La pulseada de indios y afros con la derecha colombiana

16-04-2019
La pulseada de indios y afros con la derecha colombiana
Muro contra la ultraderecha

Ra?l Zibechi
Brecha

Luego de 28 d?as cortando la Panamericana y otras carreteras estrat?gicas, la Minga ind?gena, negra y campesina consigui? que el presidente, Iv?n Duque, reconociera la necesidad de negociar con los movimientos sociales. Quieren un debate p?blico con el mandatario sobre los temas candentes: la paz y el asesinato de l?deres sociales, el medioambiente y el modelo de desarrollo.

La desesperaci?n de las clases medias y altas se apoder? de Popay?n cuando transcurr?an tres semanas de la Minga que hab?a comenzado el 10 de marzo. Cuando escaseaban los alimentos por el corte de la principal carretera de la regi?n, ?nica v?a de comercio internacional con el sur del continente, un concejal de la ultraderecha entreg? dinero a emigrantes venezolanos para que apedrearan la sede del Consejo Regional Ind?gena del Cauca (Cric). El resultado fue de varias personas heridas y la amenaza de los ind?genas de tomarse la ciudad colonial si no se frenaba en seco la violencia.

Esta vez, la Minga (trabajo agr?cola colectivo, en quechua) fue m?s amplia que en ocasiones anteriores, ya que no s?lo involucr? a los pueblos del Cauca, sino tambi?n a los del Huila, el Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, departamentos en los que la paralizaci?n fue importante, aunque no tan contundente como en el primero. Moviliz? entre 20 y 25 mil personas en las carreteras durante un mes, con toda la infraestructura necesaria para dormir, alimentarse y trasladarse, con ba?os, fogones y quemaderos de basura, gracias al trabajo solidario de cientos de comunidades.

Fueron capaces de poner en pie un centro de comunicaciones con sistema de televisi?n para trasmitir sus deliberaciones por medio de redes sociales y levantaron una carpa para 5 mil sillas. La movilizaci?n fue tan amplia como satisfactorio el resultado para los movimientos, en particular desde que el ex presidente ?lvaro Uribe, mentor de Duque, mostr? su oposici?n ante la disposici?n a negociar del gobierno.

En su cuenta de Twitter, Uribe calific? los movimientos de ?terroristas? y justific? una eventual ?masacre? contra la protesta. El ex est? furioso, porque su pupilo acept? en un inicio ir a negociar en persona al Cauca (epicentro de los mayores conflictos sociales, por tierra y contra la miner?a), y de esa forma se distanci? de su pol?tica de confrontaci?n que, en su extremo m?s radical, llama a la guerra contra Venezuela.

La reuni?n entre Duque y las comunidades organizadas estaba prevista para este martes 9, pero fracas? luego de que a ?ltimo momento el gobierno adujera problemas de seguridad en el punto de encuentro. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se afirm? que el presidente espera reunirse con los delegados ind?genas en Bogot? (El Tiempo, 10-IV-19).

Al dejar abierta esa posibilidad, el presidente Duque desmiente a quienes sosten?an que las demandas ind?genas son excesivas, ya que se limitan a concretar acuerdos firmados con el anterior presidente, Juan Manuel Santos. Pero es apenas un detalle. Seg?n el balance de la p?gina Prensa Rural, ?por primera vez las comunidades ind?genas, campesinas y afros del Norte del Cauca realizan un ejercicio de este tipo en forma unificada y organizada? (prensarural.org, 8-IV-19).

El futuro pasa por ?construir procesos aut?nomos de desarrollo en lo pol?tico, econ?mico y cultural?, que no terminen delegando en partidos o gobiernos, ?como ha ocurrido en Brasil, Venezuela, Ecuador o Bolivia?, sostiene el an?lisis.

Ni paz ni tierra

M?s de mil personas marcharon el 5 de abril desde la sede de la embajada de Colombia hasta la sede de la Corte Penal Internacional (Cpi) en La Haya, para visibilizar la violencia contra l?deres sociales y autoridades de pueblos ind?genas y negros. La firma del acuerdo de paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, no fren? la sangr?a.

Los datos oficiales son apabullantes. En 2018 fueron asesinados 172 l?deres y lideresas, a los que deben sumarse otros 29 en el curso de este a?o. Los asesinados entre 2016 y noviembre de 2018 ascienden a 423, seg?n la Defensor?a del Pueblo. Ante la impunidad y la inexistente reacci?n de las autoridades colombianas, los movimientos y los defensores de derechos humanos apelaron a la Cpi para que comience a actuar.

Las cifras difieren, pero incluso la fiscal?a acept? que las muertes responden a un mismo patr?n. Los cr?menes se producen en territorios que han sido abandonados por la guerrilla y est?n siendo ocupados por paramilitares y narcotraficantes, vinculados con grandes proyectos extractivos (en general, miner?a a cielo abierto). Las acciones de estas bandas armadas no s?lo provocan muertes, sino tambi?n el desplazamiento forzado de miles de personas.

La paz y la vida no son bienes que entusiasmen a una parte de los colombianos, en particular a las clases medias urbanas, que componen un sector decisivo en el tablero pol?tico y electoral del pa?s. Los terratenientes se las arreglaron, a sangre y fuego, para mantener y ampliar las posesiones que conquistaron durante la colonia y conservan a costa de marginar a los campesinos, y arrastraron a su l?gica guerrera a una parte de la sociedad.

En la d?cada del 60, la Alianza para el Progreso aconsej? al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) que hiciera una reforma agraria para impedir situaciones como la guerra civil conocida como La Violencia (1948-1958), librada entre liberales y conservadores, que se cobr? entre 200 y 300 mil vidas y debilit? al Estado al propiciar el nacimiento de las guerrillas. Lleras se propuso organizar y movilizar a los campesinos, pero los terratenientes contratacaron mediante el Pacto de Chicoral (1972), que cerr? toda posibilidad de reparto y paz. Hasta hoy.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011 concluye: ?A partir de ese momento, no s?lo se hizo mucho m?s dif?cil poner fin a la guerra civil, sino tambi?n retroalimentar positivamente el nuevo impulso a la expulsi?n del campesinado?. Agrega que en la d?cada del 80 los terratenientes se reforzaron ?con el encuentro entre las din?micas del narcotr?fico y la guerra?.

La piedra en el zapato

La Minga hunde sus ra?ces en esas heridas. Pero esta vez no s?lo se movilizaron ind?genas, sino tambi?n afrodescendientes y campesinos. Los sectores pol?tico-sociales m?s implicados son el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Nacional Agraria y Campesina, articulaciones de los m?s activos movimientos sociales del pa?s, que ya en 2013 protagonizaron un paro agrario tan contundente que el gobierno de ese entonces se sent? a negociar.

La movilizaci?n comenz? a organizarse en febrero, cuando se reunieron 380 delegados de 170 organizaciones para poner en com?n opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno. Constataron que no hab?a un cap?tulo dedicado a los pueblos originarios, que, desde el principio, temen que no haya inversiones significativas seg?n lo acordado con el gobierno anterior.

La articulaci?n rural-urbana es otra caracter?stica de la Minga. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convoc? una movilizaci?n nacional para el 25 de abril, a la que se sumar?n organizaciones de campesinos afectados por el programa de sustituci?n de cultivos il?citos (enti?ndase hoja de coca) y de cultivadores que se oponen al uso del glifosato.

Neis Oliverio Lame, consejero mayor del Cric, cargo rotativo entre dirigentes ind?genas, respondi? a la agresi?n de Uribe con una frase que lo dice casi todo: ?Le dir?a al senador que deje el odio, que contribuya a construir pa?s, que entienda que Colombia es pluri?tnica? (Semana, 8-IV-19).

El dirigente ind?gena coment? que no le sorprende que ?una parte del establecimiento perciba a los ind?genas del Cauca como b?rbaros encapuchados?, porque ?ese rechazo es lo que explica que los ind?genas hist?ricamente hayan sido excluidos de un proyecto de naci?n?. En efecto, los medios s?lo informaban de la Minga con im?genes de manifestantes que quemaban llantas y lanzaban piedras en la carretera.

Los pueblos nasa (as? se denominan la mayor?a de los ind?genas del Cauca que integran el Cric) han creado una estructura de autodefensa denominada Guardia Ind?gena, capaz de defender el territorio de narcos, paramilitares y guerrilleros apelando s?lo a sus bastones de mando. Son los ?guerreros milenarios?, que fueron distinguidos con el Premio Nacional de Paz y con reconocimientos al cuidado ambiental y al mejor plan de desarrollo; adem?s, varios de sus referentes fueron nombrados maestros en sabidur?a por la Unesco.

Desde la Minga de 2008, que le torci? el brazo al entonces presidente Uribe, los ind?genas, los afros y los campesinos han sido un muro en el que se ha estrellado la pol?tica de la ultraderecha. No debe sonar extra?o que, al ser la piedra en el zapato del r?gimen pos conflicto armado, se hayan convertido en ?terroristas? para las elites.

Ahora son los principales adversarios del llamado ?desarrollo?, que en Colombia se expresa en miner?a (rechazada cada vez que hubo referendos populares), extracci?n de petr?leo, palma de aceite, hidroel?ctricas y grandes obras de infraestructura. ?Nosotros no hemos estado incluidos en la visi?n de desarrollo de los gobiernos. Y est? en juego la tierra, que es sagrada?, sostiene Neis. ?No queremos fracking ni m?s agresiones a la naturaleza. Eso es lo que no han podido entender.?

Control social y antidemocracia

Por una empanada

La pesadilla de George Orwell es ya realidad en buena parte del mundo. En Colombia se puso en marcha con el C?digo de Polic?a, que, desde su vigencia, cosecha un amplio repudio por las pr?cticas discriminatorias que ense?a.

Steven Claros, de 22 a?os, no pod?a salir de su asombro cuando un polic?a le impuso una multa de 834 mil pesos (9 mil pesos uruguayos) por comprar una empanada en la calle a una vendedora ambulante, que tambi?n fue multada. Seg?n los uniformados, la multa se coloc? al amparo de un art?culo del C?digo Nacional de Polic?a y Convivencia, porque dicha actividad ?promueve o facilita el uso indebido del espacio p?blico?.

El hecho de que la movilizaci?n social en las redes haya convencido a las autoridades de devolverle a Steven el dinero de la multa no cambia las cosas. Muchas otras personas no tienen la posibilidad de visibilizar una injusticia, como lo hizo el estudiante multado, ni la red de amistades que ayudaron a este a pagar una cifra que sobrepasa el salario m?nimo.

El c?digo entr? en vigor en enero de 2017, con el objetivo de ?prevenir la violencia y los delitos que se derivan de los conflictos de convivencia?. Se castiga con m?s de cien d?lares ?consumir bebidas alcoh?licas en lugares no autorizados?; con 90 d?lares al due?o de un perro que no tenga p?liza de seguro, y con una cifra similar a quien lo saque a pasear ?en estado de embriaguez?.

El c?digo regula y castiga desde los modos de comportarse en la protesta social y en el espacio p?blico hasta la venta informal (duramente castigada), en un pa?s donde esa actividad involucra a la mayor?a absoluta de los trabajadores y muy en particular a las mujeres de los sectores populares.

El director de la edici?n colombiana de Le Monde Diplomatique, Carlos Guti?rrez, se?ala que ?no hay d?a que no se conozca alguna arbitrariedad policial?. Al c?lebre caso de la empanada, se suman otros: ?Por correr en una terminal de transporte y as? alterar el espacio p?blico, por ocupar y vender de manera ilegal en el espacio p?blico, por re?rse e irrespetar a la autoridad, por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando?. En ese sentido, se?ala el caso de un abogado que ofreci? sus servicios a un obrero de la construcci?n multado por empujar una carretilla.

En su opini?n, el c?digo pretende reglarlo todo de modo tal que la sociedad se vuelva productiva, como forma de ascender al desarrollo. ?El espacio p?blico debe estar libre, facilitando as? la efectiva circulaci?n de mercanc?as?, escribe en la edici?n de abril del mensuario. Pone en la lupa, de modo muy particular, las conductas juveniles de los sectores populares, al castigar que hagan grafitis, que beban en la calle y que practiquen malabarismo, ya que son la porci?n m?s vulnerable de la sociedad.

Al amparo del c?digo se aplicaron ya 400 mil multas, pero hay cientos de demandas en su contra. En un pa?s donde 13 millones de personas viven del cuentapropismo, sin empleo formal con derechos, no tiene el menor sentido interponer multas que muchas veces superan el salario m?nimo (de 824 mil pesos), cifra a la que no llegan muchos informales.

Seg?n datos oficiales, la mitad de la poblaci?n colombiana es pobre, porcentaje similar al de la informalidad existente. El mentado C?digo otorga superpoderes a la polic?a. El m?s grave quiz?s sea que puede entrar en una vivienda sin necesidad de una orden judicial e informar a sus superiores despu?s del allanamiento.

Lo m?s sintom?tico, sin embargo, es el per?odo hist?rico en el cual se promulga este c?digo: cuando se estaba negociando la paz con la guerrilla. No es algo nuevo en la historia: en Brasil, por ejemplo, la polic?a militar se generaliz? cuando se decidi? abolir la esclavitud. Para los excluidos de siempre, recordaba Walter Benjamin, la vida cotidiana es el estado de excepci?n permanente.

https://brecha.com.uy/