Entrevista al jurista Roberto Gargarella

Roberto Gargarella: “La búsqueda de impunidad es transversal a toda la clase política”
Roberto Gargarella, abogado constitucionalista: “La Justicia y la política aparecen tratando de negociar, en función de sus propios intereses

Alejandro Alfie
Clarín.com
09/06/2019 - 0:00

-¿Cómo ve el juicio contra Cristina Kirchner, sus funcionarios y Lázaro Báez, por la corrupción en la obra pública? Usted planteó el riesgo de un pacto de impunidad.

-Hay una larga historia de impunidad en la Argentina, que rodeó al proceso muy oscuro de privatizaciones de los ‘90. La impunidad que rodeó la vida de la patria contratista, que involucra aun al padre del Presidente actual. El propio (Mauricio) Macri lo reconoce cuando muere su padre, diciendo que él estaba involucrado en actividades que eran delictivas. Y la impunidad que empieza a rodear al actual proceso. No se trata de concentrarse en una muy mala decisión de la Corte Suprema (que pidió los expedientes y casi retrasa el inicio del juicio oral), sino de ver cómo eso encaja en un proceso largo, preocupante y que insiste con un mismo tipo de solución de impunidad en donde la clase dirigente política y económica se autoprotege. Este es un episodio más, de una larga historia.

-¿Cuál debería ser el rol de la Justicia en la lucha contra la corrupción?

Las causas que están en el centro del ojo público tienen la entidad que tuvo en Italia el Mani pulite, que marcaron un antes y un después en la vida política italiana. Estas causas tienen una entidad semejante. Así como en su momento en la Argentina se seleccionaron ciertas causas, de graves violaciones a los derechos humanos, para decir que en esos casos se jugaba la historia política argentina, que había un antes y un después; sin hacer una comparación, porque son casos diferentes, pero sí en cuanto a la entidad pública, política… Acá se perdió esa oportunidad de hacer lo mismo.

-¿Tendría que haber un Mani pulite en la Argentina?

-Esta etapa del constitucionalismo tiene que tomar como centro una de las tragedias recientes, que tiene que ver con cómo se ha concentrado el poder en la Argentina y cómo el país se ha vuelto cada vez más desigual. Creo que es una causa que amerita la máxima atención de parte de las autoridades políticas y judiciales. Lo que vemos es la construcción de lo contrario, la construcción de impunidad. Por ejemplo, Brasil y Perú, han estado respondiendo a estos casos de envergadura semejante, de un modo muy distinto. En el caso de Perú, con la fragilidad institucional extraordinaria que tiene, hay cuatro ex presidentes procesados o presos.

-En esos países, avanzó mucho la causa Odebrecht. En la Argentina, esa empresa brasileña reconoció haber pagado por lo menos 35 millones de dólares en coimas, entre 2011 y 2014. ¿Por qué acá no avanza ese caso?

-Justamente, hay grandes grupos de poder, que incluyen a la Corte Suprema, que son grupos de poder autónomos, que pactan entre sí. En la Argentina, los distintos poderes políticos, económicos, las distintas ramas del Gobierno, negocian entre sí. No es que el Poder Judicial está ahí tratando que el poder político no se exceda, sino que calcula y dice “si yo me vinculo con este poder, puedo hacer grandes negocios, puedo tomar grandes ventajas”. Y eso es lo que ocurre, entre otras cosas, por cómo se ha separado el sistema institucional del control ciudadano, de la discusión pública, finalmente.

-¿Se protege a los dirigentes políticos y empresarios salpicados en hechos de corrupción?

-En la coyuntura actual eso se ve de modo muy notable. Todo está preparado otra vez para que los principales protagonistas queden impunes. Y los principales actores y factores de poder en la Argentina, incluyendo la Corte Suprema, dan señales en esa dirección, cuando sería esperable y deseable que dieran señales en la dirección contraria.

-¿Qué le parecen las idas y vueltas que tuvo la Corte Suprema en la causa contra Cristina Kirchner por la obra pública?

-Hubiera estado muy bien si la Corte hubiera dicho que dada la importancia extraordinaria de esto, iba a poner los máximos controles y a supervisar la causa de modo muy cercano, porque no quería el mínimo riesgo de nulidad; y al mismo tiempo abría este caso al control público, ciudadano, para que este proceso salga bien y podamos dar vuelta una página central de la historia argentina. Pero la Corte hizo lo contrario, porque lo hizo todo en una sola línea de texto, sin las firmas de los jueces intervinientes y delegándole la responsabilidad a un secretario, como si una de las decisiones más importantes de la historia judicial reciente pudiese ser resuelta y decidida por la mera voluntad ocasional de un secretario. Y luego, la rectificación fue hecha a las apuradas, al día siguiente, con los mismos rasgos de opacidad, falta de explicación y de justificación.

-Alberto Fernández ya dijo que van a tener que dar explicaciones los jueces que están investigando a Cristina Kirchner.

-Eso se inscribe en la construcción de un pacto de impunidad de grandes actores políticos y del empresariado argentino, que aun en el momento en que se quieren mostrar con las cartas más conciliadoras y moderadas, dejan en claro que hay ciertas cosas innegociables y que tienen que ver con asegurar que el terror generado por los juicios que amenazaban con tocar a muchos actores centrales va a ser contenido, que eso debe ser apagado. Es decir, que la impunidad tiene que volver a asegurarse. La anomalía que ocurrió, que por alguna razón, entre otras por los extraordinarios niveles de corrupción que hubo, empezaron a ser juzgadas figuras salientes del empresariado y la política, hay ansiedad de volver a contener eso, de restaurar esa anomalía y poner un punto final a eso. Acá no hay malos de un lado y virtuosos del otro. Es un problema que cruza a la clase política y que el propio gobierno actual no ha hecho las cosas bien, en términos de compromiso republicano con la Justicia, porque se han mantenido y, en un punto, se han empeorado las relaciones pecaminosas entre Justicia y servicios de inteligencia. Se ocupa mucho de avanzar contra la impunidad en algunos casos y detener la pelea contra la impunidad en otros.

-¿Eso lo dice por el pedido de juicio político que hizo el Gobierno contra el juez Alejo Ramos Padilla que investiga los casos de espionaje y extorsión del caso D’Alessio?

-Correcto. Entonces, otra vez, es una ingenuidad pensar que el mal está concentrado en un lado. Lamentablemente la búsqueda de impunidad es transversal a la clase política y, por eso, cualquiera que sea el escenario que siga, no se le ve buen destino final a esta causa, que podría ser histórica. La falta de transparencia con que se han tratado estas cuestiones, la falta de controles públicos sobre eso y la desatención, sino complicidad de la política y la Justicia frente a un avance virtuoso de esa causa. La Justicia y la política aparecen tratando de negociar, en función de sus propios intereses.

-Cómo pueden impactar las elecciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad?

-No lo sé. Tal vez veamos un doble movimiento, en apariencia contradictorio, pero inatractivo en los dos extremos. Por un lado, la agitación urgente del tema, en una disputa de todos contra todos. Algo de eso se ve en la “guerra” actual entre “falsos testimonios” y “dobles agentes”. Y por otro, el subterráneo incentivo a pactar una tregua judicial en el área, ya que la trama abierta amenaza con -y es capaz de- arrasar a todos los involucrados.

-¿Tiene expectativas de que se haga justicia en las causas por corrupción en la Argentina?

-No, por eso es que tenía la esperanza de que la Corte, aun para reconstruir legitimidad, dijese que iba a trabajar con el máximo cuidado sobre esta causa, que la iba a custodiar, porque se juega algo crucial para la historia de la Argentina futura. Pero todas las señales que han ido apareciendo han sido en la dirección contraria. En ese sentido, es que más me ha generado desilusión. Hoy lo que pasa es que frente a la posibilidad de un cambio en la orientación del gobierno a futuro, los jueces se anticipan a eso. Algunos lo llaman la defección estratégica, tratan de dar señales de que nada se escapará de las manos, el proceso volverá a ser entubado y resguardado, para no dañar a una figura saliente. Ahí es hacia donde vamos.

-¿Cómo ve el caso de Carlos Menem? Está condenado por el pago de sobresueldos a sus funcionarios, con fondos reservados para seguridad e inteligencia, pero no va preso porque tiene fueros. Prescribió la causa por el contrabando de armas, donde estaba condenado en instancias judiciales anteriores.

-Ese es un caso emblemático, donde también están todas las razones y evidencias para condenarlo. Pero es impune. Es el caso emblema, muy notorio, de lo que es la garantía de impunidad, que trasciende el momento y forma parte de la historia larga de la Argentina. Ahí, otra vez, hay este problema de fondo, con muchos orígenes. Y uno es que se han volado los puentes entre ciudadanía y sistema institucional; y en particular, entre ciudadanía y justicia. Es posible y deseable que la Justicia se involucre más con la discusión pública en casos de una extraordinaria envergadura, como vimos por ejemplo con la discusión del aborto.

-Usted apoyó fuertemente la despenalización del aborto. Es decir, que no sólo analiza estos problemas, sino que además participa en el debate público.

-Es el modelo que nos legó el maestro del grupo en el que estuve, que fue Carlos Nino, quien dio el modelo del intelectual público. En su caso, él vuelve a la Argentina, de su paso por el exterior, toma la cuestión de la transición de la democracia como tema central de su investigación; se involucra en la transición democrática y es actor principal, sino decisivo, en el diseño del Juicio a las Juntas.

-¿Cómo analiza las masivas manifestaciones para despenalizar el aborto?

-Creo que conviene poner entre paréntesis las anécdotas o hechos salientes del día, para quedarse con los datos estructurales. En la Argentina, las nuevas movilizaciones ciudadanas han puesto en crisis muchos insistentes y errados supuestos: que los ciudadanos están volcados a la vida privada, y no motivados a intervenir activamente en temas de interés público; que el debate colectivo es una ficción absurda propia de teóricos de la democracia que no entienden nada de su funcionamiento “real”; que las cuestiones vinculadas con derechos básicos quedan -y deben quedar- fuera del alcance de la democracia; todos estos supuestos se han revelado como tonterías que han saltado por los aires. Y esto es maravilloso.

Un discípulo del filósofo Carlos Nino
Roberto Gargarella pasa parte del año fuera del país, “dando clase o haciendo investigación”, en países como Estados Unidos, Inglaterra, España y Noruega. Se referencia como discípulo del filósofo y jurista Carlos Nino, quien participó activamente de la transición democrática alfonsinista y falleció en 1993. Durante una década, Gargarella participó del “seminario de los viernes” de Nino, en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho (UBA), en el que “un grupo pequeño nos juntábamos religiosamente cada viernes a leer textos complicadísimos”, dice Gargarella. Y agrega que nada de lo que aprendió en otros países superó lo de “esas tardes de discusiones, tomando la merienda con mis colegas y con Carlos Nino”.

De esa época recuerda la “fisura” que tenía, por sus estudios de sociología en la UBA, que combinaba con los de abogacía, cuando estaba terminando la dictadura militar. Le sorprendía que el profesor de Derecho se paraba sobre un altar y daba cátedra desde varios escalones por encima de sus cabezas; mientras que el sociólogo, en el mismo espacio, retiraba una silla y se ponía al mismo nivel que los alumnos. Además, “la carrera de Sociología se dictaba en las catacumbas de la Facultad de Derecho. Tanto por los contenidos, como por las formas, eso fue explosivo, una gran ruptura”, dice Gargarella. El modelo de “intelectual público”, comprometido con los debates de su época, es uno de los legados que le dejó Nino, además de haber integrado el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que coordinó su referente intelectual.

Nino fue asesor en temas de derechos humanos del entonces presidente Raúl Alfonsín y participó activamente en el diseño del Juicio a las Juntas. Fue el jurista que encontró la forma de anular la Ley de Autoamnistía que habían dictado los militares, al elaborar la teoría que distingue entre las normas democráticas y las de facto. Gargarella también participó en el equipo de jóvenes investigadores del Centro de Estudios Institucionales, fundado por Nino, quien fue su primer vicepresidente ejecutivo. Y escribió el prólogo de uno de sus libros clásicos, “Un país al margen de la ley”. “Me interesa pensar sobre cuestiones que son de relevancia pública, con una perspectiva más contextualizada, histórica y teórica”, plantea el sociólogo y constitucionalista. Y menciona un grupo de intelectuales con los que se vincula ahora en la Argentina, como Marcelo Alegre, Marcela Rodríguez, Rubén Lo Vuolo y Maristella Svampa, entre otros.

Desde hace 20 años coordina un seminario sobre Teoría Constitucional y Derecho Político, que lo ha ido trasladando por distintos espacios y que ahora está en la UBA. “Leemos y discutimos textos que nos ayuden a renovar el pensamiento”, explica Gargarella.

Es que, a su entender, en la Facultad de Derecho de la UBA faltan profesores a tiempo completo. “Muchos son abogados que litigan y enseñan lo que hacen, así que reproducen su propia práctica, que es una práctica adocenada y dócil, porque no puede ser crítica de los jueces, que luego le pueden fallar en contra. Es un sistema de mutuo elogio, de falta de pensamiento crítico. El peor escenario posible”, concluye Gargarella.

Itinerario
Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, profesor en la UBA y UTDT e investigador del CONICET. Foto: Constanza Niscovolos.
Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, profesor en la UBA y UTDT e investigador del CONICET. Foto: Constanza Niscovolos.

Roberto Gargarella nació en Buenos Aires en 1964. Estudió en el Colegio Marín y el Nacional de San Isidro. Cursó abogacía en la Facultad de Derecho (UBA) y la carrera de sociología en la misma Facultad, graduándose en 1985 y 1987, respectivamente. Hizo un doctorado en Derecho (UBA), otro en Jurisprudencia (Universidad de Chicago) y un postdoctorado en Oxford. Fue becado por la Fundación Antorchas, el British Council y la Fundación Guggenheim. Escribió más de 20 libros. Es profesor en universidades de la Argentina, Estados Unidos, España y Noruega e investigador principal del CONICET