La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de car?cter socio-ambiental y discursos dominantes

La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de car?cter socio-ambiental y discursos dominantes
Maristella Svampa

?No se si hay un ecologismo infantil, pero s? creo que hay un
desarrollismo senil?, J.Martinez Allier (2008)

En el presenta art?culo nos proponemos abordar algunos aspectos de la compleja trama en la cual se inserta la disputa por el desarrollo en Am?rica Latina, a trav?s de diferentes v?as anal?ticas. En primer lugar, haremos una introducci?n en la tem?tica, con el objeto de situar desde una perspectiva hist?rica el debate acerca del ?desarrollo?. En segundo lugar, daremos cuenta de la asociaci?n entre ecolog?a popular, nuevo lenguaje de valoraci?n y movimientos de car?cter socio-ambiental. Asimismo, proponemos una revisi?n de las diferentes concepciones que impl?citamente recorren el discurso dominante acerca del territorio. En tercer lugar, realizaremos una reflexi?n acerca de las dimensiones generales (compartidas con otros movimientos sociales), y espec?ficas (las consecuencias de la territorializacion y la multiescalaridad de los conflictos) de los movimientos de car?cter socio-ambiental. En cuarto lugar, proponemos una revisi?n de algunos de los conceptos que atraviesan expl?citamente el discurso hegem?nico en el proceso de reconfiguraci?n de los territorios, sobre todo a trav?s de los conceptos de ?desarrollo sustentable?, ?responsabilidad social empresarial? y ?gobernanza?. Por ?ltimo, abordaremos uno de los dilemas que hoy recorre el espacio pol?tico latinoamericano y repercute sobre las posibilidades de acci?n de los movimientos de car?cter socio-ambiental, de cara a la reactivaci?n y acoplamiento entre tradici?n nacional-popular e imaginario desarrollista.

El retorno de la idea de desarrollo
La cuesti?n del desarrollo ha sido una tem?tica recurrente y fundadora del
pensamiento social latinoamericano. Desde la CEPAL en adelante, intelectuales como Ra?l

1 El presente art?culo es una versi?n ampliada y actualizada del texto presentado en el seminario
?Interrogating the Civil Society Agenda? en la Universidad de Massachussets, Amhers, abril de
2008, publicado en el libro M. Svampa, Cambio de ?poca. Movimientos sociales y poder pol?tico, Buenos
Aires, Siglo XXI, agosto de 2008, bajo el t?tulo, ?La disputa por el desarrollo. Territorios y lenguajes
de valoraci?n?. La autora agradece los comentarios y sugerencias de Sonia Alvarez y Millie Thayer. 2 Investigadora Independiente del Conicet, Argentina
2
Prebisch o Celso Furtado, 3 entre tantos otros, realizaron valiosas contribuciones acerca del
car?cter estructural del subdesarrollo latinoamericano, as? como apuntaron a dise?ar
estrategias de desarrollo ?hacia adentro?. Sin embargo, el paradigma del desarrollo
postulado en los a?os 50 por la CEPAL, e ilustrado por las experiencias nacionaldesarrollistas entre los a?os 50 y 70, que colocaban al Estado como un actor central (en
t?rminos de productor y regulador de las relaciones sociales), fue ampliamente criticado,
desde diferentes vertientes y posicionamientos pol?tico-ideol?gicos: desde el marxismo,
tanto la corriente de la dependencia como los te?ricos de la marginalidad, no s?lo
cuestionaron el car?cter reformista de dichos modelos sino los l?mites de su capacidad de
integraci?n, al tiempo que se?alaban como horizonte o como ?concepto l?mite?4
la
alternativa revolucionaria. As?, por encima de las diferencias pol?tico-ideol?gicas, se tratase
de la perspectiva desarrollista o de la izquierda revolucionaria, al volver sobre aquellos
tiempos es posible rescatar la disposici?n a pensar modelos de desarrollo, concebidos en
t?rminos de proyectos alternativos de sociedad.
En las ?ltimas d?cadas el escenario regional y global cambi? ostensiblemente. En
nuevos contextos y debates internacionales, se fue ampliando el arco tem?tico y se fueron
incorporando otras dimensiones ligadas al desarrollo, como el tema ambiental, la cultura, la
dimensi?n humana y social, entre otras. Por un lado, la crisis de la idea de modernizaci?n (y
por ende, del desarrollo como progreso industrial), en su versi?n hegem?nica, abri? un
nuevo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisi?n del paradigma del
progreso y la sociedad industrial de consumo. En esta ?ptica, y pese a la fuerte
desconfianza de las izquierdas cl?sicas, los movimientos ecologistas que se desarrollaron a
partir de los a?os ?60, especialmente en Europa y Estados Unidos, lograron alcanzar un
car?cter altamente precursor y ejemplar, desarrollando una respetable influencia en sus
sociedades. Las cr?ticas de estos movimientos no s?lo pon?an en entredicho algunos de los
pilares del pensamiento de Marx, claro heredero de la Modernidad, sino que para gran parte
de las izquierdas latinoamericanas, salvo excepciones, la problem?tica ambiental era

3 Para una presentaci?n v?ase Pr?bisch (: 1964), Furtado (: 1964). Para una cr?tica m?s general de la
teor?a del desarrollo, v?ase Bustelo: 1999 y Nahon et all: 2004.
4 Retomamos la idea de ?concepto l?mite? desarrollado por M.A.Garret?n, y que hace alusi?n a las
problem?ticas centrales que ha unificado el pensamiento (como la idea de desarrollo, revoluci?n y
democracia, entre otros). En la actualidad, Garret?n se?ala la ausencia de una problem?tica central
(esto es, de un concepto l?mite) en las ciencias sociales actuales. V?ase ?Las ciencias sociales en
Am?rica Latina en una mirada comparativa? G. de Sierra, Garret?n, M., Miguel Murmis y H.
Trindade.
3
considerada tambi?n como una preocupaci?n importada de la agenda de los pa?ses ricos,
vinculada directamente con el grado de desarrollo alcanzado. Paralelamente, en Am?rica
Latina, las cr?ticas indigenistas respecto del car?cter lineal, monocultural de las teor?as
dominantes del desarrollo (y la Modernidad) fueron horadando su solidez simb?lica,
haciendo lugar al disenso y al reconocimiento de su dimensi?n excluyente.
Recordemos que hasta bien entrado el siglo XX, no exist?a lugar pol?tico e
ideol?gico desde el cual oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconoc?an ?
o bien, se desestimaban- las consecuencias destructivas que pod?a generar una
modernizaci?n sin freno. En rigor, hab?a un ?nico paradigma de la modernizaci?n, al cual
adher?an incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visi?n productivista y
homogeneizadora del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos
hist?ricos. En este sentido, Am?rica Latina no fue una excepci?n, pues esta visi?n fue
sostenida tanto por los Estados desarrollistas como por las diferentes experiencias
nacional-popular. Quiz? mucho m?s que en otras latitudes, las izquierdas ?ya sea en su
matriz anticapitalista como nacional-popular- se mostraron sumamente refractarias a las
corrientes indigenistas y ecologistas que se iban perge?ando a la luz de las diferentes cr?ticas
del paradigma productivista.
Por otro lado, la crisis del ideario emancipatorio (fracasos de las izquierdas y
dictaduras militares mediante) y el posterior desmantelamiento del Estado nacionaldesarrollista, produjeron un eclipse de esta l?nea del pensamiento social latinoamericano.
Ciertamente, entre los a?os ?80 y ?90 estas tem?ticas desaparecieron por completo de la
agenda pol?tica, tanto en nuestras sociedades latinoamericanas, como en otras latitudes.
Para el caso del desarrollo, en las ?ltimas d?cadas hemos asistido al ocaso de una visi?n
macrosocial, que enfatizaba enfoques y planificaciones m?s centralizadas, hacia una
concepci?n m?s micro-social, que sit?an la cuesti?n del desarrollo en una escala local,
territorial y regional. Asimismo, en Am?rica Latina comenzaron a forjarse otros conceptos,
de inspiraci?n post-estructuralista, como el de ?post-desarrollo?, una vertiente que propone
la deconstrucci?n del desarrollo hegem?nico, as? como la revaloraci?n de las culturas
vern?culas y el conocimiento local no experto y destaca, adem?s, la importancia de los
movimientos sociales y movilizaciones de base como modo de acercarse a una era del
?post-desarrollo? (Escobar, 2005)
En los ?ltimos a?os, la emergencia de un nuevo escenario econ?mico, pol?tico y
social en Am?rica Latina parece haber impulsado una vuelta hacia las ?grandes preguntas?,
particularmente visible en el retorno de aquellos ?conceptos l?mites? que alguna vez
4
trazaron las l?neas directrices del pensamiento cr?tico latinoamericano. Parecer?a ser que
tanto la idea de ?Desarrollo? como aquella de ?Emancipaci?n? ?sucesora, en gran medida,
de la idea de ?Revoluci?n?? han vuelto a integrar el vocabulario pol?tico, y paulatinamente
inician un nuevo periplo en la pol?tica y las ciencias sociales latinoamericanas. Ninguno de
estos conceptos l?mites ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado;
antes bien, sobre ellos se van operando trastocamientos y resignificaciones mayores, ligadas
tanto a la nueva din?mica del poder como a la acci?n contestataria de los movimientos
sociales contempor?neos. En realidad, en Am?rica Latina, el escenario en el cual retorna la
cuesti?n acerca del ?desarrollo? y se perfilan los debates acerca de la ?emancipaci?n?, va
dise?ando una trama muy compleja y conflictiva, atravesada por no pocos dilemas y
posicionamientos irreconciliables.
No hay que olvidar que en nuestros pa?ses el impulso del capitalismo neoliberal
posdictaduras conoce diferentes etapas: un primer momento, en los 90, marcado por la
desregulaci?n econ?mica, el ajuste fiscal, la pol?tica de privatizaciones (de los servicios
p?blicos y de los hidrocarburos), como por la introducci?n generalizada de los
agronegocios (los cultivos de transg?nicos a trav?s de la siembra directa). Como afirma
Boaventura de Sousa Santos (2007:37) estas transformaciones confirmaron el car?cter
metarregulador del Estado, esto es un Estado que emerge como ?entidad responsable de
crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales?. Esto implic? la
generaci?n de nuevas normas jur?dicas, que favorecieron no s?lo la implantaci?n de
capitales extranjeros, sino que garantizaron la institucionalizaci?n de los derechos de las
grandes corporaciones as? como la aceptaci?n de la normativa creada en los espacios
transnacionales.5
Asimismo, el proceso de mercantilizaci?n de los bienes p?blicos tuvo
como consecuencia la profundizaci?n de un Estado patrimonialista, frente a la fuerte
imbricaci?n entre los Gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos econ?micos
privados.
En la actualidad, gran parte de los pa?ses de Am?rica Latina atraviesan un segundo
momento, caracterizado por la generalizaci?n de un modelo extractivo-exportador, que
apunta a consolidar y ampliar a?n m?s las brechas sociales entre los pa?ses del norte y del
sur, basado en la extracci?n de recursos naturales no renovables, la extensi?n del
monocultivo, la contaminaci?n y la p?rdida de biodiversidad. El modelo de agronegocios,

5 El ejemplo m?s claro fue la creaci?n del Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos
Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
5
la megaminer?a a cielo abierto, la construcci?n de grandes represas, los proyectos previstos
por el IIRSA6
y prontamente los agrocombustibles (etanol), ilustran a cabalidad esta nueva
divisi?n territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual.
En t?rminos de D. Harvey (2004), la actual etapa de expansi?n del capital puede ser
caracterizada como de ?acumulaci?n por desposesi?n?,7
proceso que ha producido nuevos
giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuesti?n acerca del territorio
y el medio-ambiente. La nueva etapa tambi?n aparece asociada a nuevos mecanismos de
desposesi?n, como la biopirater?a o la apropiaci?n de formas culturales y cultivos
tradicionales pertenecientes a los pueblos ind?genas y campesinos.
No es casualidad, entonces, que en este escenario de reprimarizaci?n de la
econom?a,8
caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas
transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los
movimientos ind?genas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de
movilizaci?n y participaci?n ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales
(definidos como ?bienes comunes?), la biodiversidad y el medio ambiente; todo lo cual va
dise?ando una nueva cartograf?a de las resistencias, al tiempo que coloca en el centro de la
agenda pol?tica la disputa por lo que se entiende como ?desarrollo sustentable?.
Ecolog?a, lenguajes de valoraci?n y territorialidades en pugna
En su libro ?El ecologismo de los pobres?, el reconocido ecologista catal?n, Joan
Mart?nez Allier (2004), propone distinguir entre tres corrientes del ecologismo: el culto de
la vida silvestre, el credo ecoeficientista y el movimiento de justicia ambiental. La primera
corriente se preocupa por la preservaci?n de la naturaleza silvestre; es indiferente u opuesta
al crecimiento econ?mico, valora negativamente el crecimiento poblacional y busca
respaldo cient?fico en la biolog?a de la conservaci?n. De ah? que su accionar se encamine a

6 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energ?a y comunicaciones consensuada por
varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la Iniciativa para la Integraci?n de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA). Para el tema, v?ase Aguilar, Cece?a y Motto, (2007). 7Para Harvey, el actual modelo de acumulaci?n implica cada vez m?s la mercantilizaci?n y la
depredaci?n, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulaci?n por desposesi?n (lo que
Marx denominaba la ?acumulaci?n originaria?) ha desplazado en centralidad a la din?mica ligada a
la ?reproducci?n ampliada del capital?. ?El nuevo imperialismo: Acumulaci?n por desposesi?n?,
Socialist Register, 2004: bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf
8 La reprimarizaci?n de la econom?a va de la mano con la coexistencia de otros modelos de
desarrollo. As?, por ejemplo, nadie podr?a negar la importancia del modelo industrial, junto con el
de agronegocios, en un pa?s como Brasil. En menor escala, algo similar sucede en Argentina, con la
reactivaci?n de la industria, posterior a 2004 (y anterior a la crisis econ?mica internacional).
6
crear reservas y parques naturales en aquellos lugares donde existen especies amenazadas o
sitios caracterizados por la biodiversidad. Grandes internacionales conservacionistas,
muchas veces poco respetuosas de las poblaciones nativas, se instalan en este registro
bioc?ntrico. Su expresi?n m?s extrema es la ?ecolog?a profunda?, ilustrada por el millonario
Douglas Tompkins, quien compr? enormes extensiones de tierra en la Patagonia chilena y
argentina, as? como en los Esteros del Iber? (debajo del cual se encuentra el acu?fero
guaran?), y sue?a con crear un para?so, despojado de fronteras nacionales y de seres
humanos.
La segunda corriente y quiz? la dominante dentro del universo de las ONG y
ciertos gobiernos del Primer Mundo, es el ecoeficientismo, que postula el eficiente uso de
los recursos naturales y el control de la contaminaci?n. Sus conceptos clave son
?modernizaci?n ecol?gica?, ?desarrollo sustentable? y, de manera m?s reciente, ?industrias
limpias?, entre otras. El ?desarrollo sustentable?, acu?ado en los 80, fue una noci?n
introducida en la agenda global a partir de la publicaci?n del documento ?Nuestro futuro
en com?n? en (1987) y luego de la Cumbre de R?o, en 1992. La misma subraya la
preocupaci?n por el cuidado del medio ambiente y la b?squeda de un estilo de desarrollo
que no comprometa el porvenir de las futuras generaciones. Dicho concepto trajo consigo
otros que luego fueron puestos en discusi?n, como el de ?responsabilidad compartida, pero
diferenciada; el principio ?el que contamina, paga? y el principio precautorio? (Guimaraes,
2006), que fueron tratados en la Cumbre de Johannesburgo, en 2002. Sin embargo, pese a
la puesta en agenda de la problem?tica ambiental y las diferentes discusiones acerca de lo
que se entiende por desarrollo sostenible o ?durable?, los veinte a?os que pasaron entre
una cumbre y otra pusieron de manifiesto el fracaso de aquellas visiones que consideran la
posibilidad de un estilo de desarrollo sustentable a partir del solo avance de la tecnolog?a.
En la base de esta concepci?n, subyace la idea de que ?las nuevas tecnolog?as y la
internalizaci?n de las externalidades son instrumentos decisivos de la modernizaci?n
ecol?gica. Esta tendr?a dos piernas; una econ?mica, ecoimpuestos y mercados de permisos
de emisiones; otra, tecnol?gica, apoyo a los cambios que lleven al ahorro de energ?a y
materiales. /??Desde esta perspectiva, la ecolog?a deviene as? la ciencia que sirve para
remediar la degradaci?n causada por la industrializaci?n.? (M.Allier, ibidem, 21-31). As? las
cosas, los males producidos por la tecnolog?a se resolver?an tanto a partir de la aplicaci?n
de mayor tecnolog?a, al tiempo que implicar?an la promoci?n de una ?acci?n socialmente
responsable? tanto de los Estados como de las empresas.
7
Esta posici?n hoy aparece reflejada en diferentes gobiernos de pa?ses desarrollados
y en el discurso de los funcionarios de no pocos ministerios y/o secretar?as
medioambientales de nuestras latitudes. Como lo muestra de manera extrema la miner?a a
cielo abierto, por lo general, en funci?n del ?desarrollo sustentable?, el ecoeficientismo
gubernamental dice plantear debates que luego elude h?bilmente, y en nombre de una
visi?n democratizante, act?a con pragmatismo o se funde con los poderosos intereses
econ?micos en juego.
La tercera posici?n es la que representa el movimiento de justicia ambiental, o lo
que Mart?nez Allier bautiz? como ?ecolog?a popular?. Con esto nos referimos a una
corriente que crece en importancia y coloca el acento en los conflictos ambientales, que en
diversos niveles (local, nacional, global), son causados por la reproducci?n globalizada del
capital, la nueva divisi?n internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social. Dicha
corriente subraya tambi?n el desplazamiento geogr?fico de las fuentes de recursos y de los
desechos. En este sentido, queda claro que la demanda cada vez mayor de los pa?ses
desarrollados hacia los pa?ses dependientes, en t?rminos de materias primas o de bienes de
consumo, ha conllevado una peligrosa expansi?n de las fronteras: del petr?leo, del gas, de
la miner?a, de las plantaciones celul?sicas, de la soja transg?nica; expansi?n que genera
transformaciones mayores, reorientando completamente la econom?a de pueblos enteros y
amenazando en el mediano plazo, la sustentabilidad ecol?gica. Esta desigual divisi?n del
trabajo, que repercute en la distribuci?n de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo
a las poblaciones pobres y que presentan mayor vulnerabilidad. Un ejemplo de ello es la
situaci?n de los pueblos ind?genas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos
territoriales, reconocidos por tantas constituciones latinoamericanas, ante el avance de la
frontera forestal, las grandes represas, la privatizaci?n de las tierras o el boom de la soja
transg?nica.
Uno de los n?cleos centrales de la ecolog?a popular es la activaci?n de un lenguaje
de valoraci?n divergente, en oposici?n a la concepci?n binaria que desarrollan las grandes
empresas, en alianza con los diferentes Gobiernos (nacional y provincial), respecto de la
territorialidad. En este sentido, el desarrollo de la miner?a metal?fera a gran escala, puede
pensarse como un ejemplo paradigm?tico en el cual una visi?n de la territorialidad se
presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes), generando una
?tensi?n de territorialidades? (C. Porto Gon?alvez, 2001). En efecto, el discurso (no
siempre expl?cito) de las empresas transnacionales y los gobiernos, suele desplegar una
concepci?n binaria del territorio, sobre la base de la divisi?n viable/inviable, que
8
desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de ?territorio eficiente?; por otro, la de
?territorio vaciable? o en ?ltima instancia, ?sacrificable?.
Estos conceptos conocen una temporalidad diferente. En primer lugar, en el marco
de la transformaci?n neoliberal llevada a cabo durante los 90, los Gobiernos
instrumentaron la idea de ?territorio eficiente? para traducir una manera diferente de
concebir el espacio geogr?fico nacional, desplazando as? la idea de un modelo global de
territorio subsidiado desde el Estado. Esto signific?, en muchos casos, el desmantelamiento
de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las econom?as regionales en las
econom?as nacionales. Como consecuencia de ello, la viabilidad o inviabilidad de las
econom?as regionales pas? a medirse en funci?n de la tasa de rentabilidad.As?, por ejemplo,
en Argentina, la pol?tica de apertura econ?mica de los 90 mantuvo las asimetr?as regionales
preexistentes, al tiempo que conllev? la crisis y la desaparici?n de actores asociados al
anterior modelo (econom?as regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y
en muchos casos condujo a la reprimarizaci?n de la econom?a, a trav?s de la expansi?n de
enclaves de exportaci?n. Esto se vio reflejado de manera paradigm?tica en el caso de YPF
(Yacimientos Petrol?feros Fiscales), que desde su creaci?n en 1922 hasta su privatizaci?n y
reestructuraci?n setenta a?os m?s tarde, fue el motor de desarrollo de varias econom?as
regionales. No por casualidad, los enclaves petroleros, luego de las desastrosas
consecuencias de la privatizaci?n, fueron la cuna de los movimientos de desocupados
(Svampa y Pereyra, 2003).
En segundo lugar, de manera m?s reciente, la expansi?n de nuevos
emprendimientos productivos fue instalando la idea de que existen territorios vac?os o
?socialmente vaciables?, con el fin de poner bajo el control de las grandes empresas una
porci?n de los bienes naturales presentes en dichos territorios. En t?rminos de R. Sack
(1986), esto se produce cuando el territorio carece de artefactos u objetos valiosos desde el
punto de vista social o econ?mico, con los cual estos aparecen como ?sacrificables? dentro
de la l?gica del capital. La eficacia pol?tica de estas visiones aparece asociada al car?cter de
los territorios en los cuales, por lo general, tienden a implantarse la industria extractiva:
zonas relativamente aisladas, empobrecidas o caracterizadas por una escasa densidad
poblacional, todo lo cual construye escenarios de fuerte asimetr?a social entre los actores en
pugna. As?, las comunidades all? asentadas son negadas e impulsadas al desplazamiento o
desaparici?n, en nombre de la expansi?n de las ?fronteras?.
En un pa?s como la Argentina, el concepto de ?territorio vac?o? aparece tambi?n
asociado a la idea de ?desierto?, imagen de fuerte carga hist?rica y simb?lica que fue
9
empleada para justificar la expansi?n de la frontera en la Patagonia, eliminando a las
poblaciones ind?genas e imponiendo un modelo de Estado-naci?n, bajo el discurso de un
progreso homogeneizador y la integraci?n socioecon?mica al mercado internacional. En la
actualidad, parecer?a ser que hay un retorno de dicha estrategia en la medida en que la
resignificaci?n del concepto de ?desierto? y la valorizaci?n de esos territorios
caracterizados por sus paisajes primarios y sus grandes extensiones, permitir?a justificar la
construcci?n de una territorialidad que excluye a las otras existentes. Funcionarios del
Gobierno nacional y provincial utilizan esta ?met?fora? tan arraigada en el imaginario
pol?tico y cultural argentino para plantear, incluso, la miner?a a gran escala como ?nica
alternativa productiva, en regiones donde impera el ?desierto de piedra? (la expresi?n
corresponde a Jorge Mayoral, Secretar?o de Miner?a de la Naci?n). Esta misma estrategia
tambi?n es utilizada hoy para justificar la venta de extensos territorios en la Patagonia
argentina a empresas y propietarios extranjeros, que incluyen, en algunos casos, pueblos
enteros as? como el acceso exclusivo a r?os y lagos.
De modo m?s reciente, otra de las estrategias encaradas por gobiernos y empresas
ha sido el reordenamiento territorial. As?, en Argentina, la llamada propuesta de
?zonificaci?n? de los territorios, esto es, la definici?n de patrones de uso de suelo,
apuntar?a a definir qu? territorios ser?an eximidos de la actividad extractiva, mientras que
otros estar?an disponibles para su recepci?n, todo lo cual remite claramente a la idea de
?territorio sacrificables? o ??reas de sacrificio?.
En resumen, de diversas maneras, la afirmaci?n de que existen regiones marcadas
hist?ricamente por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una densidad poblacional baja,
que cuentan con grandes extensiones de territorios ?improductivos? y/o ?vac?os?, facilita
la instalaci?n de un discurso productivista y excluyente, al tiempo que constituye el punto
de partida de la conformaci?n de otros ?lenguajes de valoraci?n? en torno al territorio, por
parte de las comunidades afectadas. La definici?n de lo que es el territorio, m?s que nunca,
se convierte as? en el locus del conflicto.
Las v?as de la ecolog?a popular: dimensiones comunes y espec?ficas
Las diferentes movilizaciones que se multiplican hoy en Am?rica Latina, al comp?s
de la explosi?n de los conflictos socioambientales, van configurando progresivamente
movimientos sociales, que poseen una din?mica organizacional y confrontacional propia,
10
con capacidad para sostener sus demandas en el tiempo, m?s all? de una innegable
vulnerabilidad vinculada, entre otras, a una situaci?n de gran asimetr?a social.
En este sentido, uno de los hechos m?s notorios del per?odo ha sido el surgimiento
y expansi?n de movimientos en contra de la miner?a a gran escala y a cielo abierto.9
Desde
1999, sobre todo en la larga franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde Guatemala y
Ecuador, pasando por Per?, hasta Chile y Argentina,10 se han originado una multiplicidad
de resistencias, movilizaciones campesinas y asambleas de autoconvocados que ponen de
relieve las nuevas fronteras de la exclusi?n, frente a grandes proyectos mineros que
amenazan con afectar severamente las condiciones y calidad de vida de las poblaciones.
En realidad, dichos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que
comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a la mayor parte de los
movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinaci?n de la
acci?n directa con la acci?n institucional, la democracia asamblearia y una tendencia a la
autonom?a. Sin embargo, las actuales movilizaciones ind?genas y los movimientos
socioambientales urbanos dan cuenta de manera paradigm?tica de la multiescalaridad del
conflicto. Veamos, brevemente, cada uno de estos rasgos o dimensiones, a fin de se?alar
tanto el car?cter general como espec?fico de los actuales movimientos socio-ambientales.
En primer lugar y en un sentido amplio, tanto en los movimientos urbanos como
rurales, el territorio ha sido un espacio de resistencia y tambi?n, progresivamente, un lugar
de resignificaci?n y creaci?n de nuevas relaciones sociales. As?, desde fines de los 80, el
9Resulta importante aclarar a qu? tipo de miner?a hacemos referencia cuando hablamos de
nueva miner?a o miner?a a gran escala. A?n si las consecuencias econ?micas pueden ser
homologadas, lejos estamos de aquella miner?a de socav?n, propia de ?pocas anteriores, cuando los
metales aflu?an en grandes vetas, desde el fondo de las galer?as subterr?neas. En la actualidad, los
metales, cada vez m?s escasos, se encuentran en estado de diseminaci?n, y s?lo pueden ser
extra?dos a trav?s de nuevas tecnolog?as, luego de producir grandes voladuras de monta?as por
dinamitaci?n, a partir de la utilizaci?n de sustancias qu?micas (cianuro, ?cido sulf?rico, mercurio,
entre otros) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene. En suma, lo particular
de este tipo de miner?a (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles a?n
mayores de afectaci?n del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo
que requiere tanto un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energ?a, ambos
imprescindibles para sus operaciones, como asimismo, intervenir de manera violenta la geograf?a de
los territorios para la explotaci?n.
10 Como se?ala Bebbington (2007), ya en el per?odo 1990-1997, mientras la inversi?n en
exploraci?n minera a nivel mundial creci? un 90%, en Am?rica Latina, creci? 400%. En
consonancia con ello, durante los ?90, la mayor parte de los pa?ses latinoamericanos involucrados,
llev? a cabo una profunda reforma del marco regulatorio, para conceder amplios beneficios a las
grandes empresas transnacionales, que ya vienen operando a escala global. Dicha reforma fue
respaldada por diferentes organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros), a fin de
facilitar, promover y garantizar el auge regional de la nueva miner?a.
11
territorio se fue erigiendo en el lugar privilegiado de disputa, a partir de la implementaci?n de
las nuevas pol?ticas sociales, de car?cter focalizado, dise?adas desde el poder con vistas al
control y la contenci?n de la pobreza.11 Sin embargo, de manera m?s reciente, a partir de las
nuevas modalidades que ha adoptado la l?gica de acumulaci?n del capital, asistimos a una
nueva inflexi?n a partir de la cual el territorio, en un sentido m?s amplio, esto es, concebido
doblemente como habitat y comunidad de vida, aparece en el centro de los reclamos de las
movilizaciones y movimientos campesinos, ind?genas y socioambientales. Las acciones de
dichos movimientos, orientadas tanto contra el Estado como contra sectores privados
(grandes empresas transnacionales), generalmente se inician con reclamos puntuales,
aunque en la misma din?mica de lucha tienden a ampliar y radicalizar su plataforma
representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento a un
modelo de desarrollo monocultural y destructivo, y la exigencia de desmercantilizaci?n de
los llamados ?bienes comunes?. Estos procesos de movilizaci?n conducen a una
concepci?n de la territorialidad, que se oponen radicalmente al discurso ecoeficientista y la
visi?n desarrollista, propia de la narrativa dominante.
Sin ?nimo de ontologizaci?n alguna, la potenciaci?n de un lenguaje de valoraci?n 12
divergente sobre la territorialidad pareciera ser m?s inmediata para el caso de las
organizaciones ind?genas y campesinas, debido tanto a la estrecha relaci?n que ?stas
plantean entre tierra y territorio, en t?rminos de comunidad de vida, como a la notoria
reactivaci?n de la matriz comunitaria ind?gena acaecida en las ?ltimas d?cadas. Este parece
ser el caso de Per?, en donde en 1999 surgi? la Coordinadora Nacional de las
Comunidades del Per? Afectados por la Miner?a (Conacami), que articula comunidades y
organizaciones de nueve regiones del pa?s. En los ?ltimos a?os, en un contexto de
endurecimiento de la represi?n y judicializaci?n del conflicto, la Conacami ha ido
realizando el pasaje de un lenguaje ?ambientalista?, cr?tico del modelo de desarrollo, a la
reafirmaci?n de una identidad ind?gena y la defensa de los derechos culturales y
territoriales. Como afirman R.Hoetmer et all(: 2008).
?Los contactos transnacionales y los intercambios de experiencias con la
CONAIE-Ecuarunari del Ecuador, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu

11 Esta dimensi?n material y simb?lica, muchas veces comprendida como autoorganizaci?n comunitaria,
aparece como uno de los rasgos constitutivos de los movimientos sociales en Am?rica Latina, tanto
de los movimientos campesinos, muchos de ellos de corte ?tnico, como de los movimientos
urbanos, que asocian su lucha a la defensa de la tierra y/o a la satisfacci?n de las necesidades
b?sicas.
12 Tomamos la expresi?n de J. Mart?nez Allier (2004).
12
(CONAMAQ), y otras organizaciones ind?genas de Am?rica Latina, jugaron un papel
importante en el desarrollo y la consolidaci?n de una identidad y un discurso ind?gena en
Conacami. El proceso de ?caminar juntos? de estas organizaciones, culmin? en 2006 en la
fundaci?n de la Coordinadora Andina de Organizaciones Ind?genas (CAOI), que asume la
afirmaci?n de la identidad como pueblos y nacionalidades originarios, como fundamento
de la lucha por un mundo mejor. Aparte de Conacami, la Confederaci?n Campesina del
Per? y la Confederaci?n Nacional Agraria, tambi?n integran al CAOI en el Per?, lo cual
indica una re-elaboraci?n de la identidad clasista del campesino, que prim? durante d?cadas
en estas organizaciones?.
Otro parece ser el caso de las organizaciones urbanas. As?, por ejemplo en
Argentina, las m?s de setenta asambleas de autoconvocados en contra de la megaminer?a a
cielo abierto que se desarrollan en peque?as y medianas localidades del pa?s y hoy
convergen en la UAC (Uni?n de Asambleas Ciudadanas), poseen otro registro a partir del
cual (re)construir mediaciones que conduzcan a la idea de ?comunidad de vida y territorio?,
en funci?n de la defensa de un estilo de vida (m?s elegido que heredado) que subraya un
v?nculo estrecho entre paisaje, historia larga de la regi?n, defensa del medio ambiente y
oportunidades de vida. Sin embargo, vale la pena agregar que, para el caso argentino, este
proceso de construcci?n de la territorialidad (o de reterritorializaci?n), en clave de
comunidad de vida y de defensa de los bienes comunes, exhibe de manera progresiva una
afinidad electiva con la cosmovisi?n de los movimientos campesinos e ind?genas,
hist?ricamente invisibilizados y relegados al margen de la sociedad.
La segunda dimensi?n fundamental de este tipo de movimientos ligados a la
ecolog?a popular, es que adoptan la acci?n directa no convencional y disruptiva, como
herramienta de lucha, acompa?ada de la acci?n institucional. As?, los movimientos que se
oponen a la megaminer?a a cielo abierto, utilizan como recurso de acci?n los bloqueos o
cortes de rutas y de acceso a los campamentos mineros. Las demandas institucionales van
desde la presentaci?n de peticiones para la derogaci?n y anulaci?n de las leyes nacionales de
miner?a, la prohibici?n de la miner?a realizada a cielo abierto con sustancias t?xicas, hasta la
activaci?n de otros mecanismos y figuras institucionales, ligados a la democracia directa,
entre ellos, la realizaci?n de consultas o plebiscitos a nivel local y provincial, que
funcionar?an as? a la manera de ?licencia social?.
La lucha contra la megaminer?a a cielo abierto se inici? en 1997, en Cotacachi, en
Ecuador, lo cual hizo que ?ste se convirtiera en el primer ?cant?n ecol?gico?, por
ordenanza municipal. Luego, le siguieron mediante la v?a de la consulta popular, Tambo
13
Grande, en Per?, (2002, el primer plebiscito por este tema en Am?rica Latina) y Esquel, en
Argentina (2003). En a?os recientes, se han realizado dos consultas m?s en Per?, Piura y
Cajamarca (ambos en 2007); y tres en Guatemala, Sipacapa, (2005), Huehuetenango (2006);
Ixtahuacan (2007).
Por su parte, en Argentina, el ?efecto Esquel?13 tuvo un arrastre multiplicador,
despertando a otras regiones del pa?s donde se organizaron asambleas de autoconvocados.
Frente a la resistencia de la poblaci?n, siete provincias argentinas sancionaron en los
?ltimos tiempos leyes que proh?ben la miner?a con uso de sustancias t?xicas, aunque
ninguna de ellas habilit? la posibilidad de realizar una consulta popular, prevista por la
Constituci?n, reformada en 1994. Sin embargo, en muchos casos estas leyes no han
detenido los proyectos de exploraci?n ni el avance de las inversiones mineras. En otras
provincias argentinas, la situaci?n es muy inquietante, dado el avance de los proyectos de
megaminer?a, as? como al conjunto de medidas desarrolladas por los Gobiernos y las
empresas, que apuntan a acallar a la poblaci?n (sobre todo, a trav?s del hostigamiento y
judicializaci?n de la protesta ambiental).14
La tercera dimensi?n presente en estos movimientos de car?cter socio-ambiental es
el desarrollo de formas y espacios de deliberaci?n vinculadas a la democracia directa. En l?neas
generales, la emergencia de nuevas estructuras de participaci?n que tienen un fuerte
car?cter asambleario, se refleja en la tendencia a crear estructuras flexibles, no jer?rquicas,
proclives al horizontalismo y la profundizaci?n de la democracia interna. En el marco de
esas movilizaciones cobr? centralidad la forma asamblea, como nuevo paradigma de la
pol?tica desde abajo.
Pero la forma asamblea est? lejos de ser simple: en realidad es muy compleja,
supone un lento aprendizaje y est? lejos de ser un?voca. Es compleja: en tanto espacio de
democracia deliberativa, suele conjugar democracia directa, acci?n directa y desobediencia
civil. Como se?ala acertadamente Ariel Colombo (:2006, 101-102), ?la Asamblea implica
una ruptura del orden existente, en la medida en que es disruptiva, es aut?noma (no se
inscribe en un espacio pol?tico preexistente) y es recursiva (en la deliberaci?n directa, no

13 La consulta popular realizada en 2003 obtuvo el 81% de los votos en contra de la instalaci?n del
emprendimiento minero, y desemboc? en la primera ley provincial de prohibici?n de este tipo de
miner?a en Argentina.
14 Para el tema, v?ase Svampa, Sola Alvarez y Bottaro, ?Los movimientos contra la miner?a
a cielo abierto en Argentina. Entre el ?efecto Esquel? y el ?efecto La Alumbrera?, en Svampa, M y
Antonelli, M. (eds.), Miner?a Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires,
Biblos-UNGS, 2009
.
14
alcanza con que est? moralmente motivada; tiene que vincularse con el mismo tipo de
reglas que le exige al sistema)?.
Precisamente es el car?cter recursivo el que requiere un aprendizaje mayor, y va
signando avances y retrocesos en las din?micas: en el medio de ella, los ciudadanos
involucrados en una construcci?n pol?tica novedosa se preguntan sobre los alcances de la
horizontalidad, sobre la democracia por consenso o la votaci?n, sobre la fiabilidad de la
democracia (participativa, representativa, directa), sobre la posibilidad de construir
articulaciones pol?ticas, en fin, sobre la manera encarar el v?nculos con el Estado y la lucha
pol?tica m?s amplia, de cara a la necesidad de permanecer fieles a un mandato basista y
asambleario.
Por otro lado, la forma asamblea, tal como la entendemos, no es un?voca. Hay toda
una tipolog?a de las asambleas realmente existentes que hoy atraviesan los movimientos
sociales y las acciones colectivas en Am?rica Latina. As?, hay expresiones ordinarias (en el
sentido de la cotidianeidad, esto es, asociadas a los diferentes niveles y espacios de decisi?n
de una organizaci?n o movimiento; se trate de una f?brica, un movimiento territorial
consolidado o socio-ambiental); hay expresiones extraordinarias (la insurrecci?n, la
pueblada), en las cuales la Asamblea deviene una instituci?n en s? misma, esto es, esto es,
autosuficiente y soberana, una totalidad procedimental y a la vez identitaria.
A su vez, la din?mica pol?tica ?y por ende, sus limitaciones- no es la misma si ?stas
se insertan en un espacio multiorganizacional (como es el caso de las m?s de setenta
asambleas contra la miner?a a cielo abierto en Argentina, o el de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca, que re?ne a un conglomerado de organizaciones de base); o tienden
a desarrollar una estrategia que enfatiza el car?cter ?nico y espec?fico de la asamblea (como
es el caso de la Asamblea Ambiental de Gualeguaych?, en Argentina).
Por otra parte, la expansi?n de la forma asamblea no est? vinculada necesariamente con
una definici?n ?sustancial? de la democracia, o para decirlo en t?rminos m?s
contempor?neos, con un proyecto de corte emancipatorio. La idea de que la ?forma? hace
al ?contenido? debe entenderse como una condici?n necesaria, aunque no suficiente.
Desde esta perspectiva, en algunos casos estamos lejos de aquellas experiencias ligadas al
ideario revolucionario (la Comuna, el consejismo obrero), cuya discusi?n pueblan
bibliotecas enteras del pensamiento de las izquierdas. As?, podr?a afirmarse que las
potencialidades contrahegem?nicas de una Asamblea aparecen cuando ?sta est? asociada
un horizonte pol?tico radical e instituyente. Para el caso de ciertos movimientos campesinoind?genas, esta dimensi?n instituyente suele asociarse a las demandas de autonom?a, de los
15
derechos colectivos y de creaci?n de un Estado Plurinacional (como en M?xico, para el
primer caso, y Bolivia para ambos). Para el caso de los movimientos socio-ambientales
urbanos, aparece ligado al cuestionamiento del modelo de desarrollo y la apropiaci?n de un
lenguaje de valoraci?n contrahegem?nico que apunta a la defensa de los derechos
humanos, en nombre de la ?soberan?a alimentaria? y los ?bienes comunes?.
Una cuarta dimensi?n que recorre a los movimientos sociales se refiere a la
tendencia a la autonom?a, tambi?n presente en los movimientos de car?cter socio-ambiental.
En t?rminos generales, la autonom?a aparece no s?lo como un eje organizativo, sino
tambi?n como un planteo estrat?gico, que remite a la ?autodeterminaci?n? (como dir?a
Castoriadis, ?dotarse de su propia ley?). Dicha demanda da cuenta de una transformaci?n
importante en el proceso global de construcci?n de las subjetividades pol?ticas, como
resultado de los cambios que ha habido en la sociedad contempor?nea en las ?ltimas
d?cadas. Este ethos com?n (ya presente en los nuevos movimientos sociales de los a?os
?60), afirma como imperativo la desburocratizaci?n y democratizaci?n de las
organizaciones y se alimenta, por ende, de una gran desconfianza respecto de las
estructuras partidarias y sindicales, as? como de toda instancia articulatoria superior. En este
sentido, la demanda de autonom?a tiende a desplegarse en la tensi?n inscripta entre la
afirmaci?n de un ethos colectivo libertario (la autonom?a como horizonte ut?pico) y el
repliegue diferencialista-identitario (la autonom?a como valor refugio) (Svampa, 2008b).
La importancia de narrativa autonomista en el lenguaje de los actores nos instala de
lleno en la din?mica propia de los movimientos sociales actuales, que oscilan entre lo
destituyente y lo instituyente. As?, por ejemplo, las asambleas socioambientales contra la
miner?a de la Argentina, la autonom?a aparece asociada al rechazo tanto de los partidos
pol?ticos como de los sindicatos, m?s all? de que en algunas oportunidades estos actores
(sobre todo los legisladores provinciales de la oposici?n) se constituyan en ?correas de
transmisi?n? de las demandas. Sin embargo, hay que agregar que en muchos casos la
demanda de autonom?a aparece m?s como un valor refugio, antes que como una dimensi?n
positiva estrat?gica (a saber, un horizonte ut?pico que apunta a la necesidad de crear las
propias leyes y por ende, a construir otros mundos).
En rigor, la demanda de autonom?a se construye sobre tres ejes, que a menudo se
superponen: uno, el de la memoria larga, que para el caso de los movimientos campesinosind?genas, supone una vinculaci?n con la cosmovisi?n de sus pueblos, en donde se
articulan la idea de resistencia, derechos colectivos y poder comunal; dos, el de la memoria
mediana, marcada por la crisis de representaci?n pol?tica e ilustrada a cabalidad por la
16
desconfianza hacia los representantes pol?ticos locales y nacionales y el recuerdo reiterado
de sus ?traiciones?; tres, el de la memoria corta, asociada a la experiencia de los movimientos
de car?cter antineoliberal, que marcan el ciclo reciente de las luchas sociales en Am?rica
Latina, iniciado en el a?o 2000 con la Guerra del Agua, en Cochabamba. Sobre esta triple
base, sobrevuela el temor ante los intentos de cooptaci?n, que hoy provienen tanto de las
empresas transnacionales como de Gobiernos ?en sus diferentes niveles y jurisdicciones-, e
incluso ciertas poderosas ONG y fundaciones ecologistas.
Una quinta dimensi?n que caracteriza a los movimientos socioambientales es la
multiescalaridad 15 del conflicto que tiene lugar en el marco de un entramado complejo, en el
cual se encuentran involucrados actores sociales, econ?micos y pol?ticos (actores locales,
regionales y/o provinciales, estatales y globales). En la din?mica multiescalar ?lo global? y
?lo local? se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre
empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo
y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo, ni
los estilos de vida que este impone.
Cabe se?alar que la multiescalaridad de los conflictos suele combinarse con la
tipolog?a del enclave, muy presente en la historia de Am?rica Latina, e inextricablemente
ligadas al modelo extractivista. En este sentido, y m?s all? de las diferentes fases y
situaciones que presenta el enclave en tanto forma, un tema no menor es que la industria
extractiva suelen encontrar un terreno favorable en aquellas regiones marcadas por una
matriz social muy jer?rquica y poco diversificada desde el punto de vista econ?mico, en
donde imperan gobiernos provinciales y municipales de baj?sima calidad institucional. En
este contexto, las asimetr?as propias de la din?mica entre lo local (movimientos campesinos,
organizaciones ind?genas y asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas
multinacionales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un n?mero
importante de actividades, reorientando la econom?a del lugar y conformando enclaves de
exportaci?n. Su peso econ?mico es tal que no resulta extra?o que los intereses mineros
atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisi?n
ciudadana.
Por otro lado, la relaci?n entre tipolog?a de enclave y deterioro de los derechos
civiles expresa la tendencia a la territorializaci?n de los conflictos, a partir de los cuales
estos quedan librados a la intervenci?n de la justicia y los entes municipales y/o

15 Sassen (2007) propone el concepto de ?multiescalaridad? para hacer referencia a la reformulaci?n
de escalas en los diversos procesos de globalizaci?n.
17
provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor que el de sus hom?logos nacionales.
La implementaci?n del modelo tiende, por ende, a ser acompa?ada por pol?ticas represivas
y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social. En este sentido, la
megaminer?a a cielo abierto termina configur?ndose como una figura extrema, un suerte de
modelo descarnado, en el cual las m?s crudas l?gicas de la expropiaci?n econ?mica y la
depredaci?n ambiental se combinan con escenarios grotescos, caracterizados por una gran
asimetr?a de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat. El caso
m?s dram?tico en Am?rica Latina lo constituye el Per?, donde las protestas de los
comuneros contra los megaproyectos de miner?a, ya ha dejado un saldo de varios muertos,
heridos y centenares de comuneros judicializados.
En suma, m?s all? de las ambivalencias, limitaciones y matices, los nuevos
movimientos socioambientales se instalan en un campo de dif?cil disputa. Por un lado,
deben enfrentar directamente la acci?n global de las grandes empresas transnacionales,
provenientes del Norte desarrollado, quienes en esta nueva etapa de acumulaci?n del
capital se han constituido en los actores claramente hegem?nicos del modelo extractivoexportador. Por otro lado, en el plano local, deben confrontarse con las pol?ticas y
orientaciones generales de los Gobiernos ?tanto a nivel provincial como nacional?, quienes
consideran que en la actual coyuntura internacional las actividades extractivas constituyen la
v?a m?s r?pida ?sino la ?nica en esas regiones hacia un progreso y desarrollo, siempre
trunco y tantas veces postergado en estas latitudes.
Responsabilidad social empresarial y gobernanza
El proceso de reconfiguraci?n de los territorios, se apoya tambi?n en otros
conceptos que expl?citamente forman parte del discurso global. Entre estos conceptos se
destacan el de ?desarrollo sustentable?, ?responsabilidad social empresarial? y
?gobernanza?. Como ya hemos aludido al primero, en lo siguiente veremos brevemente el
uso de los dos ?ltimos.
La noci?n de responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto reciente, de
resonancias globales, que apunta a combinar la filantrop?a empresarial con una idea m?s
general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental
que generan sus actividades. La importancia de tal concepto debe ser entendida en el marco
de la nueva matriz neoliberal, en la cual se consolida el rol metarregulador del Estado y las
18
empresas pasan a ser consideradas como el actor central y din?mico por excelencia. Este
nuevo modelo de acci?n empresarial, que surgi? del Foro Econ?mico de Davos, en 1999,
ha sido propuesto por y para las grandes empresas, que operan en contextos de gran
diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposici?n ante
la opini?n p?blica. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran
internacionalmente el movimiento de Responsabilidad Social Empresarial, con fuertes
campa?as medi?ticas y enormes presupuestos, sean responsables de da?os ambientales, de
explotaci?n de trabajo infantil y subcontrataci?n de trabajo esclavo, sobre todo en las
regiones perif?ricas, donde los marcos regulatorios son siempre m?s permisivos que en los
pa?ses industrializados del centro. La RSE adquiri? rango institucional a trav?s del Pacto
Global, en el a?o 2000, el cual es definido como ?un Programa Interagencial, liderado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisi?n Econ?mica
para Am?rica Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organizaci?n Internacional del Trabajo
(OIT), tendiente a aumentar la responsabilidad social empresarial en los campos de los
derechos humanos, los est?ndares laborales y el medio ambiente? (www. rseonline.com.ar).
En Argentina, el mismo se instal? en la agenda luego de la crisis de 2001 y encontr?
un gran dinamismo en el campo de la actividad minera. Como ha analizado M. Antonelli
(2007) es en 2002 que en este pa?s se presenta el informe final del programa Mining
Minerals & Sustainable Development (MMSD) y que tendr?a por objetivo ?cargar de
contenidos la responsabilidad empresarial?. As?, dicho concepto aparec?a como una de las
claves tendientes a producir ?un cambio cultural respecto de la miner?a a gran escala, para
ser concebida como factor de desarrollo sustentable?. Por otro lado, en la medida en que la
Argentina no proviene de una econom?a minera a gran escala, el modelo minero presenta
una particular producci?n socio-discursiva y cultural a nivel de todos los actores
involucrados. Por ello mismo, a diferencia de otros ?modelos de desarrollo? que, m?s all?
de sus transformaciones, se sit?an en la ?continuidad imaginaria? (un pa?s agrario), o en el
?retorno de la normalidad? (la Argentina industrial), el modelo ligado a la mega miner?a a
cielo abierto requiere no s?lo inscribirse en las significaciones del presente modelando
visiones de futuro, sino fundar un linaje, una genealog?a honorable y mitos de origen, para
volver deseable y razonable la ?Argentina minera?. En funci?n de ello, adquieren especial
importancia ?las estrategias narrativas, argumentativas, ret?ricas y dramatol?gicas (o de
puestas en escena), mediante las cuales se construye, enuncia y visibiliza la legitimidad
dominante del modelo minero y su autorizaci?n estatal en discursos p?blico-medi?ticos de
actores hegem?nico? (Antonelli en Svampa y Antonelli: 2009). As?, el discurso en torno a la
19
responsabilidad social empresarial forma parte de un dispositivo m?s amplio, que apunta a
instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista.
Si hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar v?nculos estrechos con
instituciones, Universidades privadas y p?blicas, a partir de convenios y subsidios, al
tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los m?s diversos medios de
comunicaci?n, en el marco de un discurso que subraya la opci?n por una ?miner?a
responsable?, hacia adentro, en relaci?n con las comunidades en las cuales se desarrolla la
actividad extractiva, sus efectos son a?n mayores, en la medida en que sus intervenciones
focalizadas y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la
ciudadan?a. As?, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta
habitualmente la actividad minera (matrices sociopol?ticas jer?rquicas, peque?as localidades,
escasa diversificaci?n econ?mica; debilidad institucional), las grandes empresas tienden a
convertirse en un actor social total.
En efecto, en primer lugar, tienden a reconfigurar bruscamente las econom?as
locales preexistentes, reorientando la actividad econ?mica de la comunidad en funci?n de la
miner?a, y creando nuevos enclaves de exportaci?n; en segundo lugar, producen un
impacto negativo en t?rminos ambientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones
de vida de la poblaci?n. En tercer y ?ltimo lugar, a trav?s de la llamada RSE, las empresas
tienden a ampliar su esfera de acci?n, mediante una bater?a m?ltiple de acciones sociales,
educativas y comunitarias, que apuntan tanto a la compra de voluntades como a influir en
los procesos de socializaci?n m?s b?sicos. Para el caso de la Argentina, un informe especial
del Foco sobre las Empresas Transnacionales en ese pa?s, firmado por Ricardo Ortiz (2007)
consigna: ?Las organizaciones sociales han constatado que las grandes mineras en
Catamarca, Tucum?n, San Juan y Chubut efect?an donaciones a escuelas y hospitales de
esas provincias tratando de provocar la captaci?n indirecta de voluntades y la limitaci?n del
ejercicio de la opini?n de las comunidades. Esto ha sido corroborado por el defensor del
pueblo de la Naci?n, quien manifest? su preocupaci?n porque estas donaciones est?n
acompa?adas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las
empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible cr?tica y, aun
m?s, restringir la participaci?n y el ejercicio de la poblaci?n en la defensa de los derechos
ambientales que consideren afectados?.
En fin, otro de los conceptos clave de esta reformulaci?n y aggiornamento del
paradigma neoliberal, que hoy recorre el lenguaje de organizaciones internacionales y de las
ciencias sociales, es el de ?gobernanza?, que puede ser definido como ?una forma de
20
gobierno que no pasa por la acci?n aislada de una ?lite pol?tico-administrativa relativamente
homog?nea y centralizada, sino por la adopci?n de formas de coordinaci?n a distintos
niveles, y multiactoral, en cuanto incluye al sector p?blico y al sector privado, a los actores
de la sociedad civil y al mercado?.16 ). Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2007:
36), la gobernanza opera como una s?ntesis entre legitimidad y gobernabilidad. ?La
gobernanza busca, de hecho, armonizar las reivindicaciones a favor de de la participaci?n y
la inclusi?n, resultado de la interpretaci?n de las crisis social que parte del concepto de
legitimidad, con las exigencias de una mayor autonom?a y autorregulaci?n producto de la
interpretaci?n guiada por la idea de gobernabilidad. Sin embargo, es una falsa s?ntesis,
puesto que opera totalmente dentro del marco de la gobernabilidad?.
De manera paradigm?tica, en la actualidad el modelo de la gobernanza est? siendo
aplicado hoy en Am?rica Latina en el marco de la extensi?n de un modelo extractivoexportador. La concepci?n que subyace a este modelo es que, m?s all? de la opacidad de los
sistemas de representaci?n y de las nuevas incertidumbres, los antagonismos y las
contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediaci?n y de entendimientos
rec?procos, en las cuales el objetivo es tanto la consolidaci?n de la gobernabilidad como la
materializaci?n del llamado ?capital social? en t?rminos de redes sociales y pol?ticas. En
este sentido, dicha visi?n apunta a diluir la idea de que los antagonismos pueden ser, en un
punto, irreconciliables, de que ?stos est?n insertos en relaciones de poder asim?tricas y que
en definitiva enfrentan ?o pueden enfrentar- proyectos de sociedad diferentes y, en mucho,
antag?nicos (Rodr?guez Garavito 2005, Svampa, 2007).
As?, dado el actual escenario latinoamericano y la cartograf?as de resistencias
existentes, el modelo de la gobernanza representa un intento una recomposici?n de la
din?mica del capitalismo neoliberal, a trav?s de ciertos dispositivos de intervenci?n
p?blicos y privados, que colocan el acento, por un lado, en la responsabilidad social
empresarial y, por el otro, en la necesaria autolimitaci?n de las demandas y reclamos de las
poblaciones afectadas, frente a una realidad de ?hechos consumados?, esto es, la expansi?n
?inevitable? del capitalismo transnacional en nuestras latitudes.
Hace unos a?os, de manera muy l?cida, nuestra colega brasile?a Evelina Dagnino17
se?alaba los peligros de lo que ella denominaba ?la confluencia perversa?, denunciando la

16 Ruano de la Fuente (2002). Asimismo, ver De Sousa Santos (2007) y Antonelli (2007)
17 E.Dagnino, ?Confluencia perversa, deslocamentos de sentido, crise discursiva?, en A.Grimson
(comp.), La cultura en las crisis latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso. 2007
21
convergencia entre proyecto neoliberal y el proyecto democratizante- participativo. As?,
daba cuenta de la utilizaci?n de varias nociones (entre ellas las de sociedad civil,
participaci?n, ciudadan?a y democracia), que formaban parte del proyecto democratizador,
pero que en los noventa tambi?n pasar?an a formar parte del lenguaje de las ?lites y los
funcionarios neoliberales. Dicha confluencia perversa tend?a a establecer una homolog?a del
vocabulario que oscurec?a las diferencias, dilu?a los matices, y por ende reduc?a los
antagonismos existentes; en fin, una ?reapropiaci?n? que fue construyendo de manera m?s
grosera o m?s sutil, seg?n los contextos nacionales, los canales por donde avanzaron las
concepciones neoliberales. A partir de esta reapropiaci?n conservadora, E. Dagnino pon?a
de manifiesto la crisis discursiva de los proyectos democr?ticos-participativos de corte
emancipatorio, se?alando la peligrosa emergencia de un campo minado, donde cualquier
paso en falso nos pod?a llevar al campo del adversario.
En este sentido, el modelo de la gobernanza nos instala nuevamente en un espacio
de confluencia perversa. Cierto es que la realidad nunca discurre por canales ?nicos o
unidimensionales, pues si bien existe convergencia perversa, necesario es decir tambi?n que
hay ?o puede haber- disputa, reapropiaciones, resignificaciones. Volviendo a los 90, hay
que reconocer que lo que aparec?a como ?imperativo desde arriba?, con claros objetivos de
control social y de recomposici?n de la gobernabilidad, era tambi?n objeto de lucha y
resistencia desde abajo. As?, en pa?ses como Argentina y Bolivia, esas redes territoriales que
se constituyeron en el locus del conflicto, que aparec?an como el espacio de control y
dominaci?n neoliberal, supieron convertirse tambi?n en el lugar de emergencia de
movimientos socioterritoriales innovadores, con car?cter autogestivo, con pretensiones
auton?micas, que pusieron de manifiesto las relaciones de antagonismo y de poder
existente, contribuyendo de manera decisiva en la generaci?n de resistencias a la hegemon?a
neoliberal. En otros t?rminos, el trabajo de resignificaci?n que realizaron ciertos
movimientos sociales en Am?rica Latina a partir y desde estos condicionamientos sociales y
estructurales, nos muestra que la historia, con sus oscilaciones y din?micas recursivas, est?
lejos de ser lineal. Si muchos fueron los sujetos y las organizaciones que sucumbieron
frente a esos riesgos propios del campo minado, otros supieron abrir brechas,
resignificando y potenciando las luchas en el marco de una disputa asim?trica.
Sin embargo, la nueva inflexi?n, en un contexto de transici?n y de giros pol?ticos,
pareciera acrecentar la complejidad de los dilemas que afrontan los movimientos sociales,
car?cter socio-ambiental. Veamos, para cerrar, cu?les son esos algunos de ellos.
22
Entre la ilusi?n desarrollista y la reactivaci?n de la tradici?n nacionalpopular
El cambio de ?poca registrado en los ?ltimos a?os en la regi?n, a partir de la
desnaturalizaci?n de la relaci?n entre globalizaci?n y neoliberalismo, ha configurado un
escenario transicional en el cual dos de las notas mayores son, por un lado, la reactivaci?n
de la matriz nacional-popular, por otro, la vuelta a un modelo ?desarrollista?.As?, un primer
elemento a considerar es el retorno de la tradici?n nacional-popular, ligada a la tem?tica de
la (re) construcci?n del Estado, en un contexto de cr?tica a las pol?ticas neo-liberales, cuyo
resultado fuera tanto el vaciamiento de la capacidad reguladora del Estado, como la
adopci?n de un car?cter metaregulador. Cierto es, las situaciones nacionales no son
homologables, antes bien, para cada escenario nacional la relaci?n entre liderazgos
pol?ticos, sistema pol?tico-partidario, proceso de reformas y formas de auto-organizaci?n
social presentan l?neas de continuidad y de ruptura respecto de los moldes de dominaci?n
de la d?cada anterior. Sin embargo, con sus diferentes matices e inflexiones nacionales, son
varios los gobiernos que dan cuenta de una reactivaci?n de la matriz nacional-popular, una
tradici?n que se inserta en la ?memoria mediana? (las experiencias populistas de los a?os
30 40 y 50), y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmaci?n de la naci?n mediante
un estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carism?tico y, por ?ltimo, las masas
organizadas ?el pueblo-.
En este contexto, lo novedoso no son las formas que adquieren las luchas antineoliberales, sino m?s bien la articulaci?n que presenta la tradici?n nacional-popular con el
modelo neodesarrollista, asentado en la reprimarizaci?n de la econom?a. En rigor, ser?a m?s
preciso afirmar que la expansi?n vertiginosa del modelo extractivo-exportador y los
grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA, parecen haber tra?do consigo
una cierta ?ilusi?n desarrollista?, habida cuenta que, a diferencia de los a?os ?90, las
econom?as latinoamericanas se vieron enormemente favorecidas por los altos precios
internacionales de los productos primarios (commodities), reflejado durante los ?ltimos
a?os en las balanzas comerciales y el super?vit fiscal. El hecho no puede ser desestimado,
muy especialmente luego del largo per?odo de estancamiento y regresi?n econ?mica de las
?ltimas d?cadas. En esta coyuntura favorable (al menos, hasta antes de la actual crisis
financiera mundial), no son pocos los gobiernos latinoamericanos que buscan relegado en
un segundo plano o sencillamente escamotear las discusiones de fondo acerca de los
23
modelos de desarrollo posible, habilitando el retorno en fuerza de una visi?n productivista
del desarrollo.
Por otro lado, no olvidemos que el nuevo despertar pol?tico de los pueblos
ind?genas y la relegitimaci?n de la matriz comunitaria est? vinculado al avance de la
globalizaci?n neoliberal, expresado en la actualidad a trav?s de la expansi?n de las fronteras
del capital hacia los territorios antes considerados como improductivos. Ya hemos dado
cuenta de c?mo estas nuevas modalidades de dominaci?n colisionan de lleno con los
modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas, y amenazan en su conjunto la
preservaci?n de los recursos b?sicos para la vida (tierra y territorio). Asimismo, tambi?n
hemos afirmado que la explosi?n de los conflictos ambientales est? en el origen de
numerosos movimientos socioambientales urbanos, que hoy cuestionan la visi?n
productivista del desarrollo, desarrollan un lenguaje en clave de ?ecolog?a popular?
enfatizando no s?lo la noci?n de ?saqueo? o expropiaci?n econ?mica (en manos de las
transnacionales), sino tambi?n las consecuencias en t?rminos de contaminaci?n. En otros
t?rminos, los movimientos campesinos-ind?genas y socio-ambientales impugnan aquellas
pol?ticas que en clave del ?desarrollo nacional?, minimizan los efectos de la contaminaci?n,
las externalidades, los pasivos ambientales, y/o el agotamiento de recursos hoy escasos.
No es casual la unidad continental que se percibe en el modo en que se nombra la tem?tica:
defensa de la tierra y el territorio, de los bienes comunes.
Uno de los pocos pa?ses en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusi?n
sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petr?leo y de la miner?a a gran
escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a trav?s de la composici?n del
gabinete, dividido entre ?extractivistas? y ?ecologistas?18. Sin embargo, el resultado no ha
sido muy alentador. Ciertamente, luego de su asunci?n, el Gobierno de Correa elabor? y
difundi? un Plan Nacional de Desarrollo, que involucraba una concepci?n integral del
mismo, esto es, no s?lo en t?rminos de l?gica productiva y social, sino tambi?n el
desarrollo entendido como ?la consecuci?n del buen vivir en armon?a con la naturaleza y la
prolongaci?n indefinida de las culturas humanas? (Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010:55). La elaboraci?n del Plan incluy? mesas de discusi?n en las que participaron
diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, as? como un proceso arduo de
sistematizaci?n y consensos sobre sus componentes.

18 F. Ram?rez y A. Minteguiaga, ?El nuevo tiempo del Estado. La pol?tica posneoliberal del
corre?smo?, en Revista OSAL 22, CLACSO, Buenos Aires, 2007.
24
Asimismo, en mayo de 2007, Correa realiz? una propuesta sin precedentes, que
sacudi? la comunidad ambientalista internacional: propuso no explotar el petr?leo del
parque nacional Yasuni (bloque 43), esto es, mantener el crudo en tierra, a cambio de una
compensaci?n de la comunidad internacional, ?en nombre del principio de la
responsabilidad ambiental diferenciada?. Vale aclarar que el Yasuni, situado en la
Amazon?a, al Este del Ecuador, es el bosque m?s biodiverso del planeta: ?en una sola
hect?rea del bosque hay tantas especies de ?rboles como en todo EEUU y Canad? juntos.?
El parque Nacional Yasun? es, adem?s, hogar de los Huaorani y de algunos de los ?ltimos
pueblos ind?genas que a?n viven en aislamiento, sin contacto con otras culturas. En estas
tierras se encuentran las reservas m?s grandes de petr?leo ecuatoriano, en el bloque
Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) con 900 millones de barriles. Sin embargo, a fines de
2007, el Gobierno ecuatoriano concedi? la licencia ambiental a Petrobr?s, para la
explotaci?n de las reservas de petr?leo que se encuentran en bloque 31, de Yasuni. Esta
medida fue ampliamente rechazada por los sectores ambientalistas, que vieron en la misma
el primer paso para la entrega del bloque Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) a Petrobr?s.
Dentro del Gobierno de Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por el
influyente Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energ?a y luego presidente del
la Asamblea Constituyente.19 La propia Asamblea plante?, en un momento determinado,
declarar el Ecuador ?libre de miner?a contaminante?. Los resultados, sin embargo, fueron
otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declar? en abril de 2008 la caducidad de
miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos
extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la
industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008) ?la reversi?n de las
concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas
mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando m?s recursos en el pa?s, acogiendo
reglamentaciones m?s claras y posiblemente una asociaci?n con el Estado (para lo cual se
plantea la creaci?n de la Empresa Nacional de Miner?a)?. Finalmente, la nueva ley minera,
aprobada en enero de 2009, perpet?a el modelo extractivista, desconociendo el derecho a la
oposici?n y consulta de las poblaciones afectadas por la extracci?n de recursos naturales.
As?, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de

19 Acosta present? su renuncia a mediados de 2008, en raz?n de sus desacuerdos con el presidente
Correa.
25
Correa opt? por un modelo neodesarrollista, minimizando el debate acerca de los gravosos
efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas.20
Para el caso de Bolivia, la cuesti?n involucra expl?citamente otros registros
pol?ticos, en un contexto de marcada polarizaci?n regional y social. A su arribo, en 2006, el
MAS (Movimiento al Socialismo) present? un Proyecto Nacional de Desarrollo (aunque
nunca fuera publicado), que incluye una cr?tica del concepto cl?sico o tradicional. As?, se
afirma la visi?n monocultural del Estado, en sus diferentes momentos (sea que hablemos
de la etapa olig?rquica, desarrollista, como neoliberal), al tiempo que se apunta a incorporar
una visi?n multidimensional del desarrollo, que involucra directamente la tem?tica de los
recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente.
Sin embargo, las tensiones y ambivalencias son claramente visibles, pues si resulta
claro que la pol?tica de Evo Morales apunta al quiebre de una visi?n monocultural del
Estado, por el otro, no es menos cierto que se ha reactivado un imaginario desarrollista, en
clave nacionalista, alentado por la apertura de nuevas oportunidades econ?micas (en un
pa?s donde la contracara es precisamente un imaginario del despojo reiterado ?de tierras y
riquezas?). Como afirma Stefanoni (:2007), el Gobierno ?promueve la utilizaci?n de las
reservas de hidrocarburos y minerales para ?industrializar el pa?s? y emanciparlo de la
condena hist?rica del capitalismo mundial a ser un mero exportador de materias primas, y,
al mismo tiempo, deja entrever cierta nostalgia hacia un Estado de bienestar que para el
caso boliviano fue extremadamente limitado.21
Finalmente, para el caso argentino, las propuestas del matrimonio presidencial, los
Kirchner, han sido de corte claramente continuista. En realidad, el gobierno argentino ha
reactivado la ret?rica nacional-popular tard?amente (sobre todo luego del conflicto con los
productores agrarios), al tiempo que ha venido promoviendo la continuidad del paradigma
de los agronegocios, tanto como la del modelo extractivista, en todas sus modalidades.
Pero la referencia a ambos modelos de desarrollo merece empero dos comentarios
adicionales. El primero se refiere a que la expansi?n del modelo agroexportador se halla
marcado por el auge de la producci?n de cultivos transg?nicos (a trav?s de la siembra
directa), cuyo resultado ha sido la agriculturizaci?n y sojizaci?n del campo, la cual contin?a

20 En un caso in?dito de censura, en marzo de 2009, el presidente Rafael Correa retir? la personer?a
jur?dica de Acci?n Ecol?gica, una ONGs de larga trayectoria y s?lidos trabajos en la defensa de los
recursos naturales, con m?ltiples v?nculos con movimientos campesinos-ind?genas. V?ase
www.accionecologica.org
21 ?Las tres fronteras del gobierno de Evo Morales?, en Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos
Sociales. compilaci?n realizada por M. Svampa y P.Stefanoni, Editorial El Colectivo-Osal (Clacso),
2007.
26
expandi?ndose en detrimento de otros cultivos, ocupando hoy una superficie de 18
millones de hect?reas. En este sentido, el modelo minero posee un rol ?subordinado?, aun
si su proceso de implementaci?n presenta caracter?sticas vertiginosas y muy similares a las
de otros pa?ses latinoamericanos. Sin embargo, pocos argentinos conocen que la actividad
minera involucra directa e indirectamente nada menos que quince de las veinticuatro
provincias, y que dichos proyectos cuentan con la resistencia expl?cita de una parte de las
poblaciones afectadas, unas setenta asambleas de autoconvocados, reunidos en la Uni?n de
Asambleas Ciudadanas (UAC). En realidad, la renuencia sistem?tica a abrir un debate
p?blico sobre el modelo minero, por parte de sectores pol?ticos y empresariales, y
garantizar as? un acceso a la informaci?n y la consulta a las comunidades afectadas, nos
plantea interrogantes inquietantes sobre la cuesti?n de la democracia en Argentina
Con respecto al modelo de agronegocios, solo en el ?ltimo a?o, a ra?z del conflicto
que enfrent? al Gobierno con los diferentes actores del sector agrario, se abri? por primera
vez la posibilidad de una discusi?n, al menos, acerca de las consecuencias de la expansi?n
del modelo sojero, cuesti?n hasta ahora reservada a unos pocos especialistas, ecologistas
marginales y movimientos campesinos.22 Para comprender el car?cter de este conflicto que
sacudi? al pa?s, es necesario tener en cuenta que la introducci?n del nuevo paradigma
agrario, a mediados de los 90, no s?lo benefici? a los grandes propietarios y fue generando
una poderosa cadena de actores intermediarios, sino tambi?n a los peque?os y medianos
productores, quienes en medio de la aguda crisis del agro, se aferraron a ?ste como a una
tabla de salvaci?n en medio del naufragio. As?, los peque?os productores, muchos de ellos
mini-rentistas, est?n lejos de cuestionar el paradigma productivo; antes bien, sus demandas
se vinculan con una mejor inclusi?n dentro del mismo.
Quiz? la mentada puja entre el ?campo? y el ?Gobierno? que se entabl? en 2008,
contribuya a generar un verdadero debate social sobre las implicaciones de un paradigma
productivo y sus puntos ciegos (tendencia al monocultivo, a la concentraci?n econ?mica,
desplazamiento de poblaciones campesinas, contaminaci?n por el uso de agrot?xicos,

22 En un contexto de rentabilidad extraordinaria para el sector agrario, a fines de 2007, con un
objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidenta Cristina Fern?ndez de Kirchner (2007-)
aument? las retenciones de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agr?colas.
En marzo de 2008, anunci? un nuevo aumento de las retenciones al agro, elev?ndolo al 44%. Estas
medidas generaron un enfrentamiento entre el Gobierno y los diferentes sectores organizados del
campo, que agrup? de manera in?dita tanto a las grandes organizaciones rurales como a aquellas
representantes de los peque?os productores. Dicho conflicto ?que reactualiz? peligrosamente los
viejos antagonismos binarios de orden clasista y racistas, implic? el bloqueo de numerosas rutas del
pa?s que paralizaron al pa?s durante casi cuatro meses, dejando a las grandes ciudades al borde del
desabastecimiento.
27
riesgo de p?rdida de soberan?a alimentaria, entre otros), pues los problemas aludidos
engloban mucho m?s que a los productores agr?colas, superan la discusi?n acerca del
tama?o de la unidad productiva o el porcentaje de retenciones que debe cobrar el Estado, y
ponen en tela de juicio la actual visi?n productivista del desarrollo, que predomina tanto en
el Gobierno como en el conjunto de los actores involucrados en el nuevo modelo.
Por otro lado, en Argentina, la experiencia que tuvo el m?rito de colocar en la
agenda p?blica la nueva cuesti?n socio-ambiental, a nivel nacional, fue Gualeguaych?, entre
2005 y 2006, a ra?z del conflicto por la instalaci?n de las pasteras, sobre el r?o Uruguay, que
trajo como correlato un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el de la rep?blica del
Uruguay. Recordemos que este conflicto fue considerado por el entonces presidente
N?stor Kirchner, en 2006, como una ?causa nacional?; pese a que luego, el propio
gobierno de Cristina Fern?ndez de Kirchner, impulsar?a activamente el cuestionamiento y
hasta la demonizaci?n de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaych?, a inicios de 2009,
con el objeto de que ?stos levantaran el corte al puente internacional que une la Argentina
con el Uruguay, luego de casi dos a?os de bloqueo.23 Pero, por parad?jico que pueda
parecer, la instalaci?n de la agenda socio-ambiental, capitalizada pol?ticamente por los
Kirchner, lejos estuvo de servir a la apertura de la discusi?n de otras causas socioambientales; antes bien, sirvi? para el ocultamiento y la denegaci?n de otros conflictos que
ya comenzaban a recorrer a diferentes provincias argentinas, a ra?z de la introducci?n del
modelo minero. Por ?ltimo, la intervenci?n del ex presidente N. Kirchner, en apoyo a los
asamble?stas de Gualeguaych?, y la respuesta no menos virulenta de su par uruguayo,
Tabar? V?squez, sirvieron para reactivar la vieja oposici?n entre ?pa?s grande? y ?pa?s
peque?o?, que recorre la relaci?n entre ambos pa?ses, instalando el conflicto en un registro
de dif?cil soluci?n: el de la exacerbaci?n de las l?gicas nacionalistas, antes que el de la
discusi?n de los diferentes modelos de desarrollo.
* * *
Curiosa paradoja la que atraviesa gran parte de la regi?n latinoamericana: la crisis
del consenso neoliberal, la relegitimaci?n de los discursos cr?ticos, la emergencia y
potenciaci?n de diferentes movimientos sociales, en fin, la reactivaci?n de la tradici?n
nacional-popular, se insertan en una nueva fase de acumulaci?n del capital, en la cual uno

23 Para el tema, v?ase R.Gargarella y M.Svampa, ?Disparen sobre Gualeguaych??, P?gina 12,
22/01/2009, disponible en www.maristellasvampa.net/blog
28
de sus n?cleos centrales es la apropiaci?n y expropiaci?n de los recursos naturales, cada vez
m?s escasos, en el marco de una l?gica de depredaci?n ambiental. En este escenario,
movimientos campesinos e ind?genas, movimientos socio-ambientales urbanos, son
arrojados a un campo de doble clivaje y asimetr?a, en el cual se observa no s?lo un
continuado acoplamiento entre neodesarrollismo y neoliberalismo, sino tambi?n, una vez
m?s, entre neodesarrollismo y tradici?n nacional-popular.
En suma, si bien es cierto que en la actualidad asistimos al retorno de dos ideas, de
dos ?conceptos l?mites? del pensamiento social latinoamericano, Emancipaci?n y Desarrollo,
tal como est?n planteadas, o su debate en cierto modo escamoteado, las v?as del desarrollo
y las v?as de la emancipaci?n amenazan con ser claramente antag?nicas.
29
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