Tierra y territorio

Tierra y territorio
diciembre 2018
volumen 34,
n?mero 4
18
32
29
Financiarizaci?n, digitalizaci?n y
nuevos desaf?os para las luchas por los
territorios: el caso de MATOPIBA, Brasil Philip Seufert, Maria Luisa Mendon?a, Fabio Pitta
An?lisis del avance del agronegocio y la
especulaci?n con la tierra en la regi?n brasile?a
de MATOPIBA. Propone consideraciones sobre
los desaf?os que representan las empresas
financieras y las tecnolog?as de la informaci?n
para la lucha de las comunidades por su
derecho a la tierra y al territorio.
Situaci?n y problem?tica actual de
las tierras y territorios de los pueblos
ind?genas en el Per? Luis A. Hallazi M?ndez
Breve descripci?n de normas legales que
afectan a los territorios de comunidades
campesinas y nativas, donde se encuentran
recursos naturales pretendidos por proyectos
de inversi?n que no respetan los derechos de
las comunidades.
Impacto de la producci?n pi?era
en la poblaci?n de la zona de
amortiguamiento de la Reserva de
Biosfera La Amistad, Costa Rica
Yaz
m?n
Le?n
Alfaro,
Frank Gonz?lez
Brene
s,
Nieve
s
L
?
pez
E
st?banez
Ante la expansi?n del monocultivo de pi?a,
est?n en marcha alternativas de agricultura
sostenible que posibilitan la conservaci?n del
bosque en los territorios ind?genas.
Cajamarca, Colombia: entre el oro
a cielo abierto y la agroecolog?a
a campo abierto. Estrategias de
persistencia social y productiva
Lui
s
Feli
p
e Carranza
Roja
s,
?lvaro
A
cevedo
-
O
sorio
La organizaci?n de los agricultores locales de
Cajamarca, Colombia, mediante la producci?n
agroecol?gica enfrenta con ?xito los intentos
de la actividad minera en la zona.
En este n?mero:
7 volumen 34 n? 4,
diciembre de 2018
Una publicaci?n trimestral de la
Asociaci?n Ecolog?a, Tecnolog?a y
Cultura en los Andes.
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Asociaci?n ETC Andes
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de LEISA-Am?rica Latina:
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Colaboraci?n editorial: Carlos Maza
Apoyo documental y p?gina web:
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Suscripciones y relaciones p?blicas:
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de portada: Movilizaci?n contra la
miner?a en Cajamarca, Colombia (Bart
Carlier).
ISSN: 1729-7419
La edici?n de LEISA revista de
agroecolog?a 34-4 ha sido posible
gracias a tres instituciones:
MISEREOR, obra episcopal de la
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cooperaci?n al desarrollo; Fundaci?n
McKnight, fundaci?n familiar con
sede en Minnesota, EEUU, de ayuda a
las organizaciones sin fines de lucro y
organismos p?blicos para mejorar la
calidad de vida de todas las personas,
especialmente de los necesitados;
Asociaci?n ETC Andes, Lima, Per?
.
Los editores han sido muy cuidadosos
en editar rigurosamente los art?culos
publicados en la revista. Sin embargo,
las ideas y opiniones contenidas
en dichos art?culos son de entera
responsabilidad de los autores.
Invitamos a los lectores a que compartan
los art?culos de la revista. Si es necesaria
la reproducci?n total o parcial de
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mencionar como fuente a LEISA revista
de agroecolog?a y enviarnos una copia.
LEISA revista de agroecolog?a es
miembro de la Red AgriCulturas
(The AgriCultures Network),
integrada por cinco organizaciones
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revistas regionales sobre agricultura
sostenible de peque?a escala en todo
el mundo: ? LEISA revista de agroecolog?a (Am?rica
Latina, en espa?ol)
? LEISA India (en ingl?s, canar?s, tamil,
hindi, telugu y oriya)
? AGRIDAPE (?frica Occidental, en
franc?s)
? AGRICULTURAS Experiencias en
agroecolog?a (Brasil, en portugu?s)
? WEGEL (Etiop?a, ?frica Oriental, en
ingl?s) 2
34.4 3
4. Editorial. Tierra y territorio
5. La situaci?n actual de la tierra en Am?rica
Latina: elementos para la reflexi?n
Ana Dorrego
7. Financiarizaci?n, digitalizaci?n y nuevos
desaf?os para las luchas por los territorios: el
caso de MATOPIBA, Brasil
Philip Seufert, Maria Luisa Mendon?a, Fabio
Pitta
12. ?Donde est? Sergio Rivera?
Maira Le Moal, Omar Esparza Z?rate
15. Territorios en conflicto: territorializaci?n
Pablo Montilla, Javier Souza Casadinho
18. Situaci?n y problem?tica actual de las tierras
y territorios de los pueblos ind?genas en el
Per?
Luis A. Hallazi M?ndez
22. Entrevista a Alejandro Diez
25. Territorializando el debate sobre j?venes
rurales en Am?rica Latina y el Per?. Luces,
pistas y voces a partir de investigaciones
sobre el tema
Silvana Vargas Winstanley
29. Impacto de la producci?n pi?era en la
poblaci?n de la zona de amortiguamiento de
la Reserva de Biosfera La Amistad, Costa Rica
Yazm?n Le?n Alfaro, Frank Gonz?lez Brenes,
Nieves L?pez Est?banez
32. Cajamarca, Colombia: entre el oro a cielo
abierto y la agroecolog?a a campo abierto.
Estrategias de persistencia social y productiva
Luis Felipe Carranza Rojas, ?lvaro AcevedoOsorio
35. Redefiniendo el v?nculo rural-urbano. El
consumo de proximidad en la Comunidad de
Madrid, Espa?a
Jos? Luis Cruz, Ana Dorrego Carl?n
37. Trabajando en red
38. Fuentes
40. Nota. LEISA anuncia su edici?n 35-1, dedicada
a la Plataforma Nacional de Suelos de Bolivia
Contenido Estimados lectores,
Hemos finalizado un a?o m?s de producci?n
ininterrumpida de LEISA. En el momento actual, al
inicio de un nuevo a?o, constatamos una vez m?s lo
dif?cil que resulta seguir como publicaci?n especializada
sin tener una fuente propia de recursos econ?micos
que permitan seguir con la tarea de divulgaci?n de la
agroecolog?a para los interesados en la producci?n
de alimentos compatible con la sostenibilidad de los
agroecosistemas, en beneficio tanto de los agricultores
familiares campesinos como de los consumidores que
buscan una alimentaci?n saludable y nutritiva.
Desde los ?ltimos a?os de la d?cada anterior hasta
el momento, la situaci?n de la econom?a mundial ha
cambiado dr?sticamente y con ella las caracter?sticas de la
cooperaci?n internacional al desarrollo. Nos encontramos
al final de la segunda d?cada del siglo XXI y es cada vez m?s
dif?cil lograr donantes del llamado mundo desarrollado
o primer mundo para el apoyo a proyectos no lucrativos,
como es el caso de LEISA. Esta situaci?n nos enfrenta al
reto de optar por soluciones que nos permitan continuar
con la edici?n y publicaci?n de la revista. Y es por ello que
consideramos iniciar, a partir del segundo semestre de
2019, un servicio de difusi?n de los productos y servicios
compatibles con el car?cter y objetivos de LEISA revista
de agroecolog?a, en toda la regi?n latinoamericana.
Esperamos que este servicio contribuya en parte a
incrementar los recursos econ?micos con los que cuenta la
revista para su tarea informativa.
Anunciamos aqu? que estamos preparando un plan
para iniciar el servicio de difusi?n pagada de anuncios
en LEISA, pero para ello aplicaremos una encuesta a
nuestros lectores durante los primeros cuatro meses de
2019. La ?ltima vez que aplicamos una encuesta as? fue
en octubre de 2013, obteniendo resultados que indicaron
que la amplia gama de lectores de LEISA est? compuesta
por agricultores l?deres, investigadores acad?micos y
profesionales de las ciencias agropecuarias y sociales,
emprendedores rurales y otros, quienes consideran
que es una publicaci?n de su inter?s y confianza, lo que
se constata por el n?mero de suscriptores digitales
registrados en nuestra base de datos y tambi?n por el
n?mero de visitantes a nuestro sitio en internet y a nuestra
p?gina en Facebook. La encuesta que aplicaremos este
a?o nos permitir? contar con informaci?n sobre el actual
universo de lectores de la revista.
Si como lector de LEISA revista de agroecolog?a tiene
alguna opini?n relacionada con la iniciativa de difusi?n
de servicios y productos compatibles con el car?cter
y objetivo de la revista, por favor dirigirla a: leisa-al@
etcandes.com.pe
Los editores
3
Editorial
4 34.4
Los pueblos ind?genas originarios de la Amazon?a hemos y vamos a conservar nuestros territorios con bosques
saludables, porque sabemos que nuestra cultura viva, nuestra vida y la de la humanidad dependen de ellos.
Actualmente nuestros territorios y nuestra propia existencia se encuentran amenazadas por el deseo de acumular
riquezas materiales a costa de la vida de los bosques, r?os, animales y de los propios pueblos ind?genas.
Ferm?n Chimatani Tayori, presidente de la Asociaci?n Nacional de Ejecutores de Contratos
de Administraci?n de las Reservas Comunales del Per? - ANECAP (fuente: SERVINDI)
Declaraciones de dirigentes de
comunidades de los pueblos
ind?genas o de comunidades
campesinas, y testimonios de
persecuci?n y agresiones contra
defensores de los derechos sobre sus
territorios y los recursos naturales
que albergan, son diarias. Es una
situaci?n de conflicto y violencia que
no cesa, a pesar de los acuerdos de
organismos internacionales sobre
la necesidad de preservar la calidad
ambiental ante amenazas como
el cambio clim?tico y la p?rdida
de la biodiversidad, que ponen en
riesgo la sostenibilidad de la vida en
varias regiones del mundo llamado
?en desarrollo?. Pero adem?s de
estas amenazas est?n las iniciativas
financieras de rango internacional
que pretenden la privatizaci?n de
la tierra de los pobres, denunciadas
por Fr?d?ric Mousseau, Director
de Pol?tica del Oakland Institute,
California, EEUU y autor del informe
?World Bank?s new scheme to
privatize land in the developing world
exposed? (http://www.twn.my/
title2/susagri/2019/sa737.htm).
En este n?mero de LEISA revista
de agroecolog?a se abordan las
situaciones locales de conflicto por la
tierra y el territorio. Algunos art?culos
presentan la vinculaci?n existente
entre autoridades y empresas de
los pa?ses del Sur con los grandes
financistas que act?an globalmente
en el acaparamiento de tierras. Esto
ha generado la concentraci?n de la
propiedad de la tierra en algunos
pa?ses que ya hab?an pasado por
procesos de redistribuci?n (Dorrego,
p. 5). Con ello aumenta la desigualdad
social existente en Am?rica Latina
y especialmente en Sudam?rica, a
pesar del reconocimiento ?oficial? de
que la inseguridad en la tenencia de
la tierra y el destino de su territorio
limita las posibilidades de la poblaci?n
rural de emprender acciones para la
innovaci?n productiva. Especialmente
los j?venes rurales, quienes sin
opciones de desarrollo personal en
lo social y en lo econ?mico, no tienen
otra alternativa que la migraci?n
campo-ciudad (Vargas, p. 25).
Asimismo, la denominada
?financiarizaci?n?, modalidad
del capital que invierte en la
adquisici?n de tierras como activos
para la especulaci?n financiera,
se vale ahora de la tecnolog?a
digital y los mapas satelitales
como herramientas para obtener
informaci?n sobre la situaci?n legal
de las tierras y los territorios, las
caracter?sticas f?sicas y biol?gicas
de sus suelos y aguas, as? como
del potencial de los recursos del
subsuelo (Seufert y otros, p. 7).
Estos autores presentan un caso
de Brasil, donde ?La incursi?n y la
expansi?n del agronegocio en el
Cerrado brasile?o son impulsadas
por los mercados y actores
financieros mundiales?.
En LEISA 34-4 tambi?n se
encuentran art?culos sobre actuales
conflictos y la lucha de los campesinos
por la conservaci?n de sus territorios
y la calidad de los recursos agua,
suelo, biodiversidad, que sustentan
su vida y su actividad econ?mica
principal: la agricultura (Le Moal y
Esparza, p. 12; Montilla y Souza, p.
15). Algunos de estos casos informan
sobre propuestas alternativas que
las comunidades vienen realizando
con los recursos locales, al mismo
tiempo que contin?an sus acciones en
defensa de la tierra y sus territorios
ante la presi?n de los agronegocios
y las industrias extractivas (Le?n y
otros, p. 29; Carranza y otros, p. 32;
Cruz y Dorrego, p. 35).
La falta de cumplimiento o demora
en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos ind?genas
por el Estado, especialmente de
los amaz?nicos, a pesar de las
disposiciones vigentes acordadas
por instancias internacionales de
las que muchos pa?ses de la regi?n
forman parte, se ilustra en la actual
situaci?n del Per? (Hallazi, p. 18),
donde tambi?n los derechos de
propiedad de la tierra ?modificados
por sus diferentes gobiernos desde la
segunda mitad del siglo pasado? no
garantizan el control del territorio
por sus propietarios: las comunidades
campesinas y las comunidades
nativas. M?s bien crean una situaci?n
confusa al determinar la propiedad
porque son ?derechos imperfectos?
(entrevista a A. Diez, p. 22).
Finalmente, informamos que en las
secciones Fuentes y Trabajando en
red hemos recopilado informaci?n
sobre documentos, libros y tambi?n
enlaces a sitios o p?ginas en internet
relativos al enfoque de este n?mero.
Este material permite apreciar la
magnitud e importancia del ejercicio
pleno de los derechos por la tierra
y el territorio por las poblaciones
rurales para la superaci?n de la
pobreza y la sostenibilidad de sus
recursos, especialmente agua, suelo
y biodiversidad.
La Organizaci?n de las Naciones Unidas para la Alimentaci?n
y la Agricultura (FAO) hizo un llamado, el 5 de abril de 2017,
a ?mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia
de la tierra y su distribuci?n como un paso necesario
para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Am?rica Latina y el Caribe?.
Fuente: Distribuci?n de la tierra en la regi?n es la m?s desigual
del mundo, Noticias Aliadas, 4 de mayo de 2017.
34.4 5
La situaci?n actual de la
tierra en Am?rica Latina:
elementos para la reflexi?n
ANA DORREGO
Estudios recientes realizados en varios pa?ses de Am?rica
Latina establecen que, al d?a de hoy, la concentraci?n
de la tierra y de los recursos ha aumentado de forma notable respecto al siglo pasado ?antes de la puesta en marcha
de las pol?ticas redistributivas en la d?cada de 1960?, habl?ndose incluso de la consolidaci?n de la propiedad privada de grandes extensiones de tierra en la regi?n durante la
primera d?cada del siglo XXI (Wiener, 2011).
El problema de la tierra en Am?rica Latina ha sido una
constante hist?rica y uno de los temas centrales y estructurales para entender la realidad del continente, caracterizada por profundas desigualdades. Seg?n un informe publicado por la organizaci?n humanitaria Oxfam en noviembre
de 2016, titulado Desterrados: tierra, poder y desigualdad en
Am?rica Latina, ?la desigualdad econ?mica y social es uno
de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un
obst?culo para su crecimiento econ?mico? (Oxfam, 2016).
La distribuci?n de la tierra en Am?rica Latina es la m?s
desigual del mundo y sigue agudiz?ndose hasta niveles
alarmantes en un contexto de crisis globales, entre ellas la
alimentaria, que presiona enormemente la explotaci?n de
los recursos. Algunos datos se?alan que en el conjunto de
la regi?n el 1% de las fincas acapara m?s de la mitad de la
superficie productiva mientras que en el extremo opuesto,
el 80% de las unidades agropecuarias son peque?as fincas
familiares situadas en ?reas marginales que apenas utilizan
el 13% del territorio (Oxfam, 2016). En muchos casos, grandes superficies de bosques, pastos, costas y otros recursos
de propiedad comunitaria (el 23% de las tierras en la regi?n
son manejadas por pueblos ind?genas) han sido arrebatadas a sus leg?timos due?os ancestrales, cuyos derechos territoriales a menudo son vulnerados.
Asimismo, la desigualdad en torno al acceso y control
de la tierra es multidimensional y se relaciona con la concentraci?n de poder y con relaciones de dominaci?n. En
este sentido es importante se?alar que el dominio sobre la
tierra se ejerce de distintas maneras, m?s all? de la propiedad: el alquiler, las concesiones, la producci?n bajo contrato o el control de eslabones estrat?gicos en las cadenas de
valor adquieren cada vez m?s importancia y han reconfigurado el poder en torno a la tierra a trav?s de un complejo
sistema de relaciones comerciales, pol?ticas y financieras
(Oxfam, 2016).
En t?rminos generales, y a pesar de que cada pa?s tiene
sus especificidades y realidades, existen algunos elementos
que persisten y se han visto reactualizados desde la problem?tica anterior a las reformas agrarias: la inversi?n de
empresas extranjeras con el objetivo de la extracci?n de
recursos; la exportaci?n de materias primas sin procesamiento industrial; la presi?n sobre la tierra comunal y campesina que ocasiona el desplazamiento de sus poblaciones
originales; la inexistente regulaci?n o control en los modos
de apropiaci?n de las empresas de los territorios otorgados
en concesi?n, y la concentraci?n de poder econ?mico en
grupos particulares y reducidos son algunos de ellos (Wiener, 2011).
La presión sobre tierras y territorios ricos en recursos
biodiversos es consecuencia, asimismo, de cuatro tipos de
inversi?n de capital: una destinada a los agronegocios para
el cultivo de commodities alimentarias, otra a la forestaci?n,
basada en plantaciones para la producci?n de madera y
papel; una tercera orientada a la extracci?n de minerales e
hidrocarburos, y la cuarta vinculada con los agronegocios
que, frente a la crisis energ?tica, se orienta a la producci?n
en monocultivo de agrocombustibles (Wiener, 2011).
Lo anterior, unido a la incidencia de las políticas neoliberales, los procesos fallidos de descentralización de la administraci?n gubernamental y a los cambios en las estructuras estatales, est? generando muchos conflictos sociales
y ecoterritoriales ya que a?n hoy el problema de la tierra
de los pueblos ind?genas ?Tiene sus ra?ces en el r?gimen de
propiedad de la tierra? (Mari?tegui, 1928).
Son principalmente los territorios de los pueblos ind?genas, para quienes la tierra es fuente de vida y parte esencial
de su identidad, los que se han visto m?s fuertemente vulnerados por la irrupci?n de las concesiones para las industrias extractivas (miner?a, petr?leo), los agronegocios y los
megaproyectos.
Esta situaci?n lleva a pensar en la necesidad de nuevas perspectivas en la concepción del territorio; entendido
este de forma m?s amplia que la de un mero espacio físico,
combinando el concepto de medio físico natural y el humanizado, que comprende a las personas que viven en ?l y
de él (Raffestin, 1986). Se trata, por tanto, de un producto
y una construcci?n social y, en este sentido, no puede ser
considerada como una mercanc?a ni como un bien susceptible de apropiaci?n privada o enajenaci?n a terceros.
En algunos pa?ses, el gobierno central es la principal
autoridad en las decisiones sobre asuntos de tierra y territorio, mientras que en otros este control se delega a las autoridades locales o a los l?deres tradicionales. Las pol?ticas territoriales y de tenencia de la tierra han fracasado de forma
generalizada socavando la gesti?n colectiva de la tierra y
revirtiendo muchos de los avances que fueron haci?ndose
en los tiempos de las reformas agrarias al desrregularizar
los mercados de tierras y favorecer la acumulaci?n.
La cantidad de informaci?n generada sobre este fen?meno del acaparamiento y concentraci?n de la tierra es
muy grande; sin embargo, pese a todo, hoy en d?a existen grandes vac?os sobre datos cuantitativos comparables
y confiables a nivel nacional y regional, sobre todo en lo
que se refiere a la distribuci?n de la tierra por clase, pero
tambi?n por g?nero (Deere, 2018).
Esto es consecuencia, entre otras, de los intereses de
aquellos que ocupan los poderes pol?ticos y que son quienes tratan de ocultar la realidad de la estructura de la tenencia de la tierra para evitar que cambie. Los Estados son,
6 34.4
por tanto, c?mplices de esos poderes al no tomar decisiones
pol?ticas que permitan el cambio.
Generalmente, el campesinado no es part?cipe de los procesos de ordenamiento del territorio: es ignorado, desautorizado o desplazado de sus tierras sin previo aviso. Tambi?n
algunos campesinos tienen m?s acceso y control sobre los
derechos a la tierra que otros. Los grupos minoritarios ?incluyendo la poblaci?n ind?gena? tienen menos poder sobre
la tierra, al igual que sucede con las mujeres, quienes de forma general tienen menos acceso a la propiedad de la tierra y
menos influencia a la hora de la toma de decisiones sobre el
control y uso de esta.
En este sentido, Carmen Deere, en una intervenci?n realizada en el X Congreso de la Asociaci?n Latinoamericana de
Sociolog?a Rural (ALASRU) celebrado en Montevideo en noviembre de 2018, se?al? que la FAO (2016) ha elaborado varias pautas en el Programa Mundial de Censo Agropecuario
2020 para mejorar la calidad de la informaci?n que se recoge
sobre la tenencia de la tierra y qui?n toma las decisiones en
las unidades de producci?n agropecuarias. Para ello ofrece
un nuevo m?dulo, el llamado Tema 10: ?Sobre la distribuci?n
dentro del hogar de las decisiones sobre la gesti?n y sobre la
distribuci?n de la propiedad?. En su ponencia, Deere plante?
que si los pa?ses miembros de la ONU adoptaran estas recomendaciones se podr?a rellenar parte del vac?o de informaci?n que existe sobre qui?nes son los due?os de la tierra, lo
que permitir?a avanzar en el cumplimiento de algunos de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) as? como afrontar los
retos y desaf?os presentes en los distintos territorios al estimar
mejor el alcance de la desigualdad que el modelo actual est?
generando en la concentraci?n de la tierra.
Referencias
- Deere, C. D. (2018). Grandes vac?os: clase, g?nero y la distribuci?n de la tierra en Am?rica Latina. Ponencia presentada
en el X Congreso de ALASRU, 25-30 noviembre, Montevideo.
- Eguren, F., Baumeister, E. y Merlet, M. (2016). Informe continental: el acceso a la tierra en Am?rica Latina. Documento
preparado en el marco del Foro mundial sobre el acceso a la
tierra. FAO.
- Oxfam (2016). Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en Am?rica Latina. Oxfam Am?rica. Disponible en:
http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1485.
pdf
- Mariategui, J. C. (1928): Siete ensayos de interpretaci?n de la
realidad peruana. Lima: Amauta.
- Wiener, E. (2011). La concentraci?n de la propiedad de la
tierra en Am?rica Latina: una aproximaci?n a la problem?tica actual. Coalici?n Internacional para el Acceso a la
Tierra. Disponible en: http://www.landcoalition.org/sites/
default/files/documents/resources/LA_Regional_ESP_
web_16.03.11.pdf
Incorporando materia org?nica en nogal, Famatina, La Rioja, Argentina (en este n?mero: pp. 15-17). Pablo Montilla
6
34.4 7
Financiarizaci?n,
digitalizaci?n y nuevos
desaf?os para las
luchas por los territorios:
el caso de MATOPIBA, Brasil
PHILIP SEUFERT, MARIA LUISA MENDON?A, FABIO PITTA
El Cerrado es uno de los biomas m?s biodiversos de la Tierra. Sin embargo, el establecimiento de grandes plantaciones de soja no deja
m?s que destrucci?n. Rosilene Miliotti/FASE
?C?mo es posible que centros financieros en Nueva York o Estocolmo ejerzan control
sobre tierras remotas en el noreste de Brasil? Este art?culo arroja luz sobre c?mo el
proceso de transformar la tierra en un activo financiero mundial no solo requiere
cambios en las pol?ticas y legislaciones, sino tambi?n el uso de las tecnolog?as de la
informaci?n. Nuestro an?lisis se basa principalmente en el avance del agronegocio y la
especulaci?n con la tierra en la regi?n brasile?a de MATOPIBA. Proponemos algunas
consideraciones sobre los desaf?os que plantean el papel siempre m?s importante de las
empresas financieras y las tecnolog?as de la informaci?n en las luchas de las comunidades
por su derecho a la tierra y el territorio.
Las finanzas mundiales impulsan el acaparamiento de
tierras en la regi?n de MATOPIBA
La regi?n brasile?a de MATOPIBA forma parte del Cerrado,
un bioma extremamente rico en biodiversidad y uno de
los ecosistemas m?s amenazados del planeta. Los ecosistemas
diversificados del Cerrado son vitales para la ecolog?a de la
regi?n y del planeta y brindan un sustento esencial a las comunidades que viven en ella.
En MATOPIBA, la expansi?n de los monocultivos de la
agricultura industrial y la especulaci?n con la tierra est?n
menoscabando la realizaci?n del derecho humano a una
alimentaci?n y nutrici?n adecuadas ?entre otros derechos
humanos? de las comunidades tradicionales, incluidos los
descendientes de esclavos cimarrones (quilombolas) y los
pueblos ind?genas.
Distintas organizaciones de la sociedad civil han realizado amplias investigaciones que muestran que las poblaciones
locales hacen frente a las consecuencias de la deforestaci?n,
la contaminaci?n generalizada del suelo, el agua y el ganado por agroqu?micos, y la p?rdida de biodiversidad. Asimismo, la violencia contra las y los l?deres comunitarios va en
aumento, y tambi?n las disputas sobre el agua, exacerbadas
por los cambios en los patrones de precipitaciones debidos a
la destrucci?n ecol?gica (Rede Social de Justi?a e Direitos
Humanos, 2018).
Por ?ltimo, las poblaciones locales de la regi?n est?n perdiendo sus tierras, lo que acarrea la destrucci?n de sus medios de vida, perturbaciones en la comunidad e inseguridad
alimentaria y nutricional; en muchos casos se ven forzadas a
migrar a las favelas de las ciudades brasile?as. Las mujeres se
ven especialmente afectadas por el acaparamiento de tierras
y la destrucci?n ecol?gica en curso, puesto que ya no pueden recolectar ni procesar los frutos silvestres de los bosques
del Cerrado, mientras que la presencia de guardias armados,
8 34.4
la intimidaci?n y la violencia f?sica hacen que sea imposible
para ellas planificar una vida familiar (FIAN Internacional/
Rede Socialde Justi?a e Direitos Humanos/Comiss?o Pastoral
da Terra, 2018).
La incursi?n y la expansi?n del agronegocio en el Cerrado brasile?o son impulsadas por los mercados y actores
financieros mundiales. De hecho, la expansi?n de la producci?n agroindustrial en Brasil, que iniciada en los a?os 60 se
aceler? a partir de los a?os 90, ha sido considerada en t?rminos ideol?gicos como uno de los factores de la reducci?n
del d?ficit comercial del pa?s, a pesar de que en realidad la
deuda del pa?s ha aumentado al igual que los efectos sociales
y medioambientales negativos provocados por este sistema
agr?cola (Pitta y Mendon?a, 2017). Las considerables subvenciones estatales han llevado a la expansi?n de los monocultivos de soja y ca?a de az?car que a principios de este siglo empezaron a penetrar en la parte norte del Cerrado brasile?o,
especialmente en los estados de Piau? y Tocantins.
De forma simult?nea, la b?squeda de nuevas ?reas de inversi?n por las entidades financieras mundiales provoc?, en
un primer momento, un auge de los precios de los productos
b?sicos que tuvo como resultado un aumento especulativo del
precio de la soja, el az?car, el ma?z, el algod?n, el eucalipto y la
carne, lo que a su vez propici? a?n m?s la expansi?n territorial
del monocultivo y el agronegocio. Entre los a?os 2000 y 2014,
la superficie plantada con soja y ca?a de az?car en MATOPIBA aument? en 253% y 379%, respectivamente; la superficie
plantada con soja pas? de 1 mill?n a 3,4 millones de hect?reas
(Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos, 2018).
No obstante, tras la crisis de 2007-2008, el precio de los
productos b?sicos agr?colas baj? en los mercados internacionales y el precio de la tierra sigui? aumentando en Brasil. En
consecuencia, la tierra en s? se est? convirtiendo cada vez
m?s en un objeto de negocio especulativo para los actores financieros, m?s all? de la financiaci?n de la producci?n agroindustrial o el comercio de productos b?sicos.
Las tierras de la parte norte del Cerrado brasile?o, consideradas como la ??ltima frontera agr?cola? de Brasil y una
zona ?tamp?n? para la regi?n amaz?nica, se han convertido
tambi?n en objeto de especulaci?n (Rede Social de Justica e
Direitos Humanos, 2018). Algunas de las empresas implicadas
en el negocio de la tierra en la regi?n siguen estando vinculadas a la producci?n agr?cola industrial. Un buen ejemplo
de esto es la empresa SLC (Schneider Logemann Company),
cuya filial SLC Agr?cola es uno de los principales productores
brasile?os de soja, mientras que la filial SLC Land Co. se ha
convertido en un actor importante en el negocio de la tierra.
Otras empresas ya no est?n vinculadas directamente a la producci?n y se concentran plenamente en la adquisici?n, venta,
arrendamiento o gesti?n de tierras (Pitta y Mendon?a, 2018).
Un ejemplo es la empresa Radar Imobili?ria Agr?cola S. A.,
que fue creada por medio de una empresa conjunta entre
el fondo de pensiones estadounidense Teachers Investment
Annuanity Fund (TIAA) y la mayor empresa de producci?n
de az?car de Brasil, Cosan. El objetivo de Radar es obtener ingresos capitalizados de la tierra, lo que quiere decir: adquirir
tierras a bajo precio y establecer en ellas explotaciones agr?colas para luego venderlas, con frecuencia en transacciones
especulativas.
La empresa SLC controla casi medio mill?n de hect?reas
de tierras en Brasil, de las cuales 300 000 se dedican al cultivo
de soja. En 2015, SLC gener? por primera vez m?s ingresos
mediante sus compras y ventas de tierras agr?colas que a trav?s de su negocio hist?rico principal con la soja.
Cabe enfatizar que los actores que operan sobre el terreno,
expulsando violentamente a las comunidades de sus territorios, tienen el apoyo de actores financieros internacionales que
MATOPIBA es el acr?nimo utilizado para
referirse a una superficie de tierras de
73 173 485 hect?reas que se extiende
por los estados brasile?os de Maranh?o,
Tocantins, Piau? y Bah?a, situados en la
regi?n del noreste y norte del pa?s.
La regi?n est? cubierta por sabanas,
matorrales y bosques (bioma el Cerrado).
Un bioma es una comunidad ecol?gica
importante de plantas y animales, como los
bosques pluviales tropicales, los pastizales
o los desiertos.
Se estima que en el Cerrado viven cerca
de 25 millones de personas, incluidos 80
pueblos ind?genas, as? como una variedad
de los llamados pueblos tradicionales, a los
que la legislaci?n brasile?a concede una
protecci?n especial (Rede Social de Justi?a
e Direitos Humanos, ?Imobili?rias agr?colas
transnacionais e a especula??o com terras
na regi?o do MATOPIBA?, 2018).
Gr?fico 1. Expansi?n de los monocultivos de soja en Brasil, 1960-2002
Fuente: Japan International Cooperation Agency (JICA). Economic and social impacts of Agricultural Development of the Cerrado, 2017.
1960 1975 2002
34.4 9
canalizan enormes cantidades de capital hacia el negocio de
la tierra. En el caso de MATOPIBA, los fondos de pensiones de
Estados Unidos y Europa desempe?an un papel fundamental;
entre estos podemos citar el estadounidense TIAA, el holand?s ABP, el sueco AP2 y el alem?n ?rzteversorgung WestfalenLippe (?VWL). El TIAA ha instalado dos fondos (TIAA-CREF
Global Agriculture LLC, o TCGA, 1 y 2) para adquirir tierras
agr?colas a nivel mundial, que han recaudado 5000 millones
de USD de planes de pensiones de todo el mundo, incluidos el
ABP, AP2 y ?VWL.
Las operaciones de estos fondos y de otras empresas financieras alimentan la especulaci?n en curso con el fin de
extraer riquezas sustantivas de la regi?n. Estos fondos se benefician directamente de las subidas de los precios de la tierra, puesto que esto aumenta el valor de sus explotaciones
agr?colas y sus carteras de inversi?n.
Financiarizaci?n y digitalizaci?n: c?mo las tecnolog?as
de la informaci?n fomentan la especulaci?n con la
tierra
La financiarizaci?n, es decir, el incremento del poder y la
influencia de las finanzas mundiales y sus formas de operar
en general, est? vinculada de varias maneras a la digitalizaci?n, es decir, la integraci?n de las tecnolog?as digitales. El
crecimiento exponencial de las finanzas mundiales durante
los ?ltimos 30 a?os ?adem?s de la constante desrregulaci?n
de los mercados financieros por las pol?ticas neoliberales?
ha sido posible en primer lugar gracias a las tecnolog?as de
la informaci?n. En segundo lugar, las herramientas t?cnicas
como las estad?sticas, los c?lculos sobre el uso de la tierra y la
productividad, basadas en im?genes de sat?lite, entre otras,
se han utilizado para transformar la tierra en un recurso en el
que se puede invertir y para cartografiar aquellas zonas que,
seg?n el discurso corporativo, est?n disponibles para la inversi?n mundial (Li Murray, 2014). En tercer lugar, las tecnolog?as de la informaci?n son fundamentales para llevar la tierra
a los mercados financieros mundiales.
Hay dos aspectos fundamentales de la digitalizaci?n de
la tierra: por un lado, la compilaci?n de datos relacionados
con la tierra y espec?ficos de cada lugar (como, por ejemplo,
la calidad del suelo, la capacidad de producci?n, el acceso
al agua y los cambios en el precio de la tierra) (Grupo ETC,
2017) y, por otro lado, la digitalizaci?n de los datos relativos a
la administraci?n de la tierra, en especial los datos catastrales. En todas partes del mundo, la informaci?n del primer aspecto est? a disposici?n de los intermediarios financieros que
quieren operar en los mercados de tierras, mientras que el
segundo aspecto permite que se lleven a cabo transacciones
de tierras en la esfera virtual. Como tal, la digitalizaci?n de la
tierra es una parte importante de la creaci?n de un mercado
inmobiliario mundial (Savills, 2016).
Actualmente se realizan varios esfuerzos para aplicar a
la tierra la tecnolog?a de la cadena de bloques, la cual es una
tecnolog?a subyacente a las criptomonedas como Bitcoin, y
se describe com?nmente como un libro p?blico abierto, descentralizado y distribuido, que puede registrar informaci?n y
transacciones entre dos partes ?de manera verificable y permanente? (Iansiti y Lakhani,2017). Se est?n llevando a cabo
experiencias piloto en distintos pa?ses de todas partes del
mundo, entre ellos Brasil (Graglia y Mellon, 2018). La cadena
de bloques permite almacenar datos sobre la administraci?n
de la tierra, pero tambi?n realizar transacciones por medio
de los llamados ?contratos inteligentes?, que ocurren de una
forma ampliamente automatizada y autoejecutable. Si bien la
aplicaci?n generalizada de estas tecnolog?as a la tierra a?n
puede llevar alg?n tiempo, la digitalizaci?n de los datos sobre
la administraci?n de la tierra est? avanzando, y en algunos
pa?ses las transacciones de tierras est?n cada vez m?s automatizadas.
Fuente: Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos, 2018.
Gr?fico 2. El precio de la tierra en algunas municipalidades
de la regi?n de MATOPIBA entre 2003 y 2016
Un miembro de una comunidad de MATOPIBA muestra dos
botellas de agua: una con agua limpia, la otra con agua de un
r?o, que est? sucia con sedimentos de las plantaciones de soja.
El sedimento tambi?n contiene agrot?xicos, lo que hace que el
agua ya no sea potable. Rosilene Miliotti/FASE
20 000
15 000
10 000
5000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pedro Alfonso (TO)
Bom Jesus (PI)
Uru?ui (PI)
Balsas (MA)
Luis Eduardo Magalh?es (PI)
BRL (R$)
Gr?fico 3. Los ingresos netos obtenido por SLC de la
soja y de la tierra
Fuente: Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos, 2018.
200
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
10 34.4
La digitalizaci?n de la tierra y el uso de la cadena de bloques en particular, se promueven con la promesa de m?s
transparencia, eficiencia, seguridad y protecci?n frente al
fraude y la corrupci?n ?especialmente debido al car?cter
descentralizado de la cadena de bloques?. Las narrativas conexas se concentran firmemente en Estados y administraciones ineficientes, y transmiten el mensaje de que los actores
privados ser?n mucho m?s eficientes al asumir la tarea de la
administraci?n de la tierra de manera descentralizada y sin
interferencia de las autoridades p?blicas ?y sin regulaci?n?.
Conclusi?n: implicaciones para los derechos humanos y
nuevos desaf?os para las luchas sociales
Quienes defienden la digitalizaci?n de la informaci?n relativa
a la administraci?n de la tierra y del uso de la cadena de bloques en las transacciones de tierras sostienen los beneficios
de estas tecnolog?as para las personas marginadas, debido al
aumento de la seguridad en la tenencia que supuestamente
proporcionar?n. No obstante, el problema de la inseguridad
en la tenencia de la tierra de las personas que viven en la pobreza tiene que ver menos con la informaci?n precisa sobre
las tierras y mucho m?s con la opresi?n y las desigualdades de
poder. Estas desigualdades y la violencia contra las comunidades est?n aumentando a medida que los agentes financieros mundiales han identificado la tierra ?y los recursos naturales asociados? como una importante clase de activos. Esto
plantea una serie de preguntas a los movimientos sociales y a
las organizaciones que los apoyan.
En primer lugar, ?cu?les son las estrategias apropiadas
para oponerse al capital globalizado, teniendo en cuenta que
estos actores son a menudo menos visibles, ya que la mayor?a
de las veces no operan en el terreno, sino que ejercen el control desde lejos? ?Qu? nuevas alianzas podr?an ser necesarias
y posibles, por ejemplo, con trabajadores y pensionistas de
Europa, los Estados Unidos o Canad?, cuyas pensiones son
gestionadas por fondos de pensiones que operan a escala
transnacional?
En segundo lugar, las nuevas tecnolog?as no se despliegan
en el vac?o ni su uso es tan limpio y ordenado como su naturaleza tecnol?gica pretende sugerir. La tierra es de por s? un
material y un bien altamente il?quido o inm?vil. Pese a todos
los avances digitales, la tierra mantendr? necesariamente su
car?cter sumamente material y local, lo que significa que las
personas que viven en la tierra y de ella, se ver?n afectadas
por las transacciones en los mercados mundiales, incluso
cuando parece que estas ocurren en una esfera puramente
digital. Adem?s, la tierra es un bien muy disputado y su distribuci?n refleja y consolida, en muchos pa?ses del mundo, las
injusticias sociales existentes. Como tal, una cuesti?n importante es si el uso de estas tecnolog?as consolidar? ?y por ?ltimo aumentar?? las desigualdades existentes. Esto est? estrechamente relacionado con la pregunta siguiente: ?qui?n tiene
acceso a estas tecnolog?as y control sobre ellas y para qu? fines? En el caso de MATOPIBA, por ejemplo, las comunidades
afectadas, como parte de su lucha para defenderse frente al
acaparamiento de tierras, han intentado registrar sus tierras
en el Cadastro Ambiental Rural (CAR), un sistema abierto en
l?nea basado en datos del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS por sus siglas en ingl?s). Estas comunidades descubrieron posteriormente que sus tierras ya hab?an sido registradas
por empresas del agronegocio, que utilizan el CAR para legitimar su acaparamiento de tierras.
En resumen, la cuesti?n que emerge es c?mo asegurar
la rendici?n de cuentas en materia de derechos humanos en
el contexto general de la informaci?n digitalizada relativa a
la tierra y el medio ambiente. Si bien seguir? siendo fundamental presentar propuestas para una regulaci?n adecuada
de los actores financieros y el uso de las nuevas tecnolog?as en
el contexto de la tierra, las fuerzas progresistas tendr?n que
concretizar sus propuestas sobre c?mo construir un nuevo
orden econ?mico y financiero que se base en la soberan?a y
el control popular de los recursos.
En este contexto, la lucha por el pleno reconocimiento de
la tierra como derecho humano es fundamental, puesto que
reafirma que la tierra es antes que nada un bien com?n al
que las comunidades y las personas pueden acceder, controlar, gestionar y usar de muchas formas diferentes a efectos de
vivir una vida digna, de acuerdo a su contexto social y cultural (FIAN Internacional, 2017). La adopci?n por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Declaraci?n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales es un paso importante en este sentido (Sesi?n 73, 17 de diciembre de 2018,
Nueva York).
Philip Seufert
Trabaja en la Secretar?a de FIAN Internacional, en especial en
cuestiones relacionadas con la tierra y las semillas.
La financiarizaci?n
puede definirse como la
creciente importancia de los
mercados, las instituciones
y ?lites financieras en el
funcionamiento de la econom?a
y sus instituciones de gobierno,
tanto a nivel nacional como
internacional (Greenberg,
2007). En el contexto de
la tierra y otros recursos
naturales, la financiarizaci?n
arroja luz sobre los actores,
las relaciones y los procesos
m?ltiples e interconectados
que est?n involucrados en
el dise?o, el financiamiento
y la implementaci?n del
agronegocio y otras inversiones
relacionadas con la tierra
(incluyendo las ?inversiones?
especulativas). Esto indica que
el acaparamiento de tierras no
trata solo del control directo
sobre la tierra y otros recursos
naturales, sino tambi?n de
la financiaci?n movilizada
para su control, adquisici?n
y explotaci?n. Los actores
financieros para diversificar
sus inversiones, aumentar
los rendimientos y reducir
los riesgos de sus carteras,
canalizan el capital hacia la
compra de tierras y actividades
basadas en ella, como son
las agroindustriales y las
energ?ticas.
Aunque el proceso de la
financiarizaci?n no es algo
completamente nuevo, lo que
ha cambiado en los ?ltimos a?os
es el ritmo con el que se est?
desarrollando el proceso y con
el que se est? desposeyendo a
las comunidades de sus tierras y
recursos.
10
34.4 11
FIAN Internacional es una organizaci?n internacional de derechos
humanos que trabaja por la realizaci?n del derecho a una
alimentaci?n y nutrici?n adecuadas desde hace m?s de 30 a?os.
seufert@fian.org - www.fian.org
Maria Luisa Mendon?a
Investigadora visitante en el Center for Place, Culture and Politics
de la City University de Nueva York, y codirectora de la Rede Social
de Justi?a e Direitos Humanos de Brasil.
rede@social.org.br
Fabio Pitta
Becario de postdoctorado en geograf?a humana en la Universidad
de S?o Paulo, e investigador en la Rede Social de Justi?a e Direitos
Humanos de Brasil.
pitta.fabio@gmail.com
La Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos engloba a decenas
de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.
Su objetivo es responder a la demanda de acci?n y articulaci?n en
torno a las violaciones de derechos humanos en Brasil.
www.social.org.br
Referencias
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Documento de posici?n. Disponible en: www.fian.org/
fileadmin/media/publications_2017/Reports_and_Guidelines/FIAN_Position_paper_on_the_Human_Right_to_Land_
esp_0611173web.pdf
- FIAN Internacional/Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos/
Comiss?o Pastoral da Terra (2018). Os Custos Ambientais e
Humanos do Neg?cio de Terras. O caso do MATOPIBA,
Brasil. Disponible en portugu?s en: https://fianbrasil.org.br/
wp-content/uploads/2018/08/Os-Custos-Ambientais-eHumanos-do-Nego%CC%81cio-de-Terras-.pdf
- Graglia, J. M., Mellon, C. (2018). Blockchain and Property in
2018: at the end of the beginning. Art?culo presentado en
la Conferencia anual del Banco Mundial sobre tierra y pobreza
en 2018. Disponible en: www.conftool.com/landandpoverty2018/index.php/02-11-Graglia-864_paper.pdf&form_
id=864&form_version=final
- Grupo ETC (2017). ?Software contra hardware? Maquinaria
pesada, agrot?xicos y semillas en un chip. 2016. Disponible en: www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/
files/software_vs_hardware_abril_2017_espa?ol-1-1.pdf
- Iansiti, M., y Lakhani, K. R. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review. Disponible en ingl?s en:
https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain.
- Li Murray, T. (2014). What is land? Assembling a resource for
global investment. Conferencia plenaria para Transactions of
the Institute of British Geographers, 39. 2014. pp. 589-602.
- Pitta, F. y Mendon?a M. L., (2017). Especula??o com terras
agr?colas na regi?o do Matopiba. En: Direitos Humanos no
Brasil 2017. Relat?rio da Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos, pp. 55-64. Disponible en portugu?s en: www.social.org.br/
files/pdf/relatorio_dh_2017.pdf
- Rede Social de Justi?a e Direitos Humanos (2018). Imobili?rias
agr?colas transnacionais e a especula??o com terras na
regi?o do MATOPIBA. Disponible en portugu?s en: www.social.org.br/images/MATOPIBA.pdf
- Savills (2016). Around the World in Dollars and Cents. Savills World Research. Disponible en ingl?s en: https://pdf.
euro.savills.co.uk/global-research/around-the-world-in-dollars-and-cents-2016.pdf
Una mujer de una comunidad de MATOPIBA frente a lo que queda de su casa. El acaparamiento de tierras en la regi?n expulsa
violentamente a la poblaci?n local. Rosilene Miliotti/FASE
12 34.4
El proyecto se pretende instalar en los cauces de los r?os
Atzalan, Huitzilatl y Coyolapa, y tiene como objetivo la generaci?n de energ?a el?ctrica que ser? conectada al tendido
el?ctrico nacional, pero que no ser? para el consumo de las
comunidades ni para el p?blico en general, sino para el abastecimiento de los hornos de la Minera Autl?n, localizados en
Teziutl?n, Puebla, seg?n el proyecto ejecutivo.
El rechazo de las comunidades a este proyecto se debe a
que este provocar? la destrucci?n de la selva y el desplazamiento de las comunidades ind?genas para favorecer a esta
empresa minera sin ning?n beneficio para los pueblos.
La preocupaci?n de las comunidades de la Sierra Negra
surgi? al inicio de 2016 por los rumores sobre la llegada del
proyecto de la hidroel?ctrica, cuya construcci?n estaba prevista para el inicio de 2017. Por lo tanto, considerando el poco
tiempo para actuar, las comunidades no se quedaron pasivas
y buscaron formas de resistir, inform?ndose y tejiendo redes
de colaboraciones, entre las cuales buscaron el apoyo del Movimiento Agrario Ind?gena Zapatista (MAIZ).
Cuando empezamos a trabajar como parte de MAIZ en la
Sierra Negra en 2013, la organizaci?n se focaliz? en las oportunidades de desarrollo econ?mico y productivo. Sin embargo, fueron las comunidades las que han marcado las pautas
en la lucha y de esta forma se han encaminado los trabajos
desde la perspectiva del derecho.
Fue importante generar la Escuelita campesina, un espacio de diagn?stico, reflexi?n, an?lisis de la realidad y de
di?logo, donde tratamos temas diversos, como comunicaci?n
popular, econom?a solidaria, formas de organizaci?n, mediaci?n de conflictos, cuestiones de g?nero, soberan?a alimentaria, impacto de las empresas mineras, defensa del territorio,
etc. Y as?, con este trabajo de ir aprendiendo juntos, poco a
poco la demanda de las comunidades de la Sierra Negra se
ha dirigido a temas que no son solo de producci?n, lo que ha
llevado a que el Movimiento de Comunidades haya organizado la resistencia contra el proyecto hidroel?ctrico CoyolapaAtzalan, apoyado por MAIZ.
La resistencia se hace de m?ltiples maneras
En cada municipio afectado, junta auxiliar o inspector?a hay
delegados y, en algunos, comit?s para que las personas puedan informarse. Como no contamos con los medios para movilizar a los cientos de compa?eros, se han instalado radios
comunitarias (radio Tlacuache en Zoquitl?n, radio Tlayoli en
la Cumbre, en el municipio de Tlacotepec, y Radio Coatl en
Santa Mar?a Coapan) lo que permite llevar la informaci?n de
todo lo que est? pasando a cada casa de estos municipios e
involucrar a los habitantes en el debate. El movimiento de
resistencia ha tomado fuerza mediante los procesos de concientizaci?n; en primer lugar con la realizaci?n de talleres y
?Donde est? Sergio Rivera?
MAIRA LE MOAL, OMAR ESPARZA Z?RATE
En el coraz?n de la Sierra Negra de Puebla, M?xico, comunidades nahuas se han
organizado para formar el Movimiento de Comunidades en resistencia contra el Proyecto
Hidroel?ctrico Coyolapa-Atzalan que pretende construir la Compa??a Minera Autl?n con
el apoyo de la Secretaria de Energ?a (Sener) y el respaldo de las autoridades municipales
de Zoquitl?n, Coyomeapan y Tlacotepec de D?az.
Primer Encuentro de las Resistencias, Zoquitl?n, Puebla. MAIZ
34.4 13
asambleas donde se estudian los derechos ind?genas y sobre
todo con los grandes foros realizados en las comunidades
afectadas, donde la situaci?n ha sido denunciada con el respaldo de especialistas en el tema, como son los investigadores
del Instituto Nacional de Antropolog?a e Historia (INAH), el
Comisionado para el Di?logo con los Pueblos Ind?genas de
M?xico y los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), que compartieron su experiencia de lucha exitosa para la suspensi?n del
proyecto hidroel?ctrico La Parota en el estado de Guerrero.
Estos encuentros han contado con gran participaci?n de la
poblaci?n y de representantes de las comunidades de la Sierra Negra.
En segundo lugar est? la participaci?n de la gente en la
organizaci?n vinculada al proceso de resistencia y de lucha,
proceso que genera movilizaci?n y, en ocasiones, plantones
de varios d?as enfrente a las oficinas de gobierno, donde tambi?n se quedan a dormir las mujeres con sus ni?os.
Hemos tocado todas las puertas de las instituciones responsables y nos hemos sentado en mesas de di?logo donde
reiteradas veces escuchamos sus palabras huecas y compromisos que nunca cumplir?n.
El conflicto es local, por lo que las comunidades afectadas
son quienes tienen que decidir y legalmente recurrir a su autodeterminaci?n. La resistencia debe de ser llevada en varios
frentes, a nivel local, nacional e internacional, dialogando en
diversos espacios.
En este sentido, el apoyo de MAIZ y de la Comisi?n de
Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac?n ha
permitido el acercamiento y denuncia ante organizaciones
solidarias nacionales e internacionales.
Finalmente hemos constatado que en las comunidades
peque?as las campa?as negras, los rumores y calumnias frenan mucho la resistencia. Para contrarrestar estas tendencias
negativas, las comunidades se han mantenido presentes en los
medios, con car?cter ?tico y siempre apegado a los hechos.
Gracias a esta serie de acciones hemos logrado detener el
proyecto estos ?ltimos dos a?os. Como consecuencia de ello
se ha desencadenado todo un proceso de violencia, con amenazas y ataques armados, y una serie de acontecimientos que
entendemos como mensajes violentos e intimidatorios para
desarticular la resistencia. Por otras experiencias sabemos que
este clima de corrupci?n, violencia e impunidad favorece a la
empresa y fortalece al crimen organizado, que opera con altos niveles de violencia contra la resistencia al proyecto de la
hidroel?ctrica que presenta el Movimiento de Comunidades.
Desaparici?n forzada de Sergio
Entre todo esto, lo peor sucedi? el 23 de agosto de 2018,
cuando fue secuestrado y desaparecido nuestro compa?ero
Sergio Rivera Hern?ndez, ind?gena nahua, defensor de los
derechos humanos y de la tierra, caracterizado por su liderazgo y resistencia frente al proyecto hidroel?ctrico CoyolapaAtzalan. Como lo explica el abogado de su familia, del Grupo
de Acci?n por los Derechos Humanos y Justicia Social, se
trata de una desaparici?n forzada porque, seg?n testimonios
de personas que vieron el momento de los hechos, agentes
municipales participaron en este crimen.
Para hacer frente a estas agresiones, uno de los campos
que hemos tratado de no descuidar es el legal. Para los pueblos originarios, acceder a la justicia no es un camino sencillo.
En el caso de Sergio, ?l ya hab?a recibido amenazas y
sufrido golpes e intento de asesinato, agresiones que fueron
denunciadas ante el Ministerio P?blico y ante la Secretar?a
de Gobernaci?n. Sin embargo, las autoridades hicieron caso
omiso a dichas denuncias descalificando la vulnerabilidad en
la que Sergio se encontraba.
En un pa?s como M?xico, donde los datos oficiales (seg?n
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas) contabilizan
35 mil desaparecidos, para que se diera atenci?n al caso de la
desaparici?n de Sergio y no se transformara en un dato estad?stico m?s, fue necesaria una semana de movilizaci?n coordinada en diferentes puntos y ciudades. R?pidamente nos hemos dado cuenta de que, si no nos organizamos, no logramos
nada. Hay que reconocer a Consuelo Carrillo, compa?era de
Sergio, joven madre con sus cinco hijos entre cuatro meses
Movilizaci?n en la Ciudad de M?xico. MAIZ
14 34.4
y diez a?os de edad, quien a pesar de las amenazas tuvo el
valor de poner la denuncia y ha estado siempre presente en
las movilizaciones.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e integrantes del Parlamento Europeo han
solicitado al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para localizar y proteger a Sergio. En la conmemoraci?n del D?a Internacional de las V?ctimas de Desapariciones
Forzadas (30 de agosto), encontramos centenares de familias
que siguen en la b?squeda de los suyos. ?Qu? instituci?n puede garantizar la integridad de una sociedad como la nuestra
cuando militares, marinos, polic?as federales, polic?as locales,
todos son parte del crimen?
Finalmente, toda esta presi?n logr? que se cumplieran las
?rdenes de detenci?n y tres personas, se?aladas por los testigos como autores materiales directos de ese delito, se encuentran actualmente en prisi?n preventiva. Pero Sergio sigue
desaparecido. Todo este proceso evidencia la incapacidad de
estas instituciones, que solo registran los testimonios pero no
realizan las debidas investigaciones.
La actuaci?n de la empresa
y del Estado est? repleta de
ilegalidades
La empresa y el Estado invadieron el
territorio desde por lo menos unos
seis a?os atr?s, cuando hicieron la
prospecci?n y los estudios de ingenier?a para el proyecto y, luego, m?s recientemente negociando las tierras de
manera individual, sin informar a las
comunidades ind?genas. El Estado y la
empresa persisten en desconocer los
resultados que no les son favorables y
siguen insistiendo contra la voluntad
de los pueblos en la instalaci?n del
proyecto, violando permanentemente
su derecho a la autodeterminaci?n.
En el frente legal y pol?tico es sumamente importante contar con el
apoyo de un equipo transdisciplinarIo (antrop?logos, bi?logos, ingenieros, etc.), como el Grupo de Trabajo
del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), que nos present? los resultados de sus an?lisis. Entre sus se?alamientos destaca el del
sesgo arbitrario de los documentos oficiales referidos al proyecto de la hidroel?ctrica, titulados Manifiesto de Impacto
Ambiental Regional (MIA-R) y Evaluaci?n de Impacto Social
(EVIS), ambos aprobados por la Secretar?a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de realizar la
consulta previa.
El Convenio 169 de la OIT sigue siendo la principal herramienta del derecho internacional para la defensa de los
pueblos ind?genas y tribales, y es frecuentemente invocado
por los pueblos en sus luchas, por lo que nosotros pens?bamos que el derecho a la consulta a la que est?n obligados
los gobiernos firmantes del Convenio ser?a una herramienta
para defender nuestro territorio. Pero hemos aprendido en
este proceso que no es as?. De hecho, como lo explica la OIT
en sus documentos, el derecho de vetar el proyecto no existe
como figura legal. Lo ?nico que se propone con la consulta es
alcanzar un acuerdo para mitigar las afectaciones negativas;
el Estado sigue teniendo el poder de decidir sobre los territorios ind?genas.
Una vez m?s, como en toda Am?rica Latina, esta es la
lucha de los pueblos ind?genas por su reconocimiento como
sujetos de derechos colectivos. Esta falta de atenci?n por la
Sergio Rivera Hern?ndez. MAIZ
v?a institucional y la inexistencia de herramientas jur?dicas
para garantizar los derechos de los pueblos originarios es
una irresponsabilidad del Estado porque genera conflictos y
violencia que vulneran la gobernabilidad del propio estadonaci?n, provocando justamente la fragmentaci?n del pa?s.
Proclamar un derecho en su plano formal no implica su efectividad real. Un derecho solo puede ser efectivo cuando el
acceso a ?l est? garantizado. Y comienza sanando la deuda
hist?rica con los pueblos originarios, la cual no consisten
solo en buscar la paz a trav?s de la justicia a la memoria de
los antepasados, sino que es una cuesti?n de justicia por los
pueblos originarios de hoy. En el caso de la Sierra Negra,
gran parte de la poblaci?n son campesinos sin tierra que est?n condicionados a apoyar el proyecto de la hidroel?ctrica
para poder seguir cultivando las tierras de los caciques cuyos
intereses son distintos a los de los pueblos originarios. Hoy los
campesinos sin tierra no solamente enfrentan los intereses
de los terratenientes, sino tambi?n los intereses del capital
y de la miner?a. Solamente saldando esta deuda hist?rica se
puede pretender hacer una consulta
de ?buena fe? c?mo estipula el Convenio 169.
Cabe recordar que, a nivel nacional, organizaciones de la sociedad
civil reprocharon ante la Comisi?n
Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la consulta libre, previa e informada, as? como el
derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos ind?genas, hubiesen sido vulnerados en el proceso
de aprobaci?n de la reciente reforma
energ?tica en M?xico.
Tanto los documentos MIA-R y
EVIS cuanto la consulta, se transformaron en herramientas para legalizar el despojo de los territorios. Fue
necesario que agot?ramos todos los
procesos de di?logo e innumerables
mesas de discusi?n con autoridades,
para que al final regres?ramos a la comunidad convencidos de que la ?nica
manera de defender nuestro territorio
es fortalecer el tejido social local.
Seguiremos exigiendo a las autoridades la b?squeda, localizaci?n y presentaci?n de Sergio Rivera Hern?ndez y seguiremos participando en el proceso judicial para que se investigue, no solamente a los autores materiales, sino tambi?n
a los autores intelectuales de este crimen. Continuaremos
defendiendo la tierra, el agua, la biodiversidad, el territorio
y, sobre todo, la posesi?n comunitaria de las tierras, la autonom?a y la autodeterminaci?n de los pueblos. Nuestra lucha
sigue y seguir? firme hasta lograr la cancelaci?n definitiva del
proyecto hidroel?ctrico Coyolapa-Atzalan; hasta lograr ser
sujetos de derecho sin la imposici?n de una visi?n colonialista
y de leyes racistas y excluyentes.
Maira Le Moal
Facilitadora de procesos comunitarios
maira.lemoal@gmail.com
Omar Esparza Z?rate
Coordinador del Movimiento Agrario Ind?gena Zapatista
omaresparza76@hotmail.com
Blog de MAIZ:
https://maizpuebla.wordpress.com/
34.4 15
Territorios en conflicto:
territorializaci?n
Para el que mira sin ver,
la tierra es tierra, nom?s.
Nada le dice la pampa,
ni el arroyo, ni el sauzal.
Atahualpa Yupanqui
La identidad campesina est? compuesta por una cultura
profundamente enraizada en la tierra. Por un lado, exige
a las pr?cticas agr?colas, ganaderas y forestales que respeten
el equilibrio ecol?gico y social, pero sobre todo exige que salvaguarden un modo de vida campesino. Por el otro lado, la
tierra vincula en la medida en que dentro de las comunidades
campesinas se mantienen relaciones de reciprocidad, intercambio de prestaciones, etc. (Barbetta, 2012). As? mismo son
muchas las culturas en Am?rica Latina que consideran a la
tierra un ser vivo a la cual pertenecemos, raz?n por la cual
se le realizan ofrendas, como la de la Pachamama, a fin de
continuar con la armon?a c?smica que propicia abundantes
cosechas y la continuidad de la vida. Es desde esta interacci?n con la tierra y su interpretaci?n, que ponemos en juego
estrategias, pr?cticas y tecnolog?as que no son solo orientadas
a su conservaci?n, sino al enriquecimiento permanente de
sus propiedades f?sicas, qu?micas y biol?gicas.
De este modo podemos notar que, al hablar de la tierra,
cada uno de nosotros lo hace pens?ndola desde su propio
lugar de referencia (ubicaci?n geogr?fica), de vida y de identidad; es entonces que la tierra pasa a ser algo m?s amplio y
complejo que podemos llamar: territorio. El autor brasile?o
Rogerio Haesbaert (2011) en su libro El mito de la desterritorializaci?n afirma que: ?perder el territorio es desaparecer?.
Para aquellos que trabajamos la tierra en Am?rica Latina, sabemos que esta sentencia del autor es cierta, especialmente
para los productores familiares en el contexto de la econom?a
global competitiva y sin rostro humano, donde desaparecer
o extinguirsees, d?a a d?a, una amenaza latente. Mantenerse,
perdurar y ser resilientes se vuelve una necesidad superior.
Exclusi?n: la desigualdad del acceso a la tierra en
Am?rica Latina
Un estudio de Oxfam en el a?o 2016 reflejaba con minucioso
detalle la desigualdad latinoamericana. En especial, pon?a el
foco en la relaci?n desigualdad ? tierra bas?ndose en el ?coeficiente de Gini para la distribuci?n de la tierra?: un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la m?xima desigualdad en
cuanto a la distribuci?n de la tierra. La obtenci?n de este coeficiente bas?ndose en la informaci?n de los censos nacionales
agropecuarios, permiti? visibilizar que para Am?rica Latina
se registra un valor de 0,79, siendo m?s alto a?n (0,85) si solo
se considera Am?rica del Sur. Se trata de niveles de concentraci?n muy superiores a los observados en Europa (0,57),
?frica (0,56) o Asia (0,55) (Oxfam, 2016). Entender que Am?rica Latina es una regi?n profundamente desigual en torno a la
distribuci?n y tenencia de la tierra es entender los problemas
y conflictos de tierra y territorio, porque estamos partiendo
de territorios profundamente desiguales con estructuras de
tenencia, en muchos casos, cercanas al feudalismo. As? pues,
el acceso desigual fue y es producto de procesos hist?ricos
que se originan en la colonizaci?n espa?ola, prosiguen durante las guerras civiles y en las campa?as de exterminio de
los pueblos originarios, pero que contin?an y se resignifican
con los planes econ?micos y sociales de estabilizaci?n y ajuste
PABLO MONTILLA, JAVIER SOUZA CASADINHO
Este art?culo presenta brevemente la noci?n de territorio, comenzando por la
desigualdad en el acceso y distribuci?n de la tierra en Am?rica Latina y su relaci?n con los
procesos de desterritorializaci?n.
Corte de Alto Carrizal, Famatina, La Rioja. Pablo Montilla
16 34.4
que determinan una mayor concentraci?n y extranjerizaci?n
de la tierra.
En consecuencia, cuando los productores nos quedamos
sin poder reproducir nuestra actividad y forma de vida en los
territorios que elegimos para ello, nos estamos desterritorializando. Pero si ello sucede por causas ajenas a nosotros, como
lo hace el capitalismo a trav?s de la acumulaci?n por desposesi?n, nos est?n desterritorializando. Para Harvey (2005)
la producci?n de los espacios bajo el sistema capitalista es
un medio de apropiaci?n y obtenci?n de plusval?as mediante mecanismos constantes de acumulaci?n por desposesi?n
(desterritorializando), generando desarrollos geogr?ficos desiguales como son los de nuestros territorios. Esto sucede bajo
una l?gica de flujos de capital que se reorientan y territorializan manteniendo el equilibrio y rendimiento de su conjunto
y en claro desmedro de aquellos que habitamos o confluimos
en los espacios rurales y campesinos.
Esta apropiaci?n de la tierra implica una resignificaci?n
del territorio, ya sea desde las actividades a realizar y el modo
en que estas se llevan a cabo, como as? tambi?n por la relaci?n entre actores sociales. En este sentido cambian desde el
?qu? producir? y el ?c?mo hacerlo? (las tecnolog?as) hasta el
?para qu? producir? y, generalmente, en estas decisiones prevalecen los criterios econ?micos por encima de los sociales,
ambientales o culturales.
Por ello los procesos de desterritorializaci?n pueden ser
explicados desde el punto de vista econ?mico al vincularlos
a los procesos de expropiaci?n y exclusi?n introducidos en la
l?gica de la acumulaci?n capitalista, que separa a los medios
de producci?n del productor (Haesbaert, 2005), a quien se le
excluye de su espacio f?sico, lo que tiene como consecuencia
las migraciones del ?campo a la ciudad?, en donde aquel productor despojado de su territorio intentar? rehacer su identidad cultural, social y su econom?a en tierras ajenas.
Finalmente, los procesos o intentos de desterritorializaci?n pueden tensionar y manifestar conflictos ?que en ocasiones puede resolverse a partir de la negociaci?n e incidencia
pol?tica? en torno a la defensa de los bienes y servicios naturales, como fuente y medio para poder reproducir las distintas
realidades (territorialidades) campesinas en Am?rica Latina.
Este es el caso de Famatina, Andalgal? y Piray.
Conflictos territoriales o territorios en conflictos
Famantina se ubica en el oeste de la provincia de La Rioja, en
el noroeste de Argentina, posee un valle en el cu?l predominan los peque?os predios agr?colas de 0,5 a 5 hect?reas con
cultivos de nogal y vid entre los m?s destacados. La regi?n
se encuentra dentro de las denominadas ?tierras secas?, con
lluvias que no llegan a superar los 250 mm anuales. El valle
tambi?n alberga un cord?n monta?oso de explotaci?n minera: ?la sierra de Famatina?, desde la ?poca prehisp?nica hasta
principios del siglo XX. El inter?s de empresas trasnacionales
por los minerales que all? se albergan caus? la advertencia de
la poblaci?n local que, frente al avance en la propuesta de
explotaci?n minera del cerro ?a cielo abierto?, se levant? en
su contra masivamente en 2012 bajo el lema: ?El Famatina no
se toca?. Como resultado de la lucha ?a?n activa? los numerosos intentos de instalar la miner?a claudicaron, frente a una
comunidad decidida a defender el Famatina por sobre todas
las cosas, negando la licencia social a cualquier empresa minera que quiera instalarse bajo condiciones de explotaci?n
nocivas para el ambiente. All?, el conflicto dentro del territorio fue y sigue siendo principalmente por el agua; la miner?a
como actividad a cielo abierto demanda grandes cantidades
de este bien natural: por lo que, en este caso, la agricultura y
la miner?a son excluyentes. Por ?ltimo parece que el conflicto
hubiese servido, en algunos casos, para volver los ojos a la
tierra y as? volver a regar y cuidar los predios.
Tambi?n podemos citar la pugna por la tierra y el agua, en
los territorios del departamento de Andalgal?, ubicado en el
centro norte de la provincia de Catamarca; a 248 km al norte
de la capital provincial San Fernando del Valle de Catamarca.
Estos territorios, irrigados por el r?o Andalgal?, se encuentran
al pie de las estribaciones meridionales de la Sierra de Aconquija, y al norte del Campo de Bel?n, un espacio des?rtico que
contiene al Salar de Pipanaco. La principal actividad econ?mica es la agricultura, que provee sus productos a las f?bricas de
conservas, deshidratadoras de frutas y verduras, procesadoras
de dulces y aceite de oliva. La ganader?a se desarrolla en los
lugares carentes de agua como una econom?a de subsistencia
para los peque?os productores. A partir del desarrollo de la
miner?a las actividades productivas dom?sticas para el mercado han cambiado, y en relaci?n a las condiciones ambientales
se menciona que las lluvias han disminuido lo que dificulta el
riego, dado que cada vez hay menos agua y esta es de mala
calidad por su contenido de minerales. Tambi?n se menciona que el viento arrastra mucho polvillo en suspensi?n que se
deposita en las plantas e impide una adecuada fotos?ntesis, lo
que afecta el crecimiento y desarrollo de los frutos que pierden
tama?o, no maduran y cuando est?n a?n peque?os se caen de
la planta, en especial en los cultivos de naranjas y membrillos
(Souza Casadinho y otros, 2013). La producci?n agraria y la
miner?a son incompatibles dadas la demanda y la contaminaci?n del agua y tambi?n del suelo. Seg?n los agricultores de
la comunidad, el agua tanto por su dureza como por su pH
elevado (acidez) debido a la concentraci?n de minerales, algunos de ellos con potencialidad t?xica (Souza Casadinho y otros,
2013). Se puede observar que los empresarios mineros y los
productores agrarios luchan por dos capitales distintos, por un
lado, est?n los que luchan por acrecentar la posesi?n de capital
monetario, por ampliar el beneficio econ?mico aprovechando
al m?ximo la disponibilidad de bienes naturales y nexos con el
poder pol?tico y econ?mico. Por otro lado, se hallan los productores agrarios que desean hacer uso y disfrute pleno de los
bienes comunes naturales, reproduciendo y eligiendo as? un
determinado tipo de vida. Destacamos, por ?ltimo, la existencia de una p?rdida de expectativas de los agricultores respecto
a las actividades agrarias. Parece ser que no se trata solo de
intereses econ?micos, sino que es m?s profundo y ata?e a las
estrategias de vida y producci?n de los agricultores y a como
Migraci?n del
campesinado del campo
(tierra) a las ciudades
Desterritorializaci?n
Territorio
Territorializaci?n
Territorializaci?n del
campesinado en las
ciudades, alienado de
su condici?n de origen:
desterritorializado
Migraci?n del capital
global (multinacionales)
desde su lugar de origen
a lugares ?ptimos para
su plena reproducci?n
Reterritorializaci?n
del capital en el campo
(territorio) seg?n su
propia l?gica y din?mica
Figura 1. Desterritorializaci?n y territorializaci?n del
capital global
Din?mica de los procesos de desterritorializaci?n y
territorializaci?n del capital global sobre territorios en los
cuales encuentra los medios ?ptimos para reproducirse. Como
se observa en la figura, uno es consecuencia de otro y ambos
procesos suceden en un mismo espacio geogr?fico
Fuente: elaboraci?n propia en base a Haesbaert 2011.
34.4 17
fueron construyendo sus h?bitos de trabajo y a su rol como
actores productivos. Esta reducci?n en las actividades agrarias
se expresa en una menor superficie de cultivo, as? como en
menor demanda de trabajo local y migraci?n. Bajo esta situaci?n no es de extra?ar que los productores familiares vendan
sus predios ?su porci?n de territorio? con lo cual se refuerza la
concentraci?n y extranjerizaci?n de la tierra.
Por ?ltimo, mencionaremos el caso de Piray, ubicado en la
provincia de Misiones (noreste de Argentina), donde la posesi?n de tierra de los agricultores familiares presenta una alta
heterogeneidad tanto en su distribuci?n como en el v?nculo legal. Los productores campesinos poseen entre dos a 15
hect?reas de tierra, donde algunos son ocupantes de tierras
privadas, arrendatarios y en menor medida propietarios con
su correspondiente escritura y titulaci?n. La disputa por la
tenencia de la tierra entre diferentes actores, entre los que
se haya el Estado, aparece como uno de los problemas que
afrontan estos agricultores. En los ?ltimos 30 a?os se asiste a
un proceso de concentraci?n por desposesi?n de tierras, en
el cual las empresas forestales son protagonistas. Las empresas acumulan tierra y avanzan con plantaciones de ?rboles
(ex?ticos), ya sea por compras individuales a los agricultores
campesinos o por acuerdos con el Estado; al tratarse de monocultivos, estas producciones forestales demandan la utilizaci?n de plaguicidas de toxicidad aguda y cr?nica.
La posesi?n de la tierra de manera individual constituye
un elemento esencial, donde destacan los casos de utilizaci?n
por la comunidad de la tierra obtenida en las luchas y el uso
individual de los predios, pero con planificaci?n comunitaria,
a fin de que las acciones particulares no perjudiquen al entorno productivo, ambiental y social. Es el caso de los integrantes del Movimiento Campesino de Liberaci?n que mediante
la presi?n y negociaci?n con el Estado han podido obtener la
titularizaci?n de casi 38 000 hect?reas en la zona de la localidad de Pozo Azul, que eran propiedad de las empresas colonizadora Misionera y Continental. De este modo posibilitaron
regular la situaci?n productiva y de vivienda, y afianzar la
identidad campesina.
La agroecolog?a en los procesos de arraigo territorial o
territorializaci?n
La agricultura ha cumplido un rol protag?nico en la formaci?n hist?rica de las sociedades y en la consolidaci?n de los
territorios. Por ello, en el actual contexto latinoamericano de
acaparamiento de tierras, despojo y acentuados procesos de
desterritorializaci?n, las bases de la agroecolog?a pueden dar
modelos alternativos y soluciones a esta situaci?n compleja
que atraviesan los territorios de las comunidades de agricultores campesinos y de pueblos ind?genas, con un enfoque
integral que incluya las distintas cosmovisiones, orientando
otras formas de relaci?n con el uso de los recursos naturales impl?citos en la producci?n agropecuaria. De este modo
se contribuye a la formaci?n de un nuevo paradigma civilizatorio que tenga como fin potenciar o restaurar equilibrios
rotos por desarrollos donde solo prima la ganancia del capital
financiero en desmedro del capital natural, cultural y social.
En territorios donde cada vez la figura de la familia rural,
especialmente la campesina, al migrar se desterritorializa, la
agroecolog?a podr?a actuar como modelo innovador y atractivo para las nuevas generaciones que buscan desarrollarse
en ambientes m?s saludables para su vida y la de sus hijos,
superando de este modo la dicotom?a producir o conservar,
integrando dentro de un mismo territorio (sostenible) ambos
anhelos.
Javier Souza Casadinho
Huertero en el predio agroecol?gico El Para?so. Docente -
investigador y extensionista Facultad de Agronom?a, Universidad
de Buenos Aires, Argentina. Coordinador regional de la Red de
Acci?n en Plaguicidas y sus Alternativas de Am?rica Latina.
javierrapal@yahoo.com.ar
Pablo Montilla
Productor nogalero agroecol?gico. Docente-investigador,
Universidad Nacional de Chilecito - IAMRA, La Rioja, Argentina.
pablojmontilla@gmail.com
Referencias
- Barbetta, P. 2012. Ecolog?a de los saberes campesinos: m?s
all? del epistemicidio de la ciencia moderna: reflexiones
a partir del caso del movimiento campesino de Santiago
del Estero V?a Campesina. 1? ed. Ciudad Aut?noma de Buenos Aires: CLACSO.
- Haesbaert R. 2011. El mito de la desterritorializaci?n: del
?fin de los territorios? a la mulliterritorialidad. M?xico:
Siglo XXI Editores.
- Harvey, D. 2005. The New Imperialism: Accumulation by
Dispossession. SocialistRegister 40, pp 99-129. Disponible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120
830/harvey.pdf.
- Oxfam. 2016. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en
Am?rica Latina. Oxfam Internacional, noviembre de 2016.
ISBN 978-0-85598-836-4.
- Souza Casadinho J., Montilla, P., Souza Casadinho L., y Silva
S. 2013. Megaminer?a en Andalgal?. Emergencia y distribuci?n de las enfermedades desde la percepci?n de sus
habitantes. Bienaventurados los pobres. Uni?n Europea.
Proyecto 2011/273-253.
Finca de nogal agroecol?gica, Plaza Vieja, Famatina, La Rioja, 2018. Pablo Montilla
17
18 34.4
Situaci?n y problem?tica
actual de las tierras y
territorios de los pueblos
ind?genas en el Per?
LUIS A. HALLAZI M?NDEZ
Este art?culo se basa en el cap?tulo de tierras y territorios del Informe Alternativo 2018
sobre cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano del Convenio 169 de la OIT.
Estamos cerca del bicentenario de la declaraci?n de la independencia del Per? y a?n el Estado no reconoce de
manera espec?fica la personer?a jur?dica de los pueblos ind?genas, lo que ha obligado a realizar interpretaciones pro homine del Convenio 169 de la Organizaci?n Internacional del
Trabajo (OIT) que garanticen los derechos de los pueblos ind?genas como parte del bloque constitucional. Sin embargo,
ese panorama sigue generando confusi?n en los sujetos de
derechos y en muchos casos se presta a la vulneraci?n de su
derecho a la identidad y con ello tambi?n a la de sus derechos
territoriales.
Es a partir de la Constituci?n de 1920, cuando por primera vez se reconoce el derecho constitucional de las comunidades ind?genas a la propiedad. Es en ese momento que
el Estado asume la responsabilidad de brindarles protecci?n,
bienestar y desarrollo. No obstante, hist?ricamente, las comunidades siguen siendo discriminadas y excluidas en el proceso
de construcci?n del Estado republicano.
Es m?s, en su af?n de promover la inversi?n nacional y
extranjera, los sucesivos gobiernos de los ?ltimos 28 a?os han
debilitado el marco de protecci?n de derechos de la propiedad comunal, hasta el punto de poner en riesgo la existencia
de las comunidades y, por ende, de los pueblos ind?genas.
Continuidad en las pol?ticas de despojo territorial
Los gobiernos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y
Ollanta Humala aprobaron una serie de normas jur?dicas a
trav?s de leyes y decretos legislativos que afectaron los derechos de la propiedad comunal, debilitaron los est?ndares
ambientales y los derechos de los pueblos ind?genas, bajo la
justificaci?n de reactivar la econom?a e impulsar las inversiones privadas y p?blicas ?en Per? a estos grupos de normas
se les llam? ?paquetazos ambientales y antiind?genas??. De
la misma manera, el actual gobierno de Mart?n Vizcarra no
ha planteado cambios sobre dichas pol?ticas y por tanto contin?an.
Al inicio del gobierno de Kuczynski el Congreso deleg? en
el Ejecutivo facultades para legislar, por lo que en los primeros seis meses se promulgaron 112 decretos legislativos sobre
diversos temas, entre ellos normas que vulneraban la protecci?n de los derechos territoriales de las comunidades. Todas
estas reformas al ordenamiento jur?dico nacional tienen un
patr?n en com?n: se desarrollaron en un contexto de finalizaci?n de los altos precios de las materias primas. En el af?n
de retornar a esas condiciones de crecimiento econ?mico, los
tres ?ltimos gobiernos decidieron flexibilizar, reducir y debilitar el marco de protecci?n de derechos fundamentales para
revertir la situaci?n econ?mica.
Los decretos legislativos aprobados a partir de las facultades legislativas del gobierno de Kuczynski siguieron el mismo
camino que la anterior pol?tica de reactivaci?n econ?mica
del gobierno de Humala; cada uno de los decretos aprobados
fue en detrimento de derechos fundamentales de los pueblos
ind?genas. A continuaci?n detallamos las principales normas
aprobadas desde el inicio de 2017:
? Decreto Legislativo 1330. Modifica y flexibiliza plazos, procedimientos, requerimientos y exigencias del
Decreto Legislativo 1192, Ley Marco de Adquisiciones
y Expropiaciones para Proyectos de Infraestructura,
considerada parte del paquete de normas que el gobierno de Ollanta Humala impuls? y que redujeron los
est?ndares de protecci?n de los derechos de la propiedad comunal.
? Decreto Legislativo 1251. Introduce 12 modificaciones a la ley que regula las Asociaciones P?blico Privadas (APP), otorgando a la Agencia de Promoci?n de
la Inversi?n Privada (PROINVERSI?N) la funci?n de
saneamiento de tierras y expropiaci?n de predios para
El Convenio 169 de la Organizaci?n
Internacional del Trabajo establece,
desde 1989, los derechos de
autodeterminaci?n de los pueblos
ind?genas y tribales. Ha sido ratificado
por 22 pa?ses; por el Per? en 1993.
El Informe Alternativo 2018:
Cumplimiento de las obligaciones del
Estado peruano del Convenio 169 de la
OIT, fue presentado por la Coordinadora
Nacional de Derechos de Humanos
y es resultado del trabajo de m?s de
15 organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en torno a los derechos
humanos.
18
34.4 19
proyectos de inversi?n a trav?s de la creaci?n del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de
Inversi?n Priorizados (APIP). Esto genera, adem?s de
inseguridad jur?dica, un conflicto de competencias con
otros niveles de gobierno y ?rganos del Estado, cuyo
mandato es el de sanear las tierras, ya sean de comunidades, agricultores, peque?os propietarios o predios
p?blicos.
? Decreto Legislativo 1333. Establece disposiciones
para facilitar la ejecuci?n de proyectos de inversi?n priorizada. Su objetivo es posibilitar la entrega y el saneamiento f?sico-legal de cualquier predio rural requerido
por estos proyectos; adem?s, asume las competencias
de la Ley 30230, que pone en riesgo los territorios de las
comunidades campesinas y nativas, con t?tulo de propiedad, o en proceso de obtenerlo o sin t?tulo. El pleno
del Congreso aprob? su derogatoria; sin embargo el Ejecutivo observ? dicho acuerdo. El decreto sigue vigente.
? Proyecto de Ley 1718/2017-PE. En su discurso a la
naci?n del 28 de julio de 2017, el presidente Kuczynski
present? este proyecto de ley que sustituye al cuestionado Decreto Legislativo 1333. La finalidad era la de
dar v?a r?pida a la inversi?n priorizada, especialmente
para obras de infraestructura, facilitando la transferencia de los predios requeridos por los proyectos, a trav?s
de procesos de expropiaci?n seg?n el cuestionado Decreto Legislativo 1192. La nueva norma contempla una
exclusi?n respecto de la propiedad y posesi?n de tierras y territorios de los pueblos ind?genas, pero no comprende a la mayor?a de comunidades campesinas por
no haber sido incluidas en la Base de Datos del Ministerio de Cultura (MINCU) como ?Pueblos Ind?genas?.
? Decreto Legislativo 1320. Modifica la Ley General
de Miner?a en relaci?n a la caducidad y pago o penalidad que deben cumplir los concesionarios mineros
por falta de producci?n. La nueva norma extiende la
vigencia de las concesiones por 30 a?os en lugar de 15
y permite mantener una concesi?n aun sin utilizarla.
Esta prolongaci?n plantea una mayor amenaza a los
territorios de las comunidades campesinas teniendo en
cuenta que concesiones mineras se superponen sobre
el 35% del total de sus tierras.
? Ley 30723. Declara de prioridad e inter?s nacional la
construcci?n de carreteras en zonas de frontera y el
mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali. Permite la activaci?n de procesos
administrativos espec?ficos destinados a la habilitaci?n
de infraestructura vial mediante procedimientos de expropiaci?n, el traslado de comunidades nativas, la desprotecci?n de las ?reas Naturales Protegidas (ANP),
que ponen principalmente en peligro a los Pueblos
Ind?genas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en
esa regi?n amaz?nica.
? Proyecto de Ley 2145-2017-PE. El Ejecutivo present? un proyecto de ley que promueve la industria de
hidrocarburos modificando la Ley Org?nica de Hidrocarburos e introduciendo una serie de modificaciones
a los contratos, la fiscalizaci?n en el seguimiento del
cumplimiento de las normas ambientales y sociales, as?
como la reducci?n de tr?mites administrativos, eliminaci?n de permisos, beneficios tributarios, ampliaci?n
del derecho de concesi?n y otras normas que afectan
los territorios de las comunidades. Esta propuesta legislativa fue defendida ya en la gesti?n del presidente
Mart?n Vizcarra.
El an?lisis de las normas descritas nos permite afirmar que
fueron dise?adas para favorecer a los proyectos de inversi?n
p?blicos y privados y agilizar la transferencia de la propiedad
de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Los
principales perjudicados son los territorios de las comunidades campesinas y nativas que poseen recursos naturales y que
son pretendidos por proyectos de inversi?n que en la mayor?a
de casos no respetan los derechos colectivos ni individuales
de las comunidades.
Es necesario poner en evidencia, a partir de los indicadores macroecon?micos, que los sucesivos paquetes normativos
aprobados desde 2014 (Ley 30230, Ley 30327, Decreto Legislativo 1192, Ley 30723) y los que datan del actual Gobierno,
no han tenido un impacto positivo visible sobre la supuesta
reactivaci?n de la econom?a.
Tampoco la flexibilizaci?n normativa ha impulsado las inversiones. Igualmente, la mayor?a de estas normas fueron judicializadas con acciones de amparo o demandas de inconstitucionalidad, sin que a la fecha se cuente con sentencias
que permitan generar precedentes importantes para que la
inversi?n respete los derechos colectivos y el Estado cumpla
su rol de garantizarlos.
Ausencia de una pol?tica p?blica en titulaci?n colectiva
de tierras
Actualmente existen aproximadamente 10 proyectos con
componente de titulaci?n colectiva desarroll?ndose en el
Per?, pero se encuentran desarticulados y no responden a
una pol?tica nacional que garantice las tierras y territorios de
los pueblos ind?genas: su l?gica se basa en metas y objetivos
de proyectos sectoriales, mostrando muy poca coordinaci?n
entre s?, pese a los esfuerzos de algunos funcionarios, la sociedad civil y las organizaciones ind?genas por dotarlos de mayor
coordinaci?n.
Creemos que los diversos estudios coinciden en los diagn?sticos y, en muchos casos, en las propuestas de soluci?n,
pero quiz?s una de las principales trabas sea la ausencia de
voluntad pol?tica y claridad a nivel institucional en la coordinaci?n intersectorial y multinivel para que exista un avance
serio y r?pido en su implementaci?n. Con ello se saldar?a, al
2021, una deuda hist?rica en el marco de seguridad jur?dica
de las tierras de las comunidades.
Por otro lado, todos los procesos de saneamiento y titulaci?n colectiva en marcha se ven amenazados por la problem?tica de debilitamiento normativo del Estado para acceder
y expropiar tierras y territorios de comunidades de los pueblos
ind?genas, lo que dificulta a?n m?s la implementaci?n, por
Comunidad Lamas. Andina
Mapa 1. Riqueza cultural
y natural del Per?
Fuente: mapa elaborado por
Pedro Tipula y Carla Soria.
34.4 21
ejemplo, del Proyecto de Inversi?n P?blica ?Catastro, Titulaci?n y Registro de Tierras Rurales en el Per?, Tercera Etapa
? PTRT3?, formulado por el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o el proyecto Declaraci?n Conjunta de Intenciones-DCI-MINAM, firmado con el gobierno de Alemania y el
Reino de Noruega.
Territorio, recursos naturales y actividades extractivas
Hoy en d?a, las comunidades campesinas y nativas en su gran
mayor?a carecen de respaldo jur?dico que les permita defender sus tierras y territorios y enfrentan una amenaza constante a su propiedad principalmente por actividades extractivas.
La amenaza m?s presente para el caso de comunidades
campesinas proviene de la actividad minera por la enorme
superposici?n de derechos mineros concesionados sobre sus
territorios.
El Instituto Geol?gico Minero y Metal?rgico (INGEMMET) es la instituci?n estatal que otorga el derecho de concesi?n minera que, seg?n la Ley General de Miner?a, es un derecho que se da al titular para la exploraci?n y explotaci?n de
recursos minerales que est?n en el subsuelo de un territorio.
Si este territorio es de posesi?n de una comunidad campesina, pero no tiene t?tulo de propiedad, en la pr?ctica prevalece el derecho de concesi?n, exploraci?n y explotaci?n
otorgado a la empresa titular de dicha concesi?n. Si el territorio tiene un t?tulo de propiedad, el concesionario conserva el
derecho de explotar y extraer el recurso del subsuelo, aunque
previamente tendr? que negociar una autorizaci?n con los
propietarios de la superficie que, en el caso de comunidades,
esta negociaci?n la realizan en condiciones asim?tricas.
No debe confundirse este procedimiento de autorizaci?n
con el proceso de consulta previa. Aunque la entrega de una
concesi?n minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que, al haber posibilidades de
explotar un recurso, se restringe el derecho de los propietarios de la superficie al uso, disfrute, disposici?n y reivindicaci?n de la propiedad.
Por otro lado, el procedimiento de concesi?n es relativamente sencillo, lo que lleva a que, a diciembre de 2017,
seg?n INGEMMET, el 14% del territorio nacional, es decir,
17 934 000 hect?reas, se encuentre concesionado.
Actualmente el Estado no posee un catastro rural actualizado para identificar las tierras de las comunidades; sin
embargo, organizaciones de la sociedad civil han avanzado
en aproximaciones a esa base de datos (Cartilla N? 5. Comunidades Campesinas y Miner?a, 2018), donde el cruce de informaci?n con el moderno catastro minero arroja resultados
del 35% de superposici?n de concesiones mineras en tierras
de comunidades campesinas. Ello significa que son o ser?n
afectadas en sus derechos territoriales.
Igualmente, muchas comunidades permanecen total o
parcialmente superpuestas por las concesiones mineras; tal es
el caso de la comunidad campesina de Chila Chila, Arequipa,
cuyo territorio comunal se superpone en un 95%, aproximadamente.
De acuerdo a los est?ndares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conforme al reciente
fallo nacional en el caso de las 11 comunidades de Atuncolla
(Expediente N? 01846-2012-0-2101-JM-CI-03 Corte Superior
de Justicia de Puno. Sala Civil de Puno. 14 de noviembre de
2016), las concesiones mineras restringen el ejercicio de la
propiedad a la comunidad, sobre todo cuando la comunidad
no autoriza la exploraci?n y/o explotaci?n, o no se aplica el
proceso de consulta previa o se hace de manera deficiente.
Pero adem?s, los actuales procedimientos de concesi?n
minera vulneran tambi?n diversos derechos de las comunidades campesinas, como el de informaci?n, notificaci?n
culturalmente adecuada y el derecho de oposici?n que las
comunidades pueden interponer ante la concesi?n impuesta;
todo esto porque el actual modelo de concesiones coloca a
las comunidades, poseedoras y propietarias de las tierras y
territorios, en un lugar intrascendente en las decisiones burocr?ticas.
Regi?n San Mart?n: titulaci?n de comunidades y cesi?n
de uso
A inicios de 2017, las comunidades nativas pertenecientes a la
Federaci?n de Pueblos Ind?genas Kechwas de Bajo Huallaga,
San Mart?n (FEPIKBHSAM) y la Federaci?n de Pueblos Ind?genas de Chazuta (FEPIKECHA), decidieron no continuar
con el componente de Titulaci?n del Proyecto PNUD-DCI en
la regi?n San Mart?n (reconocimiento y titulaci?n de comunidades nativas PNUD-DCI en la regi?n San Mart?n), puesto
que la metodolog?a propuesta pretend?a otorgar en cesi?n de
uso sus territorios.
Las comunidades nativas del distrito de Chazuta y Papaplaya de la provincia y regi?n San Mart?n, afirmaron que con
la metodolog?a usada para la formalizaci?n de la propiedad
ind?gena, el Estado peruano pretende ?meramente otorgar a
los integrantes del pueblo [?] un privilegio de usar la tierra,
el cual no les garantiza el derecho de controlar efectivamente
y ser propietarios de su territorio sin ning?n tipo de interferencia externa? (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblos Kali?a y Lokono Vs. Surinam. Sentencia 25
de noviembre, 2015). Con ello, se transgreden los contenidos
esenciales de la propiedad y su uso, coloc?ndolos en situaci?n de vulnerabilidad y conden?ndolos a su extinci?n.
Es evidente que el otorgamiento de la cesi?n en uso sobre
los territorios de los pueblos ind?genas respecto de los territorios con aptitud forestal representa un claro desconocimiento
a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, adem?s de la
Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
las Sentencias del Tribunal Constitucional del Per?. En esa
direcci?n, la regulaci?n de la formalizaci?n de la propiedad
ind?gena no se adecua a los mandatos internacionales.
El?as Sinti, presidente de la FEPIKBHSAM, afirm? en la
asamblea:
Las caracter?sticas de exclusivo, indefinido y no transferible es
mientras los pueblos ind?genas se sujeten al contrato de cesi?n
en uso, en caso que el contrato no pueda ser cumplido por
diversos motivos, inclusive los imputables al propio Estado, el
pueblo ind?gena puede perder su territorio. Motivo por el cual,
cualquier figura jur?dica que no establezca la propiedad sobre
nuestros territorios, es una vulneraci?n a nuestro derecho en
contravenci?n al Convenio 169 OIT y los mandatos de la CIDH
en sus diversas sentencias (entrevista a El?as Sinti realizada por
Rub?n Ninaypayta el 5 de febrero 2016 en la Comunidad Nativa
Ankash Yaku de Achinamisa, San Mart?n.)
Debemos tomar en cuenta que en la regi?n San Mart?n las
?reas naturales protegidas representan el 21,27%; los bosques
de protecci?n permanente el 21,85%; las zonas de conservaci?n y recuperaci?n ecosist?mica titulados a favor del Gobierno regional de San Mart?n el 8,34%; y las concesiones para la
conservaci?n a favor de privados el 9,1% del total del ?rea de
la regi?n (Ninahuanca, Arbocco y otros, 2015).
Luis A. Hallazi M?ndez
Abogado y polit?logo, investigador de derechos humanos,
profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Pol?tica de la
Universidad Ricardo Palma y coordinador del ?rea legal del
Instituto del Bien Com?n, Per?.
luis.hallazi@gmail.com
Entrevista
22 34.4
Entrevista a Alejandro Diez
LEISA REVISTA DE AGROECOLOG?A (TEOBALDO PINZ?S, TERESA GIANELLA)
LEISA: Despu?s de la Reforma Agraria (1969) del gobierno
militar, ?cu?l ha sido la evoluci?n de la tenencia de la tierra?
Alejandro Diez: Yo dir?a que, en t?rminos de procesos, ha
habido dos momentos y tres tipos de movimientos distintos.
El primer proceso es la extinci?n de la gran propiedad tradicional y al mismo tiempo el crecimiento acelerado de la propiedad colectiva. Bajo una doble forma de manejo: familiar e
intensiva en los campos agr?colas y crianzas de valor, y colectiva en el manejo extensivo de grandes espacios territoriales.
El segundo proceso es la masificaci?n y expansi?n de la peque?a producci?n familiar y el tercero es el posicionamiento, ?no visible?, de una mediana propiedad: fundos de veinte, cuarenta o cincuenta hect?reas que han estado siempre
ah?, han estado produciendo, que han tenido problemas con
Sendero, pero son los que, digamos, se posicionaron. Estos
son como los tres grandes procesos de la primera parte de la
reforma. Luego se tiene ?la segunda parte?, que abarca lo que
podemos llamar la ?post-reforma?. Destaco en primer lugar
un proceso de asociaci?n y colectivizaci?n de la producci?n
sobre la base de muchos peque?os productores de arroz, cacao, caf?, etc., que pertenecen a comunidades, que son parceleros y que han empezado a generar espacios asociativos.
Hay una necesidad asociativa. Es una asociatividad de baja
intensidad: algunos las llaman ?empresas?, otros ?cooperativa
o asociaci?n?, pero hay un proceso de asociatividad del peque?o y mediano agricultor. Luego, el segundo proceso ?evidente? de reconcentraci?n de tierras, todo ello en el marco
de una competencia muy fuerte sobre los recursos. Lo que
algunos llaman las ?neo haciendas? o ?la gran inversi?n?, y
que en casi todos los casos ya no pertenecen a familias sino
a corporaciones. Se trata, como antes, de grandes propietarios de tierras compuestos por grupos de accionistas. El tercer
proceso es la defensa de la tierra y del territorio por parte
de grupos que se sienten amenazados o sienten en riesgo su
reproducci?n social o cultural.
LEISA: En el Per? la Reforma Agraria modific? los derechos
y la jurisprudencia de la tenencia comunal de la tierra,
pero defini? formas colectivas de tenencia. ?Consideras
que este proceso influy? en el control del territorio por
las poblaciones que lo habitaban, sean estas andinas o
amaz?nicas?
Alejandro Diez: En los ?ltimos veinte a?os se ?desarrollan?
las dimensiones territoriales de la propiedad y de la ocupaci?n de la tierra. Se da en los territorios amaz?nicos, que son
muy importantes, pero tambi?n en los espacios no controlados y m?s libres de las comunidades campesinas, y en todo el
resto de los espacios intercomunales. Cuando la gente reclama por temas de miner?a, por ejemplo, en realidad no est?
pidiendo o reclamando necesariamente la propiedad de los
recursos, est? reclamando un grado de control territorial o
de participaci?n territorial. Entonces, en los ?ltimos 20 a?os
observamos una eclosi?n de los derechos y dimensiones territoriales de la ocupaci?n de la tierra, en costa, sierra y selva. No es un movimiento ni proceso solamente peruano; en
realidad es un movimiento internacional que se expresa en
diversas dimensiones; la Ley de Consulta Previa est? inserta
en la misma direcci?n, dentro del mismo proceso.
LEISA: En este contexto, ?c?mo se interrelacionan la
propiedad de la tierra y el control territorial?
Alejandro Diez: La consolidaci?n y formalizaci?n de los derechos de propiedad es un elemento central. La propiedad pura
y dura, propiedad privada, que tiene que ver con los procesos
de titulaci?n del Estado, la necesidad del saneamiento de la
propiedad y el registro de la titulaci?n. En la primera mitad
de la reforma agraria, la propiedad agraria siempre fue imperfecta. Una de las cosas que hizo Fujimori fue definir que
la propiedad es igual para todos; entonces, ahora una comunidad campesina titulada es igualmente propietaria que una
corporaci?n. Esta forma de propiedad no exist?a antes en el
Per?, ahora es la norma para todos. Pero esta propiedad, si
no tiene derechos territoriales, es una propiedad limitada; las
demandas sociales est?n dirigidas a la ampliaci?n de los derechos de propiedad sobre otras dimensiones que tienen que
ver con los beneficios, el control y el territorio.
Es necesario se?alar que estos fen?menos sociales son m?s
propios de las zonas andinas y coste?as y son diferentes a los de
la selva. En la selva la soluci?n ?propietaria? aplicada nunca fue
una buena soluci?n porque otorga a las comunidades nativas
un acceso muy limitado a una porci?n peque?a de propiedad,
que en realidad no les permite la reproducci?n de las formas
tradicionales de manejo del territorio que ten?an antes. Entonces, los reclamos territoriales son una mejor opci?n; aunque
tambi?n son imperfectos, presentan algunas ventajas.
LEISA: ?Por qu? razones los reclamos territoriales no
ser?an una soluci?n a las limitaciones de los derechos de
propiedad para las comunidades nativas?
Antrop?logo, investigador en temas rurales, con ?nfasis en
la organizaci?n y las relaciones pol?ticas y econ?micas de
poblaciones coste?as y andinas en Per?. Es graduado y licenciado
por la Pontificia Universidad Cat?lica del Per? (PUCP) y doctorado
por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Par?s
(EHESS). Ha trabajado en investigaci?n para el desarrollo en el
Centro de Investigaci?n y Promoci?n del Campesinado (CIPCA,
Piura, Per?) y desde 1996 se desempe?a como profesor en la
PUCP.
34.4 23
Alejandro Diez: Por varias razones. Primero porque los derechos territoriales son derechos imperfectos, no son derechos
de propiedad; aunque estipulan una serie de derechos de
acceso y algunos grados de control, finalmente solo otorgan
derechos de uso, y no exclusivos. Por lo general todos los derechos territoriales son m?s ?compartidos? que los derechos
de propiedad, que tienden a cierta exclusividad. Por ello, el
control territorial tiene que pasar por los derechos del propietario, es decir, del due?o del suelo, que puede ser cualquiera
?y que a veces es el Estado?, pero tambi?n tiene que incluir
a todos los dem?s derechohabientes territoriales. Adem?s
el Estado conserva siempre una parte de dicho control. Por
ejemplo, cuando se otorga una concesi?n a alguien, el concesionario est? t?cnicamente tambi?n adquiriendo derechos
territoriales, no importa si es una empresa petrolera, minera, de uso de bosques, de uso de aguas. Cuando al gobierno
regional se le da la posibilidad de generar una reserva comunal o regional, tambi?n se est? convirtiendo en un actor
con derechos. Por eso estas reservas no son la soluci?n para
las comunidades nativas, porque siempre van a ser territorios
compartidos.
Cierto es que, por otro lado, las comunidades nativas tambi?n est?n cambiando. Hace poco, en la universidad hemos
hecho una investigaci?n sobre econom?a familiar en comunidades ind?genas amaz?nicas para el Ministerio de Desarrollo
e Inclusi?n Social (MIDIS), y se constata que para una parte
significativa de la poblaci?n nativa la necesidad de dinero es
tan importante como para la gente de ciudad. Cada vez es
m?s dif?cil vivir en forma tradicional, como viv?an antes. Y
por ello est?n generando mecanismos de intensificaci?n de
uso de tierras, de bosques, de los r?os. Por lo tanto, para la poblaci?n amaz?nica los derechos propietarios tambi?n tienen
sentido, y algunas comunidades est?n empezando a manejar
su territorio en formas parecidas a las de las comunidades
campesinas de la sierra.
LEISA: ?Tendr?a la gesti?n colectiva capacidad jur?dica
para la defensa y protecci?n de los recursos naturales
de su territorio (biodiversidad, agua, suelo) ante el
acaparamiento de tierras para fines privados propiciados
por inversionistas for?neos?
Alejandro Diez: Todo este tema de los derechos colectivos
est? siempre sujeto a la capacidad del colectivo de autorregularse y de gestionar. Y esa capacidad siempre ha traido el
incremento del nivel educativo y experiencia de los dirigentes
comunales; hay cada vez gente m?s capaz en muchas comunidades aunque tambi?n es cierto que en muchas localidades
los reclamos y expectativas de la poblaci?n y los problemas
que se enfrentan superan la capacidad interna para autogestionarse. Los ejemplos m?s curiosos son las comunidades con
abundancia de recursos, como las comunidades nativas matsiguengas de la zona de Camisea, o comunidades campesinas
como Sechura, en la costa norte, que tienen problemas de
?gobernabilidad?, por exceso de recursos. No hay capacidad
de gestionar la ?riqueza monetaria?, c?mo manejarla, donde
invertirla de manera eficiente y leg?tima. Por ello, la abundancia de dinero genera problemas internos que cuestionan la
propia legitimidad de las directivas.
Dentro de la variabilidad que hay en las comunidades hay
algunas reacciones tipo. Por ejemplo: mientras la directiva
cumpla sus funciones y haga un ?buen gobierno?, nadie discute que eventualmente se pueda beneficiar indirectamente
de su gesti?n. Existe una suerte de doble discurso sobre el
dirigente. El discurso del dirigente es: ?yo me sacrifico por la
comunidad, invierto mi tiempo?, y eso es en buena parte cierto. El discurso del comunero dice en cambio que el dirigente
se aprovecha, y tambi?n es hasta cierto punto cierto, porque
a veces usa el dinero de la comunidad para desplazarse para
asuntos comunales pero tambi?n para sus propios asuntos.
Pero eso tiene cierto l?mite y hay muchos casos donde, si te
encuentras una directiva en problemas es justamente porque
la gente no est? de acuerdo con que el dirigente haga lo que
quiera con el dinero. Es decir hay cierto grado de control social, hay muchos sitios donde los dirigentes tienen que rendir
cuentas y si no lo hacen pueden ser destituidos. Pero, en mi
opini?n, los espacios colectivos de exigencia de control son,
en general, d?biles e incluso nosotros los investigadores no
siempre destacamos cierto grado de corrupci?n que siempre
ha existido en las comunidades; no es que eso sea algo nuevo.
Las comunidades cercanas a las ciudades, por ejemplo, son
aquellas en las que suele haber m?s acusaciones de aprovechamiento personal, acusaciones por tr?fico de terrenos o
por corrupci?n.
LEISA: En medio de todos estos procesos y cambios,
?se puede decir que existen pol?ticas estatales, que hay
intenci?n de influir, direccionar?
Alejandro Diez: Yo creo que el Estado, desde Fujimori hasta
el actual, es pr?cticamente ciego a las comunidades campesinas y nativas. Ha habido pol?ticas en las que se las incorpora
para algunas tareas, pero en realidad no hay una pol?tica dirigida espec?ficamente a las comunidades rurales y su problem?tica. El ?ltimo informe sobre propiedad de la tierra que
ha hecho Oxfam muestra que en Per? hay una gran concentraci?n de la propiedad, pero los datos deben ser analizados
con cuidado. En el Per? el censo agrario no distingue entre
una gran propiedad privada y una gran propiedad comunal.
Entonces parece que hay una cantidad peque?a de propietarios que tienen miles de miles de hect?reas, y la cifra incluye
a las comunidades campesinas y nativas que tienen una buena cantidad de la tierra en propiedad. Realmente en el Per?
la cantidad de tierra que es propiedad de las comunidades
campesinas es enorme y no hay ning?n tipo de pol?tica, no
digamos que las apoye, sino que haga visibles sus necesidades
y sus potencialidades.
Y para dar una idea de la situaci?n: no se sabe exactamente cu?ntas comunidades hay ni cu?l es su estado legal
real. Los dos Atlas que publicaron el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y el Instituto del Bien Com?n (IBC)
muestran que, dependiendo de la fuente, hay un n?mero distinto de comunidades en el Per?. Hace algunos a?os, el el
Ministerio de Agricultura se manejaba una lista ?oficial?. Pero
con los sucesivos proyectos de titulaci?n y los cambios en la
responsabilidad de los mismos, llegamos a la situaci?n actual.
LEISA: ?Se est? refiriendo a la intervenci?n del Organismo
de Formalizaci?n de la Propiedad Informal (COFOPRI)?
Alejandro Diez: La distorsi?n comienza antes. Cuando se
crearon los gobiernos regionales por primera vez, y se les
transfiere la Direcci?n de Comunidades, se genera una primera p?rdida de archivos y sobre todo del v?nculo entre comunidades y Estado; luego esa funci?n regres? a la Direcci?n de
Reforma Agraria, o sea, al Ministerio de Agricultura, y despu?s
entra el Proyecto Especial Titulaci?n de Tierras y Catastro Rural (PETT), que funcionaba dentro del ministerio. Despu?s, el
segundo Programa de Registro y Titulaci?n de Tierras (PRT2),
pasa a COFOPRI y se llevan parte de los archivos. En el camino
se pierde tambi?n informaci?n y luego, al pasar a los nuevos
gobiernos regionales, sucede lo mismo. Actualmente varias
regiones tienen su oficina de comunidades campesinas, sobre
todo en el sur andino, e intentan hacer proyectos con ellas.
Pero es impresionante c?mo siendo una realidad tan presente,
Entrevista
24 34.4
hay tan poca capacidad de propuesta y de ideas respecto de
qu? se puede hacer. Dentro de todo, la comunidad como instituci?n es una instituci?n del siglo XX, reconocida por el Estado
como un medio de protecci?n ?y de desarrollo?, primero de
ind?genas, y luego de campesinos. Existe ciertamente una necesidad de ?ponerse al d?a? institucionalmente, adecu?ndose
al siglo XXI. Y ello es de alguna manera una necesidad para
pensar sus proyecciones y su desarrollo.
LEISA: En un tiempo se quiso impulsar la creaci?n de
empresas comunales, pero los resultados no fueron
favorables.
Alejandro Diez: No funcionaron. Es que la comunidad plantea econ?micamente una especie de contradicci?n porque,
por un lado, la producci?n siempre es familiar y la forma de
acumulaci?n tambi?n es familiar, pero una serie de funciones son colectivas. Adem?s el conjunto de todos los comuneros no es un grupo uniforme sino que hay varios colectivos,
grupos distintos con sus propios intereses y opciones. Dentro
de las comunidades hay una triple tensi?n familia-facci?ncolectivo. Y las decisiones que se toman a veces favorecen al
colectivo en su conjunto, a veces a las facciones, a veces a la
familia, dependiendo del contexto de cada comunidad. Antes
de la presi?n sobre los recursos de los ?ltimos 25 a?os, las
comunidades estaban literalmente languideciendo; pero tras
la presi?n que se ha venido ejerciendo sobre sus tierras en
las ?ltimas d?cadas, lo colectivo recibe un nuevo impulso, se
refuerza y las comunidades est?n ahora viviendo una especie
de nueva vida, porque responden a una serie de exigencias
del exterior. Todo ello en un contexto distinto al de la creaci?n
y reconocimiento de las comunidades en el siglo XX. Ahora
adem?s de la comunidad hay municipios y muchas otras instituciones; la comunidad no es el ?nico actor relevante en el
territorio. Pero tiene la tierra y la defiende, y se proyecta sobre
eso. En ese sentido compite, vamos a decir as?, con los municipios, los centros poblados y municipalidades delegados. De
alguna manera se entiende que el centro poblado menor es
la instituci?n para la gesti?n urbana y la comunidad como la
gesti?n rural. Lo que tenemos es una especie de organizaci?n
bic?fala, donde hay alcaldes y presidentes de comunidad al
mismo tiempo y el funcionamiento de esta organizaci?n no
es igual en todas las regiones pero las grandes l?neas estructurales son las mismas.
LEISA: Los territorios amaz?nicos y las comunidades
ind?genas est?n siendo afectados por la expansi?n a
gran escala de las operaciones de grandes empresas
agroindustriales, sobre todo dedicadas al cultivo de palma
aceitera, corporaciones extractoras de hidrocarburos,
empresas de explotaci?n forestal ?muchas de ellas
ilegales?. ?En qu? medida es posible controlar esta
amenaza y a qui?n corresponde hacerlo?
Alejandro Diez: Es algo que depende del lugar y agente de
control. Las comunidades reconocidas tienen una propiedad
y un cierto grado de control y pretensi?n sobre lo que vendr?a
a ser su territorio adyacente, el problema son justamente los
mecanismos para controlar esos territorios adyacentes. Lo
que est?n haciendo las comunidades es pidiendo reservas,
?reas de protecci?n comunal, ?reas de protecci?n regional,
justamente para mantener una l?gica de acceso privilegiado
?o exclusivo? para ellas, al mismo tiempo que impiden la entrada de terceros. El Estado no las apoya; al contrario, por
ejemplo promueve la palma aceitera sum?ndose a la tendencia global a intensificar la agricultura. Para m? el problema es
que no hay ninguna vocaci?n para pensar el espacio territorial y comprender qu? significa en t?rminos m?ltiples: de
desarrollo, de sostenibilidad, de derechos compartidos y de
derechos distintos de la gente que vive en esos territorios. El
espacio del control del territorio es t?picamente un espacio de
gobernanza y no de gobierno, en el sentido de que depende
de correlaciones de fuerzas, de disputas y de intereses diferenciados. Lo que significa que en un territorio es normal que
no todos los agentes tengan los mismos intereses. Entonces, al
final hay que ver qu? equilibrio logras, por cu?nto tiempo y a
favor de qui?n, y en eso hay posiciones ideol?gicas diferentes
sobre qu? se deber?a hacer.
Protesta de organizaciones campesinas y frentes de defensa contra el proyecto minero Conga en Cajamarca, Per? (2013). Blog Celend?n
libre (celendinlibre.wordpress.com/tag/conga-no-va/)
34.4 25
Territorializando el debate
sobre j?venes rurales en
Am?rica Latina y el Per?
Luces, pistas y voces a partir de
investigaciones sobre el tema
SILVANA VARGAS WINSTANLEY
A pesar de los m?ltiples esfuerzos desplegados a lo largo de los ?ltimos a?os, el ?mbito
rural enfrenta a?n enormes retos. De acuerdo a un reporte de la Comisi?n Econ?mica para
Am?rica Latina y El Caribe (CEPAL) publicado en 2018, la regi?n vuelve a experimentar
?luego de m?s de 10 a?os? un ligero, pero no por ello menos preocupante incremento
en la incidencia de la pobreza rural (gr?fico 1). A la par, FAO se?ala que, en t?rminos
demogr?ficos, m?s de 30 millones del total de personas que habita el ?mbito rural en
Am?rica Latina y el Caribe se encuentra en el rango de 15 a 29 a?os, es decir, son j?venes.
Fuente: CEPAL, 2018.
Gr?fico 1. Am?rica Latina: incidencia de la pobreza rural (1980-2016)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1980
1986
1990
1994
1997
1999
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
% en situaci?n de pobreza y
pobreza extrema
PBI per c?pita (miles de USD)
Pobreza rural Pobreza extrema rural PBI per c?pita
Equipo del Proyecto TransitANDO en campo. Eliana Antezana
Dadas estas cifras, las vulnerabilidades que
los j?venes rurales enfrentan son diversas
y cambiantes. Asimismo, la heterogeneidad
que caracteriza a esta poblaci?n en t?rminos
de entornos, din?micas y perfiles, requiere partir de un enfoque que acoja integralmente esa
diversidad. De ah? la necesidad de un enfoque
territorial centrado en la juventud rural. Urge,
por tanto, territorializar tanto la generaci?n de
conocimiento como el dise?o de pol?ticas e intervenciones.
Los j?venes rurales se encuentran inmersos
en las diversas din?micas que caracterizan el
territorio (transformaci?n productiva, institucionales, identidad cultural) y en consecuencia
?transitan? entre ellas enfrentando oportunidades y barreras. Frente a ello, desde el Instituto
de Desarrollo Humano de Am?rica Latina de
26 34.4
Materiales
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rurales
Urbanos
5,7
1,2
0,7
9,2
9,6
10
41
63,6
67
18,1
18,7
17,6
10,1
47,3
19,3
82,2
92,7
36,2
78,8
19,5
34,6
20,6
14,5
39,9
Gr?fico 2. Per?: Distribuci?n de indicadores de privaci?n en j?venes (15-29 a?os) seg?n ?rea de
residencia
%
Fuente: INEI/ENAHO (2017). Elaboraci?n: Nicol?s Barrantes (IDHAL PUCP).
Saneamiento
Combustible
Desempleo, informalidad y
empleo no remunerado
Agua
Nivel educativo y atraso
escolar
Seguro
Hacinamiento
Participaci?n social del
hogar
Electricidad
Medios de comunicaci?n
en el hogar
Atenci?n de salud
Programa
J?venes
Emprendedores
Rurales
(Colombia)
J?venes rurales
construyendo
caminos de paz y
emprendimiento
(Colombia)
PROCASUR
(Brasil, Colombia, Guatemala, Per?,
Rep?blica
Dominicana)
Programa Integrado da Juventude -
PROJOVEM (Brasil)
J?venes
Rurales en
Movimiento
(Brasil)
EMPRENDESUR
(Honduras)
AGROJOVEN
(Per?)
Beca 18
(Per?)
J?venes con
M?s y Mejor
Trabajo
(Argentina)
Proyecto
Oportunidades
Rurales
(Colombia)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gr?fico 3. Intervenciones p?blicas seleccionadas (l?nea de tiempo)
Fuente: Vargas, 2018.
la Pontificia Universidad Cat?lica del Per? (IDHAL PUCP)
venimos trabajando en el enfoque de Desarrollo Humano
Territorial (DHT) que integra el inter?s por el bienestar multidimensional centrado en las personas desde una lectura
que prioriza el entrecruzamiento de trayectorias territoriales
y familiares. En ese contexto buscamos analizar las oportunidades y restricciones del bienestar que los j?venes rurales
enfrentan, centradas en tres aspectos: (i) medici?n de pobreza multidimensional, (ii) an?lisis de intervenciones p?blicas y
(iii) configuraci?n de trayectorias de los j?venes rurales.
Medici?n de pobreza multidimensional
El enfoque de capacidades humanas es un marco normativo
que permite conceptualizar y evaluar la pobreza, la desigualdad
o el bienestar (Robeyns, 2005: 94). El ?nfasis de esta evaluaci?n se centra en lo que los individuos son capaces de hacer
y de ser, es decir, en sus capacidades. Buscando promover
que se tenga mayor libertad de vivir el tipo de vida que se
tiene razones para valorar. As?, desde un enfoque de capacidades humanas, la pobreza es entendida como la privaci?n
de esas capacidades. Una manera de capturar el efecto conjunto de la incidencia e intensidad de las privaciones es la
medici?n multidimensional de la pobreza. En el Per?, la juventud rural representa el 23,5% de la poblaci?n total (INEI,
2017). El 41% de esta poblaci?n se encuentra en situaci?n
de pobreza en comparaci?n con el 14% que experimentan
sus pares urbanos. En este contexto, partiendo del m?todo
Alkire-Foster (Alkire y Foster, 2011) se explor?, a partir de
34.4 27
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI (2017)
una muestra de 28 829 j?venes con ?nfasis en seis dimensiones: vivienda, salud, servicios b?sicos, educaci?n, empleo y
conectividad social. Los hallazgos sugieren que los j?venes
rurales experimentan mayores privaciones en las seis dimensiones seleccionadas en comparaci?n con los urbanos (gr?fico 2). Adicionalmente se calcul? que el 71,1% de los j?venes
rurales padece dos de seis privaciones frente a un 38% de los
urbanos. Estos hallazgos son altamente preocupantes y constituyen un insumo clave para el dise?o de pol?ticas centradas
en resultados observables en esta poblaci?n.
An?lisis de intervenciones p?blicas
La aproximaci?n a la pobreza multidimensional se ha visto
complementada por la revisi?n de un conjunto de intervenciones, tanto a nivel de Am?rica Latina y el Caribe como
del Per?, dirigidas a generar mejores condiciones de vida
en la juventud rural (Vargas, 2018). As?, se seleccionaron
diez casos con base en criterios tales como fecha de inicio
(?ltimos diez a?os), ?nfasis estrat?gico en j?venes rurales y
responsabilidad institucional centrada en la esfera p?blica
(gr?fico 3). En t?rminos de sus enfoques, los hallazgos sugieren que, en general, estas intervenciones se apoyan en el
de inclusi?n social (con ?nfasis en aspectos educativos, formativos y laborales) y, complementariamente, en las aproximaciones de capacitaci?n empresarial y emprendedurismo.
En paralelo, sus din?micas operativas abarcan la generaci?n de oportunidades de empleo, educativas y de participaci?n. Vale destacar que ?nicamente las intervenciones
de j?venes rurales en Brasil y Colombia, respectivamente,
tienen objetivos expl?citamente orientados desde una perspectiva territorial. Por lo anterior las intervenciones p?blicas tienen a?n pendiente dar cuenta de las dimensiones de
integralidad, territorialidad e institucionalidad a nivel de los
enfoques que promueven y las estrategias que utilizan para
propiciar oportunidades en beneficio de los j?venes rurales
de la regi?n.
Configuraci?n de trayectorias de los j?venes rurales
En el contexto de lo anterior, el Proyecto TransitANDO del
Aula al Valle del Mantaro surge con el objetivo de generar
una experiencia de investigaci?n-acci?n desde la perspectiva
de Desarrollo Territorial Rural con ?nfasis en juventud rural
con participaci?n de docentes y estudiantes de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro del Per? y
la PUCP. El proyecto es liderado por un equipo de talentosos y
comprometidos estudiantes de disciplinas como Agronom?a,
Econom?a, Geograf?a, Ingenier?a Forestal y Sociolog?a. En su
primera etapa el ?mbito de estudio abarc? el distrito de Comas
en la provincia de Concepci?n que, de acuerdo a los datos del
INEI (2017), abarca un total de m?s de 1500 j?venes. Como
parte del trabajo colaborativo realizado se identificaron tres
dimensiones de an?lisis centrales al bienestar de los j?venes
rurales: educaci?n y formaci?n; producci?n y empleo, y empoderamiento y participaci?n pol?tica. La aproximaci?n se ha
realizado desde un enfoque territorial que busca, de manera
efectiva, vincular las trayectorias territoriales con las familiares (gr?fico 4). A la fecha los hallazgos sugieren una serie de
tensiones en los ?mbitos: educativo (el discurso a favor de la
educaci?n est? en tensi?n con las escasas oportunidades de
formaci?n favorables a los ?tr?nsitos? de los j?venes entre los
niveles educativos), productivo (el discurso que considera que
la agricultura no constituye una fuente efectiva de oportunidades para los j?venes est? en tensi?n con una alta demanda
por mano de obra agr?cola familiar) y pol?tico (el discurso a favor de acoger y renovar cuadros pol?ticos est? en tensi?n con
falta de oportunidades reales para el ingreso de los j?venes a
la vida pol?tica).
En suma, los hallazgos presentados brindan luces novedosas y complementarias que deber?an seguir siendo exploradas, pistas que plantean escenarios diversos y la necesidad
de dar continuidad al debate y, por ?ltimo, la importancia de
acoger las voces de los j?venes a lo largo de todo el proceso.
Una parte de estos resultados fue expuesta en el Seminario
Trayectorias
individuales
Trayectorias
territoriales
Educaci?n
Empleo Participaci?n
pol?tica
Salud
Din?micas
productivas y
mercados
Din?micas
institucionales
Din?micas
pol?ticas
Din?micas
ambientales
Din?micas demogr?ficas
Desigualdades
territoriales
Desigualdades
individuales
TERRITORIALIDAD
Gr?fico 4. Proyecto TransitANDO - trayectorias territoriales e individuales
Fuente: Proyecto TransitANDO, 2018.
28 34.4
internacional ?Desarrollo humano, territorios y juventud rural? que, en octubre del 2018, el IDHAL PUCP coorganiz?
con el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Territorializar el conocimiento y las
pol?ticas requiere creatividad, compromiso y trabajo colectivo. Y, en esa l?nea, colaborar con los j?venes, tanto en las aulas como en el campo, es la ?nica garant?a que nos permitir?
estar a la altura del reto que tenemos enfrente.
Silvana Vargas Winstanley
Ph. D. en Sociolog?a Rural y Demograf?a. Docente del
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Cat?lica del Per? (PUCP). Directora ejecutiva del Instituto de
Desarrollo Humano de Am?rica Latina (IDHAL PUCP).
Referencias
- Alkire, S., y Foster, J. 2011. Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement.
Working Paper 43. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford.
- Barrantes N., y Vargas, S. 2018. S?ntesis de la investigaci?n
?Desarrollo humano, pobreza multidimensional y juventud rural?. Documento de trabajo. Lima: Instituto de Desarrollo Humano de Am?rica Latina (IDHAL) de la Pontificia
Universidad Cat?lica del Per? (PUCP), con el apoyo de Penn
State University. Robeyns, I. 2005. The Capability Approach:
a theoretical survey. Journal of Human Development, 6 (1):
pp. 93-114.
- Comisi?n Econ?mica para Am?rica Latina y el Caribe (CEPAL).
2018. Panorama social de Am?rica Latina. Santiago de Chile: CEPAL.
- Instituto Nacional de Estad?stica e Inform?tica (INEI). 2017.
Per?: Perfil Sociodemogr?fico (elaborado con los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de Poblaci?n,
VII de Vivienda y III de Comunidades Ind?genas). Lima: INEI.
- Organizaci?n de las Naciones Unidas para la Alimentaci?n y la
Agricultura (FAO). 2018. Panorama de la pobreza rural en
Am?rica Latina y el Caribe. Santiago de Chile: FAO.
- Vargas, S. 2018. An?lisis de compromisos regionales e intervenciones p?blicas a favor de los j?venes rurales en
Am?rica Latina: ?Institucionalizando esfuerzos? Lima:
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Organizaci?n de las Naciones Unidas para la Alimentaci?n y la Agricultura (FAO).
J?venes de la Instituci?n Educativa de Racracalla (Comas). Eliana Antezana
28
34.4 29
Impacto de la producci?n
pi?era en la poblaci?n
de la zona de amortiguamiento de la
Reserva de Biosfera La Amistad, Costa Rica
YAZM?N LE?N ALFARO, FRANK GONZ?LEZ BRENES, NIEVES L?PEZ EST?BANEZ
En Costa Rica, con la incursi?n de la compa??a Del Monte en el municipio Buenos Aires de
la provincia de Puntarenas, en la zona sur del pa?s, se inici? en 1979 el avance intensivo
del monocultivo de pi?a (Ananas comosus). Los distritos Volc?n y Brunca y la cabecera del
municipio, denominada tambi?n Buenos Aires, han sido los territorios en los que se ha
concentrado la mayor extensi?n pi?era. Los pobladores de estos distritos, desde tiempos
coloniales, se dedicaban a la actividad ganadera (Bonatti y otros, 2005). Este municipio
presenta ?ndices de desarrollo humano catalogados entre los m?s bajos del pa?s. Seg?n
el ranking del ?ndice de Desarrollo Humano por municipio para el a?o 2016, Buenos Aires
ocupa la posici?n 70 de un total de 81 municipios.
La expansi?n del monocultivo en Buenos Aires se encuentra estabilizada y concentrada ?en a?os recientes? en la
regi?n norte del pa?s. A partir de 2008 hay un avance progresivo en las zonas altas de los distritos de Potrero Grande
y Biolley (municipio Buenos Aires), localizadas en la zona de
amortiguamiento de la Reserva de Biosfera La Amistad (RBA),
que cuenta como parte de su ?rea n?cleo con el Parque Internacional La Amistad (PILA) (mapa 1). Las comunidades de
estos territorios se caracterizaban por su preocupaci?n por la
conservaci?n de los recursos naturales mediante una producci?n
agr?cola sostenible acorde con un
modelo de desarrollo end?geno,
que promueve el aprovechamiento diversificado de los recursos
propios del territorio con un tejido
organizativo fuerte. No obstante,
el avance del cultivo de la pi?a
para exportaci?n constituye una
amenaza socioambiental para los
agroecosistemas de estos distritos,
ya que la productividad de este
cultivo se alcanza mediante el uso
de agroqu?micos altamente perjudiciales (Bonatti y otros, 2005).
Modelo socioecon?mico
tradicional de Buenos Aires
La regi?n Brunca posee una alta
diversidad cultural; particularmente en Buenos Aires existen
siete territorios de diversas etnias
ind?genas, entre ellas los cab?car
de Ujarr?s y los bribri de Salitre y
Cabagra. Dichos territorios se ubican en la zona de amortiguamiento de la RBA, en la vertiente del Pac?fico. Los pueblos bribri
y cab?car hist?ricamente han practicado el sistema de producci?n denominado policultivo, cuya base ha sido el cultivo
de frijoles, ma?z, ra?ces, tub?rculos, cucurbit?ceas y frutales,
adem?s de plantas de uso medicinal, entre otros. Este sistema en lengua bribri es denominado Skowak y es b?sicamente
la emulaci?n de un bosque tropical (Mart?nez Castillo, 2004;
Borge, 2011). Sin embargo, estos territorios han sido alterados
con la imposici?n de un sistema menos diversificado para la
Mapa 1. ?rea de estudio, Reserva de Biosfera La Amistad
Fuente: Elaboraci?n propia a partir de datos del Atlas del Instituto Tecnol?gico de Costa Rica, 2008.
30 34.4
producci?n de granos como ma?z y frijoles, y con la ganader?a
introducida por los espa?oles, que en lengua bribri se denomina Sikwa. Mart?nez Castillo (2004) describe el desarrollo de
ambos modelos, seg?n se indica en el cuadro 1.
Cuadro 1. Desarrollo comparativo de modelos
de producci?n
Desarrollo Sikwa (occidental) Desarrollo Skowak (ind?gena)
Mercantiliza la naturaleza
Atom?stico: separa las cosas
Desnaturaliza la sociedad
Privatiza la naturaleza
La naturaleza es sagrada
Hol?stico: todo est? enlazado
Naturaliza la sociedad
Socializa la naturaleza
Fuente: Mart?nez Castillo, 2004.
Tambi?n Amador (2008) hace referencia al fen?meno de
mezcla de culturas en la regi?n entre pobladores ind?genas
con no ind?genas ?sobre todo provenientes de la Meseta Central? y con pobladores de la provincia paname?a de Chiriqu?,
dedicados principalmente a la producci?n de granos b?sicos
y a la ganader?a. As?, hist?ricamente, las actividades socioecon?micas de la regi?n Brunca se han basado en la producci?n agropecuaria de autosustento, con alguna producci?n
de excedentes para comercializaci?n o intercambio.
Implicaciones del modelo socioecon?mico en Buenos
Aires a partir de la expansi?n del monocultivo de pi?a
Costa Rica no registra evidencias de planificaci?n para la producci?n de pi?a. El aumento acelerado de las ?reas de cultivo
ha sido el resultado de la gran demanda en el mercado. En
Buenos Aires, el sistema productivo extensivo de pi?a se implementa en un contexto ecol?gico degradado desde antes
de 1980, con una importante extensi?n de pastos y una deforestaci?n acelerada entre 1950 y 1980 que se tradujeron en un
paisaje biol?gicamente poco diverso. La vegetaci?n boscosa
se concentra pr?cticamente en los cauces de los r?os y en las
partes altas que corresponden a la Cordillera de Talamanca,
incluyendo los territorios ind?genas de Cabagra, Salitre y Ujarr?s.
La compa??a PINDECO (Del Monte) se instal? en antiguos latifundios dedicados a la ganader?a, con lo que el principal cambio de uso fue de pasto a cultivo de pi?a. El sistema
produce fruta fresca para exportaci?n. Se trata de un circuito
cerrado o en autoclave, organizado de modo industrial y en
el que cada unidad productiva es solo una parte de la cadena o l?nea piramidal del proceso productivo (Bonatti y otros,
2005).
En 1979 la explotaci?n en Buenos Aires era de 500 hect?reas y para principios de los noventa el ?rea sembrada alcanzaba las 2500 hect?reas a lo largo de aproximadamente 36
km del eje de la carretera Interamericana Sur, en los poblados de
Volc?n y Buenos Aires. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014 del Instituto
Nacional de Estad?stica y Censos
(INEC), la extensi?n sembrada
de pi?a fue de 37 659,9 hect?reas
para todo el pa?s, de las cu?les
7101,7 fueron registradas en Buenos Aires.
En el mapa 2 se observa la distribuci?n espacial del cultivo y su
avance de 2000 a 2015, con ?nfasis en Potrero Grande y Biolley,
donde se evidencia la expansi?n
m?s reciente, aproximadamente a
partir de 2008.
Se estima que en 2011 PINDECO ha generado m?s de 5000
empleos directos y m?s de 3000
indirectos en la regi?n. Esto ha
constituido una raz?n de peso
para que muchas familias vean en
la actividad pi?era una fuente de
desarrollo para sus comunidades,
tradicionalmente con pocas opciones de empleo y crecimiento
socioecon?mico. Como se?alan
Shaver y otros (2015), al estudiar
la expansi?n pi?era en una porci?n del Corredor Biol?gico San
Juan-La Selva, en el noreste del
pa?s, se evidencia que esta actividad concentra tierras, mano
de obra y recursos financieros, lo
que genera un efecto homogeneizador en la econom?a agr?cola, as?
como en la ecolog?a de los paisajes tropicales.
En la actualidad muchas personas, sobre todo varones j?venes y jefes de hogar, han pasado
Mapa 2. Expansi?n del monocultivo de pi?a entre los distritos
Potrero Grande y Biolley
A. Expansi?n del monocultivo entre 2000 y 2015. B. Detalle del ?rea de expansi?n en 1970. C.
Detalle del ?rea de expansi?n en 2017. Fuente: elaboraci?n propia a partir de datos del sistema de
monitoreo de cambio de uso de la tierra en paisajes productivos vinculado a tenencia (MOCUPP).
Fotograf?as de Google Maps, 2018.
34.4 31
a emplearse de forma precaria en la agroindustria pi?era,
tanto en la plantaci?n como en las plantas de empaque y
procesamiento de la fruta, con lo que la actividad agr?cola
familiar ha quedado relegada a un segundo plano o ha sido
del todo abandonada. Este cambio en el sector de ocupaci?n
y las condiciones del empleo en la agroindustria han tenido
repercusiones socioecon?micas negativas en muchas familias de la regi?n que se reflejan en un pobre equilibro entre
los modelos de desarrollo regional, una pobre atenci?n al
modelo end?geno y el favorecimiento del modelo ex?geno.
Parcelas con producci?n diversificada en territorios
ind?genas: potenciamiento del modelo de desarrollo
end?geno
Ujarr?s, Salitre y Cabagra son los tres territorios ind?genas del
cant?n de Buenos Aires que est?n ubicados en el sector Pac?fico de la zona de amortiguamiento de la RBA. Su poblaci?n
supera los 6300 habitantes. El avance de la pi?a tambi?n se ha
manifestado en las partes bajas de las cuencas de estos territorios, ocupando los suelos llanos de antiguas sabanas donde
antes se desarrollaba la actividad ganadera.
Este sistema agroproductivo, basado en un modelo de
desarrollo socioecon?mico ex?geno, amenaza con alterar el
sistema tradicional de producci?n agr?cola practicado ancestralmente por los habitantes ind?genas de la regi?n consistente en peque?as parcelas familiares, usualmente con un ?rea
de tres a cinco hect?reas o, cuando se destinan a actividades
pecuarias, de mayor tama?o.
Como una alternativa para la recuperaci?n de estos modelos productivos y como parte de una estrategia para reinsertar el sistema de producci?n ancestral (Skowak) en estos
territorios, el Laboratorio de Ecolog?a Urbana de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), implementa el proyecto
denominado ?Alternativas de desarrollo sostenible y conservaci?n de bosque en los territorios ind?genas de la zona de
amortiguamiento del sector Pac?fico del PILA?, cuyo prop?sito es el establecimiento de fincas con producci?n agropecuaria diversificada y la conservaci?n del bosque tropical. La
iniciativa promueve la agroforester?a como modelo de manejo de las parcelas productivas que permita emular el sistema
tradicional Skowak. Las fotos presentan ambos sistemas de
cultivo.
Este proyecto promueve un modelo de desarrollo regional end?geno basado en la agricultura familiar diversificada,
con principios agroecol?gicos como alternativa para hacer
frente a la expansi?n del monocultivo de la pi?a y sus implicaciones.
La implementaci?n de iniciativas productivas en la modalidad de agroforester?a en peque?as parcelas ha permitido aumentar la cobertura boscosa en m?s de 152 hect?reas,
diversificar la agroproducci?n familiar y mejorar la conectividad biol?gica, en contraposici?n con la propuesta del modelo de producci?n de pi?a, como monocultivo extensivo,
que no favorece la conectividad ni la diversidad biol?gica.
La diversificaci?n de la producci?n y el fomento de las
econom?as de autosustento mejoran de forma directa la seguridad social de las familias beneficiarias, al aumentar su
disponibilidad y variedad de fuentes de alimento y reducir
la necesidad de emplearse laboralmente en la producci?n de
pi?a, tanto para su cultivo como en el proceso agroindustrial
para la exportaci?n. La posibilidad de replicar esta experiencia en otros sectores de los distritos de Potrero Grande y Biolley podr?a favorecer el logro de resultados similares, a mayor
escala, dentro de la RBA.
Yazm?n Le?n Alfaro
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 111-4250.
yazmin.leonalfaro@ucr.ac.cr
Frank Gonz?lez Brenes
Laboratorio de Ecolog?a Urbana. Universidad Estatal a Distancia,
Costa Rica.
fgonzalezb@uned.ac.cr
Nieves L?pez Est?banez
Departamento de Geograf?a. Universidad Aut?noma de Madrid,
Cantoblanco, 28049.
nieves.lopez@uam.es
Referencias
- Amador, J. L. 2008. Historia y tradici?n en Potrero Grande:
un pueblo costarricense de origen chiricano-paname?o
(vol. 4). San Jos? de Costa Rica: EUNED.
- Bonatti, J., Borge, C., Herrera, B., y Paaby, P. 2005. Efectos ecol?gicos del cultivo de la pi?a en la cuenca media del r?o
General-T?rraba de Costa Rica. Informe T?cnico No. 4, elaborado por SEDER para TNC. San Jos?, Costa Rica.
- Borge, C. 2011. El policultivo ind?gena de Talamanca y la
conservaci?n de la naturaleza. San Jos? Costa Rica: Editorial
INBio.
- Mart?nez Castillo, R. 2004. La estructura cultural ind?gena en Talamanca. Revista PRAXIS 57, pp. 37-48. Recuperado de: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis/article/
view/4382
- Shaver, I., Chain-Guadarramab, A., Cleary, K. A., Sanfiorenzoa,
A., Santiago-Garcia, R. J., Finegan, Waits, L. P. 2015. Coupled
social and ecological outcomes of agricultural intensification in Costa Rica and the future of biodiversity conservation in tropical agricultural regions. Global Environmental Change 32, pp. 74-86.
Plantaci?n de pi?a en la zona de amortiguamiento de la Reserva
de Biosfera La Amistad. F. Gonz?lez Brenes
Parcela bajo sistema agroforestal con caf?, pl?tano y ?rboles
Inga en el territorio ind?gena de Cabagra. F. Gonz?lez Brenes
32 34.4
Cajamarca, Colombia: entre
el oro a cielo abierto y la
agroecolog?a a campo abierto
Estrategias de persistencia social y productiva
LUIS FELIPE CARRANZA ROJAS, ?LVARO ACEVEDO-OSORIO
Colombia, como otros pa?ses de Am?rica Latina, est? inmersa en un modelo de desarrollo
extractivista con propuestas de empresas multinacionales que incluyen megaproyectos
de miner?a, hidrocarburos y agroindustria. Este modelo es atractivo para la econom?a
global, por lo que los gobiernos recientes han flexibilizado su legislaci?n ambiental y
minera para hacer al pa?s m?s atractivo para la inversi?n extranjera, llegando incluso a
pasar sobre los derechos de las comunidades (G?bel y Ulloa, 2014).
Una de estas multinacionales es la
Anglogold Ashanti (AGA), que lleg? al pa?s con el inter?s de explorar yacimientos mineros en diferentes lugares
del territorio nacional. Se han estructurado hasta el momento tres grandes
proyectos mineros: Gramalote en el
municipio de San Roque, Antioquia;
Quebradona en Jeric?, Antioquia, y La
Colosa en Cajamarca, Tolima (mapa 1).
Se estima que en el pa?s est?n las mayores reservas de oro previstas por AGA
(CSC, 2013), especialmente en la mina
La Colosa, con una tasa de producci?n
estimada entre 591 600 y 1 035 300 onzas de oro por a?o (CSC, 2013) superando la producci?n de las m?s grandes
minas productoras de oro del mundo,
ubicadas en Sud?frica y administradas
tambi?n por AGA.
La explotaci?n de oro a cielo abierto
es conocida por los da?os ambientales
que ocasiona, como la contaminaci?n
de fuentes h?dricas, la p?rdida de flora
y fauna, cambios topogr?ficos y alteraci?n de los suelos y, por
otro lado, por sus impactos sociales, como el encarecimiento
del costo de vida, la migraci?n de poblaci?n, el cambio en las
actividades econ?micas, as? como la desestructuraci?n de las
redes comunitarias que dan soporte a los territorios.
El municipio de Cajamarca se ha destacado por su alta producci?n agr?cola de alimentos de la canasta b?sica, llegando a
conocerse como ?La despensa agr?cola de Colombia?. Desde
hace m?s de 20 a?os, la Asociaci?n de Productores de la Cuenca del R?o Anaime (APACRA) ha consolidado una propuesta
productiva que surgi? de procesos de formaci?n agroecol?gica, evolucion? hacia procesos de transformaci?n y aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad regional y, m?s
recientemente, hacia la defensa del territorio amenazado por
el proyecto de la mina La Colosa. En este art?culo se muestra
Mapa 1. Ubicaci?n de proyectos
mineros de AGA en Colombia
Fuente: http://www.anglogoldashanticolo
mbia.com/proyectos/
Quebradona
Gramalote
La Colosa
la evoluci?n que ha tenido la asociaci?n
y la manera en que esta propuesta de
producci?n agroecol?gica ha logrado
constituirse en alternativa para hacer
frente al conflicto socioambiental que
amenaza a este territorio productor de
alimentos.
La pr?ctica agroecol?gica en
APACRA
APACRA surgi? a partir de un proceso
de capacitaci?n denominado Escuela
de Sistemas Productivos, desarrollado
por la ONG Semillas de Agua, que deriv? en el mejoramiento de fincas a partir
de la agroecolog?a. El proyecto buscaba
la protecci?n y manejo adecuado de la
cuenca del r?o Anaime para la protecci?n del agua. La capacitaci?n fue fundamentalmente pr?ctica y se realiz? en
las fincas de los participantes. En este
primer proceso de capacitaci?n, que se
desarroll? entre 1998 y 2002, participaron 45 productores.
Las principales actividades t?cnicas para la producci?n
implementadas en las fincas fueron la preparaci?n de abonos
org?nicos, huertas, filtros de purificaci?n de agua, biodigestores, pr?cticas de conservaci?n de suelos, reforestaci?n, protecci?n de la fauna silvestre y control natural de plagas.
El procesamiento agroindustrial con aprovechamiento de
la agrobiodiversidad regional, comenz? con la preparaci?n
de galletas de chachafruto (Erythrina edulis), una leguminosa arb?rea con granos comestibles de alto valor proteico.
Despu?s de muchos ensayos, con esta especie se logr? un
producto estrella para la venta. En 2001 se instal? el primer
punto de venta en la plaza principal de Cajamarca, una caseta
artesanal para la venta de productos elaborados por los socios
de APACRA. La tienda comenz? con productos frescos de
las huertas, especialmente hortalizas. Posteriormente, con el
34.4 33
proceso agroindustrial en peque?a escala, se elaboran para
la venta yogures de papayuela (Vasconcellea pubescens), cidra (Sechium edule), caf? (Coffea ar?biga), gulupa (Passiflora
pinnatistipula) y mora (Rubus glaucus); dulces de papayuela,
tortas de zanahoria (Daucus carota), arequipe o manjar de
arracacha (Arracacia xanthorrhiza).
El emprendimiento con base en la producci?n agroecol?gica ha logrado consolidar 26 productos diferentes en el
mercado y una planta de procesamiento que desde hace
cinco a?os cuenta con asesor?a profesional de un ingeniero de alimentos y es administrada por una de las socias de
APACRA.
Las innovaciones han sido de las mujeres dado que estas
ideas comenzaron en sus cocinas. Los varones apoyan en la
producci?n de la materia prima pero los procesos de transformaci?n los realizan las mujeres.
De esta manera a partir de un proceso de formaci?n y
pr?ctica de la agroecolog?a, se dio origen a un emprendimiento que ha traspasado la frontera local, ha posicionado
productos con identidad regional y ha generado una alternativa productiva y econ?mica que garantiza la conservaci?n
de los recursos naturales, la organizaci?n de los productores,
el despliegue de su creatividad y mejores condiciones de
bienestar para estas familias agricultoras en la regi?n.
La sociedad civil contra la miner?a
Con la presencia de AGA y su intenci?n de explotar la mina
La Colosa en Cajamarca, la comunidad inici? diferentes procesos de movilizaci?n para alertar y cuestionar el accionar de
la empresa. Marchas, demandas, comunicados, expresiones
culturales de protesta e incluso alianzas con figuras pol?ticas
se han constituido en el repertorio de movilizaci?n de quienes est?n a favor o en contra del proyecto minero. Cajamarca
pas? de ser un municipio con baja movilizaci?n ciudadana a
emprender procesos de resistencia que hoy son hitos a nivel
nacional.
Los agricultores locales eran conscientes del riesgo de un
proyecto de esa magnitud para su econom?a, su cultura y su
estilo de vida. La defensa de la vocaci?n agr?cola y la vida
campesina fue el principal argumento alrededor del cual la
comunidad se articul? para movilizarse en contra del proyecto minero La Colosa.
Las multinacionales mineras tienen un fuerte apoyo
del Estado central, que les brinda garant?as administrativas
y legales para desarrollar proyectos mineros en el pa?s. En
cambio, las econom?as campesinas se encuentran en una creciente crisis por diversos factores: la falta de apoyo estatal, el
conflicto armado, la creciente importaci?n de alimentos, el
alto costo de los insumos y el cambio clim?tico. De esta situaci?n se aprovechan las empresas y el Estado para vender los
proyectos mineros como la soluci?n a la crisis econ?mica que
afrontan las econom?as campesinas, planteando que dichos
proyectos pueden ofrecer mejores condiciones laborales a las
comunidades.
La campa?a de resistencia por parte de la comunidad es
liderada por un comit? de varias asociaciones conformado
en 2011: la red de Organizaciones Sociales y Ambientales
de Anaime (OSADA) se convirti? poco despu?s en el Comit? Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, al cual
pertenece APACRA desde sus inicios. Entre otras acciones, el
comit? analiza permanentemente los acontecimientos alrededor de la mina. Desde 2016 se dedicaron esfuerzos a la organizaci?n de la consulta popular realizada el 26 de marzo de
2017. Para APACRA, participar de este movimiento signific?
tomar una posici?n pol?tica de protecci?n del territorio y defensa de las formas de vida propias; la gente de la regi?n consideraba que APACRA ten?a que participar en esta campa?a
en contra de la miner?a por ser precisamente los ?cuidadores
del ambiente?. En alianza con otras organizaciones locales,
APACRA logr? adquirir la fuerza necesaria para incidir pol?ticamente en contra de la mina, algo que no hubiera podido
hacer como organizaci?n aislada.
Entre todas las actividades realizadas en contra de la
mina, la estrategia que mayor impacto ha generado ha sido la
?consulta popular?, iniciativa de participaci?n ciudadana reconocida en la Constituci?n nacional, donde se pregunt? por
la conveniencia o no de que dicho proyecto se desarrollara
en el territorio. El resultado de este proceso democr?tico fue
una victoria contundente para el movimiento que se resiste
al proyecto La Colosa, pues de los 6296 votos v?lidos que se
registraron, 6165 (98%) fueron por el NO, frente a 76 (1,2%)
por el S?, constituy?ndose en una innegable manifestaci?n
p?blica de la comunidad de Cajamarca que expres? su negativa a que se realicen actividades mineras en el municipio.
Tras este resultado, la multinacional AGA tuvo que frenar sus
actividades de exploraci?n.
La construcci?n de una alternativa productiva de base
agroecol?gica frente a la miner?a
Durante el proceso de movilizaci?n en contra del proyecto
minero La Colosa, uno de los retos m?s dif?ciles para el movimiento fue la construcci?n de alternativas frente al modelo
econ?mico minero; se trata de un sistema basado en la agricultura convencional que no genera considerables activos,
frente a la megaminer?a que atrae una gran cantidad de dinero como regal?as, empleo e inversi?n social. Las multinacionales aprovechan la precariedad de las econom?as locales
para ganar la voluntad de los pobladores al convertirlos en
beneficiarios de peque?os proyectos productivos o vincularlos laboralmente a sus proyectos.
Punto de venta en Cajamarca, Tolima. Cristian David Espitia ?Carrao?, expresi?n cultural usada para mostrar la diversidad
productiva del territorio. Cielo Esperanza B?ez
34 34.4
En este sentido toma relevancia la propuesta de APACRA,
que se form? 20 a?os antes de la llegada del proyecto minero,
como una propuesta alternativa de agricultura en el municipio. A trav?s de la agroecolog?a lograron una producci?n
de alimentos sanos para el autoconsumo y el mercado sin
afectar a la naturaleza; generaron una alternativa econ?mica
sostenible por su calidad y rentabilidad al dar valor agregado a su producci?n agropecuaria a partir de los recursos de
la agrobiodiversidad regional. La propuesta de APACRA ha
sido reconocida por el movimiento social contra La Colosa
como una alternativa efectiva. Desde el punto de vista ambiental, garantiza la conservaci?n de suelos y el uso sostenible
del agua; conserva la biodiversidad y el paisaje del territorio.
Desde el punto de vista sociocultural, impulsa los procesos de
organizaci?n para la producci?n y comercializaci?n de productos sanos, protege el legado de conocimientos propios de
los agricultores y fortalece procesos de identidad territorial.
Desde el punto de vista pol?tico, apuesta por la justicia social
y ambiental en medio de la crisis generada por la explotaci?n
minera en esta ?despensa agr?cola?. En la propuesta agroecol?gica de APACRA, la poblaci?n de Cajamarca encontr? los
argumentos esenciales para oponerse al proyecto minero de
La Colosa.
La experiencia de APACRA demuestra que el territorio
tiene capacidades humanas y sociales para enfrentar el riesgo
de la megaminer?a con creatividad y afirmaci?n de su identidad agraria. La historia de APACRA como organizaci?n que
evoluciona desde la transformaci?n productiva de base agroecol?gica hasta la defensa del territorio y un discurso sobre
el buen vivir estructurado en su larga experiencia, representa
una oportunidad importante para que las comunidades del
territorio analicen su pertinencia como un referente alternativo de desarrollo, nacido en la autonom?a de las comunidades
que han configurado el territorio donde habitan. Distintos estudios realizados en contextos de conflictos socioambientales
centrados en miner?a ratifican la importancia de estas iniciativas locales (Jim?nez, Doughman y Montoya, 2013).
La sociedad debe reconocer no solo el triunfo pol?tico de
la comunidad de Cajamarca, que rechaza democr?ticamente
la explotaci?n minera en el territorio, sino tambi?n fortalecer iniciativas como la producci?n agroecol?gica por su alto
potencial para revitalizar la territorialidad de un pa?s rico en
recursos naturales y culturales como Colombia.
Luis Felipe Carranza Rojas
Polit?logo. Universidad del Tolima.
luisfeliperojas1994@gmail.com
?lvaro Acevedo-Osorio
Doctor en agroecolog?a. Profesor de la Universidad Nacional de
Colombia.
aacevedoo@unal.edu.co
Referencias
- Colombia Solidarity Campaign (CSC). 2013. La Colosa: Una
muerte anunciada. Informe alternativo acerca del proyecto de miner?a de oro de Anglogold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia. Londres.
- G?bel, B., y Ulloa, A. 2014. Extractivismo minero en Colombia y Am?rica Latina. Bogot?: Universidad Nacional de Colombia.
- Jim?nez, N., Doughman, R., y Montoya, L. 2017. Las Cajamarcas: el buen vivir como tejido de lazos alternativos al extractivismo y a los conflictos eco-territoriales en Colombia y Per?. Revista de conflictos sociales latinoamericanos 5, pp.
76-92.
Las socias. Cristian David Espitia
34.4 35
Redefiniendo el v?nculo
rural-urbano
El consumo de proximidad en la
Comunidad de Madrid, Espa?a
JOS? LUIS CRUZ, ANA DORREGO CARL?N
La Comunidad de Madrid (CM) es una de las regiones m?s densamente pobladas de
la Uni?n Europea (UE), con 810 habitantes por km2. Adem?s, en las ?ltimas d?cadas
ha experimentado un importante proceso de urbanizaci?n. Este proceso ha ido
acompa?ado de la declaraci?n bajo la figura de espacio protegido de un importante
porcentaje de su superficie. La red de ?reas ecol?gicas para la conservaci?n de la
biodiversidad reconocidas por la UE con el nombre Red Natura 2000 representa un
39,85% de su territorio y, en concreto, los Espacios Naturales Protegidos, bajo diversas
categor?as de protecci?n, ocupan el 15% de toda la CM. En este contexto, las relaciones
rural-urbanas son especialmente delicadas.
Ara?z de la revoluci?n industrial, las zonas rurales se convirtieron en suministradoras de mano de obra para las
f?bricas y m?s tarde para el sector servicios, contribuyendo al
?xodo rural que a?n hoy se mantiene y deja las zonas rurales
con una poblaci?n reducida y muy envejecida.
A finales del siglo XX los habitantes de las urbes empezaron a considerar las zonas rurales con cierta a?oranza, lo que
provoc? un retorno a ellas los fines de semana y en ?pocas
vacacionales. Seg?n la encuesta de ocupaci?n de alojamientos rurales que realiza peri?dicamente el Instituto Nacional
de Estad?stica, entre 2001 y 2018 el n?mero de viajeros que
pernoctaron en alojamientos rurales se multiplic? por cinco.
El medio rural se ha consolidado como espacio de ocio y descanso.
Hoy nos encontramos ante una redefinici?n del medio
rural. La agricultura resurge como actividad econ?mica y
las zonas rurales son reconocidas por su importancia para
el suministro de alimentos, lo que contribuye a la reconstrucci?n de los lazos entre las zonas rurales y urbanas. Los
canales cortos de comercializaci?n (CCC) y el consumo de
proximidad son la materializaci?n de este incipiente cambio
que ya se ha producido en otras regiones de la UE. El Instituto Madrile?o de Investigaci?n y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) promueve y hace seguimiento a este
proceso de redefinici?n de relaciones entre los medios rural
y urbano desde diferentes ?mbitos. Aqu? se presentan algunas de las reflexiones realizadas sobre el papel desempe?ado
por los CCC de acuerdo a la informaci?n obtenida de distintos estudios e investigaciones. En concreto se llev? a cabo
una serie de encuestas a consumidores en general de todo
el territorio de la CM (n=1553) y a productores que venden a
trav?s de canales cortos de comercializaci?n (n=72); se realizaron estudios de caso sobre la promoci?n de productos
locales y CCC desde iniciativas municipales y auton?micas;
se realizaron observaciones participantes y entrevistas a productores mujeres y varones (Cruz y Benito, 2018).
Esta nueva forma de relaci?n rural-urbana parte de un
desapego de los consumidores hacia el modelo agroindustrial
imperante (v?ase LEISA 33-4). Una parte de los consumidores no se siente identificada con la cadena de alimentaci?n.
No se puede hablar de un ?nico motivo, sino de una serie
de desencuentros que est?n m?s o menos presentes en estos
consumidores: el respeto al medio ambiente, la contribuci?n
al desarrollo rural, la salubridad de los alimentos, las cualidades organol?pticas de los productos frescos, la p?rdida de
variedades locales, y crisis alimentarias, como el caso de la
encefalopat?a espongiforme bovina (EEB) o el de las dioxinas
en piensos para aves en los primeros a?os del siglo XXI en
Espa?a.
Por su parte, los peque?os productores cada vez ven m?s
dif?cil encajar en una cadena de alimentaci?n con m?rgenes
de rentabilidad cada vez m?s reducidos y vol?menes de producci?n y criterios de calidad dif?ciles de asumir, por lo que
buscan otras opciones. Si bien en las ?ltimas d?cadas la agricultura no ha sido vista como un ?mbito de emprendimiento,
a ra?z de la crisis econ?mica de la primera d?cada del siglo
XXI, la agricultura volvi? a ser un sector de refugio, como en
otros momentos hist?ricos. Los prejuicios y reticencias hacia
el oficio agr?cola se vieron superados por la necesidad de obtener ingresos familiares. A esto se sum? la creciente demanda de productos de proximidad que se estaba produciendo
en las ?reas urbanas. Todo ello ha hecho que cada vez haya
m?s personas que ven en la agricultura una opci?n para el
desarrollo profesional y la generaci?n de ingresos.
Los desencuentros, tanto de productores como de consumidores, con el sector agroindustrial dominante est?n favoreciendo la b?squeda de alternativas que han recibido diferentes denominaciones seg?n el pa?s y la forma en la que se
36 34.4
han desarrollado (Alternative Food Networks, sistemas agroalimentarios localizados, etc.). Se trata de enfoques con matices
diferenciadores pero que coinciden en crear lazos urbanorurales con la agricultura como argumento.
En el caso de la CM, tal vez el concepto de CCC es la mejor
forma de referirse a la diversidad de f?rmulas que han surgido
en los ?ltimos a?os. Se trata de una realidad muy din?mica
y reciente que est? en permanente transformaci?n. Se han
adoptado f?rmulas que van desde la econom?a colaborativa
hasta modelos m?s convencionales que eliminan intermediarios y llevan de la huerta a la mesa los alimentos, incorporando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnolog?as. Se trata,
en muchos casos, de una relectura de las formas m?s tradicionales de comercializaci?n en las que los propios agricultores
pon?an a la venta sus productos, pero adaptada a la realidad
social, econ?mica y de tecnolog?as de la comunicaci?n existentes actualmente en la CM.
El denominador com?n de todas estas iniciativas es la preocupaci?n por el modelo agroindustrial imperante y el inter?s
por tener una mayor informaci?n y capacidad de decisi?n con
respecto a los alimentos que se consumen. Se trata de un movimiento de abajo hacia arriba, al principio algo informal y
dinamizado por colectivos sociales con una marcada conciencia social pero en el que se han visto reflejados grupos sociales
m?s amplios, hasta el punto que las grandes superficies est?n desplegando una amplia campa?a de promoci?n de productos de proximidad como forma de adaptar su oferta a las
nuevas demandas. Sin embargo, los canales cortos permiten
al consumidor un mayor margen para decidir qu? es lo que
quiere consumir. Los peque?os productores parecen tener
m?s capacidad para adaptarse a estas demandas del consumidor. El consumidor tiene la posibilidad de apoyar, con cada
acto de compra, el modelo de agricultura que m?s se ajusta a
sus valores. Adem?s, el trato directo permite el intercambio
de informaci?n y la construcci?n de un v?nculo de confianza.
La respuesta del productor, en primera persona, sobre c?mo
entiende la agricultura o la ganader?a, evidencia los valores
que rigen el trabajo en la unidad productiva. En estos t?rminos
es m?s f?cil que el consumidor se sienta reflejado o, al menos,
que conozca directamente a las personas que trabajan para
dar forma a la cesta de la compra. Una cesta que incluye alimentos con sabor, saludables, de temporada, de proximidad,
respetuosos con el medio ambiente, entre otras caracter?sticas, que es lo que el consumidor est? buscando.
En la CM el principal reto con el que se encuentra la puesta en marcha de los CCC es que los consumidores no conocen agricultores a quienes recurrir para adquirir productos
de proximidad. La ciudad ha vivido demasiado tiempo de
espaldas al campo. Ha sido tal la ruptura de relaciones entre
la ciudad y el campo, entre la producci?n y el consumo, que
a pesar de los escasos kil?metros que hay desde las zonas de
huerta hasta las ciudades, los consumidores no saben qu? se
produce, en qu? ?poca del a?o y qui?n produce alimentos en
la regi?n de Madrid.
Un paso imprescindible es la creaci?n de espacios de encuentro entre productores y consumidores. A trav?s de internet se puede conseguir informaci?n de este tipo, pero se dan
dos circunstancias: por una parte, no todos los productores
tienen presencia en internet o redes sociales y por otra, todav?a no se ha conseguido que a trav?s de la banda ancha y de
los bites se pueda hacer llegar informaci?n ?til para el olfato
o el gusto, dos sentidos esenciales para la valoraci?n de la
calidad de los alimentos. Las ferias, actividades promocionales y sesiones informativas contribuyen a poner en contacto a
productores y consumidores. El contacto cara a cara facilita
la construcci?n de v?nculos para recuperar la confianza que
se ha perdido y que motiv? el citado desapego hacia el sector
agrario.
Una vez provocado este primer contacto, el siguiente paso
es facilitar los espacios para el intercambio comercial propiamente dicho. En los trabajos realizados por el IMIDRA, los
mercados de productores parecen ser la f?rmula m?s atractiva para los consumidores. Los productores, sin descartar esta
opci?n, consideran tambi?n de inter?s las tiendas especializadas en la medida que facilitan la log?stica, a la vez que les
permiten cierta proximidad con el consumidor final, as? como
la posibilidad de una venta algo m?s personalizada.
Una menci?n especial merecen las frutas y verduras, tanto
los consumidores como los productores coinciden en considerar estos productos de gran inter?s desde el punto de vista
de los CCC. El modelo agroindustrial ha realizado un proceso
de selecci?n de las variedades de frutas y verduras que se comercializan en favor de productos con buen aspecto, f?ciles
de almacenar y transportar en busca de la mayor rentabilidad
posible. En este proceso, se han ido perdiendo cualidades organol?pticas muy valoradas por los consumidores.
Al mismo tiempo, la ausencia de procesos de transformaci?n hace que frutas y verduras constituyan productos con
los que el consumidor tiene la oportunidad de un mayor contacto con la huerta, con la tierra y con el productor. Entiende
por lo tanto, que tiene posibilidad de incidir de forma m?s
directa en el tipo de producci?n m?s coherente con sus propios valores, ya sean estos de mayor respeto hacia el medio
ambiente, de apoyo a los productores y de colaboraci?n con
el desarrollo rural en general.
En la CM el grupo que est? contribuyendo a dinamizar
esta forma de comercializaci?n es reducido pero los resultados de las encuestas realizadas por el IMIDRA muestran un
mercado interesado en los CCC con margen de crecimiento. Actualmente son los consumidores m?s implicados en
el consumo consciente quienes se aproximan a los CCC y el
mercado potencial se encuentra en aquella parte de la poblaci?n que muestra unos valores similares, pero no tienen
posibilidad o no est?n dispuestos a hacer grandes esfuerzos
adicionales para abastecerse. Facilitar espacios o f?rmulas
que permitan una log?stica m?s c?moda, tanto para consumidores como productores, permitir?a una mayor presencia
de este tipo de canales de comercializaci?n. Este esfuerzo
log?stico es, adem?s, uno de los retos para la conexi?n entre
territorios.
Jos? Luis Cruz
Investigador y jefe de servicio de Desarrollo Rural del Instituto
Madrile?o de Investigaci?n y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA)
joseluis.cruz@madrid.org
Ana Dorrego Carl?n
Centro de Investigaciones de Zonas ?ridas CIZA-UNALM (Per?)
y colaboradora del Observatorio para una Cultura del Territorio
(Espa?a)
anadorrego@gmail.com
Referencias
- Cruz, J. L., y Benito, A. 2018. Canales cortos de comercializaci?n. Madrid: IMIDRA.
- LEISA revista de agroecolog?a. 2017. Relaci?n de confianza
entre consumidores y agricultores. Vol. 33, n. 4. Lima: Asociaci?n ETC Andes.
- Muchnik, J. 2006. Sistemas agroalimentarios localizados:
evoluci?n del concepto y diversidad de situaciones. III
Congreso internacional de la Red Sial ?Sistemas Agroalimentarios Locales? Alimentaci?n y Territorios ?ALTER 2006? Baeza
(Ja?n), Espa?a, 18-21 de Octubre 2006.