que era posible lograr una
independencia económica sin enfrentarse con las
transnacionales, pero en realidad, las petroleras
han consolidado su posición dominante en el sector, y en un momento de desaceleración en la economía boliviana, el gobierno se ha visto empujado
a cumplir una agenda que coincide muy bien con
los intereses de las transnacionales.
Como dice de Janvry (1981, pp 197): “es esta
posición contradictoria de exclusión y dependencia la que limita la capacidad reformista del estado
y la compromete, por más autónoma que pueda
parecer con fines de legitimación, a la promoción
de las condiciones necesarias para la acumulación”.
Estos últimos retrocesos del gobierno son el
resultado de diferentes factores económicos y políticos, que están dialécticamente interrelacionados
como he mostrado acá. La persistencia de la dominación de los transnacionales petroleras, el constante desafío de encontrar nuevas reservas de gas,
la alta dependencia de la renta petrolera para gastos
públicos y el fracaso de la diversificación económica, y la degeneración política del MAS, han asegurado, juntos, que el proyecto masista no lograra sus
objetivos.
El gobierno del MAS ha cubierto estas políticas
en un discurso revolucionario, pero corre el riesgo de entrar en una crisis de legitimidad con los
sectores sociales, porque su política extractivista ha
exacerbado los procesos de acumulación por desposesión.
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