Bolivia: radiograf?a pol?tica de la cuesti?n agraria y territorial

14-03-2019
Radiograf?a pol?tica de la cuesti?n agraria y territorial

Arturo D. Villanueva Ima?a
Rebeli?n

1. Antecedentes hist?ricos
Las revoluciones agrarias, lo mismo que las revoluciones sociales, han tenido y se les ha otorgado un fuerte contenido econ?mico y clasista muy excluyente, asociado exclusivamente a la lucha por el control y apropiaci?n de la tierra que disputan sectores y clases sociales en conflicto. Siempre ha destacado el ?nfasis materialista, posesivo y clasista. Es decir, en la generalidad de los casos, se ha ignorado y despreciado las connotaciones culturales, ?tnicas y territoriales, bajo el argumento que, casi por definici?n, las revoluciones agrarias ten?an que dejar de lado y superar viejos, in?tiles e inservibles resabios hist?ricos que imped?an el avance, el progreso y la modernidad social, econ?mica e hist?rica.

Lo indio, sus culturas y la forma de relacionamiento territorial y con la naturaleza, siempre fueron vistos con desde?o y hasta con una fuerte carga racial, excluyente y discriminadora; como una r?mora y una carga in?til para el progreso de tipo occidental y capitalista. La antigua carga colonial y colonialista, se reproduc?a bajo nuevas formas de dominaci?n y sometimiento.

En el caso de Bolivia, el an?lisis hist?rico tradicional da cuenta que en el pa?s se ha producido una reforma agraria que coincide con la revoluci?n nacional de 1952. Es m?s, que en consonancia con la significaci?n transformadora de la revoluci?n social, la reforma agraria tambi?n implic? profundos cambios en la tenencia de la tierra y un gran avance hist?rico y social.

Nadie ha logrado percibir que se trat? de una revoluci?n agraria con los ojos puestos en el retrovisor y el pasado, y por tanto conservadora y reaccionaria. Si bien supuso la liberaci?n de la condici?n servidumbral del pongueaje que los terratenientes y las haciendas de corte feudal impon?an sobre los indios; en cambio, obstru?a las puertas para imaginar y realizar una v?a alternativa comunitaria, territorial y social, a la fase pro burguesa y capitalista que se instauraba.

Al proceder al fraccionamiento y parcelaci?n de la tierra para que ?sta sea entregada en peque?os pegujales particulares (que convert?an al ind?gena en campesino, y a la antigua comunidad colectiva y territorial en propiedades individuales privadas), en realidad lo que se estaba provocando no solo era una nueva embestida hist?rica contra la l?gica andina del ayllu (que conservaba un manejo y relaci?n territorial con la tierra), sino que contribu?a a provocar la destrucci?n de las relaciones comunitarias y culturales (que resguardaban la capacidad de combatir el r?gimen de la propiedad capitalista individual que se les impon?a). Es decir, se anulaba la posibilidad de generar una alternativa al sistema capitalista que, en ese momento, los estaba conduciendo e iniciaba una nueva fase de penurias y empobrecimiento sistem?tico debido a la minifundizaci?n, el fraccionamiento de sus territorios y a la marginaci?n de los ayllus y las comunidades ind?genas respecto del Estado y la econom?a.

Este fen?meno excluyente se remota hasta la ?poca de la colonia, y lamentablemente se ha repetido bajo diferentes disfraces salvo en aquel caso del S. XVI, cuando ante la reformas del virrey Toledo se produjo un acuerdo t?cito sancionado por la repetici?n y la costumbre, y que Tristan Platt dio en llamar un ?pacto de reciprocidad? [1] /. Un pacto por el cual se logra resguardar y proteger nada menos que sus autoridades, sus territorios y su autogobierno. Es decir, un pacto entre iguales donde el Estado reconoce a las autoridades tradicionales de los ayllus, el autogobierno de sus jurisdicciones, y el manejo aut?nomo del r?gimen de tenencia de la tierra, a cambio de una tasa monetaria, prestaciones laborales y otros servicios a las autoridades civiles y religiosas.

Por extra?o que pudiera parecer, y a pesar de algunas mutaciones y cambios que se produjeron a lo largo de los a?os en la forma y destino de los valores (pero que no cambian en esencia el concepto), se trata de un pacto que muy a pesar de las reformas liberales y la ley de exvinculaci?n de 1874, e inclusive de la propia reforma agraria de 1953, sorprendentemente se extendi? hasta a?os recientes en algunos lugares altipl?nicos, tal como dan cuenta los hallazgos del propio Tristan Platt o de Silvia Rivera C., seg?n se puede establecer de estudios etnogr?ficos e hist?ricos efectuados y que son mencionados en la misma obra.

Estos antecedentes hist?ricos previos a la reforma agraria de 1953, son precisamente las reformas liberales y la ley de exvinculaci?n comunitaria de 1874. Ellas, al margen de efectuar una reforma tributaria (bajo el argumento de ser m?s igualitaria), retirar la llamada moneda feble (que destruy? una pr?spera econom?a regional y el exitoso mercantilismo agrario cacical que comercializaba los excedentes de ma?z, trigo y harinas inclusive en mercados vecinos del Per?), y efectuar una modificaci?n al r?gimen de tenencia de la tierra; tambi?n declar? abolidas las comunidades y los ayllus, as? como desconoci? a las autoridades originarias para imponer la individualizaci?n ciudadana. Es decir, dichas reformas liberales dan lugar al establecimiento hacendal y terrateniente (muchas veces fraudulento, confiscatorio y coactivo como en el caso de la pen?nsula de Taraqu por ejemplo, al borde del lago Titicaca, donde el Presidente Ismael Montes hizo secuestrar autoridades para obligarles a poner huellas digitales en documentos de transacci?n en favor de nuevos hacendados), cuyo dominio y duraci?n se extendi? hasta mediados del S. XX.

Por ello se puede se?alar que las medidas liberales de la ?poca estuvieron indisolublemente relacionadas y claramente dirigidas a hacer desaparecer la propiedad colectiva y territorial de la tierra (mismas que eran detentadas por comunidades, ayllus y markas), con tal de atender la necesidad de abrir el mercado a la libre circulaci?n de la tierra, pero sobre todo para dar lugar a la constituci?n del latifundio y la propiedad individual de la tierra.

Ahora bien, como los hechos no se producen en forma unidireccional, aquellas reformas liberales provocaron a su turno la reacci?n y resistencia ind?gena. Primero con el surgimiento de ?apoderados? reconocidos por el Estado para gestionar demandas que, aunque dieron lugar tambi?n a la aparici?n de falsos representantes que fraguaron contratos y contribuyeron a la fragmentaci?n de los ayllus y la p?rdida de extensos territorios, tambi?n origin? importantes movimientos de reconocimiento y reconstituci?n territorial que persisten hasta hoy. Un ejemplo emblem?tico es la Marka Quila Quila de la naci?n Qhara Qhara, que actualmente est? interpelando al estado plurinacional de Bolivia, precisamente para que se cumplan y apliquen sus derechos territoriales, pol?ticos y de autonom?a. Luego, posteriormente, tambi?n se expres? en la guerra federal y la rebeli?n ind?gena de 1899. En ella se enfrentaron la oligarqu?a industrial del norte contra la clase latifundista enclavada en el sur, y Pablo Z?rate el Willca [2] /, l?der y cacique hist?rico de la regi?n andina altipl?nica del pa?s, se al?a con el general Pando, apoyando a las tropas federales del norte que finalmente terminan triunfando y desplazando a los conservadores; pero con el a?adido de que tambi?n traicionan la alianza con los ind?genas, cuyos l?deres inclusive son asesinados para dar lugar a un largo proceso de recomposici?n y acumulaci?n de fuerza.

Para ello tiene que pasar una d?cada hasta la rebeli?n de 1921, cuando junto a las luchas que los enfrentaron contra los hacendados, el ej?rcito, las autoridades administrativas y judiciales de las provincias, y hasta los vecinos mestizos de los pueblos; surge nuevamente una red de caciques apoderados que aun cuando no logr? revertir la usurpaci?n de tierras y la formaci?n de grandes latifundios, en cambio s? pudo detener su avance y preservar de la voracidad olig?rquica a varios ayllus y markas que posteriormente buscaron su reconstituci?n y el reconocimiento del Estado.

La reforma agraria de 1953 por tanto, y vistas de esa manera las cosas, no es precisamente un hito revolucionario. Todo lo contrario, representa un golpe m?s a la larga intenci?n liberal, republicana y capitalista (de car?cter colonial), de terminar de destruir y hacer desaparecer los ?ltimos resquicios territoriales y colectivos que se hab?an resistido y todav?a persist?an en comunidades y ayllus ind?genas. Se trata de un nuevo intento para dar paso a la tan ansiada apertura del mercado de tierras, la propiedad privada, la homogenizaci?n y la monoculturizaci?n de la sociedad a trav?s del mestizaje y la ciudadanizaci?n (v?a campesinizaci?n de los pueblos y comunidades ind?genas). En el caso de las tierras bajas y sus pueblos ind?genas (cuya relaci?n con el Estado y la sociedad dominante no hab?an alcanzado un grado de relacionamiento y resistencia tan marcados como en la regi?n andina), la reconstituci?n latifundista y la neocolonizaci?n territorial que se extendi? a partir de la reforma agraria del 53, dio lugar dram?ticamente a la agudizaci?n de las condiciones de servidumbre y semiesclavitud por deudas que se impon?an en las barracas y los grandes latifundios, a presiones territoriales que buscaron el exterminio f?sico y cultural, y al sistem?tico arrinconamiento de las comunidades ind?genas hacia los lugares m?s alejados de la geograf?a nacional.

As? como en la fase del liberalismo, la rep?blica decidi? sacrificar el mercado interno y el pujante mercantilismo cacical con tal de sobrevivir como casta hacendal y olig?rquica dominante; as? tambi?n con la reforma agraria nacionalista de 1953, se vuelve a asestar otro golpe (v?a campesinizaci?n, homogenizaci?n cultural y marginalizaci?n excluyente), destinados a hacer desaparecer lo que se consideraban los ?ltimos resquicios ind?genas que aun persist?an en el territorio nacional, para sustituirlos y someterse a un agente externo representado por los intereses privados internacionales.

2. La cuesti?n agraria y territorial en la actual coyuntura

Ahora bien, todo este proceso de exclusi?n, destrucci?n y marginalizaci?n hist?rica que busc? la desaparici?n (cultural y f?sica) de los pueblos y comunidades ind?genas en el pa?s, se supone que se trataba de un asunto que hab?a sido superado con el establecimiento del Estado Plurinacional y la vigencia de la nueva Constituci?n Pol?tica emergente de la Asamblea Constituyente; la misma que hab?a sido convocada precisamente para resolver estos problemas de ?ntima ra?z colonial y colonizante.

Penosamente y muy a despecho de lo que se esperaba, pero sobre todo de lo que efectivamente constituye un mandato popular y constitucional establecidos y aprobados nada menos que en una Asamblea Constituyente; la problem?tica agraria y territorial no solo forma parte de las continuidades y aquella mirada de larga duraci?n que pervive en la memoria hist?rica de los pueblos ind?genas del pa?s, sino que est? sufriendo un grav?simo proceso regresivo y reaccionario, que a m?s de 13 a?os de gobierno es inocultable.

Al efecto, la marcha de la Naci?n Qhara Qhara de la regi?n andina del pa?s y de los 11 pueblos ind?genas de las tierras bajas [3] / que se encuentran gravemente afectados por avasallamientos ilegales y la amenaza de instalar y construir grandes megaobras en sus territorios, es una muy fuerte interpelaci?n al Estado Plurinacional, pero tambi?n representa la recuperaci?n de su memoria hist?rica y de las luchas de resistencia que han tenido que enfrentar desde el periodo colonial. Para quien quiera realmente entender, esta Marcha que habiendo partido de Sucre, la capital nacional, con rumbo a la sede de gobierno hace m?s de 30 d?as, est? poniendo en jaque las bases mismas de este r?gimen que ofreci? cumplir el mandato popular y Constitucional, y est? haciendo todo lo contrario.

La imposici?n del modelo desarrollista y salvajemente extractivista que impulsa, da cuenta de un proceso sistem?tico de exterminio y destrucci?n de los pueblos ind?genas, del campesinado y de la propia naturaleza. Hay que tomar que cuenta que fuera de las extensas regiones y ?reas tradicionales de exploraci?n y explotaci?n minera e hidrocarbur?fera que ya existen a lo largo y ancho del pa?s, se ha decidido ampliar y abrir tambi?n las ?reas protegidas y los territorios ind?genas a la voracidad extractivista. Se las justifica como nuevas zonas donde se pretende seguir explotando y enajenando los recursos naturales del pa?s, as? como ?reas para instalar y construir megaobras y gigantescos proyectos de infraestructura de cuestionable rentabilidad, que al margen de dar lugar a un millonario endeudamiento nacional por d?cadas, implicar? graves consecuencias de destrucci?n de la naturaleza, la expulsi?n y reasentamiento obligado de muchas comunidades ind?genas, as? como graves efectos de contaminaci?n, p?rdida de biodiversidad y riesgos de desastre, como ya se han reportado en obras similares de otros pa?ses vecinos y con las mismas empresas (chinas) contratadas.

Los casos no son pocos y tampoco aislados. Se trata de la carretera por medio del TIPNIS que ha desnudado la impostura indigenista del r?gimen; las represas hidroel?ctricas de El Bala y Chepete en el norte del departamento de La Paz; la represa de Rositas en Santa Cruz; el proyecto Ivirizu en el parque nacional Carrasco que ya ha reportado una grave y extensa deforestaci?n de la zona; el proyecto hidrocarbur?fero en la Reserva de Tariqu?a en el departamento de Tarija; el proyecto agro industrial azucarero de San Buenaventura que habiendo provocado ya una extensa deforestaci?n de tierras y bosques que no son aptas para la introducci?n de ca?a, tiene previsto ampliar semejante desastre a varias decenas de miles de hect?reas m?s; el proyecto de producci?n de etanol que supone una nueva ampliaci?n de la frontera agr?cola y la quema y chaqueo de extensas ?reas, con el ?nico prop?sito de beneficiar a los sectores agroindustriales y terratenientes, nada menos que para ?alimentar? motorizados y veh?culos, en vez de que semejante esfuerzo y recursos puedan dirigirse a la cada vez m?s cr?tica inseguridad y falta de soberan?a alimentarias que sufre y reclama el pueblo.

A todo ello se suman las actividades mineras de gran envergadura, pero tambi?n de car?cter informal y hasta ilegal que se encubren como actividades cooperativistas, que est?n provocando enormes estragos de contaminaci?n y destrucci?n de la naturaleza en los r?os amaz?nicos y yungue?os para extraer oro. Tambi?n se trata de actividades que ya incursionaron inclusive en los glaciares como el nevado Illimani de La Paz, o lejanas comunidades en el departamento de Potos?. Es el caso de la mina San Cristobal, perteneciente a transnacional corporativa Sumitomo, que extrayendo ganancias calculadas en mil millones de d?lares anuales, no solo ha tenido que trasladar de lugar a toda una comunidad rural (incluida su iglesia), sino que utiliza ingentes cantidades de agua [4] / que terminan provocando (en ambos casos mencionados) serios y graves problemas de p?rdida y contaminaci?n de aguas superficiales y subterr?neas, que son tan cr?ticas para la vida y supervivencia de todos los seres.

Como si ello no fuera suficientemente grave, en el plano agrario y forestal tambi?n se ha desatado una sistem?tica campa?a de avasallamiento e instalaci?n fraudulenta de asentamientos ilegales y tr?fico de tierras que tienden a generalizarse en los territorios ind?genas, las ?reas protegidas, las reservas forestales y las ?reas de protecci?n con elevado valor ecol?gico y biogen?tico.

El problema es que se trata de un proceso paulatinamente legitimado por instancias y autoridades del Estado llamadas a proteger y cumplir lo que determina la normativa agraria e inclusive Constitucional. Sin embargo, a t?tulo de sanear y proceder a la titulaci?n de tierras, se han dado a la tarea de repartir discrecionalmente y otorgar derechos individuales, pero a costa de convalidar avasallamientos y asentamientos ilegales, as? como de afectar los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio. Lo hacen nada menos que legitimando ocupaciones ilegales y fraudulentas en las llamadas tierras fiscales disponibles que fueron identificadas como resultado de un largo proceso de saneamiento que, de acuerdo a la ?ltima extensi?n de plazo aprobada en la ley 429 de 2013, tendr?a que haber concluido en octubre de 2017. Es decir, adem?s est?n actuando ilegalmente al margen del plazo establecido en norma.

La trama para que suceda esto ha tomado a?os. Y es que urgidos por la presi?n campesina y especialmente colonizadora (mal llamada intercultural) para acceder a la tierra, pero tambi?n comprometidos con la alianza pol?tico-econ?mica establecida con los sectores terratenientes y agroindustriales del oriente; el gobierno y estos actores corporativistas aliados encontraron y rompieron finalmente el eslab?n m?s d?bil para resolver y paliar tan enormes intereses encontrados. En vez de proceder a la reversi?n de tierras de los grandes latifundios improductivos de terratenientes y empresarios agroindustriales que especulaban con la tierra [5] /, identificaron a los territorios ind?genas, las ?reas protegidas, las reservas forestales y otras ?reas de disponibilidad fiscal resultantes del proceso de saneamiento, como los lugares donde se pod?a dotar y entregar derechos privados sobre la tierra, solo que a costa de afectar gravemente y desconocer los derechos colectivos, preferenciales y preconstituidos de los pueblos ind?genas, as? como los derechos ambientales y ecol?gicos de la poblaciones circundantes.

Es por esta raz?n que se entiende plenamente el verdadero sentido pr?ctico que se ha dado a la Ley contra el avasallamiento y el tr?fico de tierras (477 de 2013), porque es la clara muestra de un instrumento normativo que siendo que deber?a servir para evitar y proteger de dichos actos ilegales y abusivos (principalmente de zonas y ?reas estrat?gicas de servicio ambiental, ecol?gico y de biodiversidad, as? como de derechos colectivos y territoriales de los pueblos ind?genas); en realidad termina sirviendo exclusivamente para proteger y resguardar los intereses econ?micos particulares de los terratenientes, los grandes empresarios agroindustriales, e inclusive extranjeros que se apropiaron y apoderaron de grandes extensiones de tierras.

En una perspectiva de la larga memoria hist?rica que es caracter?stica de los pueblos ind?genas, se puede sostener que dicha trama corresponde a una especie de restablecimiento esp?reo y bastardeado de aquel ?pacto de reciprocidad? colonial post toledano, pero que en este caso implica nada m?s que un intercambio de favores, con el prop?sito de aniquilar y terminar de destruir a los pueblos ind?genas, a los propios campesinos, y a la naturaleza.

M?s precisamente, es la conformaci?n de un consorcio corrupto (muy similar al que se ha identificado en la justicia entre polic?as, jueces y fiscales), siendo que en este caso lo componen funcionarios y entidades gubernamentales encargadas del proceso de saneamiento por una parte, y por otra dirigentes cooptados y organizaciones campesinas y colonizadoras que se han dado a la tarea de convertir el saneamiento de tierras, en una forma de delinquir, avasallar ilegalmente, contribuir a la destrucci?n y exterminio de los pueblos ind?genas y la naturaleza, y encontrar una manera de acceder fraudulentamente a la tierra para especular. A cambio, dada la importancia num?rica y electoral de estos sectores, el gobierno se asegura de recibir el respaldo social que requieren para reproducirse en el poder indefinidamente.

Aquello que en la colonia tuvo el m?rito de proteger y conservar la autonom?a jurisdiccional de los pueblos ind?genas y sus ayllus, as? como de sus propios sistemas de gobierno y la tenencia de la tierra; ahora tienen exactamente el avieso prop?sito contrario. Se ha impuesto un corporativismo individualista de car?cter sindical y clientelar, como modo principal de distribuci?n y acceso a la tierra.

Corroborando lo sostenido, hay que recordar que dichas organizaciones campesinas e ind?genas, junto a sus dirigentes cooptados, deciden el nombramiento de autoridades ?tiles y ?comprometidas? a sus intereses (ABT, INRA, Viceministerio de tierras). Han exigido y reclamado la anulaci?n de parques nacionales y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), como es el caso del Madidi o la TCO Leco. Tambi?n han promovido y efectuado avasallamientos y asentamientos ilegales como el caso del Territorio Ind?gena Multi?tnico (TIM) en el Beni, o la reserva natural de Tucabaca en la Chiquitan?a del departamento de Santa Cruz. No han limitado esfuerzos y gestiones que abogaron por la legalizaci?n de avasalladores ilegales y la extranjerizaci?n de grandes extensiones de tierra, como en el caso de los menonitas en la regi?n forestal de Rio Negro en el Beni; e inclusive ahora no dudan en reclamar por la introducci?n de transg?nicos y el uso indiscriminado y extensivo de agroqu?micos, que entra?an tan graves problemas de dominaci?n colonial y destrucci?n de la naturaleza.

Lo que no parecen percibir, es que este consorcio corrupto, constituye tambi?n una punta de lanza de la propia destrucci?n del campesinado y los colonizadores tal como los conocemos. Al asociarse y buscar asemejarse al tipo de producci?n empresarial de monocultivo extensivo, dejan de producir en forma diversificada, y se convierten en eslabones dependientes de la cadena del valor que responde a un proceso de terciarizaci?n de la producci?n agr?cola. De esa forma, se convierten cada vez m?s en dependientes de la demanda de los supermercados y los grandes intereses comerciales. Por atender el espejismo de la acumulaci?n y la riqueza, as? como de la esperanza de mejorar las ganancias que provienen de la imagen exitista de empresarios y grandes intereses comerciales, pierden la l?gica de producci?n y el trabajo comunitario, pierden el control y manejo diversificado de las semillas, y pierden el control del mercado y la comercializaci?n de los productos. Se quedan esperando recibir mejores ingresos, cuando en realidad solo contribuyen a la acumulaci?n de riqueza de unos pocos de los que dependen y cubren su demanda.

Resultado de ello, en el mejor de los casos, tender?n a convertirse exclusivamente en productores mercantiles abastecedores de los supermercados y (quiz?s) de las grandes cadenas comerciales. Sin embargo, es claro que la mayor?a terminar?n como asalariados servidumbrales o semiesclavos de las empresas agroindustriales y los terratenientes, tal como en gran medida sucede con zafreros, recolectores de casta?a, o peque?os campesinos reducidos a la propiedad individual de min?sculos lotes de tierra. Su condici?n habr? pasado de ex campesinos y colonizadores comunitarios, a productores agr?colas individuales, pero dependientes y sometidos a la producci?n mercantil. Sin campesinos no hay seguridad ni soberan?a alimentaria; pero si esos campesinos se convierten en productores comerciales a los que solo les interesa los ingresos y la ganancia, entonces habr?n perdido su cualidad esencial que consiste en resguardar y controlar la diversidad gen?tica de las semillas, garantizar la diversidad productiva y ecol?gica, as? como reproducir el trabajo y la producci?n comunitaria.

En resumen, se puede afirmar que busca imponerse una visi?n desarrollista y extractivista de la tierra, que fortalece la iniciativa individual y la concentraci?n de oportunidades en pocas manos, en desmedro de las iniciativas colaborativas, comunitarias y asociativas que caracterizaban tradicionalmente a las comunidades campesinas e ind?genas.

Se ha retrocedido tanto que los pueblos ind?genas se conformar?an con el cumplimiento del derecho a la consulta y participaci?n consagrada constitucionalmente, cuando en realidad deber?an estar trabajando y teniendo todos los medios disponibles facilitados por el Estado, para ejercitar y cumplir su derecho a las autonom?as, sus territorios, la autodeterminaci?n, y a implementar su propia visi?n de desarrollo.

En fin, todo este proceso desarticulador, no solamente est? poniendo en juego la desaparici?n y destrucci?n material de los territorios, de los propios pueblos ind?genas y las comunidades campesinas, y la misma naturaleza, tal como hemos tratado de desmenuzar y explicar a lo largo del ensayo. En el fondo, la imposici?n del modelo salvajemente extractivista y desarrollista de claro ancestro colonial, lo que est? poniendo en riesgo es tambi?n la desaparici?n de un modo de vivir y relacionarse armoniosamente con la naturaleza, que a su turno constituye el m?s viable paradigma alternativo al sistema. Al procederse con este impulso destructivo de la comunidad como forma de vida y como l?gica de relacionamiento armonioso con la naturaleza, lo que sucede es que no solo se tiende a provocar un etnocidio y ecocidio, sino que se socavan las bases mismas de protecci?n y resguardo de la vida y las bases materiales mismas del modelo/sistema de modernidad que se pretende imponer. Es m?s, el hist?rico y recurrente intento por romper la l?gica ind?gena de control territorial y manejo comunitario del espacio y los recursos, tambi?n implica el intento de ruptura de su proyecto hist?rico, para ser sustituido violentamente por una nueva l?gica de claro contenido colonial. Adem?s, al imponerse a la fuerza (tal como se ha descrito a lo largo del texto), se rompe una forma propia de ocupaci?n, transformaci?n y manejo del espacio, ante el asalto avasallador propiciado y legitimado por el Estado (que en este caso ya no es el antiguo liberal o republicano, sino que se trata del Estado Plurinacional constituido a trav?s de la aprobaci?n de la nueva Constituci?n Pol?tica del Estado el a?o 2009).

Tal es el grave problema que atraviesan hoy los pueblos ind?genas y las comunidades campesinas, que la ofensiva de asedio y amenaza que entra?an su eventual desaparici?n, es comparable a lo sucedido con aquella Marcha por la Vida encabezada por el proletariado minero, que dirig?an las emblem?ticas organizaciones nacionales de los trabajadores de todo el pa?s, como fueron la COB y la FSTMB. Aquel dram?tico acontecimiento hist?rico que supuso nada menos que la derrota material e ideol?gica del proletariado nacional, as? como su dispersi?n, relocalizaci?n y p?rdida de sus fuentes de trabajo, fue ordenado nada menos que por el mismo Victor Paz Estenssoro, quien tambi?n hab?a firmado la reforma agraria de 1953. En 1986, cuando se produjo el cerco militar y las amenazas de bombardeo que fueron efectuadas con aviones de caza de la Fuerza A?rea Boliviana, encabezaba un r?gimen neoliberal cuyos gobiernos se extender?an hasta inicios del siglo XXI, sobre la base de un programa desideologizador que pretendi? hacer desaparecer todo vestigio marxista y de izquierda en el mundo. Al dar por concluida la guerra fr?a y producida la ca?da de los reg?menes del ?socialismo real? en varios pa?ses de Europa del este y la rep?blica sovi?tica, la idea fue declarar ?el fin de la historia? y el surgimiento de un ?nico r?gimen imperial dominante, representado por el neoliberalismo global que en el caso de Bolivia tuvo como consecuencia la completa destrucci?n ideol?gica del proletariado y sus organizaciones matrices como la COB y la FSTMB que, como efecto de tal proceso, hoy se encuentran en un estado tan deplorable de sumisi?n, falta de independencia y sometimiento frente al poder de turno, que es imposible imaginarse mayor traici?n de sus propias causas y luchas.

En el caso de los pueblos ind?genas y las comunidades campesinas, la coyuntura actual presenta el mismo riesgo de desaparici?n y destrucci?n, siendo que parad?jicamente se trata de aquel nuevo actor protag?nico y referente territorial y cultural que hab?a surgido precisamente en los mismos a?os cuando aquella vanguardia pol?tica del pa?s era derrotada y dispersada por la embestida neoliberal de la ?poca. No hay que olvidar que la primera Marcha Ind?gena por el Territorio y la Dignidad de inicios de los a?os 90, posicionaba en el espectro nacional un nuevo concepto y un nuevo protagonista social, de tipo territorial y no clasista (como hab?a sido la caracter?stica esencial de los actores protag?nicos de las luchas pasadas), que contribuy? a reinventar la resistencia y las causas hist?ricas populares del pa?s a partir de entonces.

3. ?Qu? hacer?

Plantear una propuesta alternativa al sistema dominante que impera, siempre ha sido entendido como un acto subversivo, extremista y ut?pico (sobre todo porque se lo ha asociado y se ha tenido miedo a que invariablemente suponga actos violentos de enfrentamiento, pero tambi?n porque se tiene internalizada socialmente una especie de chip de rechazo y antipat?a a todo lo que se entiende como subversivo, izquierdista y, peor, marxista).

Por eso se explica que una buena parte de la gente y el propio sistema internacional hayan optado por patear la pelota hacia adelante, para librarse de la responsabilidad de asumir y poner en marcha las medidas que corresponden frente a semejante peligro. Sin embargo, el mundo est? tan caliente (literal y figurativamente), que ya es imposible de soportar, salvo a riesgo de asumir la completa desaparici?n de la vida tal como la conocemos de manera integral.

Entonces, sin aspaviento alguno, solo queda abordar el asunto con sinceridad y honestidad intelectual. Y en el caso de Bolivia, resulta claro que dadas todas las circunstancias hist?ricas y coyunturales que se han analizado, no ser?a suficiente con emprender iniciativas destinadas a evitar la desaparici?n material de los territorios, las ?reas protegidas, los pueblos ind?genas, las comunidades campesinas y la propia naturaleza. Es absolutamente indispensable defender, proteger y preservar el modo de vida, la l?gica y las pr?cticas comunitarias de relacionamiento con el territorio, as? como la cosmovisi?n y el modo de relacionarse armoniosamente con la naturaleza que todav?a es posible encontrar en las comunidades y pueblos ind?genas. All? se encuentran tanto las respuestas para resolver los graves problemas de nuestra sociedad, la oportunidad para saldar todas las deudas hist?ricas y sociales acumuladas, as? como una alternativa viable y factible frente al sistema imperante y el propio modelo salvajemente destructivo y extractivista que pretende extenderse hasta acabar con el pa?s.

En ese sentido, un respaldo decidido a la causa, la lucha y las movilizaciones de resistencia que est?n representados en la marcha de la naci?n Qhara Qhara y los 11 pueblos ind?genas afectados por actividades extractivistas, de avasallamiento ilegal y construcci?n de megaobras, constituye una obligaci?n indispendable, si efectivamente se busca defender y proteger la vida, la naturaleza y los derechos de los pueblos ind?genas.

No hacerlo equivaldr?a a repetir el mismo libreto internacional que contin?a eludiendo su responsabilidad y haci?ndole el quite a la obligaci?n de resolver los grav?simos problemas de cambio clim?tico y destrucci?n de la naturaleza que entra?an las pol?ticas y modelos de car?cter extremadamente consumista y extractivista que el sistema capitalista predominante impone.

Notas:
[1] / Platt, Tristan., Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potos?. 2? edici?n. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2016.

[2] / Ver: Condarco Morales, Ramiro., Z?rate el ?temible? Willca. Historia de la rebeli?n ind?gena de 1899. 4? edici?n. Ed. El Pa?s. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2011.

[3] / Para un acercamiento al significado de la Marcha del pueblo ind?gena Qhara Qhara, Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252893&titular=la-marcha-de-la-naci%F3n-qhara-qhara-y-de-los-11-pueblos-ind%EDgenas-

[4] / Se calcula que en 20 a?os de contrato se utilizar?n 292 millones de metros c?bicos de agua(?!), y que el consumo de agua de esa sola mina, que alcanza a unos 35.000 metros c?bicos por d?a, supera varias veces y con creces, todo el consumo de toda la ciudad de Potos?.

[5] / Un caso emblem?tico al respecto es el referido al latifundio denominado como Bolibras de 100.000 has. de superficie. Por su localizaci?n y extensi?n cumpl?a un rol estrat?gico en la regi?n de la reserva forestal de Guarayos en el departamento de Santa Cruz a mediados de los a?os 90 cuando se destap?. La propiedad resultante de una otorgaci?n ilegal y de abuso de poder en favor de un ex ministro del gobierno de Banzer, termin? siendo revertida al dominio del Estado como resultado del esc?ndalo provocado. Sin embargo, actualmente se sabe que la tierra ha sido distribuida, pero se desconocen los destinatarios finales de la propiedad, y tampoco se ha transparentado el proceso seguido para su correspondiente adjudicaci?n, siendo que se trata de un ejemplo que deber?a servir como precedente de un grave hecho inadmisible e ilegal.

Arturo D. Villanueva Ima?a. Soci?logo boliviano, Cochabamba.