Imprimir
Enviar
Voz en movimiento
Fabrizio Lorusso
4 febrero 2019 0
Desinform?monos
Guardia Nacional: criticidades, alternativas y discursos de guerra
La seguridad ha de entenderse de manera amplia como seguridad humana y no policial, con garant?a plena de los derechos humanos, y como parte de un estado de derecho s?lido y de sistemas de procuraci?n e impartici?n de justicia adecuados al reto enorme que enfrenta el M?xico actual. En parte el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 lo hace, sin embargo, dentro de ?ste, la creaci?n de una nueva corporaci?n como la Guardia Nacional (GN), que mantiene una significativa influencia militar en sus operaciones y direcci?n, no abona a ello y ha recibido muchas cr?ticas. Adem?s, para la creaci?n de una polic?a nacional que fuera civil, como se ha querido caracterizar, no habr?a necesidad de una reforma constitucional.
Este debate ocurre en el contexto de un cambio discursivo peligroso que se est? dando masiva y r?pidamente en los medios y la opini?n p?blica entre la anterior ?guerra al narco? y la actual ?guerra al huachicol?, o sea entre la creaci?n simb?lica del ?enemigo narcotraficante?, encarnado en la figura de El Chapo Guzm?n, entre otros, y la invenci?n del nuevo villano, el ?enemigo huachicolero?, encarnado de momento por El Marro, presunto l?der del ?c?rtel?, m?s bien de la organizaci?n criminal, de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
Ya hemos visto c?mo la ret?rica belicista, impulsada por los medios de comunicaci?n y el propio gobierno durante la presidencia de Calder?n, funcion? como caja de resonancia para las tendencias m?s oscuras, prejuiciosas y profundas de la sociedad. El ejercicio del poder sobre la poblaci?n se instrument? a trav?s de la militarizaci?n de la seguridad p?blica, la represi?n selectiva de los presuntos ?enemigos?, normalmente pobres, de barriadas populares o comunidades ind?genas, y del terror generalizado. Un terror que estaba y est? hecho de mensajes inquietantes, de lucha contra los vulnerables, considerados como vidas precarias y desechables, as? como de desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, limpieza social, despoblamiento estrat?gico de territorios, expoliaci?n de recursos, acumulaci?n por desposesi?n y paramilitarizaci?n.
Por un lado, el gobierno ha optado por un discurso distinto al de la guerra y de la criminalizaci?n de la pobreza, como bien se?ala Zavala en Proceso, pero lo medios con sus titulares alarmantes est?n imponiendo otra vez la l?gica de la guerra y la ret?rica de la emergencia. Estas se pueden traducir f?cilmente en un nuevo llamado a la sociedad y a los legisladores para que propendan por refrendar y hacer permanente, mutatis mutandis, la presencia militar y el estado de excepci?n, de por s? ya muy prolongados, que hemos vivido en estos a?os y que, de alguna manera, la Guardia Nacional podr?a llegar a consolidar.
En la misma t?nica se pueden leer medidas como son el aumento de las penas y los a?os de reclusi?n, o el incremento dr?stico del n?mero de delitos por los que se prev? la prisi?n preventiva, que son poco eficaces en la reducci?n del crimen y la violencia en s?, si no se acompa?an de un significativa baja del ?ndice de impunidad: como sosten?a el ilustrado Cesare Beccaria en el siglo XVIII, es la certeza de la pena y no su severidad el factor decisivo. Finalmente, en Guanajuato, uno de los epicentros recientes del tema ?huachicol y violencia?, se ha aprovechado para aumentar los efectivos militares desplegados, para fomentar el jugoso negocio p?blico y privado de la seguridad e incluso para implementar la controvertida propuesta de las ?prepas militarizadas? (ver aqu?-link), lo que muestra cu?n hegem?nico se ha vuelto en la entidad el imaginario castrense y de ?mano dura?.
Dicho esto, cabe destacar que las caracter?sticas de la Guardia Nacional, contenida en la m?s reciente versi?n del dictamen de reforma constitucional aprobado por la C?mara en enero pasado, siguen delatando la naturaleza militar de esa corporaci?n, pese a las declaraciones de los proponentes y a los cambios hechos de noviembre a la fecha.
Esto implica el mantenimiento de la militarizaci?n de la seguridad p?blica en el pa?s, aunque ahora estar?a regulada por la Carta Magna y las leyes secundarias que ser?an aprobadas posteriormente. Por consiguiente, son m?s que v?lidas las inquietudes y las cr?ticas que expertos, defensores de derechos humanos, la misma CNDH y organismos internacionales como la ONU-DH, han expresado sobre la relaci?n demostrable entre violencia, violaciones a derechos humanos y perjuicio del tejido social, por un lado, y la presencia de militares en tareas de seguridad, por el otro.
Se dice que los miembros de la futura guardia no ser?n militares, pero no es cierto: en su mayor?a proceder?n de las filas castrenses, pues se trata de los que actualmente ya est?n en operaci?n en muchas regiones de M?xico. Militares con uniforme de la GN podr?n investigar delitos, recabar pruebas y detener a personas con una supervisi?n que a?n parece muy desdibujada por parte de las Fiscal?as. Si no hay modificaciones, se mantendr?n en la GN parte del fuero militar, el entrenamiento y los mecanismos de carrera militares, y habr? una Junta de Jefes del Estado Mayor compuesta por dos militares y s?lo un civil con funciones de control sobre la propia guardia.
Ante este cuadro, es posible pensar alternativas a partir de las principales criticidades que aquejan la propuesta actual con el fin de vislumbrar caminos certeros hacia la desmilitarizaci?n, tal como se plante? en los Foros de Escucha, Reconciliaci?n y Pacificaci?n del a?o pasado. Es fundamental plantear una polic?a nacional completamente civil que, si bien podr?a contar con varios y provechosos campos de colaboraci?n e interacci?n con las fuerzas armadas y las otras polic?as, se mantenga independiente de la autoridad castrense.
Un cuerpo de seguridad es civil si su mando, personal, fuero, adscripci?n, cultura, formaci?n y filosof?a son civiles, no militares. Entonces, se debe eliminar completamente el fuero militar para todos los integrantes de la GN, sin discriminaciones entre ellos con base en su procedencia o instituci?n de origen. Las temporalidades y modalidades del retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad, as? como de su uso excepcional, deben quedar claras y dar certidumbre sobre una paulatina desmilitarizaci?n.
Valga la redundancia: el mando operativo de una polic?a civil deber?a quedar civil, en lo substancial y desde el primer d?a. El mando mixto o dual presenta m?s riesgos y ?reas de indefinici?n seg?n muchos expertos del tema. La carrera, los ascensos, el reclutamiento, la jerarqu?a, el entrenamiento y la formaci?n no pueden estar bajo gesti?n militar, sino bajo direcci?n y criterio civil, como ocurre en cerca del 75% de los pa?ses. Las condiciones de trabajo deben ser dignas y la formaci?n de tipo policial. La adscripci?n de la GN y de su personal debe responder a la Secretar?a Seguridad y Protecci?n Ciudadana, d?ndole as? un estatus de fuerza no militar, mientras que la Junta de Jefes del Estado Mayor de la guardia, prevista en el dictamen y formada por un representante de SEDENA, uno de SEMAR y uno de la SSPC, no tiene raz?n de ser si se plantea un cuerpo civil policiaco, ya que oficializa una presencia institucional fija de las fuerzas armadas en la pol?tica de seguridad p?blica.
En una instituci?n que aspira a desmilitarizar la seguridad o a ?civilizar los militares?, como se ha dicho, los civiles reclutados y los ex polic?as federales deben llegar a ser mayoritarios en su composici?n en un periodo definido, seg?n una hoja de ruta factible y predeterminada con el fin de sustituir a los militares gradualmente. En sus operaciones deben ser perfectamente identificables y reconocibles, a trav?s de c?digos identificativos ?nicos y visibles, y la evaluaci?n de su desempe?o debe acompa?arse de la rendici?n de cuentas y de la previsi?n de sanciones ante el Congreso, la CNDH y la sociedad civil, mediante un control social efectivo y el reconocimiento pleno de la Corte Penal Internacional.
Las facultades de investigaci?n, acusaci?n, manejo de evidencias y detenci?n de personas las podr?a tener tambi?n la guardia, pero s?lo si se definen claramente sus competencias frente a las polic?as locales y si se conforma como cuerpo civil, seg?n las pautas mencionadas y bajo estricto mando y control de las Fiscal?as.
Se?alo una petici?n del ?Colectivo No a la Guardia Nacional Guanajuato? al Senado que vale la pena suscribir y difundir: aqu? link ? Y el pronunciamiento del mismo colectivo sobre Guardia Nacional, Seguridad, Justicia y Paz ? aqu? link
@FabrizioLorusso
———————————–
No a la Guardia Nacional; regresen a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles
change.org
Colectivo No a la Guardia Nacional Guanajuato ha iniciado esta petici?n dirigida a Senado de la Rep?blica
No a la Guardia Nacional militarizada
La propuesta de creaci?n de la Guardia Nacional nos ha dejado heladas a las personas que votamos por un cambio que promet?a sacar al Ej?rcito de las calles.
A pesar de las promesas del presidente Andr?s Manuel L?pez Obrador, el grupo parlamentario de Morena present? al Congreso de la Uni?n una iniciativa que pretende regularizar la presencia del Ej?rcito en las calles; actualmente contin?a la discusi?n de esta iniciativa en el Congreso de la Uni?n
Mientras el Ej?rcito y la Marina, ahora con uniforme de la Guardia Nacional, sigan en las calles, todos y todas estamos expuestos a ser v?ctimas de desaparici?n forzada, tortura, especialmente tortura sexual si somos mujeres, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales.
Es los ?ltimos meses y d?as, m?s de 300 personas y organizaciones han aportado evidencia que se?ala que la estrategia de seguridad p?blica y combate a la delincuencia que se est? planeando no garantiza el respeto a los derechos humanos, ni asegura que la situaci?n actual va a cambiar; adem?s, da continuidad y permanencia a los planes nacionales de seguridad que siguieron Felipe Calder?n y Enrique Pe?a Nieto.
El dictamen de reforma constitucional en discusi?n en el Congreso de la Uni?n busca la militarizaci?n de la seguridad p?blica en el pa?s a trav?s del otorgamiento de facultades al Ej?rcito y la Marina para entrar de lleno a las tareas de seguridad p?blica. No les quita facultades, les da m?s.
Como ciudadan?a informada y consciente sabemos que cuando el Ej?rcito entra a tareas de seguridad se elevan los homicidios, tambi?n hay m?s desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.
Desde la ONU-Derechos Humanos, pasando por la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos, las sentencias de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, Asociaciones Civiles, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha se?alado que no habr? marcha atr?s si se modifica la Constituci?n Pol?tica de los Estados Unidos Mexicanos para dar cabida casi absoluta a las labores de los cuerpos armados en la seguridad p?blica. La situaci?n empeorar?a.
Es alarmante que esta reforma constitucional que dar?a paso a la creaci?n de la Guardia Nacional podr?a perpetuar la militarizaci?n de la seguridad p?blica en el pa?s; incumple con las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, seguridad p?blica, derecho a no sufrir tortura, derecho a no ser v?ctima de desaparici?n forzada y otros.
Por eso queremos que nos ayudes a detener esta iniciativa que ya ha sido aprobada por la C?mara de Diputados del Congreso de la Uni?n y que en cualquier momento podr?a ser discutida y aprobada por el Senado de la Rep?blica.
Necesitamos tu firma para oponernos muy en?rgicamente a mantener al Ej?rcito en las calles; en su lugar queremos cuerpos polic?acos municipales, estatales y federales fuertes, capacitados, respetuosos de los derechos humanos que no hagan que el bienestar de unos dependa de la vida e integridad de otros. Necesitamos un plan para regresar a los cuarteles a las Fuerzas Armadas.
Como mexicanos y mexicanas merecemos un pa?s que garantice verdad, paz, justicia, garant?as de no repetici?n, seguridad humana y ciudadana con respeto irrestricto a nuestros derechos humanos.
Firma esta petici?n para que:
El Senado de la Rep?blica rechace la iniciativa aprobada por la C?mara de Diputados del Congreso de la Uni?n que reforma la Constituci?n Pol?tica de los Estados Unidos Mexicanos que permitir?a la militarizaci?n definitiva de la seguridad p?blica.
El Senado de la Rep?blica respete la Constituci?n vigente y acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mantener la seguridad p?blica en la Fuerza Civil, bajo mando civil.
Se modifique la iniciativa para dar paso a un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad p?blica que d? cumplimiento a los est?ndares de derecho internacional de derechos humanos que M?xico est? obligado a respetar y garantizar.
——————————————————–
Guardia Nacional, Seguridad, Justicia y Paz:
posicionamiento desde Guanajuato
Las y los abajo firmantes, personas, organizaciones y colectivos del estado de Guanajuato,
hacemos este pronunciamiento para expresar nuestro rechazo a la reforma constitucional que
crea la Guardia Nacional.
Asimismo, manifestamos nuestra inconformidad con el grave
deterioro de la seguridad, la impartici?n de justicia y la violencia en nuestra entidad.
Manifestamos nuestro apoyo a los principales cuestionamientos emitidos recientemente en
audiencias p?blicas entorno a la Guardia Nacional por organizaciones de la sociedad civil,
expertos y organismos nacionales e internacionales, como la CNDH y la ONU-Derechos
Humanos, quienes se?alan que el dictamen es contrario a un Estado Democr?tico de
Derecho y no cumple con los est?ndares internacionales en materia de derechos humanos,
rendici?n de cuentas y control social.
Rechazamos toda forma de militarizaci?n de la seguridad p?blica y, siguiendo el esp?ritu de la
Constituci?n, defendemos la naturaleza totalmente civil de los cuerpos que deben encargarse
de dicha tarea a nivel federal, estatal y municipal. La reforma propuesta a la Carta Magna es
inconvencional porque contradice los principios establecidos en tratados internacionales que
son obligatorios para M?xico en materia de derechos humanos.
Sostenemos que la militarizaci?n debe ser la excepci?n y una corporaci?n es civil si cuenta
con mando, reclutamiento, fuero, entrenamiento y elementos civiles. En relaci?n a la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Alvarado y otros vs. M?xico,
se le pide al Estado mexicano que la participaci?n de las FFAA debe ser: Extraordinaria, de
manera que toda intervenci?n se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y
restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; Subordinada y
complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan
extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuraci?n de justicia o polic?a
judicial o ministerial; Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la
fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de
acuerdo con la respectiva capacitaci?n en la materia; y Fiscalizada, por ?rganos civiles
competentes, independientes y t?cnicamente capaces.
1
Reconocemos que las causas del fen?meno delictivo son estructurales, complejas y requieren
estrategias de mediano y largo plazo. La soluci?n no est? en medidas coercitivas como la
intervenci?n de las FFAA en materia de seguridad p?blica. Sin embargo, nos preocupa la
ausencia de un compromiso contundente para el reforzamiento del sistema de
procuraci?n de justicia y de la profesionalizaci?n de las polic?as estatales y municipales
del pa?s. En este sentido, el caso de Guanajuato es particularmente significativo y
emblem?tico.
La creaci?n de la Guardia Nacional, con la inevitable militarizaci?n de las tareas de seguridad
en el pa?s, puede venir a agravar la de por s? delicada situaci?n que ya se vive en
Guanajuato, particularmente con delitos como el robo de hidrocarburos. Esta entidad ha
visto crecer a niveles hist?ricos los ?ndices de los principales delitos en los ?ltimos a?os,
espec?ficamente el de los homicidios dolosos y desapariciones, asociados a la actuaci?n
violenta del crimen organizado.
El gasto en materia de prevenci?n del delito y seguridad p?blica con recursos estatales y
federales ha tenido un incremento significativo en los ?ltimos a?os. Ejemplo de esto han sido
los m?s de 3 mil millones de pesos invertidos en el Programa Escudo y los m?s de 2 mil
millones de pesos gastados en la Polic?a Urbana Estatal, as? como el incremento del gasto en
el apoyo a las labores de las FFAA en Guanajuato. Sin embargo, la nula rendici?n de cuentas
en materia de gasto, aunada a las designaciones ?a modo? por parte de tres gobernadores de
Secretarios de Seguridad y Procuradores de Justicia, se reflejan en la crisis de inseguridad y
violencia que vive la entidad.
Adem?s, ante la falta de credibilidad institucional y nula rendici?n de cuentas, el gobierno
panista de Diego Sinhue Rodr?guez Vallejo y su mayor?a en el Congreso local anunciaron la
continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre como el pr?ximo Fiscal General del estado,
contrario a est?ndares internacionales en materia de autonom?a para los ?rganos de
procuraci?n de justicia.
Por lo anteriormente expuesto, pedimos:
● Al Congreso de la Uni?n.- NO aprobar una reforma Constitucional que normaliza y
perpet?a la militarizaci?n de la seguridad p?blica. Respetar la Constituci?n vigente y
acatar las sentencias de la CoIDH para mantener la seguridad p?blica en la Fuerza Civil,
as? como un plan de retiro paulatino de las FFAA de las tareas de seguridad
p?blica.
● A Diego Sinhue Rodr?guez Vallejo, Gobernador del estado de Guanajuato.- rendir
cuentas sobre el gasto en materia de Seguridad P?blica, y presentar un Plan de
Criminalidad zonificado.
● A los alcaldes y las alcaldesas de los 46 municipios y al gobernador de Guanajuato.-
fortalecer y certificar a las polic?as municipales, como parte de una estrategia de
seguridad ciudadana.
● A las y los diputados del Congreso del Estado, a dictaminar cuanto antes las iniciativas
que modifican el pase autom?tico en la Constituci?n mediante una metodolog?a de
parlamento abierto que contemple mesas de trabajo con sociedad civil para la
discusi?n de la Ley de la Fiscal?a General de Guanajuato.
Queremos un Guanajuato y un M?xico en paz, con respeto pleno a los Derechos Humanos y
una justicia sin pretextos. Cientos de personas estamos dispuestas a sumarnos para lograrlo
con evidencia, sin ocurrencias.
Le?n, Guanajuato, a 22 de enero del 2019
A T E N T A M E N T E
Acci?n Colectiva Socioambiental, A.C.
Asociaci?n, Ganadera Local Especializada en Abejas del Norte del Estado de Guanajuato
Centro de Derechos Humanos Victoria D?ez, A. C.
Centro de Desarrollo Ind?gena Loyola, A.C.
Colectivo por la Libertad de Expresi?n en Guanajuato
Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Hilando Utop?as A.C.
Observatorio de Derechos Humanos ?Fray Ra?l Vera L?pez?
Adriana Garc?a Arias, activista
Adri?n Rafael Garza Hern?ndez, estudiante de derecho
Ana Paola Ayala Ch?vez, Abogada
Ana Wendy Mu?oz G?mez, abogada y acad?mica
?ngela Nevado D?az, activista
?ngeles L?pez, defensora de derechos humanos
Arcelia Enr?quez Rinc?n, defensora de los DDHH
Arnoldo Cu?llar Ornelas, periodista
Blanca Margarita Parra Mosqueda, Acad?mica
Braulio Eduardo Amaro Guevara, abogado y acad?mico
Carlos Alberto Guzm?n Mendoza, activista y defensor de los Derechos Humanos
Casilda Barajas Rocha, activista
Celia Garza Vera, activista
Cinthya Cecilia Alvarado Rivera, Defensora de derechos humanos
David Tremary Rivera.
Eduardo V?zquez Vela de Eguiluz, Acad?mico y Activista
Emma Aguado L?pez, activista y defensora de derechos humanos
Erika Nallely G?mez Velasco, Profesora de la Universidad de Guanajuato y Activista
Fabrizio Lorusso, profesor y periodista
Francisco Javier Guti?rrez G., Acad?mico
Francisco Javier Sent?es Laborde, defensor de derechos humanos
Francisco Sent?es Mart?nez Parente, internacionalista
Francisco Zamora Horta, defensor de Derechos Humanos
Gabriela Naranjo Guevara, acad?mica
Gustavo Lozano Guerrero, defensor de Derechos Humanos
Imelda Hern?ndez Gonz?lez, defensora de derechos humanos
Javier Alejandro Bravo L?pez, periodista
Jorge Alberto Guti?rrez, amestro
Jos? Francisco Flores Carre?o, ciudadano
Jos? Luis Vial Cornu, activista y promotor de la econom?a solidaria
Jos? P?rez Mart?nez, Activista
Juan Manuel Cueva Torres, estudiante de derecho
Juan Manuel Lerma Torres, abogado
Judith Esmeralda Acosta Viera, Activista
Katya Morales Prado, abogada y catedr?tica universitaria
Kennia Vel?zquez, periodista
Luis Alberto Ramos
Luz Marcela Villalobos Andrade, activista y defensora de derechos humanos.
Luz Rebeca Lorea Hern?ndez, Abogada, Feminista y Defensora de derechos humanos
Mar?a Concepci?n Rangel V?zquez, abogada
Mar?a de la Luz Villafuerte Cruz, activista
Mar?a del Carmen Castro Mata, activista
Mar?a Fernanda Arias D?valos, acad?mica
Mar?a Ireti Garc?a Arias, activista
Mar?a Ju?rez Gonz?lez, defensora de derechos humanos
Mariana L?pez Rodr?guez, internacionalista
Nelly Ver?nica Hernandez Roa. Abogada
Nora Ruth Ch?vez Gonz?lez, activista
Omar Silva, activista y migrante, docente
Pablo de los Cobos Alcal?, abogado
Pedro Mendiola Anda, docente
Raquel Flores, artista
Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos y activista
Roc?o Serv?n Jim?nez, profesora Universidad de Guanajuato
Rodrigo Gonz?lez Zaragoza, activista
Rosario Patricia Rodr?guez Rodr?guez, activista y defensora de derechos humanos
Sa?l Ju?rez Cabrera, activista
Sergio Flores Vela, arquitecto, Ciudadanos Hartos A.C.
Sergio Isaac Mart?nez Valadez, internacionalista
Sergio Luis Ram?rez Mendoza, acad?mico
Soph?a P?rez Fuentes Sacramento, acad?mica
Virginia Marie Maga?a Fonseca, ciudadana
Yolanda Mor?n Isais, coordinadora de Fundem (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
en M?xico) Regi?n Centro