La paz incompleta de Catatumbo, una de las regiones m?s olvidadas de Colombia
S?bado.6 de abril de 2019
La crisis humanitaria de la regi?n ha provocado el desplazamiento de m?s de 15.000 personas en lo que va de a?o. #TITRE
La poblaci?n sufre las consecuencias del conflicto armado entre grupos paramilitares y guerrillas en activo en un territorio fronterizo con Venezuela abandonado y rico en recursos naturales.
C?CUTA (COLOMBIA)
marta saiz
P?blico
Carb?n, petr?leo, biodiversidad, agua, frontera venezolana, dos resguardos ind?genas, tres movimientos campesinos, dos guerrillas en activo, grupos paramilitares y el segundo municipio con m?s hect?reas cultivadas de hoja de coca del pa?s. As? es Catatumbo, una regi?n de once municipios perteneciente al departamento de Norte de Santander.
?Siempre ha sido una regi?n muy conflictiva. De los 27 factores de riesgo que determina la ONU para Colombia, Catatumbo los tiene todos?, destaca Holmer P?rez, directivo de la Asociaci?n Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Desde que se firm? el acuerdo de paz a finales de 2016 con las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ej?rcito del Pueblo (FARC-EP), m?s de 300 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el pa?s.
?Nuestra apuesta por la paz nos ha costado este a?o tres dirigentes muertos y decenas de amenazas?, confirma P?rez. ?El Gobierno sigue anunciando m?s militarizaci?n para el Catatumbo y la soluci?n deber?a ser una apuesta por el di?logo?, contin?a. A finales de julio, en El Tarra, el municipio m?s militarizado de la regi?n, unos hombres encapuchados asesinaron en un bar a diez civiles.
Control del territorio
Durante m?s de 50 a?os han convivido en Catatumbo tres guerrillas: FARC-EP; Ej?rcito de Liberaci?n Nacional (ELN), guerrilla operativa desde 1964 en varios departamentos del pa?s; y Ej?rcito Popular de Liberaci?n (EPL), grupo desmovilizado en 1991 con una disidencia operativa en Norte de Santander, denominada por el Gobierno como la banda criminal Los Pelusos.
Tras la marcha de FARC-EP, ELN y EPL han querido copar los territorios abandonados, incurriendo en un conflicto armado abierto entre los dos grupos, con bombardeos constantes a plena luz del d?a y toques de queda a la poblaci?n, lo que ha obligado a cerrar establecimientos y prohibir el tr?nsito por las carreteras y centros poblados.
?Estamos viviendo una crisis humanitaria que ha generado el desplazamiento de m?s de 15.000 campesinos a diferentes cascos urbanos y a 32 refugios humanitarios?, constata Jhonny Abril, coordinador general de ASCAMCAT. ?Hoy el campesinado se prepara para una resistencia en el territorio. Se ha reclamado y exigido al Gobierno que haga una reforma agraria e integral en el pa?s y que cumpla el acuerdo de paz?, prosigue.
Ante esta crisis humanitaria, la comunidad catatumbera, con la uni?n de todos los movimientos campesinos y sociales, organiz? en abril, en mitad de la restricci?n, una caravana humanitaria de m?s de cinco mil personas en el municipio de El Tarra, para asistir a un acto de denuncia y rechazo al conflicto. Al evento asisti? Alberto Castilla, senador del partido Polo Democr?tico y l?der campesino del Comit? de Integraci?n Social del Catatumbo (CISCA), que declar? que la regi?n ya tiene demasiados problemas como para estar viviendo una guerra innecesaria entre ELN y EPL.
?A esta confrontaci?n la hemos denominado la guerra de la familia catatumbera. Personas de la misma sangre luchando entre ellas?, matiza P?rez tras escuchar el testimonio de una madre de tres hijos. La mujer acababa de enterrar a uno de ellos, perteneciente al ELN y asesinado en los combates; otro de ellos conforma las filas del EPL y el tercero es excombatiente de las FARC-EP.
Movimiento social campesino
Pero la lucha por el control del territorio no solo la mantienen las dos guerrillas, sino tambi?n grupos paramilitares. Aunque se desmovilizaron oficialmente en 2006, mediante la Ley de Justicia y Paz, todav?a quedan reductos de estos grupos a los que el Estado denomina bandas criminales o Bacrim, que se disputan el control de las rutas del narcotr?fico y los cultivos de hoja de coca.
Seg?n el informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos il?citos 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), en 2017 aument? la cantidad de hoja de coca cultivada en el pa?s, un 17% respecto al a?o anterior. Norte de Santander es el tercer departamento con m?s ?reas cultivadas y entre los diez municipios colombianos destacan tres de la regi?n del Catatumbo: Tib? el segundo, El Tarra el s?ptimo y Sardinata el noveno.
Este incremento y la presi?n del Gobierno de Estados Unidos han incitado a las declaraciones del Ejecutivo de Iv?n Duque sobre la posibilidad de volver a la erradicaci?n v?a a?rea con glifosato, suspendida en octubre de 2005. ?Hay mucha incertidumbre por la reactivaci?n de las fumigaciones a?reas con glifosato, por el da?o que causa a otros cultivos y a todo ser vivo que ande cerca de ellos?, destaca P?rez. Adem?s, afirma que el herbicida contaminar?a el R?o Catatumbo que desemboca directamente en el Lago Maracaibo de Venezuela, hecho que podr?a desembocar en una crisis entre pa?ses.
Los campesinos y campesinas de Catatumbo, as? como de todo el pa?s, se ven obligados a cultivar hoja de coca, debido a que las infraestructuras y las condiciones de la zona rural colombiana no les permiten sobrevivir con otro tipo de cultivos. ?La soluci?n no es erradicar de manera forzada y con veneno, sino respetar y cumplir el punto cuarto de los acuerdos de paz y el Programa Nacional Integral de Sustituci?n de Cultivos de Uso Il?cito (PNIS)?, defiende P?rez. En este plan no solo se visualiza una sustituci?n con garant?as, sino la mejora de infraestructuras para poder sacar el producto y vivir de ello. Casi dos a?os despu?s de la firma del acuerdo y con muchas hect?reas de hoja de coca ya arrancadas por el campesinado, el Estado no ha cumplido y el proceso est? estancado.
Los campesinos cultivan hojas de coca ya que las condiciones de la zona rural y las infraestructuras no les permiten sobrevivir con otros cultivos
En todo el pa?s se est? amenazando y asesinando a representantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) que promueve en las regiones la sustituci?n voluntaria y el cumplimiento del PNIS. Pero la disputa no solo recae en el narcotr?fico, sino tambi?n en los recursos naturales, como el control del oleoducto Ca?o Lim?n Cove?as, que viaja desde el departamento de Arauca hasta Sucre, pasando por la zona de Catatumbo. Tambi?n hay conflicto en cuanto al monocultivo de palma y la extracci?n del carb?n por multinacionales. ?Quieren construir la mina m?s grande de Latinoam?rica a cielo abierto, superando la de El Cerrej?n, en La Guajira. Lo que ser?a un desastre natural?, matiza P?rez.
La lucha por la defensa de los derechos campesinos del Catatumbo la encabezan tres organizaciones sociales: Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), CISCA y ASCAMCAT, esta ?ltima, la que m?s influencia tiene en la regi?n.
Fundada en 2005 ante una operaci?n militar del Ej?rcito con capturas y persecuciones al campesinado, han creado figuras de protecci?n y defensa del territorio, como los refugios humanitarios, con el objetivo de que el campesinado no se desplace hacia fuera de la regi?n, y la Guardia Campesina, autoridad que evita las violaciones de los Derechos Humanos por el abuso del papel estatal y sus agentes, de forma dialogada, humanitaria y pac?fica. Tambi?n promueven la creaci?n de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura de ordenamiento territorial para formalizar el tema de la tenencia del territorio.
Incursi?n paramilitar
La situaci?n recuerda a la de hace dos d?cadas, con la arremetida paramilitar de 1999, que se dio en todo el pa?s y que afect? duramente a Catatumbo. Las acciones y masacres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de la poblaci?n civil, a la que acusaban de colaboraci?n con la guerrilla, derivaron en un desplazamiento interno en la regi?n hacia la frontera venezolana, incluso traspas?ndola. ?Los paramilitares no ven?an a combatir la coca y las guerrillas, sino a despojar a las comunidades del territorio para explotar los recursos naturales?, aclara P?rez.
“Los paramilitares no ven?an a combatir la coca y las guerrillas, sino a despojar a las comunidades del territorio para explotar los recursos naturales”
Sus habitantes todav?a recuerdan la masacre de La Gabarra, que caus? la muerte de 50 personas, 200 desaparecidas y m?s de 50 familias desplazadas. A ra?z de estas acciones, campesinos y campesinas tuvieron que huir hacia territorios delimitados por los resguardos ind?genas Bar?, habitantes ancestrales de la zona y a quienes pertenece la autor?a del nombre de la regi?n. En legua Bar?, Catatumbo significa Casa del Trueno por ser la zona de mayor concentraci?n de rayos en el mundo. Este pueblo ind?gena sufri? desde los primeros a?os del siglo XX el exterminio del 70% de su poblaci?n y la p?rdida de gran parte de su territorio, como consecuencia de las actividades de las empresas petroleras. A partir de la Constituci?n de 1991, el Estado delimit? dos resguardos ind?genas de 122.200 hect?reas.
?La persecuci?n no solo iba dirigida a la poblaci?n civil que habitaba la regi?n, sino tambi?n a las que trabaj?bamos a favor de los derechos campesinos?, afirma Mar?a Carvajal, lideresa campesina de ASCAMCAT de la regi?n fronteriza. ?Las nulas acciones del Gobierno han desencadenado un conflicto territorial entre el campesinado y pueblo Bar? que, a d?a de hoy, todav?a sigue abierto?. Mientras, a nivel medi?tico el enfoque recae en la crisis humanitaria de Venezuela y en la posible intervenci?n militar, invisibilizando las causas reales del conflicto, las din?micas de la regi?n y olvidando a todas aquellas personas que siguen viviendo en un conflicto que no desparece a pesar de la firma de un acuerdo de paz.
P?blico