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?La tierra no se vende, se ama y se defiende!
Abel Barrera Hern?ndez
La Jornada
Con esta consigna y con los machetes ondeando en la costera de Acapulco, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) logr? invalidar seis asambleas agrarias, descarrilando el megaproyecto impulsado por la Comisi?n Federal de Electricidad (CFE). Todos los estudios se realizaron a la usanza caciquil, sin ning?n proceso de consulta previa. La maquinaria pesada se abri? paso en medio de la maleza y la empresa se apoder? de los lechos del r?o Papagayo para instalar sus campamentos e iniciar la construcci?n de la cortina en 2003.
En los bienes comunales de Cacahuatepec, del Acapulco sumido en la pobreza, se gest? una lucha heroica por parte del Cecop que ha defendido su r?o, contra los empresarios gravilleros y los gobiernos depredadores. Despojaron a los ejidatarios de las playas de Punta Diamante y los reubicaron en los lodazales de la Sabana. Destruyeron toda la zona de los humedales para construir el aeropuerto, y se apropiaron de los mantos acu?feros, para extraer el agua y surtir a toda la zona hotelera del alto turismo. El trueque es ofensivo; las comunidades rurales no cuentan con agua limpia en sus casas, ni existe drenaje en sus calles. La maltrecha carretera es ahora un terregal, por la extracci?n ilegal de grava y arena. Casas de bajareque y escuelas semiderruidas. Es el paisaje de la desolaci?n y de la corrupci?n urdida por los pol?ticos mafiosos.
Dividieron a las comunidades, alentaron la confrontaci?n y conformaron grupos de choque para hacerle frente al Cecop. Se empecinaron en criminalizar a su l?der Marco Antonio Suastegui. Lo encarcelaron tres veces, para doblegarlo y desarticular el movimiento. El Cecop, ante la avalancha delincuencial, decidi? conformar un grupo de la polic?a comunitaria integrado a la casa de justicia de San Luis Acatl?n, que se estableci? como casa de enlace en la comunidad de la Concepci?n en 2017. Fue una medida efectiva para evitar el saqueo de los recursos p?treos y brindar seguridad a la poblaci?n.
El 7 de enero de 2018 se suscit? un enfrentamiento entre un grupo de la comisaria que trabaja para el empresario Humberto Mar?n con miembros de la polic?a comunitaria de la Concepci?n. El resultado fue de ocho personas asesinadas. Siete horas despu?s de los hechos fat?dicos el gobierno del estado mont? un operativo conformado por elementos de la polic?a del estado, Polic?a Federal y miembros del Ej?rcito. En su irrupci?n llegaron m?s 200 elementos, que de inmediato sometieron a los polic?as comunitarios, quienes esperaban el arribo de las autoridades ministeriales. Uno de los comandantes de la polic?a ministerial se fue directo con Marco Antonio, quien hab?a llegado cuatro horas despu?s de los hechos para prestar auxilio. Lo interrog?, y con el apoyo de varios polic?as lo sac? del lugar. Lo llevaron a un cerro, le cubrieron el rostro para someterlo a varias sesiones de tortura. Lo obligaban a que disparara un arma que le colocaron en la mano. Al negarse era golpeado con un palo en varias partes de su cuerpo.
La decena de polic?as comunitarias que se encontraban alrededor de la comandancia fueron desarmados y a tres de ellos les dieron el tiro de gracia. Tambi?n realizaron varios cateos en los domicilios, donde detuvieron a varias personas. Subieron a las camionetas a 34 campesinos, la mayor?a del Cecop. Los trasladaron a la fiscal?a de Acapulco, acus?ndolos por posesi?n de droga. Como es com?n, el Ministerio P?blico simul? una acusaci?n por un delito que hasta la fecha no se investiga, con el fin de ganar tiempo y acusar a 25 campesinos por seis homicidios. Las pruebas se centraron en las declaraciones de cuatro testigos. Interpuso una prueba pericial en materia de radisonato de sodio, que se obtuvo de manera ilegal porque no estuvieron presentes sus defensores. Una tercera prueba fue el dictamen de bal?stica forense que se realiz? a 14 armas, que supuestamente les fueron aseguradas a igual n?mero de personas. Pasaron m?s de siete horas para que fueran puestos a disposici?n de la autoridad competente. Por otra parte, las investigaciones de los tres polic?as comunitarios ejecutados no presentan avances. Esto mismo sucede con las ocho personas que denunciaron tortura.
El 6 de febrero dio inicio la audiencia intermedia en el juzgado de control y enjuiciamiento penal de Acapulco, para presentar las pruebas con las que el juez tomar? la decisi?n sobre cu?les sustentar?n la etapa del juicio oral. Ser? importante saber si las pruebas obtenidas bajo tortura las tomar? en cuenta. Si las desecha, no tendr? materia para el juicio, por lo mismo tendr?a que otorgar la libertad a los 17 campesinos.
La lucha del Cecop es emblem?tica, porque a pesar de la persecuci?n sigue viva la resistencia comunitaria. Le han ganado al gobierno en todos los juicios agrarios. Por eso han fracturado a las comunidades para destruirlos y acabar con Marco Antonio. Las organizaciones sociales y las familias de los presos han emplazado al gobernador para que cese la criminalizaci?n del Cecop y se respeten sus territorios, que son los santuarios de la vida comunitaria, donde la tierra no se vende, sino que se ama y se defiende.