Gobierno colombiano vs ELN: sin tregua

Generar las condiciones para que se reanude el di?logo pasa por que el conjunto de los sectores democr?ticos y populares se apropien de un proceso que no deber?a limitarse a una transa entre el ELN y el Gobierno. El di?logo debe ser amplio e incorporar a m?ltiples sectores de la sociedad que hoy, una vez m?s, vuelven a ser ignorados



Sin tregua

Por Decio Machado
Revista Brecha de Uruguay

El presidente Juan Manuel Santos suspendi? el 29 de enero el di?logo de paz entre su gobierno y la guerrilla, aduciendo que ?sta hab?a violado la tregua pactada. El ELN acusa a su vez al gobierno de lo mismo. Algunos indican que la ruptura de la tregua responde a luchas internas en el grupo armado, donde tendr?an -por el momento- m?s peso los sectores menos dialogantes. Mientras tanto, en Colombia sigue faltando las bases para construir un pa?s con un m?nimo de democracia y justicia social, y la poblaci?n vuelve a sufrir a diario la guerra interna.
Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en noviembre del 2016, Colombia sigue siendo uno de los pa?ses m?s violentos y agitados de la regi?n. El pa?s combina una crisis institucional que tal magnitud que el descr?dito y la percepci?n de corrupci?n respecto a su casta pol?tica es generalizado entre la sociedad.
El establishment pol?tico colombiano, tradicionalmente mentiroso y corrupto e hist?ricamente incapaz de solucionar los problemas estructurales que transversalizan desde hace d?cadas la realidad social y econ?mica del pa?s, basa gran parte de sus narrativas pol?ticas en la estrategia del miedo al llamado ?castrochavismo? y la supuesta imposici?n de un r?gimen ?comunista? en el pa?s. El discurso anterior permite focalizar por parte de las ?lites econ?micas y olig?rquicas colombianas su estrategia pol?tica en base a la polarizaci?n frente a ?supuestos? enemigos? internos que operan al servicio del comunismo internacional, lo que genera consensos sociales que les permiten no afrontar ?durante d?cadas- el m?s m?nimo cambio en un modelo econ?mico tremendamente desigual que tiene su base en una institucionalidad pol?tica carente de legitimidad social. Para ilustrar el dato anterior, basta se?alar que el abstencionismo en el ?ltimo plebiscito popular impulsado por el gobierno fue del 62,60%, en las ?ltimas elecciones presidenciales del 52,03% en primera vuelta y del 59,90% en segunda, es decir, s?lo 13,2 millones de los m?s de 30 millones de voto habilitado en Colombia decidi? quien ser?a el Presidente de la Rep?blica en dicho pa?s.
Es en ese contexto en el que el pasado 9 de enero termin? el acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal establecido en la capital del Ecuador, por parte del gobierno colombiano y la guerrilla del Ej?rcito de Liberaci?n Nacional (ELN), el cual hab?a entrado en vigor a partir del 1 de octubre del 2017.
Esta tregua negociada, la cual no significaba la entrega de armas por parte de la guerrilla ni el final de un conflicto armado que se prolonga desde 1964, tuvo un final dram?tico. Apenas dos d?as despu?s de finalizado el cese transitorio de hostilidades el gobierno colombiano anunciaba la paralizaci?n de los di?logos de paz con la insurgencia, alegando que el ELN hab?a vuelto a emprender acciones armadas tras 101 d?as de tregua.
Lo anterior implic? la retirada del representante gubernamental, Gustavo Bell ?ex ministro de Defensa-, y su equipo de las mesas de negociaci?n en Quito, bajo el argumento de que la guerrilla hab?a cometido al menos cuatro ataques en el Este del pa?s durante las ?ltimas 24 horas contra oleoductos y destacamentos militares.
Las demandas desde la sociedad civil por la reanudaci?n de los di?logos y la conformaci?n de un nuevo per?odo de tregua, permiti? que representantes de la guerrilla y gobierno volvieran a juntarse en la b?squeda de reanudar los di?logos de paz y la negociaci?n. Sin embargo, la reactivaci?n de actividades militares por parte de ambos bandos signific? que al menos cinco guerrilleros fuesen abatidos en una operaci?n protagonizada por las Fuerzas Armadas en una zona rural del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia, lo cual escenificaba la reanudaci?n de la violencia en territorio colombiano tras la ruptura de las negociaciones.
La escalada armament?stica desembocar?a en varios atentados entre los d?as 27 y 28 de enero en que distintos artefactos har?an explosi?n en zonas aleda?as a estaciones de Polic?a en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur dejando varios muertos y decenas de heridos.
El presidente Juan Manuel Santos declarar?a p?blicamente el mismo lunes 29 de enero su voluntad de ?suspender la instalaci?n del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los pr?ximos d?as?, dando al traste ?al menos moment?neamente- con las expectativas de paz que en las comunidades afectadas por el conflicto armado se hab?a generado.

Una historia que se repite
Durante los ?ltimos treinta a?os la ruptura de negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN ha sido algo recurrente.
Los primeros intentos de llevar a buen t?rmino negociaciones entre la insurgencia elena y el gobierno colombiano datan del per?odo presidencial del liberal Alfonso L?pez Michelsen (1974-1978), teniendo su reedici?n durante los mandatos de C?sar Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andr?s Pastrana (1998-2002).
Sin embargo, las constantes confrontaciones entre combatientes y militares, las presiones de poderes facticos sobre el gobierno y las urgencias requeridas para la desmovilizaci?n, hicieron que dichos di?logos nunca llegasen a buen fin. La experiencia actual, lamentablemente, no parece distinta.
La estrategia gubernamental se basa en lo que internacionalmente se conoce como la ?estrategia Rabin?, un m?todo derivado de la experiencia sionista que tampoco ha conseguido grandes logros de pacificaci?n en territorio palestino tras setenta a?os de la creaci?n del Estado de Israel. Esta se basa en combatir al enemigo con toda la contundencia como si no hubiese negociaci?n de paz, pero se negocia al mismo tiempo como si no hubiese acciones armadas insurgentes.
En paralelo y por parte de los voceros del ELN, se denuncia que ?desde antes de terminar el cese del fuego, el Ej?rcito ha estado ampliando el pie de fuerza y tomando ventajas militares en varias de las regiones de mayor presencia del ELN?. Si bien lo anterior parece ser verdad, las voces de la dirigencia campesina e ind?gena que vuelven a sufrir cotidianamente el estado de guerra en Colombia tampoco justifican la vuelta de las operaciones militares defendida por el sector pol?ticamente menos dialogante del ELN. Estos indican que la ruptura del proceso de paz esta basado en el pasado ataque a los cocaleros de Tumaco por parte de la fuerza p?blica, donde murieron entre cinco y nueve campesinos que protestaban contra la erradicaci?n de cultivos il?citos en la zona sin ninguna soluci?n econ?mica para la poblaci?n local; la continuaci?n de la pol?tica petrolera del Estado o la represi?n a la protesta social y los continuos asesinatos a l?deres comunitarios y campesinos.
Las organizaciones sociales y campesinas de las regiones afectadas, que vivieron un per?odo de tranquilidad durante los 101 d?as que dur? la tregua, manifiestan su voluntad de que pese a los ?ltimos acontecimientos b?licos el gobierno retome la l?nea de conversaci?n con la guerrilla, tal y como lo est?n haciendo p?blicamente incluso miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Carlos Velandia, ex miembro del Comando Central del ELN, as? como otros expertos conocedores de la realidad interna elena, consideran que la ruptura de la tregua responde a luchas internas al interior del grupo guerrillero, donde coyunturalmente estar?an imponi?ndose las tesis de los sectores menos dialogantes encabezados por Uriel, comandante del Choc? y el bloque occidental. Por otro lado, el abogado colombiano Rodrigo Uprimy, miembro del Comit? de Derechos Econ?micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, considera que ?no renovar el cese al fuego no s?lo afectar?a la confianza en el proceso de paz sino que tendr?a consecuencias humanitarias desastrosas?. De igual manera se manifiesta el analista V?ctor de Currea Lugo, columnista del diario El Espectador, quien considera que ?es altamente preocupante que las m?ltiples voces de la sociedad y de las regiones no hayan sido escuchadas?.
En ese sentido, tanto la Conferencia Episcopal como la Misi?n de Verificaci?n de la ONU est?n haciendo llamados a ambas partes a mantener los logros alcanzados durante el cese del fuego bilateral, lo que permiti? la ?reducci?n de la violencia? durante el per?odo que se mantuvo en vigencia.
Pese a que organizaciones tales como La Paz Querida, Indepaz, Naciones Unidas, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Di?logo de Paz o el manifiesto firmado por m?s de un centenar de acad?micos, escritores, empresarios, v?ctimas y congresistas est?n llamando a los negociadores del Gobierno y del ELN a que vuelva a retomar los di?logos de paz, la situaci?n al momento actual permanece bloqueada.
Unos y otros se lavan las manos
Ni el Gobierno Nacional ?con un presidente que fue premio Nobel de la Paz en 2016- ni la guerrilla quieren en la actualidad asumir sus responsabilidades como causantes de la ruptura de las negociaciones en Quito, pese a que en la actualidad el proceso de paz est? agonizando.
La debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos en este tramo final de su mandato es un factor que juega en contra de los deseos de una gran parte de sociedad colombiana en aras a una paz justa, la apertura democr?tica y el impulso de la participaci?n ciudadana en el pa?s. Entre los a?os 2002 y 2016 fueron asesinados 558 l?deres sociales en Colombia, pero las expectativas de que tras los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC estos indicadores bajaran han ido quedando frustrados con el paso del tiempo. Tan s?lo durante el pasado mes de enero, han sido registrados m?s de 23 muertes violentas de l?deres populares en el conjunto del pa?s, seg?n un reciente informe documentado presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz en Colombia.
En paralelo, es un hecho que existe una dificultad hist?rica a la hora de negociar con el ELN, una organizaci?n guerrillera que se estima cuenta con 1.800 combatientes pero que mantiene una estructura federada que concede autonom?a militar a sus frentes, los cuales responden pol?tica y militarmente en base al posicionamiento de cada uno de sus comandantes ante este proceso.
En todo caso, el contexto de estas negociaciones de paz se enrarece en funci?n de que se aproxima el mes de marzo, donde se desarrollar?n elecciones para renovar el Congreso, as? como las presidenciales de mayo. Hay un amplio sector de la izquierda pol?tica institucional colombiana que, consciente de la ruptura de negociaciones de paz beneficia a los sectores m?s beligerantes de la ultraderecha encabezados por el ex presidente ?lvaro Uribe, demanda que el ELN articule mecanismos de tregua unilateral que permitan volverse a sentarse a insurgencia y gobierno en las mesas de negociaci?n. Incluso durante el a?o pasado, varios voceros de las FARC viajaron a Quito para convencer a los negociadores elenos de las bondades del proceso de paz.
En todo y mas all? de los intereses coyunturales de la clase pol?tica colombiana, as? como de los actores en conflicto, es un hecho que siguen sin generarse las bases para la construcci?n de un pa?s con unos m?nimos de democracia y justicia social que permitan a los movimientos populares ejercer su voz y su acci?n sin temor al espectro de la violencia.

Generar las condiciones para que se reanude el di?logo pasa por que el conjunto de los sectores democr?ticos y populares se apropien de un proceso que no deber?a limitarse a una transa entre el ELN y el Gobierno. El di?logo debe ser amplio e incorporar a m?ltiples sectores de la sociedad que hoy, una vez m?s, vuelven a ser ignorados.