La “sala de máquinas” de las constituciones latinoamericanas

La obra más ambiciosa del constitucionalismo contemporáneo, que delata que las constituciones hacen un listado de derechos dejando escondido el tema del poder, quedando intacto el mismo modelo de organización política elitista que pactaron liberales y conservadores en el siglo XIX.
La Universidad Libre de la Quinta Región de Valparaíso, Chile, utilizará este enjundioso libro de Gargarela para su programa de Servicios y Políticas Públicas No Estatales (ni comerciales) para estudiantes y profesionales de Ciencias sociales, políticas y jurídicas, enfocado desde la crítica del poder y del estado reconociendo la importancia de la necesidad de la emergencia de los autogobiernos que se van constituyendo en la resistencia contra la guerra, el despojo y el extractivismo.



En las próximas páginas, quisiera hacer un breve repaso de los desarrollos constitucionales que se han dado en América Latina y evaluarlos teniendo en cuenta ciertas preocupaciones democráticas básicas relacionadas con el central valor del autogobierno colectivo. Para llevar a cabo esa tarea, resumiré algunos datos fundamentales de la evolución constitucional de la región, a partir de los estudios que realizara en la materia en la última década1
.
Roberto Gargarella: es abogado y sociólogo, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (uba) y la Universidad de Chicago. Tiene un posdoctorado por la Universidad de Oxford. Recibió las becas Fulbright y John Simon Guggenheim. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). Su último libro es La sala de máquinas de la Constitución (Katz, Buenos Aires, 2014).
Palabras claves: democracia, derechos, nuevo constitucionalismo, poder, América Latina.
1. R. Gargarella: The Legal Foundations of Inequality: Constitutionalism in the Americas, 1776-1860,
Cambridge University Press, Cambridge, 2010 y La sala de máquinas de la Constitución, Katz, Buenos Aires, 2014.

La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas
Entre lo viejo y lo nuevo
Roberto Gargarella

En la última década, varios países de la región modificaron sus constituciones en el marco de discursos que hacen referencia a la profundización de la democracia y los nuevos derechos. No obstante, una mirada de los nuevos textos desde una perspectiva basada en un ideal democrático-igualitario encuentra que, pese a los avances logrados, las transformaciones a menudo no son tan profundas y, sobre todo, que «lo nuevo» se mezcla con demasiada frecuencia y sin problematización con «lo viejo».
Temas como la (des)concentración del poder han sido poco abordados, y allí se encuentran las principales contradicciones de estos nuevos textos constitucionales.

La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas

En primer lugar, cabe señalar que, a pesar de las más de 200 reformas constitucionales producidas en 200 años, el panorama que encontramos no es el
de un «caos constitucional» –cada nueva Constitución procurando instaurar
un nuevo paradigma–, sino un conjunto de constituciones que se han movido dentro de canales más bien estrechos, que finalmente se remontan a los
grandes proyectos constitucionales que están en la historia más temprana
del constitucionalismo regional. Me refiero, fundamentalmente, a los tres
siguientes: a) el relacionado con el Imperio español –un proyecto de rasgos
básicamente conservadores–; b) el inspirado en la Revolución norteamericana –un proyecto constitucional de rasgos típicamente liberales–; y c) el
de la Revolución Francesa –un proyecto constitucional de rasgos radicalrepublicanos–.
Una vez consolidada la independencia regional, el constitucionalismo latinoamericano dejó de oscilar entre sus tres proyectos «madre» –conservador,
liberal, republicano– y comenzó a converger hacia canales más delgados,
definidos –en su estructura organizativa principal– en el marco de un «liberalismo-conservador». En efecto, desde 1850 hasta hoy, podría decirse, el
constitucionalismo ha tendido a moverse, en general (aunque no en todos los
casos) dentro de carriles bastante angostos, que caracterizamos a partir de
dos «marcas» principales.
La primera marca de identidad es la que dejó el acuerdo liberal-conservador de
mediados del siglo xix, vinculada a la organización del poder. Desde entonces, América Latina mantiene una división de poderes fundamentalmente tripartita, ladeada hacia el Poder Ejecutivo y territorialmente concentrada. Ese
esquema aparece basado, ante todo, en una general desconfianza hacia la ciudadanía –punto de encuentro que favorece decisivamente el acuerdo liberalconservador–, lo cual ha redundado en sistemas políticos que desalientan (con
las reservas conocidas) la participación autónoma de la ciudadanía y las diversas formas de control y decisión populares. Al mismo tiempo, el modelo liberal-conservador generó Poderes Legislativos con dificultades para funcionar
autónomamente del Ejecutivo y Poderes Judiciales que aparecen habitualmente amenazados por la enorme capacidad de injerencia del partido dominante
(expresado normalmente en el Ejecutivo) en sus asuntos.
La segunda marca quedó definida un siglo después, a mediados del siglo xx,
cuando se integraron a la vieja estructura algunas de las demandas asociadas
a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la «cuestión social»
–«cuestión social» que los líderes del pacto liberal-conservador habían decidido
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postergar–. Desde entonces, se introdujeron cambios relevantes en las declaraciones de derechos propias del siglo xix: hoy, las viejas listas de «derechos liberales clásicos» anexan amplios compromisos con derechos sociales, económicos
y culturales.
Lo importante de lo que varió con la llegada del nuevo siglo, de todos modos,
no se equipara con lo importante de lo que no cambió: permanecen desde el
siglo xix, casi intocadas, estructuras de poder a la vieja usanza, que consagran
un poder concentrado y pocas posibilidades para la intervención popular en
política. Dentro de ese marco, se produce la llegada del «nuevo» constitucionalismo regional entre fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi2
. Y aquí, otra
vez, lo que predomina son las continuidades. En este caso –insistiría–, continuidades gravemente acentuadas. En efecto, no se producen cambios importantes ni en la organización del poder ni en las declaraciones de derechos.
Las renovadas declaraciones de derechos se expanden aún más, para hacer
mención a grupos antes no tomados en cuenta, a intereses antes no contemplados o a derechos humanos antes dispersos u ocultos detrás de algunos de
los derechos ya existentes. Simplemente, «no había mucho nuevo que inventar»: los intereses fundamentales de la ciudadanía latinoamericana estaban
básicamente contemplados ya en las viejas constituciones.
No fue negativo, entonces, que se nombrara lo no nombrado (derechos nuevos,
grupos particulares). Sin embargo, lo que se adoptó entonces fue, en todo caso,
algo más o mejor de lo que ya se tenía, pero
no algo estructuralmente diferente. Puede sostenerse lo mismo en relación con los cambios
introducidos en el nivel de la organización del
poder. Se produjeron ciertas modificaciones
interesantes dentro de la organización tradicional: se acortaron mandatos en algunos casos, se
los extendió poco después, se agregaron algunos controles nuevos sobre el Poder Ejecutivo
(Ministerio Público, Consejo de la Magistratura), al tiempo que se le concedieron poderes que no se le habían reconocido
antes (como las facultades de intervención en asuntos legislativos). Tal vez, lo
mejor que ocurrió en el área fue algo que sus creadores no anticiparon bien,
2. Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau: «Fundamentos teóricos y prácticos del nuevo constitucionalismo latinoamericano» en Gaceta Constitucional No
48, 2011, p. 312; Armin von
Bogdandy, Héctor Fix-Fierro y Mariela Morales Antoniazzi (coords.): Ius constitutionale commune
en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, unam, México, df, 2014.
Lo que se adoptó
entonces fue, en
todo caso, algo más
o mejor de lo que ya
se tenía, pero no
algo estructuralmente
diferente n
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La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas
pero que iba –aunque muy modestamente– en línea con lo que aquí venimos
sugiriendo: cambios sobre alguna de las «palancas del poder» dirigidos a favorecer el acceso ciudadano a la «sala de máquinas» del constitucionalismo.
Así, por ejemplo, ocurrió con las «pequeñas pero significativas» variaciones
impulsadas en materia judicial, destinadas a facilitar y expandir la «legitimidad jurídica» necesaria para litigar judicialmente3
. En todo caso, lo cierto
es que, en sus rasgos más básicos, la vieja estructura de poderes se mantuvo
cómoda con los cambios introducidos: las nuevas modificaciones parecían
adaptarse bien al paladar de los viejos poderes prevalecientes. Paso entonces,
más de lleno, al examen crítico de lo realizado en estos años.
El recorrido hecho hasta aquí, fundamentalmente descriptivo, resulta en mi
opinión relevante también en términos normativos. Entiendo que el análisis
anterior nos ayuda a ir bastante más lejos de la primera idea que parece derivarse de lo dicho, según la cual lo nuevo es demasiado parecido a lo viejo. Por
ello mismo, en lo que sigue, me adentraré algo más en la evaluación de lo
acontecido, para apoyar mejor la idea según la cual la estructura que existe deja
mucho que desear respecto de lo que ella misma proclama.
■ Constituciones de «mezcla»
Cabe destacar que las constituciones latinoamericanas superponen modelos
de democracia más bien opuestos, que se correlacionan con aspiraciones económicas, ideales políticos, compromisos legales –finalmente, modelos constitucionales– en tensión entre sí. Esta idea de «mezclar» pretensiones opuestas,
superponiendo unas con otras, cuenta ya con buen arraigo en la tradición
constitucional latinoamericana. Esa fue, en definitiva, la manera principal en
que se consolidó el acuerdo liberal-conservador. Fue muy habitual que las aspiraciones propias del liberalismo se sumaran, sin mucho más, a las del conservadurismo. Entonces, se pudo agregar al esquema liberal de los «frenos y
contrapesos» –y sin mayores reparos– un Poder Ejecutivo sobrepoderoso; fue
así también como se pudo sumar, junto a las liberales declaraciones de tolerancia religiosa, otras que proclamaban el sesgo estatal a favor de la religión
católica. Se escogió entonces un sistema de integración entre modelos –una mezcla constitucional– muy deficitaria, cuando se podría haber optado por otros
sistemas de combinación más virtuosos.
3. Por ejemplo, cambios en el acceso a la justicia, en la legitimidad o standing para litigar, etc.
Bruce Wilson: «Explaining the Rise of Accountability Functions of Costa Rica’s Constitutional
Court» en Siri Gloppen et al.: Courts and Power in Latin America and Africa, Palgrave, Nueva York,
2010, pp. 63-82.
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Las reformas que se sucedieron en la vida constitucional de la región, desde
aquellos tiempos fundacionales, parecen responder exactamente a la misma
lógica de los primeros años. La principal entre las tensiones en conflicto
aparecidas a partir de allí se vincula a la presencia (acumulación) de al menos modelos de democracia diferentes, orientados en direcciones opuestas.
En efecto, en esa «doble marca» propia del constitucionalismo regional –
poderes arreglados conforme a la regla dominante en el siglo xix; derechos
arreglados conforme a la regla dominante en el siglo xx– el constitucionalismo regional muestra su doble e inusual compromiso en materia democrática. Así, la estructura de poderes respondió –como responde aún– a
valores democráticos propios del siglo xix: baja participación popular, sectores excluidos, derechos políticos limitados, es decir, los mecanismos propios de la democracia censitaria4
. Mientras tanto, las nuevas declaraciones
de derechos aparecen vinculadas a discursos y principios democráticos de
«última generación». Se pretende una participación popular amplia, que se
busca apoyar de diversas maneras: se abren oportunidades institucionales
para que la ciudadanía gane capacidad de decisión y control (por ejemplo,
revocatorias de mandatos); se expanden los derechos políticos y a la vez
se prometen derechos sociales destinados a fortalecer aún más el ingreso
de las mayorías a la política (todo esto, según voy a insistir, sujeto a varias
limitaciones)5
. En términos democráticos, en definitiva, se afirma con una
mano de la Constitución lo que se niega con la otra.
Esa misma mezcla/acumulación problemática se puede ver en otras cuestiones y
en otros ámbitos de la Constitución: muchas de las nuevas constituciones (como
las de Colombia o Perú, claramente) aparecen a la vez afirmando formulaciones
económicas «neoliberales» y proclamas de fuerte contenido social, que parecen
indicar su vocación por formas económicas diferentes. Es habitual, también, en
todas las constituciones «nuevas» comprometidas con los derechos indígenas,
que se afirme simultáneamente el valor de la propiedad privada y el valor de
la propiedad comunitaria (u otras similares); o que se afirme el valor de la
economía privada, mixta y pública al mismo tiempo.
4. En la actualidad, el sistema institucional dominante sigue estando caracterizado por rasgos
«contramayoritarios», no solo en la organización del Poder Judicial, sino también en los mecanismos favorables a la participación popular que no han sido incorporados por la constitución
o han sido incorporados pero socavados en la práctica o vía legislación (consultas populares,
asambleas públicas, referendos, etc.).
5. Es lo que durante el siglo xix se expresaba en la tensión entre una idea de la política que
pedía «libertades económicas» abundantísimas y «libertades políticas» limitadas; y otra que
proponía «libertades políticas» amplias y restricciones sobre las «libertades económicas» sin
controles, entonces vigentes.
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Para algunos, este tipo de combinaciones resultan virtuosas: se trata, sobre
todo, de un modo de comprometer en el mismo proyecto constitucional a formaciones políticas o grupos de interés en conflicto. Sin embargo, en términos
constitucionales, este tipo de decisiones resultan cuestionables por muchas
razones y nos retrotraen a problemas relativos al impacto intraseccional de las
reformas (es decir, el impacto de una reforma en cada una de las secciones de
la Constitución; por ejemplo, cómo es que la adopción de un nuevo «derecho»
impacta sobre los derechos establecidos, o una nueva institución de poder
impacta sobre la organización de poderes dominante hasta entonces). Corresponde preguntarse, entonces, cómo es que –por caso– los nuevos derechos
incorporados (por ejemplo, derechos sociales, multiculturales, etc.) quedan
vinculados a los derechos ya existentes. Cómo se relaciona lo «nuevo» que
incorporamos con lo «viejo» que ya teníamos. Los problemas que se advierten son numerosos. Ante todo, a través
de este tipo de decisiones, el texto de la
Constitución se torna confuso: ¿de qué se
trata, finalmente, la Constitución, cuando
ella afirma al mismo tiempo pretensiones
opuestas? Por lo demás, de ese modo se
abre la Constitución a interpretaciones
contradictorias: ella pasa a decir mucho,
nada y todo a la vez en cuestiones fundamentales. En ese caso, ¿cuál es el sentido de tener una Constitución? Peor
aún: así organizada, la Constitución induce a comportamientos equívocos y
genera expectativas engañosas: tiene razón quien pasa a litigar en nombre
de su propiedad y también quien pasa a impugnar dicha posesión en nombre de valores ancestrales. Por tomar un caso relevante: la introducción de
«derechos de la naturaleza» (en el marco del sumak kawsay o «buen vivir» y
del «vivir bien»), en constituciones como las de Ecuador o Bolivia, no solo
nos refiere a problemas más o menos evidentes, entre ellos los «derechos ancestrales» de las comunidades indígenas: no es claro que «las» comunidades
indígenas consideren a la naturaleza como sujeto de derechos y no es claro
que tenga sentido hablar de «derechos de la naturaleza». Uno puede valorar
la intención de incorporar «principios interpretativos» nuevos, diferentes de
los tradicionales6
; sin embargo, es difícil no preguntarse cómo entender tales
principios cuando la Constitución no reniega de otros principios e instituciones contrarios (como los vinculados a tradicionales derechos de propiedad).
6. Alberto Acosta: «El Buen Vivir: una oportunidad para construir» en Ecuador Debate No
75, 2008,
pp. 33-48.
Se abre la Constitución
a interpretaciones
contradictorias: ella pasa
a decir mucho, nada y
todo a la vez en cuestiones
fundamentales n
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La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas
Encontramos problemas similares a los que reconocemos en relación con los
«viejos» y «nuevos» derechos en la Constitución en el vínculo que se da entre
las «viejas» estructuras de poder y las «nuevas» instituciones que se incorporan. Una buena ilustración de lo dicho puede observarse, por caso, en el llamado «choque de trenes» en Colombia, que enfrentó a la vieja Corte Suprema
Colombiana con la nueva Corte Constitucional introducida por la Constitución de 1991. Ambas instituciones mantienen desde hace años una relación
de rivalidad y tensión que comenzó ya con el nacimiento de esta última y que
implica persistentes disputas de poder, además de una nociva competencia
entre ambas7
. Otro ejemplo relevante en la materia es el que puede encontrarse en Argentina cuando examinamos las relaciones entre la Corte Suprema
(presente desde la primera Constitución de 1853) y el Consejo de la Magistratura (órgano encargado de la gestión del grueso de los asuntos del Poder
Judicial, incluyendo su participación en el nombramiento de una mayoría
de jueces), que fuera introducido por la reforma constitucional de 1994. Otra
vez, en este caso, vemos relaciones de fuerte tensión entre los dos organismos (tensiones que podían anticiparse al momento de la creación del
Consejo), relacionadas con la dificultad para definir con exactitud el área
de competencia exclusiva de cada una de las instituciones, pero también (y
a partir de allí) con un cierto hostigamiento de la Corte sobre el Consejo,
sostenido en los temores de la primera de perder facultades que considera
propias8
. En situaciones como las descriptas, lo que encontramos es una
actitud de falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos. Por hipocresía, demagogia, descuido o algún
malentendido, el constituyente actúa mal cuando no toma cuidados en los
modos en que «el pasado» va a relacionarse con «el presente»; cuando no se
hace responsable de los modos en que la «vieja Constitución» va a «recibir»
las reformas que se le incorporen.
■ Las viejas estructuras contra los nuevos derechos
Lo dicho hasta aquí está vinculado, de modo especial, a lo que podemos llamar el impacto intraseccional de las reformas. Pero los problemas en cuestión
se extienden también –y se agravan, además– en lo concerniente a lo que
podemos denominar el impacto interseccional. Me refiero a los modos en que la
7. Manuel José Cepeda-Espinosa: «Judicial Activism in a Violent Context: The Origin, Role, and
Impact of the Colombian Constitutional Court» en Washington University Global Studies Law Review vol. 3, 2004; Rodrigo Uprimny, César A. Rodríguez Garavito y Mauricio García Villegas:
¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Norma, Bogotá, 2006.
8. R. Gargarella: La justicia frente al gobierno, Ariel, Barcelona, 1996.
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incorporación de nuevos derechos afecta la organización del poder o los modos en que lo que hagamos o dejemos de hacer en la organización del poder
afecta las declaraciones de derechos.
Los problemas que aparecen entonces se producen en diferentes niveles, y quisiera mencionar algunos de ellos, aun cuando no pueda detenerme tanto como
desearía en su análisis. Ante todo, aparece la cuestión de cómo «transferimos
poder» dentro de la Constitución a través de cada modificación que le incorporamos. Como ejemplo podemos citar,
típicamente (y junto con Carlos Nino9
),
el siguiente hecho: la deseada incorporación de derechos sociales (promovida,
de modo habitual, por reformistas democráticos) importa la transferencia
de poderes adicionales al Poder Judicial (esto es, la rama menos democrática
del poder). Cabe señalar que problemas
como el citado resultan de especial relevancia en el constitucionalismo contemporáneo, dado que muchos de los
defensores de los derechos sociales tienen como propósito reforzar el «poder
popular» antes que el poder de las jerarquías legales existentes, y sin embargo, al actuar como actúan, generan un «impacto constitucional» en parte
opuesto al que dicen buscar.
Así llegamos a la cuestión que aquí más me interesa y preocupa, que es la relacionada con los modos en que las «viejas estructuras» bloquean las «nuevas
propuestas» o tornan difícil su implementación: típicamente, en este caso, el
modo en que la vieja organización del poder obstaculiza la realización de los
nuevos derechos sociales y multiculturales.
El problema en juego no nos refiere, meramente, a una cuestión de «simple
descuido» en la redacción constitucional (introducimos nuevos derechos sin
prestar atención a los modos en que reacciona o va a reaccionar la vieja organización del poder). Se trata, ante todo, de que no reconocemos el peculiar lugar
que ocupa la parte «orgánica» no reformada: lo que está en juego es el núcleo
básico de la organización de poderes, esto es, la sala de máquinas de la Constitución. Por supuesto, uno puede entender que existan dificultades para reconocer
9. C. Nino: Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992.
La deseada incorporación
de derechos sociales
(promovida, de modo
habitual, por reformistas
democráticos) importa la
transferencia de poderes
adicionales al Poder Judicial
(esto es, la rama menos
democrática del poder) n
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La «sala de máquinas» de las constituciones latinoamericanas
todos los cambios que es necesario agregar, para «darle vida efectiva» a la modificación constitucional que estamos más interesados en incorporar. Sin embargo, dejar de lado, directamente, la pregunta acerca de cómo va a responder la
«sala de máquinas» constitucional frente a los demás cambios constitucionales que introduzcamos («más derechos») es dejar de lado lo más importante.
En aquella «sala de máquinas» se ubica –allí reside– justamente, el corazón de
la Constitución: no puede operarse sobre la Constitución dándole la espalda
al modo en que la organización del poder reacciona (o, previsiblemente, va a
reaccionar) frente a las modificaciones que le introducimos.
■ Balance y futuro
Frente a lo dicho hasta aquí, alguien podría objetar: «no ha estado mal, vamos
de a poco». Efectivamente, podemos ser parsimoniosos con las reformas. Sin
embargo, uno debe ser consciente de que lo «no hecho» posiblemente bloquee
la apropiada implementación de los derechos incorporados (es decir, mantener una estructura de poderes vertical –he sostenido aquí– conspira contra
la implementación de una lista de derechos de avanzada). También se podría
decir, más enfáticamente: «es que la implementación de los derechos requiere
de poder concentrado». Sin ánimo de cerrar la discusión al respecto –que merece una atención detenida–, respondería que hay un problema serio si esa es
la razón que se invoca cuando lo que se está tratando de hacer es incorporar
herramientas destinadas a favorecer la participación política de la ciudadanía,
o medios capaces de «empoderarla» social y políticamente. Para decirlo de
modo brutal: hay un problema obvio cuando se quiere desconcentrar el poder
pidiéndole ayuda al poder concentrado. Hay un problema obvio cuando se
quiere favorecer la participación popular esperando que esta sea puesta en
marcha por aquel que va a ver socavado su poder de modo más directo, una
vez que esa participación se convierta en efectiva10. En definitiva, no se puede
actuar como lo han hecho tantos reformistas latinoamericanos, que han trabajado por la descentralización del poder y la mayor participación política de la
ciudadanía en la esfera de los derechos, ignorando (o, mucho peor, conscientes
10. El problema apuntado no se disipa alegando que el gran «enemigo» de la participación política popular es el «poder económico concentrado» (Roberto Mangabeira Unger: «El sistema de
gobierno que le conviene a Brasil» en Presidencialismo vs. parlamentarismo: materiales para el estudio
de la reforma constitucional, Consejo para la Consolidación de la Democracia, Buenos Aires, 1987).
Más allá de que se requiera una respuesta más extensa frente a este cuestionamiento, lo cierto es
que este desconoce, ante todo, los (citados) riesgos de contar con un poder político concentrado
(particularmente, en relación con la invocada pretensión de desconcentrar el poder político), y
segundo, los modos en que el poder político concentrado tiende a interactuar con, o favorecer
directamente, la concentración del poder económico.
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de) el modo en que el poder político se mantenía centralizado y concentrado
en el vértice, en la esfera de la organización del poder (típicamente, a través de
la preservación de sistemas hiperpresidencialistas). Es inconsistente abogar
por la democratización del poder en nombre del pueblo marginado mientras
–irreflexivamente– se mantiene el poder político concentrado.
Y algo tanto o más relevante que lo anterior: no se trata, únicamente, de que
los reformistas latinoamericanos no hayan prestado atención a lo que ocurría
(o dejaba de ocurrir) en relación con la «sala de máquinas» de la Constitución.
Se trata de que ellos parecieron perder de vista toda dimensión histórica de lo
que estaban haciendo, a la vez que olvidaban prestarle atención a la práctica
efectiva del constitucionalismo regional. Un estudio consciente de esa historia
les hubiera permitido reconocer que en la región, desde hace decenas de años,
se registran movimientos constantes de avance del poder concentrado sobre
el resto de la organización del poder. De modo más directo: es recurrente
(aunque no sea un hecho necesario) en la historia latinoamericana el intento
del Poder Ejecutivo de expandir su propio poder a costa de los otros poderes, y también, a costa del poder popular. Más aún, se tiende a invocar o citar
el poder popular como acompañamiento o como aclamación, pero no como
poder autónomo: el poder popular autónomo es visto como una amenaza, y
como tal es resistido.
Del mismo modo, el estudio de la historia latinoamericana ayuda a ver la
forma recurrente en que el poder político concentrado tendió a entrelazarse
con el poder económico concentrado, o a favorecer su concentración. Decir
esto no niega una historia que, también, incluye enfrentamientos entre el
poder político y ciertas porciones de la elite económica. Pero, en todo caso,
no se puede actuar como si no fuera esperable, además de demasiado habitual, la vinculación entre el poder político concentrado y el poder económico concentrado. Mucho menos corresponde favorecer esa concentración del
poder a la vez que se invoca, genuinamente, una voluntad de expandir el
poder popular. El hecho es que la Constitución ha permitido el ingreso de
la ciudadanía, y en particular –aunque con amplio retraso– de los grupos
más desaventajados, en su cuerpo, pero solo a través de la sección de los
derechos. Es hora de que se consagre su ingreso en la «sala de máquinas» de
la Constitución

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Reseña “La Sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)”
Santiago Virgüez

Reseña
Gargarella. R. (2014).
La Sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)

Santiago Virgüez

La Sala de Máquinas de la Constitución es quizás una de las obras más ambiciosas del constitucionalismo contemporáneo, ya que no solo abarca la descripción de la historia del constitucionalismo latinoamericano desde el periodo de independencia hasta nuestros días, sino que también se erige como una crítica aguda a la tradición político-constitucional excluyente que ha caracterizado al continente. A lo largo del texto, el profesor Gargarella va a mostrar cómo las reformas constitucionales que se fueron adoptando en América Latina tendieron cada vez más a enfocarse en la parte dogmática de las constituciones, a través de la adhesión de derechos, dejando intacto el mismo modelo de organización política elitista que pactaron liberales y conservadores en el siglo XIX. Surgen entonces contradicciones internas en los textos constitucionales que terminaron por fomentar, en parte, la desigualdad social, política y económica en toda Latinoamérica. Esta tesis desarrolla el trabajo que ya había comenzado Gargarella en su obra
Los Fundamentos Legales de la Desigualdad. El constitucionalismo en América (1776-1860)
. En este libro tomó como objeto de análisis las discusiones fundacionales del constitucionalismo regional y estudió el impacto de las concepciones liberales, conservadoras y radicales en las
1
Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y estudiante de la maestría en derecho de la misma universidad.
2
Traducción al español del libro “
Latin American Constitutionalism 1810-2010. The Engine Room of the Constitution
, publicado originalmente en el 2013 por la editorial Oxford University Press
3
Roberto Gargarella es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires; máster y doctor en Derecho por la University of Chicago; y máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; quien además ha trabajado con importantes juristas como Carlos Nino y Joseph Raz y actualmente se desempeña como profesor de Derecho en las universidades Torcuato Di Tella y UBA.
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constituciones de la época, a partir de la pregunta por el carácter igualitario de las mismas. Este libro, de gran afinidad con áreas como el Derecho constitucional, historia de las instituciones, Derecho comparado y otras disciplinas como Historia o Ciencia Política, se enmarca en una literatura más amplia que aborda múltiples discusiones. A continuación, quisiera referirme a cuatro temáticas principales (ciertamente son muchas más) en las que considero que La Sala de Máquinas de la Constitución puede hacer un gran aporte al estado del arte:
Cambios y continuidades del constitucionalismo latinoamericano
. Este libro puede considerarse como el principal esfuerzo
que se ha hecho en la literatura por presentar un panorama más o menos completo de todas las reformas constitucionales latinoamericanas, tomando en cuenta el contexto político en que se generaron. Más allá de presentar un recuento histórico de los momentos constituyentes, Gargarella va a ligar, a partir de cada contexto, tanto hechos como ideas políticas con las fórmulas constitucionales consecuentemente adoptadas, y a destacar el pensamiento de los principales constitucionalistas de la época. Además, su crítica a los intentos de cambio, que más van a parecer para él continuidades, entra a reñir con las posiciones que han sostenido autores como Uprimny (2011), Negretto (2011; 2013) o Pisarello (2011; 2014), quienes si bien consideran que persiste una tendencia hiperpresidencialista en los gobiernos latinoamericanos, reconocen que sí ha habido cambios de gran relevancia sobre la organización política que han permitido una mayor participación democrática.
Reivindicación del Derecho (constitucional) latinoamericano.
De la misma forma en que autores como Esquirol (2014) o Bonilla (2013) van a reclamar una reivindicación de las creaciones jurídicas latinoamericanas, frente a la idea común de que son simples copias tomadas del pensamiento europeo o norteamericano, Gargarella va a mostrar la rica tradición constitucional con la que cuenta América Latina y la fascinación que despierta el acervo de teorías constitucionales que se han revisado y discutido en la región.
4
Por un lado, existe una basta literatura que intenta describir lo que han llamado el “nuevo constitucionalismo latinoamericano” (1988 en adelante) y, por otro lado, hay obras históricas de carácter local que muestran el desarrollo de ideas y textos constitucionales en cada uno de los países de forma separada. El libro de Gargarella, en cambio, es un esfuerzo más complejo y sistemático de analizar, de forma holística, toda la tradición constitucional latinoamericana, incluso desde una perspectiva crítica.

UNA Revista de Derecho Vol. 1: 2016 ________________________________________ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
Constitucionalismo y Democracia
. Sobre la tensión que existe entre un constitucionalismo protector de los derechos individuales y una democracia que basa sus decisiones fundamentales a partir de la soberanía popular, han corrido ríos de tinta. El análisis que hace Gargarella sobre la constante prevalencia de los derechos civiles sobre los derechos políticos en el constitucionalismo latinoamericano y la síntesis igualitaria entre autonomía individual y autogobierno colectivo que propone, se enmarcan dentro de esa amplísima literatura
5
. Precisamente, la conciliación que va a proponer, desde el igualitarismo, entre la protección de derechos individuales y la ampliación democrática de la participación política (síntesis que demuestra su compromiso con la teorías de R. Dworkin y J. Waldron) a partir de las tradiciones constitucionales liberales y republicanas/radicales de la región, se presenta como una forma de diluir la tensión descrita.
Trasplantes jurídicos y migración de ideas constitucionales.
Por último, el libro de Gargarella también hace un aporte a la literatura sobre “trasplantes” jurídicos e intercambio de teorías constitucionales. Retomando el debate entre Juan Bautista Alberdi y Domingo Sarmiento (influyentes pensadores argentinos) acerca del lugar que debía otorgársele a las instituciones foráneas, en relación con las prácticas e instituciones locales, Gargarella expone las dificultades y contradicciones (internas y externas) que enfrentan los textos constitucionales cuando se les implanta instituciones jurídicas propias de otros modelos político-constitucionales. Ejemplo de ello fueron las contradicciones que surgieron de la introducción de derechos sociales, característicos de un modelo radical, en constituciones latinoamericanas organizadas en torno a un elitismo político, centralista y contramayoritario, y a una fuerte protección de los derechos de propiedad, ambas características intrínsecas al un modelo liberal-conservador. *** A pesar de la extensión del libro, está organizado de una forma clara y consecuente. Gargarella divide los periodos constitucionales en cinco partes: I. Primer constitucionalismo latinoamericano (1810-1850); II. Constitucionalismo de fusión (1850-1890); III. Crisis del modelo de constitucionalismo poscolonial (1890 – finales s. xix); IV. Constitucionalismo social (1930 - mediados s. xx); y V. Nuevo
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En esta tensión han tomado parte autores como Bodino, Hobbes, Rousseau, Locke, Harrington, Kant, Thomas Jefferson, James Madison y más recientes Alexander Bickel, John Hart Ely, Jon Elster, Stephen Holmes, Ronald Dworkin, Jeremy Waldron, Richard Bellamy, entre otros.